El nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, ha defendido la lucha de la Iglesia española contra los abusos sexuales a menores y ha indicado que «nadie puede poner en duda su credibilidad» ni «interpretar falta de transparencia o negativa» a seguir las directrices del Papa Francisco.

«Nadie puede interpretar falta de transparencia o negativa a secundar lo que el Papa pide al respecto. Los animo pues a la necesaria colaboración en este doloroso tema sobre el que, desde la Secretaría General, se ha manifestado justamente, hace pocos días, monseñor Luis Argüello ante la opinión pública. Con el espíritu de colaboración y honestidad bien expresado, nadie puede poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades», ha precisado el nuncio.

Así lo ha expresado Bernardito Auza este lunes, durante la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebra a lo largo de esta semana en Madrid.

El nuncio ha puesto de relieve «el trabajo bien realizado» por parte de los obispos españoles ante los casos de abusos. «Secundando los deseos del Santo Padre, prestaron enseguida atención y dieron presto cauce institucional, a nivel diocesano, en materia de abusos de menores», ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que los prelados españoles estudiarán durante esta semana la necesaria «puesta en marcha de un servicio de coordinación de las oficinas para la protección de menores» por parte de la Conferencia Episcopal Española.

Así se ha pronunciado el nuncio pocos días después del cruce de acusaciones que se produjo entre la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la Iglesia española, cuando la primera acusó a la Iglesia católica de haber sido «cómplice de la violencia sexual hacia los niños», con motivo de la aprobación en el Congreso de la Ley de protección a la infancia.

Los obispos publicaron al día siguiente un comunicado en el que calificaban de «gravemente injusta» la acusación de Belarra y le reprochaban, a su vez, un «clericalismo rancio» y un intento de «ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas».

Por su parte, el exvicepresidente y ahora candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, defendió a Belarra, asegurando en un tuit que «los que ensucian a la Iglesia son los curas violadores y los obispos que les protegen».

El 61,8% de los españoles está a favor de acabar con el cambio de hora estacional que consiste en adelantar o retrasar los relojes una hora cada seis meses (el último fin de semana de marzo y el último fin de semana de octubre) con el fin de ajustar la jornada laboral a las horas de luz natural y optimizar el ahorro energético. En caso de tener que elegir un horario, el 69,4% de los encuestados se decanta por el denominado horario de verano, el que está actualmente en vigor.

Así se recoge en el Barómetro de abril realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este lunes, en el que a la pregunta de acabar con el cambio de hora o seguir como hasta ahora, es decir, cambiando los relojes cada seis meses, la mayoría (61,8%) prefiere acabar con esta práctica mientras que el 19,8% es favorable a seguir como hasta ahora y para un 15,7% le resulta indiferente.

Con el cambio de hora se cumple con la Directiva Europea 2000/84/CE que sigue afectando, sin excepción, a todos los estados miembros de la Unión Europea. En 2018 se planteó la propuesta de eliminar el cambio de hora y se inició un proceso que, si bien consideraba suprimir este cambio en 2019, finalmente se decidió que la iniciativa era prematura y se aplazó la decisión que, en un principio, debía adoptarse este 2021.

El cambio horario es obligatorio y siempre se produce en las mismas fechas y horas en el conjunto de la UE, de modo que no existe la posibilidad de que un Estado miembro no aplique este cambio de hora. En la consulta lanzada en 2018 por la Comisión Europea en los países miembros, participaron 4,6 millones de personas, con más de un 80% a favor de poner fin a los cambios horarios.

Coincidiendo con el cambio horario del último fin de semana de marzo de 2021, la comisión de Transportes del Parlamento Europeo instó a los Estados miembros a acabar con esta práctica aunque el Consejo de la UE aún no se ha posicionado al respecto. La decisión final también se ha visto retrasada por la irrupción de otros asuntos como la pandemia provocada por la Covid-19 o el Brexit.

Sobre el horario preferido por los españoles, la encuesta del CIS revela que el 69,4% se decanta por el denominado horario de verano (el que comprende los meses de marzo a octubre), el 16,2% el de invierno (el que comprende de octubre a marzo) y al 10,4% le resulta indiferente.

«Hay que ser un poco didácticos y yo pediría dejar de hablar de horario de verano y de invierno porque al final estamos condicionando la opinión de la gente«, señaló el presidente de ARHOE (Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles), José Luis Casero, al ser preguntado por el último cambio de hora estacional.

Desde ARHOE, el mantenimiento del cambio de hora bianual «no es aceptable» y Casero recordó que la propia Unión Europea reconoció «que dicho cambio no tiene un impacto económico y sí un impacto sobre la salud», como problemas de fatiga originados por la alteración del sueño.

«A mí encanta el verano más que el invierno, pero es que no tiene que ver el horario de verano y el horario invierno, con el verano y con el invierno. No mezclemos las horas con las estaciones o situaciones particulares de descanso que se provocan en verano», alertó el experto, diferenciando el cambio horario del huso horario, que depende de la latitud que ocupa cada país.

Así, por ejemplo, Finlandia –con muchas horas de luz en verano– no es partidaria de modificar la hora en marzo mientras que en España el Gobierno nombró en 2018 una comisión de expertos para estudiar la propuesta de la Comisión de abolir los cambios y, en caso de llevarse a a cabo, analizar la conveniencia de quedarse con el de invierno o el de verano.

LOS EXPERTOS, A FAVOR DEL HORARIO DE INVIERNO

El citado comité emitió un informe que «no era unánime ni concluyente». «Es preocupante si hubiese sido unánime. Es muy difícil encontrar esa unanimidad, sobre todo cuando hay diferentes aspectos que hay que analizar con respecto al cambio horario», defendió Casero.

«Sí que es cierto que la gran mayoría, que no una parte, estamos por adaptar el mal llamado horario de invierno que es el GMT+1, que implica una diferencia de una hora con respecto a la hora de luz solar, mientras que el llamado horario de verano, que se adopta ahora en marzo hasta octubre, implica una diferencia de dos horas», avanzó.

«De este modo –explicó–, al adoptar el mal llamado horario de verano, amanecería y anochecería más tarde y en algunas épocas del año, a las nueve de la mañana sería de noche y en algunos sitios, como en A Coruña, a las diez de la mañana sería de noche».

«Desde nuestro punto de vista, la supresión del cambio bianual debe partir de la adopción del horario de octubre, el GMT+1, basándonos en que su impacto económico es marginal y es acorde a factores relacionados con la salud, el descanso, la productividad, el rendimiento laboral, el rendimiento escolar. Y todo ello, además, acompañado de medidas para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad», enfatizó.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por el cobro de dietas pero ha rebajado las penas: fija dos años de cárcel para el exdirector Roberto López Abad y un año para otros cuatro encausados más, entre ellos, el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón.

Así se desprende de la resolución, en la que el Alto Tribunal estima parcialmente los recursos de los condenados en lo referido a la penalidad, que la ha reducido ante la ausencia de razones justificativas que permitieran establecer la pena que se impuso al no concurrir agravantes.

