El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido las restricciones sanitarias implantadas en la comunidad autónoma y ha manifestado que ésta presentará una «casi normalidad absoluta» en «un horizonte de 20 o 30 días».

Así lo ha dicho este lunes en el Pleno del Parlamento, en el que ha respondido a una pregunta del PP sobre las previsiones de mantener las medidas frente al Covid-19, con las que el partido considera que el Gobierno regional se está «pasando de frenada» y causando un «daño irreparable» a la hostelería.

Sin embargo, Revilla ha asegurado que gracias a esas medidas Cantabria «está mejor que la media» y presenta un horizonte que «no tienen otras comunidades autónomas». Además, ha incidido en que «nadie ha hecho por la hostelería de Cantabria más que Miguel Ángel Revilla Roiz».

«Me lo digo yo a mí mismo y me lo reconoce una mayoría», ha dicho en alusión a la promoción que realiza con su presencia en los programas de televisión. «Yo no cobro, pero me llaman. Me gustaría que llamaran a toda la Cámara y que todos hicieran lo que hago yo: pregonar Cantabria, Cantabria, Cantabria. Vengan a Cantabria».

Al hilo, ha destacado que el año pasado «llenamos Cantabria hasta el punto de ser la región de España con más afluencia de personas», a pesar de que todavía había «cierto riesgo» para el turismo, por lo que ha imaginado «lo que puede ser este año», para el que ya está «preparando la campaña».

Nadie ha hecho más por decir que aquí se trata a la gente de maravilla, que tenemos los mejores cocineros, un trato amabilísimo por parte de los restaurantes, de los hoteles. Tampoco hace falta que me lo digan, me lo digo yo a mí mismo porque lo sé y porque me lo reconocen», ha insistido.

El jefe del Ejecutivo cántabro ha explicado que lo que ha hecho el Gobierno en esta ocasión es «seguir la disciplina que tiene que seguirse en una pandemia», que es afrontar las directrices de Sanidad. Y aunque ha asegurado que suele intentar «dulcificar» las medidas en las reuniones con los responsables en materia sanitaria, «el parte de guerra es el parte de guerra».

Además, ha defendido que «hasta ahora no nos ha ido tan mal» y se siente «orgulloso» de la situación actual del Covid-19 en la comunidad.

Según el presidente, se están aplicando las últimas medidas dictadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud -que ha marcado el cierre de la hostelería a la 1 y el del ocio nocturno a las 2 de la madrugada- con la idea de que «esto empezará a mejorar dentro de muy poco y podremos presentarnos en un horizonte quizá de 20 o 30 días, según me dicen, con una casi normalidad absoluta en Cantabria».

Por ello, ha vaticinado que gracias a las medidas sanitarias «vamos a tener un maravilloso verano» en la comunidad, que además es la quinta que más ha vacunado contra el virus y la tercera con menos víctimas mortales, según ha indicado Revilla.

Así, ante las críticas del PP ha considerado que el partido «hubiera hecho lo mismo» si gobernara y que su posicionamiento sería «diametralmente distinto», ya que ha considerado que se muestra en contra de las medidas del Ejecutivo por «instrucciones» de la formación.

Sin embargo, la diputada ‘popular’ y secretaria autonómica del partido, María José Sáenz de Buruaga, ha lamentado que las restricciones actuales son más duras que las de hace un año a pesar de que el Gobierno califica la situación de «extraordinaria» y ha pedido de nuevo que se retire el ‘semáforo Covid’, que a su juicio «no tiene ni pies ni cabeza».

Asimismo, ha opinado que lo que hace Revilla es «parapetarse detrás de los técnicos» y obedecer «ciegamente» las pautas del Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que «lesionan» los intereses de Cantabria.

Un hombre de 67 años interpuso el mes pasado una denuncia contra el diputado de Más País en el Congreso Íñigo Errejón por una presunta agresión, al sostener que le dio una patada en la barriga el 2 de mayo en el barrio madrileño de Lavapiés.

Por este motivo y tras realizar varias indagaciones de investigación, la Policía Nacional ha remitido el atestado a un juzgado para que analice dicha denuncia, según han indicado fuentes policiales.

Mientras, desde Más País han asegurado que «no se produjo ninguna agresión física» y que se atenderá cualquier información oficial que se les requiera si llegara el momento.

Según el escrito de la denuncia, adelantado por ‘Okdiario’, un hombre de 67 años relata que la noche del 2 de mayo en el barrio de Lavapiés estaba con un amigo en un bar y, cuando salió del local, reconoció a Errejón entre un grupo de unas seis personas.

La versión del denunciante sostiene que le pidió hacerse una fotografía junto al parlamentario y que este declinó la propuesta. Al volver a insistirle para que lo hiciera, este hombre manifestó ante la Policía que Errejón le propinó una patada en la barriga y que se quedó «bloqueado» ante la situación.

Luego explica que él estaba con su perro y describe ciertas características de vestimenta y rasgos físicos de varias de las personas que supuestamente acompañaban a Errejón, para añadir que uno de ellos le conminó a marcharse del lugar y no avisar a la Policía.

No obstante, el denunciante replica que tiene conocimiento de que en el lugar hay cámaras de la grabación y que acuden al lugar posteriormente agentes de la Policía Nacional, que le indican los pasos a seguir si consideraba oportuno ir a comisaría.

Fuentes policiales indican que se recogió el testimonio de dos personas y se visionaron cámaras de videovigilancia, tras lo cual se remitió el atestado a un Juzgado de Plaza de Castilla para que lo analice.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cuestionado la palabra del líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «venderá» a los españoles «por un plato de lentejas» si le indulta porque «un día» diga que renuncia a conseguir la independencia de Cataluña por la vía unilateral.

«Si lo único que ha podido sacar Sánchez después de darles todo es que en una carta un día digan esto, es que nos ha vendido por un plato de lentejas», ha declarado Arrimadas a los periodistas ante el Tribunal de Cuentas, donde Cs ha presentado una denuncia contra la ayuda pública concedida a la aerolínea Plus Ultra.

En una carta publicada por el diario ‘Ara’ y por La Sexta, Junqueras sostiene que los indultos a los condenados por el proceso separatista de 2017 podrían «aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana», aunque preferiría una amnistía para acabar con la «persecución judicial». Además, reitera que no es viable ni deseable que el independentismo retome el camino de la unilateralidad y apuesta por un referéndum pactado con el Ejecutivo central.

Sin embargo, Arrimadas considera que esto es la palabra de «un delincuente condenado que va a decir lo que sea en este cuarto de hora para que les den el indulto y puedan volver a hacer lo que quieren volver a hacer, que es destrozar otra vez Cataluña como ya hicieron en 2017».

DAR UN «PRIVILEGIO» A UNOS POLÍTICOS

Asimismo, se ha preguntado por qué hay que «dar privilegios a los políticos», perdonándoles las penas que les impuso el Tribunal Supremo por impulsar el referéndum ilegal y la declaración de independencia, mientras los ciudadanos «tienen multa» si no pagan a tiempo un impuesto y no se les retira porque «digan un día ‘ya no lo vamos a volver a hacer'».

«¿Y con estos señores pretendemos que Pedro Sánchez diga que aquí no ha pasado nada?», ha planteado, convencida de que el objetivo del presidente del Gobierno y líder de PSOE es indultar a los presos del ‘procés’ para asegurarse el apoyo de ERC y otros partidos nacionalistas en el Congreso y, de esa manera, «mantenerse en Moncloa».

