Ecologistas en Acción ha presentado este lunes un escrito al Consejo de Ministros al que urge a «ordenar ya» la limpieza de la tierra contaminada en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) con «fijación de plazo» para llevarla a efecto, y a buscar un almacenamiento «temporal» para los 6.000 metros cúbicos de residuos radiactivos resultantes de la limpieza, tal y como se recoge en el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 que fija el límite máximo permisible de contaminación en 1 bq/g de americio 241.

El colectivo conservacionista ha elevado un escrito en los mismos términos al Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) al considerar que, al margen de las conversaciones con EEUU al que el Gobierno de España condiciona la limpieza, «corresponde» a este organismo iniciar la rehabilitación para «posteriormente encontrar almacenamiento definitivo a los residuos que no tiene que ser necesariamente en EEUU».

Los dos escritos, llegan después de que la Audiencia Nacional (AN) haya rechazado, con dos votos particulares y en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo que se remontan a 2017, fijar plazo para obligar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a ejecutar el plan de limpieza alegando que no tenía competencias ejecutivas para hacerlo.

La sentencia, hecha pública el pasado jueves, apuntaba a la Administración del Estado como la que tenía esas competencias ejecutivas y ahora Ecologistas en Acción remite el escrito al Consejo de Ministros ya que a el corresponde «la aplicación de la normativa nuclear vigente» para ordenar al Ciemat la descontaminación que, por otro lado, exige la Comisión Europea que ha dado de plazo a España hasta finales de 2021 para informar de los progreso alcanzados en este sentido.

En su escrito, recuerda que el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el CSN en 2010 que prevé su desarrollo en un plazo de tres años que se han superado ampliamente y destaca que el documento prevé la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra para reducirla a 6.000 metros cúbicos, con un coste de unos 30 millones de euros, transporte incluido, y con informe favorable de la Comisión Europea en base al artículo 35 del Euratom.

Reitera el colectivo conservacionista, al igual que hiciese en el pleito impulsado ante la Audiencia Nacional, que en 2015 debido a las negociaciones con EEUU, el pleno del CSN «modificó los criterios radiológicos ampliando de un bequerel metro cuadrado (bq/m2) de Americio 241 hasta 4 bq/m2, reduciendo la cantidad de tierra a tratar de 50.000 m3 a 28.000 metros cúbicos, con lo cual el problema seguirá sin solucionarse».

MÁS DE 5.000 KILOS DE MATERIAL RADIACTIVO EN DOS CONTENEDORES

En sus nuevas demandas, incluye no solo plutonio «enterrado ilegalmente en 1966» en zanjas cuya existencia los votos particulares de dos magistrados de la Audiencia Nacional sí dan por probada, sino también «el almacenado en los contenedores para verduras y que constituyen una instalación nuclear definida en el artículo 11 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y las zonas no tratadas que constituyen un área contaminada prevista en el artículo 81 del Real Decreto 35/08″.

El almacenado de 5.152 kilos de material radiactivo en contenedores de verduras al que hace referencia fue reconocido por el Ciemat en 2019. Admitió el traslado al área bajo vigilancia radiológica de Palomares de casi seis toneladas de este material en cuatro envíos desde 2011 aunque siempre ha sostenido que «no supone un incremento del riesgo radiológico», ya que supone un 0,0000378 por ciento del total de la actividad radiológica que ya se registra en la zona. El citado material, tal y como indico a la propia Audiencia Nacional, provendría «exclusivamente de muestreos y sondeos» realizados en la zona a lo largo de los años.

En ambos escritos remitidos al Consejo de Ministros y al Ciemat como órgano ejecutor, Ecologistas en Acción pide la desclasificación no solo del Plan de Rehabilitación, sino también del documento del Department of Energy de EEUU remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al CSN en fecha 17 de julio de 2015 con registro de entrada 12338, titulado Evaluation of Alternatives for Remediation of Soil of Contamination at de Palomares Accident Site (DOE/NV-1536) y el Anexo del acta de la sesión celebrada en el CSN el 22 de julio de 2015 donde se recogen los niveles de intervención para la restauración de los terrenos afectados por el accidente de Palomares.

«La absoluta totalidad del PRP aprobado por el CSN en la sesión celebrada el 5 de mayo de 2010 ha sido publicada en números artículos, libros, revistas, e incluso su autor ha dado numerosasconferencias explicando detalladamente el PRP, por lo resulta incongruente mantener clasificado un documento que ha sido ya publicado en su totalidad y del que se conoce absolutamente todo su contenido», concluye el colectivo conservacionista.

VOTO PARTICULAR A FAVOR DE QUE CSN CULMINE TRABAJOS EN PLAZO RAZONABLE

En un voto particular, dos de los magistrados de la sala, que señalaron la «falta de transparencia e información» en la gestión de este asunto, entiendieron que la demanda debió estimarse en parte, encomendando al CSN, en el ejercicio de su condición de organismo regulador independiente único competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, «el impulso de la culminación del proyecto de rehabilitación».

Posteriormente, según añadieron, de los trabajos para el mantenimiento de las tierras contaminadas, «fijando a tales efectos un plazo razonable para la ejecución de estos cometidos y el cese de una situación que la población de Palomares lleva soportando más de 55 años».

Estos magistrados defienden, a diferencia de la mayoría del tribunal, que el CSN es la autoridad competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para impulsar la adopción de medidas efectivas de intervención en el área contaminada.

CONTAMINACIÓN EN 72 MUESTRAS RECOGIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2020

Según los últimos datos que han trascendido, el CSN reanudó la medición de plutonio en el área bajo vigilancia radiológica ambiental con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis que dieron como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.

Los análisis radioquímicos se retomaron el 1 de septiembre de 2020 tras un requerimiento de la Comisión Europea (CE) y, hasta noviembre, se recogieron y trataron 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.

El informe preceptivo remitido a la CE por el regulador atómico español concluyó que estos 107 análisis dieron como resultado la identificación de «72 emisores alfa», si bien precisó que solo se había completado la medición de 25 para «determinar» la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.

En su informe a Bruselas de diciembre, el CSN comunica, asimismo, que, siguiendo una recomendación de la CE que se remonta a 2010, prevé la «recogida y análisis anual» de muestras de carne de conejo en los entornos de la denominada zona 6, un área de 20 hectáreas que se extiende por la Sierra Almagrera, y la zona 2, donde cayó una de las dos bombas que detonó al impactar contra el suelo tras caer de un bombardero estadounidense en 1966.

Los abogados del Turno de Oficio atendieron 1.599.883 asuntos de Justicia Gratuita durante 2020, un descenso del 19 % del total del año anterior a consecuencia de la paralización de la actividad judicial durante casi tres meses debido al confinamiento y al estado de alarma por la pandemia de COVID-19, según datos de la Abogacía Española.

Así lo ha explicado la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, durante la presentación del XV Observatorio de Justicia Gratuita, en la que ha destacado su reconocimiento por la «absoluta disponibilidad» de los abogados y su labor, «que se ha prestado en tiempos de pandemia con las consecuencias que lleva consigo».

En 2020, el total de 83 Colegios de Abogados remitieron cerca de 666.000 expedientes, que generaron diversos asuntos debido a la interposición de recursos, la presentación de incidentes procesales o la generación de nuevos procedimientos entre otras causas. De ese más de millón y medio de asuntos generados, casi el 62% (unos 988.000) pertenecen al Turno de Oficio, mientras que el 34,7% (555.781) corresponden a la Asistencia Letrada al Detenido.

