La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del rapero Pablo Rivadulla, conocido artísticamente como Pablo Hasel, para que cumpla una condena de nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales.

En un auto de el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que el propio rapero ha compartido en su cuenta de Twitter, se le da diez días para que ingrese voluntariamente en un centro penitenciario. Esta decisión llega después de que en noviembre el Tribunal Constitucional (TC) notificara que inadmitía a trámite el recurso que Hasel presentó contra su condena, que previamente fue confirmada por el Supremo en junio.

El rapero ha reaccionado a este anuncio señalando en su perfil de Twitter que "al final no ha habido la suficiente solidaridad para parar esto" --en referencia a su condena-- y ha apuntado que afecta a la mayoría porque no se tienen garantizada "la libertad de expresión". "Van a encarcelarme por contar hechos objetivos, pero jamás van a doblegarme", ha añadido.

Según apunta en su cuenta la Red Jurídica de Abogados, se está "ante el primer rapero de Europa que va a la cárcel por decir lo que piensa", y recuerdan que otros 13 raperos han sido condenados sin ingresar en prisión.

En diciembre, cuando se conoció la inadmisión del TC, la defensa de Hasel ya advertía de que la Audiencia Nacional podía ordenar su ingreso en prisión de manera inminente, porque a esta última condena se sumaba otra anterior a dos años de cárcel que se le impuso en marzo de 2015 por enaltecer a ETA en varios vídeos difundidos por Youtube.

LOS MENSAJES EN TWITTER Y LA CANCIÓN EN YOUTUBE

Hasel fue condenado a 9 meses y 1 día de prisión por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en septiembre de 2018, así como al pago de una multa de aproximadamente 30.000 euros. Este tribunal redujo no obstante la pena inicial de marzo de 2018 que le impuso la Sala de lo Penal, y que ascendía a dos años y un día de prisión.

Según el Supremo, que confirmó la postura de la Audiencia Nacional, el artista difundió en su perfil de Twitter --que entonces contaba con más de 54.000 seguidores, hoy más de 100.000-- más de 60 mensajes entre los años 2014 y 2016 en los que ensalzó la figura de miembros de ETA, como es el caso del exjefe militar de la banda terrorista, el fallecido Joseba Arregi, de quien dijo que murió torturado por la Policía y de los GRAPO como Isabel Aparicio, detenida en octubre de 1979 y "exterminada por comunista", según sus publicaciones.

También incluyó 'tuits' en su cuenta que incorporaban vídeos que incitaban a la violencia, con comentarios que se consideran enaltecedores del terrorismo y vejatorios para la Corona y otras Instituciones del Estado como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A eso sumaban que en hasta 1.915 'tuits' aparecían las palabras GRAPO, Monarquía, Borbón, Rey, ETA, terrorismo, bomba, Policía y Guardia Civil.

Ante el alegato de que esos mensajes se amparaban en la libertad de expresión y de opinión, el Supremo señaló que ese derecho "cuenta con algunas barreras" y está condicionado "por otros derechos y exigencias constitucionales" como el del respeto al otro y por "la prohibición de conductas de alabanza de actividades terroristas que alimente un clima favorable a su reproducción o se constituya en germen, remoto pero real, de nuevas acciones de esa naturaleza".

LIMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Además, el Supremo entendió que Hasel no puede ampararse en la libertad de expresión puesto que los hechos probados recogen una pluralidad de mensajes, que es reincidente en actos semejantes en el pasado, y que tienen "un indudable carácter laudatorio de organizaciones terroristas" y de miembros en activo de las mismas.

En este sentido, indica el TS que los mensajes del rapero van más allá de la crítica social y comportan una alabanza no ya de objetivos políticos sino de los medios violentos empleados por esas organizaciones terroristas. A juicio del tribunal existe además un elevado riesgo real de que alguno de sus seguidores intente repetir un acto violento porque los mensajes "contienen una incitación a su reiteración".

Al hilo, subrayó que para los fines del terrorismo es "extraordinariamente útil y valiosa la aportación de quienes ensalzan las acciones, justifican la violencia y expresan simpatía frente a la eliminación física del disidente

Esta sentencia se dictó con el voto a favor de la condena de tres magistrados, si bien tuvo el voto particular de dos magistrados, Miguel Colmenero y Ana María Ferrer, que señalaron que ni los mensajes de Twitter ni la letra de la canción "alcanzan desde el punto de visto objetivo el rango de tipicidad que corresponde a los delitos por los que se emite el pronunciamiento de condena".

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y el de Salud y Familias, Jesús Aguirre, han informado este jueves de la activación ya del Plan 7.500 para hacer frente a la tercera ola del coronavirus, ya que la previsión es llegar este viernes a las 4.500 personas ingresadas en centros hospitalarios.

Así lo han señalado ambos en una visita a las obras de modernización del Hospital Comarcal de Antequera (Málaga). A fecha de este jueves hay 4.417 hospitalizaciones, 149 más que este pasado miércoles, con lo que, ha dicho Bendodo, "activamos ya el plan 7.500 porque evidentemente mañana --este viernes-- con seguridad vamos a superar los 4.500 ingresos hospitalarios".

En este sentido, el consejero ha indicado que de esta forma "Andalucía se prepara para hasta un pico máximo de 7.500", aunque se ha mostrado convencido "y espero no equivocarme, de que nunca lleguemos a esa cifra de ingresos hospitalarios".

Con este plan se aumentan las camas hospitalarias desde las 13.532 hasta las 15.384 y de 1.462 a las 2.622 en las Unidades de Cuidados Intensivos (incluyendo 534 quirófanos sin actividad quirúrgica). Además, conlleva la activación de todos los planes de contingencia hospitalarios, así como un cese de la actividad asistencial normal en función de las instrucciones recogidas en los planes de contingencia de cada hospital.

Bendodo ha indicado que el plan contempla "también la contratación de todo el personal sanitario que sea necesario". "Presupuesto tenemos lo que nos hace falta es que haya personal, porque las bolsas de trabajadores de la sanidad se nos han agotado y estamos tirando de todos los recursos que podemos", ha indicado.

Ha indicado que la ocupación de camas UCI actual es del 34 por ciento, lo que supone siete puntos menos que la media española "pero no nos podemos relajar, luchamos contra todo lo que podemos y lo primero es salvar vidas".

En este punto, ha recordado el anuncio realizado este pasado miércoles por el presidente andaluz, Juanma Moreno, de que "Andalucía desde ya dispone de todos los recursos sanitarios públicos y privados para afrontar la pandemia". "A ningún andaluz le va a faltar una cama hospitalaria si le hace falta sin coste", ha resumido respecto a dicho acuerdo.

Bendodo ha indicado que si Andalucía hubiera "acometido la lucha contra el COVID con la sanidad que nos dejó el socialismo, hace meses que esa sanidad habría colapsado", apuntando que es "gracias al empuje en inversiones en la Consejería de Salud lo que hace que sigamos resistiendo a esta agresiva tercera ola". Ha dicho que se han realizado casi 1.000 actuaciones en infraestructuras.

Por su parte, Aguirre ha incidido en cuanto a ocupación en que "tenemos todavía un margen muy importante de maniobra" respecto a otras comunidades autónomas "porque hemos inaugurado muchísimas UCI, muchísimas camas hospitalarias, hemos estado como hormiguitas, trabajando para tenerlo todo preparado y poder abordar esta tercera ola de la mejor forma".

La Conselleria de Sanidad ha garantizado que dispone de stock suficiente para administrar la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 y además este domingo recibirá 4.200 dosis de Moderna con las que la próxima semana comenzará a inocular la primera dosis a los profesionales de los hospitales privados y a los sanitarios de primera línea de la pública y residencias que quedan por recibirla.

Al respecto, fuentes del departamento que dirige Ana Barceló han señalado que tienen todas las segundas dosis "aseguradas" y se están administrando sin problema, a pesar del retraso en la llegada de los viales inicialmente comprometidos por Pfizer, gracias al stock que se dispone.

Además, han destacado que este domingo se recibirán 4.200 dosis de Moderna para comenzar a administrar la primera dosis en hospitales privados. En total hay 8.000 profesionales en hospitales privados en la Comunitat Valenciana que serán vacunados en sus propios centros.

Asimismo, estos viales de la farmacéutica estadounidense se emplearán en completar la primera dosis de las residencias y profesionales de primera línea que quedan.