Inicialmente, López Abad fue condenado a dos años y seis meses de prisión y los otros cuatro encausados a un año y medio por el delito de apropiación indebida. Así mismo, la Audiencia impuso nueve meses de cárcel al expresidente de la caja Modesto Crespo tras reconocer los hechos y llegar a un acuerdo con las acusaciones.

Los directivos condenados orquestaron una estructura para permitir que el entonces presidente cobrara unas dietas por presidir la sociedad Tinser sin actividad real alguna al frente de la misma.

Así, López Abad propuso a la Comisión de Retribuciones de la CAM que en Tinser se constituyese un Consejo de Administración, se nombrase presidente a Crespo y se le retribuyese por el desempeño de tal función con la cantidad de 300.000 euros anuales. Por ello, aceptaron una proposición «inasumible» que vulneraba lo dispuesto en los estatutos y la política retributiva de los consejeros por ellos fijada.

«DETALLADA» VALORACIÓN DE PRUEBA

El TS entiende, tras estudiar los recursos, que existe una «detallada y exacta» valoración de la prueba por el tribunal juzgador ante un entramado en la entidad bancaria dirigido a fijar una dieta al presidente de la entidad bajo la creación de una figura instrumental de un cargo en una empresa perteneciente al grupo donde se fija artificialmente una dieta de 600.000 euros sin dedicación alguna al ejercicio de actividad real para soslayar que como presidente de la entidad bancaria no podía cobrar.

Se reconoce que existe una articulación del plan orquestado bajo la intervención directa del director general de la entidad y la comisión de retribuciones que fueron pieza esencial, así como el secretario del consejo que redactó el acta ocultando tal dato en la junta al resto de consejeros, que ignoraron todo lo que se estaba haciendo.

Así, el tribunal da por probado que «e articuló una*artimaña de ingeniería societaria o abuso de la persona jurídica para burlar la clara prohibición estatutaria y cobrar un dinero en contraprestación a un labor meramente representativa que era, por definición, gratuita y honorífica».

Entiende que la remuneración que se confirió al presidente de la CAM vulneraba una clara prohibición normativa y, para ocultarlo, se utilizó el subterfugio de un órgano de gobierno «absurdo, inútil e innecesario».

Además, subraya que no existió prestación de servicio que conllevara tiempo, dedicación y responsabilidad, al margen de su condición de presidente de la CAM que pudiera justificar su percepción y, además, bajo una apariencia formal y simulada de transparencia, se quebró «de forma abrupta e injustificada» la ya generosa política general de retribuciones de los consejeros por su intervención en empresas participadas del grupo.

«Ello denota a las claras que se trató de pagar algo más que la simple asistencia y dirección de un órgano de gobierno, a sabiendas que ello excedía de forma notoria los poderes de administración encomendados delimitados en los Estatutos de la Caja», considera.

«IDEACIÓN CRIMINAL CONCERTADA»

A su entender, hubo una «ideación criminal concertada» del presidente de la CAM y director general, así como de la comisión de retribuciones y el secretario del consejo.

La actuación individual de los miembros de la comisión en el discurrir de los acontecimientos que acabaron permitiendo que Modesto Crespo cobrara injustificadamente una percepción ilícita y desproporcionada está, a juicio del tribunal, «clara».

Asumieron, en definitiva, que el pago encubría algo diferente y distinto del cobro de una mera dieta por asistencia en una sociedad instrumental sin capacidad de determinación estratégica o de vigilancia autónoma, y ese algo distinto era el pago de labores meramente protocolarias dentro de la CAM y, en consecuencia, vulneraba la prohibición estatutaria, siendo por tanto ilícito.

El tribunal destaca que la aceptación favorable de la propuesta, con los datos que ya disponían, «suponía adherirse de forma tácita al plan ideado de poder pagar una remuneración encubierta e ilícita al nuevo presidente de la CAM, causando con ello un perjuicio a la entidad».

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado no admitir el recurso de casación formalizado por el condenado por abuso sexual a una joven en las Fiestas Colombinas de Huelva en 2019 contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

En concreto, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó también el recurso de apelación interpuesto, por lo que confirmó la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva que lo condenó a cuatro años de prisión.

Así, según recoge la resolución del TS, la Sala acuerda la no admisión del recurso de casación y explica que «la Sala de Instancia justificó de forma bastante la concurrencia del dolo en el proceder del recurrente, excluyente de cualquier modalidad de error, sin que tal razonamiento pueda ser considerado como ilógico o arbitrario y, en consecuencia, sin que pueda ser objeto de tacha casacional en esta instancia».

En consecuencia, indica que «las cuestiones carecen de relevancia casacional», en la medida en que el recurrente «no ha alegado ni planteado argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad que permitan a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación».

Y, «especialmente teniendo en cuenta que en la sentencia recurrida ha recibido por parte del órgano de apelación una respuesta lógica, motivada, razonable y respetuosa con la jurisprudencia de esta Sala», recoge el Tribunal Supremo.

Hay que recordar que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva condenó a cuatro años de prisión a J.N.D.M., un hombre de 26 años, como autor responsable de un delito de abuso sexual a una joven de 20 en las Fiestas Colombinas de Huelva del pasado año 2019.

Según recoge dicha sentencia, además le prohíbe aproximarse a menos de 200 metros de la persona, domicilios, lugares de trabajo o cualquier otro frecuentado por la víctima durante cinco años, así como tampoco puede comunicarse con ella, cumpliéndose la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas por el condenado de forma simultánea.

La sentencia remarca que las conductas desplegadas por este hombre deben ser calificadas como un delito de abuso sexual, pero el tribunal lo absolvió del delito de violación por el que fue acusado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular ya que no considera que la penetración se llevara a cabo utilizando la violencia para superar la voluntad contraria de la víctima.

De otro lado, se impuso al citado condenado la medida de libertad vigilada durante cinco años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. En concepto de responsabilidad civil, debe indemnizar a la víctima con la suma de 280 euros por las lesiones y tiempo de curación y 6.000 euros por daños morales.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la titular de Defensa, Margarita Robles, y la recién estrenada vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Días, son las tres integrantes del Gobierno con mejor valoración entre los ciudadanos, con notas medidas superiores al cinco y por encima del presidente Pedro Sánchez. Por contra, los dos ministras con peor nota son Irene Montero y la nueva ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ambas con un 3,5 de puntuación.

Así se recoge en el Barómetro de abril realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este lunes, el primero tras la salida del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha supuesto la primera crisis del Gobierno de coalición. La marcha de Iglesias ha elevado a la Vicepresidenta Tercera a Díaz y ha supuesto la entrada en el Consejo de Ministros de Ione Belarra, hasta entonces secretaria de Estado de Asuntos Sociales.