Para ello, «va a hacer lo que sea, incluso haciendo lo contrario de lo que él y sus palmeros decían hace dos años», ha advertido tras recordar cómo en 2019, «para ganar votos», Sánchez descartó esos indultos, prometió traer detenido a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que fuera juzgado y propuso tipificar como delito la celebración de referéndums ilegales.

Según Arrimadas, indultar a Junqueras y a los demás condenados por el ‘procés’ por delitos de sedición y malversación de fondos públicos supondría un «insulto» a todos los españoles y «humillar» sobre todo a los catalanes constitucionalistas que han «sufrido los ataques» de los dirigentes independentistas durante años.

En su opinión, perdonarles las penas significaría «legitimar todo lo que ha hecho el separatismo», como «romper la sociedad catalana», «arruinar» a Cataluña y usar dinero público para celebrar un referéndum ilegal, además de dar un «premio» a unos políticos que han incumplido las leyes.

EN COLÓN SE VERÁ EL RECHAZO DE LA MAYORÍA SOCIAL

La líder de la formación naranja ha destacado que la «inmensa mayoría» de la sociedad española se opone a esos indultos y que eso quedará patente en la manifestación del próximo domingo en la plaza de Colón de Madrid, convocada por la plataforma Unión 78.

Arrimadas ha insistido en que lo importante no es qué representantes políticos van a estar en Colón o dónde se van a situar –por si se repite o no la foto conjunta de los líderes del PP, Vox y Cs–, sino las «centenares de miles de personas» que asistirán para rechazar indultos, incluidos «muchos socialistas y exsocialistas que no están de acuerdo con la deriva sanchista».

Igualmente, ha indicado que ese día «Sánchez se va a retratar con los separatistas», a los que «ahora les entrega todo lo que está en su mano para mantenerse en Moncloa» tras haber defendido anteriormente que esos partidos debían «estar fuera de la gobernabilidad» de España.

En Ciudadanos «vamos a estar en todos los lugares donde se defienda la democracia española, sin complejos, para decir sí a la Justicia y a la convivencia, no a los indultos y no a los privilegios separatistas por los intereses electorales de Sánchez», ha recalcado.

Aparte de asistir a la concentración que Cs ha organizado para el próximo viernes en Barcelona, Arrimadas acudirá a la manifestación de Colón junto al secretario general del partido y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, y a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Fuentes de la formación naranja han dicho que acuden a título personal y que los promotores de la protesta han pedido a los partidos que dejen el protagonismo a los ciudadanos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha especulado que el mes de julio, «o incluso antes», podría dejar de ser obligatoria la mascarilla en exteriores, impuesta por la pandemia de COVID-19.

«Creo que julio, o incluso antes, puede ser una buena fecha para plantear dejar de usar las mascarillas en los exteriores», ha afirmado en rueda de prensa este lunes, aunque ha precisado que «habrá ámbitos en los que será muy difícil dejarlas hasta que no haya un gran porcentaje de la población vacunada».

De la misma forma, ha alegado que «también es necesario recordar que para dejar de usar mascarillas hay que modificar una ley, y esto lleva su tiempo». Mientras tanto, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha celebrado que el descenso en la incidencia es «lento pero sigue manteniéndose de forma estable».

Simón ha resaltado, en cualquier caso, que existe una «variabilidad importante» en este descenso, «no ya solo entre comunidades autónomas sino también se va observando en los grupos de edad debido al impacto de la vacunación en aquellos grupos que ya están vacunados».

De la misma forma, ha celebrado que la ocupación en unidad de cuidados intensivos (UCI) «va descendiendo, quizá más que en las semanas previas». «Son datos que muestran una buena evolución pero con diferencias entre comunidades autónomas. Algunas están aún por encima del 25 por ciento de ocupación de UCI y por encima del 6 por ciento en hospitalización general. Pero hay una tendencia estable hacia el descenso en las UCI», ha remachado.

Al tiempo que se produce este descenso producto de la vacunación, el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación, Alfredo González, ha informado en rueda de prensa que esta semana llegarán a España en torno a 3 millones de dosis. «Esta semana llegarán 2,5 millones de dosis de Pfizer. Hoy se ha repartido una remesa de vacunas de Moderna y estamos pendientes de la confirmación del siguiente envío de AstraZeneca y Janssen, que probablemente llegue a las comunidades el jueves».

ENTRA EN VIGOR EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN

González ha comparecido con motivo de la entrada en vigor del Certificado Verde Digital. «Desde hoy 7 de junio España comienza a emitir a los ciudadanos de nuestro país que lo soliciten el certificado de vacunación digital de la UE. Desde hoy también hemos empezado a reconocer los certificados emitidos por otros países. Nos adelantamos con ello más de 20 días a la fecha en que este certificado será obligatorio. Sin este certificado se podrá viajar pero el proceso de entrada a cada país será más lento: se podrán poner controles como cuarentenas», ha destacado.

Asimismo, González ha recordado que desde hoy también se admite la entrada de viajeros de fuera de la Unión Europea (UE) que estén vacunados. Las vacunas aceptadas son las autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y por la Agencia Europea del Medicamento y deben haber transcurrido al menos 14 días desde la inoculación de la pauta completa, tal y como ha detallado el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación.

En este sentido, ha avanzado que «en los próximos días» las comunidades autónomas irán ofreciendo cada vez más funcionalidades de este certificado para que el día 1 de julio todas hayan completado el proceso.

«No es necesario que toda España estén emitiendo certificados para que los ciudadanos se desplacen. Un ciudadano que tenga un certificado emitido por su comunidad autónoma puede ir a partir de hoy a cualquier país de la UE que esté leyendo esos certificados», ha aclarado.

Diversos cargos de Podemos han ensalzado a la exdiputada en la Asamblea de Madrid Isa Serra por su «dignidad» y «coraje político» al renunciar a su escaño en la cámara regional, lo que evidencia su capacidad de tomar las «decisiones correctas en los momentos difíciles».

La hasta ahora portavoz de Unidas Podemos en el parlamento madrileño ha anunciado esta tarde que renunciará a su acta para asumir nuevas responsabilidades en su partido a nivel nacional.

También ha indicado que su salida del Parlamento regional, al que llegó en 2015 no tiene como razón principal la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que la condenó a un año y siete meses de prisión por agredir a agentes de policía durante una protesta contra un desahucio en el barrio de Lavapiés en enero de 2014. De hecho, el recurso en el Supremo tendrá que salir en los próximos días.

La aspirante a dirigir Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha agradecido su trabajo «estos años al frente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid» y ha añadido que son «afortunadas de tener a una defensora de los derechos humanos» como ella en la formación morada.

A su vez, la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha agradecido en Twitter a Serra por representar a Unidas Podemos y «tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles» «¡Seguimos, y lo haremos juntas!», ha agregado.

«FEROCIDAD DEL ACOSO JUDICIAL»

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destacado también en las redes sociales que la «dignidad y la altura política y humana» de Serra es «directamente proporcional a la ferocidad del acoso judicial y mediático al que la han sometido por atreverse a defender los derechos humanos de la gente más humilde.

