Más de medio millar de personas migrantes han llegado a las costas españolas durante esta semana, la mayoría de ellos a Gran Canaria y Tenerife. La jornada de este viernes es la que ha registrado mayor entrada de migrantes, en concreto, 2223 personas en situación irregular, de los cuales 191 llegaron a Canarias.

Salvamento Marítimo ha interceptado una patera con 21 migrantes cuando se encontraban cerca del Faro de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Los 21 migrantes son hombres, todos de origen subsahariano, y no han necesitado ser traslados a centros sanitarios. Esta patera se suma a otra que ha llegado esta mañana con 32 personas a bordo, que han sido trasladados al Muelle de Arguineguín, en Mogán.

Asimismo, Salvamento Marítimo rescató a un cayuco con 72 migrantes a bordo cuando que se dirigía hacia el archipiélago canario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (cecoes) 1-1-2. El cayuco fue localizado por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a unas tres millas al sur de Tenerife, y tras proceder a su rescate, fue llevado al puerto de Los Cristianos. En la embarcación viajaban 71 varones y 1 mujer de origen subsahariano que fueron atendidos por el dispositivo sanitario y de seguridad desplegado en el muelle

En Ceuta, Salvamento Marítimo ha rescatado a 16 personas, todas ellas de origen magrebí al ser localizada a seis millas al noreste de Punta Almina, siendo rescatadas las nueve personas que iban a bordo por la embarcación Salvamar Atria a las 3,30 horas y trasladadas al Puerto de Ceuta. Más tarde, a las 5,12 horas, ha sido rescatada a cuatro millas del Puerto de Ceuta también por la Salvamar Atria una patera tipo toy, en la que se encontraban siete hombres de origen magrebí.

Y, Salvamento Marítimo ha rescatado a 16 varones de origen magrebí que viajaban a bordo de una patera localizada en aguas del mar de Alborán. La embarcación fue avistada por la tripulación de un buque mercante a 52 millas náuticas al este de Cabo de Gata (Almería), que informó al centro coordinador que, a su vez, activó a la guardamar Concepción Arenal. Los inmigrantes han sido trasladados al puerto de Almería, donde han llegado pasadas las 07,00 horas y donde han sido atendidos por un Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja.

El martes, día 13, fueron 129 los migrantes que llegaron a Canarias repartidos en tres embarcaciones. En concreto, dos de las pateras con 66 personas en situación irregular fueron trasladadas al muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), donde fueron asistidos por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), de Cruz Roja y del Servicio Canario de Salud (SCS).

Respecto a la tercera embarcación irregular, con 63 personas a bordo, fue trasladada al muelle de Los Cristianos, en la isla de Tenerife, todos ellos en buen estado.

El miércoles, fueron 117 los migrantes que a arribaron también a Canarias en cuatro pateras, tres de ellas ocupadas por 45 personas que llegó a Gran Canarias y otra con 72 que fue trasladada al puerto tinerfeño de Los Cristianos.

El jueves fue el día de menor flujo de pateras con 53 migrantes a bordo. Un cayuco con 32 ocupantes en su interior llegó al Muelle de Arguineguín (Gran Canaria) tras ser interceptado por Salvamento Marítimo, que tambén rescató otra patera con 21 migrantes cuando se encontraban cerca del Faro de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

El incremento de pateras que llega a Canarias se viene registrando desde principios de año. El presidente canario, Angel Víctor Torres, ha alertado esta semana que la crisis migratoria que está sufriendo el archipiélago en la actualidad se asemeja ya a la de los años 2006 o 2007 y ha pedido la involucración de la Unión Europea (UE) porque "Canarias es tan Europa como Bruselas.

Torres puso su mirada a Europa. "No puede que ser que inmigración quede en las zonas fronterizas --añadió-- y que Canarias, que es tan Europa como Bruselas o París, tenga que asumir exclusivamente toda la inmigración que llega a estas tierras porque además nos es absolutamente imposible".

Salud Pública ha decretado el cierre de 42 aulas de un total de 32 centros educativos sostenidos con fondos públicos de Aragón con motivo de la aparición de casos de coronavirus entre el pasado viernes, 9 de octubre, y este jueves, 15 de octubre. Esto supone un 0,5 por ciento de las clases existentes en toda la Comunidad.

En concreto, en la capital aragonesa se han cerrado tres aulas de Infantil en el Colegio Montessori, dos en el Colegio Sagrado Corazón Moncayo, una en el Colegio Público Integrado (CPI) San Jorge, otra en el CPI Soledad Puértolas, otra en el CPI Parque Goya, otra en el Colegio Escolapias Santa Engracia, otra en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y otra en el Colegio San Agustín.

Asimismo, se han cerrado sendas aulas de Primaria en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) María Moliner, en el CEIP Monsalud, en el CEIP César Augusto, en el CEIP Catalina de Aragón, en el Colegio El Salvador y en el CEIP Martínez Garay de Casetas. También se ha cerrado un aula de Secundaria en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Valdespartera.

En el resto de la provincia de Zaragoza, se ha cerrado en Épila dos aulas de Infantil en el CEIP Gaspar Remiro y dos de Secundaria en el IES Rodanas; dos aulas de Primaria en el CEIP Montes del Castellar de Torres de Berrellén, otras dos en el Centro Rural Agrupado (CRA) Bajo Gállego de Leciñena, una de Primaria en el CEIP Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao.

En la provincia de Huesca, se han cerrado sendas aulas de Infantil en el Colegio San Vicente de Paúl de Barbastro y en el Colegio Santa Ana de Fraga; una de Primaria en el Colegio Santa Ana de Monzón, en el CEIP La Merced de Barbastro y en el CEIP Santiago Apóstol de Grañén, mientras que se ha clausurado una de Secundaria en el IES La Llitera de Tamarite de Litera.

En la capital turolense se han cerrado dos aulas de Infantil en el Colegio La Salle San José, tres de Primaria en el CEIP Las Anejas y otra de Primaria en el CEIP Fuenfresca. En el resto de la provincia, se ha clausurado un aula de Infantil en el CEIP Román García de Albalate del Arzobispo y dos de Primaria, una en el CEIP Vicente Ferrer de Ramos de Valderrobres y otra en el CEIP Astrónomo Zarzoso de Cella.

370 DESDE EL INICIO DE CURSO

El total de las clases cerradas por coronavirus desde el inicio de curso en Aragón es de 370, aunque hasta este viernes se han reabierto ya 330, por lo que ahora mismo el porcentaje de clausuras se encuentra en el 0,4 por ciento de las aulas de la Comunidad.

Cuando se cierra un aula, el o los casos positivos no podrán volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica indicada por su profesional sanitario de referencia, justificada mediante la presentación de la declaración responsable de los padres. Por su parte, el resto del alumnado del mismo grupo deberá guardar la cuarentena desde el último contacto con el positivo.

La Fundación Chirivella Soriano de València exhibirá, desde este sábado y hasta el próximo 7 de noviembre, la exposición World Press Photo 20, que permitirá al público observar "las historias que importan" a través de 150 de las mejores imágenes captadas por fotoperiodistas de todo el mundo.

La muestra se ha presentado este viernes una rueda de prensa que ha contado con la participación del director de World Press Photo València, Pablo Brezo; el secretario de la Fundación Chirivella Soriano, Joan Mansanet; el diputado de Turismo de la Diputación de Valencia, Jordi Mayor, y el director general de Relaciones Informativas de la Generalitat, Pere Rostoll.

Brezo ha destacado el compromiso del certamen por el periodismo gráfico y la libertad de expresión, una información que pone al alcance del público las "historias que importan", ha aseverado.

Así, World Press Photo recoge los hechos más relevantes de 2019 en forma de "mirada global, protagonizada por conflictos de diferentes partes del mundo sobre realidades vitales y fenómenos sociales, culturales, económicos y naturales".

La selección reúne 150 fotografías organizadas en categorías, imágenes individuales y series, sobre temas contemporáneos, medio ambiente, noticias generales, proyectos a largo plazo, naturaleza, retratos, deportes y noticias de actualidad.

En la muestra se pueden encontrar fotografías que retratan las consecuencias de conflictos armados en Siria, Irak o Afganistán, así como las revueltas civiles en Sudán, Argelia o Chile. También los desastres naturales o las consecuencias de la emergencia climática, entre otros muchos temas. En la presente edición han participado cerca de 74.000 fotografías de más de 4.000 profesionales gráficos de todo el mundo.

El fotógrafo japonés Yasuyoshi Chiba, de la agencia AFP, ha sido galardonado con el World Press Photo 2020 por su imagen 'Straight Voice' ('Voz directa'), tomada durante una protesta ciudadana reclamando un gobierno civil en Jartum, la capital de Sudán.

Por su parte, la serie ganadora ha sido 'Kho, the Genesis of a Revolt' ('Kho, el Génesis de una revuelta'), del fotógrafo francés Romain Laurendeau, que retrata cómo se gestó la revuelta de miles de jóvenes de clase trabajadora de Argelia reclamando la renuncia del presidente Abelaziz Buteflika.

PROTOCOLOS SANITARIOS

El certamen, organizado dentro de los protocolos sanitarios frente a la Covid-19 para garantizar la seguridad del público asistente, cuenta con la colaboración de Turisme València, el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana.

En este punto, Jordi Mansanet ha subrayado que con esta actividad "el mensaje que se quiere transmitir es que, con las medidas de seguridad, es necesario que el mundo no pare de rodar".

Además, ha hecho una reivindicación del periodismo gráfico. "Documentar gráficamente en este tiempo de pandemia es la vacuna perfecta y esencial para contrarrestar las fake news".

Unos 690 estudiantes y unos 150 docentes han dado positivo en Covid-19 en Extremadura desde el pasado día 1 de septiembre y según datos acumulados.

De igual modo, teniendo en cuenta los periodos de incubación y de activación del virus, actualmente unos 210 alumnos y unos 35 docentes están pasando la enfermedad.

Asimismo, en las últimas horas, las autoridades sanitarias han comunicado a la Consejería de Educación y Empleo la cuarentena preventiva del Centro de Educación de Personas Adultas El Pilar, de Villafranca de los Barros. El centro ha permanecido ya hoy cerrado a la docencia presencial, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Salud Pública ha realizado la prueba PCR a las 72 personas del centro consideradas contactos estrechos de las personas afectadas. Durante el tiempo que dure la cuarentena del centro, sus 97 estudiantes y sus siete docentes permanecerán en el modelo 3, de enseñanza telemática.

