La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel al varón acusado de delitos continuados de coacciones y de quebrantamiento de medida cautelar, tras haber sometido a su expareja a medidas «de control» como «encerrarla en la vivienda sin posibilidad de salir» de la misma o dejarla «en la calle sin llaves», extremo reconocido por el encartado.

El asunto ha quedado resuelto mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, quedando pendiente un auto que zanje sobre su posible expulsión de España como sustitución de la pena de prisión, pues se trata de un ciudadano peruano, o la suspensión de la misma por el tiempo ya cumplido entre rejas.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, cuyo contenido ha aceptado el acusado, identificado como Juan Fidel C.V., el mismo mantuvo una relación sentimental con la víctima, durante la cual y además tras la misma, «a sabiendas de que ella padece una enfermedad psiquiátrica que le hace especialmente vulnerable y es además adicta a sustancias estupefacientes, y aprovechando tal circunstancia, ejercía de manera habitual conductas de control» sobre la mujer.

Más al detalle, la Fiscalía precisa que el encartado, natural de Perú, conseguía supuestamente que la mujer «le entregase las llaves de su vivienda», en el barrio de Pino Montano, «bien con la promesa de entregarle droga a cambio, bien creándole el temor de pegarle si no lo hacía; y una vez con las llaves las usaba para limitar los movimientos de su pareja, encerrándola en la vivienda sin posibilidad de salir o dejándola en la calle sin llaves y sin acceso a la misma».

Fruto de ello, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Sevilla impuso al acusado la prohibición cautelar de aproximarse a la víctima, su domicilio o su lugar e trabajo mientras durase la presente causa judicial.

Pero pese a ello, según la Fiscalía, Juan Fidel C.V., «mostrando un absoluto desprecio a la autoridad de la anterior resolución, desde la misma fecha del dictado de la misma, regresó en diversas ocasiones al domicilio» de su expareja.

«ENCERRADA DURANTE HORAS»

En una de estas ocasiones, según el relato de los hechos aceptado por el encartado, el mismo «regresó al domicilio donde ya residía» su expareja «tras haber abandonado la casa de acogida que le fue asignada, haciéndose con un juego de llaves y dejándola en la calle sin posibilidad de acceder» a la vivienda; mientras en otra dejó «encerrada» a la mujer «durante horas» en el inmueble «hasta que fue auxiliada» por la Policía y los Bomberos.

Dado el caso, la Fiscalía atribuía a Juan Fidel C.V. un delito continuado de coacciones y otro delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, reclamando para él en conjunto 22 meses de cárcel, dos años y medio de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella y dos años y medio de privación del derecho a tenencia y porte de armas.

La acusación particular, ejercida por su expareja, agregaba a tales delitos el delito adicional de detención ilegal, por lo que solicitaba penas de cárcel más elevadas para el acusado.

El juicio estaba previsto para este jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, si bien la sesión ha materializado el acuerdo alcanzado finalmente entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, para resolver el asunto por conformidad entre todas las partes.

ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Fruto de dicho acuerdo, la acusación particular ha renunciado a los cargos que presentaba por un presunto delito de detención ilegal, adhiriéndose al relato de hechos de la Fiscalía; y Juan Fidel C.V. ha reconocido y asumido tales hechos, aceptando un año de cárcel por el delito continuado de coacciones y otro año más de prisión por el delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar; además de dos años y medio de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima.

A partir de ahí, la Fiscalía y la acusación particular han propuesto la sustitución de la pena de cárcel por la expulsión de España del condenado durante un periodo de tiempo, extremo al que la defensa y el propio encartado se han opuesto, alegando su «arraigo» en Sevilla. En paralelo, la defensa de Juan Fidel C.V. ha solicitado de su lado la suspensión de las penas de prisión a cuenta del tiempo que el inculpado ha pasado ya privado de libertad.

Dado el caso, el tribunal ha decidido deliberar sobre ambos aspectos y resolver sobre los mismos en un auto que habrá de dictar para concretar cómo se materializa la condena.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha explicado este jueves que han solicitado una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para abordar la situación creada después de que el Gobierno haya paralizado la inversión para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y plantear si los independentistas deben prestarle «estabilidad» en el Congreso.

«Cuando un Gobierno rompe unas inversión de 1.700 millones no está justificado que podamos seguir hablando de la necesidad de dar apoyo a una estabilidad al Gobierno para evitar otros gobiernos mucho más nocivos a los intereses de Cataluña», ha sostenido en rueda de prensa desde Bruselas (Bélgica), donde el grupo de Junts celebra unas jornadas de trabajo encabezadas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Tras asegurar que desde Junts no quieren generar inestabilidad, sí ha llamado a aprovechar la fuerza de los independentistas en el Congreso, donde cuentan con 23 escaños, y plantear «una actuación conjunta y coordinada» en cuestiones como la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), entre otros.

«Tenemos que preguntarnos si seguiremos dando carta verde y aprobando inversiones en el Aeropuerto de Barajas, cuando la ministra del Gobierno nos ha dicho que las inversiones en el Aeropuerto de El Prat quedan congeladas», ha advertido.

Para Sànchez, la suspensión de la inversión es «una deslealtad más del Gobierno, que vuelve a afectar de lleno al compromiso de subsanar parte del déficit de inversión que sufre Cataluña desde hace años, esté en manos del PP o PSOE», pero ha añadido que no le sorprende.

En su opinión, el Gobierno «incumple sistemáticamente» todos sus compromisos con Cataluña, lo que considera que afecta al desarrollo social y económico de la sociedad catalana, y ha cuestionado los argumentos que dieron para suspender la inversión.

«Por más desafortunados que fueran algunos tuits, por más impopulares que fueran algunas actitudes, por más populistas que fueran algunas afirmaciones de personas vinculadas a ERC, que forma parte del Govern, una inversión de 1.700 millones, y coincido con Aragonès, no puede quedar suspendida por estas conductas», ha sostenido Sànchez, pese a admitir que les generaron sorpresa determinadas afirmaciones y mensajes de dirigentes republicanos.

ACUERDO DEL 2 DE AGOSTO

El secretario general de Junts ha defendido el acuerdo que alcanzó el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró con el Gobierno el 2 de agosto porque, a su juicio, es viable y conciliaba la posibilidad de hacer un aeropuerto internacional y competitivo con salvaguardar la laguna de La Ricarda.

Por ello, ha pedido al Gobierno que reconsidere su decisión, y también ha reclamado recuperar la cohesión entre los miembros de la Generalitat alrededor del acuerdo cerrado por Puigneró.