Mientras, su compañero en la candidatura a las elecciones madrileñas y diputado autonómico, Tito Morano, ha relatado que su marcha le da «muchísima pena» por ser la «mujer más valiente que conoce», pues asumió «la bandera de Unidas Podemos en 2019 en un momento muy difícil y defendió el proyecto sobre todo».

El politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha ensalzado la «coherencia» de la exportavoz parlamentaria en la Asamblea de Madrid. «La misma lógica de esos jueces que consienten que el CGPJ esté actuando ilegítimamente dos años ya caducado es la que te ha juzgado por defender la Constitución. Ellos pasarán y tú quedas como ejemplo de coraje político», ha desgranado también en Twitter.

El líder del PSC en el Parlament catalán, Salvador Illa, ha celebrado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, crea que los indultos a los impulsores del 1-O encarcelados pueden ayudar a rebajar el conflicto político en Cataluña y considere que la vía unilateral no es viable, porque considera que así se está posicionando a favor del «diálogo, el acuerdo y de abrir un nuevo tiempo» en Cataluña.

En unas declaraciones a los periodistas tras una visita al barrio del Carmel de Barcelona, ha valorado positivamente el posicionamiento expresado por Junqueras en una carta publicada este mismo lunes porque significa que quiere «abrir un tiempo de reencuentro, convivencia y diálogo».

Preguntado por la concesión de indultos a los presos del 1-O, ha sostenido que todo lo que sea dar pasos para abrir un tiempo nuevo, de diálogo y de asumir acuerdos es «la dirección correcta».

Ha recordado que quién tiene que tomar la decisión en torno a la concesión de indultos es el Consejo de Ministros, en base a unos criterios que son «los valores constitucionales de favorecer el diálogo y la paz en Cataluña».

Por último, ha insistido en la necesidad de celebrar, «si es necesario con carácter de urgencia», una mesa de diálogo entre partidos, con el objetivo de que los catalanes se reencuentren y vuelvan a escucharse, en sus palabras, y asegura que este es el compromiso del Govern alternativo del PSC, que presentó este domingo Illa.

AYUNTAMIENTO

En la visita también ha participado el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha dicho que espera y pide al nuevo Govern que trate a los ciudadanos de Barcelona como «catalanes de primera».

Para Collboni, las inversiones en el ámbito social –concretamente en educación, salud y vivienda– en la ciudad de Barcelona se encuentran «por debajo de la media del conjunto de la población en Cataluña», y reivindica que desde el PSC harán todo lo necesario para ayudar.

Durante el mes de mayo de 2021 el Ministerio de Igualdad confirmó hasta siete casos de mujeres asesinadas por violencia de género –además del asesinato de un menor– lo que ha convertido a este mes en el más ‘negro’ registrado desde enero de 2020.

El primer mes del año pasado registraba, también, siete mujeres asesinadas, un cifra que fue cayendo en los siguientes meses, con la llegada de la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, y especialmente en el periodo en que se decretó el estado de alarma.

Enero de 2020 fue el periodo más dramático del año pasado, por delante de febrero de ese mismo año, cuando tampoco se había declarado la pandemia mundial. En ese segundo mes se registraron seis asesinatos, el mismo número se contabilizó en agosto de 2020.

En cuanto a la comparativa con anteriores meses de mayo, el de 2021 ha sido el más ‘negro’ desde, al menos, 2012, cuando la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género comenzó a publicar sus boletines con datos sobre esta materia en su página web.

EL MAYO MÁS DRAMÁTICO DESDE 2012

En los datos publicados, mayo de 2021 es el que ha registrado más mujeres víctimas de violencia de género, por delante de mayo de 2013, cuando se contabilizaron seis casos, y de mayo de 2017, cuando se produjeron cinco asesinatos.

Cabe destacar que el 9 de mayo de este año se dio por finalizado el estado de alarma en el país, lo que abrió la puerta a los desplazamientos entre CCAA en España, prohibidos en la mayoría de regiones hasta ese momento.

La propina ministra del ramo, Irene Montero, consideró en una entrevista que puede haber relación entre el «repunte» de asesinatos por violencia de género registrados en el mes de mayo de este año y el fin de las restricciones.

En concreto, la ministra explicó que durante «las primeras desescaladas» ya sabían que «podría haber repuntes de violencia» y que lo sucedido confirmó que esto «podía suceder». «De hecho está sucediendo asó», declaró.

El juez del caso ‘Tándem’, la macrocausa en la que se investigan los negocios oscuros del ex comisario José Manuel Villarejo, ha reavivado la pieza número 27, donde investiga si el agente jubilado fabricó pruebas a fin de propiciar el registro policial de Método 3 para apoderarse de cierta documentación, al citar a tres ex trabajadores de la agencia de detectives para que declaren como testigos.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, escuchará este martes a la ex directora de la oficina de Método 3 en Barcelona Elisenda Villena y a los ex detectives de la misma Álex Borreguero y Julián Peribáñez, según ha avanzado ‘ABC’ y han confirmado fuentes jurídicas.

El objetivo de esta pieza separada es determinar si el ex comisario jugó algún papel en las entradas y registros que tuvieron lugar en febrero de 2013 en las sedes de Método 3 de la ciudad condal y Madrid y que se saldaron con la detención de estas tres personas y del propietario de la agencia de detectives, Francisco Marco.

El operativo policial se desató por la presunta trama de espionaje de La Camarga, un restaurante de la capital catalana donde la entonces líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez –ex pareja de Jordi Pujol Jr– tuvieron una conversación que habría grabado Método 3. En esa charla, de julio de 2010, esta última habría revelado a la dirigente ‘popular’ aspectos de su relación sentimental, incluida la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales por parte del hijo del hijo del ex president.

La investigación sobre el denominado caso ‘La Camarga’ fue archivada en los juzgados de instrucción de Barcelona, pero posteriormente Marco presentó una denuncia contra Villarejo por esas entradas y registros, las detenciones y las filtraciones a medios de comunicación de supuesta información falsa sobre esa grabación.

EL ENTRAMADO DE ‘TÁNDEM’

La denuncia del dueño de Método 3, presentada el pasado mes de julio, habría desencadenado la apertura de esta nueva pieza, que hasta ahora se instruía en secreto, de acuerdo con el citado diario.

El nombre de Marco ya figuraba en el enjambre judicial de ‘Tándem’. Consta como perjudicado en ‘Land’, otra pieza separada de las más de 30 que componen la macrocausa sobre Villarejo, que versa sobre el presunto encargo que Susana García Cereceda y Francisco Peñalver, administradores de Procisa, la inmobiliaria promotora de la lujosa urbanización ‘La Finca’ de Pozuelo de Alarcón, habrían hecho al ex comisario para desacreditar a posibles herederos del emporio que dejó su padre, Luis García Cereceda.

‘Land’ y otras dos piezas –‘Iron’ y ‘Pintor’– se ventilarán en un mismo juicio que comenzará a finales de año en la Audiencia Nacional con una petición de pena para el ex comisario de más de cien años de cárcel. Será la primera vez que Villarejo se siente en el banquillo por ‘Tándem’.

El robot marino ha encontrado este lunes una botella de oxígeno y una sábana en la zona donde se busca a las niñas desaparecidas en Tenerife, según han informado fuentes de la investigación, que precisan que ambos objetos serán sometidos ahora a análisis para tratar de confirmar si pueden aportar pistas sobre el paradero de las menores.

