Vox ha anunciado este lunes que amplía la querella que presentó hace dos semanas por el mitin de Vallecas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por «ocultar» las detenciones de los escoltas vinculados a Podemos. Según alega, podría haber incurrido en un presunto delito de encubrimiento y otro de infidelidad en la custodia de documentos.

El pasado 15 de abril este partido ya interpuso una querella contra Marlaska ante el Tribunal Supremo por los incidentes violentos que tuvieron lugar en la llamada ‘plaza roja’ de Vallecas durante un acto de precampaña celebrado el 7 de abril. Alegó entonces presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y delito electoral.

Ahora la Vicesecretaría Jurídica de Vox que dirige Marta Castro ha presentado ante el Supremo un escrito por el que amplía esa querella, tras conocerse que Marlaska «conocía, al menos desde el 15 de abril, la investigación realizada sobre el acto de Vox en Vallecas, donde aparecían inculpados y detenidos al menos dos personas estrechamente vinculadas con Pablo Iglesias y Podemos».

VE UN DELITO DE POSIBLE ENCUBRIMIENTO

Tras subrayar que desde el Ministerio del Interior «no se comunicó nada al respecto», Vox ha presentado esa ampliación de querella por «presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, contemplado en el artículo 413 del Código Penal, y posible encubrimiento, artículo 451 del Código Penal».

Según ha informado Vox en un comunicado, el ministro «tiene una posición de garante respecto a la documentación y a la investigación y le alcanza la responsabilidad como autoridad». Además añade que la ocultación de estos datos «parece la connivencia para perjudicar» a la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y «favorecer a otras opciones políticas».

Y por ello, el partido que lidera Santiago Abascal solicita en su escrito que se considere además «desde la perspectiva del delito electoral, que hace que tenga aplicación el artículo artículos 139.1.ª7 de la LOREG».

Esta formación desconoce si la noticia del conocimiento de Marlaska no hubiera sido publicada, hasta cuándo estaría pendiente esta comunicación y en todo caso la remisión del atestado a la sede judicial correspondiente, cuestión que deberá ser investigada a la vista de la gravedad de los hechos con evidente trascendencia en el periodo electoral, y que motiva que deba ser contemplado el delito electoral», concluye Vox en el citado comunicado.

La Universidad de Navarra ha obtenido el respaldo de la Comisión Europea para liderar un consorcio de 23 instituciones españolas y portuguesas que crearán un observatorio para investigar los medios digitales y monitorizar las amenazas de la desinformación. Con una financiación de 1,47 millones de euros, IBERIFIER es uno de los ocho ‘hubs’ regionales que formarán parte del European Digital Media Observatory de la Comisión Europea.

El observatorio está integrado por doce universidades, cinco organizaciones de verificación y agencias de noticias, y otros seis centros de investigación multidisciplinar. El equipo que liderará el consorcio desde la Universidad de Navarra lo constituyen el investigador principal (IP) del proyecto, Ramón Salaverría, junto con Ángel Arrese, Ana Azurmendi, Mª Carmen Erviti, Javier Serrano, Pilar Martínez Costa, Bienvenido León y Charo Sádaba. Este proyecto se integra en la línea estratégica de investigación de la Universidad sobre ‘Sociedad y comunicación en el entorno digital.

El nuevo observatorio centrará sus investigaciones en cinco líneas de trabajo. En primer lugar, investigará sobre las características y tendencias del ecosistema ibérico de los medios digitales. También desarrollará tecnologías computacionales para la detección temprana de la desinformación. Además, verificará y desmentirá desinformación en el territorio ibérico, reportando a la Comisión Europea. Preparará también informes estratégicos sobre amenazas de desinformación, tanto para su conocimiento público como para las autoridades de España y Portugal. Por último, trabajará también en iniciativas de alfabetización mediática dirigidas a periodistas e informadores, jóvenes y la sociedad en su conjunto.

Según el catedrático de Periodismo Ramón Salaverría, la puesta en marcha de IBERIFIER «supone un hito en la investigación sobre los medios digitales, pues creará un observatorio de máximo nivel, compuesto por más de 70 investigadores, especializados en áreas como la comunicación digital, las ciencias de la computación y los datos, y el análisis estratégico».

IBERIFIER es uno de los ocho observatorios de medios digitales y desinformación recién aprobados por la Comisión Europea. Los otros siete son el Ireland Hub, de la Dublin City University (Irlanda); EDMO BE/NL, de Stichting Nederlands Institute voor Beeld en Geluid (Holanda); Central European Digital Media Observatory (CEDMO), de Univerzita Karlova (República Checa); NORDIS – NORdic observatory for digital media and information DISorders, de Aarhus Universitet (Dinamarca); Belgium-Luxembourg Research Hub on Digital Media and Disinformation (EDMO BELUCOX), de Vrije Universiteit Brussel (Bélgica); DE FACTO Observatory of Information, de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (Francia); y el Italian Digital Media Observatory, de la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Italia).

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dedicado este lunes, jornada de reflexión, a leer libros pendientes y a ver a sus hijos y a su nieto Mauro, de tan sólo tres meses.

En un encuentro con los medios, ha señalado que las elecciones de mañana son «muy importantes» y a preguntas de los periodistas ha respondido que ha comenzado el día leyendo alguno de sus libros acumulados, entre ellos ‘El hilo de oro’, de David Hernández de la Fuente, que compara los discursos políticos clásicos y los actuales, y sus influencias. Y ha puesto como ejemplo que el expresidente estadounidense Donalt Trump había utilizado algunas referencias de Pericles en sus discursos.

Asimismo, también ha dedicado la mañana a conocer las instalaciones del hotel en el que mañana harán el seguimiento electoral y comprobar «cómo se han concebido los espacios». «Me gustan que se hagan las cosas con sencillez y accesibilidad. Y las personas que trabajan a mi alrededor tienen ese concepto de las cosas», ha dicho.

Por último, el aspirante socialista también destinará un tiempo hoy a la familia «y que se acuerden que les quiero mucho». «Tengo dos hijos de treitaytantos, Tienen dos, pero eso no quiere decir que no tenga la ternura de siempre con ellos. Además, voy a ver a mi nieto Mauro, que cumple tres meses y hace veititantos días que no le veo y no quiere quedarme con la idea de que es una foto de Whatsapp», ha revelado.

Gabilondo quiere hacer este día festivo «la vida sencilla que siempre le ha gustado. Sin embargo, ha apostillado, no para de sonarle el teléfono, con personas dándole consejo y ánimo. «Supongo que eso le pasa a todos los candidatos. Como es jornada de reflexión, les digo reflexionar, pero no les digo lo que tienen que votar, porque no es día de ello», ha comentado.

Y preguntado por los medios que si va a tener algo de tiempo tras lo que ha indicado para descansar, el candidato del PSOE ha respondido que «no se acuerdo cómo era eso de descansar ni sabe cómo se hace». «Creo que muchas veces se hace tumbado y a ser posible consiste en no pensar demasiado en lo que te acucia. Yo no tengo ninguna queja del trabajo. Me preguntan si estaré cansado, pero mucha gente esta más cansado de trabajar y otros de no encontrar trabajo. Así que no voy a hacer ostentación de estar cansado», ha zanjado.

El juicio con jurado popular a dos hermanos acusados de matar a puñaladas a un hombre por una supuesta deuda de cinco euros en un parque de Maracena, en el área metropolitana de Granada, ha dado comienzo este lunes con la declaración de ambos procesados, que han reconocido los hechos.

Así lo han indicado fuentes del caso, después de la declaración de los dos hermanos, que ha tenido lugar, en el edificio de la Real Chancillería de la capital granadina, tras la constitución del jurado que enjuiciará este caso, en el que la Fiscalía pide inicialmente 19 años de prisión por supuesto asesinato.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha acogido, y tras cambios de última hora, el inicio del juicio este lunes, cuando en principio estaba previsto solo la constitución del jurado. Una vez han declarado los dos procesados, este martes está previsto que la jornada comience con la declaración de tres testigos, también en Plaza Nueva, según han precisado fuentes judiciales.

