El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de generar «inestabilidad» al remodelar su Gobierno en «plena quinta ola» y de no solucionar su «problema» de «radicalidad» porque, a su juicio, pese al «disfraz» «siguen los mismos», como el ministro Alberto Garzón, al que «no ha podido cesar». Además, ha augurado que Nadia Calviño, que ha pasado a ser ahora la vicepresidenta primera, acabará como el exvicepresidente socialista Pedro Solbes «abandonando el barco cuando ya tiene demasiada agua».

Así se ha pronunciado Casado en la clausura las jornadas ‘Reto Demográfico y despoblación rural’ organizadas en Toledo por la Fundación Concordia y Libertad y que ha contado también con la intervención del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Dos días después de la crisis de gobierno, el jefe de la oposición ha afirmado que en esta «partida de ajedrez» han cambiado «los peones» pero «sigue la reina», que es el independentismo y Bildu, que «son con los que está jugando el Rey, que es el que se cree que puede cambiar a quien quiera a su alrededor porque sólo de él depende toda la estabilidad de España».

Sin embargo, ha dicho que el «problema» es que este «tipo de cambios políticos y partidistas en plena crisis y en plena quinta oleada de la pandemia es de una gran irresponsabilidad» porque «manda un mensaje de inestabilidad que cala mucho en los inversores y en los emprendedores», que piensan que «no se da el contorno para poder seguir tirando para adelante».

En este punto, ha señalado que tras la «purga» en el Gobierno «se da paso a una estampida» y ha citado como muestra de ello la marcha del secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, «igual que las últimas semanas cinco altos cargos de la vicepresidenta Calviño se han ido» y «se dice que no van a ser los últimos», según ha apostillado.

Casado ha hecho hincapié en el «disfraz» de Sánchez al poner como vicepresidenta primera a Calviño cuando los ministros económicos «le llevan la contraria y su propio equipo» en el Ministerio «abandona el barco porque da por hecho que no va a tener los condicionantes». «Auguro a Calviño que va a acabar como Solbes, abandonando el barco cuando ya tiene demasiada agua en esas vías de acceso que estamos viendo», ha pronosticado.

«SÁNCHEZ NO MANDA SOBRE LOS MINISTROS DE PODEMOS, LOS MÁS RADICALES»

Además, ha señalado que, junto a la «inestabilidad» hay un «problema de radicalidad» porque «siguen los mismos», como el ministro Garzón, al que no ha cesado pese a haberlo «rectificado» públicamente por sus declaraciones defendiendo reducir el consumo de carne.

«¿Si no puedes echar a un ministro qué mensaje estás dando? A Sánchez le gusta el chuletón al punto, me alegro por su información, pero se ve que a los ministros de Podemos les gusta el presidente al punto porque se han reído de él a la cara y no ha podido cesarlos. Ha demostrado que son dos gobiernos en uno, una confederación de gobiernos», ha exclamado.

En este punto, ha dicho que Sánchez «no manda sobre cinco ministros de Podemos, los más radicales», entre los que ha citado a Yolanda Díaz, quien, según ha recordado, llegó a decir en Twitter que Fidel Castro era «una referencia de todo lo que había hecho». «Lo digo hoy que hay protestas en toda Cuba pidiendo democracia y libertad», ha enfatizado.

Así, ha criticado que en España haya «cinco ministros que reivindican a Cuba como un paraíso democrático» cuando es «una dictadura de 60 años». A su entender, es un Gobierno que «tiene como referencia a Cuba» como «dicen en Twitter». «¿Esto es moderación? ¿Eso quiere usted, Sánchez? No nos dejemos engañar por las apariencias ni por celofanes con los que se envuelve todo», ha proclamado.

Casado ha pronosticado además que la legislatura «acabará rota» por la exigencia del republicano Oriol Junqueras, «el jefe de los jefes de Sánchez», en su exigencia de autodeterminación y amnistía «para las personas encausadas por agredir, romper escaparates y tirar piedras a la Policía».

«TENEMOS UN PLAN Y SOMOS ALTERNATIVA»

En su intervención, el jefe de la oposición ha subrayado que el PP tiene «un plan» para España y es «alternativa» al Gobierno de Pedro Sánchez. «Somos alternativa, no solo en las encuestas, lo somos para los españoles», ha declarado.

Asimismo, ha indicado que tiene que «quejarse» del Gobierno porque «para eso le pagan», dado que es «el líder de la oposición» y el actual Ejecutivo se caracteriza por la «inestabilidad», la «radicalidad» y la «incompetencia» en la gestión.

Casado ha clausurado las jornadas ‘Reto Demográfico y despoblación rural’ donde ha presentado los puntos de su oferta de pacto de Estado en esta materia. Según ha añadido, son propuestas que llevarán a la Convención Nacional del PP que se celebrará los días 2 y 3 de octubre en Valencia y donde, según ha dicho, se presentará la «alternativa» del PP.

«Pretendemos que se trace una alternativa clara y a los políticos nos pagáis el sueldo para ser útiles y no para crear problemas sino para resolverlos», ha señalado, para añadir que en la oposición llevarán esas propuestas al Parlamento a través de proposiciones y en cuanto lleguen al Gobierno presentarán «un plan de choque de recuperación».

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que su partido ha denunciado en los tribunales a quienes lo han responsabilizado de la muerte de Samuel Luiz, una acusación que enmarca en una campaña de «la extrema izquierda» y una parte de los medios de comunicación y de las empresas del Ibex contra Vox.