La investigación que lidera la Guardia Civil se centra ahora en tratar de determinar si la botella de oxígeno pertenece a Tomás Gimeno, que era aficionado a la pesca submarina.

El hallazgo, adelantado por ‘Nius’, se ha producido en torno a las 14.00 horas de este lunes dentro del dispositivo de búsqueda de las niñas que desaparecieron junto a su padre el pasado 27 de abril. Entre los objetos se ha hallado también una sábana, según confirman las citadas fuentes.

Los trabajos policiales se centran en rastrear los datos de registro de la botella de buceo, ya que es habitual que quede constancia de su adquisición y revisiones periódicas. De esta forma, se podría confirmar o descartar que pertenecía al padre de las niñas Anna y Olivia, de uno y seis años.

Al dispositivo se ha sumado el buque oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía ‘Ángeles Alvariño’, equipado con un sonar de barrido lateral y un robot submarino, encargado de rastrear el fondo marino en busca de pistas.

El buque oceanográfico está realizando la inspección marina en la zona donde la lancha de Tomás Gimeno fue encontrada a la deriva, a una milla náutica del Puertito de Güímar. Su misión es radiografiar el fondo marino con el sonar para tratar de identificar algún objeto extraño y, si es posible, subirlo a la superficie con el robot submarino.

En la investigación participan también efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), sumando cada día a más de setenta personas de medios aéreos y marítimos, además de terrestres.

Sobre la investigación pesa el secreto de sumario y ha incluido varios registros en la finca de Tomás Gimeno, situada en Igueste de Candelaria, las últimas ocasiones contando con el apoyo de una unidad canina desplazada desde Madrid.

La Reina Letizia ha aceptado la Presidencia de Honor del XXXVI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, para corresponsales o enviados especiales de medios españoles en el extranjero, que se entregará el 24 de septiembre y está organizado por la Asociación de Periodistas de Segovia.

En una carta firmada por el jefe de la Secretaría, señala que se toma nota de la invitación a la Reina a presidir la entrega del premio o, en su caso, recibir en audiencia a una representación de la Asociación junto con el premiado.

La primera reunión del jurado se mantendrá el 30 de junio en la Sala de la Biblioteca del Ayuntamiento de la que saldrán tres finalistas.

El segundo encuentro, coincidiendo con la entrega en el Parador de Turismo, se celebrará el 24 de septiembre. Un día antes, el 23 de septiembre, se celebrarán las XIII Jornadas de Periodismo en lo Global en colaboración con el campus ‘María Zambrano’ de Segovia de la Universidad de Valladolid, señala la asociación a través de un comunicado.

CANDIDATURAS

El plazo de recepción de candidaturas, a las que se sumarán las recibidas el año pasado, cuando se desconvocó el premio debido a las dificultades para proceder a la entrega debido a la pandemia, tendrá lugar a las 00.00 horas del 24 de junio.

Dotado con 6.000 euros y una pieza de la Real Fábrica de Cristales de La Granja para el ganador, los otros dos finalistas recibirán 1.000 euros y sendas piezas de vidrio realizadas a menor escala.Podrán concurrir los periodistas, cámaras o fotorreporteros que hayan destacado durante el año 2020, tanto como corresponsales fijos de medios o enviados especiales y ‘free lance’.

El jurado, presidido por el titular de la asociación, Miguel Ángel López, estará formado por representantes de medios nacionales, así como algunos premiados en anteriores ediciones, entre otros.

El galardón está patrocinado por el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial y CaixaBank, también colaboran Repsol, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Centro Nacional del Vidrio, Iberia, Paradores, la marca de garantía Cochinillo de Segovia y la Asociación de Camareros de Segovia.

PREMIADOS

En la lista de los premiados figuran Manu Leguineche, Diego Carcedo, Felipe Sahagún, José Virgilio Colchero, Javier Martín Domínguez, Hermann Tertsch, Beatriz Iraburu, Juan Jesús Aznárez, Ángela Rodicio y José Luis Márquez, Román Orozco, Ferrán Sales, Gervasio Sánchez, Pilar Bonet, Juan Fernández Elorriaga, Vicente Romero, Evaristio Canete, Fran Sevilla, Ramón Lobo, Juan Cierco, Tomás Alcoverro, Javier Espinosa, Enric González, Rosa María Calaf, Javier del Pino, Joaquín Ibarz, Soledad Gallego-Díaz, Eugenio García Gascón, Enrique Ibáñez, Mónica Bernabé, Marc Marginedas, Íñigo Domínguez, Juan Pedro Quiñonero, Mónica García Prieto, Cristina Sánchez y Jesús Martín.

Son Premios ‘Cirilo Rodríguez de honor’ Enrique Meneses y Carmen Sarmiento.

La defensa de Juana Rivas ha mostrado este lunes su «indignación» con que el recurso presentado contra el auto de entrada en prisión de su cliente sea «ninguneado y desatendido» por la «manifiesta parcialidad» del titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, el magistrado Manuel Piñar, y ha anunciado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su «irregular comportamiento».

El letrado Carlos Aránguez ha señalado en una nota que el auto de ingreso en prisión se dictó el 27 de mayo y que ese mismo día se presentó el recurso, pero «inexplicablemente» aún no se ha trasladado a Fiscalía, extremo que afirma haber comprobado este mismo lunes. Según ha precisado a preguntas de los periodistas, el plazo de 15 días dado por el juez para notificación del auto e ingreso en prisión termina el próximo sábado 12 de junio.

Aránguez ha mostrado públicamente su «indignación por la rapidez con la que se acuerda el ingreso en prisión de Juana Rivas, a quien –según recalca– ni siquiera se le ha intentado notificar personalmente la sentencia por la que finalmente fue condenada, ni el auto por el que se acuerda su detención e ingreso en prisión, pero en cambio –agrega– nuestros escritos son ninguneados y desatendidos debido a la manifiesta parcialidad de su Señoría en el presente procedimiento».

En este contexto, y aunque garantizan que seguirán «respetando escrupulosamente los mandatos judiciales», advierte de que ejercerán «todas las vías legales oportunas para defender los intereses de Juana, incluyendo una queja al Consejo General del Poder Judicial por el irregular comportamiento de Manuel Piñar, magistrado titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada».

En el citado auto del 27 de mayo, el juez sostiene que siendo la pena impuesta a Juana Rivas superior a los dos años «no ha lugar a la suspensión» y «procede su ejecución, adoptando las medidas precisas para ello». El juez libró oficio a las Fuerzas de Seguridad del Estado a fin de que en un plazo no superior a 15 días «presenten en el Juzgado a la penada para notificarle el auto» por el que se acuerda que ingrese en la cárcel.

Junto a ello, requirió a Juana Rivas que abone la indemnización de 12.000 euros fijada para su expareja –algo que ya ha hecho– y acordó dirigir exhorto al Registro Civil donde conste inscrito el nacimiento de sus dos hijos menores a fin de que se proceda a la anotación de la privación de la patria potestad por periodo de 6 años, tal y como ha sido condenada por el Tribunal Supremo.

El recurso presentado por la defensa de Rivas, que según confirmaron fuentes judiciales no paraliza la orden de ingreso en prisión, solicita concretamente la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta hasta que se resuelva la petición de indulto, o al menos hasta que se resuelva este recurso. En caso de no aceptarse ninguna de estas pretensiones, solicitan al Juzgado que otorgue «un plazo razonable para que Rivas comparezca voluntariamente en prisión, dejando sin efecto su orden de busca y captura por las fuerzas y cuerpos de seguridad».