Además, también se han implementado siete aulas más, de seis centros educativos de la región, en este modelo, de enseñanza a distancia, debido a casos confirmados entre su alumnado o entre su profesorado.

Se trata de dos aulas del Colegio Santo Ángel de la Guarda, de Badajoz; de una clase del IES Benazaire, de Herrera del Duque; de un grupo del CEIP Santa María del Prado, de La Roca de la Sierra; de un aula del CEIP Lucio García, de Peraleda de la Mata; de una clase del CEIP Antonio Jiménez Llerena, de Villafranco del Guadiana; y de una clase del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, de Navalmoral de la Mata.

Además, debido al fin de las cuarentenas y, en muchos casos, después de que los profesionales sanitarios hayan aislado sólo a los contactos estrechos de los casos positivos, el próximo lunes, día 19, reabren 26 aulas más de 22 centros educativos de la región.

Se trata de un aula del CEIP Enrique Segura Covarsí; un grupo del IES San Fernando; dos aulas del CEIP Juventud; una clase del CEIP Enrique Iglesias García y un grupo del Colegio Santo Ángel de la Guarda, todos de Badajoz; así como de un aula del CEIP Los Arcos, de Malpartida de Cáceres.

Una clase del CEIP Ciudad de Mérida, de la capital autonómica; un grupo del CEIP Miralvalle, de Plasencia; un aula del CEIP Calzada Romana, de Puebla de la Calzada; una clase del CEIP Meléndez Valdés, de Rivera del Fresno; un aula del CEIP Sierra de Gredos, de Navalmoral de la Mata; y un grupo del CEIP San Gregorio, de Guareña; una clase del CEIP El Brocense, de Brozas.

Asimismo, un aula del centro privado de Formación Profesional Global, de Don Benito; una clase del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de Olivenza; dos clases del CEIP Virgen de la Peña, de Perales del Puerto; un aula del CEIP San José, de Calamonte; dos grupos del IESO Valles de Gata, de Hoyos; una clase del CEIP Antonio Chavero, de Usagre; una clase del IES Campos de San Roque, de Valverde de Leganés; un grupo del CEIP Ortega y Gasset, de Almendralejo; y dos clases del CEIP Sebastián Martín, de Montehermoso.

Teniendo en cuenta las clases que comienzan su periodo de aislamiento y las que lo dejan para retomar la enseñanza presencial, a partir del próximo lunes habrá en la región 33 aulas en formación a distancia.

Asimismo, debido al fin de su aislamiento y a la mejora de la incidencia del virus en la localidad de Eljas, a partir del lunes su alumnado -tanto el que estudia en la localidad (32 estudiantes), como los jóvenes que estudian en localidades cercanas (45 estudiantes)-, podrán ya asistir a clase presencial.

Las acusaciones han solicitado este viernes la apertura de juicio oral contra Ana María B.L., la mujer de 38 años que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable acusada de matar a su hijo de siete años afectada parcialmente por un trastorno psicótico agudo.

Durante la audiencia preliminar celebrada en el Juzgado de Instrucción 3 de Almería, la jueza Ana Belén Vico ha denegado, asimismo, la práctica de diligencias propuesta por la defensa de la procesada, quien será enjuiciada por un jurado popular.

La procesada, a la que se atribuye la presunta comisión de un delito de asesinato con alevosía y otro de atentado a la autoridad ya que intentó atropellar presuntamente a uno de los agentes de la Guardia Civil que iban a detenerla, ha asisitdo por videoconferencia desde el centro penitenciario provincial de El Acebuche.

La Fiscalía de Almería solicita prisión permanente revisable para Ana María B.L. si bien estima que "padece un trastorno psicótico agudo y transitorio" que alteró "parcialmente" su capacidad de decidir o volitiva en el momento del crimen.

Estima que hay una atenuante analógica de anomalía o alteración psíquica tanto cuando "colocó un lazo de tela en el cuelo del menor y apretó hasta asfixiarlo", como cuando intentó atropellar a los agentes. En el delito de asesinato, aplica la agravante de parentesco.

Según recoge el escrito de calificación, de 15 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press, la procesada causó la muerte a su hijo Sergio en la mañana del 10 de octubre de 2019 "mientras se encontraba, de forma confiada e inocente, tumbado en la cama del dormitorio principal de la vivienda y era totalmente ajeno a la intencionalidad criminal" de su madre.

La fiscal María Ángeles González Magán remarca que la acusada "era plenamente consciente" de la superioridad "que le otorgaba la edad y la "diferente estructura corporal" y que "le ocasionó la muerte de forma deliberada cuando se encontraba totalmente desprevenido y con absoluto desprecio a la vida de su hijo menor".

"De forma súbita y repentina, de modo que la víctima no podía de ninguna forma esperar tal ataque proveniente de la misma, procedió con evidente y desproporcionada fuerza física a colocar un lazo de tela en el cuello del menor y apretar hasta asfixiarlo, provocándole la muerte debido a la gran presión ejercida y ello con plena conciencia de asegurarse tal resultado mortal al no tener la víctima oportunidad de defenderse habida cuenta su condición vulnerable y su natural indefensión", subraya.

El escrito de acusación contra Ana María B.L., para quien la Fiscalía pide que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva hasta que se haya sentencia condenatoria firme, indica que Sergio murió por "anoxia anóxica por estrangulamiento, por cierre laringo-traqueal secundario al efecto constrictor del lazo de la estrangulación".

De acuerdo al relato de hechos, la acusada trasladó en el asiento delantero derecho del vehículo el cuerpo sin vida del menor hasta el domicilio de una conocida en Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería).

Cuando la mujer "vio los evidentes signos de anoxia que presentaba el menor", solicitó, con ayuda de una vecina, la presencia de la Guardia Civil "que trató de interceptar el coche que conducía la acusada".

"Esta, desatendiendo reiteradamente las órdenes de alto de los funcionarios, con un claro menosprecio al principio de autoridad, trató de atropellar con su turismo a un agente, quien en varias ocasiones evitó ser arrollado por el vehículo de la acusada", señala, si bien añade que "finalmente los agentes fracturaron el cristal de la ventana delantera izquierda, procediendo a su detención".

La fiscal alude en su calificación también a que, en el momento de crimen, estaba pendiente la atribución judicial de guardia y custodia del menor a uno de sus progenitores y destaca que, dado los "trágicos hechos", el padre, los abuelos paternos, y sus tíos paternos "están afectados en su estado de salud, presentando sintomatología ansioso depresiva asociada a la pérdida traumática de sus ser querido" al tiempo que sufren "trastorno de estrés postraumático con afectación al desarrollo de sus actividades cotidianas.

Al margen de la pena de prisión permanente por un delito de asesinato con alevosía, el Ministerio Público interesa que se prohíba a Ana María B.L. residir en el lugar donde reside la familia de Sergio o acudir al lugar en el que se ha cometido el crimen por periodo de 30 años, y se fije alejamiento a un kilómetro de los allegados por parte de padre.

Como responsable civil directa, solicite que indemnice con 300.000 euros a su exmarido, con 160.000 euros a cada uno de los abuelos paternos y con 120.000 euros a cada uno de sus tíos "para reparar" el daño moral causado. Por el delito de atentado a autoridad, solicita la pena de 18 meses de prisión.

PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA

El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Almería otorgó tres días antes del crimen la guardia y custodia a su padre después de que él solicitase modificar las medidas vigentes desde 2017 argumentando "desatención" al menor por parte de su madre.

El padre, quien ha relatado que interpuso hasta diez denuncias contra su exmujer, presentó el 6 de septiembre de este mismo año ante el juzgado, que mantenía abierto un procedimiento por unión de hecho contenciosa, la demanda para la modificación del régimen de guarda y custodia, y la vista, en audiencia pública, para oír a las dos partes se celebró el 4 de octubre.

El procedimiento de unión de hecho contenciosa se inició de forma paralela a unas diligencias previas por vía penal el 5 de abril de 2017, cuando Ana María B.L. presentó un denuncia por presuntos malos tratos del padre de su hijo hacía ella.

El informe de violencia de género fue negativo y se remitieron las diligencias al Juzgado de lo Penal 4 de Almería que dictó sentencia absolutoria en febrero de 2019.

INGRESO PREVIO EN SALUD MENTAL

Ana María B.L. estuvo durante nueve días el pasado mes de julio en una Unidad de Salud Mental después de que el Juzgado de Primera Instancia 8 de Almería ordenase su ingreso involuntario. Recibió el alta médica con prescripción de tratamiento farmacológico aunque no ha trascendido cuál sería la patología de la que está diagnosticada y que motivó su internamiento.

La mujer también ha sido procesada por un presunto delito de abandono de familia por el Juzgado de Instrucción 2 de Almería y se enfrenta a seis meses de prisión acusada de desatender a su hijo al que no llevaba al colegio y está investigada por presuntos delitos de coacciones tanto al padre del menor y exmarido, como al abuelo paterno del niño.

La incidencia acumulada (IA) de la COVID-19 en los últimos 14 días en el conjunto de Baleares ha bajado de 141,7 el día 3 de octubre a 125,6 casos por 100.000 habitantes el 15 de octubre, tal como se desprende del último informe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública.

Se constata, además, un descenso en varias zonas de Ibiza donde se han llevado a cabo acciones específicas para frenar la propagación de la pandemia como los cribados, los planes de intervención comunitaria y las medidas limitadoras.

Por islas, el descenso más importante se registra en Formentera, donde los últimos 14 días no se ha registrado ningún caso, y en Ibiza, donde baja de 252,8 el 3 de octubre a 148,1 casos por 100.000 habitantes el día 15 de octubre.

En Mallorca se registra una ligera disminución, y la IA acumulada de los últimos 14 días ha pasado de 135,8 casos por 100.000 habitantes a 131,2.

Por el contrario, en Menorca se ha producido un aumento de la IA a 14 días, que pasa de 24,6 a 52,5 casos por 100.000 habitantes, un poco más del doble.

