El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes la necesidad de implementar un tratado internacional de pandemias para afrontar futuras crisis una vez se supere la pandemia del Covid-19. Para ello, también ha defendido reforzar la arquitectura sanitaria mundial.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la Cumbre de Salud Global del G20, organizada por Italia como presidenta de turno del G20, para abordar entre otros asuntos la prevención de futuras crisis de salud global, mediante el fortalecimiento de la cooperación multilateral y las acciones conjuntas.

A este respecto, Sánchez ha destacado que España considera fundamental para estar preparados contar con un tratado internacional sobre pandemias, que garantice prevención y una rápida respuesta y gestión de futuras crisis, que debe basarse en «la mutua colaboración, la responsabilidad compartida, la transparencia y la cooperación».

Eso sí, ha defendido que también es imprescindible garantizar que el sistema de salud mundial es sostenible y fuerte y, en este sentido, ha avisado de que destinar recursos a ello no es un «coste, sino una inversión.

Por otra parte, ha vuelto ha destacar la necesidad de garantizar el acceso universal a las vacunas para superar la pandemia del coronavirus y la crisis económica y social derivada de ella.

Con todo, ha propuesto actuar en tres frentes, en línea con su iniciativa ‘Vacunas para todos’. En primer lugar, ha apuntado a alcanzar un acuerdo con la OMC para fomentar los acuerdos de licencias voluntarias y compartir información a través de plataformas como el C-TAP; en segundo lugar, aprovechar al máximo las capacidades de fabricación existentes y, como tercer objetivo, acelerar la distribución de las vacunas. Para esto último, España se ha comprometido a donar 7,5 millones de dosis a socios latinoamericanos a través de COVAX.

«La brecha entre países está aumentando y es posible que las necesidades futuras no se satisfagan por completo. No es solo unacuestión de justicia; se trata de asegurarnos de luchar contra la pandemia de manera eficiente y con todos los medios e instrumentos a nuestra disposición», ha enfatizado el líder del Ejecutivo.

Sánchez ha concluido su intervención defendiendo la necesidad de que los países piensen en el enfoque «una salud» para enfrentar los desafíos del mañana, en el que la salud humana y la protección del medio ambiente son dos caras de la misma moneda.

Durante la Cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno y los dirigentes de organizaciones internacionales han compartido sus experiencias adquiridas durante la pandemia y han aprobado la Declaración de Roma.

La Declaración de Roma propone una serie de principios para mejorar la respuesta global ante futuras emergencias sanitarias y pandemias, que abarcan desde la gobernanza hasta la financiación, pasando por las capacidades de producción de medicamentos y vacunas y los mecanismos de distribución, de los que los países deberían dotarse de forma colectiva

Alumnos y profesores han llenado la Praza Maior en contra del cierre de la Universidad Popular de Ourense (UPO), en una protesta que se ha celebrado –desde las 20,30 horas en la ciudad de As Burgas– con la participación de entre 200 y 300 personas.

Hasta el lugar se han desplazado profesores y alumnos con carteles en los que se podían leer lemas como ‘Non ao peche da UPO’, mientras se han realizado cánticos como ‘UPO, si, si’. Todo ello en contra del cierre del centro anunciado por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana).

En esta convocatoria de la plataforma Non ao Peche da UPO, apoyada por Emerxencia Cultural, se ha leído un manifiesto que pide, entre otras cuestiones, que se saque la convocatoria para concurso público, que no se trasladen competencias a la Diputación de Ourense y que se convoquen los cursos para 2021-2022.

Así, cuentan con una petición abierta en la web change.org, en la cual ya han recibido más de 3.500 apoyos. Actualmente, el Ayuntamiento de Ourense convoca unos 140 cursos con unas 3.000 matrículas anuales.

El acto se ha cerrado con un audio de Celso Emilio Ferreiro. Además, los asistentes han comenzado a gritar: «Alcalde, dimisión».

POLÉMICA

El alcalde anunciaba, hace un mes, cambios en el modelo de la Universidad Popular, «un cambio para hacerla más popular aunque suene paradójico». En este sentido exponía que se había reunido con el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, para un posible traslado de competencias y también de instalaciones.

Asimismo había solicitado desligarse de la Federación Española de Universidades Populares, una entidad que aglutina 200 UU.PP. en toda España dependientes de sus gobiernos locales.

Contra todo ello se manifiesta el movimiento ‘Non ao peche da UPO’, que los últimos días ha recibido el apoyo a través de redes sociales de personas relacionadas con el ámbito cultural como el actor Luis Tosar o Xosé Touriñán.

El alumnado y los profesores han subrayado que la creación de esta universidad popular es deudora de la Xeración Nós. Cuando en toda España nacieron las Universidades Populares, buscando mejorar el acceso a la cultura y a la alfabetización de la población, pues en Ourense llegaron a impartir clases Vicente Risco y Otero Pedrayo.

