Los herederos del dictador Francisco Franco ha solicitado formalmente a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia retirar del interior del Pazo de Meirás las estatuas de Abraham e Isaac del Mestre Mateo y la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán.

Así lo ha confirmado en la mañana de este sábado el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, en declaraciones a los medios en un acto celebrado en Santiago, donde ha manifestado que la intención de la Xunta es hacer valer la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) de ambos bienes (plena en el caso de las estatuas y en fase de tramitación en el de la biblioteca) para evitar que salgan de Galicia.

El titular de Cultura ha puesto el acento en que se trata de un asunto «de gran relevancia jurídica» que debe ser abordado «con solvencia» pues supone una cuestión que escapa de «planteamientos políticos» y alcanza el ámbito de la justicia.

De este modo, tras confirmar la solicitud efectuada por los herederos del dictador tras la sentencia que les permite retirar los bienes muebles que hay en el interior del pazo, el conselleiro ha manifestado que la intención de la Xunta es «intentar preservar para el patrimonio cultural de Galicia estos bienes» porque ese es «el sentir mayoritario de los gallegos».

Para ello, la vía elegida es hacer prevaler la condición de BIC de ambos elementos. En el caso de las estatuas del Mestre Mateo, están declaradas BIC desde el año 2019, mientras que la biblioteca de la escritora está incoado el expediente y, por tanto, la Xunta entiende que es «a todos los efectos» un bien protegido.

Patrimonio tiene ahora un plazo de tres meses para responder a la petición de los Franco. Durante ese tiempo, la Administración autonómica abrirá una ronda de contactos con «las instituciones culturales más singulares del país» para recabar informes sobre los que «asentar con solvencia una solución específica» que permita que estos bienes se mantengan entre el patrimonio gallego.

En concreto, la Real Academia Galega, el Consello da Cultura y la Academia de Belas Artes son las entidades a las que recurre la Xunta, que también recabará la opinión de «catedráticos de prestigio» para elaborar su estrategia legal dentro del ámbito de sus competencias.

RESTO DE BIENES

Respecto al resto de bienes que hay en Meirás, sobre los que los herederos de Franco tienen un plazo de un mes para retirar del complejo de Sada (A Coruña); el conselleiro ha dicho que los servicios jurídicos de la Xunta han concluido que corresponde al Estado «reclamar o iniciar una declaración BIC» para su protección.

«Son bienes escritos al patrimonio del Estado. Tiene que ser el propio Estado, en base a los artículos 6 y 9 de la Ley de Patrimonio Histórico de España», ha comentado el conselleiro, que ha ofrecido la colaboración de la Administración autonómica.

«Pero quien tiene que incoar ese expediente BIC es el Estado», ha añadido antes de emplazar a «hacer las cosas bien» en el plano jurídico para evitar «pasos atrás».

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este sábado «la hipocresía» del Gobierno central el 1 de Mayo, acudiendo a la manifestación, cuando este es el día «que más urticaria le puede dar».

En un mitin de campaña en Majadahonda, ha comenzado bromeando con que está «preocupada» por el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, porque si solo quiere trabajar cuatro días y hoy es sábado, no sabe «que habrá estado haciendo» después entonces. «Probablemente vaya a la manifestación pero creo que va a ser un sobresfuerzo», ha lanzado.

En este sentido, ha indicado que cree que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, va a «huir» porque le han dicho que «en la Asamblea hay Pleno todos los jueves». Ayuso se ha preguntado si alguien ha visto a Iglesias «hacer algo en este año y medio» y si hay «alguna familia en Madrid y en España que viva mejor» desde que él ha estado en Moncloa.

«Hoy Día del Trabajo y dice el Gobierno de España, venga, hoy vamos a trabajar y van a la manifestación y mandan a siete ministros. ¿Les parece mucho? Solo es un tercio de lo que hay en el Gobierno. Ahora no sabréis los nombres pero no pasa nada, nos pasa a todos», ha lanzado, al tiempo que ha censurado que un tercio del Gobierno encabece la pancarta en la manifestación para dar «lecciones de trabajo».

Asimismo, ha censurado que al frente de la manifestación también estén los «sindicalistas liberados que durante los meses más complicados de la pandemia nunca fueron a su puesto de trabajo pero bien que iban a boicotear un hospital pública con pacientes dentro».