Así se constata en el último informe sobre la evolución del SARS-CoV-2 en la comunidad, elaborado por el Servicio balear de Epidemiología, estudio que contrasta los casos diagnosticados entre las dos últimas semanas: entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre y el 7 y el 15 de octubre.

El estudio constata como la acción comunitaria, el seguimiento de casos, la información pública y la responsabilidad de la ciudadanía han conseguido disminuir el número de casos varias zonas de las Islas.

Los datos del informe del Servicio de Epidemiología se refieren a casos verificados y confirmados a día 15 de octubre por el propio Servicio.

Entre los datos facilitados figuran las tasas de incidencia acumulada por municipios. Estos datos pueden variar respecto de las que ofrece puntualmente la Conselleria de Salud y Consumo y que tienen como referencia la positividad de las pruebas PCR, indicador que también se considera válido para tener información diaria de la evolución de la pandemia de COVID-19.

En el caso de Ibiza, por ejemplo, el informe pone de manifiesto importantes bajadas en zonas básicas de salud donde se han puesto en marcha medidas adicionales para prevenir la propagación de la pandemia, como Es Viver, que pasa de 1,88 a 0,98 casos por 1.000 habitantes; Vila, que pasa de 2,20 a 1,42 casos por millar de personas, o Sant Antoni, que pasa de 0,77 a 0,71. En Sant Josep, por el contrario, se ha producido un ligero aumento y pasa de 0,39 a 0,47 casos por 1.000 habitantes.

En Mallorca, destaca la bajada en Emili Darder (Palma), que pasa de 1,36 a 0,60; en Binissalem, que pasa de 0,99 a 0,30, y en Inca, que pasa de 1,34 a 1,06 casos por millar de personas. Sube, en cambio, en Son Pisà (Palma), que pasa de 0,87 a 1,46; en Manacor, que aumenta de 0,87 a 1,23, y en Felanitx, donde sube de 0,05 a 1,12 por 1.000 habitantes.

En la isla de Menorca, destacan las subidas en Mahón, que pasa de 0,04 a 0,85, y Ciutadella, que pasa de no tener ningún caso a tener una tasa de 0,35 por mil habitantes.

PERFIL DEL AFECTADO

El informe de Epidemiología también establece que la enfermedad ha afectado prácticamente igual mujeres (51 por ciento) y hombres (49 por ciento) y que, por grupos de edad, los más numerosos siguen siendo las personas de entre 30-39 años (2.937), seguidos de los de 40-49 (2.855) y de 20-29 (2.680).

Del total de casos detectados, la mayoría (un 49,3 por ciento) tenían entre 20-49 años, un 21,7 por ciento tenían entre 50 y 69 años, un 16,5 por ciento eran menores de 19 años y un 12, 5 por ciento mayores de 70 años.

Además, un 65,56 por ciento de los 16.112 casos verificados por Epidemiología hasta la fecha de cierre del informe presentó síntomas, mientras que un 34,44 por ciento fue asintomático. Un 3,4 por ciento era trabajador de un centro sanitario y un 1,4 por ciento trabajaba como sociosanitario.

240 BROTES DETECTADOS

En cuanto a los brotes -agrupaciones de tres casos o más de COVID-19-, el Servicio de Epidemiología destaca que se han detectado hasta 240 desde el inicio de la pandemia en las Islas Baleares.

En total, se han diagnosticado 1.634 casos positivos asociados y el 46,5 por ciento de estos casos (759) presentó síntomas. Un 36 por ciento de los brotes (87) fueron de ámbito familiar, un 22 por ciento (52) fueron originados debido a reuniones sociales y un 15 por ciento (36) eran de ámbito laboral.

En 233 brotes el caso primario era autóctono. La media de casos por brote detectado en las Islas ha sido de 7 positivos.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven un "enorme potencial recaudatorio" en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, después de que el Plan Presupuestario de 2021 remitido ayer por el Gobierno a la Comisión Europea recogiera que gracias a las medidas antifraude podrían ingresarse "apenas" unos 830 millones de euros en 2021.

Por ello, los técnicos defienden ajustar el pago a cuenta de las sociedades con el aumento de la tributación de aquellas empresas cuyos beneficios superen el millón de euros, crear tres nuevos tramos en el IRPF por encima de los 60.000 euros actuales, situándolos en los 120.000, 175.000 y 300.000 euros, y crear un cuerpo superior técnico y aumentar la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.000 efectivos.

Los técnicos calculan que el fraude fiscal provoca unas pérdidas anuales a las arcas públicas de 91.600 millones de euros, de ellos 60.600 millones por impuestos evadidos y 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social. En este contexto, estiman que en España anualmente se evaden unos 31.800 millones de euros por encima de la media sumergida europea.

Ante este potencial recaudatorio, proponen la creación de un cuerpo superior técnico y aumentar la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.500 efectivos más a medio plazo podría reducir la economía sumergida a la mitad.

En concreto, urgen a crear el Cuerpo Superior Técnico de Hacienda para centrar la investigación en el fraude más sofisticado de multinacionales y grandes fortunas, sustituyendo la investigación de autónomos y pequeñas empresas por el envío de cartas certificadas con los indicios de fraude para que "voluntariamente" presenten declaraciones complementarias.

CAMBIOS EN SOCIEDADES Y NUEVOS TRAMOS EN IRPF

Por otra parte, los técnicos proponen ajustar el pago a cuenta de las sociedades con el aumento de la tributación de aquellas empresas cuyos beneficios superen el millón de euros para ayudar a financiar la recuperación social y económica de España, sobre todo teniendo en cuenta que en 2019, antes de la pandemia, las compañías ingresaron 21.000 millones de euros menos al año que en 2007.

En concreto, Gestha calcula que la Ley del Impuesto sobre Sociedades ha permitido que los grandes grupos empresariales eludieran el pago de 24.060 millones de las tres últimas declaraciones correspondientes a los años comprendidos entre 2016 y 2018. Esto explica, según Gestha, que la recaudación de Sociedades en 2019 continúe desplomada un 47%, siendo el único impuesto que no había recuperado la recaudación que cosechaba en 2007 antes de la pasada crisis económica.

Finalmente, los técnicos defienden crear tres nuevos tramos en el IRPF por encima de los 60.000 euros actuales, situándolos en los 120.000, 175.000 y 300.000 euros, con unos tipos marginales similares a los aprobados en esos tres últimos tramos por el Gobierno del PP durante el trienio de 2012 a 2014.

En este sentido, arguyen que, entre otros organismos internacionales, el FMI recomienda que los países con limitada recaudación fiscal y elevado endeudamiento deben proteger la inversión pública y a los hogares con ingresos más bajos, aumentando los impuestos progresivos y asegurando que se grave adecuadamente a las empresas más rentables para un ajuste "equitativo y favorable" al crecimiento.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, si se da prioridad a la reducción del fraude, la sociedad asumirá "mejor" los cambios legales en los impuestos sobre Sociedades e IRPF, cambios que mejorarán la "generalidad, equidad y progresividad" del sistema tributario que proclama el artículo 31 de la Constitución.

Con ello, considera que a medio plazo se podrá compensar el elevado déficit público que se precisa para ayudar a empresas, sectores económicos y personas afectadas por la pandemia.

Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar el modelo original de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del año 1980, y que doce de sus 20 miembros sean elegidos directamente por los jueces en activo mediante votación. También propone reformar la Junta Electoral Central para que quede compuesta únicamente por tres magistrados del Tribunal Supremo, sin juristas propuestos por el Congreso.

Tras la iniciativa presentada por PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría exigida para nombrar a los vocales del CGPJ, que Vox ve como un "ataque" a la independencia judicial, el partido liderado por Santiago Abascal ha optado por presentar su propia propuesta de reforma de la ley.

Vox considera que la independencia del CGPJ queda en riesgo si sus vocales son nombrados por las Cortes Generales según "repartos partidistas" que "buscan la colonización política de todos los poderes del Estado".

EL MODELO QUE DEROGÓ GUERRA

Por ello, propone recuperar la fórmula de 1980, por la que doce de sus miembros sean elegidos por los propios jueces por votación y los ocho restantes designados por el Parlamento por mayoría de tres quintos entre abogados y otros juristas de reconocido prestigio.

A su juicio, la independencia del órgano de control de los jueces quedó en entredicho desde la primera reforma de la ley en 1985, con el Gobierno de Felipe González, cuando se decidió que todos sus miembros (y no solo ocho de ellos) fueran designados por las Cortes Generales.

Vox también enmienda la plana al modelo actual que el PP y el PSOE pactaron con el gobierno de José María Aznar, que mantiene la votación en las Cortes de todos los vocales, pero permite que los jueces realicen unas primarias y seleccionen aspirantes para las doce plazas reservadas a jueces y magistrados.

"Lo que en una democracia plena tendría como única consecuencia el lógico sustento parlamentario de uno de los tres poderes del Estado, la apropiación de las instituciones llevada a cabo en España por los grandes partidos que han gobernado España y sus aliados nacionalistas periféricos ha convertido al CGPJ en preso del enfrentamiento partidista y en ejemplo de la degradación institucional de nuestra Nación", denuncia Vox.

"NINGÚN ATAQUE SIN RESPUESTA"

Que los jueces elijan a los jueces", ha resumido como base de su propuesta el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha advertido de que "ningún ataque" del "totalitario" Gobierno de PSOE y Unidas Podemos quedará sin respuesta, ya sea en el Parlamento, en los tribunales o en las calles.

La proposición de ley registrada por Vox también incluye una reforma de la composición de la Junta Electoral. Actualmente formada por ocho magistrados elegidos por sorteo en el Tribunal Supremo y cinco juristas designados por el Congreso, Vox quiere que quede compuesta únicamente por magistrados del Tribunal Supremo: El presidente de Sala más antiguo como presidente y el magistrado más antiguo y el más moderno. También estaría representado el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, con voz pero sin voto.

La feria Liber ha seleccionado a 1.300 profesionales del mercado del libro de 64 países para participar en reuniones con los expositores del certamen, que tendrá lugar del 27 al 29 de octubre a través de una plataforma virtual.

Ante las limitaciones de la movilidad internacional a causa de la pandemia del coronavirus, la feria realizará sus encuentros de negocio de forma digital, ha informado Fira de Barcelona este viernes en un comunicado.

