La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) espera que la solidaridad «espontánea» y «puntual» que se ha despertado ante el temporal de nieve, y que ya surgió también ante la pandemia, se quede y se transforme en nuevos voluntarios que decidan colaborar con ONG a largo plazo.

«Nos consta que la ciudadanía, los vecinos, sobre todo en los barrios, se han lanzado a limpiar las calles, a facilitar cuestiones de tránsito, a ayudar a los mayores o a trasladar a personas en coches 4 por 4. Eso es muy bueno, lo que habría que hacer es intentar mantener ese espacio común más allá de esta nevada», ha explicado la directora de la Plataforma del Voluntariado de España, Mar Amate.

Estas acciones solidarias que han brotado una vez más ante una emergencia, en este caso, ante el temporal de nieve y frío en España, son «algo espontáneo, de conciencia cívica» pero Amate ha precisado que «el voluntariado es una labor un poquito más a largo plazo».

Según ha apuntado, las entidades de voluntariado tienen una visión más global de los problemas y saben dónde es necesaria la intervención de la persona voluntaria. «No es como estas cuestiones puntuales, que son necesarias, pero que cuando se quite la nieve y se restablezca la circulación en las carreteras tenderían desaparecer», ha añadido.

En todo caso, desde la Plataforma del Voluntariado esperan que situaciones como esta de la nevada «levanten la conciencia de las personas» y, a través de estas ayudas puntuales, «descubran qué pueden hacer por sus barrios dentro de las asociaciones que atienden a personas».

Además, ha comentado que otro de los grandes campos que se abren con la nevada es la cuestión medioambiental pues la gente se hace consciente de que «es algo que se está degenerando y tiene consecuencias. Esto puede hacer, según ha afirmado, que los ciudadanos quieran incorporarse a labores de limpieza en bosques o ríos.

También ha destacado la importancia de la cooperación y ha puesto el ejemplo de la vacuna contra la Covid-19 pues mientras aquí se habla de esta vacuna «en algunos países del mundo ni siquiera hay una contra el sarampión».

Finalmente, Amate ha destacado que ahora los ciudadanos cuentan con muchas facilidades para hacerse voluntarios, como la aplicación Voluncloud, que permite elegir por cercanía, horario e incluso ámbito de acción.

En España hay unos 2,5 millones de personas que realizan su tarea de voluntariado de forma constante, lo que abarca al 6,5% de la población. Además, durante los peores meses de la pandemia, más de 2 millones de personas que nunca habían hecho voluntariado se implicaron en algún tipo de acción solidaria, según el último estudio sobre el Perfil del Voluntariado de España de la PVE. Así, en total, durante la pandemia ha habido unos 4,5 millones de voluntarios en España.

La asociación estatal de ocio nocturno y espectáculos Spain Nightlife y su asociación adherida en Cataluña, Fecasarm, han sido aceptadas por el Juzgado de Instrucción 1 de Granollers (Barcelona) como acusación popular en la causa por la celebración de una ‘rave’ en Llinars del Vallès en Nochevieja.

Según han informado este martes en un comunicado, las patronales todavía no han recibido una copia de las actuaciones y, cuando la reciban, procederán a su estudio y solicitarán al juzgado que requiera a la Conselleria de Salud de la Generalitat toda la información relativa a los asistentes que fueron identificados y a su seguimiento en cuanto a posibles contagios.

Han manifestado que «el ocio nocturno profesional no puede permitir que hechos como estos queden sin el castigo más elevado que prevé la normativa», teniendo en cuenta la gravedad de haber celebrado una fiesta ilegal en situación de pandemia.

El secretario general y jefe de los servicios jurídicos de Fecasarm y de Spain Nightlife, Joaquim Boadas, ha explicado que «difícilmente se terminará imputando a los presuntos autores un delito contra la salud pública, pues el Código Penal español vigente no contempla como delito la conducta de propagación o transmisión de enfermedades y epidemias», aunque ha explicado que estudiarán los hechos y analizarán qué responsabilidades se pueden derivar.

INACEPTABLE NEGOCIACIÓN CON LOS ILEGALES

Las patronales de ocio nocturno consideran «inaceptable y una carencia de respeto hacia los locales legales que la Generalitat de Cataluña negociara con los organizadores de la ‘rave’, ya que con el sector del ocio no se negoció su cierre», ya que conocieron la decisión a través del Diario Oficial de la Generalitat (Dogc).

También han solicitado al juzgado que requiera de la Generalitat para que justifique por qué se tardaron 36 horas en desalojar la fiesta ilegal en situación de pandemia, y han avisado que Fecasarm «ya había advertido de que se iban a celebrar múltiples fiestas ilegales de fin de año y que los servicios policiales se podían desbordar».

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

Desde Spain Nightlife han solicitado al Gobierno central la modificación del Código Penal para que las conductas de transmisión de enfermedades y pandemias pasen a ser delito contra la salud pública, y «con ello se conseguiría evitar la celebración de fiestas ilegales como esta ‘rave».

Han reclamado que se permita la reapertura de los locales legales, ya que «son sitios seguros», y han manifestado que con la reapertura de estos establecimientos se reduciría la práctica del ocio nocturno ilegal e incontrolado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la gestión realizada por el Gobierno tanto en la prevención como en la actuación para enfrentar los efectos de la borrasca ‘Filomena’ a nivel estatal, autonómico y local y ha indicado que se analizarán todos los daños causados para «activar» todos los resortes de ayuda «conforme a la ley».

«El sistema nacional de protección civil somos todos», ha asegurado Grande Marlaska que ha insistido en que al primer aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el 5 de enero, se fueron dando los pasos para activar el dispositivo y ha dado cuenta de ello en un informe de la gestión realizada al Consejo de Ministros.

En ese sentido, ha defendido que los planes activados han activado «todos los resortes» y todos los recursos públicos necesarios que forman parte del Sistema nacional de Protección Civil » para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Además, el ministro ha lamentado el fallecimiento de cinco personas a consecuencia del temporal, dos de ellas en Andalucía, una en Zarzalejos (Madrid) y dos personas sin hogar en Barcelona y ha enviado sus condolencias a sus familiares y amigos.

También ha deseado una pronta recuperación al operario del Ministerio de Transportes y Agenda Digital que sufrió un accidente en Castellón cuando volcó la máquina quitanieves en la que trabajaba y a los dos heridos en Algeciras, una de ellas menor, tras caerles un muro.

El ministro ha repasado las actuaciones efectuadas que comenzaron el 5 de enero cuando la AEMET emitió el primer aviso, momento en el que se reunión con la Dirección General de Protección Civil la Unidad de Valoración de riesgos para analizar las posibles repercusiones y articular las respuestas.

En primer lugar, ha relatado que se activó el dispositivo de vialidad invernal y ya desde ese momento se desplazó y situó efectivos de la Unidad Militar de Emergencias a Castilla-La Mancha para poder actuar a la mayor brevedad si así se solicitaba, ante la previsión de que sería necesario.

Posteriormente se prepararon las agrupaciones de Tráfico, el sistema de aeropuertos y del sistema ferroviarios así como el embolsamiento de camiones que, según el ministro, ha sido fundamental para evitar problemas mayores.