España ha dado este viernes por buena la respuesta de las instituciones de la Unión Europea ante el incidente migratorio en la ciudad autónoma de Ceuta y no espera más medidas a nivel europeo.

Fuentes diplomáticas aseguran que no existen procedimientos en la UE para reaccionar ante la crisis migratoria que vivió la ciudad española y que desde el Gobierno han tachado de «chantaje» de las autoridades marroquíes, a las que atribuye una dejadez en el control de la frontera.

De esta manera, se enfría la opción de congelar partidas europeas que recibe Rabat para frenar el paso de migrantes. Desde España se valora positivamente la intervención «quirúrgica» de la Comisión Europea ante el incidente y se considera que Rabat ya ha pagado un coste político, puesto que el elemento migratorio es esencial para la relación con la UE que aspira mejorar.

Las fuentes limitan daños y aseguran que si Marruecos pretende tener una relación privilegiada ha quedado claro que incidentes como el de Ceuta no ayudan. «No hay que entrar en una espiral de acción-reacción que no conduce a nada. Están asentados los principios en los que nos movemos», han subrayado.

Muestra de que las instituciones europeas no son ajenas al debate de la frontera en Ceuta es que ha habido varios contactos de Bruselas con las autoridades del reino alauí. Sin embargo, optan por la contención en sus mensajes públicos. Este mismo viernes la portavoz de Exteriores de la UE Nabila Massrali ha indicado que bloquear fondos europeos no es una opción que haya discutido el Alto Representante, Josep Borrell, en sus llamadas con el ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Borita.

En los tres últimos años Bruselas ha destinado a Marruecos cerca de 250 millones de euros en distintas partidas y programas para la gestión migratoria, siendo el segundo país del norte de África que más ayuda europea ha recibido, solo por detrás de Libia.

Otra muestra de que España no quiere elevar la tensión con Marruecos es que la crisis en Ceuta no se abordará en el Consejo Europeo extraordinario de la semana que viene, pese a que los líderes discutirán a petición de Italia la cuestión migratoria para avanzar en el pacto europeo.

Por su parte, España considera que ha quedado claro en el seno de la UE que la situación en el Estrecho no tiene ningún paralelismo con la realidad en el Mediterráneo oriental, donde la crispación permanente de Turquía con Grecia y Chipre envenena las relaciones de Ankara con el bloque y ha requerido de la intervención de Bruselas.

En este sentido, la diplomacia española defiende que no hace falta reafirmar un mensaje a nivel de los Veintisiete que ha quedado «confirmadísimo» por los grandes actores de la UE y ya mira al largo plazo para preservar una relación sana con Rabat.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha considerado que existe «conciencia social» sobre el hecho de que los derechos fundamentales de las personas «no son negociables, que la corrupción es un delito y uno de los más graves, y que las minorías tienen derechos y no son una parte invisible o innecesaria de la sociedad».

Victoria Ortega ha presidido el acto principal del Colegio de Abogados de Zaragoza para celebrar a su patrón, San Ivo, en el que se ha hecho entrega del Premio Valores 2021 a la Fundación Abogacía, galardón que ha recogido su presidente honorífico y fundador, Carlos Carnicer.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía ha estimado que «nunca» se ha sabido tanto sobre las violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo «y eso hace más difícil que hoy queden impunes», a pesar de lo que sigue existiendo una enorme brecha social.

Ha puesto de ejemplo lo vivido estos días en Ceuta y Melilla. «Todos somos conscientes del drama de millones de personas inmigrantes», que van a seguir llegando a Europa, «van a seguir cruzando fronteras, tengan o no tengan valla, o a través de la mar, aunque muchos mueran en el intento», ha sostenido.

En su opinión, ante esta situación, «no tomar partido es un acto de cobardía; podemos optar por jubilar los derechos humanos ahora que cumplen 72 años o podemos ponerlos en el centro de nuestros objetivos; podemos mirar a otro lado o alzar la voz para defenderlos».

Según ha esgrimido, la abogacía ha optado por lo segundo «y, encabezada por Carlos Carnicer, hace ya casi 20 años, constituyó la Fundación Abogacía Española», que ha sido distinguida ahora por el Colegio de Abogados de Zaragoza, un reconocimiento al «compromiso» y al propósito «de ser fiel a unos principios y valores que son irrenunciables, los de un profesional que se implica y que nunca permanece equidistante o indiferente a las realidades del mundo».

RETOS

En otro orden de cosas, la presidenta del Consejo General de la Abogacía ha asegurado que por delante hay ahora muchos retos, «desde leyes y reformas cruciales para la los profesionales, como mejorar la calidad de nuestra arquitectura jurídica, la reclamación de mayores condiciones para la conciliación y desconexión digital, el tratamiento de la asistencia a la justicia gratuita o el avance en las medidas consecuencia de la pandemia de la COVID-19».