La sede de la Audiencia en la Chancillería será finalmente la que acoja todo el juicio, pese a que en principio se había previsto que desde este martes se celebrara en el edificio judicial de Caleta por razones de seguridad en el mantenimiento de las medidas estipuladas por las autoridades sanitarias para frenar la expansión del coronavirus.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, sobre las 20,30 horas del 24 de junio de 2019, la víctima, «portando un cuchillo», supuestamente «entabló una discusión» en dicho parque con un tercero por la mencionada deuda de cinco euros, que «huyó del lugar».

Más tarde, retornó a este lugar y uno de los procesados supuestamente «se abalanzó sobre él, le quitó el cuchillo, lo redujo e inmovilizó en el suelo», momento en que su hermano habría aprovechado para coger el arma blanca.

Entonces, según prosigue el fiscal, «con la intención de acabar con la vida» del que había iniciado la discusión, «lo apuñaló dos veces en la parte superior del muslo de la pierna izquierda», de tal modo que una puñalada alcanzó una profundidad de 13 centímetros y atravesó toda la masa muscular, y otra, de 16,5 centímetros, le «seccionó la femoral causándole la muerte».

En ese momento, la víctima «tenía totalmente anulada la posibilidad de reacción o defensa frente a sus agresores, ya que se encontraba reducido e inmovilizado en el suelo por la acción coordinada entre ambos acusados», finaliza el fiscal su relato de los hechos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que, salvo que el Gobierno central reconsidere su decisión de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, este próximo viernes firmará un decreto para adaptar las medidas preventivas frente al coronavirus a la nueva situación que se producirá una vez decaiga ese instrumento jurídico a partir del próximo lunes.

Urkullu, en declaraciones a los periodistas en una visita a unas instalaciones de Eroski en Vitoria, ha explicado que, si no se producen modificaciones importantes en la situación epidemiológica, el nuevo decreto mantendrá las restricciones actuales, aunque siempre «dentro de la capacidad» que tenga el Gobierno Vasco una vez se pierda la cobertura jurídica del estado de alarma.

En todo caso, el lehendakari ha reiterado su petición de que el estado de alarma se prorrogue y, en referencia a un posible cambio de postura del Gobierno central, ha recordado que aún quedan varios días hasta el 9 de mayo, por lo que permanece «a la espera».

SITUACIÓN «PREOCUPANTE»

Tras recordar que la situación epidemiológica sigue siendo «preocupante» a escala global, ha explicado que el Gobierno Vasco ya está trabajando para hacer «lo que está en su mano» para tratar de asegurar el mantenimiento de unas medidas que preserven la salud «individual y colectiva» en el caso de que se confirme el decaimiento del estado de alarma a partir del 9 de mayo.

El lehendakari ha reconocido que el Ejecutivo autonómico sigue «a expensas» de lo que pueda decidir el Gobierno central, del que depende plantear en el Congreso de los Diputados el mantenimiento del estado de alarma, una medida que ya ha sido descartada por el gabinete de Pedro Sánchez.

De esa forma, ha explicado que el Gobierno Vasco trabajará a lo largo de esta semana en la elaboración de un decreto que entraría en vigor el 10 de abril. El texto tendría el objetivo de adaptar las medidas preventivas frente a la pandemia a una situación en la que ya no se cuente con la cobertura del estado de alarma.

VIGENCIA DE HASTA SEIS SEMANAS

El decreto, que según ha indicado Urkullu debería aprobarse el viernes con el fin de que entrara en vigor el 10 de mayo, contemplaría las medidas que se consideran «eficaces» para evitar contagios, y tendría vigencia para un periodo de entre cuatro y seis semanas, según ha explicado Urkullu.

Aunque la firma de un texto de este tipo corresponde al propio lehendakari, Urkullu ha explicado que, al igual que viene haciendo con el resto de decretos de medidas frente a la pandemia, «compartirá» la decisión con el resto de instituciones representadas en el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (Labi).

NEGOCIACIÓN DE ALTERNATIVAS

El máximo responsable del Gobierno Vasco no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el PNV negocie con el Ejecutivo central una posible alternativa al final del estado de alarma a partir del 9 de mayo.

En todo caso, ha reafirmado que él sigue siendo partidario de la prórroga de este instrumento jurídico, una posición que –según ha destacado– también ha defendido públicamente la formación ‘jeltzale’. Urkullu ha explicado que no se han producido novedades respecto a la petición que dirigió por carta a Sánchez para alargar el estado de alarma.

Además, ha recordado que al igual que ocurriría con las fórmulas alternativas que plantea el PP, cualquier iniciativa que pudiera aprobarse al estado de alarma «no entraría en vigor» antes del 10 de mayo.

REFRENDO JUDICIAL

Respecto a la posibilidad de que el decreto que prepara el Gobierno autonómico ante el previsible fin del estado de alarma deba ser sometido al refrendo de los tribunales de justicia, ha rechazado pronunciarse sobre esta cuestión.

Sin embargo, ha recordado que ya existe la «experiencia» del pasado mes de octubre. En aquel momento, antes de aprobarse el estado de alarma que aún sigue vigente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la pretensión del Gobierno Vasco de prohibir las agrupaciones sociales de más de seis personas en lugares públicos y privados, al considerar que esta restricción afectaría al derecho fundamental de reunión y que carecía de cobertura legal

El lehendakari también ha afirmado, ante las peticiones de una «mayor claridad» en los parámetros jurídicos sobre las que se basan las medidas preventivas, que esto es algo que «no corresponde» al Ejecutivo vasco, sino al central, dado que se trata de un debate que afecta a derechos fundamentales.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar el día 13 de este mes un juicio contra un varón acusado de un presunto delito de provocación al odio y a la discriminación, por publicaciones en su perfil personal de la red social Facebook en las que instaba supuestamente «al ejercicio de la violencia contra cualquiera que identificara como ideología de derechas», con alusiones directas a diversos líderes del PP o Vox, hasta el punto de desearles «un tiro».

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Miguel Ángel M.A. «ha venido publicando» en su perfil personal en Facebook, titulado «miguelmuñoz (porelculoteden)», con 227 seguidores directos y 958 con percepción de todas sus entradas; mensajes «en los que manifiesta de forma inequívoca su desprecio y animadversión hacia cualquier persona o colectivo que se identificase con una ideología política de derechas, en concreto seguidores de Vox y del PP».

A tal efecto, el Ministerio Público desgrana toda una serie de publicaciones del acusado colgadas en Facebook entre el 30 de marzo de 2020 y el 24 de mayo de ese mismo año, es decir en pleno primer estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19.

En uno de ellas, por ejemplo, junto a una fotografía del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, incluía el comentario en mayúsculas «derecha, ar!!», tachándole de «impresentable» y achacándole un «complot con los bárbaros e hijos de puta de Vox». En otra de las publicaciones, apostaba por que el Gobierno crease «un grupo paramilitar» que se «cargase uno a uno con un tiro en la cabeza a toda esa gente del PP y Vox».

También habría dedicado una entrada al expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, con una fotografía del mismo y el mensaje «tiro en la cabeza o bomba bien puesta, no como te la pusieron».

«QUE LES PEGUEN UN TIRO EN LA CABEZA»

Igualmente, en otro de sus comentarios habría descrito como «puta» y «asesina» a la derecha, mientras en otro habría llamado a señalar públicamente a los votantes de Vox para «que les peguen un tiro en la cabeza». «Estos hijos de puta, como sus votantes, se merecen no vivir ni un minuto más», remataba dicho comentario.

En otra de sus publicaciones, acompañaba una fotografía de la presidenta de la comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, indicando que le «gustaría que alguien o un grupo le pegase un tiro», descalificándola como «pedazo de bazofia» e insultando a sus familiares.