Según el informe presentado, el jueves «a primera hora» se elevó la alerta recibida y el director general de Protección Civil activó a las 10.00 el Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM), lo que supuso el estreno de este instrumento de gestión aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020.

A las 13.00 horas de ese día quedó constituida la situación de pre-emergencia en fase operativa 1 y se constituyó el Comité Estatal de Coordinación (CECOD), primero presidido por el propio ministro del Interior y desde el domingo, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde entonces el CECOD se ha estado reuniendo permanentemente y «lo seguirá haciendo» porque aún está activa la alerta por ola de frío.

«Toda esta malla de recursos han permitido una respuesta de todas las administraciones, estatal, autonómica y local. Todos formamos el sistema Nacional de Protección Civil», ha apostillado.

El ministro ha precisado todos los efectivos dispuestos y recursos movilizados, como los 28.000 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que «en algunos momentos» llegaron a ser 48.000 y que «trabajan sin descanso» para ayudar a los más vulnerables, en tareas de asistencia y a servicios de emergencia.

Por otro lado, desde la Dirección General de Tráfico, ha dicho que además de los 1.600 miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil han participado 675 operarios cuyo trabajo «está resultando vital» para prevenir accidentes. Y con carácter previo a la nevada se embolsaron hasta 11.311 camiones en 127 áreas específicas al respecto. «Ha sido clave para el buen desarrollo del tráfico rodado», asegura Grande Marlaska que añade que estos embolsamientos han evitado «colapsos» del pasado, difíciles de gestionar.

En materia de tráfico, ha indicado que a día de hoy se ha retirado 600 vehículos particulares traslados a depósitos municipales.

En cuanto al Ejército, ha destacado el trabajo de 1.600 efectivos entre la Unidad Militar de Emergencias y las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército de Tierra. Desde el sistema de Protección Civil se efectuaron 21 activaciones de la UME y de las fuerzas armadas de las que 15 fueron en Madrid.

Recuerda también que el 7 de enero se activó el convenio de colaboración con Cruz Roja para atender a las personas con mayor vulnerabilidad en la Cañada Real.

En las carreteras se activaron 1.300 máquinas quitanieves y se activaron 5.700 trabajadores en Adif y 1.500 en Aena, al tiempo que 600 miembros de las Brigadas forestales también han efectuado labores preventivas.

«Seguimos en alerta por ola de frío en el centro y este peninsular», ha reiterado el ministro que ha llamado a la precaución y a evitar cualquier desplazamiento no imprescindible.

De momento, ha dicho que los trenes ya se están recuperando paulatinamente, ayer 133 aves y trenes de larga distancia y en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas opera desde tres terminales y ayer salieron unos 120 vuelos.

Grande-Marlaska ha agradecido la labor de miles de funcionarios públicos a quienes felicita por su dedicación y entrega con la que han conseguido preservar los servicios esenciales e infraestructuras públicas.

AYUDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS

Así, confía en la pronta recuperación de todos los ámbitos que se han visto afectados y, de forma paralela ha afirmado que ya se están realizando los trabajos necesarios para evaluar daños y estudiar y articular las ayudas necesarias en los parámetros legalmente establecidos.

Sin embargo, ha añadido que para poder tener una evaluación definitiva habrá que esperar a que concluyan los adversos fenómenos meteorológicos. «Ya estamos trabajando en esa evaluación», ha apostillado.

En todo caso, ha precisado que esta evaluación que corresponde a la etapa de recuperación e hará no solo en Madrid sino en el resto de zonas afectadas por la emergencia. En definitiva, ha confirmado que una vez concluya y se realice una evaluación con todos los daños se tomará la decisión conforme a la ley.

De momento, ha concluido que todas las capacidades están destinadas a la prevención, a dar respuesta y, en tercer lugar, a ayudar a la recuperación para que «todos salgan indemnes y no dejar a nadie atrás» y se tomarán las medidas para que «todos los afectados» no sufran ningún daño suplementario.

Podemos ha solicitado el apoyo del PSOE, su socio de Gobierno, y al resto de formaciones apoyo para sacar adelante en el Congreso la comisión de investigación sobre el rey emérito Juan Carlos I por «higiene democrática», pues «ya no hay excusas» al depender solo de «voluntad política».

Lo hace tras conocerse que los servicios jurídicos del Congreso han informado a favor de que la Mesa de la Cámara admita a trámite la comisión de investigación registrada por Unidas Unidos y otros ocho partidos para abrir pesquisas sobre el uso de ‘tarjetas black’ por parte de Juan Carlos I.

El portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ha difundido la decisión de los letrados del parlamento en redes sociales, que por primera vez permite admitir a trámite esta solicitud frente a los anteriores informes, que sustentaban el veto de la Mesa del Congreso.

De este modo, ha ensalzado el «minucioso trabajo» a la hora de elaborar esta solicitud de comisión de investigación de cara a sortear «las pegas jurídicas». «Ya no hay excusa. A partir de ahora, la decisión es puramente política», ha apuntado Echenique.

A su vez, Podemos ha celebrado en su cuenta en Twitter que los letrados del Congreso recomienden «por fin» admitir a trámite su petición de comisión de investigación sobre el rey emérito.

«Ya no hay excusas: o se está con la verdad o se está con la impunidad», ha enfatizado la formación morada para añadir que «todos los partidos del arco parlamentario deberían apoyarla por higiene «democrática.

Por otro lado, el diputado de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino ha destacado que el trabajo de su grupo parlamentario «abre finalmente la puerta» a que el Congreso pueda investigar «el patrimonio del Borbón», en alusión al rey emérito.

NADA JUSTIFICARÍA NO INVESTIGAR AL EMÉRITO

A su vez, el secretario primero de la Mesa del Congreso y dirigente de En Comú Pode, Gerardo Pisarello, ha destacado este cambio de criterio de los letrados.

«Cuando parece que nada cambia siempre hay algo que se mueve. Las acusaciones al Rey emérito han llegado a tal punto que los propios letrados del Congreso dan luz verde a una Comisión de Investigación», ha apuntado en Twitter para advertir que «nada justificaría que se hurte al Parlamento la posibilidad de hacerlo».

Cs ha mantenido a varios de sus diputados actuales en el Parlamento catalán en las listas que presentará a las elecciones catalanas convocadas el 14 de febrero, que estarán encabezadas por el líder del partido en Cataluña y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, y la periodista Anna Grau como número dos.

En la lista, como número tres estará Nacho Martín Blanco, que en los últimos meses ha ganado peso en el grupo naranja en la Cámara catalana, y estará seguido por la secretaria general del partido, Marina Bravo, como número 4, y el vicesecretario segundo del Parlament, Joan Garcia, como número 5.

Otros diputados del grupo parlamentario actual estarán en puestos delanteros de la candidatura, como Noemí de la Calle (6), José María Cano (7), Sonia Sierra (8), Dimas Gragera (9), David Mejía (11), Carlos Sánchez (12), Susana Beltrán (13), Blanca Navarro (14) y Martín Barra (15).