«Hemos denunciado en los tribunales a todos los que nos han relacionado con la muerte de Samuel; la izquierda ha querido relacionar a Vox con la violencia política» y «violencia política es lo que ha sufrido Vox desde su fundación», ha dicho en una entrevista en esRadio, al recordar que él y otros representantes de su partido han sido «apedreados en mítines».

Según Abascal, hay una «operación» contra Vox en la que participan «la extrema izquierda y una parte importantísima de los medios de comunicación y una parte del Ibex».

En el caso de Samuel Luiz –que falleció el sábado 10 de julio después de que un grupo de personas le diera una paliza en una calle de A Coruña–, sostiene que se ha utilizado este «crimen horrendo» para «organizar una campaña de propaganda» contra su partido con la idea de que este joven fue asesinado por ser homosexual, algo que, según ha destacado, no está confirmado por la Policía.

MÁS POLICÍA Y PENAS DE CÁRCEL MÁS DURAS

Sin embargo, considera que «cada vez más personas homosexuales y más mujeres saben que Vox es el único aliado que tienen ante esa inmigración fundamentalista que algunos quieren traer y que es la que está detrás, en gran medida, de la falta de libertades en España y la inseguridad en las calles», ha señalado.

En el mismo sentido se ha pronunciado, en una rueda de prensa, el vicepresidente primero de Acción Política de Vox y líder de este partido en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, que tampoco ha tenido en cuenta que los amigos de Samuel Luiz aseguren que sus agresores lo mataron al grito de «maricón» y que cree que su muerte es consecuencia de una sociedad «extraordinariamente violenta».

Y eso, a su juicio, «solo se soluciona renunciando a los falsos valores», recuperando determinados principios y «con más policía, más medios y penas más altas para que los que cometen estos delitos no salgan de prisión». «Cada vez más mujeres y personas con tendencia homosexual se dan cuenta de que la única garantía de su libertad de deambular por las calles e ir tranquilos es lo que propone Vox», ha recalcado.

Buxadé ha lamentado que se acuse a Vox de ser «instigadores» del crimen de A Coruña y que no haya habido «ni una sola rectificación o petición de perdón» pese a que, según una información que se ha publicado, entre los detenidos hay «un ultraizquierdista de los Riazor Blues» –grupo de seguidores del Real Club Deportivo de A Coruña–, «una persona extranjera y una chica feminista».

«La prensa se ha lanzado contra Vox porque conviene a su agenda, que coincide con la del Gobierno y con la de las élites de Bruselas», aunque para ello tengan que «ocultar la realidad», ha concluido.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena a cinco años de prisión para un ciudadano argelino por patronear en mayo de 2020 una patera con 19 compatriotas a bordo, entre ellos un niño, a quienes puso «en peligro» ya que la embarcación contaba con apenas cinco metros de eslora y navegaba a velocidad «elevada con mar rizailla».

La patera fue localizada por agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil sobre las 8,00 horas del día 21 de mayo de 2020 a unas 8,9 millas al sureste del Cabo de Mesa Roldán, en el litoral de Carboneras (Almería).

La sentencia, hecha pública este lunes por el TSJA, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la defensa de T.B. y ratifica en todos sus pronunciamientos el fallo de la Audiencia Provincial que lo condenó como autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El Alto Tribunal remarca que para condenarle, la Sección Segunda ha contado especialmente con la declaración de cinco agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que, «de forma clara y terminante, en sala, «identificaron al acusado como la persona que patroneaba la embarcación, viéndolo al volante de la misma desde que se avistó hasta que la interceptaron».

Añade que los mismos agentes testificaron que durante unos cinco minutos de forma ininterrumpida «estuvo moviendo el volante» y con la embarcación en movimiento hastaque fue interceptada.

«La sentencia impugnada valora de forma coherente, razonable y conforme a las reglas de la racionalidad la prueba practicada, y argumenta de forma clara la exclusión, para fundar su falta de autoría en los hechos, de las pruebas exculpatorias en las que intenta basar la defensa la solicitud de libre absolución», remarca.

En esta línea, la sala de lo Penal y Civil del indica que La alegación defensiva de que el acusado «era un mero ocupante que en un momento dado se turnó en el manejo de la embarcación en una suerte de gobierno cooperativo y rotatorio de la embarcación, carece de racionalidad como prueba plena de descargo».

«Es como decir que todos los que arriesgan su vida en esta travesía tienen el mínimo deformación y una experiencia necesaria para afrontar una navegación de altura, interpretando correctamente los datos de localización, fijando y manteniendo el rumbo adecuado e introduciendo la modificaciones exigidas por la contingencia marítima de cada momento», señala para concluir que es «poco verosímil».

El Alto Tribunal también estima que concurre aplicar el subtipo penal agravado ya que la embarcación, de cinco metros de eslora por dos de manga y propulsada por un motor fuera borda de 14O CV de potencia, «no reunía las condiciones mínimas para cubrir el referido trayecto en condiciones de salvaguardar la integridad física de los ocupantes».

«No estaba preparada para soportar viento, oleaje y otras circunstancias adversas inherentes al mismo por sus características técnicas y llevaba un número de personas muy superior al que le correspondía, además de que no estaba dotada de chalecos salvavidas, bengalas, balizas de señalamiento, radar, GPS, iluminación, botiquín ni otras medidas de seguridad», destaca.

Apunta, en este sentido, que el acusado no poseía la titulación necesaria para el pilotaje y que, «por todo ello se puso en peligro la vida y la integridad física de los ocupantes».

«El número de personas no proporcionado a las dimensiones de la misma, con 20 personas en embarcación de cinco metros de eslora y dos de manga, con mar rizailla y a velocidad elevada podría haber provocado su naufragio», finaliza.