En esa misma línea, en otro mensaje acompañaba una información con declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, sobre la excarcelación de presos de la banda arma ETA, ya disuelta, exponiendo que él es «más de tiros» y desearía «que no se equivocaran nunca a la hora de seleccionar y no dejaran uno vivo».

«IR A LOS REMEDIOS A DAR PALIZAS»

«Una bomba para todos esos hijos de puta fachas», figuraría en otra de las publicaciones señaladas por la Fiscalía; mientras en otro comentario el acusado apostaría por «formar patrullas e ir a Los Remedios a dar palizas»; y en uno más difundía una imagen del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, abogando por «que vuelva ETA y le pegue un tiro en la cabeza».

«El acusado pretendía fomentar el odio y la hostilidad de quienes le leyeran, contra cualquier que identificara como ideología de derechas, instando al ejercicio de la violencia contra todos ellos», resume el Ministerio Público, apreciando un presunto delito de provocación al odio y a la discriminación, por el que reclamara para Miguel Ángel M.A. tres años de prisión, una multa de 3.000 euros, la eliminación de los comentarios señalados y el cierre de su perfil de Facebook.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este lunes que Galicia estará «muy atenta» a la actuación del Gobierno que dirige Pedro Sánchez con respecto a las reformas legislativas de otras comunidades autónomas, después de que la reforma de la norma gallega fuese recurrida al Tribunal Constitucional y ahora esté suspendida en lo que respecta al apartado segundo del artículo 38 (38.2).

En respuesta a los medios en Pontevedra, en donde presidió la ampliación del hospital de Montecelo, Feijóo se ha referido a que ahora «se abre una nueva etapa», cuando se confirme el fin del estado de alarma el próximo día 9. En este sentido, ha indicado que hay que esperar a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) –en donde están representadas las comunidades y el Estado– del próximo miércoles para determinar las medidas que seguirá la Comunidad gallega.

Hasta ahora, como recordó el propio Feijóo en su intervención, fuera del estado de alarma Galicia encontró el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ratificó medidas como cierres perimetrales. El primero de España, de hecho, se hizo en la comarca de A Mariña en julio de 2020.

Feijóo destacó la «experiencia» de la Xunta a la hora de motivar las medidas y reconoció la experiencia «siempre positiva» en cuanto a las sentencias del alto tribunal gallego, lo que atribuyó a que «ciertamente» el comité clínico y el Sergas «siempre motivan sus decisiones en base a criterios epidemiológicos» y «lo hacen de forma clara, amplia y concreta», con una «metodología concreta».

Dicho esto, se ha mostrado expectante ante lo que va a ocurrir, también en comunidades como Euskadi o Cataluña, ante las nuevas normativas sanitarias. «Me gustaría saber qué va a hacer el Gobierno central con las leyes que se van a aprobar», ha manifestado, para advertir de que Galicia estará «muy atenta» ante lo que ocurra, después de la suspensión del artículo 38.2.

El mandatario autonómico se ha quejado, de nuevo, de que las comunidades se quedan sin un «instrumento» para adoptar medidas y, singularmente, se ha referido a Galicia por también tener suspendido un apartado de su normativa sanitaria, aprobada en febrero.

PUBLICADO EN EL DOG

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes la confirmación de la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado, que salió recogido en el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves 29.

De esta manera, y tal y como recogía la providencia del Tribunal Constitucional (TC) en el recurso con petición de suspensión presentado por el Gobierno central, una vez completado este trámite, ha entrado en vigor la paralización de la ley con efectos a terceros. Por ejemplo, las multas siguen vigentes, pero no en cuanto a los artículos suspendidos.

Paralelamente, se abrieron negociaciones entre los gobiernos central y autonómico en el marco de la comisión bilateral. La última novedad se remonta a un texto interpretativo que propuso la Xunta al Ejecutivo central, que permitiría la retirada del recurso de inconstitucionalidad y evitaría la reforma del texto legislativo.

Con todo, fuentes de la Xunta han ratificado que por el momento no se ha recibido contestación por parte del Gobierno central y, por lo tanto, no hay avances en las conversaciones.

Isabel Bonig ha movido ficha este lunes al anunciar que decide no presentarse al congreso autonómico para seguir como presidenta del PPCV, pese a que, de forma reiterada, había anunciado su intención de hacerlo. Con este movimiento deja atrás seis años intensos como líder de la oposición desde que en julio de 2015 se puso al frente del partido en un momento muy complicado, tras la derrota electoral que puso fin a 20 años de hegemonía ‘popular’.

Esta política «guerrera», como le gusta definirse, ha mostrado durante estos años su orgullo por ser «de derechas, española y valenciana» y no ha dejado de defender una oposición útil y basada en la gestión frente al tripartito del Botànic o ‘Titanic’ –como han acuñado desde el PPCV– que comparten PSPV, Compromís y Unides Podem.

La decisión se ha dado a conocer en un comunicado, sin que Bonig haya hecho declaraciones, en el que se anuncia una junta directiva del PPCV para este jueves, 6 de mayo, para trasladar la propuesta de acuerdo de convocatoria del congreso regional.

Mientras desde ‘Génova’, la sede del PP nacional, se ha agradecido a Isabel Bonig su «esfuerzo» y «dedicación» al frente del PPCV y se ha subrayado, en día festivo y previo a las elecciones a la Comunidad de Madrid, que Bonig seguirá siendo un «actor clave para el partido a nivel autonómico y nacional».

Desde la dirección nacional se apunta como relevo a Carlos Mazón, presidente de la Diputación y del PP de Alicante. Un candidato que ya se ha postulado es el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya.

En unos días con menos agenda, fue notoria la apelación de Bonig a los «satélites de Génova» de la semana pasada. Sin especificar a quién se refería, les pidió «tranquilidad» porque los veía «muy preocupados y con demasiada prisa para que se convoque el congreso regional del partido». «Yo hablo con Génova y a mí no me han dicho nada», recalcó el pasado martes, mientras advertía que «no por apretar más» se celebrará antes.

En los últimos meses, muchos han sido los rumores respecto a su sustitución por Carlos Mazón. De hecho, en una entrevista en enero, consideraba que el presidente de la Diputación de Alicante no era un «rival político» sino un «aliado».

Bonig ha destacado por su defensa de las primarias en un partido que no celebraba habitualmente. De hecho, las considera un «revulsivo»: «Yo soy una gran defensora de la política americana y anglosajona y de la libertad». De cara a los militantes, solo pedía «dos cosas»: «Los que ganaban tenían que tener generosidad con la gente que no les votó y los que perdieron tenían que tener la responsabilidad y la lealtad con quien ganase».

Respecto a Pablo Casado, Bonig afirmaba que «siempre ha tenido y sigue teniendo» una «muy buena relación» y destacaba que «siempre ha valorado el trabajo que se ha hecho en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana». «Me consta que lo hace en público y en privado», explicaba.

‘LA THATCHER DE LA VALL D’UIXÓ’

‘La Thatcher de la Vall d’Uixó’, un apelativo que aceptó con gusto como admiradora de la ‘Dama de Hierro’, no ha ocultado que le encantan los mítines y el «cuerpo a cuerpo», que es «hija de socialista», que estudió Derecho por vocación y que siempre que puede disfruta del FIB porque le encantan grupos como The Killers.

«Mediterráneo, libertad y British rock», reza su biografía de Twitter y ha mostrado también su gusto por el rock reivindicativo vasco. De hecho, en televisión se la ha visto entonar el ‘Sarri, sarri’ de Kortatu.

La todavía presidenta del PPCV cogió las riendas del partido en 2015 y se convirtió en la primera mujer en dirigirlo, en sustitución de Alberto Fabra y en un momento difícil para los ‘populares’ tras perder el gobierno de la Generalitat después de más de 20 años. Y lo hizo también asumiendo la portavocía del PP en Les Corts para ofrecer un discurso unitario en el partido y el grupo parlamentario.