Así, la únicas novedad en los puestos delanteros de la candidatura, además de la incorporación ya anunciada de Ana Grau, son la concejal de Cs de Terrassa (Barcelona), Isabel Martínez, como número 10.

GIRONA, TARRAGONA Y LLEIDA

La candidatura de Girona estará encabezada por el diputado y portavoz provincial de Cs en Girona, Jean Castel, que ya fue el número uno de la circunscripción en los comicios de 2017, seguido del también diputado y portavoz de la formación en Figueres, Héctor Amelló, los diputados María del Camino y Alfonso Sánchez; y de número 5 la concejal de Cs en Roses Isabel Machado.

En Tarragona Cs también repite cabeza de lista con Matías Alonso, seguido por el portavoz de Cs en Salou, Pere Lluís Huguet, la miembro del Consejo General de Cs y secretaria provincial de Programas del partido, Carme Margalef, el diputado Francisco Domínguez, y la secretaria provincial de Comunicación de Cs Tarragona, Raquel Tamar.

Por último, vuelve a encabezar la lista por Lleida el portavoz adjunto de Cs en el Parlament, Jorge Soler, seguido del diputado Javier Rivas, en tercer lugar está la médico anestesista del Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV), Heidy Hernández, y el diputado David Bertran y Cristina Daza irán como número 4 y 5 respectivamente.

AGRADECIDIMIENTO A LOS FUNDADORES DE CS

En un comunicado, Cs ha agradecido a los fundadores del partido naranja el manifiesto emitido este martes en el que explican que el proyecto «sigue defendiendo los mismos valores de libertad e igualdad» en toda España que dieron lugar hace 15 años a la fundación del partido.

Según el partido, «es importante que intelectuales que en su día contribuyeron de manera decisiva a la construcción de un espacio político esencial, reafirme que Cs sigue siendo un partido político necesario».

También ha asegurado que comparten la necesidad de que «en España exista un proyecto político, representado por Cs, capaz de forjar mayorías y acuerdos constitucionalistas, alejando tanto a formaciones populistas como nacionalistas de la gobernabilidad de España, evitando así las cesiones al nacionalismo, que ya advertían los fundadores en su manifiesto de hace 15 años».

La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de València ha decidido procesar al autodenominado ‘yonki del dinero’, Marcos Benavent, exgerente de la que fuera empresa pública Imelsa; al exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina, y otras siete personas más en el que es el primer auto de procesamiento dictado dentro del caso Imelsa y su derivado Taula, cuya investigación se remota al año 2015.

En este caso, la jueza cree que pueden haberse producido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales. La jueza procesa a Benavent; Medina; Rafael García Barat, administrador de Thematica Events, mercantil en la que participaba el ‘yonki del dinero’ y sobre la que giran todas la adjudicaciones cuestionadas en esta causa; dos jefas de sección del Ayuntamiento de Valencia; el ex director financiero de Imelsa y tres empresarios, junto con otras cinco sociedades.

En un auto de fecha 11 de enero y contra el que cabe recurso, la jueza da diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Según la jueza, de las investigaciones se desprende la posibleexistencia de un concierto entre determinados miembros de laConcejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia –en manos entonces de la fallecida María José Alcón, y el investigado Rafael García Barat, administrador único de Thematica, para adjudicar contratos de manera discrecional en 2008 y 2009, concretamente en relación con el servicio de Bibliobús, a mercantiles relacionadas este último.

Aunque García Barat era el administrador, Benavent tenía participaciones (cerca de un 40%) en la empresa a través de un contrato privado que no llegó a formalizarse en el Registro Mercantil. Según consta en el auto, el ‘yonki del dinero’ utilizaba a la mercantil en beneficio propio para conseguir de forma fraudulenta determinadas adjudicaciones.

El presupuesto real para la ejecución del Bibliobús era de 89.431euros, por lo que debía de haber sido sacado a oferta pública. Sin embargo, se fragmentó en importes inferiores a 18.000 euros, importemáximo para ser considerado contrato menor, que se adjudicaron a otra empresa de García Barat, Liberty Iceberg, y a Thematica. Para ello, se informó favorablemente por la Jefa de Servicio de Acción Cultura y con el visto bueno para el abono de las facturas de la jefa de Sección Administrativa, ambas procesadas en la causa.

La jueza estima que en este caso el perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento de Valencia ascendió a 53.364,18 euros, al ser el coste real de los servicios prestados para el Bibliobus de 35.955,38 euros.

La instructora también considera que hay indicios de fraccionamiento de contratos en ‘Metamorphosis’, un espectáculo audiovisual encuadrado entre las acciones que, por parte de Imelsa en colaboración con el Museo Valenciano de Ilustración y Modernidad (MuVIM), se llevaron a cabo para la promoción del año internacional de los bosques.

La contratación fue gestionada por Imelsa y fue Benavent el que trasladó al director del departamento de árboles monumentales que se pusiera en contacto Thematica. El importe total de la contratación ascendió a 234.645,07 euros aunque, según el auto, la contratación y los trabajos se realizaron eludiendo la normativa de contratación vigente y con un procedimiento de fraccionamiento.

Así se adjudicaron de forma directa diferentes contratos por importes inferiores a 50.000 euros a diversas empresas, que habrían girado a Thematica pagos por la diferencia entre los trabajos efectivamente realizados y el importe abonado por Imelsa. Las mercantiles que facturaron por trabajos fueron Scope Producciones, Vialbo y CYAN Animatica. Thematica percibió el 58,2% del coste de la contratación, hasta 136.634,51 euros sin que dicho importe responda a ningún trabajo efectivamente desarrollado.

Los administradores o consejeros delegados de esas mercantiles son tres de los procesados en la causa, al igual que el que fuera director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch. En todas las ocasiones, es García Barat el que suministra a estas entidades los datos de facturación y los importes a facturar, hechos conocidos por Benavent que posibilita su pago con la colaboración y firma Montblanch, que firmó los documentos de pago «asumiendo la realidad de los servicios y coste, sin que exista ningún expediente de contratación».

Por último, la jueza considera que existen indicios de que Berceo Mantenimientos fue administrada por dos personas que se «prestaron» a ejercer como tales para ocultar al gerente «de hecho», que era Benavent. La mercantil, que carecía de trabajadores y de capacidad de realizar ningún trabajo real, se utilizó para obtener dinero con fondos de Imelsa para la adquisición de patrimonio en Xàbia, según consta en el auto.

BETORET Y MEDINA

Por otro lado, sostiene la jueza que las investigaciones llevadas a cabo permiten afirmar indiciariamente la utilización de fondos públicos desde Imelsa para sufragar las campañas electorales del PP en los municipios de Moncada y Vilamarxant (año 2007) y lasgenerales del año 2008 en Valencia.

La instructora entiende que Thematica realizó trabajos para la campaña para Vicente Betoret a la alcaldía de Vilamarxant y para Juan José Medina a Moncada, así como para las elecciones generales de 2008 que habrían sido pagados a través de Imelsa. Los trabajos consistieron en dípticos, carteles o el programa electoral. En el caso de Medina, el importe ascendió a 11.782 euros, mientras que en el de Betoret fue de 8.147.

