La Asociación de Medios de Información (AMI) ha celebrado la concesión del Premio Nobel de la Paz a los periodistas Maria Ressa y Dimitri Muratov, que se ha dado a conocer este viernes en Oslo (Noruega).

La asociación, que representa a más de ochenta medios de comunicación y agencias de información españolas, ha destacado el papel de la periodista filipina Maria Ressa, una de las mayores defensoras de la libertad de expresión en el mundo, que ha denunciado sistemáticamente "los abusos de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en su país natal", como reza el comunicado del galardón, que hace referencia al presidente Duterte, cuya lucha contra la droga le ha llevado a emprender una salvaje guerra sucia que ya se ha cobrado más de 6.000 muertos en el país desde 2016.

Sobre Ressa, de 58 años y fundadora del portal de noticias Rappler, ha puesto de relieve que fue declarada culpable en junio de 2020 en un "dudoso" caso de ciberdifamación por el que se enfrenta hasta a seis años de prisión. Por el momento, cumple arresto domiciliario en el país asiático.

Además, ha añadido que cuenta con otras siete denuncias pendientes por parte de la justicia filipina, que han sido denunciadas por los medios de comunicación de todo el mundo al entender que se deben a una persecución injustificada por ejercer su labor de periodista.

Entre otros galardones, Ressa fue premiada con la Pluma de Oro a la Libertad 2018 por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), que preside, al igual que en el caso de la Asociación de Medios de Información (AMI) y News Media Europe (NME), Fernando de Yarza. Se trata del primer Premio Nobel concedido a Filipinas, y la primera periodista que consigue el galardón en toda su historia.

Por otra parte, ha apuntado que el ruso Dimitri Muratov, de 59 años, es "otro gran ejemplo de lucha por la libertad de expresión frente a las condiciones adversas de su país". Fundador del diario ruso 'Novaya Gazeta', es su redactor jefe desde 1995 y siempre se ha mostrado muy crítico con el Kremlin.

Así, ha subrayado que ha denunciado en numerosas ocasiones en sus páginas la corrupción y la violencia en el país ruso, por lo que lleva recibiendo todo tipo de ataques y amenazas. Incluso, con el asesinato de seis de sus periodistas desde 2002. Entre ellos, la reportera de investigación Anna Politkovskaya.

Al igual que Ressa, Muratov fue galardonado con la Pluma de Oro a la Libertad 2016 de WAN-IFRA. En la recepción de su premio manifestó su inquebrantable compromiso con el periodismo. "Seguiremos representando al periodismo ruso, que ahora está siendo suprimido. Eso es todo. Intentaremos ayudar a las personas que ahora son etiquetadas como 'agentes extranjeros', que están siendo atacadas y expulsadas del país", señaló.

"Para encontrar periodista antecesor como ganador de un Premio Nobel de la Paz hay que retroceder hasta 1935, cuando Carl von Ossietzky fue galardonado con el Nobel de la Paz pese a la indignación de Adolf Hitler", ha recordado la organización,

La Asociación de Medios de Información muestra, así, su reconocimiento y "profunda satisfacción" por que la Academia Sueca haya tenido en cuenta el trabajo de los periodistas en todo el mundo, "especialmente cuando las circunstancias de falta de libertad y opresión son más acentuadas". "Ressa y Muratov son la muestra de que el periodismo de calidad es, más que nunca, esencial para el sostenimiento de la democracia en el mundo", ha concluido.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida por apuñalar a otra después de intentar agredir a clientes en una cafetería de la ciudad.

Así lo han informado fuentes judiciales, que han concretado que esta mujer está investigada por un delito de tentativa de homicidio y por otro de lesiones con instrumento peligroso.

La mujer, de 41 años, fue arrestada por agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Lugo por un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a otra mujer después de intentar agredir a los clientes de una cafetería en la capital luguesa.

La detención se produjo en la tarde de este pasado miércoles por hechos que ocurrieron en el centro de la ciudad, cuando una llamada a la sala del 091 advirtió de que una mujer había intentado apuñalar a varios clientes de una cafetería del centro de la ciudad.

Enviadas todas las dotaciones en servicio al lugar y en el trayecto al mismo, mediante otra llamada, los agentes fueron alertados de que en la calle Conde Pallares una mujer había sido apuñalada por otra.

Así, personadas las dotaciones en el lugar y verificado que había una mujer que recibió dos puñaladas en la espalda y un brazo, se le presta asistencia inmediata y una dotación se queda con ella a la espera de la llegada de los servicios sanitarios.

BÚSQUEDA

Mientras tanto, por parte del coordinador de servicios se establece un dispositivo de búsqueda de la autora de los hechos, con el fin de "evitar que se pudiera producir más incidentes", destaca la Policía.

De hecho, relatan las mismas fuentes, mientras se atendía a la víctima que había sido apuñalada se personó en el lugar la propietaria de la cafetería que había dado el primer aviso, quien apuntó el intento de agresión a varios de sus clientes.

Con el dispositivo de búsqueda en marcha, y la descripción aportada por los testigos de la agresión, las dotaciones policiales de Radiopatrullas localizaron en la calle San Marcos a la autora del apuñalamiento, que fue detenida y traslada a dependencias policiales en la calle Chantada. La Policía ha subrayado que "la rápida intervención pudo evitar nuevas agresiones".

