Las víctimas de agresiones sexuales podrán arrepentirse de renunciar a su indemnización económica si los efectos del delito son más graves de lo previsto, según recoge el texto de la Ley Orgánica de Garantías de las Libertades Sexuales que, además, apunta que es una situación "habitual" en este tipo de casos.

El texto, aprobado este martes por el Gobierno y que pasará ahora al trámite parlamentario, señala como uno de los puntos más novedosos en la reforma que incluye de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), esta posibilidad de revocación de la renuncia a la acción civil, aunque esta deberá producirse siempre antes del trámite de calificación del delito.

Fuentes de Justicia han explicado que esta medida ya se practica en algunos tribunales, pero no se había apuntalado en ninguna norma como ahora, por eso, lo consideran un avance. Desde Igualdad señalan, en este sentido, la importancia de esta posibilidad ya que, han indicado, muchas víctimas rechazan la indemnización por vergüenza y miedo a que las señalan como mujeres que solo buscan dinero.

Esto ocurre en mayor medida cuando el agresor es conocido de la mujer víctima, han indicado las mismas fuentes.

Los departamentos que dirigen Irene Montero y Juan Carlos Campo han señalado también otro cambio en la LeCrim que permitirá, reclamar la retirada de contenido ilícito en Internet en fases muy iniciales del proceso, para mayor protección de la víctima.

En concreto, se permite, en la instrucción de delitos cometidos a través de Internet del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación, que el Juzgado acuerde como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero, según recoge la Ley de 'solo sí es sí.

CONTACTO CON MENORES POR NUEVAS TECNOLOGÍAS

El texto, incluye otras medidas en relación a las agresiones sexuales realizadas a través de nuevas tecnologías y, especialmente, en lo que tiene que ver con menores de edad.

En concreto, incluye penas de entre 1 a 3 años o multa de 12 a 24 meses para quienes a través de Internet, del teléfono o de cualquierotra tecnología contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el fin de cometer actos de carácter, siempre que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento y sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos.

Además, las penas se impondrán en su mitad superior cuando elacercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación oengaño.

También se establecen penas de entre 6 meses y 2 años quienes utilicen Internet, teléfono u otras tecnologías para contactar con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor.

UN COMPLEMENTO A LA LEY DEL MENOR

La Ley de 'solo sí es sí' regula también los delitos sexuales contra los menores, en general, con penas reguladas de forma similar a las agresiones contra las mujeres, aunque en su caso se diferencia sobre si el consentimiento del menor es o no coactivo, lo que agravaría más el delito.

Con estos artículos, según han indicado las fuentes de ambos ministerios, se pretende complementar a la recién aprobada Ley de Protección de la Infancia contra la Violencia. Igualdad y Justicia han explicado que la Ley de 'solo sí es sí' busca reforzar la protección de los niños que sufren una violencia tan oculta como la sexual que, además, tiene el mismo origen, el patriarcado, que la que se ejerce contra la mujer.

Otra norma que Igualdad quiere incluir dentro de este grupo de normas complementarias, según han indicado las fuentes, es la Ley contra la Trata que ya prepara el departamento de Irene Montero.

Las fuentes de este ministerio han explicado que el objetivo es tratar este delito con componente de género y enfoque feminista.

La Ley de 'solo sí es sí' incluye también medidas contra la trata con fines de explotación sexual, como la recuperación de la tercería locativa, por la cual se penaliza al proxeneta. Fuentes de Igualdad reconocen que el debate sobre la prostitución está en el movimiento feminista y también en el propio Ministerio --Montero ha hecho pública su postura abolicionista-- pero apuntan que esta postura no tiene fisuras en cuanto a la situación que viven las víctimas de este tipo de trata y de que consiste en una forma de violencia contra la mujer.

Es por eso, que se ha legislado para que estas mujeres cuenten con herramientas para poder abandonar la situación de violencia en la que viven.

El ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera admitió ante el juez que investiga la 'Operación Kitchen' que los informes redactados por el inspector principal de 'Gürtel', Manuel Morocho, se revisaban a fondo, incluso a veces en "mesa redonda", porque "afectaban a personas importantes", si bien ha calificado de rigor lo que su antiguo subordinado describió como presiones para que dejara de indagar en la trama de corrupción.

Olivera compareció como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el pasado 28 de junio, pocos días después de que lo hiciera Morocho, en calidad de testigo, para desmontar la versión que este último ofreció al instructor dejándole "un panorama desolador" --en palabras del propio juez--, según el audio de la declaración.

Morocho aseguró al titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que sus informes sobre 'Gürtel', investigación que en ese momento aglutinaba todo lo relativo a los famosos 'papeles' del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, eran objeto de continuas modificaciones por parte de los mandos policiales, especificando que le llegaron a pedir que quitara nombres como los del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy o el del empresario Ignacio López del Hierro.

Olivera reconoció al juez que Morocho tenía que enseñar sus dosieres a su jefe inmediato, que era el de sección, quien a su vez se lo mostraba al jefe de brigada y éste a él, como máximo responsable de la UDEF. "Y yo, en ocasiones, al comisario general" de Policía Judicial, completó. "A veces nos reuníamos incluso en una mesa redonda y veíamos el informe", añadió.

Todo ello, explicó, porque "los informes que se hacían en ese momento eran muy delicados, afectaban a personas importantes y con mucha trascendencia social". Informe que salía, informe que los medios de comunicación, unos de una ideología y otros de otra, lo utilizaban siempre a su favor y en contra de su opositor. Y nosotros, en medio", ilustró.

Sin embargo, matizó que ese análisis con lupa de los textos buscaba determinar si había hecho las comprobaciones necesarias. Morochó, expuso Olivera, se solía escudar en que "era una cosa indiciaria" y él le tenía que recordar que "lo que se referencia en un informe hay que tenerlo totalmente acreditado, pero acreditado bien, porque si luego cometes errores te estás cargando no solo ese sino lo que has hecho y lo que puedas hacer después, vas a perder credibilidad".

A este respecto, comentó que siendo jefe de la UDEF, cuando ésta comenzaba su andadura y "no daba abasto" para atender las peticiones de jueces y fiscales de "toda España", se cometió "un fallo tremendo" --"Una barbaridad, se habían duplicado cifras"-- y él tuvo que dar la cara ante la juez del caso sin haber mirado el informe en cuestión. "Y dije: 'No me pasa más, yo me los leo todos'", narró.

Interrogado directamente por el juez sobre si presionó a Morocho con esas revisiones, Olivera lo negó tajantemente. "Podría ser corregir o decirle que ampliara o que mirara más cuestiones, completar, pero presionar, lo que es la palabra presionar, no. Completar, ampliar, revisar, eso sí", precisó.

Pese a ello, sostuvo, "la mayoría de los informes salían como él decía, porque era difícil convencerlo". Así, el comisario retrató a Moroccho como "una persona muy difícil en el trato con estos temas porque no da nunca su brazo a torcer, él se cree siempre en posesión de la verdad absoluta, y eso en un cuerpo jerarquizado (la Policía Nacional) es difícil".

LA LLAMADA DEL MINISTRO, UNA "FANTASÍA"

No obstante, entre ambos había "buen trato". Prueba de ello, de acuerdo con Olivera, es una reunión que tuvieron en junio de 2013 en una cafetería de Madrid de la que ambos han vuelto a dar versiones contradictorias.

Morocho dijo que Olivera le pidió reunirse para ofrecerle un puesto importante en Lisboa, uno de tantos en embajadas y hasta en la ONU que le habrían propuesto para apartarlo de 'Gürtel'. El inspector aseveró que, en un momento dado, el que fuera su superior recibió una llamada de teléfono de alguien al que identificó como el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Al parecer, éste quería saber si finalmente había aceptado irse a la capital portuguesa, algo que rechazó.

Olivera, en cambio, indicó que ya fuera de la UDEF, siendo jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), Morocho le contactó para interesarse por una vacante en el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Narcotráfico (MAOC), con sede en Lisboa. No sabe si alguien le ofreció el puesto o se enteró de que estaba libre, "esas cosas circulan", señaló al juez.

El ex jefe de la UDEF elucubró que Morocho habría acudido a él porque, como máximo responsable del CICO, ese cargo en la MAOC dependía "funcionalmente" de él, aunque subrayó que no podía recomendar ni vetar a nadie, solo "darle el 'placet'" o frenarlo si no cumplía los requisitos exigidos: un policía de escala ejecutiva con inglés, "nada más".

El encuentro habría girado en torno a ese posible destino. "No me llamó", enfatizó Olivera al ser preguntado por García-Castellón si hubo tal conversación telefónica con Fernández Díaz, al que dijo conocer solamente de una jura de comisarios y, lejanamente, porque su padre fue conductor del padre del ex dirigente 'popular' durante los años 60 en momentos puntuales. En esas fechas, junio de 2013, ni siquiera tenía el número del ministro. Lo consiguió en 2014, puntualizó.

