La tasa de desocupación de Argentina se situó en el 11,7% en el tercer trimestre, lo que supone una reducción de 1,4 puntos porcentuales con respecto al paro del segundo trimestre, cuando alcanzó el 13,1%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La nueva tasa del 11,7% supone un total de 1,4 millones de desocupados en el marco de la pandemia y sus efectos derivados en la actividad económica. A su vez, durante el tercer trimestre se observó una tasa del 13,1% para las mujeres y del 10,6% para los hombres.

Asimismo, la tasa de ocupación alcanzó el 37,4%, con un total de 10,7 millones de ocupados; mientras que la población económicamente activa se situó en el 42,3%. Las ramas de actividad que participaron con mayor proporción de personas ocupadas fueron comercio (11,8%) y servicios financieros, de alquiler y empresariales (10,4%).

En cuanto a la intensidad del empleo, el Indec ha notificado que se observó un importante aumentos de los trabajadores de menos de 35 horas semanales que están dispuestos a trabajar más horas. Por su parte, el número de personas que trabajó desde su vivienda alcanzó el 21,8%, lo cual supone un aumento de 15,9 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2019.

Los datos se enmarcan en la coyuntura derivada de la crisis sanitaria del coronavirus, que ha afectado a Argentina de manera significativa tanto en materia sanitaria como económica.

El Producto Interior Bruto (PIB) de Argentina rebotó un 12,8% en el tercer trimestre con respecto al trimestre anterior, pero registró una contracción del 10,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre enero y septiembre, el PIB de Argentina cayó un 11,8% en comparación con el año anterior. Las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas para la economía argentina este año apuntan a una contracción del 10,5%.

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao y los sindicatos CC.OO., CIG y UGT han celebrado la sentencia que declara nulos los 524 despidos que pretendía aplicar la empresa en la fábrica de aluminio de A Mariña de Lugo.

Nada más trascender el fallo del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), integrantes del comité, incluido su presidente, José Antonio Zan, y trabajadores se han desplazado hasta la planta para festejar con petardos y cánticos la noticia que supone la permanencia en sus puestos para más de medio millar de empleados.

A través de un comunicado de prensa, el secretario general de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento, afirma que «hoy es un gran día para la clase trabajadora».

De igual modo, mediante su cuenta de Twitter, el líder del sindicato en el ámbito estatal, Unai Sordo, expresa: «Ganamos! Qué alegría por los trabajadores/as de Alcoa y toda A Mariña!! Por el empleo, por un proyecto industrial, por el futuro!!!».

Por su parte, en otra nota, la CIG acoge con satisfacción la decisión de la justicia. «Tal y como se refleja en la sentencia, Alcoa tiene tomada una decisión y no quiere que se siga produciendo aluminio primario en A Mariña. Por eso, es preciso iniciar ya el proceso para la intervención pública e impedir de esta forma que la empresa pueda llevar adelante su plan de desmantelamiento por la vía de los hechos consumados», asevera su secretario general, Paulo Carril.

De igual modo, para UGT, «la lucha no termina aquí y entre todos hay que seguir trabajando por el futuro de Alcoa y por el empleo de la planta de A Mariña». Por su parte, saluda la sentencia e insta a la empresa a sentarse a negociar una salida para garantizar el futuro de la planta».

La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en su última reunión de política monetaria, dejándolos en el 4,25% para lo que resta de año, según ha informado en un comunicado.

La decisión no ha sido unánime, ya que dos miembros de la junta votaron por volver a reducir la tasa en 25 puntos básicos, hasta el 4%.

La institución ha explicado que tras su última decisión de política monetaria, el peso mexicano se apreció frente a otras divisas, mientras que las tasas de interés a corto plazo registraron movimientos acotados y las de mayor plazo disminuyeron.

Tras la recuperación de la actividad económica en el tercer trimestre, Banxico ha notificado una continuación de la mejora económica a inicio del cuarto trimestre, aunque todavía permanece por debajo de los niveles previos a la pandemia, en un entorno de incertidumbre y riesgos a la baja.

Banxico ha enmarcado su decisión una recuperación progresiva de la actividad económica global, si bien de manera heterogénea entre países y sectores. Por su parte, la institución considera que los mercados financieros globales han mostrado un comportamiento positivo impulsado por los avances en el desarrollo de vacunas para combatir la Covid-19, la expectativa de un nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos y la menor incertidumbre de sus respectivos bancos centrales.

Con respecto a la inflación, el instituto emisor ha indicado que entre octubre y noviembre pasó del 4,09% al 3,33%. Al mismo tiempo, la inflación subyacente (excluyendo alimentos y energéticos) disminuyó del 3,98% al 3,66%. Por su parte, la inflación no subyacente bajó del 4,42% al 2,33%, debido principalmente a las caídas en las variaciones anuales de los precios de las frutas, las verduras y la gasolina.

Las expectativas de inflación general del instituto emisor para el cierre de 2020 se han reducido, mientras que las de medio y largo plazo se han mantenido estables con niveles superiores a la meta objetivo del 3%.

El organismo ha indicado que los retos derivados de la pandemia para la política monetaria incluyen tanto el efecto a la actividad económica como un choque financiero y sus impactos en la inflación. Así, Banxico ha dibujado varias trayectorias en función de los riesgos de corto y medio plazo, aunque en las proyecciones para los próximos 12 a 24 meses apuntan a un nivel de alrededor del 3%.

Los riesgos a la baja provocarían un efecto mayor al esperado por la brecha negativa del producto, mayores medidas de distanciamiento social o cierta persistencia en las reducciones de precios, así como menores presiones inflacionarias globales.

Las perspectivas al alza supondrían presiones en la inflación subyacente por la recomposición del gasto hacia las mercancías, episodios de depreciación cambiaria y diversas presiones de costes para las empresas.

«El balance de riesgos alrededor de la trayectoria esperada para la inflación antes descrita es incierto», ha señalado la institución.

Asimismo, la decisión de mantener los tipos «brinda el espacio necesario para confirmar una trayectoria convergente de la inflación a la meta». «Hacia delante, la conducción de la política monetaria dependerá de la evolución de los factores que inciden en la inflación general y subyacente, en sus trayectorias previstas en el horizonte de pronóstico y en sus expectativas».

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha considerado que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que prevé aprobar el Gobierno para trasladar el coste de las primas a las renovables del recibo de la luz a todas las energéticas tiene por objetivo «pagar a los fondos, en algunos casos especulativos» y «las fiestas de las eléctricas».