La Conselleria de Sanidad ha recibido un total de 145.830 dosis, 142.930 de Pfizer y 2.900 Moderna. De ellas, a datos de ayer, se han administrado 110.197, 107.533 de Pfizer y 2.664 de Moderna y ya han recibido las dos dosis de la vacuna 9.368 personas, según las mismas fuentes.

La población residente en España aumentó en 18.953 personas en la primera mitad de 2020 y se situó en 47.351.567 habitantes a 1 de julio del año pasado, según los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho públicos este jueves. Se trata de "valor máximo de la serie histórica".

Para realizar este estudio, el INE ha sufrido, también, las conseciencias de la pandemia, tal y como señala el organismo. En primer lugar debido al aumento de la mortalidad, además del hecho de que las restricciones de movilidad han supuesto una reducción de los flujos migratorios.

Del mismo modo, las estadísticas se han visto afectadas por la gestión padronal por parte de los ayuntamientos, ya que, por el Covid-19, estas administraciones no pudieron trabajar con normalidad y porque los plazos administrativos sobre caducidad y comprobación de residencia de extranjeros se ampliaron.

Aún así, el INE ha presentado unos datos que muestran un aumento de la población, a pesar del saldo vegetativo negativo de 94.057 personas registrado en los seis primeros meses de 2020. En este periodo, se han contabilizado 167.559 nacimientos, frente a 261.616 defunciones.

AUMENTA EN MÁS DE 99.000 LA POBLACIÓN EXTRANJERA

Lo que ha compensado esta cifra, explica el INE, ha sido el saldo migratorio positivo de 113.856 personas. En los seis primeros meses de 2020 se registraron 245.301 inmigraciones procedentes del extranjero, mientras que se contabilizaron 131.445 emigraciones con destino al extranjero.

En cuanto a las migraciones, los datos destacan que la cifra registrada supone una reducción del 29,9% de las llegadas con respecto al mismo periodo del año anterior. Del mismo modo, precisa que, del total de migrantes procedentes del extranjero, 221.395 tenían nacionalidad extranjera (un 90,3%), mientras que 23.906 eran españoles (un 9,7%).

En este sentido, precisa que la llegada de españoles no consiste en una inmigración de retorno, sino de personas con nacionalidad española nacidas en el extranjero. De hecho, apunta el Instituto, solamente 9.299 personas de las 23.906 que inmigraron habían nacido en España.

En cuanto a las emigraciones, se han contabilizado 90.547 salidas en los seis primeros meses de 2020. Estas también suponen una reducción, de un 4,3%, con respecto a las registradas un año antes. En este caso, las emigraciones fueron protagonizadas por extranjeros (68,9%) y 40.898 por españoles (31,1%).

COLOMBIA, VENEZUELA Y MARRUECOS

Con este escenario, el INE recoge que la población extranjera en España ha crecido, en 99.183 personas, y suma, a 1 de julio de 2020, un total de 5.326.089 habitantes --580.788 de ellos nacidos en España--. Por el contrario, la población de nacionalidad española se ha reducido en 80.230 personas, situándose en algo más de 42 millones de personas.

Entre las principales nacionalidades, los mayores incrementos se dieron en la población colombiana (27.931 personas más), venezolana (17.043 más) y marroquí (10.968 más). Y los mayores descensos en la de Rumanía (-3.001), Ecuador (-2.203) y Bulgaria (-542).

Por otra parte, y términos de crecimiento de población en general, el INE señala que, por comunidades autónomas, los mayores incrementos en términos relativos se dieron en Baleares (0,37%), Canarias (0,33%) y Región de Murcia (0,28%); mientras que los mayores descensos se dieron en Castilla y León (-0,42%), Principado de Asturias (-0,34%) y Extremadura (-0,25%).

El actual presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha aceptado la propuesta del candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de integrarse eventualmente en su equipo de gobierno si fuera designado president de la Generalitat por el Parlamento de Cataluña, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Lucena continuará desempeñando sus funciones como presidente y consejero delegado de la compañía "con dedicación exclusiva" hasta que se produzca, en su caso, su nombramiento como vicepresident económico y conseller de Economía y Hacienda en el Govern presidido por Illa.

"El plan que en el PSC tenemos para Cataluña cuenta también con un equipo. Hoy os anuncio que el vicepresidente de mi Govern será Maurici Lucena", ha anunciado el exministro de Sanidad en un 'tuit' este jueves.

Lucena ya fue diputado y portavoz del Grupo Socialista en el Parlament entre diciembre de 2012 y octubre de 2015 y su anuncio coincide con el día en el que se da inicio a la campaña electoral, en el que el PSC tiene previsto un acto simultáneo en las cuatro provincias catalanas, con Illa y Sánchez en Barcelona.

Antes de incorporarse, en 2018, a la empresa que opera los aeropuertos españoles, Lucena ocupó diferentes puestos directivos en el sector público y privado.

Lucena es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (especialidad Economía) por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona y Master en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) del Banco de España.

Inició su carrera profesional como consultor del área de análisis económico en el despacho Solchaga, Recio & Asociados, donde trabajó desde septiembre de 1999 hasta mayo de 2004.

En el sector público empresarial ha desempeñado los puestos de director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), desde julio de 2004 hasta mayo de 2010, y de vicepresidente ejecutivo (CEO) de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), desde mayo de 2010 hasta febrero de 2012.

Fue presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA) desde julio de 2008 hasta junio de 2010.

En el sector privado, en el Banco Sabadell, ha sido director de Gestión Patrimonial y Prudencial desde junio de 2016 hasta octubre de 2017 y director de Regulación Prudencial y Public Policy desde noviembre de 2017 hasta julio de 2018.

Asimismo, fue diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña desde diciembre de 2012 hasta octubre de 2015.

En el ámbito docente, ha sido profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid.

Es presidente del consejo de administración y consejero delegado de Aena desde el 16 de julio de 2018.

La Dirección General de Salud Pública ha notificado este miércoles, 27 de enero, 897 nuevos casos de COVID-19 en Aragón, 114 más que el mismo día de la semana pasada. Desde el inicio de la pandemia se han infectado un total de 97.407 aragoneses, 5.917 solo en los últimos siete días.

La incidencia acumulada de esta jornada es ligeramente superior a la de la semana anterior, 392,4 casos por 100.000 habitantes, si bien se mantiene la tendencia a la estabilización de la curva observada en los últimos días. Como referencia, en el pico de la tercera ola, Aragón alcanzó los 602 casos por 100.000 habitantes a siete días.

Otros indicadores han experimentado también una tendencia descendente o de estabilización de la cuarta oleada en Aragón. El índice de reproducción básico a los 7 días --el número promedio de casos que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una semana-- se sitúa en 0,98 por ciento, un parámetro que ha descendido en la última semana, dado que hace dos semanas se situaba en 1,21.

Asimismo, la positividad global de pruebas diagnósticas es del 17,6 por ciento en la última semana, frente al 18,57 por ciento de la pasada semana.

2.954 FALLECIDOS POR COVID

En cuanto a la cifra de fallecimientos, desde el inicio de la pandemia han muerto en la comunidad 2.954 aragoneses --2.154 en Zaragoza, 425 en Huesca y 356 en Teruel--, 99 de ellos, durante esta semana. Se mantiene la tasa de letalidad por COVID-19 en la comunidad, con un porcentaje del 3,1 por ciento. Las muertes observadas superan levemente el umbral superior del corredor endémico de los últimos siete años.

Respecto al seguimiento de los contactos a diez días, los datos siguen reflejando el incremento de los casos registrados en las últimas semanas. De este modo, en estos momentos se está realizando seguimiento a 14.547 personas, frente a las 11.989 de hace una semana. Como referencia, en el pico de la tercera oleada, el pasado mes de noviembre, se llegó a seguir a 24.297 personas.

La cifra de ingresos en los centros hospitalarios sigue una tendencia ascendente, de modo que en estos momentos la ocupación de camas en planta por enfermos COVID es del 17 por ciento y de un 36 por ciento de las camas de cuidados intensivos, si bien ya se observa una estabilización en el número de urgencias atendidas, tanto en Atención Primaria como en hospitales.

En función de estas cifras, los hospitales aragoneses adecúan el ritmo de su actividad quirúrgica y sus instalaciones para poder compaginar la atención a los enfermos COVID con pacientes de otras patologías.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

Respecto a la situación de las residencias de mayores en Aragón, en estos momentos hay 53 brotes abiertos, que afectan a 1.012 residentes y a 292 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus. En tres de estos centros solo hay contagiados residentes, en 14 solo trabajadores y en 36 tanto residentes como trabajadores. El 60,8 por ciento de los casos se concentran en 10 centros.