MESA DE DIÁLOGO

A falta de una semana, en principio, para la celebración de la mesa de diálogo, Sànchez cree que el anuncio de la suspensión de la inversión «dilapida y entierra un poco más la credibilidad que el Gobierno tenía con la actitud de compromiso de mantener los acuerdos y de abrir espacios de acuerdo y diálogo con los independentistas».

«¿Un Gobierno que no es capaz de mantener una inversión de 1.700 millones por un tuit o por unas declaraciones, puede con credibilidad abordar el debate de la resolución de un conflicto y el ejercicio y reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la y amnistía?», ha cuestionado.

Tras asegurar que tienen plena confianza con ERC, ha asegurado que asistirán a la mesa sin voluntad de ser «obstáculo ni de romper cualquier esperanza a una negociación», pero ha reiterado su escepticismo al respecto, y cree que el anuncio del Aeropuerto de El Prat lo demuestra.

Pese a todo, ha apelado a actuar con «máxima unidad» y con la máxima musculatura posible, y ha insistido en que la paralización de la inversión es una razón más para creer en la necesidad de que Cataluña sea independiente.

«DEPENDENCIA DEL ESTADO»

Poco antes, ha intervenido el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, que ha asegurado que «la dependencia del Estado perjudica» a Cataluña, más allá de la inversión en el Aeropuerto de el Prat.

Así, ha anunciado que en este mandato impulsarán iniciativas en el Parlament con el objetivo de que Cataluña tenga «más soberanía y menos dependencia del Estado, desde el punto de vista legislativo y gubernamental», en ámbitos como el de la energía, la vivienda, la Formación Profesional, las infraestructuras, la financiación y el uso social del catalán.

«Nos toca ser la fuerza tractora en esta legislatura del 52%. Nos toca ser el baluarte de esta fuerza para la construcción de un Estado propio», ha zanjado.

La edición número 76 de La Vuelta ha entregado 40 trofeos de vidrio reciclado y ha logrado recoger más de 1,4 toneladas de residuos, según datos dados a conocer por Ecovidrio, que ha colaborado este año como partner oficial de la carrera ciclista, con diversas acciones de recogida y reciclaje de residuos, así como de concienciación.

Ecovidrio ha participado en la competición con el Pelotón Verde, un equipo formado por más de 200 voluntarios que se ha encargado de la retirada de residuos en todos los lugares por los que ha pasado La Vuelta este año y ha logrado recoger 1.460,6 kilos de residuos.

Asimismo, Ecovidrio ha ayudado a cumplir con la nueva normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI), órgano regulador del ciclismo profesional, que ha establecido este año que los corredores solo estaban autorizados a arrojar residuos tales como envoltorios de alimento alimentos o bidones de agua en tramos acotados de cada etapa.

Por ello, los voluntarios del Pelotón Verde fueron las personas encargadas de asegurarse de que la limpieza de estos puntos de la carrera se desarrollase con minuciosidad y que la zona no experimentase ningún tipo de efecto a raíz del paso de la competición ciclista y sus aficionados.

Las cifras oficiales de Ecovidrio de la recogida de residuos de este año se concretan en 333 kilos de residuos recogidas por el Pelotón Verde en tramos de carrera, dato que se suma a los 332,6 kilos retiradas en los puertos de montaña de la competición y a los 795 kilos que fueron recogidas en los diferentes puntos de aparcamiento de los equipos a lo largo de toda La Vuelta 21.

El trabajo del Pelotón Verde ha complementado a otras acciones desarrolladas por Ecovidrio a lo largo de la competición. Un año más, la entidad ha apostado por implicar a los vecinos de los lugares por las que ha transcurrido La Vuelta en esta edición, con contenedores especiales de recogida de vidrio en todas las localidades, con el objetivo de construir con los residuos recogidos en los mismos los trofeos que cada día fueron entregados a los ganadores de las 21 etapas de la carrera ciclista, fabricados en vidrio reciclado.

También se instaló el contenedor más grande del mundo en Burgos y en Santiago para concienciar de manera especial en las ciudades de inicio y finalización de esta edición de La Vuelta.

En palabras del director de Marketing de Ecovidrio, Borja Martiarena, «nos enorgullece comprobar cómo año a año el efecto beneficioso de nuestras acciones alcanza cotas cada vez más altas. Por encima de todo, nos parece muy positiva la manera en la que la sociedad está aportando su grano de arena para que La Vuelta sea más sostenible, implicándose en el reciclaje de vidrio para la construcción de nuestros trofeos».

«Estas conductas tienden a trasladarse al día a día de las personas, sumando más y más motivos para reciclar todos los residuos de vidrio que generemos y aportando así beneficios importantísimos al medio ambiente», asevera.

APOYO DE OSCAR PEREIRO

Por otro lado, una vez finalizada cada etapa, el vencedor depositaba la botella de celebración en un miniglú dando visibilidad al sencillo gesto de reciclaje de residuos de vidrio. En esta acción, participó también Óscar Pereiro, exciclista profesional y ganador del Tour de Francia en 2006, en su papel de embajador de Ecovidrio desde el inicio de esta colaboración con La Vuelta, en 2014.

Por este motivo tuvo lugar un acto de homenaje en su villa natal, Mos (Pontevedra), donde se instaló una escultura en su honor fabricada en vidrio reciclado coincidiendo con el paso de la vigésima etapa de la carrera por esta localidad.

Agradecemos un año más el papel de Ecovidrio como partner de La Vuelta, no solo como aliado fundamental para garantizar el cumplimiento de una norma reglamentaria en este año como han sido los ‘puntos limpios’ de las etapas, sino sobre todo por haber sido un motor para posicionarnos como grandes referentes de sostenibilidad en el deporte de competición. Caminamos de la mano en nuestro objetivo de respetar el paisaje y el medio ambiente, y confiamos en que estos resultados históricos puedan ser superados en próximas ediciones», concluye el director de La Vuelta, Javier Guillén.

El jurado popular encargado de enjuiciar el crimen de la calle Alcor ha declarado culpable por unanimidad al joven acusado de apuñalar mortalmente a su padre en octubre de 2019 en Almería.

El veredicto de culpabilidad se ha alcanzado después de que J.M.P. admitiese ante el tribunal en la primera sesión de la vista oral ser el autor de las 27 puñaladas, tras lo que la Fiscalía rebajó de 21 a 13 años la pena interesada para él por un delito de asesinato.

El Ministerio Público apreció que, al margen de la agravante de parentesco, concurría en este caso la atenuante muy cualificada de confesión, pero mantuvo la medida de libertad vigilada por periodo de siete años.