Por su parte, el servicio de Violencia de Género atendió más de 56.092, que supusieron el 3,5% de los asuntos, disminuyendo de media un 11,3% a nivel nacional. Sin embargo, hubo comunidades donde subieron hasta un 15%, como en Cantabria y Ceuta, o un 6,3% en Galicia. Andalucía volvió a ser la comunidad autónoma con más asuntos atendidos con un 22,5% del total en toda España seguida de Cataluña con el 19% y la Comunidad Valenciana, con el 15%.

Pese a que la pandemia supusiera un descenso de los asuntos y los importes certificados para todos los colegios, hubo un territorio que experimentó una subida en el total. Las Islas Canarias, debido a la llegada de inmigrantes principalmente en la segunda mitad del año, aumentó en un 22,7% los asuntos de Asistencia Letrada.

RATIFICADOS UN 75% DEL TOTAL DE 660.000 EXPEDIENTES

En este contexto, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica del Consejo, Antonio Morán, ha destacado en la presentación del Observatorio «el especial esfuerzo hecho por los Colegios de Abogados de Canarias y el sur de España y de los abogados y abogadas».

Del informe del Observatorio también se desprende que los ciudadanos presentaron más de 821.000 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita en 2020. Tras el análisis de estas solicitudes, los colegios remitieron 666.000 expedientes a las Comisiones de Asistencia Jurídica, de los que se ratificaron una media del 75%.

Y en cuanto a la inversión en la Justicia Gratuita, el informe revela que las Administraciones Públicas destinaron más de 245 millones de euros durante 2020, lo que supone un descenso del 14,3% con respecto al año anterior. De hecho, la inversión media anual por ciudadano destinada a Justicia Gratuita fue de tan solo 5,16 euros, frente a los 6,08 de 2019. Eso sí, la retribución media que percibieron los profesionales por cada asunto tramitado subió hasta los 153,14 euros, diez más que en el ejercicio anterior.

La propia presidenta del Consejo General de la Abogacía Española ha destacado que «en 2020» la asistencia jurídica gratuita «solo le costó a cada ciudadano cinco euros, uno menos de los seis euros que les supuso en 2019. «Es decir, cinco euros de media anual para disponer en España de uno de los sistemas de Asistencia Jurídica Gratuita más completos de Europa», ha sostenido.

En esta misma línea, el patrono de la Fundación Wolters Kluwer y vicepresidente de la Mutualidad de la Abogacía, Joaquín García-Romanillos, ha asegurado que «el acceso a la Justicia Gratuita sería una entelequia si no existiera el turno de oficio».

CANARIAS, ÚNICA COMUNIDAD QUE AUMENTA SU INVERSIÓN EN UN 0,9%

En este caso, las Islas Canarias también rompen con la norma, siendo la única comunidad autónoma que no disminuye su inversión, sino que la aumenta en un 0,9%. Pese a la reducción de gasto en un 17% respecto a 2019, Cataluña fue un año más la comunidad autónoma que más invierte en Justicia Gratuita, un 20% del total de inversión a nivel estatal, seguida de cerca por Andalucía con más de 38 millones de euros y Madrid, con más de 37.

El balance presentado este lunes también señala que el número de abogados adscritos al Turno de Oficio a 31 de diciembre de 2020 fue de 45.275, el 31,5% de los 143.717 profesionales ejercientes, lo que hace que la igualdad en la asistencia jurídica gratuita esté cerca de conseguirse. De hecho, en el Turno de Oficio y en Asistencia Letrada había un 48% de abogadas adscritas, cifra que sube al 54% en Violencia de Género y al 53% en Extranjería.

En relación al número de quejas de los ciudadanos, los colegios tramitaron en 2020 un total de 4.807 (frente a las más de 6.500 en 2019), de las que 2.914 fueron archivadas y 264 acabaron convirtiéndose en expedientes sancionadores a abogados del Turno de Oficio. Las quejas representan solo un 0,3% del total de asuntos presentados por ciudadanos en los Colegios de Abogados.

Respecto a las solicitudes presentadas por vía telemática, en 2020 se tramitaron un total de 552.577, un 21% menos que el año anterior. En el primer semestre de 2021, sin embargo, se aprecia ya una recuperación del volumen de solicitudes gestionadas electrónicamente, con cifras muy similares a las registradas en 2019 (365.286 frente a 367.202 en 2019). Respecto al total de expedientes tramitados en 2020, los electrónicos representaron el 83%.

PIDEN GARANTIZAR EL COBRO DEL TRABAJO DE LOS ABOGADOS

Por otro lado, el Comité de Expertos que participa en el Observatorio de Justicia Gratuita ha analizado con detalle el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo de 2021, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

Así, y pese a realizar una valoración positiva del mismo, han lamentado que no se haya aprovechado para revisar los baremos o para habilitar un procedimiento que garantice el cobro del trabajo ya desarrollado por los abogados y abogadas en los supuestos de denegación del beneficio de justicia gratuita por causas imputables al justiciable o en los casos en los que la actuación realizada no está incluida en el baremo de retribución del servicio.

De la misma forma, se han quejado de que no se haya actualizado el importe de los gastos de infraestructura para adecuarlos a las nuevas cargas administrativas que el reglamento prevé para los Colegios de Abogados en la gestión del servicio.

En este contexto, y ante las últimas crisis migratorias, han asegurado que por parte de la Administración se deberían poner los medios necesarios para que se preste el servicio de asistencia letrada con las garantías que contempla la normativa vigente. Además, han pedido que sea obligatoria en todos los procedimientos administrativos sancionadores de expulsión, de devolución y de denegación de entrada desde su incoación.

Por último, en este informe del Observatorio se recoge una encuesta de Metroscopia que revela que el Turno de Oficio sigue siendo muy conocido y muy bien evaluado. De hecho, la práctica totalidad de los españoles (98%) considera que quienes carezcan de recursos económicos tienen derecho a contar con la asistencia gratuita un abogado cuando la requieran.

Al mismo tiempo, un importante porcentaje (79%) declara conocer que ese deseo se encuentra de hecho recogido ya la Constitución. Con todo, la mayoría de españoles considera que la asistencia jurídica gratuita no está suficientemente valorada para la importante labor que realiza.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a una mujer acusada de abusar de un amigo de sus hijas menor de 16 años cuando ella tenía 35 porque no hay pruebas.

El tribunal considera que no hay pruebas de que la acusada, que cuando sucedieron los hechos, en mayo de 2019, tenía 35 años, hubiese mantenido relaciones sexuales con el adolescente ni que supiese que tenía menos de 16 años.

El tribunal apunta en el relato de hechos probados que la mujer y otros jóvenes participaron, cuando se encontraban en el interior de una vivienda, en el juego de la botella. «En un momento determinado de la noche, el menor y la acusada pasaron a otra habitación en solitario del piso, en la que se mantuvieron durante un breve lapso», indican los magistrados.

Al respecto, en la sentencia el tribunal en los hechos probados subraya que «no resulta acreditado que la acusada de 35 años de edad –cuando sucedieron los hechos– y sin antecedentes penales, hubiere mantenido relaciones sexuales» con el menor «ni que conociese que tenía menos de 16 años».

«La prueba actuada en el juicio no permite dotar de verosimilitud inequívoca al testimonio del menor, que carece de la persistencia declarativa requerida y no está ausente de incredibilidad subjetiva, no concurriendo corroboraciones periféricas objetivas que la doten de la precisa veracidad», destaca el tribunal en el fallo.