También ha trasladado que se verá en la pancarta a ese ministro, «el otro Garzón» (Alberto), que dijo que el turismo es «un sector de bajo valor añadido» en España. «¿Se puede tener menos conocimiento de España?», ha preguntado, arropada por el presidente del PP, Pablo Casado, del consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz.

Ayuso también ha cuestionado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esté «escracheándose a sí misma». «No me preguntéis el nombre. Está la de Trabajo, la de Hacienda, el de Economía y así multiplicando hasta veintitantos», ha espetado.

«¿Irá también a darnos lecciones de trabajo un presidente (Pedro Sánchez) que en mitad de la peor pandemia de este país se fue tres semanas de vacaciones y vino moreno con el mejor tono mientras el Gobierno de la Comunidad no se movió de su silla porque teníamos que ver de qué manera volver a los colegios?», ha lanzado.

ERC ha defendido alcanzar un pacto con Junts para un Govern en coalición durante la reunión prevista para este sábado, antes de empezar a plantear un Govern en solitario, ya que los republicanos se marcaron hace días esta misma fecha como límite para un acuerdo, han informado fuentes de ERC.

En un discurso este mismo sábado, el vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha urgido a un acuerdo de Govern.

Lo ha dicho en la plaza Goya de Barcelona durante el acto de homenaje de ERC a Francesc Layret coincidiendo con el 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

La reunión de este sábado se da en la fecha límite que ERC marcó para alcanzar un pacto con Junts, por lo que, si se mantiene la falta de acuerdo, los republicanos podrían comenzar después a plantear la posibilidad de que Aragonès sea investido encabezando un Govern en solitario, han explicado fuentes de ERC.

Estas fuentes recordado que fue Junts quien primero habló de la posibilidad de un Govern formado solo por ERC, cuando Jordi Sànchez dijo que un desacuerdo conllevaría eso.

Aun así, en los últimos días los republicanos han mantenido que su prioridad sigue siendo pactar un Govern de coalición con Junts, incluso si este acuerdo llega más allá del 1 de mayo.

«EXPLORAR OTRAS VÍAS ALTERNATIVAS»

Pere Aragonès advirtió el domingo 25 de abril de que, si el 1 de mayo no se alcanzaba un acuerdo de gobernabilidad con Junts, ambos partidos deberán «explorar otras vías alternativas» para evitar una repetición electoral en Cataluña, aunque dejó claro que él no veía escollos insalvables para pactar.

Este sábado, en el acto de Barcelona, Aragonès ha dicho que «es imprescindible poner en marcha las instituciones de este país».

Coincidiendo con el 1 de Mayo, ha considerado igualmente imprescindible que la lucha por los derechos de los trabajadores y «tenga a su lado las instituciones del país a pleno rendimiento».

Ha añadido que ERC no sólo está dispuesta a eso, sino que su partido «ha trabajado incansablemente para que esto sea posible cuanto antes, de la forma más rápida, de forma inminente».

Ciudadanos ha presentado esta mañana su decálogo de compromisos en el que incluye, entre otros, su apuesta por reforzar la Sanidad, por apoyar a pymes y autónomos y por evitar que tanto Unidas Podemos como Vox lleguen a la Puerta del Sol.

Lo han presentado en un acto por streaming el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, y la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas.

Así, el primer punto es el de convertir la vacunación en una «autopista» que inocule 24 horas y 7 días a la semana con un refuerzo del sistema sanitario con la incorporación de los 11.000 trabajadores de refuerzo por el Covid-19.

El segundo responde al empleo y a la economía, dando continuidad al «Milagro ‘naranja'», según Arrimadas, que ha protagonizado la región al crear empleo y no destruirlo en al última Encuesta de Población Activa (EPA) con proyectos «modernos que miren a futuro» y que lo hagan con puestos «de más calidad.

Bal ha presentado el tercer eje de sus compromisos, ligado al anterior, que se basa en el «rescate a pymes, autónomos y a la estabilidad de los trabajadores interinos» buscando una «dignificación» de los mismos e impulsando las ayudas directas para las compañías que han perdido ingresos en la pandemia y que estas puedan «rescatar» a trabajadores del ERTE.