Naciones Unidas (ONU) ha advertido de que el hambre en el mundo «ha empeorado drásticamente» en 2020, en gran parte debido a las consecuencias de la pandemia COVID-19.

Si bien aún no se ha podido determinar el impacto de la pandemia, este informe, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que alrededor de una décima parte de la población mundial (hasta 811 millones de personas) estaba desnutrida el año pasado. La cifra sugiere que será necesario un enorme esfuerzo para que el mundo cumpla su promesa de acabar con el hambre para 2030.

Ya a mediados de la década de 2010, el hambre había empezado a aumentar. En 2020, el hambre se disparó en términos absolutos y proporcionales, superando el crecimiento de la población: se estima que alrededor del 9,9 por ciento de todas las personas estaban desnutridas el año pasado, frente al 8,4 por ciento en 2019.

Más de la mitad de todas las personas subalimentadas (418 millones) viven en Asia; más de un tercio (282 millones) en África; y una proporción menor (60 millones) en América Latina y el Caribe. Pero el mayor aumento del hambre se produjo en África, donde la prevalencia estimada de la subnutrición (el 21% de la población) es más del doble que en cualquier otra región.

En general, más de 2.300 millones de personas (el 30% de la población mundial) carecían de acceso a una alimentación adecuada durante todo el año: este indicador (conocido como prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave) dio un salto en un año tan grande como los cinco anteriores juntos. La desigualdad de género se profundizó: por cada 10 hombres con inseguridad alimentaria, había 11 mujeres con inseguridad alimentaria en 2020 (frente a 10,6 en 2019).

La malnutrición persistió en todas sus formas, y los niños pagaron un alto precio: en 2020, se estima que más de 149 millones de menores de cinco años tenían retraso en el crecimiento, o eran demasiado bajos para su edad; más de 45 millones, estaban ebrios, o eran demasiado delgados para su estatura; y casi 39 millones, tenían sobrepeso.

El documento alerta de que tres mil millones de adultos y niños seguían sin poder seguir una dieta saludable, en gran parte debido a los costes excesivos. Casi un tercio de las mujeres en edad reproductiva padecen anemia. A nivel mundial, a pesar de los avances en algunas áreas (más bebés, por ejemplo, se alimentan exclusivamente de leche materna) el mundo no está en camino de alcanzar los objetivos de ningún indicador de nutrición para 2030.

La ONU señala que en muchas partes del mundo la pandemia «ha provocado recesiones brutales y ha puesto en peligro el acceso a los alimentos». De acuerdo con las tendencias actuales, el informe estima que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre cero para 2030) se incumplirá por un margen de casi 660 millones de personas. De estos 660 millones, unos 30 millones pueden estar relacionados con los efectos duraderos de la pandemia.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha pedido este lunes al PSOE que deje de aliarse con el PP y Vox para intentar «esconder bajo la alfombra la mierda» relativa al Rey emérito y que permita que la Cámara Baja investigue si actúo como «comisionista en la venta de armas».

Así lo ha reclamado Baldoví tras publicar ‘Publico.es’ que Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.

El diputado ha señalado que, a tenor de esta noticia, «el rey no era simplemente un comisionista, sino que era un comisionista en la venta de armas que estaba implicado en todos los conflictos bélicos que había en el mundo».

«Esta no era la función que le reservaba la Constitución», ha enfatizado, llamando a investigar este asunto «de manera prioritaria».A su juicio, «si los partidos que intentan guardar la mierda debajo de la alfombra» siguen bloqueando que el Congreso investigue al padre del actual jefe del Estado, debería ser la ciudadanía quien lo exigiera.

«LA GENTE DEBE EXIGIR QUE SE LE DESENMASCARE»

«Yo creo que la gente debe de exigir de una vez por todas que un sujeto así, que representaba al conjunto de la ciudadanía, debe ser investigado, desenmascarado y devolver al fisco todo lo que ha robado», ha enfatizado Baldoví.

Compromís es uno de los partidos que junto con Más País-Equo y las formaciones independentistas del Congreso vienen reclamando la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el padre de Felipe VI.

La última iniciativa –la decimotercera que se presenta en poco más de un año sobre las actividades del rey emérito– se registró a finales del pasado mes de junio y plantea, en concreto, abrir pesquisas sobre las supuestas actuaciones irregularidades de «miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí».

La petición está aún pendiente de calificación por parte de la Mesa del Congreso. Este órgano, con los votos de PSOE, PP y Vox ha venido rechazando la tramitación de todas las iniciativas destinadas a investigar las actividades del padre de Felipe VI, alegando que la Cámara no puede ejercer el control sobre el jefe del Estado y que su figura es «inviolable», según la Constitución.

La Audiencia Provincial de Huelva ha recibido el procedimiento seguido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino (Huelva) contra el varón acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 en la localidad de El Campillo a Laura Luelmo, –la joven profesora de 26 años zamorana–, para la celebración del correspondiente juicio con jurado popular, vista oral que actualmente está pendiente de señalamiento en la Audiencia.

Aún no hay fecha para el juicio por el crimen de la Laura Luelmo, por el que se sentará en el banquillo Bernardo Montoya, el cual fue detenido el 18 de diciembre de 2018, apenas un día después del hallazgo del cuerpo de la profesora en la zona conocida como Las Mimbreras a las afueras de El Campillo, localidad donde residía en la misma calle que su presunto asesino. La joven estaba recién llegada a la localidad para impartir clases en el instituto del vecino municipio de Nerva.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino remitió la causa el pasado día 9 de julio a la Audiencia Provincial de Huelva, procedimiento que, una vez recibido ese mismo día en la Audiencia, ha correspondido por turno al magistrado de la Sección Tercera Florentino G. Ruiz Yamuza.