DECLARACIÓN DEL MENOR

También en la sentencia el tribunal puntualiza que la declaración del menor a lo largo del proceso «dista de ser firme y coincidente en el tiempo». «La sola lectura de las tres iniciales manifestaciones prestadas revela la existencia de extremos inconsistentes, carentes de la necesaria explicación justificativa sobre el desarrollo de los hechos», explica.

Asimismo, el tribunal destaca que el sargento de la Guardia Civil ante el que prestó las dos primeras declaraciones en el atestado, señaló que «el menor le dijo que había cambiado de opinión, sin indicar el motivo», apostilla.

Para el tribunal «no concurre ninguna corroboración objetiva que evidencie la existencia de relaciones sexuales de clase alguna (en menor medida con penetración sexual) entre menor e imputada». Y subraya que «en absoluto, que éstos entrasen juntos en una habitación equivale a extraer, de manera inequívoca, la conclusión de que medió relación sexual entre ambos».

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación dentro de los 10 días siguientes al de la última notificación de la sentencia.

El PP en el Ayuntamiento de València ha considerado este lunes que la reforma del Palau de la Música de la ciudad «llega tarde», mientras que el grupo municipal de Cs ha instado a «agilizar las obras». Ambas formaciones, dos de los tres partidos de la oposición en el consistorio junto a Vox, han lamentado que el auditorio, «referente cultural» de la capital valenciana permanezca cerrado y que vaya a ser así durante más tiempo.

PP y Cs se han pronunciado de este modo, en sendos comunicados, después de que la concejala de Gestión de Recursos, Luisa Notario, haya presentado el proyecto de adecuación del Palau la Música, una «rehabilitación integral» de unos 13 millones de euros. Notario ha avanzado que se prevé que este recinto pueda volver a reabrir sus puertas a lo largo del 2023 tras esta intervención.

La edil del PP Julia Climent ha señalado que el proyecto para reparar el Palau de la Música llega «con demasiado retraso» y ha insistido en el tiempo durante el que permanecerá cerrado. «Han pasado dos años desde que se cayó el techo y no han sido capaces de comenzar las obras de reparación para reabrirlo cuanto antes».

Climent ha apuntado que el alcalde, Joan Ribó (Compromís) y el PSPV, socio del gobierno municipal, «no deben seguir impasibles y con desinterés ante el declive del Palau de Música, que cumple dos años cerrado y sin fecha de reapertura». Ha opinado que «el problema» de este auditorio «no es sólo de continente sino también de contenido».

A este respecto, ha aludido a la «guerra abierta con los músicos de la Banda Municipal» por si traspaso al Palau de la Música y el robo de 5.000 euros del despacho del director «que nadie ha aclarado todavía». Climent ha manifestado que representa «un caos tanto en la gestión diaria como en la solución para infraestructura».

La representante del PP ha destacado que esta jornada los miembros de la Banda Municipal han protestado frente al Ayuntamiento, con «marchas fúnebres contra la decisión del alcalde por la que perderán su condición de funcionarios municipales para pasar a depender del Palau de la Música».

Esta nueva protesta de los músicos demuestra la escasa sensibilidad del gobierno Ribó-PSOE por la cultura y por nuestras bandas. Siguen gobernando a golpe de decreto sin consenso ni diálogo, sólo por la imposición».

Julia Climent ha asegurado que la «situación de decadencia» que vive el Palau de la Música es «un ejemplo de la gestión cultural» del ejecutivo municipal. «La falta de mantenimiento hizo que se cayera el techo hace ahora dos años. Desde entonces está cerrado sin fecha de reapertura y, lo más grave, sin que hayan comenzado las obras para reparar el Palau», ha insistido.

La edil ha hablado de «deriva negativa preocupante», «incapacidad», «improvisación», «ineficacia, lentitud y descoordinación», tras lo que ha considerado «urgente parar el declive en que ha entrado el Palau de la Música» y ha dicho que su «debería haber sido prioritaria porque está en juego el prestigio de un recinto cultural de primerísimo nivel».

«INTERÉS Y VOLUNTAD POLÍTICA»

La representante del PP ha agregado que «con interés y voluntad política se podía haber buscado un procedimiento más ágil para adelantar la reapertura del auditorio».

Por su parte, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha criticado al alcalde «por provocar que el Palau de la Música esté cerrado durante cinco años, hasta la temporada 2024-2025». Ha resaltado que las obras del equipamiento público se adjudicarán a finales del primer semestre de 2022 y que se prolongarán durante 18 meses, de modo que «hasta principios de 2024 no estarán terminadas».

«Desde el principio hemos visto improvisación en el proceso de adjudicación de la redacción del proyecto. Hace casi dos años que empezó todo y si bien es cierto que ha habido dos recursos, lo cierto es que las demás dependencias del Palau, como las salas anexas a las salas Iturbi y Rodrigo están sin utilizar, y también la zona del hall. Pensamos que en esos espacios se podría haber tomado alguna iniciativa», ha declarado Giner.

El responsable de Cs ha comentado que la remodelación completa del auditorio se podría haber hecho «por fases», como «el Comité de Empresa nos trasmitió y también otros colectivos culturales». Giner ha expuesto que Joan Ribó «debe primar en el pliego a la empresa con la propuesta de reducción de plazos más coherente por el bien de la ciudad».

«En cualquier procedimiento de este tipo se estudia y si procede se adjudica a quien lo presenta. Mantener cerrado a cal y canto el auditorio perjudicará mucho a la cultura musical de Valencia», ha repetido.

«MUCHO QUE DESEAR»

Por otra parte, Fernando Giner y la edil y consejera de Cs en el Palau de la Música, Amparo Picó, han manifestado que la gestión de este recinto «sigue dejando mucho que desear». «Sigue en el aire el proceso de integración de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia, de cuyo proceso desconoce cualquier procedimiento el comité de empresa del Palau», han afirmado, a la vez que han apuntado que «sus representantes se merecen una explicación».

Asimismo, desde Cs han pedido saber «si el futuro Comisionado de la Música con despacho en el Palau y personal asignado supone un aumento de personal del Organismo Autónomo Municipal o del Ayuntamiento», además de aludir a «los problemas con el servicio de vigilancia» y «con la adjudicataria de la cafetería».

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha defendido el origen cántabro del Camino de Santiago en el acto solemne de apertura del Año Jacobeo 2021-2022, que ha tenido lugar este lunes en Roncesvalles (Navarra), bajo la presidencia de los Reyes de España.

«El origen de esta historia maravillosa está en Liébana, donde un monje de Aniezo se convierte en el siglo VIII en el personaje más importante de la ortodoxia cristiana frente a Elipando de Toledo», ha dicho.

En este sentido, Revilla ha recordado que Beato fue quien declaró a Santiago patrón de España en su obra los Comentarios al Apocalipsis y, posteriormente, quien predicó que sus restos yacían en Galicia.

Gracias a este «personaje increíble», ha añadido, se inicia una peregrinación que es «la primera vertebración de Europa» y también la Reconquista de España, puesto que fue él quien dio «contenido religioso a lo que antes se consideraba una invasión de alguien que venía a quitarte tu terreno».

Revilla ha recordado que Santo Toribio de Liébana es uno de los cuatro lugares santos que hay en el mundo, junto con Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela, declarado así por el Papa Julio II en 1512, y ha apuntado que la celebración del Año Jacobeo sirve de preparación para el próximo Año Jubilar Lebaniego 2023.

«Hasta ese momento, tenemos que promocionar lo que es historia de España, lo que es tradición, lo que es cultura, lo que es fe», ha enfatizado.