Tanto Calviño como Robles suelen encabezar el ránking de ministros con mejor puntuación entre los españoles y ésta no es la única ocasión en la que Díaz comparte podio con sus dos colegas, pues el pasado mes de octubre las tres repitieron en sus puestos.

En concreto, en este sondeo de abril, la vicepresidenta segunda y la ministra de Defensa han obtenido una nota media de 5,3, y les sigue muy de cerca Díaz, con un 5,2 puntos. Las tres por encima de su presidente, Pedro Sánchez, que no aprueba y que se queda con una valoración del 4,5.

DARIAS, CALVO Y DUQUE, MEJOR VALORADOS QUE SÁNCHEZ

Por encima del jefe del Ejecutivo se encuentran también la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con un 4,8, y la vicepresidenta primera, con un 4,8, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, a los que los ciudadanos puntúan con un 4,7.

Calviño, Robles y Díaz obtienen la misma nota entre los votantes del PSOE, un 6,7 las tres, mientras que los de Unidas Podemos valoran a la Díaz con un notable (7,8) y dan más puntuación a Calviño (5,4) que a Robles (5,1), aunque ambas aprueban, según los datos del CIS cruzados con el recuerdo de voto en las generales de 2019.

Entre los votantes de partidos de la oposición, Robles es la que encabeza la lista con mejores notas, puesto que quienes votaron a Más País le dan un 6,5; los que se decantaron por Ciudadanos, un 5,3; quienes eligieron la papeleta del PP, casi un aprobado (4,9); y un 4,1 quienes dieron su voto a la formación que capitanea Santiago Abascal.

Tras el presidente, que obtiene un 4,5 de nota, los ciudadanos sitúan al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, con un 4,3; a las titulares de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de Hacienda, María Jesús Montero, con un 4,2; a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, y a la ministra de Industria, Reyes Maroto, con un 4,1; y a los ministros de Políticas Territorial, Miquel Iceta, y de Educación, Isabel Celáa, con un 4.

POR DEBAJO DEL 4 ESTÁN, ENTRE OTROS, MARLASKA Y ÁBALOS

El resto del Gobierno ya queda por debajo del 4: José Luis Ábalos, Alberto Garzón y Luis Planas (con un 3,9), Juan Carlos Campo, José Manuel Rodríguez Uribes y Fernando Grande Marlaska (con un 3,8) y Manuel Castells (3,7).

En concreto, Marlaska, al que la oposición viene exigiendo su dimisión en las últimas semanas después de que la Audiencia Nacional anulase su decisión de apartar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, obtiene una puntuación de un 1,6 entre los votantes de Vox, de un 2 entre los del PP y de un 2,7 entre los de Ciudadanos.

En la cola se encuentran la nueva ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, y su compañera y ministra de Igualdad, Irene Montero, ambas con una nota media de 3,5. Montero está peor valorada incluso que Belarra no sólo entre los votantes socialistas, que le dan un 4,6 frente al 4,7 que le dan a Belarra, sino también entre los fieles de Unidas Podemos, que puntúan a la titular de Igualdad con un 5,8 frente al 6,4 que otorgan a la responsable de Asuntos. Sociales

El sector del libro de Catalunya prevé que la celebración de Sant Jordi este viernes, que devolverá las paradas de rosas y libros a las calles de Catalunya, permita facturar un 60% del total de las ventas de esa jornada en 2019.

Así lo ha explicado este lunes el presidente de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, en un acto en el Ateneu Barcelonès junto a la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, el teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Subirats, la presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, y el presidente del Gremi de Floristes, Joan Guillén, que han sido recibidos por la presidenta de la institución, Isona Passola.

«Sant Jordi ha vuelto. No será como el de 2019, pero tampoco como el del año pasado», ha asegurado Tixis, que ha dicho tener esperanza en que esta celebración sirva para reforzar las librerías y las floristerias de proximidad y para reivindicar el libro en papel, que –dice– este año ha sido esencial para la salud emocional de las personas.

Este Sant Jordi se celebrará de manera descentralizada por todo el territorio con protocolos validados por el Procicat, que permiten la apertura, de 9.00 a 20.00 horas, de puestos de libros y rosas a los profesionales de esos sectores, algo que permitirá una celebración en condiciones óptimas de distancia y seguridad, y cada municipio adoptará la celebración a su dimensión y características demográficas.

180 PARADAS EN 11 ESPACIOS EN BARCELONA

En el caso de Barcelona, donde la celebración arrancará de manera anticipada el miércoles y se extenderá hasta el viernes, las librerías podrán habilitar un puesto en la calle frente a su establecimientos, por lo que se prevén un total de 490 mesas de rosas y libros distribuidas en 180 paradas y 31 espacios para firmas.

Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona habilitará 11 espacios públicos emblemáticos, dispersados por la ciudad y al aire libre que estarán perimetrados y donde se harán controles de acceso y de aforo para evitar aglomeraciones, sin que se celebre este año en La Rambla.

Estos puntos habilitados se encuentran en paseo de Gràcia, paseo Lluís Companys, Jardinets de Gràcia, plaza Reial, plaza de Sarrià, plaza Universitat, los Jardines Centelles del Palau Macaya, la plaza de Valdívia, la plaza de la Vila de Gràcia, la plaza Orfila y un espacio entre la Rambla del Poblenou y la calle Llacuna.

Todos tendrán un sentido único de circulación y itinerarios diferenciados para la cola de compra de libros y la de firmas; además, en todos ellos se que dispondrá de personal sanitario dedicado al cumplimiento de las medidas Covid-19.

REFORZAR EL COMERCIO LOCAL

Ponsa ha asegurado que la celebración de este Sant Jordi demuestra que la cadena de valor del libro está «unida» y que existen unas instituciones dispuestas a remar juntas, y ha reivindicado la tarea de las asociaciones de municipios y micropueblos para adaptar esta celebración a la realidad de cada municipio y poder reforzar el comercio local.

Joan Subirats ha puesto en valor el esfuerzo colectivo entre administraciones para mantener la actividad cultural y reivindicar Barcelona como ciudad literaria «pese a las dificultades», y ha celebrado que el sector del libro sea, según él, uno de los que más ha podido contener la pandemia del Covid-19.

Por su parte, Joan Guillén ha estimado que el sector de la flor venderá por Sant Jordi unas 3 millones de rosas por valor de 10 millones, una cifra que supone el 50% de las vendidas en 2019, y ha dicho que prevé un incremento de las ventas por internet.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, exige que la comisión de investigación sobre el proceso de vacunación contra el Covid-19 que acordó crear el Congreso se constituya justo después de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.

Fue Más País, junto a Compromís, quien impulsó la apertura de esa investigación para, por un lado, evaluar la gestión del proceso de vacunación y, por otro, indagar sobre las personas de distintos colectivos que se colaron para recibir sus dosis ante de lo estipulado.

El Pleno del Congreso aprobó la puesta en marcha de esa comisión el pasado 11 de marzo. Lo hizo por amplia mayoría –sólo se abstuvieron Vox y el PNV–, pero más de un mes después, según explica Errejón, no se ha dado ni un paso para ponerla en marcha.