NAVAJA INTERVENIDA

Cuando se procedió a su detención se le incautó una navaja, con la que supuestamente había perpetrado las agresiones, señala la Policía Nacional.

Por su parte, la víctima fue ingresada en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo (HULA) con dos puñaladas en el costado que, señalan las mismas fuentes, le han afectado a un pulmón y un brazo.

Expertos en certificación de pesquerías urgen a mejorar la estrecha colaboración entre pescadores y gestionadores para que los científicos tengan un mejor acceso a los datos detallados de las operaciones pesqueras y modelos matemáticos especializados en el tipo de vida muy peculiar de los pulpos en un contexto de aumento de la demanda de este cefalópodo en todo el mundo.

Según el experto en evaluación de stocks pesqueros de Marine Steardship Council (MSC) Rubén Roa esto es "clave" para conseguir la certificación MSC.

Así se ha manifestado en el marco del I Simposio Internacional sobre la Pesca Sostenible del Pulpo, en el marco de la feria de Conxemar, donde han participado instituciones como el Gobierno de Asturias, representantes del sector del pulpo, científicos y ONG en una jornada en la que han expuesto la necesiad de que "todos los eslabones de la cadena de valor" de la especie se impliquen en mejorar la sostenibilidad del pulpo.

En la jornada se han abordado cuestiones como la gestión de la pesca del pulpo y como los distintos miembros de la cadena de valor pueden contribuir a apoyar a las pesquerías para satisfacer la demanda de productos del mar sostenibles.

En el evento, la coordinadora de Sustainable Fishing Partnership Carmen González-Vallés, subrayó como la "creciente demanda" de pulpo a nivel global y especialmente en nuevos mercados como Estados Unidos ha hecho que cada vez haya más empresas interesadas en la Global Octopus Supply Chain Roundtable para saber cómo involucrarse en iniciativas de mejora pesquera en las pesquerías de pulpo, donde además de las pesquerías tradicionales del noroeste de África se han incluido pesquerías de Indonesia y Filipinas debido al interés creciente en importar dichas materias primas.

Por su parte, el director general de pesca marítima de Asturias, Francisco González, subrayó que la certificación MSC ha contribuido a una nueva concepción de la gestión pesquera y ha logrado unir sinergias de todos los actores implicados en la sostenibilidad de las pesquerías.

En la actualidad MSC ha certificado la pesquería de Pulpo de Australia Occidental, y la pesquería Artesanal de Pulpo de Nasas de las Cofradías del Occidente de Asturias. La entidad certificadora considera el pulpo una especie estratégica que al igual que otras especies de cefalópodos presenta diversos retos para la gestión sostenible de su pesca debido a la singularidad de su biología.

Además, en el evento se informó sobre cómo los científicos, las ONG, las administraciones, las empresas, y la cadena de suministro de productos del mar pueden ayudar a respaldar las pesquerías de pulpo para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos del mar sostenibles.

En esa línea, el director general de Orcas Seafood y coordinador del proyecto de Mejora pesquera de Yucatán (México), Mauricio Orellana, destacó la necesidad de que todos los actores de producción de la especie cooperen para beneficiar a toda la cadena de valor de la pesca sostenible de la especie, así como para acortar la distancia entre el productor y el consumidor final, para saber el valor real que la sostenibilidad aporta al pulpo sostenible.

En la misma línea, la directora de calidad de Brasmar (Portugal), Graciete Machado, expuso el interés de las empresas en poder suministrarse de producto sostenible para asegurar el suministro en el tiempo y dar seguridad futura a su proyecto empresarial.

Finalmente, entre las conclusiones, los participantes coincidieron en la necesidad de que todos los actores de la cadena de valor apoyen la sostenibilidad del pulpo así como en que es precisa una mayor concienciación y empoderamiento del consumidor para que demande productos sostenibles en sus lugares de compra.

El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs) ha valorado positivamente el incremento del 23% de la partida de Dependencia que recoge el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, si bien insiste en que se trata de una "financiación insuficiente".

Según precisa CEAPs, de acuerdo con la cantidad presupuestada para el año que viene, la Dependencia experimentaría un aumento hasta alcanzar la cantidad de 2.902 millones de euros, mientras que el nivel mínimo aumentaría en un 22,91%, hasta los 2.146 millones de euros, y el nivel lo haría en un 70,6%, lo que supone 483 millones de euros en total.

"Llevamos mucho tiempo diciendo que el modelo no ha fallado, lo que falla es la financiación y, para eso, es muy importante llegar al 2% del PIB para la Dependencia", ha subrayado la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual.

En este sentido, ha señalado que la inversión actual del Gobierno es "tan solo del 0,7%, nada que ver con la de otros países del entorno". "El déficit es evidente", ha apostillado, al tiempo que ha recordado que "el propio secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, reconoce que la transformación de los cuidados "requiere una financiación necesaria.

CEAPs apoya esa reivindicación en el informe 'El Precio Justo; lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial', realizado por la patronal y Gerokon y que fue presentado el pasado 1 de octubre durante la celebración de la I Cumbre 'Baby Boom'.