A su entender, «la Abogacía va a estar ahí, donde se le reclame y se le necesite y ofrece su colaboración al desarrollo de un ordenamiento jurídico que posibilite en toda su amplitud el derecho a una tutela judicial efectiva, pero va a exigir también el reconocimiento de derecho de defensa como pilar del estado de derecho, como pilar de la paz social».

Por su parte, el decano del Real e ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha recordado que durante la pandemia la Abogacía no se paró y que «está generando un paquete de reformas legales, quizá por cuestiones que deberían hacerse abordado hace tiempo, pero que se hacen ahora y veremos cómo salen».

El decano ha incidido en que espera que la solución de la Administración de la Justicia, «no se lleve por el perverso mecanismo de limitar el acceso de los ciudadanos a los tribunales«.

Por otra parte, en el acto se ha entregado la Cruz de San Ivo a los colegiados Enrique Laguna, Joaquín Gimeno del Busto y Rosa María Fernández Hierro. También se ha otorgado las distinciones de Colegiados de Honor a los letrados con 50 años de colegiación y los diplomas a los más de cien colegiados que en 2020 y en 2021 cumplieron 25 años de colegiación. A primera hora de la mañana, se ha celebrado la jura o promesa de los nuevos colegiados.

El expresidente del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha ofrecido este viernes su lealtad al nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pese a que ha lamentado que su formación no ha sido correspondida siempre de esta manera.

«El catalanismo, en todas sus versiones, ha mantenido una actitud de lealtad y respeto a las instituciones de autogobierno, y estoy seguro que nuestro partido contribuirá más que nadie a mantenerlo. Quizás no nos hemos sentido correspondidos siempre de la misma manera, pero nosotros no podemos faltar a esta tradición que es, a la vez, una señal que caracteriza la forma de cómo queremos construir Catalunya», ha afirmado en una carta a los afiliados de Junts.

Así, ha asegurado que Aragonès «debe saber que cuenta, desde el primer minuto, con la lealtad de las mujeres y hombres de Junts», y que también debe contar con la suya como expresidente.

SILENCIO DURANTE LA NEGOCIACIÓN

Ha reconocido que lograr el acuerdo con ERC no ha sido fácil: «Precisamente porque ha habido grandes dificultades, que han puesto en riesgo muchas cosas (algunas continúan), tomé unas decisiones que ahora os quiero explicar, porque muchos de vosotros me habéis interpelado y me habéis preguntado la opinión sobre el proceso de acuerdo y sobre el acuerdo en sí mismo».

En este sentido, Puigdemont ha explicado que decidió mantenerse al margen de las negociaciones «para poder establecer un marco de relaciones con ERC que favoreciera acuerdos».

«Si yo no tomaba esta decisión, se acentuaría una estrategia narrativa tan falsa y perversa como eficaz, según la cual mi principal preocupación sería la de asegurar una buena tutela del presidente y del Govern», ha añadido.

El líder de Junts ha criticado que sectores independentistas y el unionismo han utilizado este relato, que tacha de falso e inmoral, para debilitar a Junts y al Consell per la República (CxRep), y «con él la legitimidad del 1-O y de la declaración de independencia».

Por eso, ha procurado «no ser ningún obstáculo en las conversaciones para llegar a un acuerdo, ni para el acuerdo en sí mismo», y afirma que tampoco quiso interferir públicamente para no distorsionar las negociaciones, por lo que ha mantenido el silencio en estos meses.

UNIDAD INDEPENDENTISTA

Puigdemont ha afirmado que la desunión del independentismo es una de las cosas que más le preocupan y que restablecer esta unidad es «una prioridad tan difícil de alcanzar ahora mismo como por otro lado irrenunciable».

«Para restaurar la unidad, lo que más he atrevido a pedir es, en primer lugar, respeto. Se puede respetar al otro sin necesidad de compartir un mismo gobierno, y se puede faltar al respeto compartiendo la mitad del gobierno. Sin respeto no se pone en marcha una cadena que es imprescindible para ir juntos en un proyecto tan ambicioso y complejo como construir un estado independiente», ha advertido.

Además del respeto, cree que es imprescindible la confianza y la lealtad, y cree que en los últimos tres años y medio han faltado algunos de estos elementos: «Si al principio la estrategia de la desunión fue concebida con una determinada intención, muy sectaria a mi entender, es evidente que se ha escapado de control y ha originado una batalla sin freno que avergüenza internamente y desde fuera es muy desconcertante, de la que nadie sale bien parado».

EN DEFENSA DEL PACTO CON ERC

Tras las elecciones del 14 de febrero, republicanos y ‘cupaires’ alcanzaron un acuerdo para investir a Aragonès levantando suspicacias en Junts, que se consideraba el socio prioritario, y casi dos meses más tarde la formación de Puigdemont alcanzó su propio acuerdo con ERC para aupar al nuevo presidente republicano.