El veredicto, leído en sala por el magistrado-presidente Luis Columna, indica que el acusado «ha reconocido ser autor de los hechos» y ha mostrado conformidad con el escrito de acusación del fiscal y remarca que los agentes que declararon como testigos señalaron que «prestó colaboración» desde el principio «y en todo momento», en sede policial admitiendo el crimen «antes de que se le tomase declaración».

Con respecto al delito contra la salud pública, por el que el fiscal rebajó la pena solicitada de dos años a seis meses de cárcel, el jurado apunta que también ha reconocido que realizaba «las albores de preparación de marihuana» y alude a que la Policía Nacional detalló en sala las plantas halladas en casa de su abuela.

El veredicto también se pronuncia sobre la posibilidad o no de acceder a indulto y la niega por mayoría con ocho votos en contra y uno a favor.

Los hechos tuvieron lugar hacia la medianoche del 13 de octubre de 2019, cuando el acusado acudió a casa de su padre en la zona próxima a Cruz de Caravaca, con el que había convivido hasta fechas recientes.

El parricida confeso habría accedido a la casa de su padre con unas llaves cuando la víctima, de 56 años, se encontraba en el salón sentado en un sillón mientras veía un programa de televisión.

Según sostiene el Ministerio Público, el acusado se ubicó a las espaladas de su padre y «con el fin de causarle la muerte, con el cuchillo que portaba, le asestó una primera puñalada en el tórax a la altura del corazón».

A pesar de dicha agresión, la víctima habría podido levantarse y caminar unos pasos, momento en el que su agresor dio «una segunda puñalada en el cuello, cayendo ya la víctima al suelo».

Ante los «síntomas de vida» que aún mostraba la víctima, el acusado le habría asestado «una secuencia de puñaladas por varios puntos del abdomen» hasta un total de 25 cuchilladas para asegurarse de que «había acabado con su vida».

En esta línea, según la acusación, habría tratado posteriormente de limpiar la escena del crimen y sus huellas con varios productos de limpieza y utensilios que encontró en la cocina.

Del mismo modo, habría tratado de dejar falsas pistas, para lo que «cogió un cuchillo de unos diez centímetros de hoja, lo impregnó de la sangre del fallecido que se hallaba derramada por el suelo y lo dejó junto al cadáver».

Tras lavarse las manos, el presunto autor del crimen recogió todos los utensilios que usó para dar muerte a su padre como el cuchillo de la agresión, guantes, toallas, papel higiénico y una camiseta, los metió en una bolsa que llevó consigo y abandonó inmediatamente la vivienda, según el relato fiscal.

El joven, que fue detenido apenas una semana después del crimen, guardaba en casa de su abuela útiles y herramientas para la preparación de plantas de marihuana con destino al tráfico ilícito.

En dicha residencia la Policía Nacional intervino 12 bolsas de plástico con sustancias en su interior seis envoltorios pequeños y varios botes de cristal con cannabis. En total, 317,8 gramos, que habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de 1.612 euros.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

El presunto parricida, detenido pocos días después de la aparición del cadáver, se habría «obcecado» después de mantener una fuerte discusión con su padre la noche de los hechos tras haber soportado «años de malos trato», tanto él como su madre, según la versión dada a la Policía y que el joven habría ofrecido a los agentes poco después de su arresto.

Fuentes de la investigación apuntaron los supuestos maltratos sufridos por el joven, que aún vivía con su padre, y por la madre, con la que ya no convivía. En este sentido, el detenido tampoco aprobaba una relación que su progenitor había iniciado recientemente, lo que habría desencadenado una discusión días atrás.

El joven confesó el crimen en dependencias policiales tras encontrarse ropa en su vivienda con restos de sangre de la víctima. Así, se reveló como uno de los principales sospechosos después de que fuera situado en la escena la noche de los hechos, algo que «en una primera declaración policial negó a los agentes».

Tras un registro «exhaustivo» en la vivienda del presunto parricida, la Policía Nacional halló varias prendas de ropa con restos de sangre de su padre muerto. En este sentido, y durante una segunda declaración en la Comisaría Provincial, el joven «de manera espontánea» confesó «el crimen y su autoría».

Los agentes descubrieron el cadáver del varón en el interior de su vivienda, en posición decúbito prono en el suelo del salón, y sobre un gran charco de sangre. Cerca del finado, los investigadores hallaron un cuchillo de cocina de grandes dimensiones manchado de sangre. A pesar de estos indicios, en un primer momento la muerte se achacó erróneamente a un suicidio.

El cuerpo sin vida fue encontrado poco antes de las 9,50 horas del día 13 por la pareja del fallecido, quien alertó a los servicios de emergencias.

Según los testigos, el hombre había vuelto solo a su casa ubicada en la calle Alcor de la capital la noche anterior tras haber salido.

La Justicia dictó 144 sentencias relativas a delitos de odio en 2020, según consta entre «los datos más relevantes que han podido ser extraídos» por la Fiscalía General del Estado «de la información facilitada por las fiscalías territoriales» y que se recogen en la Memoria presentada esta semana en el marco de la apertura del año judicial.

El Ministerio Público especifica que la mayoría de estas resoluciones –46 de ellas– eran relativas a «delitos con agravante» vinculada a motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

La Memoria de la Fiscalía ubica 45 sentencias en el apartado de «otros», por lo que no se ofrecen detalles que permitan determinar los hechos por los que se clasifican entre las resoluciones de delitos de odio.

Según las cifras aportadas, 28 sentencias estaban vinculadas a «actos de humillación o justificación de delitos», 14 se dictaron por «incitación al odio/violencia/discriminación» y siete eran «contra la integridad moral».

El resto se divide entre «amenazas a grupos determinados», apartado en el que se dictaron dos sentencias; «contra los sentimientos religiosos», que acumuló dos resoluciones; y una sentencia por «denegación de prestaciones».

El departamento dirigido por Dolores Delgado también señala en su Memoria el número de diligencias de investigación vinculadas con delitos de odio, que cifra en 236; de los cuales 84 eran incitación al odio, la violencia o la discriminación y 55 eran actos de humillación.

Asimismo, constan 675 procedimientos judiciales de seguimiento –300 de ellos eran delitos con agravante– y 135 calificaciones.

ORIENTACIÓN SEXUAL, RACISMO Y XENOFOBIA

En la Memoria, se detallan a su vez los datos correspondientes a la Fiscalía General del Estado, donde durante 2020 tuvieron entrada 34 comunicaciones o denuncias por hechos que el remitente consideraba como posibles delitos de odio. Sobre el total indicado, 25 procedían de ciudadanos y asociaciones, tres fueron remitidos por el Defensor del Pueblo y seis se correspondían a atestados policiales.