En su participación en una jornada del IESE Business School, Imaz aseguró que «en la vida es importante ir con la transparencia por delante» y dejó claro que, en su opinión, este fondo no tiene por objetivo financiar las renovables, sino que es «para pagar a los fondos de inversión, en muchos casos especulativos», que invirtieron en España en el pasado en unas energías renovables que no eran todavía competitivas, así como «los dividendos de las eléctricas y sus errores del pasado».

En este sentido, subrayó que las renovables que se están construyendo, con Repsol como actor protagonista en este negocio en los últimos años, ahora «no necesitan ningún tipo de subvención y son competitivas».

Además, afirmó que este fondo, que supone trasladar unos 7.000 millones de euros del recibo de la luz a todo el sector energético y que impactará principalmente al sector petrolero -que deberá financiar el 43%-, «lo va a pagar el consumidor». «Tanto el coche de gasolina, el de diésel, el que consume gas natural en casa, y va a pagar las fiestas pasadas del sector eléctrico», añadió al respecto.

En este sentido, defendió la necesidad de mantener «la competencia y competitividad» para cada uno de los sectores, sin la creación de incentivos cruzados.

«El sector eléctrico debe ser capaz de mantener su propia competitividad y no puede pretender que sus fiestas las paguen otros sectores y otros consumidores», advirtió.

A este respecto, estimó que las eléctricas tienen «mucho de campo para mejorar sus costes» y planteó que por qué no se pone sobre la mesa el bajar los peajes de transporte y distribución eléctrica, que asciende también a unos 7.000 millones de euros en gastos para el consumidor eléctrico, que reciben cada año o los ingresos de concesiones en hidráulicas con concesiones de «hace cien años» cuyas inversiones ya están amortizadas y que sigue facturan a un precio del ‘pool’.

«Cada sector tiene que hacer sus deberes y el eléctrico debe hacer el suyo, sin que nadie pague sus fiestas y mucho menos los consumidores españoles de todos los sectores energéticos», aseguró.

NO VE A REPSOL EN EL NEGOCIO DE LAS REDES.

Por otro lado y respecto al futuro de la compañía, Imaz destacó que no ve a Repsol en el negocio de las redes eléctricas. Estamos en el del almacenamiento y veo más difícil una Repsol en el negocio de redes por un racional económico financiera, ya que es más para fondos de inversión o una ‘utilty. Una empresa como la nuestra no creo que sea el destino prioritario», añadió.

En este sentido, consideró que el grupo está en las renovables, «pero siempre buscando el riesgo, porque para tener rentabilidad necesitamos buscar el riesgo», recalcó.

Respecto al hidrógeno, el directivo vasco ha señalado que es necesaria para «descarbonizar» algunos sectores de la economía. «Tenemos ambición, pero va a requerir de modificaciones regulatorias que creo que se va a llevar a cabo. Se van a promover medidas en esa dirección», afirmó.

Por último, Imaz se refirió al impacto que está teniendo el coronavirus en la compañía y reiteró que la energética «sigue adelante» con su hoja de ruta.

«No hemos dado ningún paso atrás y hemos incrementado el porcentaje de inversión en la descarbonización, no se ha bajado ni un euro», destacó.

Las diferencias entre territorios dentro de España en lo que se refiere a nivel de bienestar o acceso a prestaciones «siguen aumentado» y esto revierte en situaciones de «desigualdad», según el cuarto ‘Informe sobre la Desigualdad en España: una perspectiva territorial’ de la Fundación Alternativas.

El documento, presentado este jueves, ha sido editado por el Laboratorio de Alternativas y ha contado con la colaboración de la Fundación 1º de Mayo y la Fundación Francisco Largo Caballero. En esta edición, el trabajo se centra en los vínculos entre las desigualdades personales y territoriales de la renta.

Por un lado, analiza las diferencias territoriales de renta y bienestar; y por otro se concentra en el estudio de los efectos de las principales políticas sociales sobre la desigualdad territorial: el sistema de pensiones, las políticas educativas, las sanitarias y las destinadas a atender las situaciones de dependencia.

El catedrático de Economía en la UNED y codirector del informe, Luis Ayala, ha explicado que la «motivación» del documento es que quedaran «muy claras» las conexiones entre las desigualdades en la distribución de la renta a nivel personal y territorial.

«Nos hemos encontrado con que siguen aumentando las diferencias en algunos factores determinantes del crecimiento de la desigualdad en los territorios, así como en los patrones de especialización y los cambios demográficos, pero, sobre todo, nos preocupaba la descentralización de las prestaciones y su efecto en la desigualdad», ha indicado.

Como problemas persistentes, Ayala ha señalado «las importantes diferencias en los niveles de bienestar entre comunidades, y los contrastes en los recursos invertidos y en el acceso a prestaciones y servicios».

El director del Laboratorio de la Fundación Alternativas y codirector del informe, Jesús Ruiz-Huerta, ha afirmado que una cierta desigualdad es «inevitable en un sistema económico de mercado» pero en un grado excesivo puede «erosionar la cohesión social», conducir a la «polarización política» e incluso «limitar el crecimiento económico».

Además, ha apuntado que «a la insuficiencia del crecimiento de la actividad económica y del empleo para reducir la desigualdad, se ha añadido, desgraciadamente, el rápido aumento de las necesidades sociales como resultado de la pandemia».

Por su parte, el secretario de la Fundación 1º de Mayo, José Babiano, ha comentado que el informe es una «herramienta imprescindible para el seguimiento de la desigualdad» y ha señalado que «España es uno de los países más desiguales de la UE».

A su juicio, las diferencias sociales han «crecido durante la pandemia», aunque vienen aumentando «desde la crisis de 2008, y no se detuvieron en el periodo de progreso a partir del 2014, debido a las políticas de austeridad».

Mientras, la directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, Almudena Asenjo, ha precisado que este nuevo informe señala la «necesidad de explicar por qué la recuperación económica anterior a la pandemia no llevó la distribución personal de la renta a los niveles anteriores a la crisis del 2008, lo que induce a pensar en el territorio como una de las claves para comprender las tendencias de la desigualdad en España».

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha indicado en el 16 Congreso de la UGT de Catalunya que «vamos a reclamar al Gobierno que restaure la mesa de la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 que teníamos encaminada antes de la pandemia pero que la paralizamos por priorizar las ayudas por la pandemia. Las queremos derogar todas de golpe o de acuerdo a los aspectos más negativos».