Según ha informado el TSJA, el pasado 17 de junio la juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino dictó un auto por el que decretó la apertura de juicio oral contra el acusado al entender que existen indicios «suficientes» de la comisión de presuntos delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato, señalando como órgano competente para el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Huelva.

La juez tomó esta decisión tras recibir los escritos de conclusiones provisionales presentados por la Fiscalía; la acusación particular que ejerce la familia de la víctima, y la acusación popular ejercida por la Junta de Andalucía. Asimismo, la instructora ha requerido al acusado para que preste una fianza de 800.000 euros al objeto de poder asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse pertinentes.

En este mismo auto, la juez mantiene la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado, situación en la que éste se encuentra desde el día 22 de diciembre de 2018, una decisión que la instructora adopta porque considera que no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su día para adoptar dicha decisión y al subsistir el riesgo de fuga «a la vista de la pena solicitada y la posibilidad de que el investigado pueda cometer otros hechos delictivos de la misma naturaleza».

El Ministerio Público y las acusaciones ejercidas por la familia de la víctima y de la Junta de Andalucía solicitaron el mantenimiento de dicha medida cautelar, lo que la juez ahora acepta dando por reproducidos los argumentos expuestos en el auto de 4 de diciembre de 2020 por el que el Juzgado prorrogó la situación de prisión provisional del acusado y en las resoluciones por las que se acordaba la procedencia de dicha medida.

CONTEXTO DEL SUCESO

El asesinato de esta profesora conmocionó al país ya que fueron masivas las concentraciones de repulsa y las carreras que se convocaron en recuerdo de la joven, la cual iba con ropa deportiva en el momento de su desaparición el 12 de diciembre de 2018.

La denuncia fue interpuesta por la familia y se activó el correspondiente dispositivo de búsqueda para dar con su paradero, siendo encontrada el día 17 de diciembre de ese año. Un voluntario que participaba en las labores de búsqueda halló prendas de mujer en la zona de Las Mimbreras y la Guardia Civil encontró el cuerpo a unos 200 metros del lugar del hallazgo de las prendas, semioculto en una zona de terraplén y matorrales.

La autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Huelva acreditó que Luelmo sufrió abusos sexuales, además de un fuerte golpe que le provocó la muerte entre los días 14 y 15 de diciembre, es decir, entre dos y tres días después de su desaparición.

Bernardo Montoya, con graves antecedentes penales como el asesinato de una anciana, el cual se encuentra en prisión provisional como presunto responsable. Éste confesó el crimen en el interrogatorio policial en un primer momento, pero posteriormente cambió su declaración y desde el 4 de abril de 2019 mantiene la versión de que fue su exnovia la presunta responsable de la muerte de la chica.

En todo este tiempo la familia de la profesora ha pedido el mayor de los respetos e intimidad para afrontar este trágico acontecimiento. La familia, que en su momento demandó una «petición pública de perdón» al Estado por su «fracaso estrepitoso» al «no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y la integridad física» de su hija, ya anunció que solicitaba la prisión permanente revisable para Montoya.

Las muestras de cariño en El Campillo y Nerva han sido muchas en este tiempo y de hecho el pabellón multifuncional de la primera localidad pasó a denominarse Laura Luelmo, así como el aula de dibujo del instituto nervense donde la joven impartía clases con el fin de conmemorar a la profesora.

WWF ha celebrado la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de no autorizar la «mayor» mina de uranio a cielo abierto de Europa por sus «riesgos radioactivos».

«Hoy es un día para la celebración tras la votación del CSN en contra de conceder autorización de construcción de la mina y planta de concentrado de uranio en Retortillo (Salamanca). El pleno del CSN ha aprobado hoy por mayoría la ‘Propuesta de Dictámen Técnico’ sobre este proyecto que claramente dictamina la peligrosidad del proyecto por la contaminación radioactiva de los acuíferos de la zona. Dicho dictamen del CSN es, por lo tanto, vinculante para que el Miteco -órgano que autoriza finalmente este tipo de proyectos de instalaciones radioactivas de primera categoría del ciclo de combustible nuclear- no pueda conceder la autorización de construcción», explica la organización.

Con este dictamen técnico, señala WWF, el CSN está garantizando la protección del medio ambiente y la salud pública frente a los riesgos radioactivos del proyecto, y más concretamente, frente a sus residuos radioactivos derivados de la actividad de la mina y planta de concentrado.

Así solventa, a juicio de la organización, una de las «graves carencias e irregularidades» de este proyecto, ya que en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por la Junta mediante la Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, se consideraba que los residuos generados por las instalaciones no eran depósitos radiactivos y por tanto autorizaba este proyecto sin evaluar los efectos de la radioactividad en las personas y el medio ambiente.

Junto con organizaciones que han estado en primera línea, como la plataforma Stop Uranio, WWF lleva años denunciando que la autorización de este proyecto de alto riesgo ha estado rodeada de graves irregularidades, enorme polémica y una gran oposición local.

En 2017 WWF presentó una queja ante la CE, que abrió una investigación sobre el mismo, todavía no cerrada, por sus graves impactos sobre los hábitat y especies protegidos por la Directiva Hábitat, recuerda la organización.

Y es que, a pesar de no contar todavía con todas las autorizaciones necesarias, la empresa Berkeley, ya instalada en la zona desde hace años, había realizado ya «graves destrozos ambientales» con movimientos de tierras y la tala de un millar de encinas, muchas de ellas centenarias en el corazón del ‘Campo charro’ en un espacio Red Natura 2000 ‘Riberas de los Ríos Huebras, Yeltes, Uces y afluentes’, hecho que fue llevado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid por WWF.