«Respecto de estas 34 comunicaciones o denuncias, 19 fueron remitidas a la fiscalía territorial competente y 15 fueron archivadas por cuanto los hechos ‘ab initio’ (desde el principio) y por completo carecían de relevancia penal», especifica el Ministerio Público.

En cuanto a los motivos discriminatorios, la Fiscalía sostiene que «los relativos a la orientación sexual y el racismo y la xenofobia siguen siendo los más numerosos en el conjunto de las diligencias y procedimientos».

Según precisa, se aprecia también un «sensible aumento» del «motivo ideológico», que «se hace presente, en la mayor parte de las ocasiones, en los mensajes y opiniones que se vierten en las redes sociales y que evidencian una indeseable polarización y radicalización del debate político».

SISTEMA «DEFICIENTE»

La Fiscalía advierte de la complejidad de seguimiento de este tipo de casos porque «en ocasiones» el registro del procedimiento en las aplicaciones informáticas de los juzgados y de la fiscalía «es deficiente» o porque «el móvil discriminatorio que caracteriza al delito de odio no se revela sino en fases avanzadas de su tramitación». Y añade que a todo ello «se une la enorme dificultad que existe en el control de los delitos leves o en la identificación de estos procedimientos en la jurisdicción de menores».

En el marco de la Memoria, el Ministerio Público asegura que «resulta inevitable insistir en la necesidad de mejorar las aplicaciones informáticas de registro existentes en los juzgados y en las fiscalías y en procurar que sean homogéneas».

Además, explica que la delimitación conceptual de lo que debe ser considerado como delito de odio «no es tarea fácil». En este sentido, señala que «en muchas ocasiones» para referirse a esta materia «se utilizan de forma poco rigurosa términos con significación próxima pero que conceptualmente son dispares», en referencia a los delitos de odio, incidentes de odio, discursos de odio, delitos de discurso de odio o de delitos motivado por odio. «Cada una de estas expresiones tiene un significado propio y diferenciado», avisa.

La fiscal General del Estado (FGE), Dolores Delgado, ha firmado este jueves un convenio con la Confederación Plena Inclusión España con el que se busca garantizar que las personas con discapacidad intelectual accedan a la justicia en condiciones de igualdad.

En un comunicado del Ministerio Público, se indica que el objeto de este acuerdo, que ha contado con el impulso de la Fiscal de Sala coordinadora para la Protección de personas con discapacidad y mayores, María José Segarra, «es establecer un marco general de colaboración para garantizar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o personas con dificultades de comprensión puedan tener un pleno acceso a la justicia».

En la firma, Delgado ha apostado la igualdad y la integración e inclusión plena de todas las personas con discapacidad en la sociedad democrática, garantizando una justicia más accesible y más comprensible. «Un trato homogéneo, una justicia de mayor calidad y más cercana que atienda a sus específicas necesidades durante el proceso», ha explicado, para luego recordar que la Fiscalía tiene una actuación proactiva para garantizar los derechos de la ciudadanía y, en especial, de las personas más vulnerables.

Entre las acciones que recoge el convenio destaca la elaboración de guías, protocolos de actuación y herramientas orientadas a facilitar que los fiscales puedan ejercer de forma efectiva sus funciones en relación con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

También contempla la prestación de apoyo a los fiscales que lo requieran en el marco de los procedimientos en que intervengan personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, especialmente en lo referido a ajustes del procedimiento que aseguren el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Y la promoción de acciones que permitan que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan comprender los actos de trámite, diligencias, resoluciones y escritos del Ministerio Fiscal a través de la utilización de versiones de lectura fácil.

FÓRMULAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

La FGE también colaborará y organizará acciones formativas, y se compromete a estudiar canales de colaboración en materia de ejecución de penas que permitan promover la utilización de fórmulas alternativas a la privación de libertad en el caso de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Además se compromete a promover todas aquellas acciones que tengan por finalidad la mejora del acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en condiciones de igualdad.

La FGE recuerda además que la firma del convenio coincide con la entrada en vigor el pasado viernes 3 de septiembre de la Ley 8/21, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que supone un paso «decisivo» en la adecuación del ordenamiento jurídico a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La decisión del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, de retirar el plácet solicitado para que Camilo Villarino, que fue jefe de gabinete con Arancha González Laya, fuera el nuevo embajador en Rusia ha provocado un efecto en cadena, con el cambio de otros nombramientos ya previstos.

En Exteriores aseguran que la retirada de plácet no tiene nada que ver con que Villarino haya sido citado a declarar como imputado por un juez de Zaragoza en relación con la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado mes de abril por motivos humanitarios. La declaración, prevista inicialmente para el 1 de septiembre, se producirá finalmente el 13 de septiembre.

Prueba de ello, sostienen, es que además del plácet de Villarino, solicitado por González Laya antes de dejar el Ministerio el pasado mes de julio, también se ha dado marcha atrás en el nombramiento de Felipe de la Morena como nuevo embajador en Sudáfrica.

LA EXPLICACIÓN DE ALBARES

El propio Albares se refirió a estos cambios en su comparecencia del pasado 30 de agosto en la Comisión de Exteriores del Congreso, negando que la retirada del plácet sea una concesión a Marruecos, que situó a González Laya como responsable máxima de la crisis diplomática entre los dos países a resultas de la acogida de Ghali y que como telón de fondo tenía en realidad el rechazo del Gobierno a reconocer el Sáhara Occidental como marroquí.

El ministro dijo que es partidario de «buscar cierta especialización» en el nombramiento de los embajadores, «especialmente en países muy relevantes», como es el caso de Rusia, «en la medida de lo posible».

«Es importante que hablen el idioma del destino, que tengan experiencia previa en el país y la región», esgrimió, aclarando no obstante que aquellos diplomáticos a los que González Laya había destinado ya una jefatura de misión recibirán otra en caso de cambios que esté «más adaptada a su perfil».

UNA DECISIÓN SIN PRECEDENTES

El nombramiento de embajadores es potestad del ministro de Exteriores, si bien debe ser aprobado en Consejo de Ministros. No obstante, la decisión de Albares ha sido recibida con cierta sorpresa y estupor entre los diplomáticos, ya que sería la primera vez que con un cambio de ministro dentro de un mismo gobierno se retiran plácet ya solicitados, según han contado algunos de ellos.

En el pasado, cuando ha habido marcha atrás en el nombramiento de jefes de misión ha sido porque el ministro entrante en el Palacio de Santa Cruz pertenecía a un partido distinto del que solicitó el plácet, han asegurado.