En la actualidad, hay 63 personas de centros residenciales que se encuentran ingresadas en hospitales de la comunidad y los centros COVID atienden a 73 personas, teniendo en cuenta que en Casetas hay residentes positivos por coronavirus, pero Gea de Albarracín y Yéqueda atienden a residentes negativos.

Desde que comenzó el segundo periodo de brotes en Aragón han fallecido 685 personas en las residencias de mayores de la comunidad autónoma.

El portavoz y vicesecretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha pedido la dimisión del concejal del Ayuntamiento de Murcia Felipe Coello por saltarse el protocolo de vacunación y aprovecharse de su cargo público para vacunarse cuando no le correspondía. Lucas ha calificado de repugnante la actitud del edil de Salud y Deportes por vacunar a miembros de Jesus Abandonado para justificar su propia vacunación, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

El vicesecretario general del PSRM-PSOE ha indicado que "Coello tiene que dimitir, y si no es así, Ballesta debe cesarlo, por coherencia y responsabilidad. Es repugnante el espectáculo que ha formado el concejal de Salud y Deportes, vacunando en Jesús Abandonado, aprovechándose de las personas más vulnerables para justificar su vacunación. Y encima, lo hizo sin estar previamente autorizado por la Consejería de Salud para formar parte de los equipos de vacunación".

Lucas ha lamentado que, a Coello, como a su jefe, lo único que le preocupa son las fotos, pero su labor es la de ser concejal, no la de recorrer puntos de vacunación. "Si quiere vacunar, que se dedique solamente a eso y lo haga de manera discreta. Es vergonzoso el silencio del alcalde de Murcia respecto a la vacunación y al exhibicionismo de su corporación en un tema tan sensible como este" ha explicado.

Además, ha dicho que la lista publicada por el Ayuntamiento de Murcia es una muestra del descontrol, de que están vacunando a quienes consideran sin tener en cuenta la estrategia. Para Francisco Lucas el consistorio "no han gestionado la pandemia, han permitido que se colapsen hospitales y UCI, nos han mentido y ahora se saltan el protocolo y se ríen de nosotros publicando una lista que no sirve para nada".

El viceportavoz del PSRM ha insistido en que el descontrol en el proceso de vacunación por parte del Gobierno regional ha provocado que no se pueda completar la primera fase e inmunizar a los profesionales sanitarios que están en primera línea, generando así una situación de inseguridad e incertidumbre en la ciudadanía.

Al respecto, ha añadido que "El PSOE va a seguir siendo ejemplar, exigiendo la dimisión de todos los cargos públicos, sean del color que sean, que se hayan aprovechado de su condición para vacunarse cuando no les tocaba, saltándose el protocolo", ha añadido.

Lucas ha afirmado que "la vacunación del concejal de Murcia es una muestra más de que el PP piensa que la Región es su cortijo y que anteponen sus intereses personales a los de la ciudadanía, faltándole al respeto a los habitantes de la Región".

Finalmente, Lucas ha recordado que la Fiscalía está investigando las irregularidades en el proceso de vacunación contra el Covid en la Región, gracias a una denuncia que interpuso el PSOE, y que ha abierto diligencias para investigar la vacunación de Felipe Coello.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido agradecer "de manera muy expresa" a todos los grupos que han decidido permitir que el decreto ley para la gestión de los fondos europeos sea revalidado en el Congreso, entre los que se incluye Vox, ya que la abstención de los de Santiago Abascal permitirá salvar la votación ante el voto negativo del PP, Ciudadanos o ERC.

"El agradecimiento del Gobierno por proteger a los españoles es a todos los que han entendido el mensaje. Hoy se trata de proteger a España", ha argumentando Calvo en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso tras el debate de la iniciativa, al ser preguntada por esa decisión de Vox

En todo caso, durante toda su comparecencia Calvo no ha querido mencionar a ningún grupo en concreto en su agradecimiento, ni tampoco ha respondido a la pregunta de si el Gobierno ha negociado con Vox su abstención.

Sin embargo, tras cargar duramente contra el PP por su rechazo, sí ha reconocido que los grupos que sí permitirán la aprobación del decreto "han decidido ponerse a disposición de este país, aunque eso implique de forma indirecta darle la razón al Gobierno". "Lamentamos que en el peor momento de a vida de nuestro país el PP no sólo no esté, sino que esté en la destrucción", ha denunciado.

"Hoy los grupos se tenían que jugar si estaban a la altura del problema que tiene España. Habrá pocas veces que la política tiene que ser tan sincera. Se lo agradezco de antemano", ha reafirmado la 'número dos' del Gobierno.

Al ser repreguntada en varias ocasiones sobre si el Gobierno ha negociado con Vox, y sobre si su agradecimiento también va dirigido a esa formación, Calvo ha insistido en cargar contra el PP por su voto en contra, y ha asegurado que los que sí van a permitir que salga adelante han tomado la actitud "que tendría cualquier ser humano" que quiere "proteger a los españoles".

"EL PP ES LA ANTIPOLÍTICA ABSOLUTA"

"El PP es la antipolítica absoluta. Agradecemos a los que apoyan", ha reiterado, tras señalar que no se imaginaban "ni en el peor cálculo" que el partido de Pablo Casado pudiera adoptar esta actitud, que ha situado "en el ránking de la deslealtad".

El Gobierno no ha logrado recabar para este decreto el apoyo de todos sus socios parlamentarios habituales, ni tampoco la abstención de Ciudadanos, a pesar de que durante el debate Calvo ha garantizado que están dispuestos a negociar y modificar el decreto y tramitarlo como proyecto de ley.

Finalmente, el decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos, reordena la Administración y revisa la normativa para facilitar su ejecución saldrá adelante gracias a la abstención de Vox.

Según ha destacado Calvo, se trata de una iniciativa que no entra en el reparto mismo de los fondos, sino que servirá para llevar a cabo las "transformaciones que necesita España" para poder ejecutar los 140.000 millones de euros que llegarán de Europa para "proteger el empleo, a la gente que tiene más dificultades o robustecer el sistema económico.

"Estos decretos no tiene que ver con reparto, es un precio, es para que los fondos se puedan ejecutar bien, con control, con coparticipación de comunidades autónomas, ayuntamientos y con el sector privado de este país", ha ahondado.

Calvo ha justificado así --aunque sin mencionarles-- la decisión de Vox de abstenerse, al entender, a su juicio, que los de Abascal han asumido que había que "proteger a España" aunque ello supusiera situarse junto al Gobierno. "Por eso resulta inenarrable e incomprensible que el principal partido de la oposición, el PP, no esté ni en el preámbulo", ha lamentado.

La Policía Nacional ha alertado de que ha detectado en las últimas semanas un incremento de los conocidos como 'fraudes BEC', intentos de estafas mediante la suplantación de la identidad digital aprovechando las gestiones para realizar contrataciones con las administraciones públicas. El "cebo" empleado suele ser un cambio imprevisto en la cuenta bancaria de pago a proveedores.

Aunque el aumento detectado en las últimas semanas afectan especialmente a organismos públicos, los fraudes afectan, además, a todo tipo de empresas, entidades, clubes de fútbol o autónomos, según ha detallado la Policía.

Para evitar que estos fraudes lleguen a cometerse, la Policía recuerda que resulta necesario que tanto los responsables públicos de los departamentos de contratación como las empresas adjudicatarias y subcontratadas de contratos públicos extremen sus precauciones.

La detección de cualquier tentativa de estos tipos de fraudes debe ser puesta en conocimiento, "a la mayor brevedad", de la Policía Nacional para proceder a la investigación de los hechos ocurridos y el descubrimiento de las organizaciones cibercriminales dedicadas a esta modalidad delictiva.

DINÁMICA DELICTIVA

La dinámica delictiva que se está extendiendo es la suplantación, por parte de las organizaciones criminales, de responsables públicos de contratos específicos, para lo cual desarrollan un engaño a través de correos electrónicos basado en datos precisos y pormenorizados de contrataciones reales.

El mayor incremento se está dando en los 'fraudes BEC', en el que el "cebo" empleado es un cambio imprevisto en la cuenta bancaria de pago a proveedores. La Policía asegura que normalmente hay un organismo oficial involucrado en alguna tentativa de este tipo de fraude, ya sea como víctima o como parte involuntaria del engaño por haber sido suplantado.