Sin embargo, Betoret, actual diputado del PP en el Congreso, no figura entre los procesados y en esta causa únicamente ha sido llamado a declarar como testigo en una comparecencia en la que dijo no recordar la mayoría de los aspectos por los que se le preguntó.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que se advertía de esos gastos electorales para la Alcaldía de Vilamarxant se incorporó a la causa 13 años después de que ocurrieran los hechos, con lo que el presunto delito de malversación que se habría cometido ya había prescrito.

PP VALENCIA

Igualmente, según el auto, Thematica ejecutó trabajos para el Partido Popular en las generales de 2008 en Valencia, en las que se encargó del diseño e inserción de carteles en líneas de autobús, por importe de 27.900 euros, que no fueron declarados como gastos electorales y cuyos importes se habrían satisfecho con fondos de Imelsa a través de facturación con cargos que no responderían a los trabajos efectivamente realizados ni al coste real.

Según el auto, el coordinador de campaña era Juan José Medina que debió ser conocedor de los hechos, como se muestra de la documentación intervenida en su domicilio particular.

El director de flota de Fred Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, ha afirmado este martes que se ha producido un derrame de «cantidades limitadas» tras encallar el buque ‘Bentago Express’ en la noche del jueves en el Puerto de Las Nieves, en Agaete (Gran Canaria), si bien ha asegurado que la «poca» contaminación que se haya podido producir «está controlada».

«Es cierto que ha habido un derrame de unas cantidades limitadas, desde el primer minuto se han activado los protocolos, se han ido colocando barreras absorbentes, llevamos un combustible ligero que se evapora en un 80 por ciento o más en las primeras 48 horas, después sigue evaporándose en otros porcentajes (…). El tema del combustible está controlado», apostilló en declaraciones a los periodistas presentes en el lugar.

De todos modos, indicó que el remanente que estaba en el costado dañado a babor, se ha traspasado a estribor, y se debe mantener para cuando se pueda mover el buque, incidiendo en que la «poca contaminación que haya podido producir está controlada».

Asimismo, la naviera explica que una de las organizaciones implicadas en la incidencia, ITOPF (Promoting Effective Spill Response), ha emitido un informe en el que expone que «el escape de combustible no supone peligro para el ecosistema, ya que el poco gasoil liberado en el incidente es un destilado que se considera no persistente debido a su baja densidad y viscosidad».

En este sentido, señala que el viernes y el sábado se pudo observar un «brillo superficial delgado que se fragmentaba rápidamente y que el domingo ya era inapreciable». Al respecto, el informe de ITOPF indica que las fracciones más ligeras del combustible «se evaporaron rápidamente a la atmósfera en las primeras 48 horas», así como que «probablemente se dispersó bajo la influencia de la acción de las olas».

Por otro lado, expone que los «pocos residuos restantes» se absorberán por microorganismos marinos, que «son capaces de utilizarlos como fuente de energía a través de procesos biológicos, conocidos comúnmente como biodegradación». Por ello, el ITOPF considera que el entorno «no sufrirá daños significativos como consecuencia de este incidente».

«CONDICIONES ÓPTIMAS» PARA TRABAJAR

En cuanto a cómo se encuentra el buque, Liaño expuso que está «totalmente asegurado», afirmando que está en «condiciones óptimas para seguir trabajando», apuntando que durante los picos de marea «se está consiguiendo que el barco se mantenga reposado y se hace con los remanentes de flotabilidad».

Así, expuso que actualmente la situación del barco «está perfectamente controlada», si bien se continúan los trabajos de acondicionamiento del barco, «sobre todo, para mantener segura la flotabilidad del barco» y así poder remolcar el navío hasta el muelle deAgaete donde tras las primeras reparaciones de urgencia y sellado del casco dañado, se prevé trasladar al Puerto de La Luz para su reparación íntegra y puesta a punto en el dique seco de Astican.

En este sentido, los trabajos del lunes se centraron en la colocación de flotadores externos junto al patín dañado, así como se inyectó aire en los tanques de babor y se sellaron compartimentos estancos con el objetivo de conseguir la «navegación suficiente para evitar el contacto con la baja y remolcar al navío a tierra firme».

La naviera insiste en que el barco «no está en peligro de hundimiento», ya que se encuentra sobre una plataforma «plana y estable de 20 metros que lo sujeta».

Actualmente trabajan unas 70 personas, así como organizaciones nacionales e internacionales como ITOPF, Ardentia, Subservices,Adventia, Boluda Corporación Marítima, entre otras.

En este sentido, aseguran que se está utilizando los equipos y técnicas más avanzadas del mercado, con materiales y maquinaria de otros países, además de estar asesorado por el astillero constructor del barco, Incat.

Finalmente, Fred Olsen aseguró que los pasajeros afectados en este incidente están siendo informados diariamente por teléfono sobre las labores de reflotamiento y rescate que se van ejecutando, así como sobre la situación de sus vehículos y enseres, que podrán recuperarse «tan pronto» como el barco se encuentre en el muelle.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una serie de reales decretos por los que avala los nombramientos realizados por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para puestos clave del Ministerio Fiscal, entre los que destaca el de Juan Ignacio Campos, el fiscal que dirige las investigaciones contra el Rey emérito, como teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS).

Campos lleva más de un año liderando al equipo que investiga las tres diligencias abiertas en el Ministerio Público a Don Juan Carlos por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca, por el supuesto uso de tarjetas ‘black’ por parte del monarca y de otros miembros de su familia, y por presuntos delitos fiscales.

Delgado propuso a Campos para sustituir al recientemente jubilado Luis Navajas como jefe de la Fiscalía del Supremo tras el Pleno celebrado el pasado 22 de diciembre por el Consejo Fiscal, cuyo criterio tiene carácter consultivo.

Obtuvo la nominación al ser el único candidato a la plaza, si bien la Fiscalía General del Estado (FGE) lo valoró en su momento como «el consenso tácito entre los posibles candidatos» y reflejo de «la oportunidad de su designación».

Según el comunicado remitido en su día por la FGE, Campos cuenta con la máxima consideración y respeto de toda la carrera fiscal y, en particular, de todos los integrantes de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Fiscal desde 1977, ha estado destinado en las fiscalías de Barcelona y Madrid, y fue fiscal de la Secretaría Técnica entre 1994 y 1996, año en que pasó a formar parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Actualmente, ocupa el número tres en el orden de escalafón de la carrera fiscal, así como el cargo de fiscal de Sala Jefe de lo Penal de la Fiscalía del TS. Además, es fiscal de Sala Delegado en materia de delitos económicos.

EL SUSTITUTO INSTITUCIONAL DE DELGADO

Ahora, una vez propuesto formalmente por Delgado y nombrado por el Consejo de Ministros, Campos pasará a ocupar un cargo que ‘de facto’ supone ser el ‘número dos’ de la FGE tras el de fiscal general del Estado.

Se trata de un puesto clave, pues el teniente fiscal del Supremo coordina la labor del Ministerio Público en las cinco salas del alto tribunal y es el sustituto del fiscal general a nivel institucional en caso de viaje, enfermedad o motivos similares.