De esta forma, reclama una mayor inyección económica y exige que el 1 de enero de 2022 las tarifas en todas las Comunidades estén como mínimo por encima de los 2.030 euros. También pide unas mejores condiciones para los trabajadores y para los usuarios.

"Queremos un aumento de los salarios, queremos habitaciones individuales, hay que ser transparentes. Si no llegamos a los 2.300 euros y de ahí hacia arriba, no podremos prestar el servicio que la sociedad quiere y requiere", ha explicado Pascual. Si bien, ha lamentado que, actualmente, diez autonomías están por debajo del básico que son los 2.030 euros.

Al mismo tiempo, ha reivindicado que exista un sistema de concertación mixta, con un 50% de plazas concertadas y otro 50% de plazas privadas, abonadas con prestaciones vinculadas al servicio; que se fije una ratio global de profesionales mínimo del 50%, y que solo exista una única tarifa de Atención a la Dependencia, no basada como hasta ahora en los grados de Dependencia de la persona usuaria del servicio.

Además, ha propuesto trabajar con indicadores de satisfacción del propio usuario para medir la calidad del servicio, garantizando el uso de herramientas de Atención Centrada en la Persona.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este viernes el juicio promovido contra un varón acusado de intentar asesinar a su esposa apuñalándola con un cuchillo y estrangulándola en la cocina de la vivienda familiar, alegando el encartado que tras comunicarle la mujer su decisión de separarse de él, intentó suicidarse mediante una ingesta de fármacos, tras lo cual sufrió un "apagón" de conciencia durante varios días, toda vez que la víctima ha ratificado el apuñalamiento denunciado.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos habrían acontecido el pasado 20 de marzo de 2020, pocos días después de ser decretado el primer estado de alarma frente a la pandemia; en la calle Torreblanca, en el sector norte del casco histórico de Sevilla capital, y el acusado es Carlos Eduardo S.V., sin antecedentes penales.

Allí, en su domicilio familiar, el acusado habría "abordado por detrás" a su esposa en la cocina de la vivienda, apuñalándola presuntamente con un cuchillo para después arrojarla al suelo y ponerse sobre ella, asifxiándola apretando su cuello entre las manos, siempre supuestamente.

La mujer habría intentado repeler la agresión, mordiendo un dedo pulgar del encartado, que habría respondido apuñalando a la mujer de nuevo, esta vez en el cuello, al tiempo que seguía intentando asfixiarla, sufriendo la víctima un "sangrado masivo" y en suma "peligro de muerte, ya que las heridas afectaron a zonas vitales".

La Fiscalía detalla además que a la fecha de los hechos, el encartado estaba "afectado" por el consumo de sustancias tóxicas y su "estado emocional dado el momento personal y general que estaba viviendo, por lo que su capacidad de obrar se encontraba afectada".

PETICIÓN DE CONDENA

La Fiscalía achaca al encartado un supuesto delito de asesinato en grado de tentativa en concurso con un delito de lesiones, con la agravante de parentesco y la circunstancia eximente incompleta de su estado de afección, reclamando para él nueve años de cárcel y 20 años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella.

Durante la vista oral, el acusado ha narrado que el 8 de marzo de 2020, es decir pocos días antes de ser ordenado el confinamiento obligatorio en los hogares ante la propagación del coronavirus Covid-19, su esposa le habría anunciado su decisión de separarse, extremo que le habría sorprendido por completo. La mujer, según el encartado, le había trasladado la necesidad de que él abandonase la vivienda, aunque dándole un plazo de unas tres semanas interrumpido por la implantación del primer estado de alarma contra el Covid-19, que prohibía los desplazamientos salvo por motivos laborales, de salud o de urgencia.

Según el acusado, tras anunciar su mujer la separación, él ya comenzó a pensar en suicidarse. "Era un zombi", indicaba respecto a su estado anímico, exponiendo que era consciente de que su mujer había conocido a otro hombre dadas las conversaciones telefónicas entre ambos y la reclusión obligatoria en las viviendas que pesaba para todos los ciudadanos.

GANAS DE "MORIR"

En cuanto a la noche del 20 de marzo, ha explicado que la mujer y él subieron a la azotea del bloque de viviendas donde residían para tomar "una copa" al aire libre, asegurando que él habría consumido numerosas cervezas; y que tras comentar ella los "planes" para su nueva vida; una vez bajaron al piso él decidió intentar suicidarse, para lo cual según su versión de los hechos consumió "30 pastillas" de un fármaco relajante, para así "morir" en la cama una vez acostado.

Tras la ingesta de los barbitúricos, según el acusado, habría sufrido un "apagón" de su conciencia del que sólo recordaría fugaces imágenes en su mente de la mujer gritando, "un charco de sangre" y su abogado diciéndole "no declares, no declares", tras lo cual habría recuperado la conciencia tres días después de los hechos. "No sabía ni donde estaba", ha asegurado.

La víctima, de su lado, ha asegurado que durante el rato que ambos compartieron en la azotea, el acusado tan sólo bebió una cerveza porque el mismo no toleraba apenas el alcohol, tras lo cual al bajar a la vivienda y entrar en la cocina sintió una acometida por detrás y la primera "cuchillada", tras lo cual reclamó al encartado que "parase", pero el mismo habría intentado asfixiarla, asestándole después una segunda cuchillada. "Había sangre por todos lados", ha aseverado la mujer.