"Quien me llamó fue mi mujer", aclaró Olivera. Morocho y él estaban en una cafetería "muy próxima" a su casa, se había hecho tarde, casi de noche, y su esposa, que había trabajado con el inspector, les sugirió que fueran a la vivienda para continuar los tres con la reunión. "Ahí estuvimos hasta más de la una de la mañana y ni llamó el ministro ni yo llamé al ministro", ha incidido.

"¿Entonces, lo que dice el señor Morocho no tiene que ver con la realidad?", le planteó García-Castellón, a lo que Olivera contestó que no, para apostillar que "esto es una ilusión, una fantasía", del inspector, reiterando que "es muy narcisista". "¿Se pensaba que era tan importante como para que el ministro se preocupara por él?", deslizó.

TRASFONDO POLÍTICO

Sin embargo, Olivera sí coincidió con Morocho en la medida en que describió presiones hacia ambos. "Éramos la 'bestia negra' en aquel momento, no les interesaba que estuviéramos allí porque habíamos hecho operaciones contra el PP", concluyó.

Según Olivera, desde que cambió el Gobierno en diciembre de 2011 "eran todo pegas, todo presión", y le intentaron cesar varias veces hasta que finalmente abandonó la UDEF en julio de 2012. "Me quitan", recalcó. En los años siguientes mantuvo el contacto con Morocho porque "sabía que la siguiente cabeza que iban a cortar era la de él". De hecho, cree que enviaron temporalmente a Morocho a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para "tenerlo entretenido".

Sobre la 'Operación Kitchen', un presunto espionaje montado en julio de 2013 contra Bárcenas desde el Ministerio de Interior para evitar que la documentación comprometedora que tuviera del PP o sus dirigentes llegara a la Justicia, Olivera dijo no saber nada. Únicamente, concretó, que el comisario jubilado José Manuel Villarejo le comentó que le habían encargado rastrear el dinero del ex tesorero en el extranjero.

El juez le advirtió de que, en lo tocante a 'Kitchen', las grabaciones que hizo Villarejo de conversaciones con él y otros personajes de la trama "contradicen casi todo lo que ha dicho", por lo que le instó a escucharlas, avanzado ya que, tras ello, le volvería a llamar para ahondar en el interrogatorio. "A su disposición", replicó Olivera.

La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, ha subrayado este miércoles que las declaraciones del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, asegurando que en la Eurocopa va con Inglaterra evidencian que "el rechazo a lo español lleva al nacionalismo al ridículo". "Pero en el reparto de fondos europeos irá con España, ¿verdad?", se ha preguntado con ironía.

De esta forma ha respondido a las manifestaciones de Ortuzar, quien, en una entrevista en Onda Vasca, ha revelado que en la Eurocopa que se está celebrando estos días va con Inglaterra porque, como "buen Athleticzale", le gusta el fútbol inglés.

Ésa ha sido su respuesta al ser preguntado por el partido que disputará esta noche España contra Italia, añadiendo que él va con Inglaterra "toda su vida", un día antes de la segunda semifinal entre Inglaterra y Dinamarca en la Eurocopa.

Interrogado después por el papel de jugadores vascos en la selección como Simón, Oyarzabal o Azpilicueta, Ortuzar ha destacado la buena selección vasca que se conformaría con estos jugadores. "A lo mejor eso es lo que pasa que, si nos dejan, quedamos por delante de la Roja y esto sería un lío", ha bromeado.

FERNÁNDEZ: "TIENE MÁS PINTA DE 'ESPAÑOLAZO' QUE TORRA Y YO"

Ante sus declaraciones, la responsable de Organización del PP se ha preguntado si el PNV también elegirá a los ingleses cuando se trata de repartir el dinero de los fondos europeos que recibirá España tras la crisis del coronavirus.

"Pero en el reparto de fondos europeos irá con España, ¿verdad? El rechazo a lo español lleva al nacionalismo al ridículo", ha proclamado Beltrán en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzábal, ha afirmado que con el PNV la Eurocopa "adquiere una nueva dimensión". "Por cada paradón de Unai Simón a Ortuzar le da un tirón y cada golazo de Oyarzábal le duele a Urkullu como un tortazo", ha enfatizado.

También el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, se ha hecho eco de esas declaraciones de Ortuzar y ha expresado su sorpresa por las mismas. "Pero si este tiene más pinta de 'españolazo' que Torra y yo juntos...", ha exclamado en la misma red social.

Cs: "SON MUY COSMOPOLITAS DESDE HACE TIEMPO"

Desde Ciudadanos, el diputado y miembro del Comité Permanente del partido naranja, Guillermo Díaz, también ha criticado las declaraciones del PNV asegurando que en esa formación "son muy cosmopolitas desde hace tiempo".

"Ya en la Guerra Civil pactaron con los fascistas italianos entregar Bilbao sin pegar un tiro a cambio de ser bien tratados", ha indicado Díaz en el mismo mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Ciudadanos denunciará ante la Comisión Europea la creación de un fondo de 10 millones de euros por parte del Gobierno de Cataluña para cubrir las fianzas de 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas reclama a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

A través de un mensaje en Twitter, el eurodiputado Jordi Cañas ha avanzado que llevará a Bruselas este asunto para advertir de que "una administración pública europea ha creado un fondo ad hoc para pagar las fianzas de políticos acusados de malversación de dinero público", ofreciendo "la fórmula perfecta para los corruptos y los delincuentes".

El eurodiputado y miembro del Comité Permanente de Cs considera "una burla" que "acciones personales delictivas sean cubiertas por dinero público" y sostiene que la creación de este fondo constituye "una nueva malversación de dinero público que el Tribunal de Cuentas y la propia Fiscalía deben investigar".

Para Cañas, esta decisión del Ejecutivo de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya se debe a que "los delincuentes se envalentonan ante la impunidad y la complicidad" que, a su juicio, ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez, lo cual le parece "desolador".

"Impunidad por los indultos" concedidos a los condenados por el proceso independentista de 2017 y "complicidad" de Sánchez "para quitar las 'piedras en el camino' que permitan a los condenados evitar devolver al erario público el dinero malversado", ha señalado.

CIUDADANOS ACUDIRÁ A LA JUSTICIA SI ES NECESARIO

A través del fondo constituido este martes, la Generalitat se ofrece como "contraaval" del aval que presentará una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos del Govern, como es el caso de las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas por el supuesto uso fraudulento, para la internacionalización del 'procés', de recursos asignados a políticas de acción exterior de Cataluña.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha explicado que el objetivo es "únicamente velar para proteger el derecho a la presunción de inocencia de cualquier funcionario público" y que quienes al final reciban una sentencia judicial firme que declare que sus actuaciones fueron ilícitas --una vez agotadas las instancias judiciales internacionales-- deberán devolver el aval que les ofreció la Generalitat.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Nacho Martín Blanco, ha avisado de que, "si es necesario", el partido recurrirá a la Justicia en el caso de que la Generalitat pague las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas.

LOS CATALANES SUFREN UNA "DOBLE IMPOSICIÓN"

El líder de Cs en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa, ha dicho que la formación naranja actuará porque "nació para defender a las personas ante los abusos del nacionalismo". En su opinión, no se puede aceptar que quienes han malversado dinero público y se autodenominan "represaliados" pretendan ahora que "los contribuyentes vuelvan a pagar con un nuevo atropello".

Para la vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, esto que hacen los gobernantes independentistas con los catalanes se puede denominar "la doble imposición". "Como si no tuviesen bastante con ser los españoles con los impuestos más altos", ha lamentado.

Por su parte, la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, ha criticado que el Ejecutivo autonómico, para "rescatar económicamente y encubrir a sus políticos", lo haga "despilfarrando y malversando el dinero de todos los catalanes en su negocio procesista" y, en cambio, no mostrara "la misma urgencia ni interés en salvar a los comercios para que pudiesen hacer frente a la crisis" del coronavirus.

Vox ha señalado este martes a través de las redes al presidente de RBA, Ricardo Rodrigo Amar, grupo que edita la revista 'El Jueves'. "Su revista difunde odio contra millones de españoles a diario", ha escrito el partido que lidera Santiago Abascal en Twitter.

"Es posible que muchos de ellos le empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho de la Diagonal de Barcelona", ha tuiteado el partido liderado por Santiago Abascal, que acompaña el texto con una fotografía del editor.

El tuit ha sido publicado varias veces, con algunos pequeños cambios en su contenido. En otro de esos tuits, Vox ha escrito que Rodrigo Amar es el "máximo responsable" de que se publique en El Jueves "bazofia", en referencia a unas viñetas que promociona la cabecera que caricaturizan a los líderes de Vox bajo el nombre de 'La pandilla Voxura'.