El nombre de Bonig tiene mucho peso en Castellón, donde nació, y cobró relevancia cuando el ‘expresident’ Francisco Camps la nombró consellera de Infraestructuras en 2011. Así, fue consellera en la legislatura en la que Camps tuvo que dejar la Presidencia de la Generalitat, a los pocos días de revalidar el cargo, por el conocido como ‘caso de los trajes’.

Isabel Bonig, de 51 años, fue dejándose ver más en el partido durante los años previos, en los que compaginó la alcaldía de la Vall d’Uixó con la coordinación del partido. Así, entre los congresos de 2008 y 2012, desempeñó esta responsabilidad junto a Mª José Catalá –actual portavoz del PP de València–, Rita Barberá –exalcaldesa fallecida en 2016– y Mercedes Alonso.

Fue tras las elecciones de 2015 cuando asumió tanto la presidencia del partido como la portavocía del grupo ‘popular’, una decisión que adoptó el PP valenciano «por aclamación» en sustitución de Alberto Fabra, que renunció al cargo.

Dos años después fue reelegida en el XIV Congreso del PPCV con el 94,49% de los votos. Era la única candidata tras el proceso de primarias al que inicialmente también se presentó el expresidente de NNGG José Luis Bayo, quien se retiró ante acusaciones de falta de juego limpio a la dirección. «Hoy dejamos atrás lo peor del pasado, recordamos solo lo bueno del pasado y empieza el futuro. Así que a trabajar y a por ellos», proclamó Bonig entonces.

«MANO TENDIDA» Y «CLIN CLIN»

En estos últimos cuatro años se ha dedicado a lo que ella define como «política en mayúsculas» basada en defender el «progreso» económico de los valencianos, ante una Generalitat que ve desnortada y perdida en sus batallas internas. Se ha mostrado especialmente combativa en defender la «doble alma» de los ciudadanos de la Comunitat, como valencianos y españoles, ante los «ataques al castellano».

Bonig ha repetido que el PP ofrece la «mano tendida» al ‘president’ Ximo Puig para mejorar su gobierno, una idea que ha venido reforzando especialmente este último año desde el estallido de la pandemia y en el que las críticas más repetidas han sido por la «falta de gestión» sanitaria y económica y los «ximoanuncios».

Otro de los puntos de fricción entre Bonig y Puig es la investigación al hermano del ‘president’, que utiliza habitualmente en sus intervenciones en Les Corts, para el que suele utilizar una onomatopeya: «Clin, clin». «Clin, clin, clin, cae la subvención, a ver si clin, clin, clin, cae el hospital», ironizó en un pleno en el que acusó a Puig de otorgar más subvenciones a su hermano que a la rehabilitación del Hospital Militar de Mislata.

«ACTOR CLAVE PARA EL PARTIDO»

En su despedida, la dirección nacional del PP ha agradecido a Bonig su «esfuerzo» y «dedicación» y ha subrayado que seguirá siendo un «actor clave para el partido a nivel autonómico y nacional».

Queda por dirimir desde dónde ejercerá este papel ya que, ahora, al no revalidar la presidencia del PPCV se abren cuestiones sobre su futuro y si se mantendrá al frente del grupo parlamentario en Les Corts o si cederá el mando a otro u otra diputada. Mientras llega el congreso, mantiene el cargo de presidenta del PPCV. Así también lo refleja su biografía de Twitter, donde añade: «Dicen que gano de cerca y sé que no me rindo ni de lejos».

La Policía Nacional detuvo la semana pasada a diez personas como presuntas integrantes de un ‘talde’ de ‘kale borroka’ del entorno de Gazte Koordinadora Sozialista-GKS, según ha informado el propio Cuerpo Nacional de Policía.

La investigación se viene desarrollando desde hace aproximadamente un año para determinar la actividad presuntamente delictiva de varios jóvenes que conformarían un grupo de ‘kale borroka’, con carácter de grupo criminal, dedicándose supuestamente de forma prolongada en el tiempo a la comisión de hechos violentos de una forma organizada y coordinada, llevando a cabo sabotajes y ataques contra diversos objetivos, según ha explicado la Policía Nacional. Aunque las detenciones tuvieron lugar la semana pasada, ha sido este lunes cuando la Policía ha informado de ellas.

El análisis de la información, datos y evidencias obtenidas durante el tiempo que ha durado la investigación ha permitido identificar, entre otros, a los presuntos dinamizadores de estos sabotajes y altercados en los que se atacaron cinco sucursales bancarias y dos comercios, además de cruzar y quemar contenedores y atacar con piedras y otros objetos contundentes a la policía, «todo ello de una forma organizada y con una perfecta planificación de guerrilla urbana», ha añadido la Policía Nacional.

La actividad delictiva del grupo investigado «estaría al parecer directamente ligada a la militancia de sus miembros en organizaciones políticas secesionistas radicales, concretamente al entorno de la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), organización juvenil incardinada en el sector disidente más radical de la izquierda abertzale, simpatizando con la causa de Amnistía Ta Askatasuna (ATA)», ha explicado la Policía Nacional.

En el transcurso de las detenciones se han realizado tres registros en domicilios de algunos de los detenidos, en los cuales se han intervenido entre otros efectos, manuales para la confección de explosivos, un esquema gráfico para la confección de cóctel molotov tipo químico, cinco cohetes modelo trueno, un puño americano, dos defensas extensibles metálicas, información para evitar el control policial, propaganda de GKS y numeroso material informático.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Información, en coordinación con la Comisaría General de Información, siendo dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, que decretó el secreto de las mismas. Tras pasar a disposición judicial, los detenidos fueron puestos en libertad con cargos.

Entre otros hechos violentos presuntamente llevados a cabo por este grupo la Policía Nacional ha destacado la violencia desplegada en los incidentes ocurridos en la tarde-noche del 7 de noviembre de 2020 en el barrio de la Rochapea, después de haberse celebrado una manifestación en el Casco Viejo de la ciudad, convocada por la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS). Finalizada la misma, un numeroso grupo de manifestantes presuntamente dirigidos y coordinados por varios de los detenidos, se trasladó al barrio de la Rochapea, donde encapuchados protagonizaron graves incidentes de orden público, conformando barricadas y atacando a la policía que acudió al lugar de los hechos a controlar los incidentes.

Durante los citados disturbios, los manifestantes dirigidos presuntamente por algunos de los detenidos atacaron un cajero de una entidad bancaria en cuyo habitáculo se había refugiado un matrimonio con sus cuatro hijos menores de edad, los cuales padecieron un episodio de pánico por la situación vivida, al sufrir la entidad el lanzamiento de piedras, botellas y objetos contundentes, así como el golpeo de los cristales con un martillo. A raíz de este suceso, uno de sus hijos de muy corta edad se niega a pasar desde entonces por el lugar debido al pánico generado al recordar los hechos.

La Policía Nacional ha explicado que el núcleo más radical y beligerante de este grupo criminal compuesto de cuatro personas conformaba la base de otro grupo más amplio de individuos conexos con los investigados, los cuales participaron al parecer de forma conjunta con todas o parte de las acciones violentas o agresiones que se han registrado en la investigación.

«El citado ‘talde’, integrado en estas estructuras de la disidencia más radical de la izquierda abertzale, conformaría un ‘grupo criminal’, moviéndose en los espacios políticos de estas otras organizaciones, desarrollando su actividad violenta hasta el punto de hacer de ella una forma de vida, dedicándose de forma prolongada en el tiempo a la comisión de hechos violentos de una forma organizada y coordinada, llevando a cabo ilícitos penales principalmente sabotajes: desórdenes públicos, quemas de contenedores, daños en mobiliario urbano y enfrentamientos contra la Policía», ha añadido el Cuerpo Nacional de Policía.