Durante el evento han sido reelegidos en sus cargos el actual secretario general de Catalunya, Camil Ros, y el presidente del sindicato, Matías Carnero, junto con la candidatura del Secretariado Nacional de UGT, con 266 votos a favor de 353 votos emitidos, el 77,33%.

Álvarez ha hecho énfasis en que «esta crisis nos ha permitido ver la verdadera cara de una globalización injusta que solo piensa en los capitales y no en las personas» y que debemos salir de ella con la lección aprendida de no dejar las cosas en manos del mercado.

Y ha añadido que es necesario fortalecer los servicios públicos «para garantizar mejoras desde la sanidad hasta la educación y los servicios sociales».

SUBIDA DEL SMI

Sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), ha señalado que «es una cuestión necesaria y la vía más rápida para conseguir que los trabajadores y trabajadoras en peores condiciones progresen».

Por su parte, el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha expresado que desde el sindicato sueñan «con una sociedad más justa, con educación para todos, sanidad para todos, de igualdad entre mujeres y hombres y de justicia social» y eso es lo que han expresado en este congreso.

«Si las administraciones utilizaran el diálogo como nosotros no tendríamos los problemas que tenemos», ha añadido.

También se ha emitido un vídeo del vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, en el que ha indicado que se debe aprovechar la oportunidad con los fondos europeos para crear «un nuevo modelo productivo basado en el valor añadido, en mejores productos y en una mayor resiliencia.

La ministra sueca de Finanzas, Magdalena Andersson, ha sido elegida como nueva presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el órgano rector de las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), según ha informado la institución este jueves en un comunicado.

Será la primera mujer en ocupar el cargo y asumirá su mandato el 18 de enero de 2021, sustituyendo a Lesetja Kganyago, gobernador del Banco de la Reserva de Sudáfrica. La ministra sueca será presidenta del CMFI durante un periodo de tres años.

Andersson lleva a cargo del Ministerio de Finanzas de Suecia desde 2014. Con anterioridad, ocupó diferentes cargos en agencias económicas del país nórdico, incluyendo la dirección general de la Hacienda sueca, la Secretaría de Estado del Ministerio de Finanzas y la dirección de planificación en la Oficina del primer ministro.

Asimismo, Andersson ha formado parte del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, de la juntas de gobernadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, del Organismo Multilateral de Garantía de Inversión, del Banco Nórdico de Inversión y del Banco Mundial.

Nació en 1967, forma parte del Partido Socialdemócrata Sueco, es graduada en administración de empresas por la Escuela de Economía de Estocolmo y ha realizado estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Avanzados de Viena y en la Universidad de Harvard.

El CMFI, integrado por ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales, es el principal órgano consultivo de la Junta de Gobernadores del FMI y delibera sobre los principales planteamientos de política que aborda el FMI.

El Comité está integrado por 24 miembros, que reflejan la composición del directorio ejecutivo del FMI. A cada país miembro que designa un director ejecutivo, así como a cada grupo de países que elige un director ejecutivo, le corresponde la designación de un integrante del Comité.

El CMFI se reúne normalmente dos veces al año, en las reuniones de primavera y las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.

La Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO) ha declarado su total oposición a la subida de impuestos y la contrarreforma laboral planeada por el Gobierno y ha advertido de que, de llevarse a cabo, desembocará en el aumento del paro.

La firma ha recordado que, a pesar de la actual crisis económica derivada de la Covid-19, el sector de la logística y el transporte es uno de los pocos que ha generado empleo, situación que podría revertirse de llevarse a cabo las medidas mencionadas.

En su lugar, UNO ha solicitado medidas laborales y financieras que «permitan a las empresas del sector alcanzar cuanto antes los niveles de empleo precrisis».

Durante su asamblea anual, la Organización ha destacado además la labor e implicación de la Aduana española y de todos sus profesionales desde el inicio de la pandemia. «Han sido tiempos muy complicados y la Aduana ha hecho un gran esfuerzo para garantizar, en todo momento, las importaciones y exportaciones para que no se paralizara la actividad», ha declarado UNO. Un agradecimiento que la organización también ha extendido al resto de servicios vinculados a la Aduana como el Soivre, Sanidad Exterior o Agricultura.

PETICIÓN DE MEDIDAS

La patronal UNO solicita al Gobierno cinco bloques de medidas. La primera pasa por una reducción de la carga impositiva de las empresas y de los ciudadanos, tal y como la Organización recuerda que ya han hecho Portugal, Francia, Italia, Alemania y Grecia. «Aquí no solo no se han eliminado impuestos, sino que se anuncian unos Presupuestos Generales del Estado con subidas fiscales, lo que supone un golpe a la generación de empleo y a la actividad empresarial», ha afirmado el presidente de UNO, Francisco Aranda.

La segunda propuesta consiste en establecer un marco laboral mucho más flexible, siguiendo los modelos europeos, como en Alemania o el norte de Europa, donde se aplica el concepto de ‘flexiseguridad’, en lugar de «apostar por introducir rigideces. La patronal urge a modernizar el actual marco laboral porque es «antiguo y anticompetitivo».

Además, señala la necesidad de incluir a todo el personal afectado por Expediente de Regulación Temporal de Empleo(ERTE) en programas de formación y captación de nuevas habilidades y competencias profesionales, para «alinear completamente oferta y demanda de empleo y evitar así la sangría laboral».

Por último, a parte de reducir la burocracia del tejido empresarial, UNO pide establecer un mecanismo de «gastos compartidos» entre empresas y Estado para asumir los necesarios reajustes de las empresas, para que se puedan adaptar a los nuevos niveles de demanda y mantener así vivo el tejido productivo.

«En resumen, se trata de medidas que nos permitan ser más competitivos, porque no podemos olvidar que al país solo le irá bien si le va bien a sus empresas», ha declarado el presidente de la patronal española de las empresas de logística y transporte, antes de señalar que ellos son «el mayor escudo social y quienes garantizamos el bienestar social».

El viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de la Cuba, Alejandro Gil, ha estimado este jueves una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) del 11% en 2020, en el contexto de la pandemia y sus efectos derivados sobre la economía.

Durante una intervención en la Asamblea Nacional, el ministro ha explicado que a las tensiones presentes en el 2019 se ha añadido la situación excepcional creada por la pandemia de Covid-19, que ha impactado de manera directa sobre la economía y en algunas actividades cruciales para el país como el turismo, la salud pública, la educación o la actividad productiva.