Navajas concluyó su mandato y su larga carrera cuestionado por sus últimas intervenciones públicas, después de que en septiembre sorprendiera a propios y ajenos revelando en diversos medios de comunicación que no convocó la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia porque habría tenido que excluir de ese encuentro a algunos fiscales «contaminados políticamente», mencionando expresamente a la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal.

El ahora fiscal jubilado también tuvo palabras gruesas para el ya ex fiscal del ‘caso Villarejo’ Ignacio Stampa, por su presunta relación con una letrada de Podemos, si bien unas semanas después le pidió perdón públicamente y por escrito.

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha aprobado el nombramiento de Pablo Andrés Hernández González-Barreda como nuevo presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria, y a María José Miranda Martel como nueva vicepresidenta de esta asociación económica que está adscrita al Ministerio de Hacienda.

Según destaca La Moncloa, Pablo Andrés Hernández González-Barreda es licenciado en Derecho con Diploma en Estudios Empresariales y Máster Universitario en Tributación y Fiscalidad Internacional por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), además de Doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).

Desde 2010 es Profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Pontificia Comillas, actualmente en excedencia, y entre 2018 y 2019 fue coordinador y secretario de la Cátedra Deloitte de Tributación Empresarial.

Asimismo, ha sido académico visitante en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Oxford. También ha sido profesor visitante-becario erasmus+ en la Universidad Católica de Lovaina, profesor visitante en la Universidad Externado de Colombia, la University of International Business and Economics de Pekín, la Wirtschaftsuniversität de Viena, la Universidad Complutense de Madrid y ESADE.

También ha ejercido de consultor de transferencia académica en materia fiscal para algunas empresas y consultoras, así como para el Ministerio de Hacienda de la República de Eslovaquia.

Es co-director de tres tratados sobre reglas internacionales de prevención del abuso fiscal (Aranzadi, Kluwer International), coordinador de dos monografías sobre derecho empresarial (Aranzadi-ICADE-UCM- Asociación Española de Asesores Fiscales), coordinador de una monografía sobre derecho preuspuestario e infancia, autor de dos monografías (Hart-Oxford y Dykinson), y autor de numerosos artículos y capítulos sobre prevención del abuso fiscal internacional y fiscalidad del sector financiero (Intertax, European Taxation, Crónica Tributaria, Quincena Fiscal, Externado Colombia).

En 2013 le fue concedido el premio a la mejor contribución académica en fiscalidad internacional de un menor de 35 años por la Universidad de Economía de Viena y por el Tax Executive Institute de Washington por su trabajo sobre impuestos a las transacciones financieras, y en 2016 le fue otorgado el premio a la mejor tesis doctoral en materia fiscal por la Universidad Paris I- Pantheon Sorbonne.

Desde agosto de 2019, es Director General de Modernización y Calidad de los Servicios en el Gobierno de Canarias, y desde mayo de 2020 es miembro del consejo de administración de Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias, S.A.U.

NUEVA VICEPRESIDENTA

Por su parte, María José Miranda Martel es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, especialidad de Dirección de Marketing (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Diplomada en Ciencias Empresariales (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Doctora en Economía y Gestión por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Master Universitario en Dirección de Negocios Internacionales (UDIMA, Madrid), Master en International Business (MIB) por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Profesora e investigadora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), se ha dedicado a la investigación en el ámbito de los negocios internacionales, la inversión extranjera directa, el emprendimiento internacional y la migración.

Además, forma parte del Grupo de Investigación Estrategia y Negocios Internacionales (ENI), Departamento de Economía y Dirección de Empresas, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y del Grupo de Investigación Analysis of Migration, International economics and Knowledge, de la Universidad de Granada. Su trabajo como docente se ha desarrollado en el área de Organización y Dirección de Empresas, en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC, vinculado a la internacionalización empresarial, los recursos humanos y la organización de empresas.

Dentro de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), ha sido Directora de Relaciones Externas, Estrategia Corporativa y Marketing, Directora de Marketing, Comunicación y Recursos Externos, Jefa de Marketing y Comunicación, Directora Técnica de Certámenes Feriales.

Entre julio de 2011 y 2016 se encargó de la dirección del Departamento de Comercio Exterior, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha publicado su Plan Estratégico 2021-2025, que marca y define las principales líneas de actuación del Instituto para los próximos 5 años. Se trata del primer plan estratégico del ISCIII, que hasta ahora se regía por planes de actuación anuales, y se ha aprobado por unanimidad por el Consejo Rector como máximo órgano de gobierno de la institución.

El objetivo del plan es garantizar una estrategia mantenida en el tiempo para reforzar y mejorar el trabajo que el ISCIII lleva desarrollando más de 30 años en España, y que su resume en labores de investigación, financiación, formación y prestación de servicios de salud pública dirigidos al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Con su desarrollo, el ISCIII establece una hoja de ruta que ayude a superar debilidades y amenazas, principalmente relacionadas con cuestiones administrativas y burocráticas y con una pérdida de recursos económicos y humanos a lo largo de la última década, una tendencia que se está corrigiendo en los dos últimos años. Además, se sientan las bases para optimizar el manejo de las fortalezas y oportunidades con las que cuenta el ISCIII, como sus niveles de especialización, reputación, coordinación, compromiso social, capacidad de establecer alianzas y producción científica, entre otras.

El propio ISCIII ha liderado su elaboración a lo largo de los últimos dos años. La fase de organización del proceso y de análisis de situación comenzó en el segundo semestre del año 2018 e incluyó la evaluación de la oportunidad y la factibilidad; la programación de actividades de participación y puesta en común en el seno de la organización; el análisis del entorno a través de reuniones con agentes externos, y la elaboración del análisis DAFO. A continuación se abordó la fase de identificación de estrategias, que incluyó la definición de la misión, visión y valores; las líneas estratégicas y sus metas; los objetivos estratégicos, y una primera propuesta de acciones concretas para desarrollar.

Estos trabajos permitieron la elaboración de un primer borrador en enero de 2019, que se compartió con los principales actores interesados en el SNS y el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, para su enriquecimiento. De esta manera, el Plan estaba preparado para su aprobación en marzo de 2020, pero se consideró oportuno retrasarlo debido a la irrupción de la pandemia por SARS-CoV-2. A lo largo del segundo semestre del año pasado el documento se actualizó y se incluyeron actuaciones para dar respuesta a las necesidades identificadas durante la pandemia.

La directora del ISCIII, Raquel Yotti, considera «de enorme utilidad tener una herramienta de gestión que permite planificar el futuro del Instituto de Salud Carlos III, compartir de forma transparente la estrategia de la organización y abordar los grandes retos para la investigación biomédica y la salud publica en España. Según explica, la publicación de este Plan Estratégico dota al ISCIII «de una hoja de ruta definida, compartida y aceptada por todos los actores implicados, lo que garantiza la estabilidad y la continuidad estratégica en la dirección del Instituto más allá de sus directores o directoras».