Ciudadanos ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Cuentas este lunes en relación con la ayuda pública de 53 millones de euros que el Gobierno dio a la aerolínea Plus Ultra porque considera que esta empresa no cumplía los requisitos necesarios para recibirla y que se debe exigir responsabilidad contable a quienes se la concedieron por haber actuado de forma «negligente» al aprobarla.

En la denuncia, que ha sido presentada por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por el vicesecretario general del partido, Edmundo Bal, y por el jefe de la delegación de Cs en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, se sostiene que ha habido un «menoscabo o daño» al erario público como consecuencia de un «examen negligente» de los requisitos exigibles a Plus Ultra.

«Son 53 millones de euros dados a dedo a una empresa que ni era viable, ni era solvente, ni era estratégica, que en ningún caso cumplía con los requisitos que establece el fondo de la SEPI para empresas estratégicas», ha declarado Arrimadas ante la sede del Tribunal de Cuentas.

ARRIMADAS: LA PRÓXIMA VEZ «SE LO PENSARÁN DOS VECES»

Tras recordar que Garicano también ha llevado este asunto ante las instituciones europeas, ha señalado que la labor de la formación naranja para esclarecer esta «operación oscura», que «no tiene ni pies ni cabeza», va a hacer que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «se lo tenga que pensar dos veces» la próxima vez que se plantee dar dinero público a una empresa en esas condiciones.

«Esto es trabajar por España, para que no se derroche ni un solo euro», ha defendido Arrimadas, que critica que Plus Ultra recibiera ese rescate millonario mientras «muchísimas personas que necesitan ayuda» en España no la tienen y «muchísimos negocios no han visto ni un duro» del Gobierno durante la pandemia del coronavirus.

«Es absolutamente indignante», ha concluido, precisando que el dinero que ha recibido esa aerolínea equivale al sueldo de 22.000 médicos o a las cuotas que pagan casi 200.000 autónomos a la Seguridad Social.

La presidenta de Ciudadanos ha asegurado que seguirán trabajando para destapar lo que consideran «un escándalo y un pufo absoluto» que «en cualquier otro país» obligaría al Ejecutivo a «dar la cara» y «produciría dimisiones» porque, además «todo está lleno de sospechas» en torno a los propietarios de Plus Ultra.

Asimismo, cree que no se puede permitir que esta sea la imagen que da España ante las instituciones europeas, que son las que van a entregar al país 70.000 millones de euros de los fondos para la recuperación tras la crisis del coronavirus, y se ha preguntado «cómo va a repartir Sánchez» ese fondo, visto el precedente de Plus Ultra.

NO ERA UNA EMPRESA ESTRATÉGICA, ESTABA EN CRISIS Y NO ERA VIABLE

En su denuncia, Ciudadanos enumera una serie de condiciones que esta compañía aérea debía reunir, y que, a su juicio, no cumplía, para ser beneficiaria de la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, autorizada por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y tras el expediente favorable del Consejo Gestor del Fondo.

Así, el partido de Inés Arrimadas afirma que Plus Ultra no cumplía el requisito de no ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 porque ese año y los cuatro anteriores había incurrido en pérdidas que la habrían dejado con un capital social restante de 5,8 millones de euros, frente a un capital inicial de más de 19 millones.

Además, denuncia que, «para salvar este escollo», se procedió a la asimilación de un préstamo participativo concedido por Panacorp al capital social de Plus Ultra, algo que «no es sostenible desde un punto de vista jurídico ni económico».

Tampoco considera que se pueda describir a esta aerolínea como una empresa de carácter estratégico, puesto que solo tiene cuatro aviones arrendados que realizan rutas a Perú, Ecuador y Venezuela, su cuota de mercado como aerolínea en España por número de pasajeros era del 0,1 % en 2019 y ese año solo contaba con 403 trabajadores.

En cuanto a la viabilidad a medio y largo plazo de la empresa, la formación naranja sostiene que el plan de viabilidad que presentó expone estimaciones que «no son realistas» y «no se acompaña de la justificación económica suficiente», por lo que no parece que vaya a «ser viable en el medio o largo plazo ni que pueda reembolsar la ayuda en el plazo previsto».

Por último, Cs ve «altamente dudoso» que Plus Ultra esté al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, a la vista del informe del asesor jurídico de la SEPI, y destaca que los 53 millones de euros recibidos por la empresa superan el límite máximo de la ayuda que podía obtener –que sería de 16,3 millones de euros– y que no hay proporcionalidad, ya que el importe es superior al cien por cien del balance a finales de 2019.

PRÉSTAMO OPACO, TRAMAS DE CORRUPCIÓN Y BLANQUEO

Por otro lado, Ciudadanos argumenta que las autoridades españolas «tendrían que haber sido singularmente estrictas» al evaluar la situación financiera de Plus Ultra. Concretamente, por «la opacidad del préstamo» de Panacorp y por la supuesta vinculación de los accionistas de la aerolínea con «tramas de corrupción y blanqueo de capitales».

Por todos estos motivos, Cs denuncia «un comportamiento gravemente negligente de las autoridades implicadas» en la concesión de la ayuda –la SEPI, el Consejo Gestor del Fondo y el Consejo de Ministros– y de Plus Ultra y sus accionistas.

A continuación, solicita que se inicie el procedimiento jurisdiccional para exigir «responsabilidad contable» a todos los implicados por acciones u omisiones que han generado «un daño a los caudales o efectos públicos» por importe de 53 millones de euros.

Bal ha afirmado que existen «motivos jurídicos muy sólidos» para que se abra un juicio por alcance en el Tribunal de Cuentas que «pueda terminar con una sentencia condenatoria» contra los responsables, los cuales tendrían que «responder de esta ayuda con su patrimonio personal».

Garicano, por su parte, ha señalado que desde el principio el rescate a Plus Ultra «olía muy mal» porque no cumplía las condiciones de la Comisión Europea para las ayudas a empresas estratégicas. En las alegaciones que presentó el Gobierno frente a la queja de Cs en Bruselas «se demostró que todas nuestras preocupaciones eran correctas», ha añadido.

Más de 21.000 efectivos de siete Ministerios y organismos de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas participaron en la última Operación Paso del Estrecho, que se celebró en 2019 y por la que pasaron desde Francia y Bélgica a Marruecos más de 3,2 millones de pasajeros en más de 734.000 vehículos, según datos de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Esta dirección general, que depende del Ministerio del Interior, era la encargada de coordinar todas las actuaciones de este Plan Estatal de Protección Civil dirigido a garantizar la seguridad en el tránsito de los viajeros, la mayoría súbditos y descendientes de Marruecos emigrados a Francia, Bélgica y Holanda principalmente.

En total, el dispositivo estaba formado por personas de siete Ministerios, 19 direcciones generales, cuatro delegaciones del Gobierno, las comunidades autónomas de Andalucía y Comunidad Valenciana, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como más 11 ayuntamientos y Cruz Roja.

En 2017 se superaron los tres millones de pasajeros y los 700.000 vehículos, una cifra superada posteriormente en 2018, cuando se contabilizó el paso de 3.241.679 pasajeros y 734.240 vehículos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre en una flota de 34 buques.