En el perfil de los invitados figuran importadores, distribuidores, libreros, compradores de derechos, así como responsables de organismos públicos y bibliotecas, agentes literarios, profesores de universidad, editores y periodistas, y la feria ha recordado que un tercio de las exportaciones anuales de la industria del libro española se concretan en Liber.

Este año los participantes seleccionados proceden mayoritariamente de las dos áreas geográficas que concentran el grueso de las exportaciones y áreas de interés de las editoriales españolas: Europa (27 países) y Latinoamérica (20), además de Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, se han seleccionado otros 15 mercados preferentes en el Mediterráneo y Asia, como Argelia, Egipto, Marruecos, Líbano, Israel, Turquía, China, Corea, Hong Kong, India, Japón, Singapur y Taiwan, a los que se añaden Australia y Nueva Zelanda.

Liber 2020 cuenta con un programa específico para bibliotecarios estadounidenses, organizado por ICEX en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Miami y la Federación de Gremios de Editores de España, en el que se ha invitado a 67 responsables de decidir o prescribir compras de libros en castellano.

España es, después de Reino Unido y Estados Unidos, el tercer país del mundo que más libros exporta: en 2018, el valor de las ventas en el exterior del sector del libro fue de 615,40 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior, según la federación de gremios.

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar cinco nuevas aulas en la Comunidad, medida que afecta concretamente a un grupo de León, un aula en Salamanca, otra en Valladolid y dos de Zamora.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 115 aulas en cuarentena en Castilla y León, según los datos facilitados por la Administración autonómica.

En León la medida afecta a un grupo del Colegio Virgen Blanca, en la capital; en Salamanca a un aula del Colegio de Villares de la Reina; en Valladolid a un aula del CPrEE El Pino de Obregón, ubicado también en la capital; y en Zamora a una del colegio San Vicente de Paul y otra del colegio Virgen de la Vega, ambas en Benavente.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos.

En estos momentos, de las 115 aulas en cuarentena en Castilla y León, cuatro son de Ávila, 27 en Burgos, cinco en León y otras tantas en Palencia, 24 en Salamanca, seis en Segovia, seis en Soria, 29 en Valladolid y nueve en Zamora.

Asimismo, ya se conocen los primeros resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 136 casos de alumnos y 16 de trabajadores con PCR positiva. Tres de esas confirmaciones se han producido en la última jornada y corresponden a tres alumnos.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena.

La Audiencia de Alicante ha condenado a penas de 22 años y medio y 20 años de prisión, respectivamente, a la mujer y su cuidador acusados de asesinar al marido de ella, un camionero cántabro, dos semanas después de la boda.

La sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), recoge el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, informa el alto tribunal valenciano.

Los hechos ocurrieron la noche del 20 de agosto de 2018 en un aparcamiento al aire libre situado frente al mar, en la ciudad de Alicante, donde los acusados habían citado a la víctima con la excusa de celebrar una cena romántica y echar flores en cierto lugar en memoria de seres queridos de ella.

Según se relata en el fallo, pretendían así "obtener ventaja y facilitad para la ejecución de un plan común de acabar con la vida" del perjudicado, "impidiendo que éste pudiera pedir auxilio eficaz, dificultando de este modo sus posibilidades de defensa y procurando al mismo tiempo su propia impunidad".

Cuando la víctima llegó a la zona central del recinto, el acusado le atacó por sorpresa y comenzó a agredirlo con un destornillador o un instrumento similar.

A continuación, la acusada se acercó y se unió a la agresión, "sujetando o golpeando a su esposo", mientras el otro acusado continuaba clavándole sucesivas veces el destornillador o instrumento que utilizaba, tal y como se detalla en la resolución judicial.

La víctima cayó al suelo y falleció por una de las heridas, que le afectó a la parte izquierda del cuello. La Audiencia considera probado que los procesados causaron voluntariamente al fallecido con la reiteración de ataques "un dolor y un sufrimiento que en modo alguno eran necesarios para conseguir el fin último de causarle la muerte".

AGRAVANTE DE PARENTESCO

La sentencia establece que ambos acusados son coautores de un delito de asesinato cualificado doblemente, al mediar alevosía y enseñamiento. En el caso de ella, la pena de prisión es mayor por la agravante de parentesco.

En cambio, el magistrado presidente del tribunal rechaza la aplicación de las agravantes de aprovechamiento de las circunstancias de lugar y tiempo, de abuso de superioridad y de uso de disfraz.

Además de las penas de prisión, los condenados deberán cumplir una medida de libertad vigilada por un tiempo de cinco años e indemnizar conjuntamente a tres hijos del fallecido con un total de 150.000 euros.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 307 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, así como tres personas fallecidas, lo que supone un total en 659 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia en la región.

De igual modo, la Dirección General de Salud Pública ha detectado 455 casos sospechosos y ha descartado 351; y hay 175 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 16 de ellas en UCI.

Al mismo tiempo, en la última jornada se han dado 282 altas en la región, lo que equivale a un acumulado de 10.600 altas, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En cuanto a los fallecidos en las últimas 24 horas por Covid-19, el Área de Salud de Cáceres registra uno, un varón de 89 años de Cáceres que estaba ingresado en el Hospital San Pedro de Alcántara.

Además, el Área de Salud de Llerena Zafra registra un fallecido varón de 86 años de los pisos tutelados de Berlanga que estaba ingresado en el Hospital de Llerena.

Igualmente, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata declara un fallecido varón de 68 años de la localidad morala y con patologías previas.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

En concreto, el Área de Salud de Badajoz detecta 143 casos sospechosos y ha descartado 72. Notifica 71 casos positivos confirmados. Hay 31 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Acumula 45 fallecidos y se han curado 2.243 pacientes.

A su vez, el Área de Salud de Cáceres notifica 79 casos sospechosos y ha descartado 77. Declara 26 casos positivos. El área tiene 33 pacientes ingresados y ninguno en UCI. Han fallecido 306 personas y se han dado 2.604 altas.

De su lado, el Área de Salud de Mérida notifica 82 casos sospechosos y descarta 85. Tiene 113 positivos confirmados. Hay 38 pacientes hospitalizados, cinco de ellos en UCI. Ha registrado 43 fallecidos. Ha dado 1.401 altas.

Asimismo, de los 42 positivos registrados hoy en Ribera del Fresno, 37 pertenecen a la residencia 'La Providencia'.

Por su parte, el Área de Salud de Plasencia detecta 34 casos sospechosos y descarta 33. Notifica 28 casos positivos. Tiene 19 pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Acumula 85 víctimas mortales. Hay 896 pacientes curados.

Mientras, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena detecta 70 casos sospechosos y ha descartado 56. Notifica 25 casos positivos. Tiene 22 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos en UCI. Ha registrado un total de 65 fallecidos. Tiene 1.582 altas.

También, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 13 casos sospechosos y ha descartado 14. Notifica 11 casos positivos. Tiene ocho pacientes ingresados. Acumula 61 personas fallecidas. Hay 854 pacientes curados.

A su vez, el Área de Salud de Coria notifica ocho casos sospechosos y descarta 14. Registra 10 casos positivos. Tiene 13 pacientes ingresados. Acumula 27 víctimas mortales. Se han dado 368 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra notifica 26 casos sospechosos. Registra 23 casos positivos. Tiene 11 pacientes hospitalizados. Han fallecido 27 personas desde el comienzo de la pandemia. Hay 652 pacientes curados.

Azkuna Zentroa, Centro de Sociedad y Cultura de Bilbao y Bulegoa z/b organizan el cuarto encuentro de 'El ensayo de la exposición (1977-2017)', el Simposio Internacional de Comisariado que analiza exposiciones concretas que han tenido lugar entre 1977 y 2017, "mirando de forma retrospectiva a exposiciones, textos y acontecimientos del pasado reciente que siguen resonando y que ayudan a entenderlo".

En esta ocasión, el encuentro se centra en el periodo 1997-2007 y tendrá lugar el 21 y el 22 de octubre, en un formato híbrido, presencial y online, según han informado desde Azkuna Zentroa.

El encuentro contará con seis ponentes invitadas: Lisette Lagnado, investigadora, crítica de arte y comisaria independiente interesada en las estrategias de colaboración con sociólogos y arquitectos en el espacio público; María Lind, comisaria, escritora y docente que recibió en 2009 el Premio Walter Hopps al Logro Curatorial; Ruth Noack, autora, crítica, conferenciante y comisaria; Azucena Vieites, artista y profesora asociada en las facultades de Bellas Artes de la UCM y de la USAL; y Ana Devic, comisaria y miembro del colectivo curatorial What, How and From Whom/WHW formado en 1999.

Además, el programa presencial incluye tres comunicaciones y un taller, celebrado a lo largo del mes de octubre, en el que se trabajan materiales relacionados con los contenidos del simposio.

Hasta el momento se han desarrollado tres encuentros. Un primero en 2016 en formato de Prólogo, y otros dos en 2017 y 2019, dedicados a las décadas comprendidas entre 1977 y 1987 y entre 1987 y 1997 respectivamente.

Además de las ponencias invitadas, se presentarán cuatro comunicaciones a cargo de Ieva Astahovska, Carmiña Dovale Carrión y Jone Alaitz Uriarte, seleccionadas a través de una convocatoria abierta entre el 15 de julio y el 1 de septiembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la orden de la Consejería de Sanidad que extendía las restricciones a la movilidad a las zonas básicas de Arganda del Rey (Arganda del Rey), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo), y Valleaguado (Coslada) al considerar su "idoneidad" para bajar contagios.

Tras la orden dictada el pasado 9 de octubre, estas zonas se sumaban a las zonas de Villa del Prado, Humanes de Madrid y Reyes Católicos (en San Sebastián de los Reyes), que estaban en vigor.

En la resolución, los magistrados indican que las medidas son similares a las adoptadas previamente por la Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, y la Orden 1226/2020, de 25 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, ambas ratificadas por esta misma Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, "habiéndose observado una mejoría en la tasa de contagios en la mayoría de las zonas básicas de salud objeto de las mismas, lo que determina su idoneidad para lograr los objetivos perseguidos".