Por su parte, la proyección para la economía cubana en 2021 es de un crecimiento de entre un 6% y un 7%, acorde con la recuperación gradual de la actividad económica. Este rebote, según el titular de Economía, permitiría planificar la recuperación en 2021 y 2022 de las caídas experimentadas en 2019 (-0,2%) y 2020.

Gil ha señalado que la actividad económica muestra decrecimiento en los cuatro trimestres del 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior, por la fuerte contracción en el comercio exterior, la reducción del turismo internacional y de los ingresos en divisas al país; así como el impacto significativo en los sistemas de salud y educación, derivado de la Covid-19.

La mayor contracción de la economía cubana se produjo durante el segundo trimestre, cuando el PIB cayó un 24,8%, a causa de las restricciones de movilidad y la aplicación de medidas sanitarias para contener el brote vírico. En el primer trimestre, la economía cubana se contrajo un 5,5%.

Gil ha estimado una recuperación de la actividad productiva en 2021, en buena parte por la reactivación del turismo, y de la social, lo que dependerá de la evolución y el control de la pandemia, así como del cumplimiento de actividades clave como el turismo y las exportaciones.

En términos de empleo, el ministro de Economía ha previsto que el año cierre con un incremento de 32.000 ocupados, de los cuales 22.000 serían del sector público y 10.000 en el sector privado. Así, la tasa de desocupación se incrementaría en un 0,4%, hasta el 1,6%, motivado por un mayor interés de las personas en busca de empleo.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo está trabajando en una Ley de crecimiento empresarial con el objetivo de eliminar trabas y dificultades para que las empresas ganen tamaño, al tiempo que aprobará «próximamente» un plan de digitalización de pymes con un presupuesto de más de 2.600 millones entre 2021 y 2023.

Este plan irá ligado al plan de competencias digitales y de digitalización de administraciones públicas, completando así los planes de la Agenda España Digital 2025.

Así lo ha adelantado durante su intervención en un acto de Cepyme de presentación del anuario de ‘Cepyme500’, las 500 pymes españolas líderes en crecimiento empresarial, y ‘CreCepyme’, un nuevo programa en el que multinacionales tutelan a 5 pymes para ayudarlas a aumentar su tamaño, en el que ha dicho ver «emocionante e impresionante» el empresariado español y ha subrayado que es «más urgente que nunca» que las pymes ganen productividad y tamaño.

Por ello, ha avanzado que el Ejecutivo está trabajando en una Ley de crecimiento empresarial para eliminar trabas y dificultades que las empresas encuentran para ganar tamaño, como parte de las reformas estructurales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

«Una mayor escala de empresa significa mayores posibilidades de internacionalizarse, invertir en capital humano y tecnológico para innovar y aumentar la productividad y eficiencia», ha enfatizado Calviño, recalcando que ello contribuye a aumentar a su vez la capacidad de crecimiento potencial del país.

Calviño ha repasado la batería de medidas aprobada desde marzo para paliar los efectos de la crisis, como los avales del ICO, que han movilizado 113.000 millones de euros; el real decreto ley para ampliar plazos de los avales y elevando de 500 a 1.000 millones el umbral para pasar al Mercado Continuo; los ERTE, con una cifra «relativamente estable» de 750.000 personas o la prestación por cese de a ctividad para autónomos, con unas 347.000 personas aún cubiertas.

Además, ha indicado que se sigue trabajando para adaptar las moratorias en el pago de cotizaciones, impuestos, reembolso de préstamos públicos y en la contención y reducción de costes fijos para las empresas, en particular para pymes y autónomos.

De esta forma, ha garantizado el «apoyo decidido» del Gobierno a las pymes y sectores más afectados, para lo que se seguirán aprobando medidas, como «en breve» el real decreto ley para eliminar cuellos de botella y exigencias burocráticas que no tienen valor añadido en términos de garantizar una gestión rigurosa de recursos públicos.

DIGITALIZACIÓN DE PYMES: 2.600 MILLONES ENTRE 2021 Y 2023

De igual forma, ha explicado que se ha puesto en marcha un proceso de transformación y de modernización con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siendo una de las prioridades la digitalización., al destinarse el 33% de la inversión de dicho plan.

En este contexto, ha recordado que en las últimas semanas se ha publicado el plan de conectividad para 5G, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y en «las últimas semanas o principios del p róximo año» se publicarán los res planes restante del total de seis que contempla la estrategia Agenda España Digital 2025.

Con alrededor de 30 componentes, Calviño ha detallado que el plan se dirige específicamente a empresas pequeñas y medianas con el refuerzo de instrumentos de apoyo financiero para la internacionalización y diversificación geográfica.

Así, ha anunciado que «próximamente» se aprobará el plan de digitalización de pymes con un presupuesto global de más de 2.600 millones para el período 2021-2023 con cuatro ejes, que pasan por impulsar programas de digitalización escalables para llegar al máximo número de pymes con programas de equipamiento básico en digitalización y conectividad, promover la formación empresarial y directiva en competencias digitales y fomentar la incorporación de profesionales de transformación digital en pymes.

También busca impulsar la innovación disruptiva, el emprendimiento en el ámbito digital, y los clúster y asociaciones innovadoras, así como establecer programas sectoriales adecuados a las características sectoriales de la industria, el comercio y el turismo.

Tras estos detalles, ha recordado que gran parte de las iniciativas de apoyo ya están recogidas en el proyecto de Presupuestos de 2021, de ahí la «importancia» de su aprobación en los próximos días para poner en marcha y desplegar los planes «desde el 1 de enero».

«Sois imprescindibles y necesarias para nuestro país y nuestro futuro», ha enfatizado Calviño respecto a las pymes en presencia del presidente de la patronal de este colectivo, Gerardo Cuerva.

«CRECIMIENTO POSITIVO» EN EL CUARTO TRIMESTRE

Respecto a la evolución económica, ha destacado que los riesgos que se identificaban se han atenuado por la aparición de la vacuna, el acuerdo europeo sobre el despliegue del Fondo de Reconstrucción, las noticias sobre el Brexit y los resultados electorales en Estados Unidos. Ha resaltado que las tensiones geopolíticas se han suavizado y que desde la hibernación parece que se ha conseguido «mitigar y minimizar» el posible daño estructural.

Tras los datos «positivos» de crecimiento del 16,7% del tercer trimestre y una creación de 570.000 empleos, Calviño ha apuntado que las afiliaciones de octubre y noviembre fueron «positivas» y hay un arranque «relativamente positivo» en diciembre, además de que «hay más autónomos afiliados que antes de la pandemia».