En cuarto lugar han apuntado a las nuevas rebajas de impuestos para poder crear empleos y crecer económicamente. «Queremos ser más competitivos y a la vez dar más facilidades a las familias», ha sostenido Arrimadas, quien ha recordado propuestas como que las mujeres de más de 40 años puedan desgravarse los tratamiento de fertilidad en clínicas privadas.

Asimismo, se ha comprometido a que «cada euro» que se suba desde el Gobierno central en impuestos, la Comunidad lo compensará bajando tributos dentro de sus competencias.

FAMILIA, CIENCIA Y EDUCACIÓN

Las familias ocupan el quinto punto, en el que se comprometen los ‘naranjas’ a defender «todas las familias» frente a los que solo quieren «un modelo» o los que «tienen recurrido el matrimonio LGTBI al Tribunal Constitucional», además de fomentar la natalidad «fundamental para el país y las pensiones».

Al hilo, han desgranado su apuesta por la ciencia, número siete del decálogo, y ha recordado Arrimadas que se han comprometido a dedicar el 2% a investigación, además de su intención de favorecer el cuidado del medio ambiente y los transportes sostenibles. «Con Cs no hay que renunciar a impuestos bajos pero políticas verdes y sociales», ha insistido la líder nacional.

La educación ocupa el puesto 8, con una defensa tanto de la concertada como de la garantía de elección de los padres, en contraposición a la Ley Celaá. Además, Bal ha defendido la función de «ascensor social» y «prevención de la precariedad» que tiene este servicio.

CONCORDIA FRENTE A EXTREMOS

Los epígrafes ocho y nueve van dedicados a Podemos y Vox, los «extremos». Se presenta Cs como garantía de que no llegarán a la Puerta del Sol ni condicionarán las políticas públicas y han insistido en que la formación de Rocío Monasterio no entrará en el Ejecutivo madrileño con los votos ‘naranjas’.

Cierra el decálogo la apuesta del partido por la «concordia» y el «respeto», que consideran que no ha primado en esta campaña electoral «muy polarizada» y han instado a Iglesias a que «deje de soñar en traer a Madrid la política del enfrentamiento».

«Si esa gente moderada y de centro se moviliza y va a votar vamos a ser noticia no solo por un buen resultado, sino porque la autonomía va a superar ese reto de la polarización», ha instado Arrimadas, quien ha advertido que «a los que les gustan los gritos y se sienten representados en el insulto irán a votar.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha preguntado este sábado «qué pintan ministros» del Gobierno «manifestándose en las calles» por el Día del Trabajador «cuando son los que han generado una caída del mercado laboral» que, ha denunciado, es de las más severas a nivel mundial.

En su intervención en un acto de campaña en Majadahonda, Casado ha asegurado que el Ejecutivo no puede culpar a la pandemia de las cifras puesto que el descenso en los principales indicadores no ha sido simétrico. «Es cuestión de la mala gestión del Gobierno, que no tiene propaganda ni subvención ya para tapar su incompetencia», ha añadido.

Casado ha hablado así de la presencia en la manifestación de Madrid de la ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En esta línea, el líder de la oposición ha insistido en que cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que España «es el país del mundo con más parados solo superado por Bosnia, Irán o Venezuela no es por el virus. «Cuando la OCDE dice que España será el país que peor se recuperará de la pandemia, no es por el virus», ha continuado.

Así, y tras referirse a varias previsiones que sitúan a España como uno de los países peor parados a nivel económico, Casado ha criticado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha señalado como «el mayor peligro para el empleo y trabajadores en España».

Casado, que se ha referido a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves, ha apuntado que el balance del último año arroja otros 700.000 parados. «Hay 1,2 millones de hogares con parados, dos millones de familias haciendo colas en bancos de alimentos… ¿de qué presume Sánchez con este balance?», se ha preguntado.

En este contexto, el presidente del PP ha afeado al jefe del Ejecutivo su «falta de responsabilidad y de piel» que contrastan, a su juicio, con la gestión en la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso.

La Policía Nacional ha detenido en el barrio del Zaidín de Granada y puesto a disposición judicial a dos mujeres, una española de 43 años y otra italiana de 30, esta última con antecedentes policiales, como presuntas autoras de un delito de resistencia y desobediencia, tras haber sido sorprendidas de madrugada en el interior del recinto arqueológico protegido de la villa romana de la calle Primavera, mientras bebían y bailaban sobre la excavación sin mascarilla y violando el toque de queda.