Por otro lado, se ha referido al encuentro que mantuvo el pasado 25 de junio en el monasterio con sus homólogos asturiano y gallego para poner en valor la unidad y el sentido de pertenencia a España en torno a los Caminos de Santiago y Lebaniego y, finalmente, ha pedido «cordura en estos tiempos convulsos» por los que atraviesa el país.

«Hacer el camino, meditar en ese camino, yo creo que refuerza la solidaridad, el amor, la tranquilidad, la paz y el sosiego. Espero que así sea», ha concluido.

Revilla ha estado acompañado en la ceremonia celebrada en la Colegiata de Santa María de Roncesvalles por los mandatarios del resto de comunidades autónomas por las que discurre el Camino de Santiago Francés y de la Costa: la anfitriona navarra, María Chivite; Aragón, Javier Lambán; La Rioja, Concha Andreu; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Galicia, Alberto Núñez Feijoo.

Tan solo han excusado su presencia el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, y el presidente asturiano, Adrián Barbón, que han estado representados por consejeros de sus respectivos gobiernos.

El encargado de abrir las intervenciones ha sido el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez. Seguidamente, han tomado la palabra el ministro de Agricultura, Luis Planas, en representación del Gobierno de España; los presidentes autonómicos y, por último, el Rey, quien ha incidido en la trascendencia del Camino de Santiago como «encuentro de personas».

RECORRIDO A PIE, FIRMA Y OFRENDA FLORAL

El acto ha comenzado en el Alto de Ibañeta, junto a la Ermita del Salvador, desde donde las autoridades han recorrido a pie los 1,5 kilómetros que separan este punto del núcleo urbano de Roncesvalles.

Tras pasar por la Capilla de Sancti Spiritus o Silo de Carlomagno y por la Casa Prioral, donde los Reyes han firmado en el Libro de Oro de Navarra, la comitiva se ha dirigido a la Colegiata de Santa María, donde ha tenido lugar la ceremonia institucional.

Por último, Don Felipe ha realizado una ofrenda floral ante el sepulcro del Rey de Navarra Sancho VI ‘El Fuerte’ en la Capilla de San Agustín.

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este lunes en su declaración ante el juez de ‘Kitchen’ cualquier conocimiento sobre la existencia de este presunto operativo para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, rechazando en concreto que acudiera a una reunión con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el abogado Javier Iglesias en la sede de Génova, en contra de lo anotado por el comisario José Manuel Villarejo en sus agendas personales.

Según fuentes jurídicas, Martínez ha vuelto a afirmar ante el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que no conocía el dispositivo que se habría desplegado en 2013 desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondos reservados, para espiar a Bárcenas y su entorno y quitarles la información comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes para que no llegara a la Justicia.

Además, ha cuestionado la veracidad de gran parte de las notas escritas por Villarejo, agarrándose a las palabras del propio comisario de que en realidad serían diarios personales. El ex ‘número dos’ del Ministerio de Interior ha calificado directamente su contenido de elucubraciones, e incluso ha deslizado que algunas entradas podrían haberse escrito después de la fecha reflejada, alertando así sobre posibles manipulaciones.

Y eso porque el juez ha sido exhaustivo a la hora de preguntar al ex secretario de Estado sobre esos apuntes. Uno de ellos, el realizado el 11 de julio de 2013 por Villarejo, le situaría en el mismo origen de ‘Kitchen’. Junto a ‘Chisco’, como le apodó el comisario, se lee: «Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo». García-Castellón interpreta esta nota como el arranque de la operación.

Martínez se ha desmarcado de ésta y otras anotaciones. En concreto, ha asegurado al magistrado que, en contra de lo que plasmó Villarejo, no asistió a una reunión en la sede de los ‘populares’ en la madrileña calle de Génova con Rajoy y el abogado Javier Iglesias, al que se ha señalado como persona de confianza de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal que habría mediado a favor de la formación política con Bárcenas.

En la misma línea, contradiciendo lo que recogen tanto las agendas como las grabaciones realizadas por Villarejo de sus reuniones y conversaciones con diversas personas, Martínez ha sostenido que el comisario Enrique García Castaño no le dio ninguna copia del volcado que se habría hecho del contenido de los teléfonos móviles de Bárcenas, y que no conoce ni al ex juez Baltasar Garzón ni al empresario Adrián de la Joya.

También ha rechazado tajantemente que sea cierto el apunte donde Villarejo cuenta que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal habría dado una «gran bronca» a Martínez por los informes del inspector principal de ‘Gürtel’, Manuel Morocho.

EL CHOFER DE LOS BÁRCENAS

Su único conocimiento sobre ‘Kitchen’, ha señalado Martínez, se basa en lo publicado en prensa a partir del año 2015, cuando surgen las primeras noticias sobre esta supuesta trama. Entonces, creyó que era un montaje ideado para perjudicar al Partido Popular en las próxima elecciones. De hecho, ha remarcado que ni él ni el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, estaban preocupados por Bárcenas y lo que pudiera atesorar.

En este punto, ha precisado –ante la insistencia del juez– que el entonces ministro le pidió que investigara si Sergio Ríos, el chofer de la familia Bárcenas, era un informante de la Policía, pero lo ha desvinculado completamente de ‘Kitchen’. Según Martínez, no le extrañó porque en esa época se estaba investigando ‘Gürtel’.

Asimismo, ha razonado, como hiciera Cospedal en su comparecencia judicial, que si es cierto que todo el material de Bárcenas estuvo almacenado durante un tiempo en el despacho que el ex tesorero tenía en la Sala Andalucía de la sede ‘popular’ de Génova, el PP podría haberse hecho con esos archivos en ese momento, sin necesidad de montar la ‘Kitchen’.

Con todo, Martínez, al que Villarejo describió en su última declaración ante García-Castellón como uno de sus principales interlocutores en ‘Kitchen’ –junto a toda la cúpula policial del momento, Fernández Díaz y hasta Rajoy–, ha manifestado que su actuación fue perfectamente legal durante los años que ejerció de secretario de Estado.

UN VILLAREJO NO CUESTIONADO

No obstante, de acuerdo con dichas fuentes, Martínez sí ha respaldado algunas –pocas– anotaciones de Villarejo. Así, por ejemplo, ha admitido que tenía contacto con él, justificando que en aquella época el comisario era una persona respetada por el valor de la información que aportaba, entre otras cosas, sobre la lucha contra el terrorismo yihadista.

Aunque al mismo tiempo ha apostillado que tenía una relación mucho más fluida con el responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) o con otros comisarios y mandos, entre los que ha mencionado a Diego Pérez de los Cobos, que con Villarejo.

Ante tanta negativa, en un interrogatorio que se ha extendido unas tres horas y media y en el que solo ha contestado a su abogado y a García-Castellón, el juez ha advertido a Martínez de que algunas de las cuestiones que le ha planteado están acreditadas en la investigación por otros medios, más allá de las agendas y grabaciones de Villarejo.

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de generar «inestabilidad» al remodelar su Gobierno en «plena quinta ola» y de no solucionar su «problema» de «radicalidad» porque, a su juicio, pese al «disfraz» «siguen los mismos», como el ministro Alberto Garzón, al que «no ha podido cesar». Además, ha augurado que Nadia Calviño, que ha pasado a ser ahora la vicepresidenta primera, acabará como el exvicepresidente socialista Pedro Solbes «abandonando el barco cuando ya tiene demasiada agua».