Por ello, pese a la «elevada incertidumbre», ha afirmado que el impacto de la segunda ola es «muy inferior» al de la primera y ha mantenido que el escenario central prevé un crecimiento «positivo» en el cuarto trimestre del año. «Si mantenemos la senda positiva podremos recuperarnos en el año 2021», ha afirmado.

El presidente de las cofradías gallegas, José Antonio Pérez Sieira, tacha el acuerdo de TAC y cuotas en la UE para 2021 como «catastrófico», con un recorte que lleva al sector a la «ruina» tras una año «dramático» por la pandemia.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Galega de Confrarías denuncia que este recorte «es un desastre». La flota gallega «está muy preocupada», porque «solo se rebajó un poco» la bajada prevista para la merluza, que desciende un 5%, mientras caen «un montón» las posibilidades de pesca en otras especies.

Así, se queja del descenso 20% en el lenguado del Cantábrico, unido a disminución en especies como cigala, gallo y abadejo.

También llama la atención sobre que «preocupa» para la pesca artesanal el descenso en la raya, pues en el primer trimestre de 1.380 toneladas ahora «se queda en 380 toneladas».

«Esto nos lleva a la ruina totalmente, no sabemos si se van a desguazar barcos o si se va a ir al paro, porque esto no es viable, es muucho recorte el que hicieron en muchas especies», clama.

«INASUMIBLE»

Este recorte de cuotas para 2021 llega en un momento «dramático» para la flota por la pandemia y la incertidumbre sobre lo que sucederá con el Brexit.

«Lamento mucho que Bruselas no sea más sensible con la situación del sector», critica Pérez Sieira. «Ni aunque hubiese el tema del covid, con esta rebaja de cuotas es inasumible, no se puede mantener la pesca, pero en toda España, no hablo de Galicia solo», agrega.

La UE prorroga tres meses las cuotas para poblaciones compartidas con Reino Unido a la espera de un acuerdo sobre el Brexit, pero el presidente de las cofradías gallegas ya avanza que «se presenta un año muy complicado» en 2021. «Lo de este año es inasumible», apostilla.

Además, el representante de la Federación Galega de Confrarías ve «muy difícil» que futuros intercambios de especies entre países sirvan para paliar estos recortes.

El jefe de Departamento de Desarrollo de Negocio de Drones de Enaire, Daniel García-Monteavaro Vizcaíno, ha expuesto este miércoles en Civil DRON’20 cómo el concepto de U-space diseñado por la Comisión Europea cambiará el espacio aéreo, que podrá estar ocupado por drones, ‘aerotaxis’ y helicópteros.

Enaire, en coordinación la Dirección General de Aviación Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), trabaja en el despliegue de servicios U-space en España. Se trata de un volumen de espacio con servicios digitales donde habrá un gran volumen de tráfico de vehículos no tripulados, aeronaves autónomas de paquetería o ‘aerotaxis’ y helicópteros que vuelan a menor altitud, drones y también sistemas antidrones.

Por todo ello, Enaire espera que el despliegue del U-space permita que drones, ‘aerotaxis’ y helicópteros «ocupen el espacio aéreo con seguridad en pocos años».

Todo se integrará con los sistemas de control de tráfico aéreo (ATM) convencionales, bajo una interacción segura mediante zonificaciones y reparto de áreas delimitadas.

«Enaire dará servicios digitales de U-space a partir de 2021 y2022 con la entrada en vigor del reglamento europeo que los regula. Será un proveedor de servicios de información común y como eje de conexión entre administraciones públicas y entidades de emergencias o sanitarias», ha anunciado García-Monteavaro.

Enaire ha desarrollado diversas pruebas de integración de drones, como el proyecto Domus que lideró en 2019. Esta demostración de U-space constaba de ejercicios en los que se probaban vuelos reales de drones combinados con aviación tripulada en espacios aéreos controlados y no controlados.

Además, Enaire hizo balance del sector de las aeronaves pilotadas por control remoto, señalando que las peticiones recibidas para operar con drones en espacio aéreo controlado y no controlado han tenido un incremento este 2020 del 172% respecto a 2019.

Dentro de la apuesta de Enaire por la transformación digital e innovación tecnológica, García-Monteavaro señaló cómo las aplicaciones Enaire Planea y Enaire Drones facilitan la digitalización de la información para que los usuarios vuelen con seguridad. Estos entornos estarán plenamente integrados en lossistemas de U-space.

El director de Pesca del Gobierno Vasco, Leandro Azkue, ha afirmado que la reducción del 5% de la cuota de capturas de merluza para la flota vasca, acordada a primera hora de este jueves por los ministros de Agricultura y Pesca de la UE, «no es una noticia tan mala, teniendo en consideración qué propuesta se iba a debatir hace dos días», cuando se fijó como postura inicial una reducción del 12,8% para la merluza sur.

Azkue ha hecho estas afirmaciones en una declaraciones a Euskadi Irratia recogidas por Europa Press, donde ha valorado el acuerdo alcanzado en el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE en las cuotas de la flota europea para 2021 para solo 27 de los 146 stocks donde faenan los pesqueros europeos, ya que el resto, un total de 119 stocks son compartidos con el Reino Unido y quedan pendientes, a la espera de un posible acuerdo por el Brexit.

«Las reducciones no suelen ser buenas noticias, pero debemos tener en consideración de dónde venimos, y qué propuesta se iba a debatir hace dos días, por lo que podemos decir que la reducción del 5% no es una noticia tan mala» ha señalado Azkue.

En lo relativo a las cuotas que afectan a la flota vasca, además de la merluza, los ministros han acordado una subida del 3,5% en la cuota de anchoa y una reducción del 20% en la del lenguado del Cantábrico, 20 puntos menos del 40% de reducción que se planteaba al inicio de la reunión hace dos días.

A la espera de lo que se decida con Reino Unido, y respecto a cómo quedarían esas cuotas, Bruselas también ha acordado prorrogar durante tres meses las capturas pesqueras en aguas británicas con las cuotas previstas para 2020, que incluye, de cara a la flota pesquera vasca, poder capturar hasta el 65% de lo que se pesca en todo el año en dos especies especialmente relevantes para Euskadi, el chicharro y el verdel, que se faenan principalmente durante este periodo.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea comenzaron el martes la negociación de tres reglamentos: los Totales Admisibles de Capturas y cuotas en el Atlántico y el Mar del Norte, así como los de las aguas profundas (2021-2022) y el plan de recuperación de la pesca en el mar Mediterráneo.