Lo primero que han de hacer los grupos es llegar a un acuerdo sobre la composición de la mesa que dirigirá los trabajos de este órgano y que, como es habitual, estará compuesta por cinco personas: presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías.

Errejón admite que «algunos» aprobaron su puesta en marcha «sin mucho entusiasmo» y teme que ahora estén «esperando a que se acabe el proceso de vacunación» para dejar que de decaiga argumentando que ya no hace falta activarla. «Eso sería un truquito de mal jugador», avisa.

«La idea principal es que la comisión ayude a mejorar el proceso de vacunación», esgrime el líder de Más País, quien señala que «lo razonable» es que se pueda constituir «inmediatamente después de las elecciones madrileñas».

Errejón apunta que si alguna de las personas que se han colado son citadas a comparecer y lo «pasan mal» no le «importa», pero que el objetivo no es ése, sino buscar fórmulas que contribuyan a que el ritmo de vacunación sea el mejor posible.

En concreto, según la iniciativa aprobada, la comisión deberá analizar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como investigar a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo.

Asimismo, tendrá entre sus objetivos averiguar las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

La Fundación para en Análisis y los Servicios Sociales (FAES) ha acusado al Partido Comunista de querer ocultar y negar los «crímenes del comunismo» mientras la izquierda busca que se recuerde «todos los días a Franco». Tras asegurar que el PCE «no ha aprendido nada» de la «experiencia terrible» del comunismo, señala que la situación es «llamativa» porque en España se ha creado un Ministerio de la Presidencia, de las Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Así se recoge en un análisis del profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UAM, Ángel Rivero, difundido por la fundación que dirige José María Aznar bajo el título ‘La mala memoria democrática del comunismo español’.

El autor se hace eco de lo ocurrido recientemente en el Congreso cuando el Pleno rechazó el 25 de marzo condenar los totalitarismos comunista y nazi, como había solicitado el PP en una iniciativa que sí contó con el apoyo de Vox, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Coalición Canaria, mientras que el PNV, Junts y Teruel Existe se abstuvieron.

En ese debate parlamentario, recalca que Enrique Santiago –secretario general del Partido Comunista de España y recién elegido secretario de Estado para la Agenda 2030–, subrayó que «el único régimen político que ha planificado y ejecutado la eliminación sistemática de forma industrial de colectivos y pueblos enteros ha sido el nazismo».

A su entender, el «negacionismo del que habla cínicamente Santiago no está en su equiparación de los crímenes comunistas con los crímenes nazis sino en quienes intentan blanquear los primeros con el olvido». Y recalca que no se puede negar «una realidad atroz» porque fueron «matanzas repugnantes» y «crímenes contra la humanidad, que deben ser conocidos y condenados».

EL PCE «SIGUE REPITIENDO LOS MISMOS ERRORES DE ANTAÑO»

A la vista de esa votación en el Congreso, señala que España «sigue sin formar parte del grupo muy amplio de países democráticos que consideran esencial el conocimiento del totalitarismo para conjurar sus males y defender la democracia». A su entender, esta situación no deja de ser llamativa cuando hay un «Ministerio de la Presidencia, de las Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática».

Según el análisis de FAES, el PCE de hoy «no solo quiere que no se conozcan los crímenes del comunismo, sino que no ha aprendido nada de la experiencia terrible del comunismo» y sigue «repitiendo los mismos dogmas de antaño» como «si no hubiera pasado nada en estos cien años». A su juicio, «la mala memoria del comunismo no tiene nada de democrática».

La fundación recalca que «la izquierda española» quiere que los ciudadanos recuerden «todos los días a Franco, al que vinculan con la derecha democrática» pero que se «olviden por completo de los crímenes del comunismo». Además, señala que el actual PCE «parece haber retrocedido bastante» porque en 1956, le parecía que «la derecha democrática era un interlocutor legítimo, pero ahora la asocia con el franquismo con ánimo de desautorizarla».

El lenguaje integrador de entonces ha sido sustituido por la vieja retórica maniquea del PCE de siempre», afirma, para subrayar que el propio ministro de Consumo, Alberto Garzón, «reniega del PCE democrático de la transición» en su libro y «pinta a Santiago Carrillo como un demonio. Según concluye el análisis de FAES, el PCE que dirige Enrique Santiago «ha seguido el camino opuesto al de Carrillo y ha rehabilitado a Lenin como ideólogo de su partido».

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado que este mismo lunes empiezan los contactos, de carácter técnico, entre los Gobiernos central y autonómico para abordar las diferencias sobre la ley de salud gallega para la que el Estado ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad con el fin de paralizar determinados preceptos.

En declaraciones a los medios este lunes, Rueda, que confía en llegar a un «acuerdo», ha ratificado que, después de la conversación telefónica la pasada semana con el ministro Miquel Iceta, ahora comienzan los contactos de carácter técnico antes de convocar formalmente la comisión mixta bilateral Xunta-Estado para iniciar la negociación sobre el «fondo» de la ley.

«Trataremos de demostrar lo que siempre defendimos y estamos convencidos de que es cierto, que es necesaria una normativa para la pandemia», ha aseverado Rueda, quien ha argumentado que «si el Estado no la quiere hacer» a las «las comunidades» no les queda «más remedio» que impulsar el marco legal.

El vicepresidente primero ha remarcado que la ley gallega, que se tramitó a través de una proposición legislativa del PPdeG, se elaboró «de acuerdo» con la opinión no solo del Gobierno, sino de los técnicos jurídicos de la Xunta y «de acuerdo» con los «marcos constitucionales» para «tener una seguridad jurídica a la hora de actuar».

CONSEJO DE ESTADO

El Gobierno central anunció y confirmó haber presentado un recurso de constitucionalidad tras recibir el informe del Consejo de Estado encargado por el Consejo de Ministros, el cual es preceptivo pero no vinculante. En ese informe el órgano consultivo avalaba la presentación del recurso en cuanto al apartado cinco de la ley de salud –en la que se definen actuaciones concretas como la obligación de vacunación–, pero también sugiere al Estado la necesidad de elaborar una ley orgánica que atienda las necesidades de la gestión de la pandemia.

«El Consejo de Estado no dijo que la normativa fuese anticonstitucional, sino que lo que dijo es que para que pudiera haber normativas autonómicas, lo que tenía que hacer el Estado es una normativa general. Esperemos que lo haga», ha declarado Rueda este lunes, tras lo que confió en que pueda «haber un acuerdo».

Así, ha remarcado que «lo único» que desea es que «no tengan que afrontar» el escenario del levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo, anunciado por el presidente Pedro Sánchez, «sin ninguna seguridad jurídica». «Y para eso tenemos nuestra ley», ha zanjado.