Así se ha pronunciado Casado en la clausura las jornadas ‘Reto Demográfico y despoblación rural’ organizadas en Toledo por la Fundación Concordia y Libertad y que ha contado también con la intervención del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Dos días después de la crisis de gobierno, el jefe de la oposición ha afirmado que en esta «partida de ajedrez» han cambiado «los peones» pero «sigue la reina», que es el independentismo y Bildu, que «son con los que está jugando el Rey, que es el que se cree que puede cambiar a quien quiera a su alrededor porque sólo de él depende toda la estabilidad de España».

Sin embargo, ha dicho que el «problema» es que este «tipo de cambios políticos y partidistas en plena crisis y en plena quinta oleada de la pandemia es de una gran irresponsabilidad» porque «manda un mensaje de inestabilidad que cala mucho en los inversores y en los emprendedores», que piensan que «no se da el contorno para poder seguir tirando para adelante».

En este punto, ha señalado que tras la «purga» en el Gobierno «se da paso a una estampida» y ha citado como muestra de ello la marcha del secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, «igual que las últimas semanas cinco altos cargos de la vicepresidenta Calviño se han ido» y «se dice que no van a ser los últimos», según ha apostillado.

Casado ha hecho hincapié en el «disfraz» de Sánchez al poner como vicepresidenta primera a Calviño cuando los ministros económicos «le llevan la contraria y su propio equipo» en el Ministerio «abandona el barco porque da por hecho que no va a tener los condicionantes». «Auguro a Calviño que va a acabar como Solbes, abandonando el barco cuando ya tiene demasiada agua en esas vías de acceso que estamos viendo», ha pronosticado.

«SÁNCHEZ NO MANDA SOBRE LOS MINISTROS DE PODEMOS, LOS MÁS RADICALES»

Además, ha señalado que, junto a la «inestabilidad» hay un «problema de radicalidad» porque «siguen los mismos», como el ministro Garzón, al que no ha cesado pese a haberlo «rectificado» públicamente por sus declaraciones defendiendo reducir el consumo de carne.

«¿Si no puedes echar a un ministro qué mensaje estás dando? A Sánchez le gusta el chuletón al punto, me alegro por su información, pero se ve que a los ministros de Podemos les gusta el presidente al punto porque se han reído de él a la cara y no ha podido cesarlos. Ha demostrado que son dos gobiernos en uno, una confederación de gobiernos», ha exclamado.

En este punto, ha dicho que Sánchez «no manda sobre cinco ministros de Podemos, los más radicales», entre los que ha citado a Yolanda Díaz, quien, según ha recordado, llegó a decir en Twitter que Fidel Castro era «una referencia de todo lo que había hecho». «Lo digo hoy que hay protestas en toda Cuba pidiendo democracia y libertad», ha enfatizado.

Así, ha criticado que en España haya «cinco ministros que reivindican a Cuba como un paraíso democrático» cuando es «una dictadura de 60 años». A su entender, es un Gobierno que «tiene como referencia a Cuba» como «dicen en Twitter». «¿Esto es moderación? ¿Eso quiere usted, Sánchez? No nos dejemos engañar por las apariencias ni por celofanes con los que se envuelve todo», ha proclamado.

Casado ha pronosticado además que la legislatura «acabará rota» por la exigencia del republicano Oriol Junqueras, «el jefe de los jefes de Sánchez», en su exigencia de autodeterminación y amnistía «para las personas encausadas por agredir, romper escaparates y tirar piedras a la Policía».

«TENEMOS UN PLAN Y SOMOS ALTERNATIVA»

En su intervención, el jefe de la oposición ha subrayado que el PP tiene «un plan» para España y es «alternativa» al Gobierno de Pedro Sánchez. «Somos alternativa, no solo en las encuestas, lo somos para los españoles», ha declarado.

Asimismo, ha indicado que tiene que «quejarse» del Gobierno porque «para eso le pagan», dado que es «el líder de la oposición» y el actual Ejecutivo se caracteriza por la «inestabilidad», la «radicalidad» y la «incompetencia» en la gestión.

Casado ha clausurado las jornadas ‘Reto Demográfico y despoblación rural’ donde ha presentado los puntos de su oferta de pacto de Estado en esta materia. Según ha añadido, son propuestas que llevarán a la Convención Nacional del PP que se celebrará los días 2 y 3 de octubre en Valencia y donde, según ha dicho, se presentará la «alternativa» del PP.

«Pretendemos que se trace una alternativa clara y a los políticos nos pagáis el sueldo para ser útiles y no para crear problemas sino para resolverlos», ha señalado, para añadir que en la oposición llevarán esas propuestas al Parlamento a través de proposiciones y en cuanto lleguen al Gobierno presentarán «un plan de choque de recuperación».

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que su partido ha denunciado en los tribunales a quienes lo han responsabilizado de la muerte de Samuel Luiz, una acusación que enmarca en una campaña de «la extrema izquierda» y una parte de los medios de comunicación y de las empresas del Ibex contra Vox.

«Hemos denunciado en los tribunales a todos los que nos han relacionado con la muerte de Samuel; la izquierda ha querido relacionar a Vox con la violencia política» y «violencia política es lo que ha sufrido Vox desde su fundación», ha dicho en una entrevista en esRadio, al recordar que él y otros representantes de su partido han sido «apedreados en mítines».

Según Abascal, hay una «operación» contra Vox en la que participan «la extrema izquierda y una parte importantísima de los medios de comunicación y una parte del Ibex».

En el caso de Samuel Luiz –que falleció el sábado 10 de julio después de que un grupo de personas le diera una paliza en una calle de A Coruña–, sostiene que se ha utilizado este «crimen horrendo» para «organizar una campaña de propaganda» contra su partido con la idea de que este joven fue asesinado por ser homosexual, algo que, según ha destacado, no está confirmado por la Policía.

MÁS POLICÍA Y PENAS DE CÁRCEL MÁS DURAS

Sin embargo, considera que «cada vez más personas homosexuales y más mujeres saben que Vox es el único aliado que tienen ante esa inmigración fundamentalista que algunos quieren traer y que es la que está detrás, en gran medida, de la falta de libertades en España y la inseguridad en las calles», ha señalado.

En el mismo sentido se ha pronunciado, en una rueda de prensa, el vicepresidente primero de Acción Política de Vox y líder de este partido en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, que tampoco ha tenido en cuenta que los amigos de Samuel Luiz aseguren que sus agresores lo mataron al grito de «maricón» y que cree que su muerte es consecuencia de una sociedad «extraordinariamente violenta».

Y eso, a su juicio, «solo se soluciona renunciando a los falsos valores», recuperando determinados principios y «con más policía, más medios y penas más altas para que los que cometen estos delitos no salgan de prisión». «Cada vez más mujeres y personas con tendencia homosexual se dan cuenta de que la única garantía de su libertad de deambular por las calles e ir tranquilos es lo que propone Vox», ha recalcado.

Buxadé ha lamentado que se acuse a Vox de ser «instigadores» del crimen de A Coruña y que no haya habido «ni una sola rectificación o petición de perdón» pese a que, según una información que se ha publicado, entre los detenidos hay «un ultraizquierdista de los Riazor Blues» –grupo de seguidores del Real Club Deportivo de A Coruña–, «una persona extranjera y una chica feminista».

«La prensa se ha lanzado contra Vox porque conviene a su agenda, que coincide con la del Gobierno y con la de las élites de Bruselas», aunque para ello tengan que «ocultar la realidad», ha concluido.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena a cinco años de prisión para un ciudadano argelino por patronear en mayo de 2020 una patera con 19 compatriotas a bordo, entre ellos un niño, a quienes puso «en peligro» ya que la embarcación contaba con apenas cinco metros de eslora y navegaba a velocidad «elevada con mar rizailla».