El 64% de los empresarios del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) confía en un crecimiento de la actividad en los próximos tres meses, según la edición de diciembre del informe ‘TIC Monitor’, que destaca su optimismo a pesar de la caída de la actividad y el empleo que está registrando el sector.

El estudio mensual elaborado por la compañía tecnológica VASS y el Centro de Predicción Económica Ceprede muestra cómo la llegada de una posible vacuna se refleja claramente en el positivismo de las expectativas de los empresarios del sector de servicios digitales.

En concreto, en términos de evolución de la facturación, el indicador mejora desde los +1,8 puntos de la anterior entrega a los +28 puntos en una escala de +/-100, convirtiéndose en el mejor registro desde agosto. Además, es 2,4 veces superior al indicador promedio de la UE-27, que se sitúa en los +11,9 puntos.

En esta línea, el indicador respecto a la creación de empleo repunta hasta los +27 puntos en una escala de +/-100 en diciembre, dejando atrás el empeoramiento registrado el mes anterior (desde los +14,3 de octubre a los +7 puntos de noviembre).

El informe destaca que esto equivale a que un 63,5% de las compañías espera una creación neta de puestos de trabajo, lo que supone un 10% más que el mes pasado y sitúa también a España por encima del promedio de la UE-27, que es de +15,4 puntos.

Sin embargo, VASS y Ceprede remarcan que ese tono positivo aún no se ha reflejado en las comparaciones interanuales, que siguen mostrando un deterioro respecto a una etapa previa al Covid-19, en la que el sector estaba en pleno auge.

Así, apunta que durante los últimos doce meses la cifra de negocio ha caído un -14,9% respecto al año anterior, interrumpiendo así la tendencia de los tres meses previos donde se iba atenuando la caída. Por su parte, la evolución del empleo ha tenido mucho mejor comportamiento, con un recorte de apenas el -0,19%

«El sector mantiene el empleo por la confianza en su recuperación, como uno de los impulsores de la economía post-Covid-19, y también por la extrema dificultad en la captación de nuevo talento técnico, que debería ser decididamente impulsado por las Autoridades Públicas en los nuevos planes de recuperación», subraya el director de VASS Research y responsable de TIC Monitor, Antonio Rueda.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha tachado de decepcionantes las cuotas de pesca fijadas para 2021 y ha lamentado la «poca sensibilidad» mostrada por la Comisión Europea hacia un sector que fue declarado actividad esencial durante la pandemia, cuando trabajó «todos los días» para «poner alimentos de calidad en las mesas de todos los consumidores comunitarios».

Así se ha referido, en declaraciones remitidas a los medios, al acuerdo alcanzado este jueves en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) sobre los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas en aguas comunitarias para 2021, en el que ha participado en representación de las comunidades autónomas de España aunque no de modo presencial por las restricciones derivadas de la pandemia.

A este respecto, ha reprobado que el acuerdo implique rebajas en muchas especies de interés para la flota gallega y que los avances respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea hayan sido mínimos «después de tantas horas de negociación».

La titular autonómica de Mar ha resaltado la incerteza que genera el Brexit y las escasas posibilidades de pesca para todo el Cantábrico. Así, ha incidido en que «la situación es compleja», por lo que ha afirmado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «no puede estar satisfecho» con el acuerdo.

En este sentido, Rosa Quintana ha destacado el trabajo realizado desde la Xunta «de la manera más leal posible con el Ministerio» mediante la aportación de «datos» y «argumentos», que ha lamentado que «no se viesen reflejados en las posibilidades de pesca que hay».

De este modo, ha criticado que el Ejecutivo comunitario priorizase aspectos medioambientales sobre los económicos y sociales pese al esfuerzo realizado por el sector pesquero gallego para mantener en buen estado los caladeros en los que faena.

RECORTES

Sin embargo, ha valorado que el recorte en la merluza del sur haya pasado del 13% previsto al 5% y que «exista la posibilidad de evaluar de nuevo en mayo los datos de la cigala del Cantábrico y poder ir a su apertura posterior». También ha considerado positiva la subida del 3,5% en la cuota de anchoa en el Cantábrico.

El acuerdo alcanzado incluye además recortes del 7% en el lenguado en aguas de Francia, del 20% en esta especie en el Cantábrico y de casi el 4% en la cigala en Portugal, así como del 15% en el golfo de Cádiz. En cambio, se mantiene estable la cuota de abadejo en Francia.

Respecto al Mediterráneo, ha asegurado que «supone un duro golpe que se vea reducido aún más el esfuerzo de los días de pesca» y ha recordado que se pasó de proponer una reducción de esfuerzo del 15% al 7,5%. Sobre este punto, ha subrayado que el caladero del Mediterráneo «se puede recuperar pero a un plazo mucho más largo» sin que ese proceso se realice «a golpe de desguazar flota del sector pesquero» de la zona.

Asimismo, ha expresado su preocupación respecto al establecimiento de medidas técnicas de protección del bacalao en el Gran Sol, que hace que se prevea un endurecimiento de la normativa de las artes empleadas por el arrastre gallego. Por ello, la delegación gallega ha concluido que el acuerdo es negativo para el Cantábrico-Noroeste.

No obstante, la conselleira do Mar ha animado al sector pesquero «a seguir trabajando como lo está haciendo», ya que «no está nada perdido». Así, ha llamado a mantener la línea de trabajo desarrollada en Galicia y ha insistido en la importancia de poder acreditar ante la Comisión Europea que esta actividad «puede seguir teniendo futuro».

Las llegadas internacionales cayeron un 72% en los primeros diez meses de 2020 ante las restricciones a los viajes, la poca confianza del consumidor y la lucha mundial por contener el virus de la Covid-19, según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Esta caída ha supuesto que los destinos recibieran 900 millones menos de turistas internacionales entre enero y octubre, frente al mismo periodo de 2019, lo que se traduce en una pérdida de 935.000 millones de dólares (762.000 millones de euros) en ingresos por exportaciones del turismo internacional y una pérdida diez veces superior a la que se produjo en 2009 como consecuencia de la crisis económica mundial.

A la luz de los datos actuales, la OMT prevé un descenso de entre el 70% y el 75% en llegadas internacionales para el año 2020 en su conjunto.