El hecho además de que hayan sido dos los plácet retirados ha provocado un efecto en cadena ya que, el embajador en Sudáfrica será finalmente Raimundo Robredo, actual director general para África Subsahariana, para quien González Laya ya había pedido el plácet para Tailandia.

Por lo que se refiere a la Embajada en Moscú, el medio especializado The Diplomat apunta que recaerá en Marcos Gómez, embajador en Colombia desde diciembre de 2020. De confirmarse su salida de Bogotá, dejará otra vacante más que Albares deberá ocupar próximamente, al igual que la de Tailandia.

NOMBRAMIENTOS A COMPLETAR

El ministro de Exteriores también tiene que terminar de completar los nombramientos de varios embajadores más, para algunos de los cuales dejó solicitado ya el plácet González Laya antes de su cese el pasado 10 de julio y tras meses de impás que habían provocado malestar entre los miembros de la Carrera Diplomática.

Entre los huecos que Albares debe completar figuran también la Embajada en París, que él ocupaba hasta su nombramiento como embajador, o la de Venezuela, donde el encargado de negocios –España mantiene rebajadas las relaciones diplomáticas con este país– era Juan Fernández Trigo, nuevo secretario general para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo.

Además, el ministro tiene que decidir también qué ocurre con el nuevo embajador en Afganistán, Ricardo Losa, nombrado el pasado 3 de agosto pero que no llegó a tomar posesión del cargo después de que la ofensiva talibán concluyera con la toma de Kabul el pasado 15 de agosto.

Albares ya ha dejado claro que el Gobierno no tiene intención por ahora de reconocer al nuevo régimen talibán, aunque no ha descartado contactos operativos para poder seguir sacando de Afganistán a antiguos colaboradores de España.

Una de las posibilidades que se apuntan para Losa es que asuma como embajador en Afganistán pero desde otro país, como ha ocurrido en el caso del embajador en Libia, Francisco Javier García-Larache, quien tras su nombramiento en julio de 2020 permaneció en Túnez hasta que se reabrió la legación diplomática española en Trípoli el pasado junio coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este jueves que en la semana del 20 de septiembre tiene intención de reunirse con los portavoces de todos los grupos parlamentarios y para pedirles su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y también intentar lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos con mandato caducado.

Su objetivo será «entablar diálogo entre diferentes», con todos partidos, incluido, por lo tanto, el PP, y «pedirles responsabilidad y sentido de Estado» para «lograr acuerdos útiles». «España necesita acuerdos y yo les tiendo la mano para que podamos lograrlos», ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su primera comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso desde que asumió el cargo hace dos meses, en la que ha aprovechado para hacer un llamamiento expreso al PP para que acepte pactar la renovación del CGPJ y otros órganos con mandato caducado, como el Tribunal Constitucional.

«La labor de oposición es legítima y necesaria, pero debe enfocarse al control del Gobierno, no contra la salud de las instituciones. Bloquear la renovación de nuestros organismos constitucionales es perjudicial para nuestro Estado de Derecho», ha avisado.

FUERA DE LA CONSTITUCIÓN

En este sentido, y al igual que ya hiciera este miércoles el presidente Pedro Sánchez, ha advertido de que quien bloquea el funcionamiento de los órganos constitucionales se sitúa «fuera de la Constitución». «Es urgente ya renovarlos y a ello les apelo y les llamo», ha insistido.

Así, ha avisado de que si los cargos públicos no cumplen con su promesa de cumplir la Constitución, no solo se pone en tela de juicio la palabra de cada uno ante la sociedad, sino que también se «socava uno de los fundamentos del sistema democrático».

Para ilustrar la «envergadura del problema» y la «anormalidad» en la que viven algunas de las «instituciones más relevantes, Bolaños ha ‘tirado’ de cifras y ha relatado que el Tribunal de Cuentas lleva 48 días con su mandato caducado; los magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por el Congreso, 672 días, casi dos años; el Consejo General del Poder Judicial, 1.010 días, casi tres años; y el Defensor del Pueblo, 1.512 días, más de cuatro años.

PLANES A CORTO PLAZO

Bolaños también ha querido dedicar parte de su comparecencia a concretar algunas de las iniciativas en las que su Ministerio va a centrar sus esfuerzos «a corto plazo», como la reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, que aprobó en mayo el Consejo de Ministros.

La otra iniciativa «destacada» es la Ley de Memoria Democrática, cuyo proyecto fue aprobado en julio por el Consejo de Ministros. Bolaños ha recordado que hace unos días falleció Rufino Juárez, «luchador» del movimiento memorialista, que no pudo llegar a recuperar los restos de su padre, represaliado por el franquismo, y ha avisado de que no puede permitirse que le ocurra lo mismo a otros familiares de represaliados.

También ha anunciado que es su intención desbloquear en los próximos meses la modificación de la legislación electoral para eliminar el voto rogado, «uno de los asuntos pendientes que afectan a la calidad de la democracia».

Asimismo, ha hecho referencia al anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional que ya aprobó el Consejo de Ministros, y que tiene como objetivo «reforzar» la capacidad de las instituciones «para hacer frente a situaciones de crisis» y, por ejemplo, evitar que se produzcan fenómenos que «tanta angustia causaron hace un año» como el desabastecimiento de productos esenciales.

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha visitado este jueves el Espacio Los Molinos del Río-Caballerizas que acoge hasta el próximo 30 de octubre la exposición ‘Barronatorio’ de José Luis Vidal Coy.

Se trata de 45 imágenes en blanco y negro que muestran la tradición de los barros curativos en el Mar Menor, ofreciendo un paseo por una de las tradiciones más arraigadas de la costa murciana, entre lo popular y etnográfico.

Además la exposición quiere denunciar que esta tradición, transmitida a lo largo de muchas generaciones, puede desaparecer si la situación del Mar Menor no mejora, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta serie de fotografías de ‘Barronatorio’ ha sido seleccionada recientemente para los visionados presenciales de Descubrimientos 2021 en el festival Photoespaña que se celebra este mes en Madrid.

Vidal Coy fue corresponsal y enviado especial para la Agencia Efe y Diario 16 en Oriente Medio y África. Posteriormente ha trabajado en el diario La Verdad y El Confidencial.com, siendo, además cofundador y socio de Cuartopoder.es, primer diario de blogs publicado en España.

Además ha sido profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia y es Doctor en Información y Documentación por la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia.

Desde el 2001 ha realizado una veintena de exposiciones individuales participando, además, en 8 colectivas.

Save the Children ha advertido de que la educación infantil de primer ciclo es una de las grandes perjudicadas por la pandemia, a pesar de ser, a su juicio, «la etapa educativa con mayor impacto compensador sobre la desigualdad».