ARTÍCULOS QUE PRETENDÍA RECURRIR EL GOBIERNO

La idea inicial del Gobierno central, tal y como expresó en la petición de informe ante el Consejo de Estado, era recurrir tres aspectos: las medidas preventivas (es decir, las cuestiones a regular), la adopción de las medidas preventivas (‘el modus operandi’ para ejecutar las medidas, recogido en el apartado cinco de la ley) y el régimen de sanciones (en varios artículos y, especialmente, en lo referido a las multas por incumplimientos de las medidas que el Gobierno central cuestiona).

En su informe, el Consejo de Estado considera que es pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad –o como dice textualmente, «existen fundamentos jurídicos suficientes»– a uno de los apartados concretos, el relativo a las medidas. Literalmente, señala: cabe este recurso al apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, en lo relativo al apartado 2 del artículo 38 que introduce en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia.

Concretamente, el apartado cinco introduce un artículo 38 a la ley de salud gallega con dos apartados, de los cuales, el Consejo de Estado avala que se recurra la segunda parte, como se ha mencionado. Esta ‘segunda parte’ habla de medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población.

Y para ello, además de otras medidas generales, establece que se podrán adoptar medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento domiciliario (actualmente los confinamientos de las personas que están contagiadas por el coronavirus), el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin.

Entre las siete principales de esta ‘segunda parte’, también recoge medidas de control para personas que hayan estado en contacto con personas enfermas (como actualmente los aislamientos de contactos positivos); o el sometimiento a medidas profilácticas de prevención, incluida la vacunación o inmunización.

Este apartado de la ley también habilita medidas de control del «entorno inmediato» de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de «zonas afectadas» (lugares geográficos), lo que puede conllevar, por ejemplo, la limitación de movilidad o circulación (como han sido los cierres perimetrales de ciudades o áreas sanitarias) o restricciones a las agrupaciones de personas (como el límite en las reuniones, tal y como está vigente en este momento en Galicia).

La plataforma de venta online y entrega a domicilio de Aguas Danone España, Font Vella en Casa (‘www.fontvellaencasa.es’), ha presentado un nuevo servicio de recogida de las botellas que sirve a sus clientes para ayudar en su reciclaje. El objetivo, en pro de la economía circular, es asegurar la recuperación de esas botellas y darles una segunda vida en forma de plástico reciclado en nuevas botellas.

«Nos responsabilizamos de todo el proceso de nuestras botellas porque para nosotros la economía circular es la solución real. Tenemos a más de 26.000 usuarios entre familias y oficinas con Font Vella en Casa, a los que podemos concienciar, hacerles partícipes del reciclaje de los residuos y conseguir que estos vuelvan a ser recursos. Se trata de un servicio innovador y pionero, que prevemos que se extienda y generalice mucho más en los próximos años», afirma la directora de Marketing de Aguas Danone en España, Jerusa Moura.

Este servicio está ya disponible para los clientes de Font Vella en Casa de Madrid y Barcelona, que podrán solicitarlo a través de la plataforma cuando realicen sus pedidos. Las botellas recogidas se gestionarán a través del proyecto Renueva, un proyecto de economía circular financiado por Aguas Danone España y el Fondo Danone Ecosystem.

Renueva cuenta con la colaboración de Ecoembes y Fundació Trinijove, que busca la circularidad de los envases puestos en el mercado a la vez que se contribuye a la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.

La responsable de sostenibilidad de Danone España y del proyecto Renueva, Mar Güell, señala que son «conscientes de que el consumidor está cada vez más preocupado por la sostenibilidad de los envases y, con esta innovación en la logística del servicio Font Vella en Casa, queremos facilitarle el reciclaje». «Nuestro objetivo es que la circularidad llegue a la puerta de casa de nuestros clientes, ya que ellos son un actor clave en la economía circular», añade.

Como señala la compañía, el impacto de la COVID-19 ha generado una nueva realidad en cuanto al consumo de productos esenciales de manera online. En España, antes de la crisis, un 30%1 de los consumidores compraban con regularidad en el canal. Desde su lanzamiento en 2017, la plataforma de e-commerce apuesta por un plan progresivo de expansión y crecimiento, tomando así cada vez más protagonismo entre las líneas comerciales del negocio de Aguas Danone. Ha pasado de estar disponible únicamente en la ciudad de Barcelona a expandirse a más de 100 poblaciones en Cataluña, y la ciudad de Madrid solamente en el último año. Actualmente cuenta con más de 26.000 usuarios.

Para Aguas Danone el camino hacia una economía circular pasa por dejar de ver los envases como un residuo y verlos como un recurso que debe permanecer en la cadena de valor, dándole una segunda vida. Por ello, tiene el compromiso de que todo su porfolio sea 100% hecho de r-Pet en 2025, un hito que logrará este año con Lanjarón. En 2020, trabajó con una media de un 29% de plástico reciclado en sus botellas y, en 2019, consiguió reducir en 270 toneladas el uso de PET virgen.

Por el momento, cuenta con varios formatos de botellas ya en su totalidad compuestas por plástico reciclado: 75cl de Font Vella, 1,25L, 75cl y 50cl de Lanjarón y, en restauración, 1,5L y 50cl de Font Vella. Además, el segundo formato más vendido de Font Vella, la garrafa de 6,25L, cuenta con un 50% de plástico reciclado. La compañía también ambiciona llegar a ser 0 emisiones netas en 2025, meta que pretende alcanzar a través de proyectos de reducción y compensación.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado este lunes que el fin del estado de alarma es una cuestión que se debe debatir y decidir en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y ha señalado que lo que ha hecho el presidente del Gobierno ha sido «más bien» expresar «una intención» de no prorrogarlo más.

«Yo al presidente lo que le he visto es expresar más bien una intención, una voluntad. Dijo incluso formalmente la primera vez que ojalá podamos lograr que no sea necesario el estado de alarma», ha asegurado en un desayuno informativo organizado, al ser preguntado por los planes del Ejecutivo al respecto y sobre si él es partidario de prorrogarlo, como piden algunas comunidades autónomas.

Aunque no ha respondido sobre sus preferencias, Gabilondo ha destacado que la realidad actual es diferente a la de hace meses, gracias al desarrollo de la estrategia de vacunación. «Estamos en una evolución, hay que crear esperanza», ha afirmado.

En todo caso, ha querido dejar claro que lo que hizo Sánchez al hablar del fin del estado de alarma fue «expresar una intención, una voluntad», y ha defendido que se trata de un asunto que se debe abordar en el Consejo Interterritorial, en el que están representado el Ministerio de Sanidad y todos los gobiernos autonómicos.

«El Estado de alarma lo decide el Parlamento y lo decide teniendo en cuenta el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pues que sea allí donde se decida, teniendo en cuenta lo que se dice allí», ha abogado.

Eso sí, ha exigido a las comunidades autónomas y a las formaciones que están reclamando que se prorrogue que sean «consecuentes» con su petición y, en el hipotético caso de que se decidiera prolongar este instrumento, lo apoyen.