En el transcurso de la investigación se ha ido constatando la actividad de los investigados quedando patente su compromiso y militancia en la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), participando en numerosos actos de dicha plataforma juvenil abertzale u organizando y publicitando los mismos, según ha señalado la Policía Nacional.

Asimismo, tanto de las actuaciones practicadas previamente, como una vez judicializada la investigación, se han venido acumulando una serie de indicios y hechos constatados que vienen a determinar las características del grupo investigado.

Por un lado, la existencia de un grupo radical violento, conformado por los cuatro principales investigados, que se conciertan eventualmente para la comisión de ilícitos penales contra el orden público, más allá de la mera codelincuencia.

Por otro lado, un objetivo criminal común, consistente en la comisión de hechos violentos de una forma organizada y coordinada, llevando a cabo ilícitos penales, principalmente desórdenes públicos, quemas de contenedores, daños en mobiliario urbano y enfrentamientos contra la Policía.

Otra de las características del grupo es su estabilidad en el tiempo, avalada por la propia genealogía del grupo y sus componentes, fuertemente cohesionados por la amistad que les une desde la infancia y por hechos tales como su militancia en diferentes estructuras de la izquierda abertzale radical (actualmente en la Gazte Koordinadora Sozialista -GKS) y por su pertenencia al grupo Indar Gorri.

Otros rasgos que cita la Policía Nacional son la existencia de una estructura donde claramente se evidencia el liderazgo de alguno de sus miembros y la planificación previa de las acciones violentas. Uno de los detenidos asumió la responsabilidad impartiendo instrucciones claras en los incidentes del pasado 7 de noviembre, ordenando qué objetivos atacar, cuándo, dónde y cómo, lugares donde conformar las barricadas o momento de atacar a la policía.

La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de los electores casi cinco millones de mascarillas quirúrgicas, además de 124.000 FFP2 para los miembros de las mesas, así como 55.000 litros de gel hidroalcóholico, dos millones de guantes y 45.000 pantallas de protección facial.

El consejero de Sanidad del Gobierno regional, Enrique Ruiz Escudero, ha informado este lunes, a través de una rueda de prensa celebrada en Ifema Madrid, donde está situado el Centro de Difusión de Datos de los comicios autonómicos, de que un dispositivo de 3.300 efectivos de limpieza se encargarán de la desinfección de los locales electorales cada tres horas; 2.168 personas encargadas de distribuir las mascarillas; y 4.032 representantes de la Administración que velarán para que la jornada electoral transcurra con «normalidad y seguridad».

Además, se dispondrá de un equipo humano formado por 18.000 personas, de las que 2.800 son responsables Covid que han recibido formación específica para realizar su labor durante la jornada electoral y que estarán dotados de equipos móviles para la gestión y el control de incidencias.

Entre otras funciones, se encargarán de controlar el acceso ordenado y el flujo de los votantes dentro el local electoral, velar por el cumplimiento de las distancias y el resto de medidas de seguridad.

Igualmente, dentro del protocolo, se han entregado 7.300 bandejas ‘porta-documentos’, para colocar el DNI y evitar así el contacto físico entre los electores y los miembros de las mesas electorales; 4.500 carteles informativos; y 254.000 metros lineales de señalética para facilitar el mantenimiento de las distancias de seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Escudero ha explicado que en los locales electorales se respetarán las distancias mínimas interpersonales de seguridad entre todas las personas presentes, tanto en los accesos como en las zonas de votación, se mantendrán las ventanas y puertas abiertas y en las mesas se establecerán distancias mínimas de seguridad entre los votantes y las personas integrantes.

La Comunidad de Madrid ha recomendado a las personas vulnerables y a los mayores de 65 años que acudan a votar preferentemente en la franja horaria de 10 a 12 horas y ha aconsejado a las personas con enfermedad activa o con sospecha de Covid-19 que acudan preferentemente de 19 a 20 horas.

Asimismo, aunque se debe acudir a votar sin acompañantes, habrá excepciones para aquellos que requieran el auxilio de otra persona por razones de disfuncionalidad, o bien en el caso de los menores que estén a cargo del votante.

Para minimizar los contactos, los electores colocarán su documento identificativo sobre una bandeja con la foto hacia arriba y mostrarán el sobre a los miembros de la mesa para que puedan comprobar que solo hay un voto. No se deberán retirarán la mascarilla a excepción de que la mesa se lo requiera para facilitar su identificación.

Si durante el proceso alguno de los presentes en el interior del local electoral manifiesta síntomas de infección por Covid-19, el responsable de seguridad sanitaria le acompañará a una sala habilitada para el aislamiento de posibles casos de infección y se activará el protocolo correspondiente por sospecha de contagio.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que este fin de semana ha habido un «punto de inflexión» para desencallar la negociación con Junts, por lo que los republicanos descartan por ahora plantear un Govern en solitario pese a que se haya superado la fecha límite que habían marcado para alcanzar un acuerdo.

«Podemos afirmar que, eso sí con cierta prudencia, este fin de semana ha sido un punto de inflexión en la dirección adecuada», ha dicho este lunes en rueda de prensa telemática, después de que ERC avisara de que, si antes del sábado 1 de mayo no había acuerdo con Junts, se tendrían que explorar vías alternativas, como un Govern en solitario de los republicanos.

Vilalta ha asegurado que en la reunión del sábado en la prisión de Lledoners (Barcelona) se produjo un cambio de tendencia en la negociación y que se constató que se puede lograr un pacto pronto, de manera que han decidido dar más «margen» de tiempo a Junts para llegar a un acuerdo, que confía en que se produzca en las próximas horas o días.

Preguntada por qué se desencalló en el encuentro de Lledoners del sábado, la dirigente republicana ha rechazado concretar qué se ha avanzado para mantener la discreción de las negociaciones, pero ha destacado que, según ella, en esa reunión se vio un cambio en la «voluntad» de Junts de llegar a un acuerdo.

«Lo que identificamos es este cambio de tendencia, esta voluntad de desbloquear el acuerdo. Esto es lo que pasa el sábado. Un punto de inflexión sobre todo en la voluntad negociadora de Junts. Por tanto, esto es lo que hace podernos dar este margen, de ver que lo que hasta ahora se había podido ver como un bloqueo ahora se abre y hay la posibilidad de desbloquear», ha destacado Vilalta.

Al constatar este cambio, los republicanos han optado por «aparcar» por ahora la posibilidad de explorar un Govern en solitario, una opción que planteó Junts por primera vez, y que los republicanos querían poner sobre la mesa de la negociación si se superaba el 1 de mayo sin acuerdo.

La portavoz de ERC ha sostenido que conceden a Junts el margen de tiempo que, según ella, les han pedido para cerrar el pacto, pero ha pedido no alargarlo más: «Si puede ser mañana, mejor que pasado mañana».

En este sentido, ha insistido en que ya se ha perdido mucho tiempo desde las elecciones del 14 de febrero y ha lamentado que se podría haber desbloqueado antes la negociación, por lo que ha argumentado que es urgente acabar de cerrar el pacto y no dilatarlo por «dinámicas internas» de Junts.

RESPONDE A ARTADI

Al ser preguntada por que la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, haya dicho en rueda de prensa que no cree que haya habido un punto de inflexión este fin de semana en la negociación con ERC, Vilalta ha expresado su respeto por cualquier opinión pero ha advertido de que «sería irresponsable llevar la investidura y la formación del Govern hasta el límite».

Asimismo, ha avisado de que, pese a que ahora descarten plantear un Govern alternativo, si no se acaba de cerrar el acuerdo, pondrán alternativas sobre la mesa: «Son las alternativas que nosotros obviamente si no se desencalla este acuerdo trabajaremos para evitar unas elecciones».

La portavoz del PSC, Alícia Romero, ha asegurado este lunes que ERC no tiene credibilidad cuando afirma que puede cerrar pronto un acuerdo con Junts, y ha pedido a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, abrir una ronda de consultas para proponer a su líder en la Cámara, Salvador Illa, como candidato a la Presidencia del Govern.