En su misiva, Puigdemont advierte de que Junts deberá proteger algunos aspectos de ese acuerdo y sostiene que ni ERC ni Junts ni «por descontado la CUP» ganaron las elecciones catalanas.

«Las elecciones tuvieron un claro ganador y éste es el movimiento independentista en todo su conjunto y su diversidad. Por tanto, ningún acuerdo ni estrategia se puede basar en la hegemonía de un partido», expone sobre unos comicios en los que el PSC se impuso en votos y obtuvo 33 escaños, los mismos que ERC, y que consiguió uno más que Junts, mientras que la CUP cosechó nueve asientos en el Parlament.

Avisa de que, si bien Junts no puede pretender imponer su programa, tampoco debe aceptar nada que se haga a la contra del mismo: «Por eso he defendido siempre de manera infructuosa que en el actual proceso de independencia y de estado de represión era necesario afrontar los retos electorales de manera unitaria, a través de propuestas que conjugasen esta diversidad».

«Quizá, si se trataba de buscar la manera de forzar al Estado a una negociación fiable, sería necesario irrumpir siempre con la máxima fortaleza y no a partir de la suma de debilidades o pequeñas victorias particulares», añade.

Por eso, pide plantarse en una mesa de negociación con el Estado «con todas las victorias rotundas conseguidas en todas las elecciones precedentes, que no desde una posición dividida y enfrentada» de una manera que reconoce –en parte– inevitable por la competencia electoral, en una carta en la que defiende textualmente el 1-O y la proclamación de la república catalana como parte fundamental del proceso de independencia catalán.

NEGOCIACIÓN NO «HONESTA»

El expresidente insiste en la necesidad de la unidad de acción que debe encabezar el nuevo Govern ante un Estado que «no tiene ninguna voluntad de abordar con honestidad y ganas un proceso de negociación como el que se esperaría de una democracia consolidada».

«Confío en que los consellers del nuevo Govern, con su presidente al frente, sabrán corresponder a las expectativas del pueblo de Catalunya, y que en este objetivo hayamos contribuido lealmente desde Junts», concluye.

El Gobierno aprobará, la próxima semana, un crédito extraordinario para que las comunidades autónomas que acojan a menores migrantes llegados esta semana a Ceuta, hagan frente a los gastos derivados de esta situación, según han informado fuentes de Derechos Sociales.

Las mismas fuentes han explicado que se dará luz verde a esta partida en el Consejo Territorial que tendrá lugar este martes, 25 de mayor, y que en esa reunión, previsiblemente, se tratará también el reparto de esta cuantía entre las diferentes autonomías.

Gobierno y comunidades autónomas ya se había reunido por este tema este miércoles, 19 de mayo, en un Consejo Territorial convocado de manera urgente tras la crisis de Ceuta, en el que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 propuso a los ejecutivos regionales la acogida de unos 200 menores.

Los menores a los que acogerán las CCAA son niños y niñas que ya estaban en centros de protección de Ceuta y cuya situación legal, escolar y sanitaria está atendida y regularizada por la Ciudad Autónoma, según ha informado el departamento que dirige Ione Belarra.

En esta reunión también se trató el reparto de menores entre los territorios, un tema que, según explicaron fuentes presentes en la misma, se ha vivió un clima de colaboración y solidaridad como «tónica general», aunque alguna comunidad como Andalucía ya había anunciado antes del encuentro su rechazo a acoger más menores.

SEIS CCAA ACEPTARON ACOGER

«Nosotros ya tenemos 3.000 niños. Yo me imagino que para que haya equidad lo que tendrá que haber es un reparto con el resto de las comunidades autónomas que no tienen el problema de la inmigración infantil como tenemos en Andalucía», argumentaba la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Ciudadanos), antes de la reunión.

Por su parte, el Gobierno vasco, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha mostraron antes del Consejo Territorial su disposición a habilitar plazas de acogida para los menores.

También Galicia se ofreció a colaborar en el acogimiento. La comunidad gallega, según datos de la Consejería de Política Social, cuenta actualmente con 147 menores no acompañados institucionalizados. Además, acordó en enero recibir otros 15 menores procedentes de Canarias, pero no llegaron a viajar a Galicia.

Igualmente, Cataluña transmitió a Belarra que responderá acogiendo a menores migrantes solos que están en Ceuta, «como ha hecho los últimos años, y concretamente, hace dos semanas con 43 menores procedentes de Canarias».

OTRAS PARTIDAS PARA ACOGIDA

La partida de 5 millones que, previsiblemente, aprobará el Consejo Territorial el próximo martes, se une a otras que el Gobierno ha destinado para la acogida de menores en los últimos meses.

Concretamente, en el Consejo Territorial del pasado 30 de abril, Derechos Sociales anunció el reparto de 8 millones de euros entre las comunidades autónomas que se habían ofrecido solidariamente a acoger a menores extranjeros que migran solos. Además, en diciembre de 2020, ya se destinaron otros 10 millones de euros a Canarias a la asistencia de estos niños y niñas.