En el caso de las Administraciones Públicas, las organizaciones criminales defraudadoras pueden obtener, vía online y sin rastro alguno, información pormenorizada sobre contratos establecidos por la Administración Pública y los altos cargos públicos responsables de su tramitación.

La Policía recuerda que el uso generalizado en la Administración General del Estado del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, así como el "control exhaustivo" que se realizada sobre el pago a proveedores, hace más difícil que esta administración sea víctima de este tipo de fraudes, en el sentido de la realización de un pago a un proveedor suplantado.

En los casos de 'fraudes al CEO', la persona suplantada es un alto directivo de la empresa. La víctima, además de la propia empresa, que será la que en última instancia sufra el perjuicio patrimonial, es un empleado del departamento de finanzas autorizado para realizar pagos a entidades externas.

En este tipo de fraudes, el escenario ideado para propiciar la transferencia de dinero hacia la cuenta del defraudador es el de una "operación estratégica" de la máxima importancia para la viabilidad de la compañía.

La Fiscalía ha instado al Tribunal Supremo que inadmita la querella presentada por Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE), y al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda contra Juan Carlos I tras la regularización fiscal que presentó en diciembre ante Hacienda, que ampliaba una anterior contra el emérito tras conocerse los pagos realizados con tarjetas opacas con dinero supuestamente vinculado al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Según este escrito, la esta querella contiene argumentos que ya fueron rechazados anteriormente por la Sala y, respecto de los nuevos, no cabe admitirla porque ya están siendo investigados en las diligencias abiertas hace varios meses y que coordina el recién nombrado teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos.

Recuerda que "la reapertura solo es posible en los supuestos en los que se hubiera acordado en un procedimiento penal ya iniciado el sobreseimiento provisional y hubieran aparecido nuevos elementos de prueba que no constaran en la causa previamente sobreseída".

Sin embargo, la querella inicialmente presentada fue inadmitida a trámite por el alto tribunal de 1 de abril de 2019 (y posterior Auto de 24 de julio de 2019 que resolvía el recurso de súplica contra aquel), por lo que no puede procederse "a la reapertura de un proceso que nunca se abrió"

PRUEBAS AÚN PENDIENTES DECISIVAS

Por otra parte, la Fiscalía afirma que las diligencias de Investigación de la Fiscalía se encuentran pendientes de la práctica de varias diligencias, "cuya realización será decisiva para determinar la participación que la persona investigada hubiese podido tener en la realización de tales hechos, y la consideración técnico-jurídica que los mismos pudieran merecer".

Añade que "solo en el supuesto de que la persona del investigado (u otra u otras en su caso) fuesen presuntamente responsables de hechos con significación penal, el Fiscal interesaría su inmediata judicialización formulando la oportuna denuncia o querella".

CAROL' SE ARCHIVÓ

La Fiscalía indica también que la solicitud de reapertura no señala en qué nuevos elementos de prueba pretende basar su petición.

El Auto de 27 de julio de 2020 del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó una reapertura parcial de la llamada Pieza 'Carol' --relacionada con datos supuestamente aportados por la ex amante del emérito, Corinna Larsen-- únicamente respecto de hechos imputables a otras personas, manteniendo el sobreseimiento respecto al resto, y dicha pieza fue de nuevo archivada por el mismo Juzgado por Auto de 28 de octubre de 2020.

En cuanto a la solicitud de ampliación de querella, el informe reitera que se impone su rechazo de plano por la inexistencia de procedimiento abierto o pendiente de reapertura, al haberse inadmitido "ad limine" la querella presentada. Por otro lado, parte de los hechos relatados en la solicitud de ampliación de querella se produjeron con anterioridad al 19 de junio de 2014 y, por tanto, con carácter previo a la abdicación del querellado, por lo que estaría amparado por la inviolabilidad que el art. 56.3 de la Constitución garantiza al Jefe del Estado.

Otros hechos imputados en el escrito de ampliación de querella se refieren genéricamente a la existencia de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado, basando fundamentalmente su imputación en lo publicado en diversos medios de comunicación.

Esta querella se acusa al ex monarca de la presunta comisión de un total de 13 delitos y está dirigida, además de contra el emérito, contra su examiga Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón.

La ampliación que ha merecido el nuevo informe de la Fiscalía completa los nombres con los del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas; y menciona la regularización fiscal que Juan Carlos I presentó ante la Agencia Tributaria en relación con el uso de esos fondos.

A juicio de los querellantes los hechos recogidos se corresponden a 13 delitos --siete de ellos vinculados directamente con el ex jefe del Estado--, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha observado este jueves "con expectación y con esperanza" que el número de contagios de covid-19 en la región "va bajando" de manera progresiva si bien cree que es pronto para determinar si se ha "doblegado la curva", toda vez que augura unos "diez o doce días muy duros" en relación a las hospitalizaciones, por lo que ha insistido nuevamente en que el Gobierno central le dé la competencia para decretar el confinamiento domiciliario y actuar así en determinados municipios o regiones.

"Tenemos que esforzarnos al máximo para que el sistema sanitario no colapse", ha manifestado Moreno en declaraciones a los medios en El Ejido (Almería), donde ha avanzado que el número de contagios notificados este jueves desciende hasta los 3.676, lo que "nos da luz y esperanza" frente a los "casi 8.000 contagios que teníamos hace unos días", puesto que la reducción se ubica casi "en la mitad".

No obstante, ha advertido de que "eso no significa que la presión hospitalaria vaya a desaparecer" sino que, todo lo contrario, va a ser "creciente" como consecuencia de los positivos registrados en los días anteriores.

Aún así, cree que "a día de hoy" resulta "posible" evitar la saturación de hospitales que se ha visto en otras regiones o países como Portugal, donde los sistemas sanitarios se han visto "claramente superados" por la pandemia.

De cara al próximo Consejo Interterritorial que se celebra en esta jornada, el presidente de la Junta ha aclarado que Andalucía no renuncia "en absoluto" a solicitar más competencias para la gestión de la pandemia que le permita adelantar el 'toque de queda' a las "ocho o siete de la tarde" así como establecer confinamientos domiciliarios en determinados municipios y comarcas, lo que daría lugar a una recuperación "muchísimo más rápida".

"Creo que el Gobierno de España les está haciendo un flaquísimo favor a la lucha contra la pandemia al no capacitar a las comunidades autónomas con el instrumento importantísimo del toque de queda y del confinamiento domiciliario", ha expresado Moreno, quien cree que ese "gravísimo" y "enorme error" que achaca a la "intransigencia" del Ejecutivo central se valorará en los próximos meses.

Moreno ha dicho que el Gobierno andaluz continuará insistiendo en dotarse de más herramientas para la gestión de la pandemia en caso de que no se les entregue incluso una vez termine esta tercera ola. "Si el Gobierno no quiere estar a nuestro lado, que no nos ponga problemas", ha recalcado antes de asegurar que él asume el "desgaste" que supone adoptar medidas "difíciles" pero sin "palos en las ruedas".

SÁNCHEZ PONE SU "INTERÉS DE PARTIDO" POR DELANTE

El presidente de la Junta ha criticado además que "en plena tercera ola", que además es "la más cruda, difícil y compleja" de la pandemia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponga su "interés electoral" por "encima del interés general de los ciudadanos" al permitir que el ya exministro de Sanidad Salvador Illa abandone su cargo para concurrir como candidato a las elecciones en Cataluña.

"No tienen mucho sentido que el responsable máximo de la sanidad pública y privada en España que es el ministro de Sanidad haya renunciado a su cargo", ha indicado Moreno ante el momento de "enorme dificultad" que atraviesa el país, que tendrá como ministra de Sanidad al frente a una persona que "no está vinculada al sector sanitario".

Así, ha considerado que "por muy inteligente" que sea Carolina Darias, "tendrá que ponerse al día" de los asuntos del ministerio y eso "requiere tiempo", "muchos contactos" y "trayectoria". "No me parece razonable que coja el timón de la sanidad en plena pandemia una persona nueva", ha dicho el presidente andaluz, quien cree que la decisión pone por delante el "interés electoral del PSOE".

Sobre las decisiones de otras comunidades autónomas sobre la adopción o no de nuevas medidas, ha señalado su "máximo respeto" ante el margen de maniobra o autonomía que cada una de ellas tiene. "Cada comunidad tiene sus propias estrategias y objetivos, que yo respeto porque no soy ni conocedor ni responsable de las situaciones que suceden en otros ámbitos", ha manifestado frente a la postura de la Comunidad de Madrid sobre no imponer nuevas restricciones y dejar la decisión al Gobierno central.