El director técnico del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias), Miguel Ángel Morcuende, ha dicho este viernes que la erupción volcánica de Cumbre Vieja sigue en fase estable o "situación valle" y la colada de lava sigue ganando terreno, con 40,6 más en las últimas 24 horas.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la directora del IGN en Canarias, María José Blanco, ha dicho que la superficie afectada alcanza ya las 471,8 hectáreas, de las que 120 corresponden a explotaciones agrícolas --59,3 hectáreas de platanera, 33,4 de viña y 7,36 de aguacate-- y 26,4 kilómetros de carreteras --5,6 en El Paso, 17,1 en Los Llanos y 3,7 en Tazacorte--.

Asimismo, el ancho de la colada principal sigue igual, en unos 1.250 metros, y el apéndice que se desgajó en la tarde de este jueves se acerca al mar, a la zona del Charcón, pues se encuentra a unos 150 metros.

Ante la falta de datos del satélite Copernicus, las viviendas afectadas se mantienen en 726, según cifras del Catastro.

Morcuende ha comentado que la lava va rellenando huecos sobre el terreno y buscando pequeñas cuencas y no se descarta que la superficie comprendida entre ambas coladas finalmente sea cubierta.

Ha dicho también que hay 218 personas evacuadas en el hotel de Fuencaliente --una menos que ayer jueves-- y que la probabilidad de que se abra un nuevo centro emisor lejos del actual es "prácticamente nula" pese que la actividad sísmica al sur de la isla se mantiene.

No obstante, ha precisado que los terremotos se encuentran a grandes profundidades, de entre 10 y 15 kilómetros, no hay más deformación del terreno y el tremo volcánico se encuentra en valores estables y medio-bajos.

Blanco ha apuntado también que la erupción fisural continúa con mecanismo estromboliano y el índice de explosivadad sigue en 2 --sobre una clasificación de ocho--, con tres centros de emisión en el cono principal y uno en el lateral norte, aunque sin "evidencias" de que pueda generarse otro alejado del cono principal.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Pablo Hispán considera "patético" que la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya trate de "encubrir" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 'caso Ghali' y ha subrayado que una cosa es "discreción" y otra "ilegalidad".

Así se ha pronunciado Hispán, tras conocer que Laya declaró ante el juez de Zaragoza que investiga la estancia secreta en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que su entrada se gestionó con "discreción" porque su caso involucraba a "dos vecinos" con "aristas políticas", en referencia a Argelia y Marruecos.

En este contexto, Hispán ha defendido que "se pueden hacer las cosas con discreción, pero hay que hacerlas de modo legal". "Y la instrucción judicial evidencia que se incumplió la legalidad. La discreción nunca puede estar reñida con la legalidad por eso Laya es una ministra imputada", ha añadido.

Además, ha tachado de "vergonzoso" que Laya "trate de escudarse en la Ley de Secretos Oficiales" para no ofrecer detalles y que diga que fue una "decisión política". "Si es una decisión política que cuente todos los políticos que estuvieron involucrados", ha reclamado, rechazando que se esgrima una ley relativa a la seguridad para no hablar de un asunto "humanitario", según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

SÓLO LO PUDO COORDINAR MONCLOA

"Hay un proceso legal y lo que tiene que hacer la señora Laya es decir la verdad y no tratar de esconder al señor Sánchez, que es evidente que fue quien dio las instrucciones", ha enfatizado el diputado 'popular'.

"Está encubriendo a la 'x' y es patético que una exministra del Reino de España no diga la verdad sobre quién le dio la orden de hacer las gestiones para meter a Ghali en España", ha abundado.

Y es que, a su juicio, es evidente que el Gobierno de Argelia "no se pone en contacto con ella" y que no es ella la que habla con el Gobierno de La Rioja. "El único ente que es capaz de coordinar a Exteriores, Defensa, Interior y a la delegación del Gobierno es Moncloa", ha aseverado.

El presidente de la Asociación Empresarial de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte), José María Toro, ha resaltado el "sentimiento amargo" que hay en el sector porque la última Mesa Interdepartamental de la Generalitat Valenciana sobre la covid no haya flexibilizado las restricciones en residencias. "Si tenemos que tener prudencia, debemos tenerla todos".

Así lo ha aseverado Toro, en una entrevista en 99.9 Plaza Radio, en la que ha señalado que, tras anunciar el Consell que se eliminan todos los aforos en hostelería, eventos y ocio nocturno es "un día de alegría porque hay que pensar en el conjunto de la sociedad, pero, por otro lado, hay un sentimiento amargo porque de nuevo nos quedamos al margen".

"No entendemos por qué si se rebajan las medidas en el conjunto de la sociedad no pasa en los centros residenciales", ha expresado el dirigente de la patronal de las residencias.

Asimismo, Toro ha confesado su preocupación por unas declaraciones sobre el fin de las limitaciones en residencias de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a la misma emisora. "Dejar el fin de las restricciones a que la OMS lo decida es desproporcionado y con falta de legitimidad jurídica, no podemos depender de quitar la reserva de plazas a que se complete o no la vacunación en África", ha argumentado.