Los policías fueron alertados por los vecinos de la calle de la existencia de varias mujeres dentro del recinto protegido correspondiente a la excavación arqueológica de la villa romana de la calle Primavera, las cuales estarían bailando y bebiendo en el interior de la misma. Según relata el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en una nota de prensa, una vez en el lugar los agentes observan a un grupo de varias mujeres que se encontraban dentro del recinto bailando con botellas de cerveza en la mano.

Estas personas, al percatarse de la presencia policial, emprenden la huída, derribando las vallas que cercan el enclave. Tras dar alcance a tres de ellas, comprobaron que no llevaban la mascarilla puesta, solicitándoles que se las colocasen, a lo que se negaron de forma categórica.

En vista de la situación, solicitaron su documentación personal con la intención de sancionarlas por infringir el toque de queda y no portar la preceptiva mascarilla, cuestión esta a la que se negaron en rotundo, no aportando un domicilio y manifestando su voluntad de permanecer en la calle durante la noche. Debido a esta tenaz actitud, los agentes se vieron obligados a detener a dos de ellas, las cuales se resistieron, además, físicamente a la detención.

Del total de lo ocurrido se ha dado cuenta a la autoridad judicial para que valore, en su caso, la existencia de una infracción penal contra el Patrimonio Histórico.

Cabe resaltar que el Patrimonio Histórico de nuestro país se encuentra regulado y protegido al amparo de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y por el Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de esta ley.

A toda esta legislación hay que añadir lo dispuesto en las legislaciones autonómicas y el Código Penal vigente, el cual recoge con claridad y a lo largo de varios artículos dentro del Título XVI y en su Capítulo II titulado ‘De los delitos sobre el patrimonio histórico’, las conductas punibles, entre las que se encuentra expresamente el «causar daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental», que pueden acarrear incluso penas de cárcel.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que las restricciones por la pandemia «no desaparecerán» con la finalización el próximo 9 de mayo del estado de alarma y ha defendido que se tomarán decisiones de forma «tranquila y ordenada» para una desescalada «prudente».

Así lo ha manifestado Puig en declaraciones a los medios en el acto de celebración del Primero de Mayo en Valencia, donde ha insistido en que la «ofensiva» para superar la crisis sanitaria es la vacunación. «Cada día que pasa vamos avanzando», ha resaltado.

Preguntado por las medidas una vez finalice el estado de alarma el próximo 9 de mayo, el jefe del Consell ha garantizado que se tomarán decisiones de forma «tranquila y ordenada» para una desescalada «prudente». «No estamos hablando de que desaparecerán las restricciones», ha adelantado, al tiempo que ha destacado que, por ejemplo, el toque de queda ha sido un instrumento «muy interesante» y «ha ayudado a la capacidad de reacción de la sociedad».

«Lo más importante que ha pasado es la concienciación y la actitud cívica de la sociedad valenciana, es suyo el mérito de la contención», ha manifestado.

En este sentido, ha avanzado que durante la próxima semana se reunirá la Comisión Interdepartamental y, en función de los informes de los expertos, tomará las decisiones «oportunas». Así, ha puntualizado que se están estudiando «qué medidas se pueden aligerar» y ha resaltado que la Comunitat Valenciana «lleva siete semanas con una buena cifra» de contagios y en situación de «estabilización» de la pandemia. «Somos la comunidad con la menor incidencia», ha añadido.

No obstante, Puig ha pedido «ser conscientes» de que «tenemos aún muchos problemas». «Ayer murieron 7 personas, el virus está ahí, en la calle, en las casas y en todos los espacios», ha recalcado.

Por ello, el ‘president’ de la Generalitat ha instado a «ser prudentes» en esta situación, al tiempo que a «avanzar en la esperanza». «La semana que viene será en la que posiblemente más vacunación se produzca, con 401.400 dosis», ha valorado.

Finalmente, se ha mostrado «esperanzado» por que antes de que acabe mayo «todas las personas mayores de 60 años estarán ya vacunadas», una situación que «posibilita abrir el verano con esperanza de recuperación».