A lo largo de la pandemia «la comunidad científica está haciendo un esfuerzo ímprobo», añade Yotti, que admite que al mismo tiempo se ha puesto de manifiesto «la debilidad de muchas de nuestras infraestructuras científicas y de apoyo a la salud pública, lastradas por una década de recortes». «Estamos en un momento clave para el impulso del ciencia en España, con un cambio de tendencia que llevamos dos años vislumbrando, y esperamos que este Plan resulte de utilidad para avanzar en la dirección correcta», concluye.

El partido político Vox, que fue acusación popular en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo (TS) contra los líderes del ‘procés’ independentista catalán, ha presentado un escrito de alegación ante el alto tribunal oponiéndose de forma «rotunda» a la concesión de indultos porque el Gobierno de esa forma trasladaría un mensaje de «absoluta impunidad» para delitos cometidos contra el orden constitucional.

Ell partido de Santiago Abascal informa de la presentación de sus alegaciones, y explica que su equipo jurídico, dirigido por la letrada Marta Castro,deja patente que no se cumplen las condiciones establecidas por ley para conceder «la impunidad».

«No se debe consentir que el Gobierno, por intereses partidistas, electoralistas o ideológicos pretenda utilizar este medio para blanquear una actuación delictiva que de ninguna forma puede ser interpretada como un posicionamiento político, sino como una vulneración de la legalidad», añade.

Este escrito llega después de que a finales de diciembre los fiscales del Supremo también se opusieran en sus informes a la concesión de los indultos solicitados a favor de los doce condenados debido la gravedad de los hechos y a que no encontraron razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen aplicar la medida de gracia.

Al hilo, en sus alegaciones el partido de Abascal recuerda que «en ningún momento, los condenados manifestaron o trataron de impedir las consecuencias lesivas de sus acciones». Y apuntan sobre el criterio de equidad que «no concurre presupuesto de desproporcionalidad de la pena» sino que el sistema penológico aplicado «resulta más favorable a los penados atendiendo a la concurrencia medial de delitos, de la que resultaron beneficiados».

LOS CONDENADOS ABUSARON DE SUS FUNCIONES

Además, Vox recuerda que no han sido restituidos los caudales públicos malversados y que ninguno de los condenados «manifestó, antes, durante o posteriormente, ni siquiera de forma indirecta la aceptación y reconocimiento de culpabilidad». Por el contrario, «siempre que han tenido ocasión, manifestaron su voluntad de repetir los actos si tuvieran ocasión».

Por otro lado, Castro destaca en su escrito que los líderes condenados «corrompieron las funciones que los propios ciudadanos les habían encomendado, abusando de las mismas para sus fines ilícitos». Y finalmente resalta que «cuando la motivación de la aplicación de la medida –el indulto– descansa en razones de conveniencia política y no en motivos particulares de carácter excepcional que lo justifiquen, se incurre en arbitrariedad y abuso de poder».

«En todo caso se encuentra vedado por nuestro ordenamiento jurídico, artículo 9, 10 y 103 de la Constitución Española, así como por los principios inspiradores de nuestro derecho y de interpretación del texto legal del indulto», concluye.

Tras el informe negativo de los fiscales y las alegaciones contrarias a los indultos de Vox, aun queda por conocer la posición al respecto tanto de Abogacía del Estado como del tribunal sentenciador. Una vez se conozcan estos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidirá si concede el indulto o no a los doce condenados, con independencia de esos informes, que no son vinculantes.

El Mes de la Memoria del Holocausto, que se conmemora en enero, contará con diferentes actos en España como el testimonio de dos supervivientes del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, Thomas Geve y Sam Modiano, un concierto y el Acto de Estado de Conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto, que acoge cada año el Senado y que en esta ocasión se retransmitirá de forma online debido a la pandemia.

En concreto, Centro Sefarad-Israel ha diseñado un programa de actividades en torno al 27 de enero, Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes Contra la Humanidad, que se desarrollará de forma online.

La programación dará comienzo el lunes 18 de enero con una actividad que narrará la historia de Chirune Sugihara, el diplomático japonés que salvó la vida a miles de judíos durante su trabajo en Lituania como vicecónsul del país nipón.

La conferencia, que se organiza conjuntamente con la Fundación Japón, correrá a cargo del director adjunto del Archivo Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Masaaki Shiraishi.

El martes 19 de enero, contará su historia Paquita Sitzer, que huyó junto a su familia de la Francia ocupada a través de la frontera española. A su llegada a Les, un pequeño pueblo del Valle de Arán, en Lleida, la policía fronteriza pretendía devolverlos a Francia por no llevar la documentación correspondiente. Sin embargo, la presión de los vecinos evitó su deportación y pudieron continuar el viaje hasta el puerto de Vigo, donde la familia embarcó destino a Venezuela.

El miércoles tendrá lugar un homenaje a Haim Vidal Sephiha, gracias a quien hoy el memorial Auschwitz dispone de una placa en recuerdo a las víctimas sefardíes del campo de exterminio.

El jueves se reflexionará sobre la necesidad de conservar los lugares dónde se vivieron los episodios más destructivos de la Shoá, de la mano de una especialista del memorial de Buchenwald.

El lunes 25 de enero, Zvi Szlamowicz, superviviente del Holocausto, ofrecerá su testimonio. Ante la inminente deportación de los judíos por parte del régimen nazi, los padres de Zvi, asustados por lo que le pudiera pasar a su hijo, decidieron entregarlo con tan sólo 5 meses a la familia De Meulemeester, que colaboraba con la resistencia y con la que el cura de la Iglesia de su barrio mantenía contacto.

A pesar de que sus padres y familiares se escondieron en casas durante días para que los nazis no los descubriesen, su madre y su tía fueron arrestadas y finalmente llevadas al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, donde fueron asesinadas al poco tiempo en las cámaras de gas.

Al día siguiente, el martes 26 de enero, tendrá lugar un concierto online con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que Centro Sefarad-Israel organiza con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Holocaust and the United Nations Outreach Programme. Correrá a cargo de del Garaiz Emsemble y se emitirá desde el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio.

El miércoles 27 de enero tendrá lugar el Acto de Estado de Conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes Contra la Humanidad, que se desarrollará en el antiguo salón de plenos del Senado y que podrá seguirse de forma online.

Por la tarde, ese mismo día, podrá verse en la sede del Istituto Italiano de Cultura de Madrid y también de forma online el documental ‘Il viaggio più lungo, gli ebrei di Rodi’, que irá acompañada de una entrevista con el superviviente Sam Modiano.

El jueves 28 de enero tendrá lugar la conferencia online ‘Auschwitz a través de la mirada de un niño. Los dibujos de Thomas Geve’, en la que participará Thomas Geve, superviviente de Auschwitz. Geve, quien era solo un niño cuando se liberó Auschwitz, ofreció sus dibujos para narrar el horror que vivió durante los casi dos años que sobrevivió al campo.

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos) han criticado este martes el «nefasto» plan de vacunación contra el Covid-19 de la Comunidad de Madrid porque no están consiguiendo emplear las dosis a mayor número de población.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Gabilondo, ha solicitado, en rueda de prensa telemática a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que comparezca, a petición propia, ante el Pleno de la Asamblea para explicar la gestión realizada durante el temporal de nieve, así como la lucha contra el Covid-19 y el programa de vacunación.