Preguntado por si cree que se está produciendo un "intervencionismo encubierto" por parte de la administración y en qué se beneficiaría esta, ha declarado: "El hecho de que se reduzcan las plazas disponibles, en el fondo, reduce las personas que están en una residencia y, al mismo tiempo se incrementa, de manera indirecta, la ratio de atención. Esta conselleria parece que siempre ha tenido una obsesión con la situación económica de las empresas del sector que, para que no le quede duda a nadie, el año pasado tuvieron pérdidas".

El representante de Aerte ha urgido a "dar respuesta" la carencia de unas 21.000 plazas. "Para nosotros lo fácil sería callarnos, dejar que subiera la población de personas mayores y conservar las plazas que tenemos y los precios acabarían subiendo". En su opinión, esto lleva a la "intervención" y ha aludido al caso de la Ley de la Vivienda.

La portavoz del comité científico del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias), María José Blanco, ha dicho este viernes que la calidad del aire en el valle de Aridane "no es buena" y se mantiene con la categoría de 'regular' que dicta la normativa del sistema nacional de Salud.

En una rueda de prensa para dar cuenta de la última reunión y en la que ha estado acompañada por el director técnico, Miguel Ángel Morcuende, Blanco ha indicado que el proceso de inversión térmica se mantiene entre los 700 y los 900 metros y los vientos son débiles, lo que impide la dispersión de partículas contaminantes.

Por ello, las cenizas volcánicas han llegado ya a diversos puntos del norte de Tenerife, afectando a la navegación aérea en el aeropuerto Tenerife Norte, y no se descarta que lleguen esta tarde a Tenerife Sur y por la noche al aeropuerto de La Gomera.

No obstante, ha apuntado que a partir de este sábado mejorarán las condiciones y también la operatividad de los aeropuertos.

En esa línea, Morcuende ha comentado que se notará una "clara mejoría" en los municipios afectados por la erupción pero mientras tanto, se recomienda a las personas con asma, problemas pulmonares o cardiopatías, que se mantengan en sus viviendas y si deben salir lo hagan con mascarilla FPP2.

Blanco ha indicado también que el penacho volcánico alcanza los 3.500 metros de altura y una emisión de 4.900 toneladas de dióxido de azufre --cantidad subestimada--, y remarcado que en la tarde de este jueves se superaron los umbrales de alerta de microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico hasta en ocho ocasiones en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Incluso, a primera hora de la mañana de este viernes habían bajado hasta 50 microgramos y en la última medición se sitúan en 283.

Tanto Morcuende como Blanco han vuelto a solicitar que no se remuevan las cenizas durante la recogida, que se mojen previamente y se utilicen gafas protectoras y mascarillas FPP2.

Canarias ha sumado este viernes 62 nuevos casos de coronavirus COVID-19 que elevan el acumulado a 95.564 y el fallecimiento de un varón de 77 años en Tenerife, que padecía patologías previas y permanecía ingresado en el hospital.

Según informa la Consejería de Sanidad, actualmente hay 902 casos activos, de los cuales 28 están ingresados en UCI y 94 permanecen hospitalizados.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 18,47 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 45,82 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma 39 casos con un total de 45.704 casos acumulados y 418 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.445 casos acumulados, 17 más que el día anterior y 224 activos.

Mientras, Lanzarote registra cuatro nuevos casos con 6.943 acumulados y 89 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.492 casos acumulados, un caso nuevo, y 158 activos.

La Palma, por su parte, no suma nuevos casos y cuenta con 1.109 acumulados y seis casos activos; El Hierro registra un nuevo positivo, por lo que sus acumulados son 467 y sus activos son siete. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 403 y se mantiene sin casos activos.

Finalmente, hasta este viernes se han realizado un total de 2.166.725 pruebas diagnósticas en las islas, de las que 4.344 se corresponden al día de ayer.

El Grupo Popular en la Cámara Alta ha solicitado el amparo de la Mesa del Senado para que se convoque la Comisión de Educación y Formación Profesional, y, de esta manera, se pueda tramitar la solicitud de comparecencia de la ministra del ramo, Pilar Alegría, para explicar la futura Ley de Formación Profesional.

Según el escrito remitido al órgano de dirección de la Cámara, los 'populares' recuerdan que solo se han celebrado cinco sesiones de esta Comisión desde que se constituyera en esta legislatura, allá por el 4 de febrero de 2020. Además, se quejan de que "únicamente" una de ellas corresponde a la comparecencia de la por aquel entonces ministra de Educación, Isabel Celaá.

Es por lo que critican que la titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional lleva sin pasarse por la Comisión del Senado desde hace más de un año, cuando aún era Isabel Celaá. Y es que, según recuerdan los 'populares', la nueva ministra aún no se ha estrenado en una comparecencia en este grupo de trabajo.

Así, el PP explica que, desde que Alegría es ministra, se han registrado dos solicitudes de comparecencia para que explicara las líneas generales de su departamento, así como las claves de la futura Ley de Formación Profesional, "al considerar esta como una de las leyes más importantes de su Ministerio".

Además, se quejan de que el hecho de no convocar la Comisión desde hace cuatro meses se han almacenado 25 mociones, 88 comparecencias y 12 preguntas orales pendientes.