En concreto, Vox adjunta la viñeta de José Antonio Ortega Lara, uno de los fundadores del partido y secuestrado durante más de un año por ETA. "Lara al sol de cara. El pobre Ortega tiene el cuerpo lleno de quemaduras, no es sano estar cara al sol tras tanto tiempo a oscuras", reza el dibujo.

En el tuit, la formación advierte de que "la izquierda está acostumbrada a que nadie le exija responsabilidades cuando comete barbaridades". "Por eso se enrabieta tanto cuando Vox lo hace. Lo seguiremos haciendo", zanja la formación política.

El tuit ya ha suscitado las críticas de Reporteros Sin Fronteras (RSF). "Señalar al editor de un medio y facilitar la ubicación de su trabajo para que se "le exijan responsabilidades" cuando salga a la calle", resume Reporteros sin Fronteras (RSF), que considera que "Vox cruza todos los límites con este mensaje. No solo los éticos, que hace tiempo que ignora, sino los legales", alerta. "Nos encontrará del otro lado", añade.

También se ha pronunciado el medio satírico 'El Mundo Today', que considera que Vox, con este mensaje, está "animando a sus seguidores y simpatizantes" a que exijan "responsabilidades, a la salida de su despacho", al presidente de RBA.

Esta amenaza tiene como objetivo último amedrentar la libertad de expresión de editores, dueños de comunicación, humoristas, artistas y, en definitiva, de cualquier ciudadano", considera el medio en un comunicado, advirtiendo de que el "gesto" de la formación de ultraderecha "marca una línea roja que no es legal ni éticamente tolerable.

La publicación ha mostrado su respaldo a los compañeros de 'El Jueves', recordando que "la libertad de expresión es la herramienta sobre la que se construye la democracia, la convivencia y la política y que el ejercicio del humor es el síntoma último de una sociedad sana, libre y plural, por lo que es exigible que cuente con especial respeto y protección".

También los políticos se han manifestado en contra del mensaje de Vox, como es el caso del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 2030, José Luis Ábalos. "Criminalizan a menores, atacan las libertades individuales y ahora señalan al editor de El Jueves", enumera en Twitter. "No podemos callar ante las prácticas fascistas de Vox y su ataque a la libertad de expresión. Toda mi solidaridad con Ricardo Rodrigo Amar, presidente de RBA", afirma.

Asimismo, rechaza este comentario Salvador Illa, secretario de organización del PSC y exministro de Sanidad. "Mi más enérgica repulsa al señalamiento público al que Vox pretende someter a RBA y a El Jueves. Ricardo, mi más sincero apoyo y mi firme compromiso con la libertad de expresión", ha escrito.

El padre Ángel ha asegurado, sobre los indultos a los políticos condenados por el 'procés', que los obispos españoles han dicho "lo que deben de decir" aunque "no le guste mucho a la gente", como le ocurría a Jesucristo.

"Ahora que en España está tan de moda lo de los indultos y la política, ese Jesús, cuando dice 'Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se complica, y porque se complica, le acusan y, a veces, nuestros obispos o nuestra Iglesia, cuando dicen las cosas que dicen se complican, pero dicen lo que deben decir, como ese Jesús que dice lo que debe decir aunque no le guste mucho a la gente", ha subrayado el padre Ángel.

Así lo ha indicado este martes 6 de julio durante su intervención en una mesa redonda del VI Congreso Internacional de Scholas Cátedras, que se está celebrando en la Universidad CEU San Pablo.

Durante su ponencia, el padre Ángel también ha tenido un recuerdo para el joven Samuel, asesinado en La Coruña y ha recordado la frase del Evangelio de Lucas: "'Después de despojarle de todo y herirlo, se fueron'. Hace menos de dos días esto nos pasó acá en España, después de insultar y asesinar a ese chico de La Coruña, se fueron. Eso se sigue repitiendo muchas veces", ha lamentado el sacerdote.

Sobre el tema de la mesa, '¿Cómo educar haciendo propia la fragilidad de los demás? (Fratelli Tutti 67)', el padre Ángel ha señalado que la pandemia ha descubierto que las personas no son "semidioses" como se pensaban antes pues no han sido capaces de evitar "tantas muertes" provocadas por el Covid-19. También ha puesto como ejemplo al Papa Francisco que invita a "ponerse en los zapatos del otro" y le ha propuesto como referente para educar.

En el coloquio, moderado por Rodrigo Martín, de la Universidad Católica de La Plata, y Ahmet Oztas, de la Tishk International University de Ebril (Irak), también ha intervenido el profesor de la Universidad Austral y FUCLAE-Argentina Claudio García Pintos, quien ha afirmado que la pandemia ha dejado algo claro: que todas las personas son "vulnerables", aunque ha precisado que esto no es algo malo.

También ha dicho que educar en pandemia ha sido "como ver en la oscuridad", que no hay que "asustarse"; ha animado a resistir en lugar de perderse en "lamentaciones", y ha subrayado que "el encuentro es y será el modo de educar".

Por su parte, el profesor de la Slam University-UpToYou José Víctor Orón, ha aclarado que la debilidad no es otra cosa que "la manifestación de que el ser humano es transparente" y ha avisado de que "intentar eliminar esa debilidad supone destruir lo humano". Así, ha remarcado que vivir humanamente implica "riesgos" pero también ha añadido que si fuéramos "piedras" tampoco sentiríamos "las caricias y abrazos".

Además, la profesora de la Universidad de Buenos Aires María Montserrat Llairó ha contado su experiencia como docente en medio de la pandemia que ha destapado vulnerabilidades como la falta de "conexión" a Internet de muchas familias. Sobre la nueva normalidad ha dicho que "no hay que repetir" la situación anterior sino construir una que enfrente mejor las fragilidades, y ha hecho un llamamiento a la "creatividad".

Mientras, el profesor Pedro Rosario, de la Universidad de Minho (Portugal), ha advertido de un "enemigo fuerte" de la vulnerabilidad que ha denominado "opinismo", es decir, opinar continuamente sobre la vida de los demás, y ha propuesto un nuevo camino orientado a "enseñar la vulnerabilidad, aprender de ella y del control de las emociones". En este sentido, ha invitado a los docentes a preguntar a sus alumnos antes de clase cómo se encuentran "porque antes de los contenidos, están las personas".

Por su parte, la profesora del Centro La Inmaculada, de la Universidad de Granada, Carmen Rosales Varo, ha hecho hincapié en el modo en que la pandemia ha transformado a los jóvenes estudiantes y sus relaciones sociales. Según ha comentado, la sociedad está ante "una generación Covid, una generación blanda para la que cualquier esfuerzo supone un reto y con menos tolerancia al fracaso". Asimismo, ha parafraseado al Papa Francisco para subrayar que para los profesores su prójimo son los alumnos y que "ninguna pantalla puede suplir la presencia del maestro apasionado".

La Comunitat Valenciana ha notificado este jueves cuatro fallecidos por coronavirus y 998 casos, mientras que los hospitales tienen dos ingresados menos pero dos camas UCI ocupadas más que ayer. Además, se han detectado dos brotes en València que suman 27 positivos, según la Conselleria de Sanidad.

Asimismo, n total de 2.729.450 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. Además, en estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización --dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen-- 2.025.282 personas. Por provincias: 240.409 en Castellón, 728.176 en Alicante y 1.056.697 en Valencia.

De este modo, la cifra total de positivos en 409.855 personas. Por provincias, 115 en Castellón (42.217 en total); 239 en Alicante (150.817 en total); y 643 en Valencia (216.818 en total), mientras que el total de casos no asignados asciende a tres ya que hay un nuevo caso sin asignar.

De los cuatro fallecidos notificado un deceso se ha registrado el pasado mes de junio y los otros tres en los últimos siete días. Así, el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 7.461: 808 en la provincia de Castellón, 2.848 en la de Alicante y 3.805 en la de Valencia.

Por su parte, los hospitales valencianos tienen, actualmente, 244 personas ingresadas y 24 camas UCI ocupadas: 11 en la provincia de Castellón, de ellos un paciente en UCI; 24 en la provincia de Alicante, 4 de ellos en la UCI; y 209 en la provincia de Valencia, 19 de ellos en UCI.

Asimismo, desde la última actualización se han registrado 291 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 402.957 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen así: 42.138 en Castellón, 150.155 en Alicante y 210.607 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 57. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 10.901 casos activos, lo que supone un 2,59% del total de positivos.

Además, de los brotes registrados, dos tienen 10 o más casos asociados, que se han localizado en València, ambos de origen social, con 11 y 16 contagios.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los contratos del BBVA con el comisario José Manuel Villarejo ha puesto ya fecha a la declaración como imputado del actual jefe de auditoria interna de la entidad Joaquín Gortari por su posible participación en hechos que indiciariamente podrían ser constitutivos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Será el 15 de julio a las 10.00 horas.

En una providencia del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, pone fecha a la comparecencia y remite al auto con fecha de 24 de junio por el que rectificaba su decisión previa de no imputarle en la causa y atendía al recurso presentado por el abogado Felipe Izquierdo, quien está personado como perjudicado en la causa por haber sufrido el espionaje del comisario por orden de BBVA.