La ONG ha alertado de que en el último curso escolar se produjo una caída de la tasa de escolarización en la franja de 0-2 años de 5 puntos (del 41% al 36%). Por comunidades autónomas, la caída ha sido más acusada en Castilla La Mancha (-10,1), Galicia (-6,7), Madrid (-6,7), Cataluña (-5,8), Castilla y León (-5,6) y Euskadi (-5,6). En total, el curso pasado hubo casi 80.000 alumnos menos lo que nos sitúa en niveles de hace 4 años.

«La etapa de 0-3 años es siempre la gran olvidada y lo ha vuelto a ser durante la pandemia. Para la infancia más vulnerable, no cursar este primer ciclo de educación infantil tendrá efectos sobre su éxito educativo, aumenta el riesgo de repetir curso, de abandono prematuro de sus estudios en el futuro y de perpetuar la pobreza», ha indicado.

La ONG sostiene que los datos muestran que «un niño en situación de pobreza tiene 6 veces más probabilidades de repetir curso y 5 veces más de sufrir abandono temprano que si procede de una familia rica», ha denunciado Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children.

Save the Children ha alertado de que la educación infantil de primer ciclo sigue siendo percibida exclusivamente como una medida de conciliación para los progenitores en lugar de un derecho de los niños para su desarrollo, y por lo tanto se ha visto afectada por la caída del empleo y de la renta de las familias como consecuencia de la pandemia. Los datos previos a la Covid-19 ya mostraban que el acceso a la etapa educativa de 0-3 años era socialmente muy desigual: un 15% de los hogares tenía dificultad o mucha dificultad para pagar la escuela infantil.

A pesar de ser la etapa con un mayor impacto en la reducción de la brecha de la desigualdad, la calidad de la educación 0-3 años en España se sitúa muy lejos de los estándares europeos, según la entidad. La ratio máxima en 2 años es la más alta de la Unión Europea, no existe currículo estatal y las condiciones de las trabajadoras son precarias con un acceso a formación permanente muy limitado.

«Como parte de la recién aprobada Garantía Infantil Europea, los Estados miembro de la Unión Europea se han comprometido a garantizar una plaza gratuita de educación infantil de primer ciclo de calidad a todos los niños y niñas en situación de pobreza o vulnerabilidad, una asignatura aún pendiente en nuestro país», ha señalado Perazzo.

Ante esta situación, Save the Children pide al Ministerio de Educación y Formación Profesional y a las consejerías de educación de las comunidades autónomas que prioricen la vuelta al cole de los más pequeños.

Para ello, consideran necesaria campañas para sensibilizar a las familias más vulnerables sobre la importancia educativa de la escuela infantil, una revisión de los sistemas de tarificación para adaptarlos a la situación económica actual de las familias, la puesta en marcha de sistemas progresivos por renta que primen la gratuidad para aquellas de bajos ingresos, así como una revisión de los criterios de acceso que priorice el nivel socioeconómico familiar y no la situación laboral de los progenitores.

Asimismo, creen que debe ponerse en marcha el Real Decreto que regule la educación infantil de primer ciclo mejorando su calidad (ratios, formación del profesorado y evaluación).

Save the Children desarrolla un programa de atención integral a la primera infancia 0-6 años en riesgo de exclusión social que este curso atenderá niños y niñas en Andalucía, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado este jueves que el Gobierno haya parado el «desastre» de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat que cree que atenta contra los derechos humanos, la prosperidad y las oportunidades que la sociedad necesita.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, tras visitar la laguna de la Ricarda después de que este mismo miércoles por la tarde el Gobierno anunciara suspender la inversión de 1.700 millones para ampliar el aeropuerto.

«Hoy estamos contentas porque el sentido común se impone. Lo que hoy celebramos es una victoria de la ciudadanía que hace mucho tiempo que dice que hay que hacer cambios», y cree que no se deben buscar culpables ni en cuestiones menores sobre partidos políticos.

No obstante, Colau ha dicho que «queda mucho trabajo por hacer» en la lucha por la emergencia climático y ha pedido mirar hacia el futuro y abordar los fondos europeos y las inversiones que deben hacerse en movilidad sostenible.

«Se ha terminado el tiempo de mirar hacia otro lado y hacer ver que esto se debe de abordar en un futuro. Es ahora que se tienen que hacer las acciones necesarias para parar el máximo desastre», ha alertado.

En este sentido, ha pedido a las administraciones públicas no ser contradictorias con la responsabilidad que se pide a la ciudadanía: «Hay muchas inversiones que hacer, miles de empleos que crear y la enorme responsabilidad de ser coherentes y de preservar no solo espacios naturales, sino de disminuir las emisiones en el planeta».

AENA, PARTIDARIO DE «DESTROZAR»

Por otro lado, ha insistido en que la propuesta que hizo Aena era «contraria a las acciones que se deben emprender ahora mismo para luchar contra la emergencia climática y para construir la nueva economía sostenible que genere empleo a la vez que protege el planeta y la vida».

«Aena siempre ha defendido destrozar un espacio imprescindible, no solo para El Prat sino para el conjunto del país. Es un valor ambiental de primer nivel, no solo por el verde y los árboles. No puede ser que seamos nosotros quienes destrocemos este tesoro que tenemos», ha sostenido.

MIJOLER

Por su parte, Mijoler ha agradecido la visita de Díaz y Colau a la Ricarda –invitación que también ha trasladado a otros miembros del Estado y la Generalitat– y ha celebrado que la vicepresidenta «haya podido conocer, pisando el terreno, lo que está en juego».

Ha expresado que finalmente impera el sentido común, en sus palabras, y ha emplazado al Govern a dar más dotación al Delta del Llobregat: «Esta lucha no acaba única y exclusivamente con la ampliación o no de la pista del aeropuerto, sino en dar más dotación a estos espacios».

Al acto han asistido la líder de los comuns, Jéssica Albiach; la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, y el exlíder de ICV Joan Herrera, entre otros.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha avisado este jueves al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de que si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional también el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia, «sólo le quedará la salida de la dimisión», mientras que la dirigente de Vox, Macarena Olona, lo ha retado a dar ese paso de forma inmediata, entre todas cosas, por haber diseñado el primer estado de alarma, ya censurado por el Alto Tribunal.

Así lo han dicho ambas durante sus respectivas intervenciones en la Comisión Constitucional del Congreso, donde Bolaños comparece para dar cuenta de los planes para su departamento, dos meses después de su nombramiento.