Con ello, ha recordado que el objetivo de la Junta es "evitar la pérdida de vidas humanas", para lo que se trabaja en ampliar las infraestructuras y servicios sanitarios de la región con el apoyo de la sanidad privada en donde sea preciso; una cuestión que, según ha explicado, no se podrá cuantificar económicamente hasta que se haya hecho uso de la misma.

Asimismo, el presidente del Ejecutivo andaluz ha recordado que en caso de superar los límites de capacidad, los planes de contingencia prevén también el empleo de establecimientos hoteleros que se pueden medicalizar, con lo que existe un "margen amplio" para atender a los pacientes.

Temperaturas de récord de calor y nieblas darán la bienvenida este viernes a 'Justine' que llegará con vientos muy fuertes y lluvias que entrarán desde el noroeste peninsular, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que destaca que esta es la quinta borrasca de gran impacto que atraviesa España en este mes de enero.

La portavoz de la AEMET Beatriz Hervella, ha destacado que después de los récord de temperaturas mínimas alcanzadas durante la ola de frío de este mes, que llegaron a superar los -25 grados centígrados (ºC) en el interior peninsular, a los 26ºC de máxima a los que se llegó este martes en Valencia, lo que supone una diferencia de más de 50 grados centígrados de contraste en apenas dos semanas.

Además, Hervella ha informado de que este martes se ha superado un récord en Salamanca, que ha tenido la temperatura mínima más alta para un mes de enero de su historia, con 10,8ºC; en Ávila, con 8,7ºC y Ciudad Real, con 11,3ºC.

Asimismo, se superó el anterior récord de mínima más alta para un mes de enero en la serie histórica de Valladolid, con 10,3ºC que dejan atrás al anterior récord de enero, de 1995.

En cuanto a las máximas, en Valencia el miércoles llegaron a 26ºC, una temperatura que iguala la máxima histórica en la capital del Turia para un mes de enero, que fue la alcanzada el 5 de enero de 2012.

"Previsiblemente hoy aumentarán esas marcas históricas, puesto que las temperaturas máximas aún seguirán subiendo en el litoral mediterráneo, en Canarias y, en general, en buena parte del tercio sur y en concreto en Murcia, la Comunidad Valenciana y Canarias", pronostica la portavoz.

De hecho, espera que las máximas superen los 25ºC en buena parte de la Península, unos valores que superan entre 5 y 10 grados las temperaturas normales para estas fechas.

Por lo demás, espera que este jueves sea un día similar al miércoles, marcado por nieblas matinales, que están siendo especialmente intensas en las cuencas del Duero, Tajo y Guadiana y de nuevo veremos precipitaciones en el oeste de Galicia, que serán más intensas y frecuentes en el suroeste de Coruña hacia el final del día.

La portavoz no descarta lloviznas dispersas en otras áreas de Galicia, Asturias y nordeste de Castilla y León y viento significativo en la zona norte de Galicia, donde soplará fuerte de sudeste. Precisamente, añade que los "únicos" avisos de riesgo activos se concentran en Galicia por mala mar, con vientos de fuerza 7 en el litoral de La Coruña y rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora en la Marina lucense.

Pero la realidad es que estos avisos son un anticipo del cambio "destacado" de la configuración atmosférica que se sentirá mañana con la llegada de 'Justine', la décima borrasca de gran impacto de la temporada y quinta en lo que va de mes de enero.

En su avance hacia la Península y que esta noche se profundizará "muy rápidamente" y se intensificará en un proceso de ciclogénesis explosiva. 'Justine' provocará un importante temporal de mar y viento en el Cantábrico.

No obstante, informa de que para que esto se produzca el centro de bajas presiones tiene que disminuir su presión "mucho y muy rápidamente", hasta llegar a 24 milibares en 24 horas en latitudes situadas en torno a los 50 o 60 grados y la latitud de la Península Ibérica está en torno a 40º. Así, señala que hasta últimas horas de este jueves no se producirá esta intensificación como para confirmar que la ciclogénesis explosiva.

En todo caso, espera que los efectos más destacados de Justine se noten sobre todo durante la segunda mitad del viernes y previsiblemente a lo largo del sábado.

Las primeras comunidades afectadas serán Asturias y Galicia, donde se han activado avisos de riesgo (nivel amarillo) por lluvia a partir del medio día del viernes en las Rías Bajas y por rachas muy fuertes de viento, de 70 a 90 kilómetros por hora en prácticamente toda la comunidad gallega, a la que se le une el suroeste de Asturias y Picos de Europa.

También espera avisos por vientos costeros en el litoral de La Coruña y previsiblemente el sábado aumentará listado de avisos activos por viento en la cornisa cantábrica y en zonas altas de la mitad norte, así como en el tercio este. A estos avisos se unirá el riesgo importante (naranja) por fenómenos costeros en la cornisa cantábrica, especialmente en los cabos y promontorios donde el viento puede alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora.

El progresivo desplazamiento de la borrasca durante el sábado producirá un fuerte gradiente de presión sobre el Cantábrico y esto provocará vientos muy fuertes de componente oeste que a partir del sábado a mediodía podrían alcanzar fuerza 9, con olas que probablemnte supere los 8 metros de altura.

Estas condiciones se irán traslandando rápidamente de oeste a este por el cantábrico el sábado por la tarde, cuando coincidirá con la pleamar, por lo que el oleaje se verá reforzado.

También prevé la portavoz temporal de mar en el litoral oriental andaluz, Melilla y Baleares, donde esperan vientos del oeste con fuerza 7 y olas de 3 a 4 metros.

Será el domingo cuando el viento empiece a amainar de oeste a este aunque el temporal aún seguirá afectando al Cantábrico durante la primera mitad del día.

Cantabria ha sumado otras cinco personas fallecidas por Covid-19 en las últimas horas, con lo que ya ascienden a 463 los muertos por el coronavirus, y los nuevos casos se han incrementado en 277, de los que 201 se detectaron este miércoles --73 más que el día anterior-- y 76 en lo que va de jornada de este miércoles.

Son datos de los que ha informado en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno su vicepresidente y portavoz, Pablo Zuloaga, que ha precisado que este miércoles han fallecido cuatro personas y a primera hora de hoy una quinta. Se trata de tres mujeres de 76, 77 y 84 años, y dos varones de 83 y 91 años.

Con los datos actualizados a las 8.00 horas de hoy, los acumulados positivos ascienden a 23.291 y los curados a 19.450 (el 84%) de modo que los activos son 3.378. Hay 3.174 personas en cuarentena domiciliaria.

También con datos hasta las 8.00 horas, hay 204 personas hospitalizadas (dos menos que el miércoles), de las que 34 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una más que el miércoles.

Por hospitales, hay 142 ingresados en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 33 en Sierrallana, 26 en Laredo y uno en el Tres Mares.

La ocupación hospitalaria es del 13,8% (14% el miércoles) y la de las UCI del 31,2%, superior a la de ayer (30,3%).

Hasta ayer, la incidencia acumulada a 14 días en Cantabria es de 392 casos cada 100.000 habitantes (388 el miércoles) y a 7 días, de 199 (200 el día anterior). La positividad es del 8,7% (9,3% el miércoles).

Todos estos datos siguen situando a Cantabria en un nivel de alerta 4.

Específicamente, la situación en las residencias sigue estable, la mayoría sin casos activos, con la excepción de los brotes en los centros de Puente Viesgo, Vega de Pas y Bimbiles (Santa Cruz de Bezana), este último "en claro descenso", según Zuloaga. En total, en este ámbito hay 122 casos activos y 59 entre los profesionales.

CANTABRIA, LA CCAA QUE MEJOR SE ESTÁ COMPORTANDO

A preguntas de la prensa sobre si las medidas adoptadas en Cantabria de cara a la Navidad fueron suficientes visto el número de casos actual, Zuloaga ha subrayado que la región es la segunda con menor incidencia acumulada tras Canarias y la de menor incidencia en la Península.

Y ha enfatizado que Cantabria "no sucumbió a las presiones" de diferentes ámbitos para adoptar entonces medidas "más relajadas", sino que mantuvo las restricciones de aforos o la prohibición de consumir dentro de los establecimientos hosteleros, entre otras.