"A la vista del presunto carácter delictivo de los hechos que se refieren en el recurso, y ante la existencia de indicios que permiten inferir, desde la provisionalidad de este momento, la participación de Gortari, quien suscribe esta resolución considera útil y necesario su llamamiento, a fin de que pueda explicar si tuvo alguna participación en los mismos", señalaba entonces el juez.

El magistrado, en la resolución, explicaba que anteriormente no había accedido a su imputación habida cuenta de que no se razonaba adecuadamente la motivación, y recriminaba al Ministerio Fiscal que se adhiriera a la petición de Izquierdo alegando que no era estrictamente una diligencia de prueba sino una "imposición del sistema procesal penal".

"El sometimiento de una persona al procedimiento es un acto procesal que exige un esfuerzo por el instructor, en ningún caso puede resultar de una mera imposición legal, pues ello supondría someter al proceso penal a un principio inquisitivo incompatible con nuestro sistema de garantías constitucionales", recordaba.

No obstante, en el punto tercero de los razonamientos jurídicos, indicaba que en el recurso presentado por Izquierdo contra esa primera decisión "se exponen los motivos que justifican la citación como investigado del mismo", y por tanto acuerda la comparecencia de quien fuera jefe de gabinete del ex presidente de BBVA Francisco González.

DESESTIMA LA FIANZA DE 2 MILLONES

En ese mismo auto, el juez se alinea con la Fiscalía al entender que debe volver a desestimar la fianza de más de dos millones de euros que Izquierdo interesaba. El abogado quería que respondieran de ese monto tanto Gortari como González y el propio BBVA para que aseguraran las responsabilidades pecunarias que puedan derivarse de los hechos presuntamente delictivos.

Izquierdo alegaba para pedir la imputación de Gortari que la entidad bancaria dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden de González y de el ahora investigado. El juez debe fijar ahora fecha para su declaración.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el real decreto que formaliza el traspaso de funciones y servicios de la sanidad penitenciaria a Navarra.

El acuerdo inicial entre el Gobierno de España y el de Navarra se tomó el pasado 2 de junio, en la Junta de Transferencias.

Mediante la aprobación del real decreto, a partir del 1 de agosto, la Comunidad foral ejercerá, dentro de su ámbito territorial y para el centro penitenciario ubicado en Pamplona, las funciones de asistencia sanitaria (incluidas las de índole médico-legal) establecidas en la legislación penitenciaria.

Este ejercicio deberá garantizar los derechos de los internos como usuarios de los servicios de salud, la accesibilidad de este colectivo a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso.

Seguirán siendo ejercidas por la Administración del Estado la coordinación general de la sanidad penitenciaria en el marco de la garantía de equidad y calidad en el acceso a las prestaciones de la cartera de servicios de la sanidad penitenciaria y la elaboración de estadísticas para fines estatales en el ámbito de la sanidad penitenciaria.

Para garantizar la coordinación del ejercicio de sus funciones respectivas en el ámbito penitenciario, el Ministerio del Interior y el departamento correspondiente del Gobierno de Navarra constituirán una Comisión de Coordinación y una Comisión Técnica de Seguimiento del centro penitenciario.

El acuerdo también contempla el traspaso a la Comunidad foral de diez efectivos de personal funcionario y laboral, adscritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Finalmente, conforme al régimen de convenio económico entre el Estado y la Comunidad foral de Navarra, este acuerdo comporta la valoración a nivel nacional de las cargas asociadas al traspaso que asciende a 131.339.227,17 euros.

A este montante se le aplica un índice de imputación fijado actualmente en dicho convenio económico en el 1,6%, por lo que resulta que la Comunidad foral minorará en 2.101.427,63 euros la aportación por la que contribuye a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas.

Junto a Navarra, hasta el momento esta competencia solo la asumen, tras así haberlo solicitado, Cataluña y el País Vasco.

La magistrada Lara Esteve, socia de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), ha celebrado que el Gobierno haya aprobado este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Garantías de las Libertades Sexuales que castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento, que aúna todos los delitos sexuales en uno solo de agresión y que penaliza a los proxenetas, entre otras medidas.

No obstante, ha advertido de que "la creación de normas represivas por sí solas no van a permitir reducir las agresiones". "Entiendo que tendrá una repercusión en la sociedad que haga entender que la violencia sexual es un delito, hay que recalcarlo por los delitos que nos encontramos", ha señalado Esteve en declaraciones.

Al igual que considera que "ayudó" la Ley de Violencia de Género a visibilizar la violencia machista y a ayudar a las víctimas, la magistrada cree que las actuaciones que recoge la nueva normativa "ayudan". "Hay cuestiones muy interesantes en prevención. Soy optimista, creo que sí que va a contribuir a una mejor prevención para evitar estos delitos", ha subrayado.

La ratificación de este texto se produce un año y cuatro meses de su primera evaluación por parte del Ejecutivo. Desde entonces, la norma ha pasado por consulta pública, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.

Estos dos últimos mostraron su disconformidad con la definición de consentimiento que incluía el texto, redactado por el equipo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. También pusieron pegas a la unión de los delitos de abuso y agresión sexual en un mismo tipo.

"Es una valoración positiva la redacción de esta ley, que además ha sido el esfuerzo de distintos ministerios y una respuesta a una demanda social que venía ya siendo importante en los últimos años", ha manifestado la socia de la Asociación de Mujeres Juezas, quien ha asegurado que "se estaba demandando una actualización de la norma penal a las demandas europeas".

En este punto, Esteve ha apuntado que esta ley "actualiza algunos conceptos y también innova en otros". Entre ellos, ha resaltado que, desde el punto de vista penal, unifica los conceptos de agresión y abuso sexual: "Hasta ahora el Código Penal regulaba de manera distinta el abuso y la agresión sexual. Para que hubiera agresión sexual era necesario intimidación o violencia, eran dos figuras que se valoraban de manera distinta".

La magistrada ha valorado de manera positiva la unificación de estos dos conceptos "como se establece en los parámetros europeos" y ha añadido que la nueva ley añade la definición del consentimientos en estas situaciones, algo que "antes no se preveía".

NO DEFINIR EL CONSENTIMIENTO GENERABA "CIERTA INSEGURIDAD"

Así, ha explicado que en el caso de la libertad sexual "no se definía el consentimiento, por lo que había que acudir a la jurisprudencia para establecer si era una relación sexual consentida o no consentida", algo con lo que, en su opinión, "se generaba cierta inseguridad". "En este caso se ha revisado la incorporación de la definición del consentimiento en el ámbito de la libertad sexual, algo que ya venía regulando el Convenio de Estambul", ha concretado.

En este sentido, la redacción de la nueva norma establece que: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Dentro de las recomendaciones del Convenio de Estambul, esta ley también recoge la protección a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad, así como a las víctimas de trata y explotación sexual bajo la premisa 'todas las violencias, todas las mujeres', según ha indicado Igualdad.

Así, también se actúa contra la industria proxeneta al incorporar la tercería locativa que permitirá perseguir a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas.

"La ley también introduce la penalización para el uso del inmueble destinado al ejercicio de la prostitución, que es una materia muy complicada. Entiendo que ha sido valiente a la hora de sacar este concepto y darle forma jurídica, habrá que ver las consecuencias que tiene para las personas que ejercen la prostitución", ha apostillado la socia de AMJE.

Con la nueva norma se evita la revictimización desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien, como los centros de crisis 24 horas, para las mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.

"Otra cosa novedosa de la ley es el derecho a la reparación integral del daño para la víctima, la asistencia psicológica, la reparación del daño moral y del daño social", ha concluido Esteve.

La nueva ley de protección y bienestar de los animales de compañía, que ultima la Conselleria de Agricultura, contará con una línea presupuestaria de apoyo a los municipios para cumplir con los objetivos de "sacrificio cero", erradicación del abandono y fomento de la protección animal.

Así lo ha avanzado la consellera, Mireia Mollà, sobre la disposición adicional cuarta del anteproyecto que señala la incidencia presupuestaria de la ley en las cuentas de la Generalitat.

En Tavernes de la Valldigna (Valencia) se ha reunido con los presidentes de la Mancomunitat de la Ribera Alta y la Safor, Txema Pelaez y Voro Femenia, respectivamente; el presidente del Consorcio de la Ribera, Óscar Navarro, y el alcalde de Tavernes, Sergi González.

El encuentro, también con el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, ha servido para conocer el proyecto mancomunidado de construcción de dos albergues para la acogida de animales de compañía abandonados, detalla la Generalitat.

Este proyecto prestará servicio a las comarcas de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor, con una población de casi 477.000 personas, y aboga por un modelo público en colaboración con las entidades protectoras en la recogida, mantenimiento y gestión de las adopciones.