DE FORMA INMEDIATA

En cuanto a la propuesta de este miércoles para acoger a 200 menores, el Ministerio ha informado de que Ceuta está ya en disposición de trasladar a estos niños y niñas a las comunidades autónomas, para lo que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Tal y como ha planteado Belarra, «estos traslados podrían hacerse de forma inmediata, y así poder atender adecuadamente a los niños que acaban de llegar».

En este sentido, ha explicado que, en estos momentos, estos niños y niñas se encuentran en recursos de emergencia, pero se debe «procurar que puedan ser atendidos en los centros de protección de la ciudad de Ceuta».

La candidatura de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para convertirse en la próxima secretaria general de Podemos ha recibido un total de 3.123 avales durante las primeras horas en las que se ha abierto el proceso para que los inscritos los otorguen, según han informado a fuentes de la formación morada.

Con ello, la aspirante a relevar a Pablo Iglesias al frente del partido ha reunido prácticamente en once horas seis veces más de los apoyos de los inscritos requeridos para formalizar la candidatura a liderar el partido en la cuarta Asamblea Ciudadana, dado que el umbral se fija en un mínimo de 500 avales.

De esta forma, entre las 9.45 y hasta las 20.45 horas de este viernes, Belarra ha sumado más de 3.100 avales y en la primera hora ya contaba con el mínimo exigido para oficializar su candidatura a Vistalegre IV.

Una cifra que resulta llamativa dado que cuando se celebró Vistalegre III, Iglesias cosechó en esas primeras unos 442 avales a su candidatura a la Secretaría General, si bien se trató del primer proceso asambleario en el que se estableció el requisito de apoyos personales y el umbral era más bajo, establecido en 150.

Una vez publicadas ayer en la web las precandidaturas, Podemos abrió desde esta mañana y hasta el 25 de mayo (ambos inclusive) el periodo para que los precandidatos puedan recibir avales entre las bases de la organización.

Según el reglamento de la cuarta Asamblea Ciudadana, las precandidaturas a la Secretaría General deben obligatoriamente conseguir al menos 500 avales de personas inscritas, y 300 quienes optan al Consejo Ciudadano por esta vía.

A su vez, los avales colegiados son obligatorios para quienes se presentan a la Secretaría General y a la Comisión de Garantías, y opcionales para quienes se presentan al Consejo Ciudadano. Este tipo de aval puede ser pedido y otorgado de forma individual o en bloque (a un equipo o lista) por órganos estatales (el Consejo de Coordinación), autonómicos o por tres círculos activos.

PUESTA DE LARGO DE SU CANDIDATURA EN VALENCIA

Belarra presentará este sábado en Valencia su candidatura para liderar la formación morada, bajo el lema ‘Crecer’, y respaldada por destacados dirigentes del partido que forman parte de su lista de cara a Vistalegre IV.

Concretamente, arroparán a Belarra la ministra de Igualdad, Irene Montero, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, los secretarios de Estado Noelia Vera y Nacho Álvarez y los coportavoces de la formación morada, Rafa Mayoral e Isa Serra.

También participarán en este acto, según han informado desde su candidatura, la eurodiputada de Unidas Podemos Idoia Villanueva, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón.

La candidatura de Belarra también exhibirá respaldo territorial con la presencia de los coordinadores territoriales Martina Velarde (Andalucía), Pablo Fernández (Castilla y León), Pilar Lima (Comunidad Valenciana) y el diputado y representante de Galicia en Común Antón Gómez-Reino, así como el vicepresidente segundo de la Generalitat valenciana, Ruben Dalmau.

La presentación tendrá lugar en el Jardí Botànic de la Universidad de Valencia, que evoca a al Pacto del Botànic suscrito entre PSOE, Compromis y Unidas Podemos para gobernar la autonomía.

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha acusado este viernes a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de ampararse en su condición de aforada ante el Tribunal Supremo (TS) para «evitar la acción de la Justicia» en el caso donde se investiga si usó a una empleada de Podemos que ahora es asesora suya en el Ministerio para cuidar a su hija.

Así se ha pronunciado Castro, en unas declaraciones que ha hecho a la prensa desde los Juzgados de Plaza de Castilla en el marco de la comparecencia por el caso ‘Neurona’, al ser preguntada sobre la decisión del juez José María Escribano de imputar a la consejera ministerial, Teresa Arévalo, citándola para declarar como investigada el próximo 14 de julio.

«En el procedimiento de la ‘niñera’ están acordadas declaraciones y a ella no la han citado para declarar porque continúa siendo aforada, una vez más vemos que se está utilizando el aforamiento como un medio para evitar la acción de la Justicia«, ha dicho la abogada de Vox en alusión a la ministra de Igualdad.