La patera fue localizada por agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil sobre las 8,00 horas del día 21 de mayo de 2020 a unas 8,9 millas al sureste del Cabo de Mesa Roldán, en el litoral de Carboneras (Almería).

La sentencia, hecha pública este lunes por el TSJA, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la defensa de T.B. y ratifica en todos sus pronunciamientos el fallo de la Audiencia Provincial que lo condenó como autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El Alto Tribunal remarca que para condenarle, la Sección Segunda ha contado especialmente con la declaración de cinco agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que, «de forma clara y terminante, en sala, «identificaron al acusado como la persona que patroneaba la embarcación, viéndolo al volante de la misma desde que se avistó hasta que la interceptaron».

Añade que los mismos agentes testificaron que durante unos cinco minutos de forma ininterrumpida «estuvo moviendo el volante» y con la embarcación en movimiento hastaque fue interceptada.

«La sentencia impugnada valora de forma coherente, razonable y conforme a las reglas de la racionalidad la prueba practicada, y argumenta de forma clara la exclusión, para fundar su falta de autoría en los hechos, de las pruebas exculpatorias en las que intenta basar la defensa la solicitud de libre absolución», remarca.

En esta línea, la sala de lo Penal y Civil del indica que La alegación defensiva de que el acusado «era un mero ocupante que en un momento dado se turnó en el manejo de la embarcación en una suerte de gobierno cooperativo y rotatorio de la embarcación, carece de racionalidad como prueba plena de descargo».

«Es como decir que todos los que arriesgan su vida en esta travesía tienen el mínimo deformación y una experiencia necesaria para afrontar una navegación de altura, interpretando correctamente los datos de localización, fijando y manteniendo el rumbo adecuado e introduciendo la modificaciones exigidas por la contingencia marítima de cada momento», señala para concluir que es «poco verosímil».

El Alto Tribunal también estima que concurre aplicar el subtipo penal agravado ya que la embarcación, de cinco metros de eslora por dos de manga y propulsada por un motor fuera borda de 14O CV de potencia, «no reunía las condiciones mínimas para cubrir el referido trayecto en condiciones de salvaguardar la integridad física de los ocupantes».

«No estaba preparada para soportar viento, oleaje y otras circunstancias adversas inherentes al mismo por sus características técnicas y llevaba un número de personas muy superior al que le correspondía, además de que no estaba dotada de chalecos salvavidas, bengalas, balizas de señalamiento, radar, GPS, iluminación, botiquín ni otras medidas de seguridad», destaca.

Apunta, en este sentido, que el acusado no poseía la titulación necesaria para el pilotaje y que, «por todo ello se puso en peligro la vida y la integridad física de los ocupantes».

«El número de personas no proporcionado a las dimensiones de la misma, con 20 personas en embarcación de cinco metros de eslora y dos de manga, con mar rizailla y a velocidad elevada podría haber provocado su naufragio», finaliza.

Naciones Unidas (ONU) ha advertido de que el hambre en el mundo «ha empeorado drásticamente» en 2020, en gran parte debido a las consecuencias de la pandemia COVID-19.

Si bien aún no se ha podido determinar el impacto de la pandemia, este informe, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que alrededor de una décima parte de la población mundial (hasta 811 millones de personas) estaba desnutrida el año pasado. La cifra sugiere que será necesario un enorme esfuerzo para que el mundo cumpla su promesa de acabar con el hambre para 2030.

Ya a mediados de la década de 2010, el hambre había empezado a aumentar. En 2020, el hambre se disparó en términos absolutos y proporcionales, superando el crecimiento de la población: se estima que alrededor del 9,9 por ciento de todas las personas estaban desnutridas el año pasado, frente al 8,4 por ciento en 2019.

Más de la mitad de todas las personas subalimentadas (418 millones) viven en Asia; más de un tercio (282 millones) en África; y una proporción menor (60 millones) en América Latina y el Caribe. Pero el mayor aumento del hambre se produjo en África, donde la prevalencia estimada de la subnutrición (el 21% de la población) es más del doble que en cualquier otra región.

En general, más de 2.300 millones de personas (el 30% de la población mundial) carecían de acceso a una alimentación adecuada durante todo el año: este indicador (conocido como prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave) dio un salto en un año tan grande como los cinco anteriores juntos. La desigualdad de género se profundizó: por cada 10 hombres con inseguridad alimentaria, había 11 mujeres con inseguridad alimentaria en 2020 (frente a 10,6 en 2019).

La malnutrición persistió en todas sus formas, y los niños pagaron un alto precio: en 2020, se estima que más de 149 millones de menores de cinco años tenían retraso en el crecimiento, o eran demasiado bajos para su edad; más de 45 millones, estaban ebrios, o eran demasiado delgados para su estatura; y casi 39 millones, tenían sobrepeso.

El documento alerta de que tres mil millones de adultos y niños seguían sin poder seguir una dieta saludable, en gran parte debido a los costes excesivos. Casi un tercio de las mujeres en edad reproductiva padecen anemia. A nivel mundial, a pesar de los avances en algunas áreas (más bebés, por ejemplo, se alimentan exclusivamente de leche materna) el mundo no está en camino de alcanzar los objetivos de ningún indicador de nutrición para 2030.

La ONU señala que en muchas partes del mundo la pandemia «ha provocado recesiones brutales y ha puesto en peligro el acceso a los alimentos». De acuerdo con las tendencias actuales, el informe estima que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre cero para 2030) se incumplirá por un margen de casi 660 millones de personas. De estos 660 millones, unos 30 millones pueden estar relacionados con los efectos duraderos de la pandemia.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha pedido este lunes al PSOE que deje de aliarse con el PP y Vox para intentar «esconder bajo la alfombra la mierda» relativa al Rey emérito y que permita que la Cámara Baja investigue si actúo como «comisionista en la venta de armas».

Así lo ha reclamado Baldoví tras publicar ‘Publico.es’ que Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.

El diputado ha señalado que, a tenor de esta noticia, «el rey no era simplemente un comisionista, sino que era un comisionista en la venta de armas que estaba implicado en todos los conflictos bélicos que había en el mundo».

«Esta no era la función que le reservaba la Constitución», ha enfatizado, llamando a investigar este asunto «de manera prioritaria».A su juicio, «si los partidos que intentan guardar la mierda debajo de la alfombra» siguen bloqueando que el Congreso investigue al padre del actual jefe del Estado, debería ser la ciudadanía quien lo exigiera.

«LA GENTE DEBE EXIGIR QUE SE LE DESENMASCARE»

«Yo creo que la gente debe de exigir de una vez por todas que un sujeto así, que representaba al conjunto de la ciudadanía, debe ser investigado, desenmascarado y devolver al fisco todo lo que ha robado», ha enfatizado Baldoví.

Compromís es uno de los partidos que junto con Más País-Equo y las formaciones independentistas del Congreso vienen reclamando la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el padre de Felipe VI.

La última iniciativa –la decimotercera que se presenta en poco más de un año sobre las actividades del rey emérito– se registró a finales del pasado mes de junio y plantea, en concreto, abrir pesquisas sobre las supuestas actuaciones irregularidades de «miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí».