"Desde el punto de vista de este Grupo Parlamentario sólo puede calificarse de insuficiente el número de reuniones de esta Comisión, máxime si tenemos en cuenta los problemas que el sector educativo ha tenido durante la pandemia del Covid-19, lo que supone un menosprecio a la Cámara Alta y un menoscabo de su función de control e impulso político", apunta el PP en su escrito.

El inquilino afectado por el caso del ariete, en el que se investiga a seis policías por irrumpir a la fuerza en una fiesta ilegal en el barrio de Salamanca, ha solicitado al juez Jaime Serrat, a través de su defensa, que testifique el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

La solicitud de testifical se enmarca en la batería de diligencias solicitadas hoy por el abogado del morador, el letrado Juan Gonzalo Ospina, en el marco de la audiencia celebrada entre las partes para trasladar a los seis agentes implicados en la causa su procesamiento por un delito de allanamiento de morada.

El procedimiento tiene su origen en una querella interpuesta por el morador y a instancias de que los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid ordenaran investigar los posibles excesos policiales llevados a cabo en la intervención policial realizada el pasado 21de marzo.

En la vista, el fiscal ha solicitado archivar la causa respecto a cinco de los policías y mantener la acusación solo para el responsable del operativo policial desplegado el pasado 21 de marzo para frenar una fiesta ilegal que se estaba celebrando a pesar de las restricciones sanitarias por la pandemia.

El letrado Juan Gonzalo Ospina ha solicitado la testifical del ministro en aras de acreditar que "el Ministerio del Interior no autorizó de manera previa la actuación de los agentes de la Policía Nacional para infringir el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando se cometan infracciones administrativas".

Así como acredite si "apoyó la actuación de los agentes a posteriori de sus acciones, entendiendo que dicha actuación es lícita, sin embargo, dicha función no es del Ministerio de Interior, sino de los propios tribunales.

DILIGENCIAS SOLICITADAS

Entre otras diligencias, también ha solicitado que se cite a declarar en calidad de testigo al representante jurídico de Netpol Seguridad S.L.; así como a su directora ejecutiva e incluso al administrador de dicha empresa, a efectos de que comparezcan a manifestar si tienen algún grado de parentesco o relación análoga con los agentes investigados.

La solicitud está encaminada a conocer "el grado y conocimientos jurídicos sobre los hechos enjuiciados, sus conocimientos sobre los delitos de allanamiento de morada y contra la inviolabilidad del domicilio, así como sobre los supuestos errores de prohibición de los investigados, y si los mismos han tenido formación en dicha academia".

RECURSOS DE LOS AGENTES

El caso está pendiente de un recurso de apelación interpuestos por los agentes en la Audiencia Provincial de Madrid. En su recurso, las defensas de los policías sostienen que "el inmueble donde sucedieron los hechos no constituye morada, sino que, por el contrario, se trata de un piso que fue alquilado con la exclusiva finalidad de celebrar fiestas, incumpliendo la normativa existente como consecuencia del Estado de Alarma decretado por la pandemia".

La impugnación recalca que es "un hecho acreditado que durante el Estado de Alarma, y más en concreto en las fechas en las que sucedieron los hechos, se alquilaron pisos turísticos que, bajo la apariencia de pisos destinados al alojamiento de turistas, se destinaron únicamente a la celebración de fiestas, eludiendo la normativa impuesta.

El recurso recoge que los agentes declararon ante el juez que pudieron observar que "se trataba de un piso utilizado para la celebración de fiestas ilegales y no de un piso utilizado como vivienda, ni siquiera de carácter temporal".

"Conclusión a la que llegaron tras observar, entre otras cosas, que no constaba nombre identificativo en el buzón de la correspondencia, que la puerta del inmueble disponía de un sistema de apertura telemático o tipo WiFi de los que habitualmente se utilizan en los pisos turísticos y que, los propios vecinos, moradores del piso 1º C, y requirentes, manifestaron que se trataba de un piso utilizado únicamente para hacer fiestas de jueves a domingo.

La investigación penal se abrió a raíz de una querella del inquilino y después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara investigar a los agentes por excederse en su intervención policial.

AMPARADOS POR LA LEY

Los policías defendieron ante el juez que su intervención se realizó conforme derecho en defensa del descanso vecinal. Manifestaron entonces que estaban amparados por la ley al considerar que se estaba cometiendo un delito de desobediencia al negarse el inquilino y las personas que estaban celebrando la fiesta en el interior a identificarse.

Sin embargo, el abogado del inquilino, el letrado Juan Gonzalo Ospina, se mostró contrario a la postura de los agentes al manifestar que en el caso de que no se hubieran identificado se hubiera incurrido en una infracción administrativo y no en un delito flagrante tipo un intento de homicidio, en cuyo caso los agentes podrían haber actuado.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este viernes la marcha del 8 de octubre del 2017 que dijo "basta al golpe separatista" y ha subrayado que, cuatro años después, "ese espíritu de libertad es más necesario que nunca".

Miles de personas salieron a la calle el 8 de octubre convocados por la plataforma Societat Civil Catalana (SCC) en una manifestación en favor de la unidad de España y en contra de la independencia de Cataluña. Esa convocatoria se producía pocos días después del referéndum ilegal del 1-O y a la misma se sumaron cargos de Cs, PP y PSC.