El plan para facilitar el tránsito por España de los ciudadanos que viajan para pasar sus vacaciones con sus familias incluía también una respuesta en materia de infraestructuras para personas y coches que llegaba hasta los 7.500 m2 de muelles, 508.000 m2 de explanadas, aparcamientos y zonas de servicios (el equivalente a 51 campos de fútbol), 35.000 m2 de sombra, 16.000 plazas de aparcamiento para turismos 32 atraques.

El año pasado, en 2020, por razones sanitarias debidas a la pandemia del coronavirus, Marruecos limitó la llegada de sus súbditos y la Operación Paso del Estrecho no pudo celebrarse. Este año, por causas no motivadas, Marruecos celebrará el dispositivo para acoger a sus ciudadanos pero excluirá a España del tránsito de pasajeros.

No obstante, y como hizo el año anterior, sí permitirá la llegada de algunos barcos desde Francia e Italia y siempre con doble PCR para detectar posibles contagios de coronavirus. «La operación Marhaba (Hola) 2021 se realizará desde los mismos puntos de tránsito marítimo del año pasado», informó el domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí en un comunicado.

Así, solo estarán habilitados para la llegada de viajeros desde territorio europeo los puertos de Sète (Francia) y Génova (Italia). «Además de la prueba PCR presentada en el embarque, los viajeros se someterán a otra prueba a bordo para garantizar la máxima seguridad sanitaria para ellos y sus seres queridos», ha destacado el Gobierno marroquí.

La decisión de Rabat se produce en medio de una crisis bilateral provocada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por «razones humanitarias», ya que había contraído coronavirus.

Se trata de la segunda ocasión en el que se suspende la OPE, que este año hubiera cumplido su trigésimocuarta edición consecutiva.

El número de mujeres asesinadas por violencia machista en España ha aumentado a 17 tras confirmarse el caso de la mujer asesinada presuntamente por su expareja este domingo 6 de junio, tal y como ha informado el Ministerio de Igualdad.

Según informa el departamento que dirige Irene Montero, la mujer asesinada en Madrid tenía 58 años y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 17 en 2021 y a 1.095 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Además, el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 6 en 2021 y a 310 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su más absoluta condena y rechazo a este asesinato machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

SERVICIOS DISPONIBLES

Tanto la ministra como la delegada, han pedido todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

Desde el Ministerio de Igualdad recuerdan que el teléfono 016, las consultas online a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016, funcionan con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana. Además, señalan que en el 016 se puede pedir también asesoramiento jurídico de 08.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, en caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha avisado de que el presidente del PP, Pablo Casado, «debe responder» y asumir responsabilidades por la trama supuestamente urdida desde el Ministerio del Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y hacerse con pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción, conocida también como ‘caso Kitchen’.

Simancas dedica a la trama Kitchen un artículo publicado en su página personal de Internet, en el que carga contra la actual dirección del PP y, singularmente contra Casado.

El dirigente socialista sostiene que la Ejecutiva actual no estará «plenamente capacitada» para cumplir con su papel como oposición «mientras no muestre una voluntad inequívoca para tomar distancia respecto a la corrupción sistémica que afecta a su organización».

«NO ES UN CASO MÁS DE CORRUPCIÓN»

Y, en concreto, considera que a Casado le corresponde ahora «reconocer, condenar y asumir responsabilidades» por el ‘caso Kitchen’ pero también por el resto de los casos que el operativo pretendió «amparar y tapar».

Y es que Simancas señala que Kitchen «no es un caso más de corrupción del PP», sino que su gravedad afecta a la legitimidad misma de nuestro Estado de Derecho, y es por ello por lo que insiste en que Casado no puede despacharlo diciendo que «eso es cosa de otro tiempo».

Simancas abunda en que Kitchen «es un atentado» a la democracia española y, como tal, ni Casado, ni su secretario general, Teodoro García Egea, ni su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, pueden eludir sus responsabilidades «como dirigentes del partido ejecutor y beneficiario de estas actividades corruptas».

«Kitchen fue ideado por el PP, aplicado por el PP, para beneficiar al PP. Y el presidente del PP debe dar cuentas por ello ante todos los españoles», incide el ‘número dos’ del PSOE en el Congreso, deslizando la posibilidad de que pueda ser llamado por la comisión de investigación abierta en el Congreso para investigar este caso. Máxime después de que la imputación en el mismo de la que fuera secretaria general de los ‘populares’ y «madrina» política de Casado.

LA COMISIÓN PODRÍA PEDIR MÁS COMPARECENCIAS

Al inicio de los trabajos de la citada comisión, Esquerra Republicana (ERC) ya pidió que Casado desfilara por la misma, una petición que Unidas Podemos apoyaba y que el PSOE no descartaba. Sin embargo, su nombre no apareció en la primera tanda de comparecientes, entre las que sí estaba inicialmente Cospedal y el expresidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy.

No obstante, tras conocerse su imputación en la Kitchen la semana pasada, la comisión de investigación, a instancias del PSOE, decidió aplazar la comparecencia de Cospedal y este martes acordará desconvocar la de Rajoy y el exministro Jorge Fernández Díaz, que estaban previstas para este jueves.

En ese contexto, la comisión tiene previsto aprobar una nueva prórroga para poder seguir trabajando hasta final de año, sin descartar la posibilidad de programar nuevas comparecencias, entre los que podrían estar, además de los citados, el propio Casado.

Las organizaciones agrarias onubenses han mostrado este lunes su «satisfacción» por el desbloqueo de la situación de las más de 12.600 temporeras marroquíes, que podrán regresar a su país a partir del día 15 de junio una vez que estos días comienzan a finalizar sus contratos en la campaña de la recogida de fresas y frutos rojos de Huelva.

De este modo, en un audio, el gerente de Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa), Pedro Marín, ha destacado que a partir de la segunda quincena de junio estas mujeres «podrán regresar a su país, con sus familias, dando buen fin a al proceso de migración circular y de contratación en origen».

Así, Marín ha agradecido a las administraciones españolas y marroquíes «que hayan podido llegar a un punto de entendimiento» en una situación «que no dejaba de ser algo crítica por el contexto en el que nos encontramos». Esto, ha subrayado, «va a permitir dar normalidad al desarrollo del final de la campaña», al tiempo que ha destacado que «lo más importante es que las trabajadoras tengan la garantía y la tranquilidad de que van a poder regresar a sus casas con total normalidad».

En el mismo sentido, la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva) se ha mostrado «satisfecha» de que las gestiones «hayan tenido recompensa» y «feliz» por las mujeres, «que podrán volver a sus casas».

Por su parte, el responsable del Departamento de Frutas y Hortalizas de Asaja-Huelva, Félix Sanz, ha subrayado que la asociación está «muy contenta con la noticia», ya que la situación «comenzaba a ser un poco preocupante para muchas de las trabajadoras».

Igualmente, ha indicado que esta noticia «viene a refrendar que las negociaciones y el diálogo siempre dan sus frutos», a la par que ha indicado que ahora «toca preparar la documentación que permita que las trabajadoras puedan ser repatriadas de la forma más ágil posible», sobre todo pensando «en las que se encuentran en una situación más vulnerable».