«Espero que esas comunidades autónomas que reclaman el estado de alarma, cuando llegue el momento de votar, entreguen sus votos, porque aquí a veces ocurre que una cosa se reclama y no se vota. Reclamamos pero no votamos. Eso supongo que no pasará», ha ahondado.

REVISAR LA HORA DE CIERRE DE LA HOSTELERÍA Y EVITAR AGLOMERACIONES

En cuanto a la situación de la pandemia en Madrid y las medidas a adoptar, Gabilondo ha aclarado que él «nunca ha propuesto que se cierre la hostelería» pero sí cree que se debería pensar hasta qué hora de la tarde se mantienen abiertos los bares y restaurantes, y también evitar las aglomeraciones.

Sobre todo teniendo en cuenta, según ha señalado que la incidencia acumulada de contagios en la Comunidad de Madrid es de 372 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que la media nacional es de 230. Eso sí, ha añadido que si se hace alguna restricción, debe ir acompañada de ayudas económicas.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este lunes que tanto la vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), avalan con sus posturas su propuesta de que no es conveniente subir impuestos en un momento con el actual, todavía en plena pandemia del coronavirus.

«No tocaré la fiscalidad. Coincido plenamente con la vicepresidenta Calviño, no es el momento de tocar los impuestos, es el momento de la recuperación. Así lo creo yo y también muchos organismo internacionales, y quien será mi vicepresidenta económica, si soy elegido presidente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto», ha afirmado.

«ABSOLUTAMENTE COMPATIBLE» CON LA REFORMA DE MONTERO

Así lo ha asegurando durante su participación un desayuno informativo en el que, no obstante, ha defendido que esto es «absolutamente compatible» con que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, plantee a la vez la necesidad de ir trabajando en una reforma fiscal, como pide Europa.

A este respecto, Gabilondo ha defendido que no pasa «nada malo» con Montero sino al contrario, ya que para captar los fondos europeos es necesario hacer «reformas e inversiones» y, por ello, «es lógico» que se haga, entre otras cosas, la forma fiscal, «pero no por el Gobierno de España o por Montero, sino por toda Europa.

«Es absolutamente compatible el que ahora durante estos dos años no se toquen los impuestos y se siga trabajando en la línea de hacer esas reformas imprescindibles para la recuperación europea», ha apostillado.

Eso sí, tanto durante su intervención inicial como en el turno de preguntas, Gabilondo ha querido poner de manifiesto que su estrategia de no subir impuestos ha sido avalada por la ministra de economía y también por organismos internacionales.

«Esto que digo no es tan exótico para los organismos internacionales. No es tan exótico para la ministra Calviño», ha ahondado. «No es tan exótico que en un momento excepcional, que tiene una prioridad absoluta que es al recuperación del empleo, de la economía, se mantenga la estabilidad fiscal», ha defendido, antes de señalar que así lo puso también de manifiesto al OCDE.

Y por ello, se ha reafirmado en que él no tocará la fiscalidad en Madrid. «Ni un euro más pagará ningún madrileño por impuestos», ha sentenciado, tras señalar que cree que los madrileños sí se fían de su palabra porque no debuta como candidato. «Yo creo que más o menos se van haciendo a la idea de quién soy», ha apostillado.

Además, ha defendido que su promesa no se ve afectada por los planes del Ministerio de Hacienda, porque no «contradice» las «opiniones que se están haciendo» sobre la reforma que habrá que hacer en Europa. «Se harán esta y muchas más», ha vaticinado. Y por otro lado, ha alabado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara que respetaba su «autonomía». «Me parece bien, nadie puede pesar otra cosa», ha asegurado.

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Desvanes-Dunas 20’, ha desarticulado una importante organización delictiva dedicada a introducir presuntamente hachís en España procedentes de Marruecos y que ofrecía sus servicios a otras bandas para introducir droga por medio de embarcaciones, un marco en el que se ha detenido a 64 personas y se investigan a otras diez por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de drogas, falsedad documental, usurpación de estado civil, contrabando y tenencia ilícita de armas.

En un comunicado, la Guardia Civil señala que se han realizado 38 registros, de los que 16 son en la provincia de Málaga, 15 en La Línea de la Concepción (Cádiz), uno en Almería, uno en Albacete, dos en Alicante y tres en Murcia. En ellos, se han intervenido 2.313 kilos de hachís, 118.000 euros en metálico, 22 embarcaciones de alta velocidad valoradas en seis millones de euros, además de localizarse un molde para la fabricación de este tipo de embarcaciones, una pistola con silenciador, una escopeta, 19 vehículos (pesados y ligeros), más de 37.000 litros de gasolina para el repostaje de las embarcaciones en alta mar, inhibidores de frecuencia o equipos de comunicación, entre otros efectos.

Según indica, los supuestos servicios que prestaban a otras redes de narcotraficantes comprendían desde la fabricación y almacenaje de las embarcaciones de alta velocidad (EAV), comúnmente conocidas como «narcolanchas», pasando por el abastecimiento del combustible necesario para «el alijo del hachís en las costas así como, la falsificación de la documentación necesaria para dar apariencia legal de los barcos, gestión de puertos para las botaduras, entre otros».

Afirma que los cabecillas de la organización tenían sus bases de operaciones en las localidades de Málaga, La Línea de la Concepción (Cádiz) y Calpe (Alicante). «Estos individuos contactaban, a través de páginas web de compra-venta, con vendedores de embarcaciones semirrígidas, haciéndose pasar por supuestos compradores y así obtener copias de las documentaciones. Posteriormente, alteraban los documentos en sus datos de eslora y manga, para hacerlas coincidir con las de sus ‘narcolanchas'», añade.

De este modo, una vez que contaban con la documentación modificada, rotulaban presuntamente las embarcaciones «con las matrículas usurpadas y falseaban las potencias de los motores haciendo que fueran documentalmente legales, ya que las EAV superaban los 1.000 cv de potencia, siendo ilegales para el uso particular».

Además, señala que este grupo construía las «narcolanchas» en naves industriales ubicadas en las localidades malagueñas de Monda, Coín y Antequera, así como en la localidad de Albacete. En esta última localidad los investigadores han hallado un molde para su fabricación. Posteriormente, las almacenaban en naves ubicadas en las localidades de Crevillente (Alicante) y Antas (Almería) para transportarlas y botarlas al mar, según la Guardia Civil. «Generalmente lo hacían fuera de las provincias andaluzas debido a la presión policial ejercida en la zona en los últimos años motivado por la ‘Operación Carteia'», añade.

Durante la investigación, los agentes determinado que este grupo había realizado al menos 23 botaduras, algunas de ellas en las localidades alicantinas de Calpe, Altea, Guardamar del Segura, o en los puertos de Carboneras (Almería) y La Azohía (Murcia), que han sido abortadas por la Guardia Civil.