Castro también ha acusado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de hacer lo mismo, refiriéndose de esta forma al caso ‘Dina’, donde se investiga el robo del teléfono móvil de una ex asesora del dirigente ‘morado’ y el posterior uso del contenido de su tarjeta de memoria, que finalmente volvió a su dueña ilegible. «Son especialistas en hacerlo», ha sentenciado sobre ese supuesto uso del aforamiento por parte de la pareja.

En esa causa, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón elevó el pasado mes de octubre una exposición razonada al Supremo para que imputara a Iglesias, que entonces era aforado ante el alto tribunal, pero el TS lo rechazó y ordenó seguir investigando.

PLUS ULTRA

Por otro lado, ha celebrado la «valiente» decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, de admitir a trámite la querella presentada por Vox para investigar la ayuda de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) otorgó a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que el partido considera irregular.

«Hemos aportado documentación que prueba la comisión de delitos muy importantes que, al fin y al cabo, acaban siendo un perjuicio para todos los españoles porque es escandaloso que, en una adjudicación de fondos europeos que vienen para paliar la crisis covid, se entreguen para favorecer (a una empresa) o de una manera arbitraria», ha indicado.

Además, Castro ha confiado en que, «gracias a que ha salido el escándalo de Plus Ultra» se eviten «otros fraudes». «La visión de muchos funcionarios que participan (en ese tipo de trámites) será de tener mucho cuidado con los informes que firman», ha augurado.

La juez ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la SEPI y actual vicepresidente de este organismo público, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración por presuntas irregularidades en la tramitación de la ayuda pública concedida a la compañía aérea.

Unidas Podemos y los grupos parlamentarios socios del Gobierno han presentado una proposición no de ley en la que celebran el alto el fuego alcanzado la víspera entre Israel y Hamás y, además de llamar al diálogo, reivindican el derecho de retorno de los refugiados palestinos y piden que se permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

En el texto, que deberá ser debatido y aprobado por la Comisión de Exteriores del Congreso, hacen un llamamiento al diálogo tras celebrar el alto el fuego, que piden que se mantenga.

Igualmente, Unidas Podemos, CUP, EH Bildu, Nueva Canarias, BNG, Junts, Más País, ERC y Compromís quieren que el Congreso exija «responsabilidades ante los ataques indiscriminados a la población civil que vulneran el Derecho Internacional Humanitario», sin mencionar expresamente a ninguna de las partes enfrentadas en la última escalada.

Tras mostrar su «gran preocupación por la situación en la región, especialmente la emergencia humanitaria en Gaza», instan a Israel a que permita la entrada de ayuda humanitaria a este territorio para atender a quienes más lo necesitan.

Por otra parte, la proposición no de ley rechaza los «desahucios de familias palestinas en Sheij Jarrah», en Jerusalén, por parte de Israel, uno de los desencadenantes de la reciente escalada, así como la «profanación de lugares sagrados, como el complejo de Al Aqsa en Jerusalén», donde hubo altercados con las fuerzas de seguridad israelíes.

En otro orden de cosas, los firmantes de la propuesta quieren que el Congreso reafirme «el derecho de retorno de los palestinos» y muestre su «compromiso con los derechos de la población refugiada palestina y con el trabajo de UNRWA a la espera de una solución justa».

BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN JUSTA

Así las cosas, instan a la «comunidad internacional a trabajar y adoptar medidas para alcanzar una solución justa y sostenible que ponga fin a la ocupación y bloqueo israelí de los territorios palestinos, así como a las violaciones de Derechos Humanos y políticas discriminatorias hacia la población palestina.

Por último, el texto aboga por «una solución de dos estados para alcanzar la paz y la seguridad entre Israel y Palestina, y que se respeten los Derechos Humanos y el Derecho Internacional», subrayando que el «diálogo pacífico» entre las partes «es la única solución posible». «Tanto israelíes como palestinos tienen el derecho de vivir en paz y seguridad, libertad y democracia», remachan.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagoniza este sábado un acto en Moncloa para presentar ante un centenar de alcaldes de pequeños municipios y representantes locales el denominado plan ‘Pueblos con Futuro: un plan para la cohesión y transformación del país’, una estrategia con 130 medidas para hacer frente al Reto Demográfico y la despoblación.

Con este acto, Sánchez quiere trasladar «el compromiso del Gobierno con las áreas rurales» mediante la presentación de un plan que busca «activar económica y socialmente» los pueblos y, así, «favorecer las oportunidades de las personas que las habitan y cuidan».

En concreto, el documento incluye un paquete de 130 medidas ordenadas en 10 ejes de acción y alineadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con las que se garantizará, según el Gobierno, «la incorporación de los pequeños municipios en una recuperación verde, digital, con perspectiva de género e inclusiva».

En el acto de este sábado, que tendrá lugar a las 11.00 horas en la Sala Barceló del Palacio de la Moncloa, participará también la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Asimismo, asistirán de forma tanto presencial como telemática un centenar de representantes locales, entre presidentes de diputaciones, alcaldes y concejales y sociedad civil, «cuyo papel será clave para la ejecución de las medidas», destaca Moncloa.