Debido a las limitaciones reglamentarias, ha explicado Gabilondo, la comparecencia ha de ser a petición propia «única vía para que la presidenta pueda explicarse ante los representantes de la ciudadanía».

Sobre el plan de vacunación en Madrid, Gabilondo ha subrayado que, a pesar de las declaraciones oficiales sobre la existencia de un plan «muy definido y detallado», los hechos demuestran que «no estaba tan definido el plan». «Siempre se reclamaban más vacunas, pero cuando se han tenido tampoco se han utilizado», ha criticado.

En este sentido, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha lanzado la propuesta de habilitar los módulos que faltan por activar en el hospital Zendal para que se pueda establecer un servicio de vacunación en automóvil similar al que se realiza en Israel, por ejemplo, así como utilizar «todos los recursos necesarios» para aumentar los porcentajes de vacunación.

«Pediría a Díaz Ayuso que la UME, cuando termine sus labores de limpieza, se instale en Zendal a vacunar a toda la población. No estamos consiguiendo vacunar y, si no somos capaces, habrá que pedir ayuda o no llegaremos a vacunar con la población vacunada. Eso será un gran coste económico para empresas y pymes que ya se están planteando si van a poder seguir con su actividad. El Gobierno tiene que gestionar bien para dar seguridad y generar un ecosistema favorable», ha lanzado Monasterio.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha criticado también la «nefasta gestión del Gobierno de la Comunidad» con la vacunación, ya que es la región que menos porcentaje de dosis lleva empleado. «Aunque hayan privatizado el servicio y vacunado los días de la semana, somos la última, y esto es una vergüenza que tienen que explicar», ha sostenido.

Por último, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha tildado de preocupante que Ayuso haya «estado desaparecida durante toda la crisis, dedicándose a hacerse más fotos» que aportando, a su juicio, soluciones. «La gestión del Gobierno se puede resumir en dos palabras: improvisación e incompetencia», ha concluido.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha celebrado este martes un juicio por un delito contra la salud pública en el que la Fiscalía demanda cinco años de cárcel para una mujer y su compañero sentimental, interno en el centro penitenciario de A Lama, sospechosos de introducir droga en la prisión tras mantener un encuentro vis a vis.

Según ha declarado la acusada, que ha respondido únicamente a las preguntas de su abogado, el día 12 de abril de 2019 acudió al centro penitenciario de A Lama para disfrutar de un vis a vis íntimo con su pareja, interno en dicha prisión.

La mujer, que ha negado los hechos, ha contado que fue sometida a cacheos integrales a la entrada y a la salida de la cárcel sin que le fuese detectada ninguna sustancia estupefaciente. También ha explicado que consume drogas desde que tenía 15 años y que se ha sometido a tratamientos de desintoxicación en Proyecto Hombre, Alborada y Érguete.

Por su parte, el acusado ha declarado ante el tribunal que la droga la adquirió «en la cárcel a un moro del módulo» al que identificó como «Mohamed», negando que se hubiese puesto previamente de acuerdo con la mujer para que ese día la acusada introdujese estupefacientes en el centro penitenciario.

Antes de entrar en el vis a vis, el hombre no fue cacheado, pero al salir del encuentro íntimo fue sometido a un registro en el que se le intervino cocaína oculta en una de sus zapatillas y él mismo colaboró explicando que también tenía hachís escondido en el ano. Las sustancias, una vez pesadas y analizadas, resultaron ser 2,552 gramos netos de cocaína con una riqueza del 75,87% y 30,8 gramos netos de resina de cannabis. En el mercado ilegal la cocaína intervenida tenía un valor de 25 euros, y el hachís de 170 euros.

NIEGA QUE FUERA PARA LA VENTA

El acusado ha explicado que compró esa cantidad porque resultaba más barato que adquirir dosis más pequeñas, negando que la tuviese destinada a la venta y suministro a terceras personas.

Además ha dicho que llevaba la droga siempre consigo para evitar los constantes controles que hay en prisión. Al igual que hiciera su pareja, el acusado también reconoció su adicción a las drogas «desde los 15 años». Desde septiembre de 2014 estaba ingresado en prisión por un delito de tráfico de drogas.

Durante la vista oral comparecieron varios funcionarios de prisiones que firmaron el acta de intervención de la droga y cuya función era controlar a los internos en sus comunicaciones con personas del exterior. Igualmente, el subdirector del Centro Penitenciario de A Lama ha explicado que fue él quien dio la orden de cacheo partiendo de una «sospecha», ya que en anteriores ocasiones a este interno ya le habían intervenido droga. «Tenía la certeza de que iba a meter droga por los antecedentes», ha dicho, a preguntas de la Fiscalía.

El juicio se retomará el próximo jueves 21 de enero, al no poder asistir hoy uno de los testigos considerados por la Fiscalía «prueba de cargo».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este martes su «gratitud y orgullo» a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por la labor que está realizando para combatir los efectos de Filomena, igual que ya demostró para responder a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.

Sánchez ha visitado el batallón 1 de la UME en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) una vez finalizado el Consejo de Ministros y ha aprovechado para destacar la labor de todas las Fuerzas Armadas, primero con la pandemia y ahora con el temporal.

«Nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles y muy complejos, pero estoy convencido de que vamos a salir adelante», ha asegurado el presidente mostrando su confianza en una sociedad que cree que ha demostrado que «no se rinde ante las adversidades».

Sánchez cree que la pandemia y ahora Filomena han ahondado en la importancia de disponer de unos servicios públicos «de primer nivel», «potentes y fuertes». Entre ellos ha incluido a las Fuerzas Armadas, todo el sistema nacional de protección civil o los profesionales sanitarios».

«Quiero trasladaros mi orgullo y gratitud por el servicio que estáis prestando a la sociedad española, sobre todo en el bien más preciado, que es la seguridad», ha ahondado apuntando además que esta respuesta es «equitativa» y se centra en las personas más vulnerables. «Lo estáis dando todo y por eso la sociedad española os lo agradece», ha garantizado.

En total son cerca de 1.500 los efectivos de la UME, Ejército de Tierra y Ejército del Aire que trabajan junto al resto de servicios de emergencia coordinados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, para paliar la complicada situación en lascomunidades autónomas de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha.

En concreto, están dedicados a esta labor 1.488 militares y392 vehículos los movilizados por las Fuerzas Armadas, que se encuentran divididos principalmente en tres zonas.

La más numerosa se encuentra en Madrid: con 844 efectivos (488 de la UME y 396 del Ejército de Tierra, junto con 217 vehículos), alque hay que añadir un dispositivo especial en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas que consta de 182 militares con 67 vehículos.

Además, las Fuerzas Armadas están presentes en Aragón, con 220 efectivos de la UME apoyados por 86 vehículos, y Toledo –dondeestá desplegado el Ejército de Tierra con 202 efectivos y 22 vehículos–.

El Gobierno ha preferido no concretar si declarará Madrid como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil –antes denominada zona catastrófica– a causa de los efectos de la borrasca ‘Filomena’ porque, según ha indicado, primero quiere concluir la evaluación de los daños en todas las zonas afectadas, una labor que ha comenzado ahora.