Mollà ha valorado la iniciativa porque "se pone a trabajar desde ya" en los objetivos que contempla la nueva legislación y ha enfatizado en el papel aliado de las mancomunidades para ofrecer este servicio de manera ágil, conjunta y eficiente. "Será una instalación pionera que encaja en el proyecto de la Ley de Bienestar Animal y responde a la sensibilidad de la sociedad", ha agregado el alcalde de Tavernes.

De momento, este ayuntamiento propone ceder una parcela de su propiedad, con más de 3.000 metros cuadrados, mientras que el de l'Alcúdia ofrece un solar de más de 4.000 m2. Ambos terrenos cuentan con los requisitos necesarios para albergar las instalaciones de custodia y acogida.

A esta gestión pública ya se han adherido expresamente 51 municipios, con la previsión de la mancomunidad de que en el plazo de un año y medio pueda estar en marcha.

La coexistencia de dos albergues permite establecer sinergias entre ambos núcleos zoológicos y fortalece el servicio de promoción y concienciación a la ciudadanía. En esta línea, la responsable de Agricultura ha puesto el acento en la apuesta por la educación y la formación a través de un módulo específico, alineada con la perspectiva integral de defensa y cuidado de los animales que establece el anteproyecto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 125 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas y ningún fallecimiento, lo que implica la sexta jornada consecutiva sin muertes a causa del virus en la región.

Por provincias, Toledo ha registrado 46 casos, Ciudad Real 36, Albacete 18, Cuenca 15 y Guadalajara 10, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 197.309. Por provincias, Toledo registra 73.046 casos, Ciudad Real 47.796, Albacete 29.662, Guadalajara 27.012 y Cuenca 19.793.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 54. Por provincias, Toledo tiene 29 de estos pacientes (23 en el Hospital de Toledo y 6 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 10 (3 en el Hospital de Ciudad Real, 2 en el Hospital de Valdepeñas, 2 en el Hospital de Puertollano, 1 en el Hospital de Tomelloso, 1 en el Hospital de Manzanares y 1 en el Hospital Mancha Centro), Albacete 7 (3 en el Hospital de Hellín, 3 en el Hospital de Almansa y 1 en el Hospital de Albacete), Guadalajara 6 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 2 (ingresados en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 19. Por provincias, Toledo tiene 7 de estos pacientes, Albacete 4, Guadalajara 4, Ciudad Real 3 y Cuenca 1.

En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en Castilla-La Mancha.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.070. Por provincias, Toledo registra 2.284 fallecidos, Ciudad Real 1.731, Albacete 886, Guadalajara 628 y Cuenca 541.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Seis centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los seis centros, tres están en la provincia de Toledo, dos en Ciudad Real y uno en Albacete. Los residentes con caso confirmado son 16.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.050.

El presidente de la Caja de Solidaridad, Pep Cruanyes, ha llamado este martes a la ciudadanía a seguir haciendo aportaciones para responder pagar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas por valor de 5,4 millones de euros a 34 exaltos cargos del Govern por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, entre otros casos. La citada Caja cuenta en este momento con 400.000 euros.

"Haremos lo posible y lo imposible para recuperar estos millones de euros destinados a fianzas injustas de todo tipo", ha advertido en rueda de prensa, acompañado por el exsecretario general del Diplocat Albert Royo y por el activista Francisco Garrobo, en la que posteriormente han participado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

Cruanyes también ha anunciado que han presentado un escrito al juzgado número 13 para que devuelvan a la Caja de Solidaridad los 4 millones de euros que también les obligaron a consignar en el Tribunal de Cuentas, y por lo tanto considera que es un pago duplicado: "Es una cuestión de justicia".

Tras concretar que actualmente hay 400.000 euros en la Caja de Solidaridad y que, en los últimos días, han notado un incremento de nuevas aportaciones, Cruanyes ha argumentado que, en caso que les devolvieran estos 4 millones de euros, podría ayudar a los afectados por el Tribunal de Cuentas.

También ha recordado la acción de este organismo contra los impulsores de la consulta del 9N de 2014, después de que la semana pasada el Tribunal Supremo no admitiera los recursos de casación presentados por el expresidente de la Generalitat Artur Mas y siete exaltos cargos del Govern contra la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en 2019, que les condenó a devolver 4,9 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas es el órgano que, en esta deriva de la justicia española, ha encontrado como herramienta de represión económica, y que nos recuerda lo que fue durante el franquismo los tribunales de excepción", ha lamentado.

ANC Y ÒMNIUM

Desde la ANC, Paluzie también ha llamado a los ciudadanos a seguir haciendo contribuciones para llenar la Caixa de Solidaritat en favor "de todos los represaliados en esta causa general por la autodeterminación y la libertad de Cataluña".

Y lo mismo ha hecho Mauri, que ha llamado a la solidaridad para frenar "una represión incesante, que no para" y para que el Estado no se salga con la suya, ha dicho en sus palabras.

Ambos también han aplaudido el anuncio del Govern de crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat.

Así, Paluzie ha manifestado su satisfacción al respecto, pero también ha advertido de que no saben el tiempo que resistirá: "Somos conscientes de que el 'deep state' del Estado no tiene freno, y prevemos ataques enormes contra esta medida aprobada por el Govern".

Para Mauri, el fondo del Govern demuestra que las instituciones catalanas no dejan "desamparados" a sus funciones públicos, pero ha coincidido con Paluzie en alertar del riesgo de que no acabe funcionando, y por ello ha recalcado la importancia de seguir haciendo aportaciones a la Caixa de Solidaritat.

Royo, a quien el Tribunal de Cuentas pide 3,8 millones de euros, ha calificado de buena noticia la creación del fondo porque, a su juicio, demuestra que se ha buscado una respuesta y considera que les da un poco más de tiempo, pero considera que no se soluciona el problema de fondo y desconoce si esta opción se aceptará.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha remitido una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y a las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, reclamando el inicio "inmediato del proceso de elección" de candidatos para la renovación del órgano de gobierno de los jueces "dada la situación de bloqueo permanente del Partido Popular". Acusa al PP de realizar "técnicas de bloqueo inadmisibles en Democracia".

En la misiva traslada su preocupación "por el prolongado incumplimiento del artículo 122.3 de la Constitución Española que dispone que debe ser renovado cada cinco años, igual que cada cuatro años sucede lo propio con las Cortes Generales. "Sin embargo, desde el 4 de noviembre de 2018 no se ha procedido a cumplir con tal mandato constitucional", lamenta.

Desde JJpD inciden en que a pesar de los acuerdo que se dieron y que quedaron frustrados por las "escandalosas revelaciones de unos mensajes instantáneos", en referencia a los maensajes de Ignacio Cosidó, apuntan que ahora que se retoman las negociaciones se sigue "ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones constitucionales de quienes tienen el deber institucional de proceder a renovar, en plazo, el órgano".

Indican además que las razones del PP para la no renocavión "son cambiantes e insuficientes" y añaden que "la pretensión de una reforma previa del sistema de elección no puede ser obstáculo para la renovación" ya que si debe hacerse, corresponde a las Cortes Generales adoptarla.

"Pero también es responsabilidad del Congreso y Senado cumplir la Constitución y renovar en plazo, conforme a la regulación vigente en cada momento, el Consejo General del Poder Judicial", subrayan para luego recordar que existe un Pcto de Estado sobre la Justicia que diseñó el actual sistema para la designación del Poder Judicial y que lleva vigente 20 años.

Por ello, reclaman que Lesmes se dirija de nuevo a las Cortes para proceder a la inmediata renovación del órgano y que las presidencias del Congreso y del Senado "inicien ya tal proceso, sea cual fuera su resultado".

"Si hay que hacer cambios en las normas, que se propongan, pero ya tenemos una regulación vigente y aplicable desde hace décadas: la que había el 4 de noviembre de 2018, fecha en la que debería haberse renovado la composición del CGPJ, y que hoy aún está en vigor", añaden.

Asimismo, reclaman que tanto el CGPJ como el Congreso y el Senado se dirijan a la dirección del PP, a Pablo Casado, o a los grupos parlamentarios que sea preciso, "para proceder al inmediato cumplimiento de nuestra Constitución y de la ley" dado que ambas están siendo incumplidas y vulneradas con "técnicas de bloqueo inadmisibles en Democracia".

MÉS per Mallorca preguntará al Gobierno del Estado sobre el reconocimiento "efectivo" de las enfermedades profesionales que sufren las camareras de pisos (Kellys) y lo hará a través de una batería de preguntas con solicitud de respuesta escrita que el senador autonómico Vicenç Vidal ha registrado esta semana en la Cámara Alta.

Según ha informado el senador autonómico Vicenç Vidal, este martes en rueda de prensa, "MÉS per Mallorca quiere ser la voz de las Kellys en el Estado".