Los magistrados señalan que los informes epidemiológicos respaldan "la razón de la limitación de la movilidad acordada, que no es otra que la protección de la salud evitando una mayor propagación del virus a otras zonas.

"Se trata de una medida necesaria e idónea para el fin perseguido, que no es otro que evitar la mayor difusión a otras zonas de una enfermedad altamente contagiosa", indican los magistrados, que añaden que es "una medida idónea, porque a través de ella es fácil colegir, como evidencian los informes aportados, que se trata de evitar en la medida de lo posible la mayor difusión del virus a otras zonas y consecuentemente una mayor tasa de propagación".

"También se presenta como necesaria porque sin dicha restricción de movilidad se muestra difícil conseguir tal objetivo, como también advierten dichos informes; y, además responde a un principio de precaución en evitación del riesgo de propagación de la pandemia que aboga aún más por la proporcionalidad de la medida desde esta perspectiva de idoneidad y necesidad", indican.

Los magistrados aclaran que "las medidas recogidas en la Orden resultan idóneas, proporcionales, necesarias y justificadas, ya que su finalidad es controlar la transmisión y propagación de la enfermedad con el fin de garantizar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de la población en su conjunto".

"Con ellas se pretende dar una respuesta adecuada al escenario que se plantea ante la evolución de la crisis sanitaria en determinadas áreas geográficas concretas con la finalidad de reducir el número de nuevos contagios y aliviar la presión asistencial del sistema sanitario", señala el TSJM.

Por todo ello procede ratificar la medida acordada en la Orden 1322/2020, de 9 de octubre de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en su apartado segundo, como se hará en la parte dispositiva de la presente resolución.

VOTOS PARTICULARES

La resolución cuenta con dos votos particulares de dos magistradas de la Sala y, además, puede ser recurrida en reposición (ante la misma Sala) en el plazo de cinco días.

Los votos particulares discrepan con la decisión mayoritaria de la Sala en la conclusión alcanzada acerca de la competencia de la Consejería de Sanidad para limitar los desplazamientos dentro de determinados ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma.

Uno de ellos menciona que la cláusula abierta del artículo Tercero de la Ley Orgánica 3/1986 es "insuficiente en su contenido, imprevisible en la limitación del derecho y, además, carente de certeza", por lo que no habilita a la Consejería de Sanidad para adoptar la medida restrictiva de limitar el derecho fundamental a la libre circulación de los numerosísimos ciudadanos residentes en las zonas básicas de salud".

PRORROGA MEDIDAS

Además, se ha ratificado por un periodo de catorce días, a partir de la fecha de notificación del auto, la prórroga de las medidas contenidas en el apartado uno de la Orden 1177/2020 que se acuerda en el apartado 1 de la Orden 1287/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad; sin perjuicio de los supuestos regulados específicamente en la Ley Orgánica 9/1983, de derecho de reunión, a los que la Orden no es aplicable.

Esta resolución cuenta con un voto particular de una de las magistradas que integran la Sala y también puede ser recurrido en reposición en el plazo de cinco días.

La Comunidad de Madrid ha notificado 3.200 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.548 corresponden a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 44 fallecidos en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este viernes, con datos a cierre del día anterior.

Los datos reflejan un ligero aumento de los contagios en comparación con los notificados este miércoles (2.959) así como en el número de fallecidos, con cuatro más.

El número de pacientes hospitalizados ha vuelto a bajar ligeramente hasta situarse en 2.577, pero el de pacientes en UCI ha subido de 463 a 466, con 271 altas hospitalarias en el día de ayer.

Por su parte, el número de pacientes bajo atención domiciliaria por atención primaria ha vuelto a subir hasta 11.147, después de que en el informe de este jueves se contabilizaran 5.120.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado un total de 283.753 casos positivos y 17.266 fallecidos por Covid, según datos de Sanidad Mortuoria (4.892 en centros sociosanitarios, 11.281 en hospitales, 1.063 en domicilios y 30 en otros lugares).

Además, un total de 62.926 pacientes han requerido hospitalización, 5.532 han requerido UCI y 57.550 han recibido el alta hospitalaria, mientras que 470.220 han recibido atención domiciliaria por atención primaria.

Ciudadanos ha propuesto en el Congreso de los Diputados que en España se apliquen criterios objetivos, comunes para todo el territorio nacional, de acuerdo con la escala planteada por la Unión Europea, para tratar de controlar la transmisión del coronavirus y llegar a la Navidad con una incidencia que permita la libertad de movimientos.

A través de una proposición no de ley registrada este viernes, la formación naranja plantea que la Cámara Baja inste al Gobierno a "seguir las recomendaciones de la UE y establecer todas las medidas necesarias para el control de la transmisión de la Covid-19, basadas en criterios objetivos y comunes en toda España".

Según explica, el objetivo sería "llegar a la Navidad con un nivel de contagios compatible con la libertad de movimientos según el baremo europeo, de modo que los españoles puedan celebrar estas fiestas en familia y que millones de autónomos y pymes puedan recuperar su actividad".

MEDIDAS ÁGILES Y CONTUNDENTES Y SEGURIDAD JURÍDICA

En su iniciativa, Cs subraya la importancia de gestionar adecuadamente la segunda ola de la pandemia, avisando de que una "salida precipitada" puede provocar que la recuperación económica dure mucho menos de lo esperado y acelerar la llegada de nuevas olas de contagios.

"Si queremos tener una Navidad en familia y salvar la temporada para los empresarios de España, desde Ciudadanos estamos convencidos de que tenemos que tomar medidas ágiles, contundentes y efectivas, y sobre todo, tenemos que hacerlo siendo capaces de transmitir certezas y seguridad jurídica, no confusión, descoordinación y confrontación entre las autoridades públicas", recalcan.

Para ello, Cs recomienda fijarse en las pautas del Consejo de la Unión Europea, que ha adoptado una recomendación en la que fija tres situaciones con tres colores --rojo, naranja y verde, según la incidencia del coronavirus en cada zona-- para que los Estados miembros apliquen restricciones a los desplazamientos dentro de la UE en función de la situación epidemiológica de cada lugar.

En el caso de España todo el país estaría en rojo. De hecho, Ciudadanos señala los malos datos de España en comparación con otros países tanto en el número de contagios y los fallecimientos como en la caída del PIB y la destrucción de empleo. En este punto, critica la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez ante los rebrotes del virus y que no haya preparado un plan de contención nacional frente a esta segunda ola.

El partido liderado por Inés Arrimadas afirma que el primer objetivo de este sistema del 'semáforo Covid' es establecer unos "criterios de referencia comunes para todos los Estados miembros" para evaluar la incidencia de la Covid-19 y graduar la intensidad de las restricciones y medidas de contención sanitaria que se deban adoptar.

En segundo lugar, cree que permitiría una identificación sencilla de la incidencia de la pandemia por parte de los ciudadanos y garantizar las condiciones necesarias para permitir la movilidad entre territorios europeos que presenten una baja incidencia, "contribuyendo así a la reactivación de los sectores del transporte y el turismo y, en definitiva, de las economías de los territorios que sean capaces de controlar la transmisión del coronavirus".

CRITERIOS OBJETIVOS Y DECISIONES NO PARTIDISTAS

Ciudadanos viene reclamando al Gobierno desde hace meses un protocolo común de actuación, con "criterios objetivos, basados en la evidencia científica y epidemiológica disponible", y también que se garantice una adecuada cobertura jurídica a estas actuaciones para evitar una eventual disparidad de resoluciones o, incluso, desautorizaciones judiciales.

En su opinión, lo mejor es seguir el camino marcado por la UE, porque así habrá "criterios claros y objetivos" y se evitará "cualquier posible arbitrariedad", anulando "la sospecha de cualquier imposición partidista en la toma de decisiones".

Asimismo, indica que su cumplimiento puede servir para recuperar una movilidad de turistas dentro del territorio comunitario que "en estos momentos resulta imprescindible para poder encarrilar una recuperación de la economía española aprovechando esta temporada navideña.

ACABAR CON EL ENFRENTAMIENTO POLÍTICO

A juicio de Cs, muchas personas interpretan la "actuación confusa y errática" del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "como muestra de arbitrariedad e incluso de motivación política a la hora de tomar decisiones vitales para combatir la pandemia".

Al presentar la iniciativa parlamentaria, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha recordado que así se lo dijo en el Pleno este jueves al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Además, ha pedido que se deje de usar la gestión de la crisis del coronavirus "como un arma política" para culparse los unos a los otros y exponer una "lista de agravios". "Hay que acabar con el enfrentamiento político", ha insistido.

Tras advertir del malestar que muestran los ciudadanos con los políticos, ha apostado por que todos los partidos y las Administraciones Públicas trabajen juntos en la lucha contra el virus sin pensar en las encuestas electorales y en "obtener réditos políticos".

Ciudadanos ha propuesto en el Congreso de los Diputados que en España se apliquen criterios objetivos, comunes para todo el territorio nacional, de acuerdo con la escala planteada por la Unión Europea, para tratar de controlar la transmisión del coronavirus y llegar a la Navidad con una incidencia que permita la libertad de movimientos.

A través de una proposición no de ley registrada este viernes, la formación naranja plantea que la Cámara Baja inste al Gobierno a "seguir las recomendaciones de la UE y establecer todas las medidas necesarias para el control de la transmisión de la Covid-19, basadas en criterios objetivos y comunes en toda España".

Según explica, el objetivo sería "llegar a la Navidad con un nivel de contagios compatible con la libertad de movimientos según el baremo europeo, de modo que los españoles puedan celebrar estas fiestas en familia y que millones de autónomos y pymes puedan recuperar su actividad".

MEDIDAS ÁGILES Y CONTUNDENTES Y SEGURIDAD JURÍDICA

En su iniciativa, Cs subraya la importancia de gestionar adecuadamente la segunda ola de la pandemia, avisando de que una "salida precipitada" puede provocar que la recuperación económica dure mucho menos de lo esperado y acelerar la llegada de nuevas olas de contagios.

"Si queremos tener una Navidad en familia y salvar la temporada para los empresarios de España, desde Ciudadanos estamos convencidos de que tenemos que tomar medidas ágiles, contundentes y efectivas, y sobre todo, tenemos que hacerlo siendo capaces de transmitir certezas y seguridad jurídica, no confusión, descoordinación y confrontación entre las autoridades públicas", recalcan.