Casado ha resaltado que el 8 de octubre "fue un día histórico para la Cataluña valiente" porque llenaron las calles y dijeron "basta al golpe separatista y a que trataran a los constitucionalistas como catalanes de segunda".

"Hoy, 4 años después, ese espíritu de libertad es más necesario que nunca", ha afirmado el presidente del PP en un mensaje en su cuenta de Twitter. Casado fue uno de los cargos del PP que se desplazó a aquella manifestación en Barcelona en 2017, entonces como vicesecretario de Comunicación del PP.

PROPUESTAS DEL PP PARA REFORZAR LA UNIDAD NACIONAL

El pasado domingo, en la Convención Nacional del PP, Casado reivindicó la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy durante el referéndum ilegal del 1 de octubre y afirmó que entonces hicieron lo que tenían que hacer. Además, añadió que, si llega al Palacio de la Moncloa, actuará con "firmeza" si los independentistas siguen por la misma senda.

En el mitin, Casado aseguró además que Cataluña "es libre porque es española" y resaltó que "lo seguirá siendo a pesar de los indultos y mesas de la vergüenza". Además, prometió traer a España al expresidente catalán Carles Puigdemont si el PP gobierna en España, aunque para ello tengan que "viajar hasta el último país de Europa para exigir el respeto" a la justicia española. "Ya está bien de impunidad con los golpistas", proclamó.

En su intervención, Casado propuso crear un plan de refuerzo legal e institucional para garantizar la unidad nacional "sin consentir la ruptura de la ley y de la convivencia". "No dejaremos solos a los constitucionalistas catalanes, a esos que ha traicionado el PSOE con su plurinacionalidad multinivel a cambio de un plato de lentejas en Moncloa", aseveró.

El líder del PP anunció que si llega a Moncloa reforzará la unidad nacional "haciendo delito la convocatoria de referéndums, la rebelión sin violencia y los indultos a condenados por sedición". Es más, dijo que el PP tomará "todas las medidas necesarias para que cumplan su pena de cárcel" y recuperará "la competencia sobre las prisiones en Cataluña y País Vasco".

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya aseguró ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que desconocía si era la primera persona del Ejecutivo en recibir la llamada de Argelia con la petición de acoger "por razones humanitarias" al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y aseguró que la gestión de su entrada en España siguió los "cauces propios" de una "decisión política".

Así consta en la declaración, del pasado lunes 4 de octubre, cuando la extitular de Exteriores compareció en calidad de investigada ante el magistrado instructor Rafael Lasala.

Preguntada por el juez sobre si el primer contacto que mantuvo Argelia con España fue a través de ella como ministra de Exteriores, González Laya no entró en detalles. "Yo le puedo hablar del contacto que tuvo conmigo", indicó.

"¿No supo si usted había sido la primera en saberlo o si había habido alguien anteriormente a usted que supiera de esta necesidad de traer a España a Brahim Ghali?", le preguntó el magistrado. La exministra respondió: "No, lo desconozco".

DECISIÓN POLÍTICA

El juez también se interesó por saber a quién del Ejecutivo le había comunicado la llamada de Argelia. La que fuera titular de Exteriores explicó que el procedimiento relativo a Ghali siguió "los cauces propios" de "una decisión política".

En este sentido, la exministra precisó que fue "una decisión de ejercicio de la soberanía de nuestro país" e insistió en que "no es un procedimiento administrativo", sino que "es una decisión política que pertenece al ámbito político". "Y como tal seguí el cauce que se sigue en cuestiones políticas", añadió.

En el marco de su declaración, González Laya se amparó en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2010, sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales para evitar identificar a la autoridad argelina que le contactó.

La exministra también se amparó en dicho acuerdo para no señalar a otros miembros del Gobierno en el proceso por el que se autorizó la entrada en España del líder polisario.

Preguntada por el juez sobre si tenía conocimiento de que Argelia se hubiese puesto en contacto con otro país para pedir la ayuda humanitaria para el líder polisario, González Laya aseguró que no lo sabía y que de responder entraría en "el terreno de la especulación".

Durante el interrogatorio, el magistrado instructor también le preguntó por la fecha exacta en la que recibió la primera llamada de Argelia, la exministra dijo que el 14 de abril; es decir, cuatro días antes de que Ghali aterrizara en la Base Aérea de Zaragoza para ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.

BASTA AVISAR CON UNA MERA LLAMADA

El mismo lunes que la exministra acudió a declarar, también compareció --aunque en calidad de testigo-- el secretario general técnico del Ministerio de Exteriores José María Muriel Palomino, el cual explicó al juez que el día de la entrada de Ghali en España, el pasado 18 de abril, no estaba trabajando por ser domingo, pero que la semana siguiente, durante la habitual reunión de directores generales, el exjefe de gabinete de Exteriores Camilo Villarino les informó de que había entrado "un avión de Estado de Argelia".

A preguntas de la abogada del Estado, el testigo manifestó que no vio nada "oscuro" o extraño en que Villarino les trasladara esa información de ese modo, aclarando además que él se encargaba de autorizar el sobrevuelo y la escala en España de vuelos diplomáticos pero no en exclusiva y que, en cualquier caso, daba el visto bueno a la entrada de aviones, no de personas concretas.