Los españoles dedicaron a ver la televisión una media de 3 horas y 49 minutos por persona al día en abril (promedio de minutos sobre el total del universo de España que también pondera a los que no han visto ni un minuto de televisión), lo que supone 74 minutos menos que en el mismo mes de 2020, cuando ya había comenzado el confinamiento de la población para evitar contagios del coronavirus.

Según datos del ‘Análisis mensual del Comportamiento de la Audiencia TV’ correspondiente al mes de abril de 2021, elaborado por Barlovento Comunicación, el tiempo medio de consumo de televisión por espectador se situó en 5 horas y 26 minutos –promedio de minutos de aquellos que han visto la televisión al menos un minuto–, lo que supone una bajada de 69 minutos.

Asimismo, el informe señala que el consumo de televisión lineal se situó en una media de 221 minutos, representando casi 97 por ciento del total, mientras que el consumo en diferido fue de ocho minutos, el 3 por ciento del total.

Por sexos, las mujeres dedicaron de media a ver la televisión 4 horas y 08 minutos, 69 minutos menos que en abril del año pasado, mientras que los hombres estuvieron sentados delante del aparato 3 horas y 30 minutos de media al día.

En cuando a las franjas de edad, el trabajo señala que los mayores de 64 años son los que más consumen televisión, con 6 horas y 32 minutos de media al día, seguidos de las personas de entre 45 y 64 años que ven la televisión una media de 4 horas y 47 minutos.

En cuanto a la cobertura televisiva diaria, 32,2 millones de españoles contactó diariamente con el medio televisivo, 1.691 millones de personas menos que en abril de 2020, lo que representa el 70,4 por ciento de la población. Asimismo, la cobertura acumulada en el mes de abril fue de 44 millones de personas, es decir, el 96,4 por ciento de todos los españoles y 134.000 personas menos que en abril de 2020.

Entre otros datos, el tiempo dedicado a la televisión pero para otros usos, como navegar por Internet o jugar se situó en los 31 minutos por persona de media al día. Por sistemas de distribución, el consumo televisivo se ha repartido de la siguiente manera: Televisión Digital Terrestre (TDT), 72,9 por ciento (-0,2); IPTV, 16,6 por ciento (+0,4); Cable, 7,6 por ciento (-0,4); y Satélite Digital, 1,3 por ciento (mismo resultado que en marzo).

En abril, se contabilizaron unos 10,9 millones de tuits en las redes sociales sobre programas televisivos en las cadenas monitorizadas por Kantar. Los programas de entretenimiento son los que más interacciones han registrado, con un 50,3 por ciento del total, seguidos de los espacios informativos, con un 21,3 por ciento del total.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid contra el auto que acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa por el cartel de Vox sobre los menas al considerar que induce a una «negativa» respuesta social hacia un colectivo ya «doblemente vulnerable» como los menores extranjeros no acompañados.

En el escrito presentado para que sea la Audiencia Provincial quien se pronuncie sobre el carácter delictivo del cartel, el Ministerio Público defiende que en «las imágenes, símbolos y elementos comparativos que aparecen en el cartel subyace la idea de generar rechazo y de dar una respuesta social ‘negativa’ hacia el colectivo doblemente vulnerable como es el de los menores extranjeros no acompañados».

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid archivó la causa por un delito de odio en relación al cartel electoral en el que compara la pensión de jubilación que recibe un mayor con el gasto mensual dedicado a un menor extranjero no acompañado al encuadrar el mismo dentro del «pluralismo político».

En cambio, la Fiscalía defiende en su recurso que una cosa es la «amplia» libertad de expresión permitida en el marco del discurso político «y otra muy distinta la realización de actos no puntuales que provoquen una reacción negativa, injusta por discriminatoria y provocadora de del rechazo a un colectivo concreto«, circunstancias que aprecia que se dan en este caso.

En esta línea, en el recurso de apelación subraya que el uso «irresponsable» de imágenes, símbolos y elementos comparativos que se transmiten en el cartel tienen como finalidad «el generar el rechazo y por tanto la exclusión social de todo un grupo» al «ahondar en la idea del coste que para la sociedad supone mantener a un mena» confrontándolo con la imagen de una pensionista y «cuestionando así su carácter ético y legal».