«ERC está acomplejada y no quiere darse cuenta de la realidad: un Govern con Junts está fracasado y no funcionará», por lo que le piden mirar hacia la alternativa de una mayoría de izquierdas liderada por Illa, ha dicho en rueda de prensa tras la comisión ejecutiva del partido, que ha aprobado un documento para refundar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

Romero ha remarcado que «estaría bien que la presidenta Borràs hiciera su trabajo y empezara una ronda de consultas más allá de si hay acuerdo o no hay acuerdo», lo antes posible, y ha recordado que propuso la candidatura de Pere Aragonès (ERC) cuando no tenía los apoyos suficientes y que quieren proponer a Illa para que pueda defender su propuesta ante el pleno.

ELECCIONES EN MADRID

Ha pedido que «los demócratas y la gente de izquierda» vayan a votar a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid de este martes y, preguntada por la actitud de la presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que «ha dado algunas muestras que no son razonables para una presidenta».

«Me parece que el tono, la bronca, el desprecio por la democracia y por quienes piensan diferente no tienen espacio en la democracia, y esperamos que pueda haber un cambio y volvamos al prestigio y al respeto de las instituciones», y ha acusado al PP de haberse sentido cómodo con la actitud de Vox y con la polarización de la campaña.

REFUNDAR LA CCMA

El documento sobre la CCMA afirma que «lejos de trabajar para todos los catalanes, parece sentirse cómoda en ser un instrumento de la estrategia independentista», algo que la ha alejado de sus misiones de servicio público, según los socialistas, que quieren refundarla con 12 medidas que incluyen renovar los órganos de gobierno de la CCMA y el Consejo de lo Audiovisual.

Romero ha explicado que proponen articular una plataforma de contenidos y vídeo bajo demanda con otros operadores públicos del Estado, y otra con Comunidades Autónomas en las que se habla catalán: «Es una propuesta que no está suficientemente trabajada, pero estamos convencidos de que tendrá el interés de otras Comunidades Autónomas».

También piden «restablecer las misiones de servicio público que la Ley de la comunicación audiovisual de Cataluña encomienda a la CCMA»; incrementar los ingresos de publicidad; mejorar los mecanismos de control y evaluación, y ser clave en la construcción del hub audiovidual de Barcelona, aprovechando las oportunidades de los fondos europeos.

Apuestan por avanzar en la transición digital de los medios públicos catalanes; «reconstruir los vínculos de confianza con el conjunto de la sociedad catalana», y promover una reestructuración técnica para una redacción única, y una reestructuración organizativa con la externalización de servicios a empresas especializadas para impulsar el ecosistema audiovisual.

Romero ha destacado que el PSC considera que los medios públicos catalanes han entrado en una cierta decadencia y que, si se quiere asegurar su continuidad en el futuro, se deben refundar para adaptarlos a los nuevos tiempos: «Si nos quedamos como estamos, probablemente la decadencia nos vaya llevando hacia la muerte».

El PSC quiere que el documento aprobado por su comisión ejecutiva –a la que ha asistido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet– se amplíe con aportaciones de otros actores y grupos parlamentarios, y lo enviarán a ERC y Junts, que han sido los que «más se han interesado» por el asunto, ha explicado Romero.

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha asegurado que «no ha habido un antes y un después del 1 de mayo», cuando ERC había fijado un ultimátum para llegar a un acuerdo de Govern, y ha sostenido que en las reuniones los republicanos no les habían trasladado este plazo.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática este lunes, después de que la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, haya afirmado que este fin de semana ha habido un «punto de inflexión» para desencallar la negociación con Junts, por lo que los republicanos han descartado plantear por ahora un Govern en solitario.

«No tenemos la sensación de que haya pasado nada extraordinario», ha replicado Artadi, que ha asegurado que todas las reuniones ayudan y son un avance, pero ha descartado definir como punto de inflexión las mantenidas este fin de semana.

«No sé si es una manera de justificar un ultimátum, que en realidad no estaba en las reuniones», ha apuntado la vicepresidenta de Junts, que ha insistido en que ERC no les ha hablado nunca de plazos en las negociaciones y que se enteraron del ultimátum por los medios de comunicación.

«NUNCA» SE HA HABLADO DE GOVERN EN SOLITARIO

Ha sostenido que todo el trabajo que han hecho en las negociaciones ha sido en el marco de formar un gobierno en coalición, por lo que ha descartado valorar un escenario de Ejecutivo en solitario de los republicanos en el que Junts diese apoyo externo, y ha explicado que ERC «nunca ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un Govern en solitario».

Artadi ha constatado que aún no hay acuerdo ni fecha para la investidura, pero se han abierto más carpetas este fin de semana, y ha explicado que el acuerdo lo deberá validar la Ejecutiva de Junts y después «se llevará a consideración de las bases del partido», aunque aún no han abordado el formato.

Sobre si esta validación y votación de las bases podría coincidir con el congreso extraordinario que celebrará Junts este fin de semana, Artadi ha explicado que ya está fijado el orden del día y no prevé que «se aproveche una cosa con otra», porque la validación de las bases se podrá hacer de forma telemática.

ACUERDO EN «3 O 23 DÍAS»

Sobre si el pacto podría llegar en días, la vicepresidenta de Junts ha dicho que es una obviedad porque la fecha límite es el 26 de mayo: «No sé decir si son 3 o 23 días. No hemos pedido dos días o cinco días más», ha dicho al ser preguntada por las palabras de Vilalta, que cree que el acuerdo podría llegar en las próximas horas o días.

Ha concretado que la carpeta de la estrategia independentista no está cerrada y siguen trabajando en este ámbito, y sobre el documento de estructura de Govern que entregó ERC a Junts la semana pasada, Artadi ha dicho que están haciendo trabajo interno y que «en breve» trasladarán su respuesta a los republicanos.

La semana pasada hubo una negociación «intensa» en los grupos sectoriales sobre los puntos sociales del acuerdo y esta semana se abordará la carpeta económica, y Artadi ha deseado que pronto lleguen a un acuerdo cuando se cierren los flecos que asegura que aún están abiertos.

«La apuesta de Junts es tener acuerdo de coalición y un buen acuerdo, el riesgo es no tener acuerdo», ha subrayado Artadi, que ha insistido en que no quieren poner fecha a un acuerdo y que el único límite es el 26 de mayo.

La Comunidad de Madrid ha habilitado una aplicación móvil, tanto para iOS como Android, así como una web específica, accesible desde la página del Ejecutivo autonómico, a través de la que los ciudadanos podrán obtener información a tiempo real sobre los comicios.

Estas herramientas facilitarán los datos sobre la apertura y cierra de las mesas electorales, la participación o los resultados electorales, entre otros cuestiones, ha informado la consejera de Presidencia del Gobierno regional, Eugenia Carballedo, en una rueda de prensa ofrecida desde el Centro de Difusión de Datos instalado en Ifema Madrid.

Además, tanto la web como la aplicación móvil, disponen de un ‘configurador de pactos’, un mapa interactivo con la información de las candidaturas más votadas en cada municipio, y una herramienta de control de aforos en los colegios electorales en tiempo real que permitirá a los ciudadanos «elegir el momento más adecuado para acudir a votar».

Igualmente, la web servirá para conocer el histórico y realizar búsquedas de todas las votaciones generales, autonómicas y locales realizadas en la comunidad autónoma a través de una aplicación en ‘Power BI’. Carballedo también ha destacado la implementación de las «últimas tecnologías», tanto en el Centro de Procesamiento y Difusión de Datos, donde se han incorporado los avances «más novedosos para una gestión y tratamiento de datos ágil y transparente» y una difusión clara y dinámica de los mismos.

ROBOT ‘SOPHIA’

Otra de las novedades es la incorporación de la Inteligencia Artificial como apoyo para los medios de comunicación y los 161 periodistas acreditados. Se trata del robot ‘Sophia’ que se constituye como un componente tecnológico más dentro del nuevo concepto digital que representa la sala de prensa diseñada para estas elecciones.