EL PP MOVILIZÓ A 200 ALCALDES CONTRA EL «ABANDONO» DEL GOBIERNO

Precisamente esta semana el PP reunió frente al Congreso a más de 200 alcaldes para denunciar el «abandono» que, a su juicio, sufren los ayuntamientos por parte del Gobierno, y reclamar ayudas ante la crisis que ha generado el Covid-19.

Tras esta movilización, en la que los alcaldes ‘populares’ estuvieron acompañados por el presidente del PP, Pablo Casado, el PSOE lanzó un comunicado en el que tachó de «campaña de agitación» el acto y reivindicó los fondos europeos que recibirán los ayuntamientos gracias al reparto diseñado por el Ejecutivo.

Ahora, Moncloa ha decidido celebrar este acto dirigido al municipalismo, poniendo el foco en concreto en el reto demográfico que sufren sobre todo los pequeños pueblos, y presentar las medidas que el Gobierno va a implementar para combatir la despoblación.

El jefe del Ejecutivo lleva meses protagonizando en Moncloa este tipo de actos sectoriales, con participación de representantes de la sociedad civil y del tejido empresarial, sobre retos o problemáticas concretas que el Gobierno considera necesario abordar, aunque hasta ahora siempre habían tenido lugar entre semana.

El último tuvo lugar la semana pasada, y se celebró con motivo de la aprobación del anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, que eliminará el término ‘disminuido’ del texto de la Carta Magna.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado por pérdida de objeto los recursos de casación presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía contra los autos denegando el confinamiento del municipio de Montefrío (Granada) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que también este viernes ha vuelto a rechazar el cierre perimetral por tercera semana consecutiva.

En su auto, el Tribunal Supremo explica que las medidas sanitarias aún no ratificadas judicialmente «no despliegan efectos ni son aplicables» y por ello rechaza pronunciarse sobre el fondo de este asunto.

Los autos del TSJA recurridos –de 10 y de 14 de mayo– denegaron la ratificación solicitada fundamentalmente por entender que las medidas sanitarias adoptadas por la Junta de Andalucía en las Órdenes de 7 y 12 de mayo de 2021 restringen determinados derechos fundamentales cuyo desarrollo está constitucionalmente sometido a reserva de ley orgánica.

Tras el pronunciamiento del TSJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó nuevas Órdenes en las que dejaba sin efecto el confinamiento por no haber sido ratificado judicialmente.

Según el Supremo, si la ratificación judicial es denegada, no es preciso que la Administración acuerde «dejar sin efecto» el acto que recogía las medidas sanitarias, «pues se trata de un acto que nunca ha sido legalmente eficaz».

Otra cosa, según la Sala, es que la Administración «pueda -o incluso deba- dar publicidad a la denegación de ratificación judicial de las medidas sanitarias, especialmente en el supuesto de que previamente éstas hubieran tenido alguna clase de publicidad oficial».

Una vez sentado lo anterior, la Sala aclara que las Órdenes de 7 y 12 de mayo que acordaban el confinamiento de Montefrío, a las que se refieren los autos recurridos, nunca pudieron surtir legalmente efectos y, por consiguiente, era improcedente que la Junta de Andalucía dictase nuevas Órdenes dejando expresamente aquellas sin efecto.

Finalmente el Supremo añade una última precisión en el auto dado a conocer este viernes, señalando que «no es una mera formalidad constatar que la Administración ha eliminado el acto cuya ratificación judicial se solicitó y no se obtuvo, ni tampoco lo es inferir de ello que el recurso de casación carece entonces de objeto».

Además, recuerda que el nuevo procedimiento de ratificación judicial de medidas sanitarias y el recurso de casación no dejan de ser un procedimiento y un recurso seguidos ante órganos jurisdiccionales, de manera que debe haber alguna cuestión que resolver. «No es función de los jueces y tribunales contencioso-administrativos ejercer una función consultiva», concluye la Sala.

Por su parte, Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Granada, ha rechazado por tercera vez el confinamiento de Montefrío y ha censurado que la Junta de Andalucía volviera a solicitar el aval judicial para esta medida, «denegada por dos veces», sin esperar a la resolución de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, «máxime» cuando ha bajado la tasa de contagio de este municipio.

En este contexto, el Ayuntamiento de Montefrío ha agradecido «la enorme responsabilidad y paciencia que han demostrado» sus vecinos en las últimas semanas, tras los pronunciamientos judiciales que deniegan el confinamiento perimetral del municipio, y ha resaltado que «independientemente» de la vigencia intermitente de esta medida y del cierre de la actividad no esencial, el cumplimiento de las medidas de seguridad y de la petición municipal de autoconfinarse han funcionado para bajar una tasa de incidencia del coronavirus, que confía que durante el fin de semana se sitúe por debajo de la media de 500 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes.