Para WWF, con la decisión del Pleno del CSN de denegar la solicitud de autorización de construcción por fin se antepone el bien común y la salud pública frente a la especulación y destrucción ambiental, con el objetivo de evitar los enormes impactos ambientales y riesgos asociados a la actividad y contaminación radioactiva de este proyecto en el corazón de la dehesa salmantina, añade la información.

«Tras largos años de denuncias, irregularidades y graves impactos sobre el territorio, hoy celebramos el fin de este proyecto. Con la aprobación de este dictamen, el CSN cumple su función de velar por la protección de las personas y el medio ambiente frente a la contaminación radioactiva, aspecto que sorprendentemente no había sido evaluado hasta el momento. Desde WWF pedimos ahora que el MITECO, siguiendo el dictamen vinculante del CSN y la propia Ley de Cambio Climático, deniegue definitivamente la autorización de construcción y archive el proyecto finalmente», señala el secretario general de WWF España, Juan Carlos Olmo.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha tomado este lunes posesión de su cargo con un discurso en el que ha apostado por «reforzar las relaciones con Marruecos, gran amigo y vecino del Sur» y ha lanzado el mensaje de que España es un país seguro para recibir turistas extranjeros este verano.

Tras recibir la cartera de manos de la ministra saliente, Arancha González Laya, el hasta ahora embajador en París ha agradecido la confianza depositada en él por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con cuyo proyecto ha dicho estar en plena sintonía.

Entre las prioridades que se ha fijado para su nueva tarea, ha mencionado la necesidad de «reforzar las relaciones especialmente con Marruecos», recalcando que es «gran amigo y vecino del Sur», aunque no ha hecho alusión expresa a la reciente crisis con este país. También ha subrayado la necesidad de «ofrecer seguridad» y «hacer frente a los movimientos migratorios», para lo que, ha dicho, «hay que trabajar con nuestros aliados y amigos».

«Hay cosas que podemos hacer solos dentro del ministerio, pero tenemos que trabajar en equipo con otros ministerios», ha dicho, antes de subrayar que «hay que explicar al mundo que España es un lugar seguro para poder venir a pasar el verano». En este contexto, ha señalado que nuestro país «está a la cabeza del mundo en cifras de vacunación».

«VUELVO A CASA»

Albares acoge su nueva responsabilidad «con mucha emoción» porque vuelve «a casa» por partida doble, a Madrid y al Ministerio de Exteriores. «Soy uno de vosotros, un funcionario del servicio exterior», ha dicho a las 5.500 personas que lo integran y destacando que «no hay más honor para un español y además diplomático que representar a España en el exterior».

Por ello ha agradecido el nombramiento al presidente del Gobierno, al que conoce «bien» y del que ha aprendido desde que empezó a asesorarle cuando se hizo con el liderazgo del PSOE. «Comparto plenamente su proyecto político, sus objetivos, valores e ideales», ha declarado.

Albares asume que desembarca en Exteriores en momentos «muy difíciles» por la crisis del coronavirus y ha avisado de que ésta puede derivar en un «crisis diplomática» si no se gestionan bien los «desequilibrios» que pueden producir la propia pandemia y la gestión de la vacuna.

HAY UNA COSA BUENA: SOMOS ESPAÑA

«Pero hay una cosa buena, que somos España», ha proseguido, llamando a tener «claro desde el primer momento» que somos un país «que tiene voz y peso en Europa», ensalzando la efectividad con la que la UE ha respondido a la crisis sanitaria, social y económica y subrayando que «hay que dar lo mejor» en la Presidencia española de la Unión prevista para 2023.

También ha animado a enfrentar los retos que hay por delante con la «impronta» que implica la «forma de ser y estar en el mundo» de españoles e iberoamericanos y a que el español de «oiga con fuerza en el mundo» y «penetre en todos los ámbitos» porque es la lengua materna de casi 500 millones de personas.

Además, ha destacado la condición de país mediterráneo –instando a reforzar las relaciones especialmente con Marruecos, así como el Sahel y África Occidental–, pero también atlántico subrayando la misma «visión del multilateralismo, los valores y el progreso» que comparten la Administración Biden y el Gobierno de España.

«En esto tenemos que trabajar», ha apuntado, pidiendo también encontrar «la mejor forma de trabajar» con China, India y Rusia en un contexto en el que ni siquiera el país más poderoso puede trabajar solo. «A los españoles no les pueden ir bien las cosas dentro si nosotros hacemos bien las cosas fuera», ha aseverado.

También ha dicho que el «ejemplo de España en la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género» deben ser «la norma en el mundo» y ha presumido de la democracia española y su modelo «casi único» de descentralización. «Tenemos que presentarnos en el mundo como somos, la tarea es vasta, manos a la obra», ha concluido.

El nuevo ministro no ha nombrado a su antecesora porque ha querido hacerlo después de forma «solemne» para agradecer a «Arancha» su labor, «en las circunstancias más difíciles que se puedan imaginar». «Si me lo permites, hago ya mi primer nombramiento honorífico, te nombro asesora mía», ha concluido.

MOMENTO «AGRIDULCE» PARA LAYA

Por su parte, la ya exministra de Exteriores ha deseado suerte a su sucesor y ha reconocido que el acto de traspaso de poderes era para ella «agridulce». «Dulce» por los «muchos logros» que se ha anotado el ministerio en un periodo «corto» y «tremendamente lastrado» por la crisis del Covid-19 y «amargo» por las tareas que no ha podido culminar.