La petición está aún pendiente de calificación por parte de la Mesa del Congreso. Este órgano, con los votos de PSOE, PP y Vox ha venido rechazando la tramitación de todas las iniciativas destinadas a investigar las actividades del padre de Felipe VI, alegando que la Cámara no puede ejercer el control sobre el jefe del Estado y que su figura es «inviolable», según la Constitución.

La Audiencia Provincial de Huelva ha recibido el procedimiento seguido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino (Huelva) contra el varón acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 en la localidad de El Campillo a Laura Luelmo, –la joven profesora de 26 años zamorana–, para la celebración del correspondiente juicio con jurado popular, vista oral que actualmente está pendiente de señalamiento en la Audiencia.

Aún no hay fecha para el juicio por el crimen de la Laura Luelmo, por el que se sentará en el banquillo Bernardo Montoya, el cual fue detenido el 18 de diciembre de 2018, apenas un día después del hallazgo del cuerpo de la profesora en la zona conocida como Las Mimbreras a las afueras de El Campillo, localidad donde residía en la misma calle que su presunto asesino. La joven estaba recién llegada a la localidad para impartir clases en el instituto del vecino municipio de Nerva.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino remitió la causa el pasado día 9 de julio a la Audiencia Provincial de Huelva, procedimiento que, una vez recibido ese mismo día en la Audiencia, ha correspondido por turno al magistrado de la Sección Tercera Florentino G. Ruiz Yamuza.

Según ha informado el TSJA, el pasado 17 de junio la juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino dictó un auto por el que decretó la apertura de juicio oral contra el acusado al entender que existen indicios «suficientes» de la comisión de presuntos delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato, señalando como órgano competente para el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Huelva.

La juez tomó esta decisión tras recibir los escritos de conclusiones provisionales presentados por la Fiscalía; la acusación particular que ejerce la familia de la víctima, y la acusación popular ejercida por la Junta de Andalucía. Asimismo, la instructora ha requerido al acusado para que preste una fianza de 800.000 euros al objeto de poder asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse pertinentes.

En este mismo auto, la juez mantiene la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado, situación en la que éste se encuentra desde el día 22 de diciembre de 2018, una decisión que la instructora adopta porque considera que no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su día para adoptar dicha decisión y al subsistir el riesgo de fuga «a la vista de la pena solicitada y la posibilidad de que el investigado pueda cometer otros hechos delictivos de la misma naturaleza».

El Ministerio Público y las acusaciones ejercidas por la familia de la víctima y de la Junta de Andalucía solicitaron el mantenimiento de dicha medida cautelar, lo que la juez ahora acepta dando por reproducidos los argumentos expuestos en el auto de 4 de diciembre de 2020 por el que el Juzgado prorrogó la situación de prisión provisional del acusado y en las resoluciones por las que se acordaba la procedencia de dicha medida.

CONTEXTO DEL SUCESO

El asesinato de esta profesora conmocionó al país ya que fueron masivas las concentraciones de repulsa y las carreras que se convocaron en recuerdo de la joven, la cual iba con ropa deportiva en el momento de su desaparición el 12 de diciembre de 2018.

La denuncia fue interpuesta por la familia y se activó el correspondiente dispositivo de búsqueda para dar con su paradero, siendo encontrada el día 17 de diciembre de ese año. Un voluntario que participaba en las labores de búsqueda halló prendas de mujer en la zona de Las Mimbreras y la Guardia Civil encontró el cuerpo a unos 200 metros del lugar del hallazgo de las prendas, semioculto en una zona de terraplén y matorrales.

La autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Huelva acreditó que Luelmo sufrió abusos sexuales, además de un fuerte golpe que le provocó la muerte entre los días 14 y 15 de diciembre, es decir, entre dos y tres días después de su desaparición.

Bernardo Montoya, con graves antecedentes penales como el asesinato de una anciana, el cual se encuentra en prisión provisional como presunto responsable. Éste confesó el crimen en el interrogatorio policial en un primer momento, pero posteriormente cambió su declaración y desde el 4 de abril de 2019 mantiene la versión de que fue su exnovia la presunta responsable de la muerte de la chica.

En todo este tiempo la familia de la profesora ha pedido el mayor de los respetos e intimidad para afrontar este trágico acontecimiento. La familia, que en su momento demandó una «petición pública de perdón» al Estado por su «fracaso estrepitoso» al «no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y la integridad física» de su hija, ya anunció que solicitaba la prisión permanente revisable para Montoya.

Las muestras de cariño en El Campillo y Nerva han sido muchas en este tiempo y de hecho el pabellón multifuncional de la primera localidad pasó a denominarse Laura Luelmo, así como el aula de dibujo del instituto nervense donde la joven impartía clases con el fin de conmemorar a la profesora.

WWF ha celebrado la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de no autorizar la «mayor» mina de uranio a cielo abierto de Europa por sus «riesgos radioactivos».

«Hoy es un día para la celebración tras la votación del CSN en contra de conceder autorización de construcción de la mina y planta de concentrado de uranio en Retortillo (Salamanca). El pleno del CSN ha aprobado hoy por mayoría la ‘Propuesta de Dictámen Técnico’ sobre este proyecto que claramente dictamina la peligrosidad del proyecto por la contaminación radioactiva de los acuíferos de la zona. Dicho dictamen del CSN es, por lo tanto, vinculante para que el Miteco -órgano que autoriza finalmente este tipo de proyectos de instalaciones radioactivas de primera categoría del ciclo de combustible nuclear- no pueda conceder la autorización de construcción», explica la organización.

Con este dictamen técnico, señala WWF, el CSN está garantizando la protección del medio ambiente y la salud pública frente a los riesgos radioactivos del proyecto, y más concretamente, frente a sus residuos radioactivos derivados de la actividad de la mina y planta de concentrado.

Así solventa, a juicio de la organización, una de las «graves carencias e irregularidades» de este proyecto, ya que en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por la Junta mediante la Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, se consideraba que los residuos generados por las instalaciones no eran depósitos radiactivos y por tanto autorizaba este proyecto sin evaluar los efectos de la radioactividad en las personas y el medio ambiente.

Junto con organizaciones que han estado en primera línea, como la plataforma Stop Uranio, WWF lleva años denunciando que la autorización de este proyecto de alto riesgo ha estado rodeada de graves irregularidades, enorme polémica y una gran oposición local.

En 2017 WWF presentó una queja ante la CE, que abrió una investigación sobre el mismo, todavía no cerrada, por sus graves impactos sobre los hábitat y especies protegidos por la Directiva Hábitat, recuerda la organización.

Y es que, a pesar de no contar todavía con todas las autorizaciones necesarias, la empresa Berkeley, ya instalada en la zona desde hace años, había realizado ya «graves destrozos ambientales» con movimientos de tierras y la tala de un millar de encinas, muchas de ellas centenarias en el corazón del ‘Campo charro’ en un espacio Red Natura 2000 ‘Riberas de los Ríos Huebras, Yeltes, Uces y afluentes’, hecho que fue llevado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid por WWF.

Para WWF, con la decisión del Pleno del CSN de denegar la solicitud de autorización de construcción por fin se antepone el bien común y la salud pública frente a la especulación y destrucción ambiental, con el objetivo de evitar los enormes impactos ambientales y riesgos asociados a la actividad y contaminación radioactiva de este proyecto en el corazón de la dehesa salmantina, añade la información.