Por contra, hubo otras comunidades que decidieron adoptar medidas "más aperturistas" y ahora tienen mayor incidencia acumulada que Cantabria, ha señalado.

"Eso no significa que podríamos haber tomado decisiones más duras pero la realidad es que Cantabria, con las decisiones que tomó, es la comunidad dentro de la Península que mejor se está comportando", ha destacado.

De hecho, ha dicho que con datos a día de hoy (aunque serán diferentes mañana), en los últimos cuatro días la curva de la incidencia en Cantabria "ve una situación de aplanamiento" incluso con tendencia a la baja. Aunque se trata de un dato "volátil y voluble", la tendencia de crecimiento de la incidencia acumulada que se ha observado en las primeras semanas de enero se ha estabilizado en esta última, ha señalado.

Sin embargo, ha advertido que con los datos de hoy de 200 nuevos positivos, la incidencia acumulada "volverá a subir mañana".

Además, el vicepresidente ha recordado que Cantabria tiene implantadas medidas generales y específicas desde ayer, con el cierre perimetral y confinamiento de los municipios de Laredo, Colindres, Santa María de Cayón y Polanco, para contener la evolución del virus.

CEPA BRITÁNICA

En cuanto a la cepa británica y cuestionado por si hay un "descontrol" en al comunidad en relación al número de casos, Zuloaga ha subrayado que Cantabria "está siendo muy transparente" en el análisis de los datos, y tiene unas cifras "que no se reflejan en las del Estado" en cuanto a incidencia de esta cepa.

La Consejería de Sanidad mantiene que un 35% de los nuevos contagios se deben a esta cepa, frente al 10% que sostiene el Estado a nivel general.

El vicepresidente ha afirmado que la comunidad está "muy pendiente" de la evolución de esta cepa, que además de ser más contagiosa, afecta a personas "cada vez más jóvenes".

PARTIDO DEL LAREDO

En cuanto al partido de la Segunda División B entre el Laredo y la Real Sociedad B, que está previsto que se celebre este domingo 31 en la villa pejina, que está confinada, Zuloaga ha dicho que el decreto de confinamiento --que incluye la suspensión de la actividad deportiva-- "choca" con la exclusión de las competiciones nacionales y por eso el Gobierno está desde ayer en conversaciones con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para "aclarar esta circunstancia".

"La evolución de la pandemia y los datos de Laredo acreditan la necesidad de posponer la celebración de estos encuentros pero lo haremos en el marco de la regulación estatal y por eso cuando haya una respuesta del CSD se trasladará a los equipos", ha dicho.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha instado a las comunidades autónomas a "no perder más tiempo" y alcanzar "acuerdos estables de colaboración", tras acordar en el día de ayer sendos marcos estables de colaboración en las regiones de Andalucía y Madrid, con el fin de hacer frente a la crisis sanitaria y la diversa presión asistencial que sufren cada uno de estos territorios.

Estos acuerdos que regulan el traslado de pacientes a la sanidad privada se suman a otros similares ya alcanzados en la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Canarias y País Vasco, además de Cataluña y Navarra, que ya han enviado pacientes con coronavirus a hospitales privados.

La Junta de Andalucía ha anunciado que sumará a sus recursos los de la sanidad privada, tanto para atender casos de coronavirus como de otras patologías, dada la situación límite en la que se encuentran la mayor parte de los hospitales de la red pública andaluza.

El acuerdo con la Junta establece que cuando las derivaciones de pacientes afectados por coronavirus obliguen a modificar la programación establecida en los centros privados se paralizarán únicamente las intervenciones no urgentes que requieran UCI y aquellas que requieran más de tres días de hospitalización.

El acuerdo para el uso conjunto de medios alcanzado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Asociación de Empresas Sanitarias de Prestación Asistencial de Andalucía, patronal de la sanidad privada en la comunidad, permitirá derivar a sus centros hospitalarios a pacientes que en la sanidad pública no tienen cabida ante la elevadísima ocupación generada por COVID-19.

En el mismo se establecen una serie de tarifas en función de si se trata de camas convencionales, camas UCI y camas UCI-covid y que la Consejería se compromete a sufragar con el fondo covid que el Gobierno andaluz ha destinado para paliar los efectos de la pandemia.

Por su parte, la Comunidad de Madrid, a través de la orden 64/2021 de 27 de enero de la Consejería de Sanidad, adopta la "puesta a disposición de determinados establecimientos sanitarios privados y su personal, en el marco de medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por COVID-19".

La citada orden se aplica hasta el 28 de febrero de 2021, pudiendo prorrogarse en función de la situación sanitaria. La Consejería madrileña establece de igual modo una serie de tarifas en función del tipo de asistencia requerida por los centros hospitalarios privados, distinguiendo entre: pacientes covid-19 con estancia en planta y con estancia en UCI, y pacientes cuya patología principal no sea covid-19 pero que requieran protocolo de seguridad COVID.

"URGE UN ACUERDO MARCO PÚBLICO-PRIVADO NACIONAL"

Aún así, la patronal sigue reclamando un plan de trabajo público-privado para toda España e insta a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, a corregir la ausencia, hasta ahora, de una estrategia nacional. ASPE insiste en que la respuesta asistencial público-privada debería contemplar dos principios básicos: "marco estable para todo el territorio y aplicación flexible de protocolos de colaboración adaptados a la situación particular de incidencia COVID en cada territorio".

"El establecimiento de unas bases claras para un uso racional de todos los medios del Sistema Nacional de Salud es el mejor mecanismo de prevención que podemos adoptar frente a una crisis de esta envergadura. Creo que lo que estamos pidiendo es algo totalmente lógico: un plan de trabajo claro y transparente, que nos permita reducir el tremendo impacto negativo de la pandemia tanto en nuestros centros como en la sanidad pública", señala el presidente de ASPE, Carlos Rus.

En cualquier caso, ASPE insta a las comunidades autónomas a "no perder más tiempo" y "alcanzar acuerdos estables de colaboración que eviten la intervención de la sanidad privada sin tener a priori definida la contraprestación". El impacto económico de la intervención de los centros sanitarios privados durante el primer estado de alarma en abril de 2020 ha provocado hasta el momento el cierre de alrededor de 3.000 centros sanitarios sin internamiento en toda España y una deuda estimada de aproximadamente 250 millones de euros.

Desde la sanidad privada se hace igualmente hincapié en la importancia de evitar la desprogramación generalizada de las intervenciones no urgentes y retrasar solo aquellas que requieran UCI o un ingreso hospitalario posterior de más de 3 días.

"De nuevo es importante en este sentido la existencia de un acuerdo que permita flexibilizar la gestión de los recursos en base a la emergencia que se vive en cada territorio y no aplicando una obligatoriedad única. La patronal considera que solo podría asumirse una desprogramación parcial de las intervenciones que requieren UCI y en aquellas zonas de gran incidencia en las que sea necesario y en un momento concreto, ya que hay muchas otras enfermedades distintas al coronavirus y pacientes que han de ser tratados", concluyen.

Más de medio centenar de organizaciones de derechos humanos han denunciado este jueves la violación de derechos humanos que sufren los migrantes que se encuentran en los diferentes centros de internamiento que existen en el país, principalmente en los de Canarias, Ceuta y Melilla, y han criticado que "laxitud" que existe por parte de la justicia para investigar estas situaciones que, señalan, "no son nuevas".

Estas organizaciones han participado en la realización del Informe Frontera Sur, del Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídica, que analiza la situación de la frontera española durante el año 2020.

Una de las inverstigadoras de este estudio, Daniela Lococo, ha destacado la proliferación de "espacios de contención" para migrantes a lo largo de las fronteras de la UE. Con este término se refiere a los campamentos conocidos en Lampedusa, las islas griegas o los Balcanes que, ahora, llegan a Canarias con la creación del campamento de Arguineguín y la apertura del centro de Barranco Seco que planea el Gobierno.

Este tipo de organización, apunta Lococo, también se puede ver en otros territorios como en Ceuta y Melillam en donde, explica, hay ahora más de 760 tunecinos bloqueados desde hace casi dos esperando a que se soluciones su situación.

"Estos centros de internamiento o detención, CATE o centros de emergenica se caracterizan por las situaciones de hacinamiento, insalubridad e inseguridad", ha lamentado la investigadora. En el informe también se recogen los "procesos interminables" que sufren estas personas que, en principio, sólo pueden estar privadas de movilidad 72 horas.