De ser así, el turismo mundial habrá retrocedido a niveles de hace 30 años, con 1.000 millones de llegadas menos y una pérdida aproximada de 1.100 millones de dólares (900 millones de euros) en ingresos provenientes del turismo internacional. Dicho desplome en el turismo como consecuencia de la pandemia podría resultar en una pérdida económica de 2.000 millones de dólares (1.600 millones de euros) en el PIB mundial.

DEMANDA ESCASA, PESE A LA MEJORA EN ALGUNOS MERCADOS

Los datos sobre gasto del turismo internacional siguen reflejando una escasa demanda de viajes al extranjero. Sin embargo, algunos mercados importantes, como Estados Unidos, Alemania y Francia han dado señales de recuperación en los últimos meses. Asimismo, la demanda de turismo interno sigue creciendo en ciertos mercados, tales como China y Rusia.

De cara al futuro, se prevé que el anuncio de una vacuna y el inicio de la campaña de vacunación aumenten paulatinamente la confianza de los consumidores. Además, cada vez más destinos están suavizando o levantando las restricciones a los viajes. Según los últimos estudios realizados por la OMT, la proporción de destinos cerrados ha bajado del 82%, a finales de abril, al 18% a principios de noviembre (en porcentaje de llegadas internacionales).

Las hipótesis ampliadas para 2021-2024 que presentó el organismo especializado de las Naciones Unidas para el turismo indican un repunte en la segunda mitad de 2021. No obstante, puede que se necesiten entre dos años y medio y cuatro para volver a los niveles de 2019.

Audax Renovables ha cerrado una emisión de bonos verdes por importe de 200 millones de euros dentro del programa de bonos denominado ‘EUR 400.000.000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables 2020’, registrado en julio en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf).

En un comunicado este jueves, el grupo energético ha explicado que la emisión también se enmarca dentro de la operación de canje anunciada a finales de noviembre de los bonos emitidos al amparo de las emisiones efectuadas en los años 2017, 2018 y 2019 por importe nominal de 65, 35 y ampliación de esta última por otros 35 millones, respectivamente.

Esta emisión se produce con el objetivo de reestructuración de los vencimientos de la deuda del grupo, consiguiendo así alargar los mismos hasta diciembre de 2027 y reduciendo el coste financiero de dicha deuda.

El destino de los fondos obtenidos será financiar o refinanciar proyectos verdes, según se definen en el Marco Normativo de Referencia para Financiación Verde, aprobado en marzo por el Grupo, impulsando su apuesta por la generación de energía renovable.

El Grupo planteó esta emisión por un importe cercano a los 150 millones de euros, sin embargo, «la exitosa aceptación e importante demanda del colectivo inversor», tanto nacional como internacional, ha permitido completar la emisión en 200 millones de euros.

La procedencia del capital inversor no solo ha sido de ámbito nacional sino que, además, se han sumado «importantes» inversores internacionales, mientras que a nivel nacional, se ha reafirmado la apuesta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Grupo Audax, que ha vuelto a unirse en esta emisión acompañando a otros inversores institucionales.

En esta operación han actuado como coordinadores globales conjuntos (‘joint global coordinators’) Beka Finance, Goldman Sachs International y Haitong Bank, Sucursal en España y como Co-Leads Ever Capital y PKF Attest Capital Markets AV. Además, se ha contado con el asesoramiento legal de Garrigues y el asesoramiento financiero de EY.

Hace pocas semanas el grupo cerró la colocación de 125 millones de euros en bonos verdes convertibles en acciones ordinarias en el mercado internacional con una sobredemanda de 2,4 veces.

La compañía ha explicado que ambas operaciones permitirán cumplir y ampliar al grupo los objetivos marcados, además de diversificar su base de inversores, nacionales e internacionales, «dando un paso muy significativo para consolidar su posición en el mercado como el grupo energético independiente líder en el segmento pyme con capacidad para encabezar la transición energética en Europa.

La firma automovilística Toyota ha iniciado la preventa en España del nuevo Proace Electric Van, su primer modelo 100% eléctrico de batería comercializado en el mercado nacional que dispone de una autonomía ‘cero emisiones’ de hasta 330 kilómetros.

Tal como ha indicado la marca, con la llegada del nuevo Proace Electric Van Toyota amplía el abanico de potenciales clientes y la cobertura de su oferta de vehículos electrificados.

El vehículo está disponible con dos tipos de baterías de 50 y 75 kilovatios hora (kWh), ofreciendo así una autonomía ‘cero emisiones’ de hasta 230 y 330 kilómetros, respectivamente. Con un motor de 136 caballos de potencia, el modelo alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente de 130 kilómetros por hora.

La nueva Proace Van eléctrica cuenta con las mismas características de volumen y capacidad de carga y de remolque que cualquier otra variante de la gama. Así, ofrece de 4,6 a 6,1 metros cúbicos de volumen de carga, según el tamaño de su carrocería elegida, ya que está disponible con tres longitudes diferentes.

La nueva Proace Electric Van ya se puede solicitar en España por un precio que parte de los 32.998 euros, mientras que la variante con 330 kilómetros de autonomía se ofrece desde 37.498 euros. Las primeras unidades llegarán en el mes de marzo.

ACTUALIZACIÓN DEL PROACE VAN Y PROACE VERSO

Además de la apertura de la preventa de la variante eléctrica, Toyota también incluye diferentes novedades en la gama del Proace, tanto en su versión furgoneta con Verso. Así, la primera de ellas añade cambios en la oferta de equipamientos, mientras que la segunda modifica sus motorizaciones.

La variante Verso cuenta ahora con una renovada oferta de motorizaciones gracias a la incorporación de una unidad de 2.0 litros de diésel de 144 caballos de potencia, que se une a las ya existentes de 120 y 180 caballos.

Por su parte, la Proace Van actualiza la nomenclatura de sus acabados para ir alineada con la Proace City y las versiones comerciales de Hilux y Land Cruiser, de forma que toda la oferta de vehículos comerciales de Toyota se ofrecen ahora con los acabados GX y VX, este último con equipamientos de serie como faros antiniebla o sensor de luz y lluvia.

La Comisión Europea ha aprobado este jueves la compra por parte de Google de la firma de relojes inteligentes Fitbit, aunque la operación está sujeta a que el gigante tecnológico cumpla una serie de compromisos que ha ofrecido a las autoridades comunitarias para resolver sus dudas sobre el impacto de la adquisición en el bloque.