Por este motivo, en el Senado se ha registrado esta semana una batería de preguntas, con solicitud de respuesta escrita, con el objetivo de interpelar al Gobierno del Estado para el reconocimiento "efectivo" de las enfermedades profesionales de las camareras de piso; que se regule la carga laboral de estas trabajadoras y que una parte del dinero destinado al Plan para Reavivar la Economía Balear del Sector Turístico se destine a la parte social, es decir, a los estudios ergonómicos y a las mejoras técnicas.

En caso de no recibir una respuesta escrita, ha continuado Vidal, "se pedirá la comparecencia en el Senado de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de la responsable del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto".

Esta batería de preguntas, elevada esta semana al Senado, con solicitud de respuesta escrita, "no es una acción aislada de MÉS" dado que, ha recordado Vidal, "ya se han llevado a cabo previamente iniciativas para apoyar a las Kellys tanto el Parlament balear como en ayuntamientos de municipios turísticos".

LA FORMACIÓN RECLAMA "RESPONSABILIDAD" A LOS EMPRESARIOS

Por otro lado, la regidora de MÉS per Mallorca en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, ha recordado que "desde hace más de un año toda la sociedad se ha esforzado para incrementar la cobertura social a todos los trabajadores que por la COVID no han podido desempeñar su trabajo, para que nadie quedará atrás".

De este modo, y ante la reactivación turística, ha solicitado el "mismo esfuerzo" al sector empresarial. "Los empresarios de Baleares deben tomar la responsabilidad que ha demostrado la sociedad para, de forma importante y ágil, incorporar a todos sus trabajadores, incluso incrementar las plantillas, en el supuesto de que sea necesario ante un previsible aumento del trabajo".

Concretamente, sobre las camareras de piso, Truyol ha apuntado que "las Kellys se han demostrado como un sector que ofrece un servicio esencial". "Si ellas paran, se para la industria turística", ha hecho hincapié. Por este motivo, ha reivindicado, "condiciones laborales dignas y adecuadas".

"Es momento de poner a las Kellys y a otros trabajadores que han sido invisibilizados en el en el centro, de revalorizar la economía de los cuidados, que se ha demostrado esencial durante la pandemia", ha señalado.

LAS KELLYS PIDEN "SER ESCUCHADAS"

Finalmente, la representante de Unión Kellys Baleares Antonina Ricaurte ha agradecido el trabajo hecho desde MÉS per Mallorca "para visibilizar los problemas de la hostelería, en general, y de las camareras de pisos, en particular".

Antonina Ricaurte ha aprovechado sus declaraciones ante los medios de comunicación para reivindicar, una vez más, el reconocimiento de las enfermedades profesionales de las camareras de piso. Además, ha reclamado que se reconozca su derecho a jubilación anticipada y se regulen las sobrecargas de trabajo, que padecen.

"Las Kellys necesitamos que se nos escuche, que se legalicen las enfermedades profesionales y que estén codificadas, para que las Mutuas no nieguen a ninguna persona el derecho a ser atendida y se pueda tener mejor calidad de vida", ha destacado.

La periodista especializada en radicalización violenta Alexandra Gil ha subrayado este martes que "la sociedad tiene un reto con los presos yihadistas que van a quedar en libertad" y ha mostrado su preocupación por que "salgan con su ideología enriquecida por otros códigos de supervivencia, contactos o violencia".

Gil ha hecho referencia a las características comunes "entre las dinámicas de un barrio desfavorecido del que pueden proceder algunos yihadistas y las dinámicas de la cárcel", por lo que ha considerado que "muchos de ellos regresan de prisión con un refuerzo de la delincuencia y una banalización de la violencia".

La periodista ha participado en la XIX edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla), con la conferencia 'Radicalización y desradicalización: el papel de las prisiones', dentro del 'Curso internacional sobre terrorismo yihadista: la reconfiguración de la amenaza. 15º edición'.

Gil ha señalado en su ponencia el foco de debate sobre Francia y cómo se articula el modelo de actuación con los presos yihadistas de cara a la desradicalización y ha explicado el sistema de vigilancia que durante un año se le impone a los presos que alcanzan la libertad, "algo que para muchos viola los Derechos Humanos".

Ha apuntado que estas medidas "van desde el brazalete electrónico, perímetro de seguridad o acceso restringido a lugares de público". "En la actualidad se está estudiando acrecentar estas medidas, prolongando el tiempo de vigilancia", ha manifestado.

Gil ha indicado que estas medidas, que "están muy marcadas por la agenda política", no aspiran "a una seguridad basada en que el individuo abandone su ideología durante su estancia en prisión, sino a que existan la coordinación y los cauces para evitar que estas personas vuelvan a planear un atentado".

La periodista especializada en radicalización violenta ha recalcado la importancia de "lo que ocurre mientras el terrorista yihadista se encuentra en prisión" y ha afirmado que "no se puede tomar la prisión como un microcosmos al margen de la Yihad".

En este sentido, ha utilizado el término "tentáculos de la Yihad" para enmarcar todos los ámbitos por los que la radicalización puede continuar y hacerse fuerte dentro de las prisiones.

La periodista ha resaltado que "los programas que siguen los presos yihadistas dentro de las cárceles no tienen en cuenta todos los ecosistemas que tocan y afectan al individuo".

De estos factores, entre los que ha señalado "las parejas, los familiares, amigos o los antecedentes del individuo", ha destacado el papel de las madres de los presos. "Las madres han sido el motor de la vuelta de muchos yihadistas y, probablemente, lo único que tengan cuando salgan", ha apostillado.

En cuanto a su experiencia personal, Gil ha hecho referencia a que las madres que ha tenido oportunidad de entrevistar "son ateas o católicas, y no presentan símbolos de radicalización ni violencia".

Ha precisado que "cuando las madres tienen sus hijos en Siria, quieren que vuelvan aunque cumplan años de prisión, pero cuando están en la cárcel se conforma una rabia hacia el sistema penitenciario que se traduce en rabia hacia el Estado".

"Esta rabia no provoca que justifiquen los actos cometidos, pero empiezan a equilibrar lo que sus hijos hubieran hecho en Francia con lo que el país les está haciendo manteniéndolos en prisión", ha apuntado la periodista, a la vez que ha lamentado que "se pierde una pata de la realidad al no visualizar el problema que presentan estas relaciones".

Gil ha argumentado que "la gran cuestión es cómo aislar a los presos sin contribuir a dinamizar las sinergias de grupo" y se ha referido a que "el aislamiento y trato diferenciado de estos da pie a un cambio de jerarquía dentro de las prisiones, aumentando el poder de los yihadistas en la cárcel y alterando como son percibidos por el resto de presos".

La Ciudad Autónoma de Melilla ha ampliado el horario de cierre de los locales de hostelería de las 02.00 hasta las 03.00 de la madrugada en la semana en la que vacunará a jóvenes hasta los 16 años ras haber inoculado a ciudadanos del resto de franjas de edad.

En declaraciones a los periodistas, el consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand (PSOE), ha manifestado que "lo prometido es deuda" al anunciar que desde este martes se vacunarán a jóvenes menores de 22 años hasta llegar al viernes, fecha en la que está prevista las inyecciones para los nacidos en 2005, es decir aquellos que tienen 16 años.

No obstante, Mohand ha admitido que si bien en las distintas franjas de edad, de 40 años de edad en adelante, han acudido entre el 74 y 85% -el pico más alto entre aquellos que tienen entre 60 y 70 años-, en cambio en la franja entre 30 y 39 años "hay un 45% que no han acudido aún a la vacunación" a pesar de que ya se ha realizado para ellos "una repesca".

El consejero ha señalado que están pensando fórmulas para incentivar que "los treintañeros se vacunen" y para ello ha avanzado que están planteado "dar un mayor uso al pasaporte covid" que otorga la Ciudad Autónoma a aquellos que tengan la pauta completa y de este modo animarlos a pasar por los centros de vacunación que tiene distribuidos la Ciudad Autónoma.

PROHIBIDO ZONAS DE BAILE Y LAS BARRAS

Al mismo tiempo que la vacunación "se acelera", Salud Pública ha ampliado el horario límite de cierre de locales de copa una hora más "pasando de las 02.00 a las 03.00 horas".

La medida se adopta tras una mejoría de los datos, ya que en 14 días la incidencia acumulada es de 88,43 casos por 100.000 habitantes y en 7 días de 48,23 casos por 100.000 habitantes.

Sin embargo, Salud Pública ha fijado que el consumo deberá realizarse en mesa, no estando permitido en barra. "Las mesas no podrán acoger a más de seis comensales en el interior y ocho en el exterior, excepto en casos de personas convivientes en que podrá aumentarse su número hasta la totalidad de los mismos, tal circunstancia deberá acreditarse mediante DNI, certificado de empadronamiento o libro de familia" ha detallado.

También se mantiene la prohibición del consumo de tabaco y cachimbas o shishas en los establecimientos tanto en interior como en exteriores, se establece la prohibición de hacer uso de pistas de baile en todas sus modalidades, y por tanto la permanencia en el establecimiento sola podrá desarrollarse en mesa.