Además, recalca que se traslada una imagen «totalmente prejuiciosa» de un menor extranjero no acompañado como delincuente, «dado que la imagen de una persona joven de piel oscura, embozado y encapuchado, es la imagen de delincuente que socialmente se tiene incorporada».

En esta misma línea, también descarta el hecho de que esta imagen entre desiguales responda al azar o a la mera casualidad ya que, en su opinión, evidencia «la búsqueda de la respuesta social negativa hacia este colectivo cuyos Centros se pretenden cerrar, so pretexto del carácter delincuencial generalizado de estos menores, que afirman imposibilitar la convivencia normalizada en las zonas en las que se encuentran, lográndose así su deshumanización individual y colectiva».

ESTIGMATIZACIÓN NEGATIVA E INTOLERABLE

Por todo ello, la Fiscalía insiste en que la caracterización de un menor no nacional tal y como se visualiza en el cartel publicitario, «generalizando el carácter delincuencial de los Mena», constituye una estigmatización «negativa, intolerante y prejuiciosa» hacia todo el grupo que genera hostilidad y rechazo social hacia estos menores. Y añade incluso que constituye un ataque a la dignidad de todo el colectivo y de ahí que ponga de manifiesto que se ha traspasado el límite de la libertad de expresión del anunciante.

Por otra parte, el recurso alude a que la denuncia interpuesta se limitaba al mensaje del cartel publicitario de Vox en el intercambiador del Metro de la estación Sol y matiza que «no hay la más mínima mención» en la denuncia «al lema o programa electoral sobre la política migratoria de un partido que concurre legítimamente a unas elecciones».

Al margen de solicitar la estimación del recurso de apelación para que el auto quede revocado, la Fiscalía también reclama a la juez la práctica de concretas diligencias de investigación de los hechos denunciados.

La nueva ley del Registro Civil, que llevaba en barbecho una década, finalmente ha entrado en vigor esta semana, alumbrando un nuevo modelo que se asienta sobre tres pilares: la desjudicalización, la digitalización y la implantación territorial para no dejar atrás a la ‘España vaciada’.

«Por fin» ha sido la frase más repetida entre las partes implicadas y afectadas por la nueva ley a las que ha consultado. Aprobada en 2011 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, debía haber entrado en vigor en 2014, pero las sucesivas prórrogas, asociadas unas veces a revisiones del modelo ideado y otras a las dificultades técnicas para hacerlo realidad, lo postergaron hasta el 30 de abril de 2021.

La ley ha incorporado una reforma ‘in extremis’ aprobada esta misma semana para «redefinir algunos aspectos», entre ellos «preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito» y «garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas dotada de servicios electrónicos y adecuadamente capilarizada en todo el territorio nacional», de acuerdo con su preámbulo.

La ley del 2011 despliega sus efectos justo cuando se cumplen 150 años del nacimiento del Registro Civil para sustituir a una ley de 1957, basada en «el punto de vista clásico» sobre el mismo, «concebido como instrumento para la constancia oficial de la existencia, estado civil y condición de las personas», con el fin de acomodarlo a «la España de hoy, cuya realidad política, social y tecnológica es completamente distinta a la de entonces».

El principal cambio es que las oficinas del Registro Civil ya no estarán en manos de los jueces, aunque se mantendrán arraigadas en la administración de justicia. Ahora, sus distintas sedes estarán dirigidas por Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y gestionadas por funcionarios públicos. Y ello, expone la propia ley, para «una mayor uniformidad de criterios y una tramitación más ágil y eficiente de los distintos expedientes».

El Registro Civil será uno solo para toda España pero quedará estructurado en una Oficina Central, una Oficina General por cada comunidad o ciudad autónoma y otra más por cada 500.000 habitantes, y una red de oficinas consulares. A ellas se añaden las oficinas colaboradoras, que surgirán de la modernización de los actuales Registros Civiles Municipales en los juzgados de paz.

Victoria de Pablo, senadora socialista que ha sido ponente de la última reforma, ha destacado esta «implantación territorial total» como algo «muy importante para el mundo rural». «Hasta el pueblo mas pequeño va a poder tener la naturaleza de oficina colaboradora, lo que garantiza la cercanía de las funciones del Registro Civil al ciudadano en su territorio», ha explicado en declaraciones a Europa Press.