Bruselas anunció en agosto la apertura de una investigación en profundidad para evaluar si la transacción corría el riesgo de dañar la competencia en la UE. En particular, se centró en la capacidad de recolección de datos a través de los relojes de Fitbit y la interoperabilidad de los mismos con el sistema operativo de Google, Android, para teléfonos inteligentes.

En su análisis preliminar, el Ejecutivo comunitario determinó que la operación dañaría la competencia dentro del mercado único en los sectores de la publicidad, en el acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API) en el mercado de sanidad digital y en el propio mercado de relojes inteligentes.

Según ha explicado la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, Bruselas ha dado su visto bueno a la compra porque «los compromisos determinarán cómo puede usar Google los datos obtenidos para fines publicitarios, cómo se garantizará la interoperabilidad entre relojes de firmas competidoras Android y cómo los usuarios podrán seguir compartiendo datos sobre salud y deporte si quieren hacerlo.

Podemos aprobar la adquisición de Fitbit por parte de Google porque los compromisos garantizarán que el mercado para relojes y el naciente espacio de salud digital seguirá siendo abiertos y competitivos», ha subrayado la danesa en un comunicado.

Por su parte, Google ha destacado que el acuerdo logrado con las autoridades comunitarias «estimulará la innovación en los dispositivos portátiles» y permitirá a la empresa «diseñar productos que ayuden a las personas a llevar una vida más saludable», según ha declarado un portavoz de la multinacional, quien ha añadido que la firma «ha trabajado de forma constructiva» con Bruselas «para resolver sus inquietudes».

Esto incluye, ha continuado, los «compromisos jurídicamente vinculantes» pactados con el Ejecutivo comunitario, que están basados en las garantías que Google ha dado «desde el principio» de que protegerá «la privacidad de los usuarios de Fitbit» y seguirá apoyando a fabricantes y desarrolladores.

La duración de todos los compromisos que Google ha adquirido para obtener ‘luz verde’ de las autoridades comunitarias será de diez años y Bruselas podría decidir extender otros diez años adicionales los correspondientes al mercado de publicidad pero siempre aportando una justificación adecuada.

La Junta de Andalucía ha calificado este jueves de «fracaso» el acuerdo sobre el reparto anual de los Totales Admisibles de Capturas (TACS), las cuotas pesqueras del Atlántico y el plan del Mediterráneo al que han llegado este jueves los ministros de la Pesca de la Unión Europea.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha trasladado el «rechazo total» del Gobierno de Andalucía a «unos recortes que son una tragedia para el sector», al agravar el impacto de la COVID-19 en una flota «que lleva años de sacrificios y no puede afrontar ya más esfuerzos adicionales». «El resultado de las negociaciones es inaceptable y deja a la pesca en una situación lamentable», ha enfatizado.

A este respecto, la titular de Pesca de la Junta ha señalado que no entiende la reacción positiva y satisfactoria del Gobierno de España, «cuando el acuerdo de los ministros de la UE deja a un sector ya dañado de por sí y en una situación insostenible». «El futuro no es nada halagüeño», ha afirmado, ya que la disminución de las posibilidades pesqueras en el Golfo de Cádiz y el Mediterráneo «hace inviable el mantenimiento de buena parte de la flota».

Crespo ha señalado que las reducciones establecidas por los ministros de Pesca de la UE «ponen en serio peligro el futuro de la actividad pesquera en Andalucía» y, por lo tanto, «el empleo de miles de familias que dependen de este sector estratégico».

La pesca diversifica la economía de los municipios costeros de Andalucía y es motor de empleo», ha destacado la consejera, quien ha recordado que estos recortes van a afectar directamente a la actividad de 300 barcos y 2.000 pescadores de Andalucía, entre el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz. «Estas reducciones van a suponer una pérdida del 20% en la facturación del sector andaluz», ha indicado.

A juicio de la consejera, los Veintisiete solo han tenido en cuenta los criterios medioambientales a la hora de fijar los recortes y han obviado que en estas decisiones también hay que contar con otros dos parámetros fundamentales: el social y el económico. Además, ha apuntado que los informes científicos utilizados para justificar las reducciones «son obsoletos», ya que los propios científicos planteaban un aumento del 18% para la merluza y, en cambio, para esta especie se ha fijado un descenso del 5% «en un nuevo sobresalto navideño para los pescadores del Golfo de Cádiz».

MEDITERRÁNEO

Especialmente «preocupante» es la situación en la que queda la flota del Mediterráneo, que ya pasó de 212 a 93 embarcaciones antes del reglamento y que ahora se enfrenta una nueva disminución del 7,5 por ciento en los días de pesca, descenso que se añade al diez por ciento establecido el pasado mes de octubre.

«Son 1.426 días menos de faena», ha detallado, antes de censurar que antes de decidir estos recortes adicionales «no se ha elaborado un informe de impacto para conocer si los esfuerzos que ha llevado a cabo el sector han tenido sus frutos en una mejoría del caladero».

Además, Crespo ha sostenido que el Mediterráneo necesita de una estrategia del Ministerio a largo plazo y no en base a una negociación de 48 horas, al objeto de hacer ver a la Unión Europea los sacrificios realizados por la flota y que se tenga en cuenta los criterios sociales y económicos, además de los medioambientales, a la hora de tomar decisiones que ponen en riesgo la viabilidad de la actividad pesquera.

En esta línea, la consejera ha propuesto que Andalucía capitanee un «frente común» de todo el Mediterráneo para trasladar al Ministerio y Bruselas la realidad de las pesquerías y tomar medidas conjuntas». «Proponemos un frente de todas la comunidades, desde Cataluña a Andalucía, para dar a conocer datos actualizados de la pesca en el Mediterráneo y defender el futuro del sector», ha remarcado.

COMPENSACIONES INMEDIATAS

Crespo ha reclamado «compensaciones inmediatas» para el sector que mitiguen el impacto de estas reducciones en las posibilidades pesqueras, al tiempo que ha asegurado a los pescadores andaluces que su consejería y todo el Gobierno de Andalucía «va a luchar de la mano del sector para hacer ver a Europa sus esfuerzos y tratar de revertir la situación.

Asimismo, ha indicado su intención de invitar al comisario europeo de Pesca a conocer de primera mano la realidad del sector pesquero andaluz y su extraordinario compromiso durante la pandemia, al tiempo que se van a iniciar contactos con Portugal, con quien Andalucía comparte caladero y que asumirá la Presidencia de la UE en el primer semestre de 2021.