Olona, igual que ha hecho también el diputado de UPN Carlos García Adanero, ha lamentado que nadie dimitiera tras el primer fallo del TC del pasado mes de julio. La diputada de Vox ha señalado a Bolaños como la «pluma jurídica» que ideó aquel estado de alarma que dio lugar, a su juicio, «al fallo más grave en la historia de la democracia» porque supuso «la cercenación de derechos de 47 millones de españoles».

JURISTA AL SERVICIO DE LA MALDAD

«Usted es un jurista al servicio de la auténtica maldad que comporta el Gobierno de España», ha agregado Olona, antes de solicitar su «dimisión inmediata».

De su parte, la portavoz del Grupo Popular ha acusado al Gobierno de ser «un atropello jurídico y constitucional en si mismo» porque «inconstitucionaliza todo lo que toca».

«El Ejecutivo es el mayor peligro para el Estado de Derecho», ha abundado Gamarra, quien ha avisado a Bolaños de «como fontanero de esa chapuza de ilegalidad» que, en su opinión, fueron los estados de alarma, si el Constitucional considera que el segundo tampoco se ajustó a la Carta Magna, «no le quedará otra salida» que «dimitir».

MÉS per Mallorca ha asegurado este jueves que la retirada del proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat «confirma que es posible hacer lo mismo» con el proyecto del aeropuerto de Palma, por lo que ha exigido al Gobierno su «retirada inmediata».

En un comunicado, el coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ha reiterado el rechazo de la formación a cualquier ampliación del aeropuerto de Palma encaminada a absorber más de tráfico aéreo.

MÉS ha recordado que el Parlament balear se ha pronunciado en dos ocasiones en contra de la ampliación, a propuesta de su grupo, y que acordó instar al Estado a que cualquier intervención deba ser consensuada con el Govern balear.

«Resulta inexplicable que desde Madrid se tenga en cuenta el rechazo social e institucional de unos territorios y otros no. Queremos y reclamamos el mismo trato», ha subrayado el coordinador de MÉS, que considera esto «una nueva evidencia de que el peso político de los partidos estatales es nulo».

Por ello, MÉS ha reclamado no seguir adelante «con un proyecto que prevé un incremento del 14 por ciento del tráfico aéreo». En lugar de ello, pide medidas de decrecimiento turístico.

Además, plantea que es necesaria una nueva evaluación ambiental en el plan director del aeropuerto de Palma porque la que tiene actualmente es «de los años 90». «Es evidente que el contexto social, ambiental y económico ha cambiado radicalmente», ha argumentado Noguera.

Asimismo, MÉS ha subrayado que Son Sant Joan «tiene unos beneficios anuales de más de 200 millones de euros mientras que la reinversión es nula». Por ello, Noguera ha incidido en que esta infraestructura «no puede ser una máquina de crear ingresos que se van a Madrid, sin ningún retorno».

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado este jueves a sus compañeros del Gobierno a visitar la zona afectada por la ampliación del Aeropuerto de El Prat para conocer su valor: «Si ven y tocan este espacio es posible que cambien de opinión»

Lo ha dicho en una rueda de prensa junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, tras visitar la laguna de la Ricarda después que el Gobierno anunciara este miércoles por la tarde que suspendía la inversión de 1.700 millones para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Díaz ha mostrado su satisfacción por la paralización de la inversión para ampliar el aeropuerto, y ha insistido en que es necesario que más miembros del Gobierno acudan a la zona: «No es lo mismo verlo desde Madrid, ver los planos y escuchar a los científicos que verlo en persona». y ha insistido en que la Comisión Europea tampoco entendería la propuesta de Aena, en sus palabras.

Ha subrayado que la visita a la zona le ha permitido cerciorarse de que el proyecto de Aena «no es compatible con la situación de emergencia climática», y ha añadido que la laguna de la Ricarda necesita de mayores actuaciones y recursos públicos para garantizar su máxima protección, tal como ya se prometió a las instituciones europeas.

En relación al proyecto de Aena para el Aeropuerto de El Prat, Díaz ha dicho que España tiene el reto de emprender una transformación económica que «no reproduzca viejos modelos invasivos y depredadores», y ha alertado de que se debe seguir trabajando para la protección de los espacios naturales que están en riesgo, como el de la Ricarda, según ella.

CONOCÍA LA DECISIÓN

Preguntada por si conocía la decisión del Gobierno de suspende la inversión, la vicepresidenta ha admitido que sí, aunque no ha dicho desde cuando: «El Gobierno conocía de mi discrepancia, que he trabajado en silencio», y ha añadido que el presidente, Pedro Sánchez, sabía de su visita a la Ricarda de la mano de Mijoler y Colau.

También ha instado a que se convoque la mesa institucional para trabajar en propuestas rigurosas y para buscar una solución porque cree que «las acusaciones cruzadas no hacen más que ahondar el sentimiento de la ciudadanía de que los políticos están a sus cosas y no se preocupan por los problemas de la gente».

Díaz también ha instado al Govern de la Generalitat que presente proyectos para la mejora económica y social compatibles con el medio ambiente y la generación de empleo calidad y estable, y ha recordado que los fondos europeos que recibirá España para paliar las consecuencias de la pandemia están enmarcadas en la emergencia climática.

Al acto han asistido la líder de los comuns, Jéssica Albiach; la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, y el exlíder de ICV Joan Herrera, entre otros.

El alcalde del municipio malagueño de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, ha asegurado que están «consternados» por lo que está ocurriendo debido al incendio de Sierra Bermeja, que además de a la citada localidad afecta también a Jubrique y Estepona.

«Hemos pasado una noche horrible todos y ahora a ver cómo va evolucionado», ha lamentado el regidor, que ha destacado, que «hay bastantes medios aéreos en la zona y esperamos y deseamos que se controle lo antes posible».

Asimismo, el alcalde ha dicho en cuanto al valor ecológico que es aún pronto para determinarlo pero «con lo que he podido ver esta mañana es un daño incalculable en la zona; esto no se puede remplazar».

«Es el momento de plantearnos el por qué pasa esto y qué solución le vamos a dar. Este tipo de cosas no puede ocurrir», ha concluido el regidor.

Unas 600 personas han tenido que ser desalojadas de forma preventiva de sus viviendas como consecuencia del incendio forestal declarado durante el pasado miércoles en Sierra Bermeja y que afecta a los municipios malagueños de Jubrique, Genalguacil y Estepona.

Los evacuados esta madrugada son vecinos de las zonas de Forest Hill y Abejeras (Estepona) y alrededor de una quincena de ellos se encuentranalbergados en el Pabellón del Carmen de Estepona donde están siendo asistidos en todo lo necesario. Ya durante la mañana de este jueves se ha ordenado el desalojo de la Urbanización Montemayor, perteneciente el término municipal de la localidad malagueña de Benahavís.