UN CÓDIGO PERSONAL PARA TODA LA VIDA

Otro de los hitos es que se pasa de un registro de hechos a un registro de personas, tal y como lo definió el ministro de Justicia, Juan Carlos, en una reciente entrevista.

Así, se suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y se crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción se le asigna un código personal que le servirá para el resto de su vida, una especie de DNI registral.

Además, se da el salto digital. El Registro Civil se transformará en una base de datos única de acceso electrónico para «eximir al ciudadano de la carga de tener que acudir presencialmente a las oficinas», señala el texto legal.

Con todo, desaparece el Libro de Familia para dar paso a una hoja individual asociada a ese código personal donde constarán todos los datos de la vida del individuo, para dejar atrás la tradicional configuración del estado civil a partir de la filiación o el matrimonio.

La senadora socialista también ha querido resaltar «la huella feminista» en el nuevo Registro Civil, plasmada en «la agilización de los expedientes de cambio de apellido e incluso de identidad de los hijos de las mujeres víctimas de la violencia machista», que antes correspondían a los jueces encargados de las oficinas registrales, pero en su vertiente jurisdiccional, y ahora podrán decidir los LAJs de forma más rápida.

ALGUNAS «SOMBRAS»

A pesar de que el nuevo modelo de Registro Civil concita un amplio consenso, algo que se ha visto reflejado en el hecho de la última reforma se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox, los letrados de la administración de justicia han advertido sobre determinadas cuestiones. «Hay algunas sombras», ha sostenido el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), Rafael Lara.

Tanto Lara como Francisco Aguilar, de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han reclamado que los LAJs que sustituirán a los jueces como encargados de las oficinas registrales reciban el mismo salario que estaban percibiendo los togados. «A igual trabajo, igual retribución«, ha defendido el CNSJ.

La reivindicación salarial cobra aún más sentido, han esgrimido, si se tiene en cuenta que en aquellas oficinas con competencias mixtas -registrales y jurisdiccionales- el LAJ sumará a la actual llevanza de la oficina judicial la oficina del Registro Civil. Razón por la cual también han exigido que se refuerce el cuerpo de letrados de la administración de justicia.

Interrogada sobre esta sobrecarga de trabajo, De Pablo ha apuntado que la igualdad retributiva podrá fijarse en las normas posteriores de desarrollo, como el reglamento o la relación de puestos de trabajo, recordando en cualquier caso que la «vocación» de la ley es que los LAJ que se ocupen de las oficinas registrales las asuman como función exclusiva.

Otro de los asuntos sobre los que los LAJs han llamado la atención es el hecho de que en algunos casos la designación será discrecional. Lara ha considerado que, ya que «el puesto de trabajo es de contenido jurídico y fe pública, debería ser un concurso de méritos». La UPSJ, por su parte, pide eliminar la libre designación por suponer «una devaluación profesional y una mercantilización del cuerpo inasumible», y que primen los criterios de mérito, capacidad y transparencia.

Asimismo, Javier Jordán, portavoz de CSIF, ha puesto el acento en la necesidad de formar a todo el personal de la administración de justicia que trabajará en el nuevo Registro Civil, dado el desfase tecnológico respecto al trabajo que venían realizando. «La formación continúa es clave para la prestación de un buen servicio público», ha remachado.

FRUTO DEL ACUERDO

En cualquier caso, los LAJs y CSIF han coincidido en valorar «positivamente» la llegada del nuevo Registro Civil y han confiado en poder plantear sus reivindicaciones en futuras negociaciones con el Ministerio de Justicia.

De Pablo ha subrayado que esta ley no es el proyecto de un solo partido. «No es nuestra ley de 2011», ha afirmado, recalcando que se ha nutrido con las aportaciones que han hecho durante estos años otras fuerzas políticas y colectivos. Este inusitado acuerdo, ha augurado, es lo que permitirá que el modelo diseñado perdure en el tiempo.

Su implantación será gradual. Empezará con las Oficinas Generales de los actuales Registros Civiles Exclusivos de Madrid, cuyo despliegue está previsto para el próximo mes de julio, y concluirá a finales de 2022, dando forma definitiva a «el Registro Civil que necesitan los ciudadanos del siglo XXI», en palabras de la senadora socialista.