En el ‘debe’ ha incluido el «restablecimiento» de unas «relaciones plenas» con el «vecino y socio Marruecos, desde el «respeto y la corresponsabilidad», la reforma del sistema de cooperación al desarrollo, y el nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática, que deja casi listo.

Laya ha dejado Exteriores tras 546 días, con agradecimientos a Sánchez y recordando que llegó al cargo cuando ya acumulaba «más de 20 de servicio público internacional. «Dejo el puesto, pero mantengo firme el compromiso de servicio público», ha enfatizado.

Entre sus logros ha citado el plan de recuperación y la estrategia de vacunación europeas, el «principio de acuerdo sobre Gibraltar» que podría suponer «el derribo de la verja» a final de año y la celebración de la última Cumbre Iberoamericana.

También sus 15 visitas a países africanos para mejorar en cuestiones como la lucha antiterrorista, la migación o la diplomacia económica, la Cumbre de la OTAN, que tendrá lugar el año que viene en España y la nueva sede del ministerio que ella «desgraciadamente» ya no tendrá oportunidad de «disfrutar».

TOMARSE MÁS EN SERIO EL FEMINISMO

Además, ha sacado pecho por la estrategia de diplomacia feminista y por la «mejora y participación de las mujeres en los puestos de responsabilidad del ministerio». «Si el feminismo es nuestra causa, no los tenemos que tomar un poquito más en serio», ha deslizado.

Laya se ha responsabilizado de todos los «errores» que haya podido cometer, pero ha colectivizado los logros en todo el ministerio. Su tarea, ha dicho, ha sido en «defensa» de los intereses del país y ha intentado ser «un contrapunto a la pobreza y vacuidad de una gran parte del debate público». En esta línea, ha denostado «el ruido mediático generado no siempre con las mejores intenciones».

«Es el momento de salir de la escena», ha indicado, antes de pasar el testigo a su sucesor al que ha deseado «lo mejor» y prometido «lealtad y apoyo». Pero antes de entregar la cartera de ministro a Albares, González Laya ha citado al cantante Robin Williams: «No regrets (nada de arrepentimiento) de haber elegido el servicio público en España». «Seguro que nuestros caminos volverán a cruzarse pronto», ha apostillado.

Al acto, que ha tenido lugar en el Patio Juan Sebastián Elcano del Palacio de Santa Cruz, se han acercado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el nuevo responsable de Presidencia, Félix Bolaños, y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska.

También han acudido a arropar al nuevo jefe de la Diplomacia española el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; la exvicepresidenta económica Elena Salgado; la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la presidenta de Red Eléctrica y ex ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

Asimismo, han asistido al traspaso de carteras los extitulares de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja (UCD) y los ‘populares’ Ana Palacio y Josep Piqué.

La subseceteria para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Sor Alessandra Smerilli, ha explicado que una de claves para poder construir un mundo mejor tras la pandemia es escuchar «el grito de la Tierra y de los pobres» al tiempo que ha dejado claro que lo que pide el Papa es «preparar el futuro».

«El Papa ha subrayado que la crisis de la Covid-19 puede ser una oportunidad. Por eso nos ha pedido que preparamos el futuro que es un concepto distinto de estar preparado para el futuro», ha subrayado la monja italiana en un encuentro online organizado por REDES y la Justice Coaliton of Religious dentro del programa oficial del Foro Político de Alto Nivel de ONU (FPAN).

Este grupo de trabajo comparte la Agenda 2030 de la ONU como camino hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental y fortalecer el espíritu de colaboración entre los actores religiosos y los organismos públicos de Cooperación Internacional.

Así, por ejemplo, trabaja de la mano con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) «porque el Papa ha dicho que el hambre es un crimen» y con agentes externos para analizar los aspectos técnicos que permitirían erradicar la malnutrición en el mundo. «No es posible que la gente siga muriendo de hambre», ha exclamado Smerilli.

La Comisión Covid-19 sigue de cerca las reuniones de alto nivel como el G-20, las Cumbres sobre los sistemas alimentarios o las del clima como la próxima COP26. Según ha explicado, su tarea se basa en tres pilares: «salud para todos; comida para todos y trabajo para todos».

Para Smerilli no se puede volver al mundo de antes donde «una economía enferma hacía crecer las desigualdades de forma desproporcionada. «¿Qué sistema es este que permite durante un flagelo mundial como el de la pandemia el enriquecimiento exponencial de unos pocos, mientras que son muchos los que están entrando en las colas de la miseria?», se ha preguntado.

Smerilli ha manifestado que el Papa les ha pedido que sean concretos y que respondan con «creatividad» ante los desafíos que impone un sistema basado en el «extractivismo» que «no respeta el medio ambiente». «Vemos que la crisis de la Covid-19 ha mostrado la fragilidad de nuestro sistema y la cara de la desigualdad que ha sido exacerbada», ha manifestado, al tiempo que ha arremetido contra la «globalización de la indiferencia» ya que «los pobres los vulnerables son los más golpeados» por la crisis.

La comisión Covid -19 del Vaticano instituida por el Papa para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias lanzó en mayo la plataforma ‘Laudato si’, una iniciativa que evoca la encíclica del Papa sobre ecología con la que se insta a todos los católicos a emprender un viaje de siete años hacia un estilo de vida sostenible.