Por último, ha fijado que el servicio de restauración a domicilio podrá prestarse hasta las 03.00 horas, "asegurando que no se produzcan aglomeraciones de personas y que se mantienen las medidas relativas a la distancia social establecida de 1,5 metros y el uso de mascarillas".

El fiscal ha rebajado de cuatro años y medio de prisión a tres la pena solicitada para el conductor que en mayo de 2019 provocó el accidente de tráfico mortal de Escalante, en el que fallecieron dos personas, y que ha reconocido los hechos aunque no se ha mostrado conforme con la condena de cárcel interesada.

"Es una cosa que voy a tener que pagar de por vida", ha manifestado el joven en el juicio contra él, celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que ha vuelto a pedir perdón por lo ocurrido a los familiares de las víctimas -un hombre y una mujer- y ha reiterado su arrepentimiento: "Más arrepentido que estoy no se puede estar. Lo siento", ha expresado, durante el interrogatorio y en el ejercicio del derecho a la última palabra.

En la sesión, desarrollada en la Sección Primera y que ha quedado vista para sentencia, el procesado ha admitido que la noche previa al siniestro -tuvo lugar sobre las 7.30 horas del día 12- había salido de fiesta por Santoña y consumido alcohol y drogas -arrojó una tasa en sangre de 0,65 mg/l y dio positivo en cocaína- y ha asumido que circulaba a 121 kilómetros por hora, según el atestado, por una travesía urbana limitada a 50 km/h (en el momento del choque la velocidad era de entre 114 y 119).

En este sentido, ha asegurado que no recuerda "nada" desde que cogió el coche en Argoños para dirigirse a su casa en Gama hasta "segundos" después del siniestro, cuando le despertó la camarera de un bar que hay en el lugar de los hechos. "Del momento del accidente y minutos antes no me acuerdo de nada", ha aseverado.

Tras el interrogatorio y la declaración de testigos y peritos, la acusación pública ha modificado sus conclusiones iniciales al contemplar la atenuante cualificada de reparación del daño -que conlleva un año y medio menos de petición de prisión-, toda vez que los padres del implicado consignaron un par de meses después del accidente más de 300.000 euros para indemnizar a las tres hermanas de la fallecida y a la hija, madre y hermano del fallecido.

Él murió en el acto y ella -que iba en el asiento del copiloto- nueve días después por las graves lesiones sufridas. Ambos se dirigían al aeropuerto de Santander para coger un avión con destino a Escocia y pasar allí unas vacaciones que cuando tuvo lugar la colisión, por alcance posterior y mientras estaban parados ante un semáforo en rojo que había accionado un peatón para cruzar por el paso de cebra.

Además, el ministerio fiscal reclama que se prive al enjuiciado -que entonces era transportista y que ahora trabaja como cocinero- del derecho a conducir vehículos a motor durante siete años, dos menos de los que pedía inicialmente. Todo ello por unos hechos que en opinión de esta parte constituyen un delito contra la seguridad del tráfico en concurso con dos de homicidio por imprudencia grave.

La acusación particular, ejercida por la hija del fallecido, ha mantenido la condena inicial solicitada de cinco años y medio de prisión y privación del carné de conducir durante nueve años.

Por su parte, la defensa se ha mostrado disconforme con este letrado y ha propuesto dos años de prisión y cinco de retirada del permiso de conducción, en base a la consideración de la atenuante muy cualificada, adhiriéndose subsidiariamente al planteamiento del fiscal.

ARREPENTIDO

El enjuiciado, que veranea en Gama y conoce la vía donde tuvo lugar el accidente, ha indicado a preguntas de las partes que esa noche bebió unos seis gin-tonics "como mucho" y se acuerda de "un momento" en el que 'chupó' también cocaína.

Aunque ha dicho no recordar el estado en el que se encontraba, se imagina que era "malo" cuando cogió el coche en Argoños -hasta donde le llevaron desde Santoña- para dirigirse desde allí a su casa. Ha precisado que "lo único" que puede rememorar es cómo salió de esa primera localidad y lo siguiente, ya después del impacto, cuando le despertó una camarera de una cafetería del pueblo preguntándole qué había hecho.

Así, ha asegurado no recordar "nada" desde que arrancó su vehículo hasta "segundos después" del accidente, y tampoco el momento de la colisión ni "minutos antes". Además, no sabe si por "la estupidez que llevaba encima" por el alcohol o como no tenía "conciencia" de haber consumido cocaína, pidió una verificación del test de drogas practicado.

A preguntas de su abogada, el acusado ha señalado que tras el accidente permaneció varios días ingresado, con fracturas de "todas" las costillas de un lado y "tres" del otro, lesiones en el hígado y otros órganos y la clavícula "rota".

Ha indicado que desde entonces tiene "dolores" en las rodillas y precisa tratamiento psicológico y psiquiátrico, acreditado con informes que ha presentado su representante legal, que también ha aportado el de vida laboral, los estudios realizados desde los hechos -grado en cocina-, las calificaciones obtenidas y contratos de trabajo.

En su declaración, pública a pesar de que la defensa solicitó que se celebrase a puerta cerrada -a lo que se opuso la sala-, el procesado ha relatado que desde entonces sufre ataques de ansiedad "bastante graves" y tiene "problemas" para conciliar el sueño, así como para relacionarse con la gente, a lo que se suma la pérdida de "muchos" amigos que han seguido "cogiendo" el coche como él ese día.

"La única manera que tenía yo de hacer llegar mi malestar era cortando la relación", se ha justificado el implicado, para remarcar que ha necesitado "un apoyo para ir sobrellevando la situación".

También ha destacado la indemnización a los familiares de las víctimas en la cuantía que "solicitaron", ya que "era lo único que estaba en mi mano". "Era lo único que podía hacer, intentar enmendar mi error: pagar las indemnizaciones para que las familias empezasen a cerrar la herida causada", ha explicado.

En este sentido, ha manifestado su disposición a solicitar un crédito pero como no se lo iban a conceder, sus padres le prestaron el dinero, y ahora tiene que "seguir adelante" para pagar la deuda.

Además, a través de su abogada remitió a los allegados de los fallecidos escritos pidiendo perdón y explicando cómo se sentía tras el siniestro. Algo que no hizo personalmente porque estaba "bastante afectado" a nivel psicológico y su doctora le recomendó que no se "involucrase tanto".

Así, el chico ha destacado que se ha mostrado "arrepentido en todo momento" de que murieran los ocupantes del vehículo contra el que impactó, y por tanto "de todas las decisiones que tomé esa noche, desde el primer momento al último, cuando me monté en el coche".

De este modo, ha vuelto a hacer llegar a los familiares de las víctimas su "más sincero perdón y pésame" por lo ocurrido ese día, en el que se subió al coche con la "intención de llegar a mi casa y meterme a la cama", pero no de causar "daño" a nada ni nadie.

TESTIGOS

Los guardias civiles que hicieron el atestado han señalado que en un tramo previo al siniestro con una "ligera curvatura" había huellas de derrape y frenada, fuera del carril de circulación, lo que "debería" haber aminorado la velocidad por la "fricción" aunque "no necesariamente" indica intención de frenar. "Parece más bien que estaba perdiendo ligeramente el control del vehículo", ha apuntado uno.

También han indicado que la visión de la calzada era "amplia y despejada" por lo que se podía "visualizar" al vehículo detenido ante el semáforo, que era rojo. Y desde 800 metros antes se suceden señales verticales, como cuatro semáforos, dos con paso de cebra.

El peatón que activó el que se encontraba en el lugar del siniestro para cruzar la vía ha manifestado que al pasar oyó "un golpe" y al girarse vio un turismo impactar contra el estacionado, al que desplazó. Entonces, se dio "prisa" y quedó "en shock".

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha advertido este martes del "claro inicio" de la quinta ola en la pandemia del coronavirus con 4.748 casos nuevos declarados --la mayor parte entre los 15 y los 29 años-- en la última semana en la comunidad autónoma que hace unos siete días estuvo "casi a punto" de entrar en la denominada "nueva normalidad".

"No hemos vencido aún al coronavirus, todavía estamos en plena pandemia", ha recordado la consejera quien, tras insistir en que la pandemia es "persistente" porque "vuelve a florecer" cuando se relajan las medidas, ha evidenciado el "claro cambio de tendencia" en las tasas de contagio en Castilla y León que, ha pasado de los puestos 11 y 15 en incidencia acumulada a los catorce días, al cuarto lugar con 237 casos por 100.000 habitantes y tercera a los siete días con 200, ambas tasas superiores a la media, y seis veces superior a la de la semana anterior, muestra del "alto nivel de contagio" que ha equiparado con la pared del gráfico que ya se dio tras las Navidades.