LA UE PONE EL FOCO EN LAS DEPORTACIONES

Esta situación, según ha alertado, afecta además a la "salud mental" de los migrantes por la "incertidumbre" de su vida, a lo que se suma las situaciones de racismo que viven. Estas últimas, ha indicado Lococo, se han visto agravadas por la llegada de la "ultraderecha y derecha radical" a la política europea. Además, cree que esta situación ha centrado el debate en el racismo y hay ahora "poco espacio" para hablar de politicas migratorias con respeto a los derechos humanos.

Las ONG tampoco están satisfechas con la postura de la UE en el nuevo pacto que se está negociando sobre esta materia. Lococo cree que pone el foco en las deportaciones y devoluciones y apuesta por la contención de los migrantes en los campamentos, convirtiendo lugares como Canarias, Ceuta y Melilla en "una situación de permanente emergencia en frontera" y que no respetan los derechos humanos.

"Lo que pasa en Canarias, Ceuta y Melilla es la punta del iceberg", ha advertido Sani Ladan, investigador externo del informe. Él se ha ocupado de buscar datos en los países de origen de los migrantes y destaca que "justo cuando la situación en Canarias estaba en su punto más crítico, la UE renovó sus acuedos de pesca con Sengal" de los que la "mayor beneficiaria era la industria pesquera esapañola".

Por este acuerdo, indica Lada, el país africano recibe 400 millones de euros, mientras que, según los estudios, el sector pesquero senegalés recogería 3.300 millones anuales si ejercieran ellos mismos los derechos de pesca. "La mayoria de jóvenes senegaleses con los que hablamos en Canarias nos contaron que, antes de coger la patera trabajaban en el sector pesquero", ha lamentado.

SIN REGULACIÓN CLARA

El investigador, también ha denunciado la legitimación del cierre de fronteras que ha propiciado el Covid-19 y que ha dado lugar a "naufragios invisibles". "La ruta a Canarias sigue siendo de las más mortíferas", ha señalado.

Desde el informe también denuncian la propia situación de los centros de internamientos españoles, considerados como "una extensión de las comisarías" y que no cuentan con "una regulación clara".

La abogada Patricia Fernández, que ha trabajado en casos como el de El Tarajal, ha declarado que se producen prolongaciones de la libertad "intolerables", además de que, en muchos casos, se impide el contacto de migrantes con familiares y estos no tienen acceso a atención jurídica, ni a servicios sanitarios, no tienen ropa limpia, ni comida y bebidas suficientes o no pueden acceder a una ducha. "Es un ataque flagrante a la dignidad", ha denunciado.

La portavoz del Servicio Jesuita de Migrantes, Maria Vieyra, ha explicado que en Melilla se dan múltiples situaciones que "no cumplen los estándares mínimos en materia de derechos humanos", entre ellos, la falta de garantías en casos de devoluciones forzosas o libertad de movimiento, el drama de los menores no acompañados que se quedan sin protección a los 18 años, la rupturas de familias durnate meses en espera de los resultados de ADN o la situación de muchas víctimas de trata que son atendidos como delincuentes.

DENUNCIA A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

De todas estas situaciones recogidas en el informe han sido informados el Defensor del Pueblo, los ministerios de Interior, Inlcusión, Seguridad Social y Migraciones y Derechos Sociales y Agenda 2030. Además, el texto ha sido elevado al Comité europeo de Prevención de la Tortura, para que realice una vista "de manera urgente" a los centros de detención de Canarias, Ceuta y Melilla, así como al relator especial de la ONU de Derechos Humanos para las personas migrantes.

Del mismo modo, se ha decidido trasladarlo a la Fiscalía con el objetivo de que se investigue si se podría estar dando en estos lugares una situación contraria a la legalidad. "Hay demasiada laxitud sobe investigar estas situaciones cuando se trata de personas migrantes", ha denunciado el coautor del trabajo, Andrés García.

Desde las ONG no sólo se pide la intervención de estos organismoas internacionales o de la Justicia, sino también se ha pedido a las adinistraciones competentes a realizar "traslados equitativos" desde las zonas más afectadas hacia el resto de España. E insisten en que las soluciones que se puedan dar a este problema deben tomarse "desde la lógica de los derechos humanos" y "frente a una política europea intolerable" en esta materia.

La secretaria general del grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha anunciado que han iniciado gestiones para pedir la grabación de una entrevista al excomisario José Manuel Villarejo en prisión y así darle voz pese a la negativa del PSOE a recabar su testimonio en la comisión de investigación de la llamada 'operación Kitchen'. Según ha añadido, el expolicía ya lo ha aceptado.

En rueda de prensa en el Congreso, Olona ha insistido en que la comparecencia de Villarejo es "útil, pertinente y necesaria para el esclarecimiento" de aquellos acontecimientos, pues es "pieza nuclear" ya que de sus papeles "nace toda la investigación judicial".

Y se ha quejado de que, pese a ese papel nuclear, el PSOE no haya querido incluir a Villaejo en su listado de comparecientes e incluso cree que ha pactado con Unidas Podemos que ese testimonio no tenga votos suficientes para ser aprobado. "Podemos se ha convertido en la lavadora que intenta lavar los trapos sucios de los socialistas", ha apuntado.

A su juicio, "es un fraude a la misma comisión de investigación y a los mismos españoles". Olona ha acusado a PSOE y Podemos de buscar "una voladura controlada para que la investigación no llegue hasta el final" y evitar así verse "perjudicados". Esa actitud, según ha remarcado, ha llevado a su formación a iniciar trámites ante los abogados de Villarejo para darle voz.

La diputada ha recordado que en su día Vox no apoyó esta comisión de investigación al considerar que era "inmoral" dedicarse a la 'operación kitchen' de la etapa del Gobierno Rajoy en lugar de ocuparse de la gestión de la pandemia, y por la "evidente intención" de PSOE, Podemos y los independentistas de "castigar en el hígado al PP".

NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO

Además, y aunque su partido quiere esclarecer lo ocurrido "caiga quien caiga", ha subrayado que este asunto ya se está investigando en los tribunales y que la labor parlamentaria puede poner en riesgo esa acción de la justicia. "Cualquier desliz puede hacer anular la labor judicial", ha alertado.

La dirigente de Vox ha explicado que, aunque Villarejo ya ha aceptado mantener ese encuentro en la cárcel, su partido esperará a iniciar los trámites formales hasta comprobar si este "jaque", como ha denominado a su iniciativa, hace recapacitar al PSOE y finalmente levanta el veto a la comparecencia del excomisario cuando se debata este jueves en la comisión.

Si PSOE y Podemos, como sospecha, evitan finalmente una comparecencia que reclama toda la oposición, Vox se dirigirá a la presidenta de la Comisión de Interior, la socialista Ana Botella, para que traslade a Instituciones Penitenciarias su solicitud de autorización para poder entrevistar a Villarejo en la cárcel, como ya hizo, según ha recordado hace unos meses el diario 'El País'.

"NOS INSULTAN, PERO LOS ARRASTRAMOS"

En el caso de que consigan el permiso, la intención de Vox es grabar la entrevista para ponerla después a disposción de la comisión, así como su transcripción. Si el PSOE y Podemos vetan la remisión de esta "prueba documental" al Congreso, Olona ha avanzado que utilizarán la información que les proporcione el excomisario para los demás interrogatorios.

"Ellos nos insultan, pero nosotros los arrastramos. Decimos jaque; donde querían levantar un muro, lo hemos reventado", se ha jactado la portavoz de Vox, sin saber aún si pondrá acceder sus compañeros a la cárcel a hacer una entrevista. Eso sí, dada su experiencia como abogada del Estado, se ha mostrado convencida de que Villarejo, ahora que su esposa ha entrado en prisión, podría dar información importante sobre el caso.

Preguntada si Vox se plantea apoyar en la comisión el listado de comparecientes de Unidas Podemos, que sí incluye al excomisario, Olona ha anticipado que sólo votarán a favor de su propio texto y ha rechazado apoyar el de los morados por tratarse, ha dicho, de un "listado infinito" y dudar de la pertinencia de interrogar a todas las personas que proponen.

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha defendido que el cambio político en Cataluña es posible y que "solo lo puede liderar el PP", y no un tripartito de izquierdas, en referencia a un eventual pacto postelectoral entre el PSC, ERC y los comuns.

En un acto telemático este jueves organizado por Fòrum Europa Tribuna Catalunya, ha sostenido que solo puede haber un cambio real en Cataluña con "la fortaleza del PP para cambiar las cosas y no para que las cosas continúen igual".