«Se trata de un camino de sostenibilidad total en el espíritu de la ecología integral. Basado en el número 7 que es un número simbólico y bíblico», ha señalado a este respecto Smerilli. En este sentido, se proponen siete Objetivos de Laudato si’: la Respuesta al Grito de la Tierra, la Respuesta al Grito de los Pobres, la Economía Ecológica, la Adopción de Estilos de Vida Sencillos, la Educación Ecológica, la Espiritualidad Ecológica y la Implicación y Acción Participativa de la Comunidad. «No solo es un camino para los católicos», ha dicho la monja.

El Vaticano ha identificado además siete sectores clave para apoyar esta iniciativa: Familias, Parroquias y Diócesis, Escuelas y Universidades, Hospitales y Centros de Salud, Economía (Trabajadores y Empresas, Granjas y Cooperativas), Grupos, Movimientos y Organizaciones, y Órdenes Religiosas.

El primer año se dedicará, según el Vaticano, a tres tareas fundamentales de «construcción de la comunidad, intercambio de recursos y elaboración de planes de acción concretos para la realización de los siete objetivos de ‘Laudato si’. A esto le seguirán otros cinco años de acciones concretas (algunos podrían terminar esta parte del viaje incluso más rápido). El último año será el año sabático para alabar y dar gracias a Dios.

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha anunciado que su formación presentará «en breve» un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vasca antipandemia que «impone un auténtico estado dictatorial» en el País Vasco y evitar que el lehendakari, Iñigo Urkullu, «se convierta en un auténtico virrey en un reino de taifas» que es «lo que pretende hacer con Euskadi».

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, Olona ha informado sobre el recurso que su partido presentará ante el Tribunal Constitucional contra la Ley vasca de medidas contra la covid-19, también conocida como Ley antipandemia, aprobada el pasado 24 de junio en el Parlamento Vasco.

Olona ha afirmado que esta nueva norma es «inconstitucional» y ha afirmado que con su recurso ante el TC su formación «da un paso al frente para evitar que Urkullu se convierta en un auténtico virrey en un reino de taifas que es lo que pretende hacer con Euskadi».

«Damos un paso al frente para defender a los ciudadanos y lograr que reine el principio de igualdad entre los españoles, con independencia del lugar donde se resida», ha insistido.

Según la portavoz de Vox, la ley vasca antipandemia «impone en el territorio un auténtico estado dictatorial», ya que en su articulado «impone una vacunación obligatoria a los ciudadanos vascos, así como el sometimiento obligatorio de pruebas PCR o cribados», con «grave consecuencia para los ciudadanos vascos que denieguen su consentimiento», porque «existe prohibición de trabajar o realizar actividades para la que se exija una prueba o vacunación».

«Es un flagrante atentado a los derechos fundamentales que todos los españoles tenemos a la integridad física, a la libertad y a la intimidad personal», ha señalado.

Para Olona, esta ley vasca ya «impone» lo que podría contemplar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, sobre «incautaciones temporales de bienes, al igual que la obligación para la ciudadanía de realizar prestaciones personales obligatorias».

«Ese estado dictatorial, el cambio de régimen que se está vaticinando a nivel nacional, ya se ha impuesto en el País Vasco con la ley 2/2021 cuyos artículos 10 y 11 contemplan las mismas posibilidades de incautación de recursos privados prestaciones personales», ha insistido.

En este sentido, ha detallado que en los artículos 42 y 43 se sanciona el incumplimiento de estas obligaciones con la imposición de sanciones de hasta 60.000 o 600.000 euros.

La portavoz de Vox ha informado de que el recurso incluirá la «vulneración» de los artículos 17, 19 y 21 de la Constitución que hacen referencia al derecho a la libertad y a la seguridad, circulación y residencia, reunión y manifestación, ya que «se imponen confinamientos obligatorios, medidas de limitación y restricción de circulación de las personas, y restricciones a las agrupaciones de personas».

Respecto a los confinamientos, cree que «resulta una auténtica aberración jurídica, la obligación que se impone en el artículo 23 de aislamiento y cuarentena a aquellos ciudadanos vascos que puedan ser positivos por coronavirus o asintomáticos en el lugar que se indique por las autoridades sanitarias».

«Se impone la obligación de confinamiento, no solo en los domicilios sino también en otro lugar donde se estime pertinente por parte de las autoridades sanitarias», ha criticado.

Olona se ha dirigido a los ciudadanos vascos para invitarles a presentar recurso a las multas que reciban por incumplir la ley vasca antipandemia y que pidan que se suspenda, hasta que se resuelva el recurso que va a interponer Vox ante el TC. «Los efectos de esa sentencia que pueda dictar el TC tendrán una eficacia directa sobre las multas, desde nuestro punto de vista, impuestas de manera inconstitucional», ha señalado. DECRETO USO EUSKERA EN AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, ha recordado que Vox presentó en enero del año pasado un recurso ante el Tribunal Superior del País Vasco (TSPV) contra el decreto del Gobierno Vasco que regula el uso del euskera y del castellano por parte de los Ayuntamientos en sus relaciones internas y externas.

«Esto ha permitido a nuestra formación utilizar el recurso contra el decreto vasco a modo de caballo de troya para conseguir la finalidad verdaderamente pretendida que no es otra que conseguir que el TC, pueda expulsar del ordenamiento jurídico el articulado de la Ley vasca de instituciones locales de Euskadi que concedió a EH Bildu sus exigencias más gravosas para dar un paso más en el independentismo de lo que denominan Euskal Herria», ha explicado.

Olona ha explicado que en el recurso presentado se instaba a la sala vasca a que planteara ante el TC una cuestión para «combatir» los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley vasca de instituciones locales de Euskadi que «califican el euskera como lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general de las instituciones locales vascas; y que permite a las entidades locales vascas que todos los documentos de trabajo y de servicio tengan lugar en euskera salvo que algún miembro de la corporación alegue el desconocimiento de la lengua».