Para ello, Cs recomienda fijarse en las pautas del Consejo de la Unión Europea, que ha adoptado una recomendación en la que fija tres situaciones con tres colores --rojo, naranja y verde, según la incidencia del coronavirus en cada zona-- para que los Estados miembros apliquen restricciones a los desplazamientos dentro de la UE en función de la situación epidemiológica de cada lugar.

En el caso de España todo el país estaría en rojo. De hecho, Ciudadanos señala los malos datos de España en comparación con otros países tanto en el número de contagios y los fallecimientos como en la caída del PIB y la destrucción de empleo. En este punto, critica la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez ante los rebrotes del virus y que no haya preparado un plan de contención nacional frente a esta segunda ola.

El partido liderado por Inés Arrimadas afirma que el primer objetivo de este sistema del 'semáforo Covid' es establecer unos "criterios de referencia comunes para todos los Estados miembros" para evaluar la incidencia de la Covid-19 y graduar la intensidad de las restricciones y medidas de contención sanitaria que se deban adoptar.

En segundo lugar, cree que permitiría una identificación sencilla de la incidencia de la pandemia por parte de los ciudadanos y garantizar las condiciones necesarias para permitir la movilidad entre territorios europeos que presenten una baja incidencia, "contribuyendo así a la reactivación de los sectores del transporte y el turismo y, en definitiva, de las economías de los territorios que sean capaces de controlar la transmisión del coronavirus".

CRITERIOS OBJETIVOS Y DECISIONES NO PARTIDISTAS

Ciudadanos viene reclamando al Gobierno desde hace meses un protocolo común de actuación, con "criterios objetivos, basados en la evidencia científica y epidemiológica disponible", y también que se garantice una adecuada cobertura jurídica a estas actuaciones para evitar una eventual disparidad de resoluciones o, incluso, desautorizaciones judiciales.

En su opinión, lo mejor es seguir el camino marcado por la UE, porque así habrá "criterios claros y objetivos" y se evitará "cualquier posible arbitrariedad", anulando "la sospecha de cualquier imposición partidista en la toma de decisiones".

Asimismo, indica que su cumplimiento puede servir para recuperar una movilidad de turistas dentro del territorio comunitario que "en estos momentos resulta imprescindible para poder encarrilar una recuperación de la economía española aprovechando esta temporada navideña.

ACABAR CON EL ENFRENTAMIENTO POLÍTICO

A juicio de Cs, muchas personas interpretan la "actuación confusa y errática" del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "como muestra de arbitrariedad e incluso de motivación política a la hora de tomar decisiones vitales para combatir la pandemia".

Al presentar la iniciativa parlamentaria, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha recordado que así se lo dijo en el Pleno este jueves al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Además, ha pedido que se deje de usar la gestión de la crisis del coronavirus "como un arma política" para culparse los unos a los otros y exponer una "lista de agravios". "Hay que acabar con el enfrentamiento político", ha insistido.

Tras advertir del malestar que muestran los ciudadanos con los políticos, ha apostado por que todos los partidos y las Administraciones Públicas trabajen juntos en la lucha contra el virus sin pensar en las encuestas electorales y en "obtener réditos políticos".

El presidente no ejecutivo de DWT y Director de Alianzas Internacionales de Grupo Dia, Fernando Trasobares De Dios, ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal que cuando alertó de que determinadas irregularidades no se podían llevar a cabo, le indicaron que se debían hacer por orden del entonces CEo Ricardo Currás.

Trasobares era uno de los dos directivos de Dia citados este viernes en la Audiencia Nacional en calidad de testigos, condición bajo la que tienen la obligación de decir la verdad. Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio consultadas por Europa Press, ha indicado que se sintió amenazado por el que fuera director del área comercial de Dia Juan Cubillo --también imputado en la causa-- cuando le trasladó que realizar ampliaciones sobre futuros ingresos que no estaban pactados aun con proveedores no se podía hacer.

Tras alertar a este directivo de lo improcedente de esa práctica, éste le dijo que era orden directa del consejero delegado Ricardo Currás y que debía hacerse sí o sí. DTW es la empresa radicada en Suiza y participada al 100% por Dia con la que se negociaba con proveedores internacionales, y que fue usada presuntamente por el CEO para inflar los resultados del grupo incluyendo "estimaciones no justificadas de ingresos".

El directivo ha señalado que este tipo de irregularidades no tuvieron lugar nunca entre 2011 y 2015, pero en cambio sí se produjeron en 2016 y 2017. Ha afirmado así en su declaración que se hacían ampliaciones sobre futuros ingresos que no estaban pactados aún con proveedores.

Este viernes también ha declarado ante el juez en calidad de testigo Etienne Coste De Bagneaux, quien fue el director de Gestión de Control del Grupo Dia hasta su despido el 19 de julio de 2019.

PRINCIPALES INVESTIGADOS

En esta causa, en la que se investiga la presunta alteración de casi 52 millones de euros en las cuentas del grupo, los principales investigados hasta la fecha son el ex consejero delegado del Grupo Ricardo Currás y el que fuera su número dos Amando Sánchez Falcón.

Se les imputan delitos de administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la empresa en 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.

La investigación se inició después de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de Dia, y el juez en el auto de imputación de Currás indicaba que para la consecución de los objetivos propuestos para 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, "Currás ideó un plan, que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas, para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo" en este balance, "lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión".

Según un nuevo informe con fecha de 17 de agosto, el fiscal entiende que se han de mantener todas las imputaciones previas porque las alteraciones se produjeron "al efecto de elaborar unas cuentas anuales que trasmitieron al mercado una situación irreal de la sociedad, basadas en simples conjeturas o deseos del Consejero Delegado que, pese a no materializarse en las cifras del día a día, se mantenían".

La Consejería de Salud ha confirmado 198 nuevos casos de coronavirus diagnosticados este jueves. Además, se registró el fallecimiento de una mujer de 96 años, usuaria de un centro residencial sociosanitario.

Once de las personas afectadas han precisado ingreso hospitalario, una de ellos en la UCI, y las demás presentan síntomas leves o están asintomáticas y permanecen aisladas en sus domicilios. Por otro lado, se produjeron 14 hospitalizaciones de personas diagnosticadas en días anteriores. No ha habido nuevos ingresos en la UCI.

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa con las investigaciones para determinar los vínculos de los contagios detectados. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) efectuó el jueves 4.152 pruebas PCR, por lo que la tasa de positividad se situó en el 4,76%.

ALERTAS NARANJA

El municipio de Ponga deja de estar en alerta naranja, puesto que desde hace ocho días no registra positivos, y en San Martín del Rey Aurelio se mantendrá esta medida hasta el próximo miércoles, al constatar los expertos que esta semana se han detectado 52 nuevos casos.

Además de este último concejo, continúan en alerta naranja Avilés, Gijón, Mieres y Lena, así como la localidad ovetense de Trubia. Respecto a los llamamientos a la población por brotes que permanecen activos, se han recibido 2.427 formularios de los ciudadanos.

La Consejería de Salud recuerda que estos avisos corresponden a los gimnasios AltaFit-Natahoyo y MacFit, de Gijón, y Quirinal 14 Sport, de Avilés; y a los de los establecimientos hosteleros La Panoya de Cenera (Mieres), Casa Eliseo (El Entrego) y El Duende de Trubia (Oviedo). Las personas que hayan visitado estos locales deben rellenen el formulario disponible en Astursalud (https://www.astursalud.es/en/formulario-pcr) o llamar al teléfono 984 100 400.

El Sespa contactará con los afectados para valorar la indicación de una PCR. Mientras tanto, estas personas deben limitar su vida social, vigilar su estado y cumplir con rigor las medidas de protección: lavado frecuente de manos, uso correcto de la mascarilla y mantenimiento de la distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio.

Las autoridades sanitarias insisten en que, aun siendo importante la realización de la prueba en estos términos, lo fundamental son las medidas de protección y prevención.

LLAMADA A RESTRINGIR LA VIDA SOCIAL

Asimismo, se pide a la ciudadanía que durante los próximos 15 días, especialmente durante los fines de semana, restrinja su vida social y la movilidad debido a la gran transmisión del virus, como refleja el número de contagios y brotes.

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica notificó al ministerio el miércoles 24 brotes activos con 258 infectados. De ellos, 18 han sido declarados durante la última semana. Además, se ha producido un incremento de las hospitalizaciones, con una ocupación media del 6,77%.

La Consejería de Salud recuerda que desde ayer el Principado está en una fase 2 de desescalada modificada para disminuir los contagios y contener la gravedad y mortalidad por la pandemia.

En este sentido, las personas mayores de 65 años o con patologías crónicas que viven fuera de los entornos residenciales han de extremar las medidas de protección y seguridad, evitar espacios cerrados, actividades grupales y encuentros en lugares cerrados.

Está prohibido el consumo en barra y la venta de alcohol en gasolineras y en comercios minoristas, estos últimos a partir de las diez de la noche. Además, se limitan a seis las personas que pueden sentarse en una mesa en establecimientos de hostelería y restauración.

Tampoco se permiten las fiestas relacionadas con el otoño en toda la comunidad autónoma y se suspende la realización de eventos multitudinarios. En cuanto a las actividades autorizadas previamente, Salud Pública reevaluará los riesgos.

El Principado recuerda a las personas que están pendientes del resultado de una PCR o que son consideradas contactos estrechos que es obligatorio cumplir con rigor la cuarentena y los aislamientos en sus domicilios.

Lucía Auñón, recién graduada en Medicina en la Universidad de Málaga (UMA), ha sido elegida vicepresidenta de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina (IFMSA, sus siglas en inglés).

La International Federation of Medical Students Associations es una organización de la que forman parte más de un millón de estudiantes de 134 países diferentes. Colabora activamente con la ONU, la OMS y la Asociación Médica Mundial, entre otras instituciones.

En España, IFMSA está representada por IFMSA-Spain, que cuenta con 24 comités locales en casi todo el país. El de la Universidad de Málaga es AEMMA (Asociación de Estudiantes de Medicina de Málaga).