«Tras largos años de denuncias, irregularidades y graves impactos sobre el territorio, hoy celebramos el fin de este proyecto. Con la aprobación de este dictamen, el CSN cumple su función de velar por la protección de las personas y el medio ambiente frente a la contaminación radioactiva, aspecto que sorprendentemente no había sido evaluado hasta el momento. Desde WWF pedimos ahora que el MITECO, siguiendo el dictamen vinculante del CSN y la propia Ley de Cambio Climático, deniegue definitivamente la autorización de construcción y archive el proyecto finalmente», señala el secretario general de WWF España, Juan Carlos Olmo.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha tomado este lunes posesión de su cargo con un discurso en el que ha apostado por «reforzar las relaciones con Marruecos, gran amigo y vecino del Sur» y ha lanzado el mensaje de que España es un país seguro para recibir turistas extranjeros este verano.

Tras recibir la cartera de manos de la ministra saliente, Arancha González Laya, el hasta ahora embajador en París ha agradecido la confianza depositada en él por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con cuyo proyecto ha dicho estar en plena sintonía.

Entre las prioridades que se ha fijado para su nueva tarea, ha mencionado la necesidad de «reforzar las relaciones especialmente con Marruecos», recalcando que es «gran amigo y vecino del Sur», aunque no ha hecho alusión expresa a la reciente crisis con este país. También ha subrayado la necesidad de «ofrecer seguridad» y «hacer frente a los movimientos migratorios», para lo que, ha dicho, «hay que trabajar con nuestros aliados y amigos».

«Hay cosas que podemos hacer solos dentro del ministerio, pero tenemos que trabajar en equipo con otros ministerios», ha dicho, antes de subrayar que «hay que explicar al mundo que España es un lugar seguro para poder venir a pasar el verano». En este contexto, ha señalado que nuestro país «está a la cabeza del mundo en cifras de vacunación».

«VUELVO A CASA»

Albares acoge su nueva responsabilidad «con mucha emoción» porque vuelve «a casa» por partida doble, a Madrid y al Ministerio de Exteriores. «Soy uno de vosotros, un funcionario del servicio exterior», ha dicho a las 5.500 personas que lo integran y destacando que «no hay más honor para un español y además diplomático que representar a España en el exterior».

Por ello ha agradecido el nombramiento al presidente del Gobierno, al que conoce «bien» y del que ha aprendido desde que empezó a asesorarle cuando se hizo con el liderazgo del PSOE. «Comparto plenamente su proyecto político, sus objetivos, valores e ideales», ha declarado.

Albares asume que desembarca en Exteriores en momentos «muy difíciles» por la crisis del coronavirus y ha avisado de que ésta puede derivar en un «crisis diplomática» si no se gestionan bien los «desequilibrios» que pueden producir la propia pandemia y la gestión de la vacuna.

HAY UNA COSA BUENA: SOMOS ESPAÑA

«Pero hay una cosa buena, que somos España», ha proseguido, llamando a tener «claro desde el primer momento» que somos un país «que tiene voz y peso en Europa», ensalzando la efectividad con la que la UE ha respondido a la crisis sanitaria, social y económica y subrayando que «hay que dar lo mejor» en la Presidencia española de la Unión prevista para 2023.

También ha animado a enfrentar los retos que hay por delante con la «impronta» que implica la «forma de ser y estar en el mundo» de españoles e iberoamericanos y a que el español de «oiga con fuerza en el mundo» y «penetre en todos los ámbitos» porque es la lengua materna de casi 500 millones de personas.

Además, ha destacado la condición de país mediterráneo –instando a reforzar las relaciones especialmente con Marruecos, así como el Sahel y África Occidental–, pero también atlántico subrayando la misma «visión del multilateralismo, los valores y el progreso» que comparten la Administración Biden y el Gobierno de España.

«En esto tenemos que trabajar», ha apuntado, pidiendo también encontrar «la mejor forma de trabajar» con China, India y Rusia en un contexto en el que ni siquiera el país más poderoso puede trabajar solo. «A los españoles no les pueden ir bien las cosas dentro si nosotros hacemos bien las cosas fuera», ha aseverado.

También ha dicho que el «ejemplo de España en la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género» deben ser «la norma en el mundo» y ha presumido de la democracia española y su modelo «casi único» de descentralización. «Tenemos que presentarnos en el mundo como somos, la tarea es vasta, manos a la obra», ha concluido.

El nuevo ministro no ha nombrado a su antecesora porque ha querido hacerlo después de forma «solemne» para agradecer a «Arancha» su labor, «en las circunstancias más difíciles que se puedan imaginar». «Si me lo permites, hago ya mi primer nombramiento honorífico, te nombro asesora mía», ha concluido.

MOMENTO «AGRIDULCE» PARA LAYA

Por su parte, la ya exministra de Exteriores ha deseado suerte a su sucesor y ha reconocido que el acto de traspaso de poderes era para ella «agridulce». «Dulce» por los «muchos logros» que se ha anotado el ministerio en un periodo «corto» y «tremendamente lastrado» por la crisis del Covid-19 y «amargo» por las tareas que no ha podido culminar.

En el ‘debe’ ha incluido el «restablecimiento» de unas «relaciones plenas» con el «vecino y socio Marruecos, desde el «respeto y la corresponsabilidad», la reforma del sistema de cooperación al desarrollo, y el nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática, que deja casi listo.

Laya ha dejado Exteriores tras 546 días, con agradecimientos a Sánchez y recordando que llegó al cargo cuando ya acumulaba «más de 20 de servicio público internacional. «Dejo el puesto, pero mantengo firme el compromiso de servicio público», ha enfatizado.

Entre sus logros ha citado el plan de recuperación y la estrategia de vacunación europeas, el «principio de acuerdo sobre Gibraltar» que podría suponer «el derribo de la verja» a final de año y la celebración de la última Cumbre Iberoamericana.

También sus 15 visitas a países africanos para mejorar en cuestiones como la lucha antiterrorista, la migación o la diplomacia económica, la Cumbre de la OTAN, que tendrá lugar el año que viene en España y la nueva sede del ministerio que ella «desgraciadamente» ya no tendrá oportunidad de «disfrutar».

TOMARSE MÁS EN SERIO EL FEMINISMO

Además, ha sacado pecho por la estrategia de diplomacia feminista y por la «mejora y participación de las mujeres en los puestos de responsabilidad del ministerio». «Si el feminismo es nuestra causa, no los tenemos que tomar un poquito más en serio», ha deslizado.

Laya se ha responsabilizado de todos los «errores» que haya podido cometer, pero ha colectivizado los logros en todo el ministerio. Su tarea, ha dicho, ha sido en «defensa» de los intereses del país y ha intentado ser «un contrapunto a la pobreza y vacuidad de una gran parte del debate público». En esta línea, ha denostado «el ruido mediático generado no siempre con las mejores intenciones».

«Es el momento de salir de la escena», ha indicado, antes de pasar el testigo a su sucesor al que ha deseado «lo mejor» y prometido «lealtad y apoyo». Pero antes de entregar la cartera de ministro a Albares, González Laya ha citado al cantante Robin Williams: «No regrets (nada de arrepentimiento) de haber elegido el servicio público en España». «Seguro que nuestros caminos volverán a cruzarse pronto», ha apostillado.

Al acto, que ha tenido lugar en el Patio Juan Sebastián Elcano del Palacio de Santa Cruz, se han acercado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el nuevo responsable de Presidencia, Félix Bolaños, y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska.

También han acudido a arropar al nuevo jefe de la Diplomacia española el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; la exvicepresidenta económica Elena Salgado; la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la presidenta de Red Eléctrica y ex ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

Asimismo, han asistido al traspaso de carteras los extitulares de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja (UCD) y los ‘populares’ Ana Palacio y Josep Piqué.