Así lo han explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este martes en rueda de prensa en la Moncloa tras el Consejo de Ministros, después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmara que hay «indicios más que suficientes» para plantear que se aplique esa medida a la capital.

Grande-Marlaska ha declarado que ya se están realizando los trabajos necesarios para analizar los daños en los distintos lugares de España golpeados por el temporal de nieve y frío y para estudiar y articular las ayudas necesarias en los parámetros legalmente establecidos.

Sin embargo, ha insistido en que para poder tener una evaluación definitiva habrá que esperar a que concluyan los adversos fenómenos meteorológicos. «Ya estamos trabajando en esa evaluación», ha apostillado.

En todo caso, ha precisado que esta evaluación que corresponde a la etapa de recuperación se hará no solo en Madrid sino en el resto de zonas afectadas por la emergencia. En definitiva, ha señalado que una vez que esta concluya y se realice una evaluación con todos los daños se tomará la decisión conforme a la ley.

AYUDAR A LOS AFECTADOS POR LOS DAÑOS

De momento, todas las capacidades están destinadas a la prevención, a dar respuesta y, en tercer lugar, a ayudar a la recuperación para que «todos salgan indemnes y no dejar a nadie atrás», según ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que se tomarán las medidas necesarias para que «todos los afectados» no sufran ningún daño suplementario como consecuencia de esta situación «absolutamente extraordinaria y excepcional», según ha manifestado.

Montero ha confirmado que una vez que pase el temporal, procederán a «aplicar la normativa correspondiente para resarcir a las personas y empresas que hayan sufrido daños», y ha añadido que en este ámbito el Ejecutivo central está trabajando en coordinación con las demás Administraciones, fundamentalmente los ayuntamientos.

NO HAN RECIBIDO NINGUNA PETICIÓN

El ministro del Interior ha dicho que de momento ninguna autoridad ha solicitado formalmente al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, pero ha recordado que el Ejecutivo puede adoptar esa decisión de oficio si lo considera necesario.

Tras el paso de la borrasca ‘Filomena’, el Gobierno ha activado el Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM) que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre basándose en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

En ese marco de coordinación interestatal para situaciones multirriesgo o catástrofes, se ha activado el Comité Estatal y de Coordinación (CECOD) que coordina la Dirección General de Protección Civil, en nivel de preemergencia situación operativa 1.

La Subdelegación del Gobierno y el Puerto de Huelva junto a la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa) se encuentran realizando gestiones para tratar de posibilitar que el operativo de llegada de las trabajadoras con contrato en origen procedentes de Marruecos se efectúe al Puerto de Huelva y no al de Algeciras, como ha ocurrido hasta ahora.

Apuntando que los objetivos son los de una mayor efectividad de la operativa y la mayor comodidad de las trabajadoras (que estarán a tan sólo media hora como mucho de sus alojamientos) y de las propias personas que están participando en el operativo.

De este modo, Interfresa se ha reunido ya con la Subdelegación del Gobierno en Huelva para tratar de abordar la posibilidad de una llegada directa a la provincia de Huelva desde Marruecos y este martes está previsto que se reúna también con el Puerto de Huelva.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda, ha indicado, en declaraciones a los medios, que el Puerto de Huelva está «siempre a disposición del sector de los frutos rojos y de los empresarios para apoyarlos», por lo que ha dado «un paso al frente» y se van a coordinar «todas las administraciones», puntualizando que espera que «igual de bien que el año pasado» con el regreso de las temporeras a Marruecos desde Huelva.

Por esto, ha subrayado que desde la institución están dispuestos a dar «todas las facilidades posibles» y poner «todas los medios a su alcance», mientras que la Subdelegación «está haciendo todo el despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y sanidad exterior». Todas las administraciones juntas, también la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Palos, a disposición de los empresarios» y «dando un paso al frente para ayudar a Huelva a su economía«, ha subrayado.

Asimismo, Miranda ha señalado que «en la época en la que vivimos en la que hay tanta gente pasándolo mal por el covid» las administraciones tienen que «unir sinergias» y trabajar «en unión junto a los agentes sociales y económicos».

Cabe recordar que las primeras 1.000 temporeras de las más de 4.000 del contingente contratado en origen y que llegarán durante el mes de enero se encuentran en la provincia tras la llegada de las mismas en dos ferrys los días 30 de diciembre y 8 de enero al Puerto de Algeciras.

Así, desde la Subdelegación pusieron en valor la complejidad de la logística sanitaria desde el origen para traer hasta la provincia a estas trabajadoras. Una operativa que supone la preparación en Marruecos para el viaje de estas personas (pruebas PRC, embarque etc.) y, una vez que las mismas llegan al puerto gaditano, son recogidas en autobuses para trasladarlas a las cooperativas de la provincia de Huelva.

Las asociaciones participantes son seis, que han realizado el Plan de Acogida en algo más de 50 Empresas pertenecientes a sus Organizaciones (Asaja, Freshuelva, UPA, Fed Coop Andalucía, ACPH Citricultores y Fresón de Palos).

Para la recogida de las mujeres en el Puerto de Algeciras, cada asociación ha utilizado un color asignado mediante banderas en autobuses o indicaciones por parte de los mediadores, coincidente con pegatinas que las trabajadoras llevaban en el pasaporte, y al objeto de mejorar el sistema conjunto de orientación acordado, como plan de señalización del operativo.

Al finalizar todas las fases –está es la primera de un total de 4.360 personas– habrán participado unas 400 empresas. En algunos casos se trata de grandes empresas del subsector de frutos rojos y en otros casos pequeñas o medianas empresas pertenecientes a Cooperativas Agrícolas de la provincia de Huelva, ubicadas en las localidades de Moguer, Palos de la Frontera, Lucena del Puerto, Cartaya y Lepe, fundamentalmente.

Tras esta primera fase, en la segunda llegarán a Huelva unas 3.700 y el resto hasta el 1 de marzo. En total, 14.000 trabajadoras contratadas en origen para la campaña agrícola 2020/2021. Asimismo, hay otras 2.800 mujeres de nueva contratación que se encuentran en reserva por si fuese necesario más mano de obra.

POSIBLE LÍNEA REGULAR CON MARRUECOS

Por otra parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria ha apuntado que desde el Puerto de Huelva están intentando establecer «las máximas líneas regulares» con Marruecos y que hay un proyecto que «no ha terminado de cuajar por el covid» pero que espera «que haya línea regular con Tanger MED», porque el de Huelva es «un puerto potente que va adelante a pesar de las circunstancias».

Cabe recordar que el retorno extraordinario del pasado verano de las temporeras de la campaña de los frutos rojos se realizó desde el Puerto de Huelva por las complicaciones derivadas de la pandemia del Covid-19 y del cierre de fronteras de Marruecos.

En concreto fueron más de 7.000 mujeres las que partieron desde el Puerto de Huelva después de hacerse las pruebas PCR para poder realizar el regreso a Marruecos y en el dispositivo participaron coordinadamente todas las instituciones junto con las empresas del sector.