"No para que continúen entre ERC y el PSC pactando bajo la mesa y después traicionándose y todas estas cosas que se acostumbran a definir como el politiqueo y que es lo que desprestigia la actividad política", ha añadido.

Para Fernández la alternancia política en Cataluña es posible, ya que este cambio se ha producido también en otras comunidades autónomas, como Andalucía o el País Vasco, "cuando parecía imposible".

Ha afirmado que el PP defenderá la libertad educativa, la propiedad privada, y el crecimiento de la economía: "En definitiva, las características que había tenido Cataluña antes de que el nacionalismo acabase perjudicando de manera grave a nuestra tierra.

CONFIANZA ELECTORES

Ante las encuestas del 14F que dan al PP buenos resultados, Fernández ha asegurado que "es evidente que el PP crecerá" y que ese crecimiento se debe a que han recuperado la confianza de los electores poco a poco.

Nos hemos dedicado a hablar de las cosas que preocupan a la ciudadanía en una época donde el independentismo no tenía ningún reparo de dirigirse a solo una parte de la ciudadanía de Cataluña, porque pensaban que toda esa gente que no es separatista directamente no son catalanes", ha remarcado.

Y ha hecho un llamamiento a que la gente participe en las elecciones en el caso de que la justicia finalmente establezca que el 14F se pueden hacer: "Si es así, doy por cierto que considera que se dan las condiciones de salud y de libertad de voto, que son necesarias para todo procedimiento electoral.

PROPUESTAS PARA EL 14F

Entre su propuestas, Fernández ha dicho que si su formación vence en el 14F, impulsarán un plan de rescate para los sectores que se han visto más afectados por la pandemia y que están cerrados, "para que en el momento en que se produzca la reapertura, se pueda recuperar y generar empleo en la restauración, el ocio y la cultura.

Ha apostado por recuperar el crecimiento económico y la reapertura paulatina de negocios, y ha puesto de ejemplo el caso de Madrid, donde cree que "han encontrado un mejor equilibrio entre salud y economía", y no en Cataluña donde reprocha al Govern haber aplicado medidas muy severas para ciertos sectores.

Por último, ha defendido que el PP dará seguridad jurídica a los negocios, ya que han hecho inversiones para poder reabrir pero "no han servido de nada porque el Govern va cambiando las condiciones de reapertura"; y que harán unos criterios homogéneos para acceder a las ayudas compensatorias.

La Fiscalía de Madrid ha denunciado al responsable médico de una residencia de ancianos en Madrid por la presunta comisión de delitos omisión del deber de socorro y homicidio imprudente por privar a un anciano de 89 años fallecido por Covid-19 del adecuado seguimiento de su enfermedad, han informado fuentes fiscales.

Se trata de la segunda denuncia que interpone el Ministerio Público contra responsables de la gestión en las residencias en la primera ola de la pandemia. La primera se interpuso el pasado diciembre contra una doctora y la gerente de un centro de mayores por hacer caso omiso al protocolo de actuación.

En el caso de esta segunda denuncia, el fiscal señala que el médico no realizó un "adecuado" seguimiento de la enfermedad de un usuario de 89 años de edad, "ni tuvo en cuenta para su diagnóstico y tratamiento el contexto epidemiológico del país, inaplicando el protocolo vigente, y privando con ello de una adecuada atención médica al usuario".

Entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 2020 fallecieron en dicho centro 54 usuarios de los que 45 tenían "síntomas compatibles" con la Covid-19.

La denuncia indica que entre el pasado 9 de marzo, "fecha en la que comenzó la etapa más grave de la pandemia, que coincidió con la restricción de visitas a las residencias de personas mayores" y el 6 de abril "fecha en la que la residencia fue intervenida por la Comunidad de Madrid ante la grave situación que presentaba", fallecieron 41 de los 54 usuarios referidos.

Muchos de ellos con sospecha de Covid, "si bien no puede precisarse el número real de fallecidos por esta causa por estar la mayoría de los fallecimientos certificados por médicos externos y no guardar la residencia registro de las causas de la defunción en esos casos".

UN SOLO MÉDICO

La residencia en cuestión, a pesar de tener 156 plazas autorizadas, contaba en plantilla, con anterioridad a la crisis sanitaria, únicamente con un médico, M. A. R. C. , "que atendía a los usuarios en horario de mañana, y compatibilizaba su labor con la dirección del área médico preventiva del centro, y un equipo de enfermería compuesto por 7 DUEs que debía dar servicio las 24 horas del día".

Además, entre las fechas referidas anteriormente el equipo sanitario, "ya de por sí escaso", se vio afectado por numerosas bajas médicas y otras incidencias de carácter laboral y dejando a los usuarios sin atención médica todas las tardes y noches, además de los fines de semana.

Esa falta de medios materiales y personales llevó al médico denunciado a escribir diferentes cartas a políticos, responsables administrativos y medios de comunicación, manifestando expresamente en ellas que "no tenemos capacidad para prestar atención sanitaria a los residentes del centro.

En el texto, además, se indicaba que, si en las siguientes 48 horas no recibía ayuda, su alternativa era desalojar a 60 usuarios, considerando que su capacidad real le permitía atender solo al 50% de los residentes que tenía en ese momento. Reconocía incluso que su incapacidad de gestión alcanzaba "a aspectos tan básicos como la administración de las comidas o a la movilización básica de pacientes para evitar las escaras".

Pese a sus quejas, M. A.R. C. no mantuvo contacto alguno con el Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde a la residencia se le había designado un geriatra de referencia.

PROFESIONAL DE ENLACE

La finalidad de esa figura era ofrecer un profesional de enlace al objeto de que los médicos que prestaban sus servicios en las residencias se comunicaran con ellos en los casos sospechosos, "siendo aquéllos los responsables de tomar la decisión sobre la procedencia de la derivación hospitalaria de los usuarios y, en otro caso, de la prescripción del tratamiento médico que debía administrarse en la residencia".

El protocolo de coordinación establecía un sistema de comunicación con el hospital de referencia, a fin de que fuera el geriatra de enlace quien, sobre la base de la información suministrada por el centro, realizara una valoración integral de los pacientes.

La Fiscalía subraya que M.A.R.C. "desatendiendo estas previsiones", informó por carta a los familiares de que no se podían hacer derivaciones hospitalarias "y que, por tanto, todos los casos sospechosos de Covid-19 serían tratados en la residencia".

Además, ni siquiera activó el protocolo cuando el número de casos de contagio fue en aumento y se produjeron numerosos fallecimientos "tomando él la decisión de mantener a los usuarios en la residencia, aun sabiendo que no disponía de un adecuado servicio médico y de enfermería".

Paralelamente, entre el 23 y el 31 de marzo, la residencia dejó de cumplir con la obligación de informar a los técnicos sobre su número de usuarios contagiados "y cuando el día 31 de marzo retomaron las comunicaciones, el número de residentes fallecidos había crecido drásticamente, quedando tan solo en la residencia 11 usuarios asintomáticos y 77 con síntomas, sin que se conozca en este momento el tipo de asistencia, seguimiento y control sanitario que recibieron".

Con estos datos, el 4 de abril procedió primero a reclamar a la Unidad Militar de Emergencia (UME) para una "profunda" desinfección y más tarde, ante "la magnitud de la situación detectada" se optó por la intervención del centro.

La Fiscalía, por último, cita el caso de un usuario de 89 años de edad, quien padecía un importante deterioro cognitivo" y que falleció el día 4 de abril "a causa de un distrés respiratorio con sospecha de infección por Covid-19".

En su denuncia el Ministerio Público arguye que M.A.R.C no emitió "a pesar de los múltiples requerimientos que se le han dirigido", un informe "completo" sobre el usuario, "resultando que la información sanitaria disponible no parece completa ni, en muchos aspectos, coherente con el desenlace finalmente acaecido".

Concluye la Fiscalía que el cambio de modelo de seguimiento al usuario , "unido a la sintomatología final y la causa de la muerte", permite entender que hacia el día 27 de marzo aparecieron las primeras manifestaciones de la insuficiencia respiratoria vinculada al Covid que le produjo finalmente la muerte al anciano, "ante lo cual, el Dr. no realizó un adecuado seguimiento de la enfermedad, ni tuvo en cuenta para su diagnóstico y tratamiento el contexto epidemiológico del país, inaplicando el protocolo vigente, y privando con ello de una adecuada atención médica al usuario".