En concreto y según los datos de hoy, la incidencia acumulada es de 278 casos por 100.000 habitantes lo que coloca a Castilla y León en una "preocupante" situación de "riesgo muy alto, con una tasa creciente, muy creciente al ascenso", especialmente en Burgos (387), León (411), Palencia (254) y Zamora (430), mientras que Salamanca (191), Segovia (155), Soria (164) y Valladolid (230) están en riesgo alto y Ávila (71) en riesgo medio.

A esto ha añadido que "todos, todos" los municipios de más de 20.000 habitantes crecen en incidencia acumulada, como San Andrés del Rabanedo (León), con 700, o Zamora, con 691, para sentenciar que el contagio está creciendo de forma "muy importante".

Por grupos de edad, ha advertido de que en el grupo de 12 a 19 años las tasas se aproximan a los 1.000 por 100.000 habitantes (996 en concreto), ratio que se supera en el de 20 a 29 años, con 1.061 casos, lo que demuestra que una de cada cien personas de estas edades está infectada por coronavuris en Castilla y León un aspecto a tener en cuenta, ha añadido, cada vez que alguien vea una aglomeración.

A modo de ejemplo, ha informado de que en León se superan los 1.400 casos en el rango de 20 a 29 años, seguido de Burgos y de Salamanca con 1.309 y 1.027 respectivamente.

A esto ha añadido su preocupación al observar el porcentaje de contagiados en los siguientes segmentos de población, como el de 50 a 59 años, mayoritariamente con la primera dosis y por su relación directa con los más jóvenes por lo que ha apelado a todo el mundo a la responsabilidad individual.

En cuanto al índice reproductivo --2,08-- ha reconocido que es "bastante superior" al de las dos anteriores olas con un nivel de ataque que parece "bastante más agresivo", un incremento que ha basado en circunstancias como el fin de los exámenes, los viajes de fin de curso, la movilidad asociada al verano o a la presencia de variantes más contagiosas sin descartar la relajación de las medidas de seguridad, entre otras cosas por la denominada fatiga pandémica que, según ha aclarado, "no sirve de eximente" en la lucha contra el virus, mayoritario en Castilla y León en la variante 'alfa' (84,3 por ciento), seguida de la 'beta', en León, y de la 'delta' "a lo largo y ancho de la Comunidad".

"La tasa de letalidad no es cero en ninguna edad", ha recordado la consejera y médico de profesión que ha situado esa tasa en el 0,22 por ciento en el caso de los jóvenes, lo que significa, ha reiterado, que dos de cada mil jóvenes contagiados por COVID puede fallecer por lo que ha insistido en su llamamiento a la cautela y a la prudencia porque la enfermedad "es vulnerable" si funcionan las medidas de control, además de las vacunas "el principal arma" en esta batalla.

Finalmente, Verónica Casado ha advertido del "claro aumento" en la presión asistencial en Atención Primaria, "la puerta de entrada" al sistema, en urgencias e, incluso, en el teléfono 900, a lo que ha añadido el "claro cambio de tendencia" en los ingresos en planta con 65 frente a 54 hace una semana.

Las diputadas autonómicas por Sevilla Maribel Mora y María del Carmen García han presentado este martes sus solicitudes de baja del grupo parlamentario Adelante Andalucía --que ha pedido cambiar su denominación por la de Unidas Podemos por Andalucía--, y pasarán a ser diputadas no adscritas en el Parlamento autonómico, una condición que desde el pasado mes de noviembre define la situación de la excoordinadora de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez y de otros ocho parlamentarios que fueron expulsados del grupo en esa fecha.

De esta manera, las salidas de estas dos diputadas elevarán a once los diputados no adscritos que entraron en el Parlamento tras las elecciones andaluzas de 2018 desde las listas de Adelante, mientras que reducirán a seis los miembros que permanecerán en el rebautizado grupo Unidas Podemos por Andalucía.

Precisamente ambas salidas de estas dos diputadas se conocen apenas una semana después de que el grupo Adelante Andalucía comunicase su decisión de cambiar su denominación de forma provisional por la de Unidas Podemos por Andalucía mientras se mantuviese la "usurpación" de la marca Adelante Andalucía por parte de los promotores de la coalición que, bajo dicho nombre, celebró el pasado 26 de junio una asamblea constituyente en Granada de la que fue elegida portavoz la citada Teresa Rodríguez.

Adelante Andalucía fue el nombre bajo el que concurrieron en coalición a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 tanto Podemos como IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, y que obtuvo 17 escaños en el Parlamento andaluz de los que, tras las salidas de Maribel Mora y María García, solo quedarán seis en el grupo que va a pasar a llamarse Unidas Podemos por Andalucía.

La ruptura interna del grupo se materializó el pasado mes de noviembre con las expulsiones de nueve parlamentarios solicitadas por Podemos con respaldo de IU por supuestos casos de transfuguismo de dichos diputados al haberse desvinculado de Podemos, partido al que representaban cuando concurrieron a las listas de Adelante Andalucía.

RAZONES DE SUS SALIDAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO

En un artículo publicado este martes en el diario digital 'Público' bajo el título 'Sin rencor. Con esperanza', la parlamentaria por Sevilla Maribel Mora ha anunciado su decisión de abandonar el grupo de Adelante y pasar a ser no adscrita tras haber sido la primera senadora con la que contó Podemos tras ser designada para ello por el Parlamento andaluz en representación de la comunidad autónoma en 2015, según recuerda ella misma en dicha publicación.

Maribel Mora defiende en su artículo que Podemos e IU "se encuentran ahora mismo en las antípodas" del objetivo que se marcaba la coalición Adelante Andalucía cuando se conformó para las elecciones autonómicas de 2018 de 'construir un proyecto endógeno que participe en la refundación del Estado' y que nos llevara al 'autogobierno', lo que implicaba necesariamente 'soberanía alimentaria, energética, ambiental, identitaria, política y territorial para Andalucía'".

Según ha recordado, ella no fue expulsada el pasado mes de noviembre como sí sucedió con nueve de sus compañeros de grupo, una "operación política" hacia la que, "desde el primer momento, con el respeto y la educación con las que siempre he obrado en política, manifesté mi absoluta disconformidad", según indica Maribel Mora antes de apostillar que, "a cambio, lo que obtuve fueron un cúmulo de presiones que nunca comprendí si tenían como objetivo forzarme a abandonar mis convicciones o si, como finalmente ha sucedido, su intención era hacer que abandonara por mi propio pie el grupo parlamentario".

"Entonces creí que lo más oportuno era seguir haciendo aquello por lo que un día di el paso a la política institucional: trabajar por la justicia social y, sobre todo, por los y las más invisibles", defiende Maribel Mora, que lamenta que, "tan solo un día después de la expulsión de Teresa Rodríguez se me destituyó como vocal en la Mesa del Parlamento", e "inmediatamente como portavoz de las comisiones en las que venía trabajando desde que fui elegida". Además, "desde entonces se me ha impedido intervenir en el Pleno del Parlamento andaluz", según denuncia.

"CONTRADICCIONES"

"Han sido ocho meses en los que se me ha intentado silenciar políticamente, en los que se ha bloqueado mi trabajo", afirma Maribel Mora en su artículo, en el que, no obstante, defiende que "la razón fundamental" por la que ha tomado "la decisión de no formar parte del nuevo grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía" es porque le superan "contradicciones" como que el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "aún practique devoluciones en caliente, que se siga encerrando a personas que no han cometido delito alguno en los CIEs, que no cesen las redadas por perfil racial y que no cese el maltrato institucional al colectivo".

Y, "sobre todo, para mí, que soy una andalucista y una soberanista convencida, es imposible seguir vinculada a un proyecto que, por entrar a formar parte de un gobierno de coalición con el PSOE, ha renunciado a su espíritu transformador inicial y que, además, ubica a Andalucía en una posición subalterna", según sentencia Maribel Mora, que concluye que, "como sigo fiel a las premisas bajo las que un día fui votada por miles de andaluces y andaluzas, he de abandonar el grupo parlamentario del que había formado parte hasta ahora y que, por cambiar, tanto ha cambiado que en próximas fechas cambiará incluso de nombre".

Por su parte, María García ha explicado en unas declaraciones remitidas que el proyecto del grupo parlamentario Adelante Andalucía "hoy por hoy no tiene en absoluto nada que ver" con el proyecto "netamente andaluz" que se conformó para las elecciones de 2018.

Ha subrayado que tanto Maribel Mora como ella se sienten "identificadas" con los diputados que fueron expulsados del grupo, y "teníamos la esperanza de que todo volviera a la situación anterior a las expulsiones, que fueron injustas", según ha apuntado antes de recordar que a ella no se le expulsó del grupo de Adelante, pero sí le "han vaciado de contenido todo el trabajo parlamentario que podía hacer dentro del grupo", quitándole la portavocía de comisiones y no dejándole "participar en los Plenos", según ha lamentado antes de concluir que ya no se siente "identificada" con el grupo de Unidas Podemos por Andalucía en relación al "proyecto inicial" de Adelante.