La labor de este colectivo internacional se caracteriza por el activismo social, a través del cual se intenta educar y concienciar a estudiantes de ciencias de la salud y a la población en general en distintos temas relacionados con la salud pública, los derechos humanos, la salud sexual y reproductiva y la educación médica.

En este contexto, se hacen numerosas campañas de prevención y promoción de la salud a nivel tanto local como nacional e internacional. Por otra parte, se organizan intercambios formativos para estudiantes de Ciencias de la Salud, que pueden hacer prácticas durante un mes en un hospital de cualquiera de los países miembro de IFMSA.

De esta forma se busca enriquecer su formación para que sean mejores profesionales en un futuro y establecer una red de cooperación entre estudiantes de todo el mundo. Dentro de su colaboración con AEMMA, Lucía Auñón ha hecho prácticas en Ghana y Tailandia.

La joven comenzó a participar con la Federación en 2016, cuando estaba en tercer curso, organizando actividades a nivel local con AEMMA. Los dos años siguientes formó parte del grupo de coordinación de IFMSA-Spain y durante el último año participó más en el ámbito internacional, al formar parte del equipo de 'Capacity Building'.

En la Asamblea General celebrada en marzo, en Ruanda, presentó su candidatura para integrar la junta directiva de IFMSA y fue elegida. Como consecuencia de la pandemia, su periodo como vicepresidenta de este organismo comenzó el pasado 1 de octubre, dentro de la sección de 'Capacity Building', que en castellano se traduce como "formación no formal" o "desarrollo de capacidades".

Su trabajo, según han informado desde la UMA en un comunicado, consiste en crear, organizar y desarrollar todas las oportunidades formativas, tanto virtuales como presenciales, realizadas en el ámbito de IFMSA.

Un total de 15 españoles han sido oficiales de IFMSA anteriormente, de los que seis integraron en su día la junta directiva. El último estudiante de la UMA que fue oficial de IFMSA fue Daniel Rodríguez, en el curso 2008-09, mientras que el último español ostentó el cargo en 2012.

Canarias tiene actualmente 34 docentes y 216 alumnos con positivo por coronavirus cuando se cumplen un mes desde el inicio de la actividad lectiva, lo que ha supuesto el cierre de 79 grupos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, que implica un 0,4 por ciento del total de grupos (más de 17.000 según los datos actualizados de centros públicos, concertados y privados).

Así, la Consejería canaria de Educación matiza que de los 30.000 docentes que hay en las islas, 34 son positivos, mientras que de los más de 324.000 alumnos escolarizados en el archipiélago, 216 han dado positivo.

En cuanto a los análisis de las más de 20.000 muestras tomadas a personal docente, PAS y estudiantes de 90 colegios de Las Palmas de Gran Canaria, tras una intensa semana de recogida de muestras y a falta de procesar el último día, han arrojado cuatro positivos en coronavirus, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en nota de prensa.

Para realizar la recogida de muestras han intervenido un total de 23 equipos sanitarios, 119 enfermeros, y 41 auxiliares de Enfermería.

Colectivos antifascistas han convocado para esta tarde una manifestación en el madrileño distrito de San Blas "en repulsa por las agresiones racistas", en respuesta a las protestas lideradas en la zona por grupos antifascistas contra menores extranjeros no acompañados que viven en el barrio (menas).

La marcha, publicitada en redes sociales "contra el racismo y el fascismo" comenzará a las 20 horas y discurrirá entre el parque de la avenida de Guadalajara 111 y la calle Rusia número 11. Ha sido comunicado a la Delegación del Gobierno en Madrid para "solidarizarse con los menores migrantes no acompañados" y esperan reunir a 500 personas, según han indicado un portavoz del departamento que dirige José Manuel Franco.

Ante ello, y en previsión de posibles incidentes por enfrentamientos con grupos ideológicos rivales, la Policía Nacional se desplegará en la zona, han confirmado esta mañana fuentes policiales.

De hecho, los agentes de la Unidad de Intervención Policial ya evitaron ayer que varios manifestantes llegaran hasta los pisos gestionados por una fundación donde viven los 'menas' tutelados por la Comunidad de Madrid, situados en la avenida de Guadalajara, como sí hicieron la noche anterior.

Los policías se desperdigaron por toda la zona y lograron que las decenas de personas concentradas en una plaza no llegaran hasta su destino, en una protesta fraguada en redes sociales y que no contó con autorización de la Delegación. Los agentes identificaron a varias personas, entre ellos algunos pertenecientes a círculos ultraderechistas, han indicado las mismas fuentes.

En la manifestación del miércoles a última hora de la tarde se reunieron un centenar de personas. Algunos de ellos corearon cánticos racistas como "Menas hijos de puta" o "Madrid será la tumba de los menas" y llevaban pancartas con los lemas 'Fuerza y Honor' y 'Contra nosotros, quien pueda' y rodearon uno de los pisos donde viven estos menores donde les cantaban "No nos mires, tírate". La Red Española de Inmigración denunciará ante la Fiscalía este "cerco".

El desencadenarte de estas protestas fue una pelea ocurrida el noche del martes en la calle Fráckfort, donde cuatro adolescentes de origen marroquí agredieron con palos con pinchos, piedras y correas a dos jóvenes, resultado uno de ellos hospitalizados con fuertes lesiones en cara y cabeza. La Policía detuvo a los agresores, uno de ellos de 17 años y otros mayores de edad.

Las dos víctimas pertenecen a una facción de extrema derecha, según las mismas fuentes. El colectivo antifascista San Blas En Lucha asegura que se trata de dos neonazis "conocidos en el barrio por sus agresiones y actos vandálicos" y que antes de lo ocurrido se dirigieron a los menores magrebíes al grito de "menas hijos de puta, con la intención clara de atacarles con palos, defendiéndose los menores de esta injusta agresión".

Vecinos del barrio de Las Rosas se han desvinculado por las protestas realizadas por colectivos ultraderechistas pero denuncian la inseguridad y el aumento de delitos en la zona, poniendo el foco en algunos de los 'menas' que viven en estos pisos. De hecho, ayer por la tarde se reunieron con representantes de la Junta del Distrito de San Blas-Canillejas y de la Delegación del Gobierno para intentar resolver esta problemática.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Políticas Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y los otros cuatro ministros de Unidas Podemos que integran el Gobierno de coalición cuentan con un total de 19 coches oficiales, lo que supone un 13,1% del total que está a disposición del Ejecutivo y una cuantía inferior a los vehículos asignados a Moncloa.

En concreto, el departamento de Política Social que dirige el vicepresidente Pablo Iglesias dispone de cinco vehículos oficiales, los mismos que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, según consta en una respuesta parlamentaria a Junts.

El resto de ministros de la coalición --Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades)-- tienen a su cargo tres coches por cada departamento.

LOS ESTATUTOS DE PODEMOS ACONSEJAN TRANSPORTE PÚBLICO SI ES POSIBLE

Los estatutos de Podemos establecen la obligación a renunciar, por parte de los altos cargos, a la asignación de un vehículo oficial de carácter permanente, "excepto cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad así lo recomienden expresamente por razones de protección personal".

En todo caso, recalcan que el uso de vehículos oficiales solo podrá hacerse "cuando sea imprescindible para el servicio público" no pudiéndose utilizar "en ningún caso" para desplazamientos al domicilio propio o familiar u otros usos no vinculados a lo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones públicas."En lo posible, darán ejemplo haciendo uso de medio de transporte colectivos u otros medios de transporte respetuosos con el medio ambiente", añaden.

MONCLOA COPA EL 17,2%

En total, el Gobierno informa de que los 22 ministros que conforman el Gobierno de coalición cuentan con 145 coches oficiales, siendo el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con sede en Moncloa, el departamento con más vehículos: 25, casi la sexta parte (17,2%).

Le siguen los Ministerios de Hacienda, con 13 coches, y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al frente de la que se encuentra la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, que suma un total de 11.

INTERIOR SOLO TIENE UN COCHE

El resto de departamentos ministeriales van del único coche que tiene el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a los siete que tiene la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos y los ocho con los que cuenta Arancha González Laya en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El grueso de ministerios dispone de media de cinco vehículos (Agricultura, Pesca y Alimentación; Ciencia e Innovación; Cultura y Deporte, Defensa, Derechos Sociales y Agenda 2030; Educación y Formación Profesional; Sanidad; y Trabajo y Economía Social) o de seis (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Industria, Comercio y Turismo; Política Territorial y Función Pública; y Transición Ecológica y Reto Demográfico).

De su lado, los ministerios capitaneados por Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades), todos ellos de Unidas Podemos, tienen en cartera tres coches oficiales cada uno.

De los vehículos reservados para cada Ministerio, uno es fijo para el ministro y el resto se suelen repartir por rango (secretarías de estado, direcciones generales, etc) en función de las necesidades.

348 VEHÍCULOS PARA LAS AUTONOMÍAS

Además de los 145 vehículos reservados para el Gabinete de Ministros, el Parque Móvil del Estado acumula otros 348 destinados a las distintas delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, siendo Andalucía, con 60, la comunidad con más vehículos en su haber.

Tras Andalucía se sitúan Galicia (36), Cataluña (35), Castilla y León y Canarias (29), Comunidad Valenciana (24), País Vasco (20), Castilla La-Mancha (18), Aragón (16), Asturias, Murcia y Extremadura (12), Cantabria (11), Baleares (10), Comunidad de Madrid (9), Navarra (5), Ceuta (4), y La Rioja y Melilla (3).

Un 83% de las empresas españolas cuentan actualmente con una política de teletrabajo tras el impacto que ha tenido la crisis del Covid-19 en la forma de trabajar, lo que supone siete puntos porcentuales más que la media del 76% de las compañías europeas, según una encuesta elaborada por Microsoft.

El estudio, en el que se ha consultado a más de 9.000 directivos y empleados de empresas de más de 250 trabajadores de toda Europa, constata que la evolución del escenario del trabajo ha sido "radical" en estos últimos meses, ya que hace tan solo un año un 15% de compañías tenía una política de teletrabajo.

En este sentido, añade que, pese a que los empleados siguen apreciando el valor de acudir a la oficina, el estudio revela que, de media, tanto en Europa como en España, a los trabajadores les gustaría pasar al menos un tercio de su tiempo fuera del entorno tradicional de oficina, aunque consideran que el que pasan en la misma es "muy valioso" para estrechar lazos con sus compañeros.