«Sophia es un robot que utiliza Inteligencia Artificial para ofrecer respuestas a distintos bloques de información del proceso electoral: principales magnitudes y novedades, medidas de protección sanitaria, o información sobre voto por correo y voto accesible», ha explicado Carballedo.

De forma adicional, ‘Sophia’ accederá a datos de avances de participación con el fin de poder contestar a los medios de comunicación sobre la participación detallada por municipios en cualquier momento.

El PSOE ha presentado este lunes una denuncia ante la Junta Electoral Central contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su directora general de Medios de Comunicación, Sandra Fernández, por la «manifiesta, clara y reiterada vulneración de la objetividad, neutralidad y la igualdad de armas» en los actos del 2 de Mayo que ayer presidió, además de por su «reincidencia y desobediencia» a las administraciones electorales.

El partido de Ángel Gabilondo considera que se trata de una «infracción reiterada y grave» del artículo 50.2 de la LOREG, por «infracción de la neutralidad de los poderes públicos», y solicitan que, a la vista de los comicios de mañana 4 de mayo, solicitaron que estar reclamación sea resuelta «con carácter de urgencia» antes de mañana «para el conocimiento de todos los madrileños».

La pasada semana la Junta Electoral Central (JEC) le abrió dos expedientes por cuestiones similares en otros actos institucionales y, previamente, había sido apercibida en otras tres ocasiones. «Supone una desobediencia al Acuerdo 293/1232 de la JEC, como corolario a la utilización sistemática de las instituciones y medios públicos por parte de estos, durante todo el proceso electoral».

El PSOE acusa a Ayuso de utilizar en los actos institucionales de ayer en el Día de la Comunidad de Madrid «de forma intencionada y consciente los lemas de campaña utilizados por el Partido Popular en unos actos financiados íntegramente por la Comunidad «.

«En tal sentido, y, visto los hechos posteriores, no es baladí ni casual, que justo la campaña electoral termine el día 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, como colofón a la campaña política desarrollada desde las instituciones públicas, de principio a fin haciendo un uso de estas que ha vulnerado la neutralidad de las instituciones de manera reitera, consciente y flagrante. Con una evidente intencionalidad de acabar el proceso electoral como empezó», esgrimen.

En la denuncia, se exponen antecedentes en los que el Partido Socialista considera que la presidenta regional ha utilizado las instituciones como propaganda para su candidatura, con transcripciones de sus declaraciones, pantallazos de tuits y otras pruebas.

«Es innegable que el uso intencionado que ha hecho de la palabra ‘libertad’ en su alegato tras la ceremonia de entrega de Medallas y Condecoraciones bien lo podría haber realizado en uno de los mítines electorales de la formación por la que concurre como candidata, pues, como hemos demostrado, su campaña ha estado basada, principalmente, en esta expresión. Del mismo modo, en los actos institucionales del 2 de mayo, es innegable el contenido electoralista de todo el discurso en sí, donde ha desgranado sus eslóganes de campaña y sus propias ambiciones electoralistas», argumentan los socialistas.

También, según continúa la denuncia, ese uso también se ha realizado en los medios de comunicación propios de la Comunidad, «tal y como se ha podido ver en la nota de prensa adjunta o las imágenes de Twitter insertadas, grupos de wasap de medios, o la propia utilización de la señal de la imagen de los actos, todo ello responsabilidad de la Dirección General de Medios de Comunicación».

«Huelga decir que todas las expresiones vertidas en su intervención, y que totalmente son coincidentes con las de su campaña política, así el uso de los medios públicos que se hacen eco de estas, no se encuentran, en absoluto, amparadas por el hecho de que resulten imprescindible para la salvaguarda del interés público o para el correcto desarrollo de los servicios públicos», prosiguen.

El PSOE considera además, y en vista del día de celebración de que se trata el 2 de Mayo, día de todos los madrileños, «debían haber actuado con la prudencia y diligencia que se les debe exigir a los representantes de las instituciones».

«Sin duda, se trata de actuaciones y de un discurso, que en ningún modo es espontáneo, sino que muy al revés, se trata de una intervención conscientemente preparada, en la que la señora Díaz Ayuso ha aprovechado todos los medios de los que dispone para introducir los mensajes electoralistas sirviéndose de la posición y de los medios propias de la Comunidad de Madrid», añaden.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha afirmado este lunes que el dispositivo de seguridad en torno a las elecciones de mañana, 4 de mayo, es especial por la «crispación» de la campaña y precampaña y por el «carácter nacional» de esta cita electoral.

«Está todo preparado y esperamos que mañana la gente pueda votar tranquilamente, como así lo ha hecho desde que estamos en democracia. Ya está todo organizado y coordinado con la Comunidad de Madrid, cuya colaboración y disposición ha sido absoluta y es un ejemplo de que mañana la gente pueda ejercer su derecho a voto, cada uno con nuestra ideología, sentimientos y emociones», ha señalado en una entrevista en RNE.

González ha manifestado que el dispositivo policial lo ha modificado «la crispación», ya que el dispositivo es el mismo que el de hace dos años, cuando en aquel momento había tres elecciones (municipales, regionales y autonómicas).

«En realidad son unas elecciones que tienen más un carácter nacional que autonómico, con crispación en campaña y precampaña. No es un dispositivo reforzada, pero sí de acuerdo a unas elecciones con más entidad. Hemos sido muy conscientes tanto nosotros como la Comunidad que estamos en una situación complicada estas semanas y que tenían una entidad y empaque que más de elecciones nacionales», ha reiterado.

La representante del Gobierno central en Madrid ha augurado que mañana va a ser «una jornada tranquila y relajada». «Bastante el voto ya se ha emitido por voto. Los madrileños dentro de su jornada laboral podrán votar en paz porque nosotros hemos puesto de nuestra parte sobre seguridad ciudadana y la sanitaria por parte de la Comunidad», ha apuntado.

Por otro lado, la delegada también ha destacado la labor «fundamental» que realizan los agentes en cuanto al traslado de los sufragios y actas electorales, cuando acabe el recuento electoral, a los Juzgados, «donde se deposita y se hacen recuentos por revisiones, impugnaciones, votos mal contados, etcétera».

Mercedes González ha reconocido que este proceso electoral «está siendo todo muy atípico». «No eran una elecciones previstas. Me ha pillado una campaña muy larga y una situación social y política muy convulsa. Ha sido un mes intenso, con un aterrizaje forzoso, en el que he recibido un apoyo y entrega absoluta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que llevan un año complicado por el virus. Estoy aprendiendo y admirándoles mucho más», ha indicado sobre su escaso tiempo al frente de la organismo estatal.

MANIFESTACIONES DEL 1 DE MAYO Y OKUPACIÓN DEL HOTEL CANTÁBRICO

En otro orden de cosas, la delegada ha señalado que las manifestaciones del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores fue normal, transcurrieron con normalidad y cumplieron con las medidas. «Los trabajadores pudieron salir a la calle con muchas comillas y espero que el año que viene sea como antes. Con los sindicatos la colaboración ha sido absoluta y su predisposición. Y felicitaciones por el éxito», ha apuntado.

Preguntada también por la okupación ayer del antiguo Hotel Cantábrico, ubicado en la calle Cruz de Madrid, por parte del colectivo de La Ingobernable, González ha señalado que al lugar acudieron varias dotaciones de la Policía pero que su desalojo no será inminente, ya que esperarán a contar con una orden judicial que lo habilite.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha planteado que se pueda levantar el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana a partir de la próxima semana –cuando se prevé que decaiga el estado de alarma y finalizan las restricciones actuales– y espera que se pueda ampliar el horario del toque de queda.

Así lo ha afirmado el presidente en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes para presentar el Plan Resistir Plus. Puig ha indicado que a final de semana se reunirá la Comisión Interdepartamental para decidir las nuevas restricciones, aunque no ha concretado la fecha, ya que es una semana «complicada» a nivel de agenda.