También, han comprobado que esta organización efectuó en el mes de octubre una botadura en Setúbal (Portugal) aunque de manera fallida, ya que tuvieron un percance durante la misma, lo que provocó que la cabeza tractora del camión de gran tonelaje y el semirremolque que transportaba

la embarcación acabasen sumergidos en el océano Atlántico, dejándolos abandonados en el lugar y emprendiendo su huida a España.

Además, detalla que el día 22 de enero los investigadores tuvieron conocimiento de un alijo producido en la playa de La Atunara en la localidad de La Línea de la Concepción, «cuya droga fue introducida en una furgoneta». Este vehículo fue interceptado en la localidad de Mijas donde los agentes hallaron en su interior 26 fardos de hachís.

De la misma manera, el día 25 de enero los investigadores supieron que dos vehículos transportaban droga desde el Campo de Gibraltar hasta una nave ubicada en el polígono industrial de La Trocha de la localidad de Coín (Málaga). En el interior de esa nave se realizó un transbordo de la droga a un camión bañera de transporte de áridos. Cuando los investigadores interceptaron este camión hallaron en un doble fondo practicado bajo la carga de arena que transportaba otros 26 fardos de hachís.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a las Comandancias de la Guardia Civil de Málaga, Alicante y OCON-SUR, quehan contado con el apoyo de agentes de las Comandancias de Albacete, Murcia, Cádiz, de la Unidad Especial de Intervención (UEI), del Grupo de Acción Rápida (GAR) y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, así como del Centro Regional de Análisis e Inteligencia Contra el Narcotráfico (Crain).

Los jóvenes de todo el mundo podrán solicitar financiación para apoyar soluciones locales innovadoras para hacer frente al impacto de la pandemia de la COVID-19, como parte de una nueva iniciativa llamada Movilización Mundial de la Juventud, liderada por las seis mayores organizaciones juveniles del mundo y apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación de las Naciones Unidas (ONU).

Se dispondrá de una financiación inicial de 2 millones de dólares (1,66 millones de euros) en cuatro niveles, desde 500 (415 euros) hasta 5.000 dólares (4.156 euros), y un programa «acelerador» ampliará y reproducirá las soluciones más prometedoras, con más financiación prevista en los próximos meses.

La iniciativa será presentada este lunes en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la activista contra el cambio climático Greta Thunberg y los representantes juveniles de las organizaciones.

En un comunicado, la OMS explica que «cientos de millones de jóvenes han tenido que dejar su vida en suspenso a causa de la pandemia». «El 90 por ciento de los jóvenes ha informado de un aumento de la ansiedad mental durante la pandemia; más de mil millones de estudiantes en casi todos los países se han visto afectados por el cierre de las escuelas; el 80 por ciento de las mujeres jóvenes están preocupadas por su futuro; y uno de cada seis jóvenes en todo el mundo ha perdido su trabajo durante la pandemia», detallan.

«La OMS se ha comprometido a garantizar que las voces, la energía y las soluciones ofrecidas por los jóvenes estén en el centro de la recuperación mundial de la COVID-19. Nuestra colaboración impulsará acciones de gran alcance dirigidas por los jóvenes para abordar los retos a los que se enfrentan sus propias comunidades, y también proporcionará plataformas mundiales para que su sabiduría e ideas sean escuchadas y se actúe en consecuencia», ha comentado el doctor Tedros.

Desde la interrupción de la educación y la pérdida de puestos de trabajo, hasta el deterioro de la salud mental y el aumento de la violencia de género, la Movilización Mundial de la Juventud apoyará a los jóvenes para que superen los retos creados por la pandemia de la COVID-19.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y familias reales, como la Reina de Malasia, el Presidente de Kenia, el Presidente de Ghana, el Vicepresidente de Nigeria, el Gobierno de Fiyi, el Primer Ministro de Bélgica, el Gobierno de Singapur, así como la Comisión Europea, USAID, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En la Cumbre Mundial de la Juventud, que se celebrará virtualmente del 23 al 25 de abril, se anunciarán más detalles y más apoyo gubernamental.

Financiado por el Fondo de Respuesta Solidaria de COVID-19, otros socios globales que apoyan la iniciativa son Salesforce, la FIFA, Special Olympics, ACNUR, Cambridge International, Peace First, Generation Unlimited e Influential.

Tedros inaugurará la Cumbre Mundial de la Juventud junto con los representantes de la Junta de Movilización Mundial de la Juventud. Contará con la participación de activistas juveniles de cientos de países, tres sesiones plenarias con oradores y más de 60 sesiones interactivas en las que participarán diversos socios.

«Este es un momento crucial para nuestra generación. La Movilización Mundial de la Juventud ofrece a los jóvenes la oportunidad de desempeñar un papel activo en la recuperación inmediata y a largo plazo del impacto de la COVID-19. Nuestras experiencias, creatividad y pasiones informarán las políticas y las decisiones que afectan a todas nuestras vidas, e insto a la gente a que solicite la financiación disponible. Juntos, como activistas, miembros de organizaciones centradas en la juventud, actores de la salud global y voluntarios de todo el mundo, estamos pidiendo que se actúe ahora», ha remachado Daisy Moran, representante de la Junta de Movilización Mundial de la Juventud.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que el Gobierno central haya acordado transferir al Ejecutivo vasco la competencia sobre la gestión de las prisiones y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de haber realizado «el mayor el ejercicio de desmembración de España» en el tiempo que lleva en Moncloa, y que se suma a las cesiones previas del PSOE y el PP, que han ido «regalando España a trozos» a los partidos nacionalistas de Cataluña y Euskadi.

Sánchez «ha hecho el mayor ejercicio de desmembración de España que se ha hecho en la historia de la democracia», ha declarado Arrimadas en un encuentro online online organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha participado junto al portavoz adjunto de Cs en el Congreso y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal.

A su juicio, es «una auténtica vergüenza» que el PSOE esté «otra vez desmantelando España por mantenerse» en el poder. «Unos años más de Sánchez en la Moncloa, unidos a todas las concesiones, regalos y cesiones que ha hecho el PP» a las fuerzas nacionalistas cuando ha gobernado, y «va a quedar poca España que repartir», ha señalado.

LAMENTA QUE PP Y PSOE NO QUIERAN CAMBIAR LA LEY ELECTORAL

Según Arrimadas, esta puede ser la consecuencia de la manera en que ha actuado el bipartidismo durante los últimos 40 años, pero se podría evitar cambiando el sistema electoral para que los escaños de partidos como el PNV no sean «tan decisivos» en el Congreso y no sirvan para «desarticular el país» a cambio de sus pactos con socialistas y ‘populares’. «Pero el PP y el PSOE quieren mantener esa ley electoral porque les beneficia», ha lamentado.

Así se ha referido al acuerdo entre el Gobierno central y el de Euskadi –que se aprobará el 10 de mayo en la Comisión Mixta de Transferencias– para que esta comunidad asuma la gestión de los centros penitenciarios a partir del 1 de octubre. Esta competencia, contemplada en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, será transferida junto a otras tres materias estatuarias pendientes de traspaso: el transporte por carretera, el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN.