A la espera de la decisión de la Junta para la apertura del comercio no esencial, y el desconfinamiento tras los pronunciamientos judiciales, el municipio afronta una nueva etapa en que confía «volver a la normalidad». En declaraciones, la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, ha reconocido que los vecinos han «sufrido mucho, independientemente» de que pudieran «entrar» o «salir. Pese a «no saber en cada momento que teníamos que hacer», «hemos hecho las cosas como las teníamos que hacer» para así rebajar la tasa de incidencia.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recalcado, con motivo de la celebración este sábado del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que «este año Naciones Unidas nos recuerda que somos parte de la solución, porque la diversidad biológica a la que pertenecemos como especie es la parte más frágil y para la que representamos una amenaza en sentido estricto».

Así, ha puntualizado que «en la medida en que somos causantes de una gran parte de la pérdida de diversidad terrestre, la diversidad marina y la diversidad acuática, debemos dedicar nuestro esfuerzo a preservarla y a que no haya ni una especie menos en el planeta por culpa de nuestra actuación».

Teresa Ribera ha inaugurado con estas palabras el seminario ‘Soy parte de la solución’, la segunda sesión del ciclo de conferencias ‘La puerta de la biodiversidad», organizado por la Fundación Biodiversidad en su sede de Sevilla.

«Debemos considerar la posibilidad de que recuperemos muchos de esos sistemas que hemos ido fragilizando a lo largo de décadas, repensando y redirigiendo nuestra relación con el planeta», ha añadido, según un comunicado. Ribera ha insistido en la importancia de integrar en nuestra vida cotidiana la conservación del capital natural. «No basta con no erosionar, porque tenemos que dedicar nuestro esfuerzo a la recuperación de ecosistemas».

«La diversidad biológica es vida y es también freno frente a otras amenazas: es un sistema de protección frente a los efectos del cambio climático. Su degradación favorece que entremos en contacto con especies, microorganismos con los que no necesariamente hemos generado una dinámica de coexistencia, por lo que no es descartable que acaben introduciendo vectores de enfermedades que pensábamos que estaban erradicadas o para las que no estábamos preparados», ha destacado.

Para la vicepresidenta, «al situar la naturaleza en el centro, al pensar en soluciones basadas en la naturaleza cuando abordamos los distintos desafíos que tenemos presentes, ganamos en fortalecimiento de nuestra propia resiliencia y adaptación para la construcción de mayor riqueza de servicios ecosistémicos que no apreciamos con el valor que merecen».

«Nuestros espacios naturales necesitan una agenda verde y una agenda azul, algo que hemos incorporado en nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia porque revertir la pérdida de biodiversidad constituye uno de las prioridades del Ministerio -ha manifestado-, objetivos compartidos que garantizan nuestra presencia y protagonismo en la Estrategia de Biodiversidad 2030-2050, que debe incorporar nuestro objetivos en materia de recuperación e infraestructura verde, de corredores biológicos que aseguren la protección, la capacidad y la flexibilización de interconexión de las especies en los espacios», ha concluido.

SOLUCIONES DESDE LA CIENCIA

En este segundo seminario del ciclo ‘La puerta de la biodiversidad’ han participado expertos que han puesto en valor el papel de la biodiversidad como pieza fundamental de la recuperación verde, centrándose desde el punto de vista científico en los beneficios que nos aporta y en las soluciones que nos ofrece para la renaturalización y el cambio en nuestro modelo cultural y económico.

La ciencia, en materia de conservación de la biodiversidad, aspira a ser integradora, interdisciplinar y parte de la solución, uniendo conocimientos de historia natural, biología evolutiva, genética, ecología, así como de ciencias sociales. Bajo este prisma, tras la intervención de la vicepresidenta, se han sucedido cuatro bloques temáticos en los que investigadores, miembros de asociaciones conservacionistas, profesores universitarios y emprendedores que desarrollan soluciones sostenibles, han presentado proyectos que cuentan con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y que se desarrollan en el ámbito del conocimiento, la innovación, la bioeconomía y la ciencia ciudadana.

La directora de la Fundación Biodiversidad, Elena Pita, ha clausurado la jornada insistiendo en la importancia de integrar la biodiversidad de forma transversal en todos los sectores. «Debemos integrar la biodiversidad en los sectores económicos y en la sociedad, y esto ha de ir acompañado de un cambio de mentalidad», ha concretado, para acabar destacando que «podemos revertir la pérdida de la biodiversidad, porque somos parte de la solución».

Este segundo seminario ha tenido lugar la víspera de la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, cuyo lema este año es ‘Soy parte de la solución’. El eslogan de Naciones Unidas se ha elegido como continuación y seguimiento de los esfuerzos de la campaña 2020 ‘Nuestras soluciones están en la naturaleza’, que sirvió como recordatorio de que la biodiversidad sigue siendo la respuesta a diversos desafíos del desarrollo sostenible.