«La sala vasca ha acogido nuestras alegaciones y ha elevado a cuestión de inconstitucionalidad el apartado segundo del artículo 6 por considerar que la mención a que se pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera puede ser discriminatorio del español y claramente conculca los artículos 3 y 14 de la Constitución», ha explicado.

Por ello, ha anunciado que este martes va a presentar el escrito de alegaciones y «aprovechará el trámite» para que cuando el TC tenga que leer los escritos de las partes, pueda encontrar «todas y cada una de las tachas de inconstitucionalidad que cuando se aprobó la ley vasca en 2016», Olona, como abogada del estado jefe en el País vasco, ya elevó al Gobierno central. «Por desgracia, no tuvieron favorable acogida y concluyó con un acuerdo limitativo en la comisión bilateral que impidió la interposición del correspondiente recursos ante el TC», ha explicado.

Según ha detallado, Vox «pondrá el foco» en los aspectos que la ley vasca de 2016 introdujo al regular las consultas populares municipales y la configuración de la autonomía política de los ayuntamientos.

«A la Abogacía del Estado, y a mi personalmente no nos pasó desapercibido que todas las exigencias de EH Bildu que se vieron refrendada en esta ley vasca de 2016, no tenían otra finalidad que sortear los recursos interpuestos contra los acuerdos de los ayuntamientos vascos, orillando y sobrepasando el régimen legal y constitucional», ha denunciado.

BALANCE DEL CURSO POLÍTICO

En la comparecencia también ha intervenido la parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, cuyo grupo ha organizado junto a la Fundación Denaes la jornada ‘Defender España frente al nacionalismo vasco’, con motivo del primer aniversario de la entrada de Vox en el Parlamento Vasco.

Martínez ha hecho balance del primer año de legislatura de Vox con representación en la Cámara vasca denunciando el «ejercicio antidemocrático de cuatro partidos políticos, liderados por el PNV, para silenciar a Vox».

«El PNV nos niega la palabra en el circo que se ha convertido el Parlamento. Bildu es capaz de negar la visibilidad de la asociación de lucha contra el cáncer por no firmar nada con Vox; el PSE se revuelve porque la mayoría de nuestras iniciativas debería ser apoyadas por ellos, y Podemos es un sucedáneo de Bildu condenado a desaparecer», ha afirmado.

Respecto a PP+Cs, cree que «se esfuerza por mantenerse al margen pero cuando se le presenta la oportunidad se suma al bloqueo» porque «no juega limpio, se rasga las vestiduras en el escenario contra el cordón pero de puertas a dentro, participa de él y desde el inicio de la legislatura».

El vicesecretario general de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha criticado este lunes «el mutismo absoluto» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en torno a las protestas que se están registrando en Cuba contra el presidente, Miguel Díaz-Canel.

«Estamos preocupados porque, después de la toma de posesión, ni José Manuel Albares ni ningún otro miembro del Gobierno se han pronunciado» sobre la situación en la isla caribeña, ha denunciado Pérez, quien ve «extraño» que ni siquiera Sánchez, que a su juicio suele ser «de gatillo rápido en Twitter» cuando hay que posicionarse en otro tipo de situaciones, guarde de momento silencio con Cuba.

En este sentido, el dirigente de la formación naranja ha dicho esperar que el debut de Albares como jefe de la diplomacia española «no se traduzca también en forma de fiasco a la hora de actuar con rapidez» como, en su opinión, lo ha sido su predecesora, Arancha González Laya, en relación con la crisis diplomática con Marruecos.

El estallido social en Cuba ha centrado este lunes buena parte de la reunión del Comité Permanente de Ciudadanos, según ha desvelado Pérez, que ha comenzado la rueda de prensa posterior trasladando el apoyo y solidaridad de su partido con el pueblo cubano que ha salido a la calle exigiendo el fin de la «tiranía» comunista y reivindicando libertad.

Como ejemplo de ese respaldo, la formación que capitanea Inés Arrimadas ha enviado su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y a otros cargos orgánicos a la concentración frente al Congreso que ha promovido la colonia cubana en España, y tiene previsto presentar iniciativas en favor de los derechos y las libertades en Cuba.

PIDE CUENTAS AL GOBIERNO

De entrada, Ciudadanos ya ha registrado en el Congreso una batería de preguntas pidiendo al Gobierno de coalición que especifique las acciones que está llevando a cabo para defender la libertad y los derechos fundamentales en Cuba.

Pero, además, tiene previsto actuar también en los ayuntamientos, parlamentos autonómicos y en la Unión Europea, en tanto que, según ha apuntado el vicesecretario de Comunicación de Cs, éste es un problema que debe abordarse desde el ámbito internacional

«España debe liderar la respuesta de la UE hacia Cuba y el apoyo a los cubanos que se manifiestan pacíficamente por la libertad y contra el régimen comunista, puesto que nuestro país comparte unos incomparables lazos históricos, sociales, culturales y económicos con Cuba», dice Cs en la exposición de motivos de las preguntas registradas en la Cámara Baja.

En concreto, los ‘naranjas’ quieren saber qué tipo de actuaciones prevé realizar el Gobierno para evitar un enfrentamiento civil en Cuba, si piensa elevar, en el seno de la UE, la necesidad de actuar «para evitar más violaciones de derechos y libertades fundamentales por parte del régimen de Díaz Canel», y si está conversando con sus socios de la UE, Estados Unidos y los miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para asegurar «una respuesta conjunta» a la situación y «facilitar el fin del régimen comunista en la isla».