Para Edmundo Bal, esto es algo «grave» y podría hacer que en Euskadi ocurra algo similar al «esperpento» que se ve en Cataluña, donde la Generalitat, que tiene transferidas las competencias de prisiones, ha concedido el tercer grado penitenciario a los presos condenados por el proceso independentista de 2017 y luego el Tribunal Supremo ha revocado esta decisión a instancias de la Fiscalía.

ESTO NO GUSTARÁ A LOS MADRILEÑOS, SEGÚN BAL

Además, ha indicado que el acuerdo se formalizará el 10 de mayo, después de las elecciones en la Comunidad de Madrid, porque el PSOE no quiere «fastidiar más» la campaña a su candidato, Ángel Gabilondo, haciendo que esta «concesión al nacionalismo» condicione el voto el 4 de mayo.

«Las concesiones que haya que hacer a Esquerra y a Junts per Catalunya el año que viene al negociar una nueva ley de Presupuestos, y cuando haya que contar con el apoyo de Bildu, nos las callamos ahora porque ya sabemos que a los madrileños no les sienta bien el nacionalismo excluyente», cree Bal que pensará Sánchez.

Por otro lado, el portavoz parlamentario de Ciudadanos ha criticado los últimos acercamientos de reclusos de ETA a cárceles del País Vasco o de provincias próximas. «Parece que el Gobierno está más preocupado por el bienestar de los presos que por la dignidad de las víctimas del terrorismo», ha manifestado.

Casi dos millones de españoles experimentan dolor de cabeza más de 15 días al mes, según ha comentado la Sociedad Española de Neurología (SEN) con motivo de la celebración del Día Nacional de la Cefalea, la cual supone el 25 por ciento de las consultas que se realizan a los neurólogos españoles.

En concreto, hasta un 89 por ciento de la población masculina y un 99 por ciento de la femenina asegura padecer o haber padecido dolores de cabeza. Además, la SEN también calcula que hasta el 46 por ciento de la población presenta algún tipo de cefalea primaria activa.

«En el 90 por ciento de los casos, el dolor de cabeza se debe a una cefalea primaria, es decir que se trata de un dolor de cabeza que no está asociado a otra enfermedad. Existen diferentes cefaleas primarias que se diagnostican basándose en aspectos como las características del dolor, su localización y la presencia o no de otros síntomas asociados que caracterizan a cada tipo de dolor de cabeza», ha dicho el coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN, Pablo Irimia.

Ahora bien, apostilla, dentro de las cefaleas primarias, al menos un 60 por ciento de la población padece cefalea tensional y un 14 por ciento migraña, lo que las convierte en los tipos de cefalea más frecuentes. Si algo caracteriza a las cefaleas primarias es que tienen una gran variabilidad interindividual con diferencias significativas entre quienes las sufren, pudiendo oscilar entre una cefalea ocasional en algunos pacientes, hasta crisis repetidas y frecuentes de gran intensidad que generan una gran discapacidad.

«Pero días como hoy sirven para concienciar de que para muchas personas, las crisis de dolor de cabeza provocan un gran impacto en el funcionamiento diario, tanto en aspectos físicos, emocionales y sociales, como con la familia, trabajo y relaciones sociales. Por lo tanto, estamos hablando de entidades que pueden ser muy discapacitantes, sobre todo cuando el dolor se cronifica», ha dicho el experto.

La presencia de cefalea crónica se asocia de forma consistente con una mayor discapacidad y pérdida de productividad, un mayor número de consultas médicas, hospitalizaciones y mayores costes económicos directos. Por otra parte, los pacientes con cefalea crónica y con uso excesivo de medicación analgésica presentan una puntuación inferior en los parámetros de medición de la calidad de vida.

Al mismo tiempo, cerca del 50 por ciento de los pacientes españoles que padecen cefalea crónica sufren migraña. Las migrañas son el tipo de cefalea que con más frecuencia provoca un uso excesivo de analgésicos como antiinflamatorios, paracetamol, opiáceos, cafeína y los triptanes. Se estima que cada año, un tres por ciento de los pacientes que padecen migraña de forma ocasional o episódica, pasan a padecerla de forma crónica.

«Es importante trasmitir a la población la importancia de consultar con su médico cualquier dolor de cabeza que tenga un inicio brusco o cuando se acompañe de otros síntomas como fiebre, pérdida de fuerza o alteraciones en el lenguaje o en la conducta, porque podemos estar ante algún tipo de urgencia neurológica. Pero también es importante consultar cuando nuestro dolor de cabeza empiece a ser recurrente o incapacitante», ha destacado Irimia.

Un diagnóstico y un tratamiento correcto del dolor de cabeza, «sin caer en la automedicación», permite un mejor control de la enfermedad, mejora la calidad de vida y sobre todo, evita que este se cronifique. A pesar de esto, la SEN estima que alrededor del 50 por ciento de los pacientes con cefalea se automedica con analgésicos sin receta y más de un 40 por ciento está aún sin diagnosticar.

CEFALEAS Y COVID-19

Aunque el número de pacientes con cefalea crónica vaya en aumento, según los últimos estudios que se han llevado a cabo en España, el número de pacientes que padece algún tipo de cefalea no ha variado en los últimos 20 años. En todo caso, y a pesar de que aún no existen datos que lo avalen, la pandemia por Covid-19 puede estar cambiando esta tendencia, al menos de forma puntual.

«El estrés emocional, los cambios en los hábitos de vida, las alteraciones en el sueño, son factores que con mucha frecuencia desencadenan dolor de cabeza, por lo que no sería extraño que en los próximos meses aparezcan estudios que señalen un aumento de la prevalencia de la cefalea entre la población», ha comentado Irimia.

En todo caso, enfatiza, estos mismos factores también actúan como agravantes del dolor de cabeza. «Por esa razón, ya hay varios estudios españoles que apuntan a que, al menos en los primeros meses de la pandemia, más del 70 por ciento de los pacientes sufrió un empeoramiento en su dolor de cabeza, tanto en intensidad, como en frecuencia», ha argumentado el experto.

Por otra parte, la Covid-19 puede causar cefalea y, de hecho, es uno de los síntomas más frecuentes pero también una de las secuelas más habituales entre las personas que ya lo han superado. Y, sobre todo en personas que padecen migraña, se ha visto que la Covid-19 ha empeorado el dolor de cabeza previo o que incluso ha incrementado su intensidad.

Desde el Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN se recomienda a todos los pacientes de cefaleas, la vacunación contra la Covid-19. Las vacunas son compatibles con todos los fármacos utilizados habitualmente para el tratamiento de los diferentes tipos de dolor de cabeza. Y más concretamente, no existe contraindicación en vacunar a las personas estén recibiendo tratamientos más específicos para su cefalea como la toxina botulínica o los anticuerpos monoclonales.