La segunda ola de la pandemia por SARS-CoV-2 se ha cobrado la vida de más de 300 personas que vivían en residencias de mayores en Galicia, lo cual supone una cifra más alta que en la primera ola. En ambos periodos, las personas vinculadas con un centro de este tipo han supuesto en torno al 40 por ciento del total de fallecidos por covid-19 y suman en total 575 personas.
Concretamente, según se incluye en uno de los varios informes remitidos a la Comisión de reactivación económica, social y cultural por parte de la Consellería de Política Social, en la primera ola fallecieron 274 personas, de las cuales 132 lo hicieron en las propias residencias y 142 en hospitales. Esto supone un 44 por ciento del total de personas fallecidas en Galicia por la covid-19, que sumaron 619 en este periodo.
En la segunda ola (computados hasta el 30 de diciembre), fallecieron 301 personas procedentes de residencias, de las cuales 109 lo hicieron en estos centros y 192 en el hospital, lo que supone un 39 por ciento de las 767 personas que fallecieron en Galicia en este periodo.
Aunque formalmente no se puede hablar de una fecha concreta, el viernes 8 de enero el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, habló públicamente por primera vez de la «tercera ola», un término que también empleó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para referirse a la situación a la que atiende Galicia. Si además se observan los datos de positividad (porcentaje de positivos sobre PCR realizadas) y los nuevos contagios en términos absolutos, se desprende que entre finales de diciembre de 2020 y principios de 2021, los índices se han vuelto a disparar.
Así, el ‘Informe sobre la gestión de la pandemia de la covid-19 en las residencias’ remitido a la Cámara gallega, se recoge que Política Social creó los equipos de seguimiento covid en todas las áreas sanitarias en coordinación con la Consellería de Sanidade, así como se «incrementaron las inspecciones conjuntas» en los centros residenciales.
RESIDENCIAS, INTERVENCIONES
Durante la pandemia, la Administración autonómica decidió crear las denominadas residencias integradas, espacios residenciales medicalizados destinados al seguimiento y tratamiento de los usuarios con covid-19 positivo paucisintomáticos o con sintomatología leve en las que no era necesaria la hospitalización.
Asimismo, también se diseñó un protocolo de intervención de residencias, que ahora quedará plasmado en la futura Ley de impulso demográfico de Galicia, para que quede recogido normativamente este supuesto de actuación en caso de pandemia con la previsión legislativa, además, de crear grupos de intervención rápida.
En la primera ola, el Gobierno gallego habilitó dos residencias integradas –Porta do Camiño, en Santiago de Compostela, y Baños de Molgas, en Ourense–. En la segunda ola, se habilitaron la residencia Bodía Boullosa Pardo de Vera, en Vigo, y se adaptó una residencia en el Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), en Santiago de Compostela.
Desde el inicio de la pandemia, la Xunta intervino un total de 12 residencias. Durante la primera ola, se intervinieron la residencia de Barreiros (Vigo), Aldán (Nigrán), Nuestra Señora de Fátima (O Barco de Valdeorras), El Portazgo (A Coruña) y Santa Teresa de Jornet (A Coruña).
Ya en la segunda ola, fueron intervenidas por la Administración pública: residencia de O Incio, DomusVI Lugo (Outeiro de Rei), Os Gozos (en Pereiro de Aguiar), la residencia de Salvaterra de Miño, la residencia Domusvi Ribadumia, la residencia El Pinar y la residencia de Vilaboa.
5.200 SUSTITUCIONES Y 428 REFUERZOS
Además de los cribados realizados (semanales a más de 5.000 residentes) y las pruebas PCR previas a un ingreso en un centro residencial (a trabajadores procedentes de vacaciones, permisos o de nueva incorporación), se ha iniciado la implantación de un sistema de detección de virus en aguas residuales de residencias «pionero» en Europa y en una residencia de cada área sanitaria se hará un doble cribado antígenos/PCR saliva.
En relación a los recursos humanos, la Xunta ha reforzado con 428 efectivos el personal de residencias públicas y privadas y cubrió con más de 5.200 sustituciones en los centros públicos desde el inicio de la pandemia. Los equipos de intervención estarán conformados por diez auxiliares de enfermería pertenecientes al cuadro de personal de Política Social, contando con un equipo por provincia.
EXPEDIENTES ABIERTOS
Según otro informe sobre el número de inspecciones realizadas por la Consellería de Política Social en los últimos cuatro años, enviado a la comisión de reactivación, durante el año 2020, se interpusieron diez sanciones económicas a otros tantos centros residenciales, así como se abrieron otros 35 expedientes sin que hayan acabado en sanción.
Concretamente, fueron sancionadas económicamente (no se especifica la cuantía en el informe), los siguientes centros: Residencia Santa Teresa Jornet (A Coruña), Residencia Betania (Viveiro, Lugo), Residencia San Carlos (Celanova, Ourense), Residencia Nuestra Señora de Fátima (O Barco de Valdeorras, Ourense), Residencia San Roque (Lugo), Vivienda comunitaria Nosa Señora da Franqueira (Coles, Ourense), Residencia Asden (Culleredo, A Coruña), Residencia San José (Narón, A Coruña), Fogar Residencial Nosa Señora do Carme (Fisterra, A Coruña), y Residencia Caser A Zapateira (Culleredo, A Coruña).
En 2017 hubo dos sancioens, una de las cuales (la de la residencia Valle Inclán, en Vilanova de Arousa) supuso la «clausura» del centro, que volvió a ser sancionado en 2019; y en 2018 fueron nueve, todas ellas de índole económica.
Así, en 2019 fueron sancionadas un total de 18 residencias, mientras que se abrieron ocho expedientes sin sanciones firmes, según se desprende del mismo informe.