La proximidad del humo a la vía ha motivado el corte de la AP-7 entre los kilómetros 157 y 171 en ambos sentidos; aunque el tráfico rodado ha quedado restablecido en la autopista, así como el cierre a la circulación de las carreteras MA-8301 y MA-8302 que siguen cortadas.

El dispositivo de extinción de incendios forestales del Plan Infoca ha movilizado a 250 efectivos por tierra, vehículos autobombas y medios aéreos que se han ido incorporando al operativo con las primeras luces.

La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, activó a las 03.34 horas, el nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca) en la provincia de Málaga. Además, se ha activado el Plan de Emergencia Municipal (PEM) de Estepona.

El fuego se originó a las 21.37 horas de la noche del miércoles, cuando el 112 recibió la primera de unas 140 llamadas que alertaban de un incendio en Sierra Bermeja. Según ha informado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, se investigan las causas del fuego.

El barco de observación y vigilancia ‘Astral’, de la ONG de rescate ‘Open Arms’, ha tenido que regresar a su puerto base, Badalona, para reparar la avería en su segundo motor de propulsión. Durante la jornada de este miércoles 8 de septiembre, la embarcación estuvo realizando labores de vigilancia y asistencia en las aguas de Lampedusa a migrantes y asistió a 89 personas.

Con el buen tiempo de estos días se han incrementado las embarcaciones procedentes de Túnez. Tras la primera intervención para poner a salvo a 70 personas, casi después de comer toda la tripulación, se avistó una pequeña barca pesquera, con un francobordo rozando el mar y a bordo unas 40 personas. En la embarcación sobrecargada los jóvenes a bordo iban achicando agua por turnos con un pequeño cubo.

A unas 10 millas de las playa de Lampedusa (Italia), el capitán del barco Astral, Savvas Kourepinis dió la orden de poner en el agua la lancha rápida y realizar una aproximación para ver las condiciones en las que se encontraban.

«Venimos de Chebba y estamos tres días desde que salimos», gritó en inglés uno de los jóvenes. «Han salido tres o cuatro barcos más», añadió otro. Desde la cubierta del Astral, se pudo constatar la entrada de otra pequeña embarcación en aguas de Lampedusa y cómo un barco de la Guardia di Finanza pasó por una de las bandas del ‘Astral’ con personas rescatadas a bordo.

La lancha rápida del ‘Astral’ siguió escoltando a los jóvenes que siguieron rumbo con su pequeño motor a las playas de la isla durante una hora aproximadamente hasta asegurarse que la Guardia Costera los pusiera a salvo.

Tras subir de nuevo la tripulación de la lancha rápida al ‘Astral’ y proceder con los protocolos marcados, el capitán Savvas Kurepinis reunió a toda la tripulación indicando que el velero del ‘Astral’ tenía una avería en su segundo motor de propulsión y avisó de que la previsión meteorológica preveía para el jueves un temporal con olas de dos metros. La reparación de la embarcación es complicada en mar abierto y ponía en riesgo el bote y a sus tripulantes al no tener los dos motores operativos, por lo que se tomó la decisión de volver al puerto base del Astral, en Badalona, dando por concluida la misión 85 de la ONG Open Arms.

La ONG tiene previsto iniciar la siguiente misión en un plazo breve de días en su otra embarcación ‘Open Arms’, que saldrá del puerto de Burriana tras unos meses de revisiones y puesta a punto.

El Gobierno rechaza «hacer públicos» o «dar acceso a los expedientes» completos de los indultos a los líderes del ‘procés’ sin el «consentimiento expreso» de los afectados amparándose en la Ley de Protección de Datos y en los plazos marcados en la Ley del Patrimonio Histórico Español.

Esta última establece que los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, no podrán ser publicados sin consentimiento expreso de los afectados, hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.

El Ejecutivo ha respondido así a una pregunta registrada el pasado 23 de junio por el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, en la que instaba al Gobierno a dar a conocer los documentos íntegros.

«De sobra conocidos son los motivos de esta concesión, así como el carácter público de los galardonados con el premio del indulto, por ello, ¿van a escudarse en la ley de protección para ocultar los motivos reales de esta decisión política contra el poder judicial?», preguntó entonces el parlamentario.

En su respuesta, con fecha 25 de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez informó de que no era «posible hacer públicos ni dar acceso a los expedientes solicitados, dado que los mismos contienen circunstancias personales, familiares, y sociales, así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso del afectado».

Ese mismo día, Cambronero denunció en su cuenta de Twitter que el Ejecutivo le impidiese «conocer el expediente completo de los indultos concedidos a los presos independentistas catalanes» a pesar de ser «representante de la soberanía popular española». «No deberíamos a olvidar esta traición, yo no lo haré*», escribió entonces.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves en Gijón a todos los grupos parlamentarios que apoyen la nueva Ley de Formación Profesional, porque la misma nace «de un largo proceso de diálogo y de consenso con la comunidad educativa, los agentes sociales y las comunidades autónomas».

«La Ministra ha definido la Ley de Formación Profesional como una Ley de país y lo es. Cuando hablamos de educación estamos hablando de igualdad de oportunidades, de poner en marcha el ascensor social, de que nuestros jóvenes puedan desplegar todas sus capacidades», ha dicho Sánchez, que ha pedido a los medios de comunicación que trasladen la puesta sobre la mesa por parte del Gobierno de España de «una ley de futuro, una ley transformadora que hace a los jóvenes de protagonistas».

Pedro Sánchez ha destacado además que esta ley cuenta también con importante dotación económica, de tal modo que el de aquí a 2024 se prevén movilizar 5.500 millones de euros para el impulso y dignificación de la Formación Profesional, de los que más de 1.200 millones procederán de los Fondos Europeos.

Ha recordado que en 2018 el Gobierno comenzó a trabajar para dignificar la Formación Profesional y ha destacado el compromiso de su Ejecutivo con la educación y con la FP porque «cuando hablamos de FP hablamos de igualdad de oportunidades para quienes son los protagonistas de la gran transformación del país que son los jóvenes».

El presidente del Gobierno visitó el Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral de Gijón donde quiso nviar un mensaje de agradecimiento profundo a la comunidad educativa.

Ha recordado que hace un año no se sabía muy bien lo que iba a ocurrir y con el esfuerzo de todos se logró mantener el 99% de las aulas abiertas para garantizar una educación «lo más digna posible» a pesar de la pandemia y ha celebrado que hoy el curso empiece de otra manera y con una mejor situación.

Pedro Sánchez también ha querido agradecer la colaboración con el Principado de Asturias y su presidente Adrián Barbón a lo largo de toda la pandemia.