Puig ha insistido en pedir «prudencia» pese a que la Comunitat Valenciana sea la autonomía con «menos riesgo» de contagio en estos momentos, y ha defendido el «trabajo» realizado en las últimas siete semanas. Sin embargo, ha remarcado que «sigue habiendo personas que mueren» y que el virus «todavía está ahí».

Así, frente a «amenazas como la variante india», no cabe «ningún discurso triunfalista de que estamos al final de la pandemia». «Estamos mejor y estaremos mucho mejor, vamos a conseguirlo pero con prudencia», ha manifestado.

De hecho, ha incidido en que la desescalada no puede ser «disruptiva»: «No se va a pasar a cero restricciones». No obstante, ha destacado la «posición de gran fortaleza» que ha adquirido la Comunitat Valenciana en las últimas semanas como combinación de «tres cuestiones fundamentales»: la prevención por las restricciones, el avance de la vacunación, y el sistema de rastreo, que permite «encapsular los brotes que se están produciendo».

En este sentido, ha abogado porque el verano sea un «momento de máxima normalidad» con la «recuperación de la economía, pero también social» y las relaciones sociales. Para ello, mayo es un mes «clave» que espera terminar con todos los mayores de 60 vacunados y que para junio, sean los mayores de 50 los que hayan recibido las dosis.

MARCO JURÍDICO

Respecto al marco jurídico para aplicar restricciones una vez decaiga el estado de alarma, Puig ha destacado que antes de la aplicación, el Tribunal Superior de Justicia avaló las medidas que planteó la Generalitat. «Vamos a continuar desde la misma convicción y capacidad de tomar todas las restricciones necesarias y solo las necesarias, no queremos continuar con las restricciones porque sí», ha incidido.

No obstante, la situación epidemiológica en octubre –cuando se aplicó el primer toque de queda– era peor que la actual. El día que entró en vigor (26 de octubre) la incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana era de 171,01 casos por 100.000 habitantes, mientras que ahora se sitúa en 43,82.

Al ser preguntado si considera que el TSJ podría mostrar reticencias a las medidas dada la coyuntura, Puig ha indicado que se van a plantear informes técnicos «ajustados a la realidad epidemiológica» para sustentar la argumentación de la Generalitat valenciana. Así, trabajarán con la «máxima rigurosidad posible» para ver «qué restricciones son necesarias».

También ha descartado la posibilidad de que en estos momentos haya una perimetración de una localidad o espacio concreto, aunque ha apuntado que esta posibilidad «siempre estará sujeta a la situación epidemiológica».

Sobre la situación actual de la Comunitat Valenciana y el efecto de las medidas adoptadas el pasado lunes (que extendieron el horario a la hostelería hasta las 22.00 horas), ha apuntado que estamos en «una situación muy positiva de estancamiento», aunque los efectos de una medida se aprecian a los 14 o 15 días de tomarla.

Los tres internautas que en octubre de 2016 publicaron mensajes ofensivos hacia Adrián, el niño de ocho años enfermo de cáncer que de mayor quería ser torero y que acabó falleciendo en 2017, volverán a sentarse este viernes, 7 de mayo, en el banquillo de los acusados.

Los tuiteros fueron absueltos por el juzgado pero luego la Audiencia estimó los recursos interpuestos por la fiscal coordinadora de Delitos de Odio, Susana Gisbert, la Asociación Nacional de Afectados por Internet y Nuevas Tecnologías (Anfitec) y Eduardo Hinojosa y ordenó repetir el juicio con un magistrado distinto al que juzgó inicialmente los hechos. Así, se ha señalado una nueva vista para este viernes en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Los acusados realizaron varias manifestaciones contra el niño torero tras la celebración de una corrida benéfica que tenía como finalidad recaudar fondos para el menor, quien murió seis meses después a causa de su enfermedad.

Uno de los acusados, a través de sus redes sociales, se quejó del gasto «innecesario» que conllevaba la recuperación del menor, cuya vida le importaba «dos cojones» porque probablemente ya estaba «siendo tratado en la sanidad pública» con su dinero.

Otro joven deseaba directamente la muerte de «un niño enfermo que quiere curarse para matar a herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir»; mientras que el tercer encausado criticaba a los internautas que apoyaban a «un niño que prefiere matar a un animal» y le deseaba también la muerte.

Inicialmente, el magistrado juzgador, aunque calificó algunas de las expresiones vertidas de «deleznables» o «repulsivas», no apreció en ellas un delito de*incitación al odio, contra la integridad moral ni de injurias graves, contrariamente a lo que sostenían las acusaciones, que pedían penas de entre uno y tres años de prisión para los implicados.

Durante el juicio, los tres jóvenes acusados mostraron su arrepentimiento por las publicaciones y dos de ellos se dirigieron directamente al padre del menor para pedirle disculpas.

Contra la absolución, se interpusieron diferentes recursos y la Audiencia los estimó al entender que lo que se declaraba probado en la sentencia, además de merecedor de los calificativos y reproche que utilizaba el juez, en referencia a las expresiones con que los acusados regalaron al menor enfermo, integraban un acto atentatorio a la integridad moral del menor, que se enteró de ello y, por más que tuviere mayor motivo de preocupación, como era la enfermedad que acabó llevándoselo, «le debió causar, pues objetivamente lo causan, un intenso dolor de alma, que es lo que integra el núcleo del delito», exponía.

Como este extremo no se había valorado en la sentencia, posibilitaba a la Audiencia la opción de declarar la nulidad del juicio y ordenar uno nuevo con un tribunal distinto, algo que se va a producir este viernes.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, propondrá que la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) cuente con un premio para trabajos de periodismo realizados en zonas de conflicto que lleve el nombre de Roberto Fraile, el camarógrafo residente en Salamanca y que fue asesinado la semana pasada en Burkina Faso.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación de Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, durante su visita a Lumbrales para la inauguración de una exposición y del centro de interpretación de la vía férrea perteneciente al Camino de Hierro, en la provincia en la que residía desde hace más de 20 años el fotoperiodista asesinado.

Igea ha destacado la Mellada al Mérito Profesional concedida al cámara, «un reconocimiento necesario por su entrega a la libertad de prensa y a las libertades de todos» pero ha dicho también que es «insuficiente»; de ahí que la Junta propondrá a la dirección de la Seminci este nuevo premio.

Se tratará así, según sus palabras, de tener «un recuerdo permanente» con Roberto Fraile y se hará «en un sitio ideal» por ser en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. En ella se premiará a profesionales que desempeñan su labor, como lo hacía Fraile, «en los sitios más difíciles», ha avanzado.

Sobre la Mellada al Mérito Profesional a título póstumo al reportero gráfico, el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este lunes ha respaldado la concesión, a propuesta del presidente Alfonso Fernández Mañueco.

En el acuerdo para la concesión de esta Medalla se pone en valor la figura de Roberto Fraile, fallecido en el ejercicio de su profesión el 27 de abril y en el que concurren relevantes cualidades y valores que le constituyen como merecedor de este reconocimiento.

En concreto, con esta Medalla se reconoce su relevancia personal y profesional y su contribución a las libertades y derechos que recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

LIBERTAD DE PRENSA

Así, según se recoge en el acuerdo, Roberto Fraile Fernández contribuyó durante toda su trayectoria profesional a la libertad de prensa, como máximo exponente de la libertad de expresión, defendiendo uno de los principios esenciales que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León declara: «La garantía del derecho de los ciudadanos a recibir una información plural y veraz, desde el reconocimiento del papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública libre».

Roberto Fraile Fernández (Baracaldo, 1974-Burkina Faso, 27 de abril de 2021), licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca, trabajó en varios medios de comunicación de Castilla y León como camarógrafo, y compaginó estos trabajos con la grabación de conflictos armados.