UPA DESCONVOCA LA CONCENTRACIÓN

De otro lado, el secretario de Movilidad y Políticas Migratorias de UPA Andalucía y secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, se ha mostrado «satisfecho» porque «la interlocución al más alto nivel ha hecho posible que las más de 12.000 jornaleras marroquíes contratadas en origen y que se encuentran en la campaña de la fresa puedan regresar a sus casas sin problemas a partir del próximo día 15 de junio». Por ello, desde UPA han desconvocado la concentración que tenían prevista celebrar el próximo viernes.

«La implicación de tres ministerios de España (Exteriores, Migración y Agricultura) y Marruecos, así como nuestra interlocución al más alto nivel, han permitido recuperar la suficiente normalidad en las relaciones para, al menos, permitir a las jornaleras marroquíes su regreso a casa una vez que ya está acabando la campaña de la fresa. Es una satisfacción para nosotros que, finalmente, se haya resuelto la crisis de la mejor manera posible para todos», ha indicado UPA en una nota de prensa.

Piedra ha señalado que ahora, a partir del próximo 15 de junio, las jornaleras marroquíes volverán a sus hogares «de forma escalonada, en tres ferries semanales, y con una PCR realizada».

«Esto demuestra, una vez más, que a UPA no solo nos preocupa la defensa de los agricultores, sino que también nos preocupamos por los derechos de todos los trabajadores», ha concluido el secretario de Movilidad y Políticas Migratorias de UPA Andalucía.

Por otro lado, el secretario general de UGT FICA en Huelva, Luciano Gómez, ha mostrado su satisfacción por el retorno de estas trabajadoras, al tiempo que ha pedido que, si la logística lo permite, vuelvan a su país vacunadas.

Ha explicado que, entendiendo que hay existencias suficientes y que no afecta al calendario de vacunación establecido con carácter general, como «medida humanitaria más razonable», se puede pedir que sean enviadas a su país vacunadas, aunque el Gobierno de Marruecos tuviera que ponerles la segunda fase cuando proceda. Para Gómez, la vacunación sería la mejor opción si la logística lo permite, pero, de no ser así, incide en que se realicen los test correspondientes.

A su juicio, sería «un gesto que ayudará a mostrar el apoyo y reconocimiento al esfuerzo que hacen estas trabajadoras todos los años, en beneficio de la economía y la agricultura onubense y que seguramente también pueda ser interpretado como un gesto de buena voluntad por el país alauita, favoreciendo a la necesaria distensión entre los dos países.

El Gobierno ha reconocido que aún no se ha cerrado el mandato negociador en base al cual la Comisión Europea y Reino Unido pactarán el futuro acuerdo sobre Gibraltar, por lo que tampoco hay una fecha prevista para su culminación.

Así figura en una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria formulada por el PP, después de que a raíz del principio de acuerdo alcanzado entre Madrid y Londres el pasado 31 de diciembre para que sirviera de base para la negociación la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, dijera que confiaba en que el mismo pudiera cerrarse en seis meses.

«España y Reino Unido depositaron oficialmente, el 31 de diciembre de 2020, este principio de acuerdo ante las instituciones de la Unión Europea» con lo que se inició «el procedimiento para la elaboración de unas directrices de negociación», explica el Gobierno en su respuesta a las diputadas ‘populares’ Marta González y Valentina Martínez.

«Estas directrices, que están siendo elaboradas por los servicios de la Comisión Europea, tendrán que ser adoptadas por los estados miembros de la Unión Europea, con el concurso específico de España, y deberán servir de base para la negociación» de la UE y Londres, precisa el texto.

Fuentes europeas han confirmado que aún continúa el trabajo para «preparar el borrador del mandato» negociador, si bien han confiado en que este pueda estar ultimado «pronto».

Así las cosas, el Gobierno aclara que «una vez adoptado, el acuerdo deberá seguir los cauces previstos en el Derecho de la Unión Europea, sin que por el momento sea posible determinar plazos exactos».

En virtud de lo acordado por España y Reino Unido, Gibraltar pasaría a formar parte del espacio Schengen, lo que supondría la supresión de la Verja, y el Gobierno español sería el responsable último del cumplimiento por parte del Peñón de las normas relativas a este espacio sin fronteras. Durante el periodo de transición de cuatro años, está prevista la asistencia de Frontex en los controles en el puerto y el aeropuerto.

Por otra parte, además de interesarse por el estado actual de la negociación del futuro acuerdo, las dos diputadas del PP también preguntaron al Gobierno por las «prioridades» de cara al mandato negociador marcadas por los ministerio del Interior, Hacienda, Defensa, Transportes y Agricultura y Pesca.

PRIORIDADES DE CARA AL ACUERDO

En este sentido, el Gobierno asegura que «es prioridad fundamental» de cara al mandato negociador «el mantenimiento de la conectividad y movilidad, en un sistema transparente y de igualdad de condiciones entre ambas partes».

«El objetivo es asegurar condiciones justas de competencia y competitividad de las empresas transportistas, las infraestructuras y los servicios españoles de transporte respecto a los que puedan desarrollarse desde Gibraltar», añade.

Asimismo, «se ha realizado un especial énfasis respecto al tratamiento fiscal y medioambiental en Gibraltar, de forma que lanormativa aplicable cuente con parámetros y estándares análogos a los de la Unión Europea». También se tratará de «no menoscabar los equilibrios alcanzados» en el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre Reino Unido y la UE.

Por último, remata el Gobierno, en lo relativo a la seguridad se considera como «objetivos esenciales el mantenimiento de la colaboración y cooperación con las autoridades británicas y locales de Gibraltar sobre migración irregular, crimen organizado, control exterior y, sobre todo, asegurar los derechos de los ciudadanos en ambos lados del paso fronterizo».

La dirección nacional del PP considera que el referéndum pactado que plantea el líder de ERC Oriol Junqueras está «fuera de la Constitución y la legalidad», al tiempo que cree que «muy desesperado» tiene que estar el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para «tener que tirar» del dirigente republicano, según han indicado fuentes de la cúpula del PP.

Así ha reaccionado el PP a las palabras de Junqueras, quien ha asegurado que la mejor vía para la independencia es la escocesa y lograr un referéndum pactado, ya que considera que es la que genera más reconocimiento internacional, a diferencia de la unilateral.

En una carta publicada en el diario Ara y La Sexta, el líder de ERC ha defendido que la amnistía es la mejor solución, pero ha admitido que los indultos pueden «aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana». Además, ha reiterado que la vía unilateral no es viable ni deseable, tal y como ya había afirmado en septiembre de 2018.

LO QUE ES ESPAÑA LO TIENEN QUE DECIDIR «TODOS LOS ESPAÑOLES»

Según el PP, Junqueras habla de un «referéndum pactado, entre Gobierno y Generalitat, en Cataluña y eso sigue estando fuera de la Constitución y la legalidad». Los ‘populares’ consideran que siguen instalados «en la ilegalidad» y recalcan que lo que es España «lo tiene que decidir todos los españoles».

Además, en ‘Génova’ creen que «muy desesperado tiene que estar Sánchez» para «tener que tirar de Junqueras, que no renuncia a la ilegalidad», máxime cuando es consciente –en línea con lo que recogen además las encuestas– que el votante socialista está en contra de la medida de gracia, añaden las fuentes consultadas.

Precisamente este lunes el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha indicado que la «autocrítica» y la «revisión» que ha hecho por carta Junqueras demuestra que han asumido que «el marco político del diálogo tiene que estar dentro de la legalidad». Además, ha defendido que ese giro de los republicanos es fruto de la apuesta del Gobierno central por la política de diálogo, en la que se enmarcan los posibles indultos a los condenados por el procés.