Asimismo, el informe señala que los directivos han visto la oportunidad de mantener el aumento de productividad que han experimentado en el nuevo entorno laboral que ha generado la pandemia del coronavirus, al mismo tiempo que logran mejorar la implicación de los empleados.

En este sentido, en Europa, ocho de cada diez directivos indican que el teletrabajo ha traído asociada una productividad igual o mayor y un 56% ve en los modelos de teletrabajo un factor importante para la retención de talento en las organizaciones. De hecho, esta cifra crece hasta un 76% en España.

Sin embargo, el informe advierte que el teletrabajo puede provocar una caída en la innovación, ya que es más difícil que las nuevas ideas prosperen en un entorno en el que las personas se sienten más desconectadas de la empresa y de sus compañeros.

Así, apunta que los resultados de un estudio similar de Microsoft hace un año indicaban que el 56% de los directivos europeos y el 73% de los españoles, pensaban que sus empresas eran innovadoras en cuanto a productos y servicios básicos. Este año, esa cifra muy diferente, cae al 40% de los directivos europeos y 41% de los españoles.

Por otro lado, un 95% de los directivos participantes en la encuesta elaborada por Boston Consulting Group y KRC Research para Microsoft considera clave la adaptación de la forma de trabajo para impulsar la innovación y la flexibilidad, dentro de sus prioridades de transformación empresarial.

En España la prioridad de los directivos coincide con la tendencia europea y, solo en los sectores de Sector Público, Industria y Servicios de Consumo la respuesta no es unánime, ya que un 8%, 11% y 17% de los encuestados, respectivamente, indican que no consideran importante el impulso de este tipo de medidas.

La Conselleria de Sanidad ha aumentado las restricciones en los municipios de Elche, Orihuela, Guadassuar y Onda, reduciendo aún más el aforo y el número de personas permitido, ante el aumento "significativo" de casos de coronavirus detectado con trasmisión comunitaria. Las 22 medidas acordadas, que estarán detalladas en una resolución que se publicará esta tarde, entrarán en vigor a las 00.00 horas y tendrán una vigencia inicial de 14 días.

Al respecto, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha explicado en una rueda de prensa que las medidas adoptadas se basan en una "evaluación del riesgo" y que "deben ser proporcionales y proporcionadas a los distintos niveles de alerta, no solo por el índice de infección por cada 100.000 habitantes sino un por conjunto indicadores como los brotes y su trazabilidad. Por ello, ha conminado a no hacer comparaciones con el resto de municipios.

De ese modo, según el análisis de todos los indicadores, se ha acordado en Guadassuar, Elche, Orihuela, salvo Orihuela playa y la pedanía de Torremendo, limitar a 6 personas el número máximo en cualquier agrupación o reunión familiar y social, tanto en espacios públicos y privados excepto personas convivientes, y reducir el aforo al 50%.

Por su parte, en Onda se limita a diez personas las reuniones y el aforo al 60%. No obstante, las cifras no hacen aconsejar por el momento un confinamiento y no está impacto en el sistema sanitario salvo en Onda, donde ha aumentado la presión en atención primaria. En el resto de la Comunidad el máximo de diez personas en cada reunión es una recomendación y el aforo está al 75%.

Además, en las cuatro ciudades hay restricciones para las visitas de centros de mayores y discapacidad y en las tres primeras suspensión de actividades de los hogares de jubilados y centros de día.

Así, ha señalado que en el caso, de Elche (Alicante) se ha detectado "trasmisión comunitaria sostenida" y ha destacado la colaboración que le brindó su alcalde, Carlos González, en la conversación mantenida ayer para atajar "este incremento constante de casos que se ha agudizado en los últimos 28 días" y de forma "significativa" en estas dos semanas.

En concreto, se ha pasado de 64 casos por cada 100.000 habitantes entre el 1 y 13 de septiembre, a 203,9 entre el 14 y 27 de septiembre y a 215 entre el 28 septiembre y 11 octubre. Además, hay "una pérdida de trazabilidad lo que demuestra que la circulación del virus es importante". Asimismo, se han registrado 40 brotes en las últimas semanas, el 75% son de carácter social y por edades el 43% entre los 15 y 44 años y solo el 15% de mayores de 65 años.

En Orihuela, salvo playa y la pedanía de Torremendo, hay un crecimiento "exponencial" en los últimos 28 días. Así, la incidencia ha pasado de 120 casos por 100.000 habitantes entre el 1 y 13 septiembre, a 188 la siguiente quincena y ahora está en 431.

Además, el crecimiento de casos no se puede explicar por los numerosos brotes detectados, la mayoría de ellos de ámbito social relacionados con reuniones familiares o de amigos, lo que indica una pérdida de la trazabilidad y, por lo tanto, la existencia de transmisión comunitaria sostenida. El 41% de los brotes son entre los 15 y 44 años, y en los mayores de 65 el 17,20% lo que explica que "no se haya observado una carga importante en el Hospital".

Del mismo modo, la evolución de la situación epidemiológica en Guadassuar (Valencia) muestra una tendencia creciente a partir de la semana 36 que se hace claramente exponencial en la semana actual. La trazabilidad en este municipio es baja a pesar de haberse detectado un brote relacionado con un gimnasio que ha aportado 33 casos.

El resto de brotes son de muy pequeña magnitud de manera que en gran parte de los casos no se ha podido determinar dicha trazabilidad. Afecta principalmente a adultos jóvenes, el 40% de los casos se dan entre 35 y 44 años, por lo que de momento no hay sobrecarga en el hospital.

Barceló ha señalado que en los tres municipios "se constata transmisión comunitaria sostenida, con una tendencia creciente significativa en el número de casos en las últimas semanas y disminución de la trazabilidad por lo que es necesario adoptar medidas excepcionales para reducir el impacto de la pandemia y, con ello, evitar el desbordamiento del sistema sanitario".

SITUACIÓN DE ONDA

Por su parte, la evaluación de riesgo realizada en Onda por el Centro de Salud Pública de Castellón, constata la existencia de transmisión comunitaria sostenida, es decir un nivel alto de circulación del virus con difusión en la comunidad. La evolución de la pandemia en el municipio es ascendente observándose un incremento muy marcado en el número de casos especialmente a partir de la semana entre el 21 y 26 de septiembre y en los últimos 14 días el índice ha llegado a los 305 casos. Además, el riesgo de enfermar es entre 5 y siete veces mayor que en el resto del departamento.

Los casos se han producido tanto agrupados en brotes, más de 20 de origen social o familiar, como de forma aislada. El incremento de casos está teniendo impacto en el sistema sanitario especialmente en la atención primaria dado que la mayor parte de los casos se concentran en los adultos jóvenes y, por lo tanto, menos susceptible de cumplir criterios de hospitalización.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha presentado este viernes en el Centro de Arqueología Subacuática (CAS) en Cádiz los actos que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ha programado en las ocho provincias andaluzas con motivo del 30 aniversario (1990-2020) de la creación de esta institución científica al servicio del patrimonio cultural de Andalucía.

Durante el acto, Del Pozo ha destacado el papel fundamental que ha tenido en estas tres décadas como apoyo científico y técnico de la Consejería, en su labor de tutela patrimonial del territorio andaluz, según ha indicado la Junta en una nota.

Del mismo modo, la titular de Cultura ha señalado que el IAPH, centro de excelencia científica, ha desarrollado su labor "desde el reconocimiento del patrimonio cultural como un bien común que genera cohesión y ciudadanía, además de ser un recurso esencial de uno de los motores del desarrollo económico y social de la comunidad andaluza".

Una institución, ha añadido, "fuertemente comprometida con el territorio andaluz y, al mismo tiempo, un ejemplo de apertura al mundo que, a lo largo de estos treinta años, ha multiplicado la colaboración con otras entidades tanto a nivel nacional como internacional, con objeto de favorecer el intercambio y la transferencia de experiencias y conocimientos en torno a la gestión del patrimonio.

Para celebrar este aniversario, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico estará presente en las ocho provincias andaluzas entre los meses de octubre y diciembre, haciendo balance de la actividad llevaba a cabo en materia de investigación, documentación, conservación-restauración, divulgación y formación de especialistas.

Entre las actividades programadas con motivo del aniversario destacan un ciclo virtual de conferencias, en las que se analizarán algunos de los proyectos emblemáticos del IAPH en cada provincia, y una publicación especial de la revista 'PH' sobre la trayectoria y futuro de este centro.

Además, se reforzará en estos meses la difusión de la 'Guía Digital del Patrimonio Cultural' de Andalucía y se pondrá en marcha un programa de visitas temáticas sobre los 30 años en la sede principal del IAPH en Sevilla.

EL IAPH EN CÁDIZ

Por otro lado, el director del IAPH, Juan José Primo Jurado, ha hecho balance de la actividad patrimonial en la provincia de Cádiz, especialmente de la labor desarrollada por el Centro de Arqueología Subacuática (CAS), con información de más de 2.000 naufragios históricos en aguas andaluzas, 116 intervenciones en yacimientos arqueológicos subacuáticos y 102 documentados.

También ha señalado proyectos de investigación y a la permanente actividad de difusión, que ha alcanzado en 2020 la cifra de 9.000 visitantes --el 45% escolares-- a la sede del CAS en el Balneario de la Palma y el Real.

Junto al patrimonio arqueológico subacuático, el Instituto ha documentado un amplio y diverso patrimonio gaditano, de acceso libre en línea a través de la Guía Digital con un total de 3.373 bienes del patrimonio inmueble, 13.660 bienes del patrimonio mueble, 167 expresiones del patrimonio inmaterial, 13 paisajes culturales y seis rutas culturales, algunos de los cuales han sido intervenidos y restaurados en el instituto, según ha detallado la Junta.

Entre estas actuaciones destacan la intervención paisajística --premio Hispania Nostra-- en el entorno del conjunto arqueológico de Baelo Claudia en la Ensenada de Bolonia, el proyecto de conservación del Oratorio de la Santa Cueva y la restauración del Cristo de Bornos, escultura de caña de maíz. En materia de formación, el IAPH ha organizado en Cádiz un total 37 actividades en las que se han especializado 956 personas.