«LOS INDEPENDENTISTAS DICEN UNA COSA Y LA CONTRARIA, SEGÚN EL DÍA»

El partido que lidera Pablo Casado se ha reafirmado este lunes en su ‘no’ a los indultos, que es, según los ‘populares’, un «sí a la Justicia y a la Constitución». Además, fuentes del partido recalcan que los condenados por el ‘procés’ ni siquiera han pedido perdón.

En ‘Génova’ hacen hincapié además en que los informes del Supremo y la Fiscalía «son demoledores», al ser contrarios a esos indultos, al tiempo que recalcan que los independentistas «dicen una cosa y la contraria depende del día».

Por todo ello, el PP considera que Pedro Sánchez debe «rectificar y no indultar a quienes dieron un golpe a la legalidad», según las mismas fuentes. El primer partido de la oposición ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra esos indultos –ya lleva más de 35.000 firmas– y ha presentado mociones en los ayuntamientos y Parlamentos autonómicos para forzar al PSOE a retratarse.

Además, el PP enviará una delegación encabezada por Pablo Casado a la concentración contra los indultos que ha convocado la plataforma Unión 78 este domingo en la Plaza de Colón, a la que asistirán también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

También han confirmado su presencia el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en la manifestación de Colón de febrero de 2019, los tres partidos no prevén fotografiarse juntos.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha celebrado este lunes que el PSOE tenga que «retratarse» en el Senado votando si acepta la petición para que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, comparezca en la Comisión de Interior para ofrecer detalles sobre su participación en mítines del PSOE dentro de la reciente campaña electoral de la Comunidad de Madrid.

La portavoz de Cs en la Comisión de Interior, María Ponce, ha solicitado concretamente que se someta a votación la tramitación de la solicitud de comparecencia de Gámez para que comparezca en el Senado «antes de que finalice el periodo de sesiones en el mes de junio».

«Se bloquea esta comparecencia con el argumento de que no es habitual la comparecencia de este tipo de altos cargos, aunque lo poco habitual es que una directora de la Guardia Civil participe en un acto electoral de un partido político», ha señalado la senadora naranja.

Ponce ha criticado que Gámez no quiera comparecer en el Senado, «donde nunca viene a dar explicaciones, lo que supone un menosprecio a todos los representantes públicos». «El PSOE tendrá que retratarse en esta votación y decirle a todos los españoles si consideran que un cargo que debe mantener neutralidad política sea copartícipe de un acto electoral», ha finalizado la senadora.

NEUTRALIDAD PARA LOS AGENTES

En una reciente respuesta parlamentaria por escrito, el Gobierno ha defendido la participación de la directora general en los actos de la campaña del PSOE a la Comunidad de Madrid al entender que la neutralidad es exigible sólo a los agentes del Instituto Armado.

«La neutralidad política y sindical sólo es predicable y exigible por quienes ostentan la condición de guardia civil», señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria por escrito con fecha de 24 de mayo.

La argumentación del Gobierno se remite al Acuerdo 91 de la Junta Electoral Central, de 1 de mayo de 2021, que indica que «la directora general no forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y carece de graduación en el Instituto».

En esta ocasión contestaba a una batería de preguntas del PP, que cuestionaba la idoneidad de que María Gámez participara junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la campaña del candidato socialista en los comicios madrileños, Ángel Gabilondo, en un contexto en el que se denunció las amenazas por el envío de varias cartas con balas.

El productor, guionista y director José Antonio Hergueta ha recibido este lunes en el Museo Picasso de Málaga y de manos del director general de Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, el Premio ‘Talento Andaluz’ que Canal Sur Radio y Televisión (CSRTV) otorga en el marco del Festival de Málaga.

El galardón es un reconocimiento al trabajo cinematográfico de Hergueta, por impulsar el sector, especialmente el del documental, y por potenciar, a través de una escritura audiovisual muy personal y una cuidada elección de temas y personajes protagonistas, la revalorización de nuestro patrimonio artístico e histórico.

El trofeo se materializa en la estatuilla ‘El Dilema’, obra del artista gaditano Mario César de las Cuevas. El acto ha contado también con la presencia del director del certamen, Juan Antonio Vigar, y miembros del Consejo de Administración de RTVA.

Mellado ha asegurado en la entrega del premio que «es importante para Canal Sur estar en el Festival de Málaga», uno de los más señeros de España y que ha crecido con Juan Antonio Vigar como director.

Además, ha afirmado que la radio televisión andaluza «quiere tener una participación cada vez más activa en el festival» y que Canal Sur es el principal motor de la industria cinematográfica en Andalucía, «por las películas que emitimos y por la financiación anticipada de obra europea, diez millones de euros, a través de Canal Sur Produce».

«La tercera pata del apoyo a esta industria es la colaboración con los festivales, mediante la firma de convenios», ha indicado el director general de RTVA, quien ha dado la enhorabuena a José Antonio Hergueta y ha dicho estar «muy contento» de que el Premio Talento sea para él.

Por su parte, Hergueta ha contado que cuando supo el nombre del Premio de Canal Sur se acordó de la parábola de los talentos. «Uno se esfuerza en hacer las cosas bien, en contar las cosas de manera diferente», ha dicho, señalando que es «un orgullo que sea Canal Sur quien da este premio», porque «representa la defensa de un modelo de producción que la RTVA apoya con dinero público». «Es un milagro estar aquí; espero que Canal Sur y el Festival nos sigan iluminando a los productores», ha señalado agradecido.

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, ha dicho que la entrega del Premio Talento es «un acto muy especial» por el aprecio y la relación con Hergueta, y que se siente «orgulloso de haberlo ayudado en su carrera, ya que sin los productores este festival no sería posible». Además, ha agradecido a Canal Sur su contribución a la divulgación del festival y su apoyo «extraordinario».

El cineasta malagueño José Antonio Hergueta ha sido productor del largometraje ‘Sin fin’ (2018) dirigido por César y Esteban Alenda y protagonizado por Javier Rey y María León, de varias TV movies como ‘Mar de Plástico’ (2011), dirigida por Silvia Munt, y ‘Cenizas’, dirigida por Llorenç Castañer, ambas con participación de Canal Sur.

También es impulsor de proyectos transmedia como ‘Is_landia’ (2008-2012), donde apuesta por la ficción en redes con vocación de penetrar en una audiencia juvenil consumidora de productos por esos medios. Su última propuesta, el corto ‘Paraíso en llamas’, estuvo nominado a los últimos Goya.

En ediciones anteriores el Premio Talento Andaluz ha recaído en el actor Miguel Herranz (2016) y las actrices Belén Cuesta (2017), Macarena Gómez (2018), Ingrid García Jonsson (2019) y el actor Salva Reina (2020).

Con la entrega de este galardón en el Festival de Málaga, la Radio Televisión Andaluza «pretende reconocer la labor de los artistas del séptimo arte que contribuyen a difundir el trabajo que se hace en nuestra tierra, dentro y fuera de nuestras fronteras». Así, junto a los premios que concede en otros certámenes cinematográficos que se celebran en Andalucía, Canal Sur apoya el trabajo de los cineastas y su dedicación al mundo del cine en particular, y del audiovisual en general.