Muriel Palomino aclaró que con los vuelos diplomáticos se dan dos situaciones en España. La primera, que sea una autorización puntual, en cuyo caso "no existe un procedimiento reglado" para autorizar el sobrevuelo y la escala en territorio español de vuelos diplomáticos, sino que se hace según "la costumbre inveterada" asentada en el Ministerio de Exteriores.

El segundo escenario se refiere a los países con los que se acuerdan "autorizaciones diplomáticas permanentes", basados en "relaciones de especial confianza" y en la "reciprocidad", que permiten "facilitar el sobrevuelo y la escala de vuelos de Estado simplemente basándose en la mera notificación de ese vuelo a efectos de control aéreo y de espacio y disponibilidad aeroportuaria".

Interrogado sobre el acuerdo entre España y Argelia, alegó que desconoce su contenido porque es de carácter reservado, si bien indicó que, "desde el punto de vista genérico" un vuelo amparado en dichos acuerdos solo requiere un trámite para que se permita su entrada en España: la notificación por conducto diplomático.

Es decir, ilustró, una mera comunicación entre órganos de los ministerios de Exteriores implicados, incluidos los propios ministros y sus gabinetes, que puede ser desde una "nota verbal" hasta una llamada telefónica o un correo electrónico.

A este respecto, hizo hincapié en que "hay veces que no da tiempo" a cumplir con la formalidad de la nota verbal porque estos vuelos suelen requerir "inmediatez". "Ha pasado mucho con la pandemia (...) Tuvimos que tramitar como vuelos de Estado muchos vuelos de tipo sanitario", apuntó. "Se prima la eficacia mas que la forma", recalcó.

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya aseguró ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, se hizo con "discreción" porque su caso involucraba a "dos vecinos" con "aristas políticas", en referencia a Argelia y Marruecos, aunque no llega a mencionar a este último.

Así consta en la declaración, del pasado lunes 4 de octubre, cuando la extitular de Exteriores compareció en calidad de investigada ante el magistrado instructor Rafael Lasala por la entrada del líder del Frente Polisario en territorio español el pasado 18 de abril.

González Laya destacó lo "excepcional" de la llegada de Ghali a España y aseguró que estaba motivado por cuatro factores. En primer lugar puntualizó que se trataba de una petición realizada por un país tercero y no por una organización no gubernamental o un particular; destacó como segundo factor que era una persona que estaba "gravemente enferma"; en tercer lugar, subrayó que era una "persona con un perfil político"; y por último, que era un caso que involucraba a "dos vecinos" cuya relación entre ellos tiene unas "aristas políticas".

"Todo ello hace que sea importante, desde la humildad y la buena fe que ha caracterizado nuestra gestión de esta cuestión, de tratarla con discreción", señaló la exministra. En este sentido, puntualizó que "discreción no es arbitrariedad", que "no es ilegalidad" y que, desde luego, "no es ocultamiento".

La exministra insistió en que se apostó por la "discreción" ante la especificidad del caso, al tratarse de una petición de "un país tercero con el que España tiene unas relaciones diplomáticas específicas". Añadió, además, que la situación podía "ser complicada para otro país tercero con el que España tiene una relaciones también de muy buena vecindad".

González Laya subrayó que todo el proceso se llevó a cabo "dentro de la legalidad y con un respeto escrupuloso de las normas de entradas en nuestro país". En el marco de su exposición, hizo referencia tanto a los acuerdos bilaterales entre España y Argelia como al código diplomático del espacio Schegen.

Así, defendió que esta última normativa da flexibilidad a los países para permitir entradas ajenas a los controles ordinarios y que en situaciones humanitarias también permite la entrada incluso si no se porta documentación.

NO SE LE VERIFICÓ EL PASAPORTE DIPLOMÁTICO

En el marco de la declaración, la exministra dijo que desde Argelia le avisaron que Ghali portaba un pasaporte diplomático argelino.

"En este caso, habiéndose anunciado quién iba a venir y con el código de Schengen en la mano, de buena fe le digo, señoría, nosotros entendimos que su entrada podía tener lugar como tuvo lugar, es decir, sin que se controlase el documento de acceso", indicó.

Ante el argumento de la exministra, el magistrado preguntó si --de acuerdo con la normativa-- se avisó al resto de países de la zona Schegen de la llegada de Ghali. González Laya insistió en que el código diplomático permite la entrada incluso sin documentación en caso excepcionales.

"Pero no estamos hablando de ese supuesto, estamos hablando del supuesto de un ciudadano que nos dice va a venir con un pasaporte diplomático, al que no se le verifica el pasaporte diplomático cuando llega a la frontera española, una cortesía en casos en los que se trata de un vuelo de Estado", explicó.

"¿Hicimos nosotros averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en el territorio Schegen? No, señoría, no lo hicimos", aseguró tras insistir en que le guiaba la buena fe.

Hace unas semanas, el juez pidió un informe a la oficina SIRENE sobre si había o no órdenes de detención o alertas relativas al líder polisario.

PERMISO DE RESIDENCIA DEL HIJO DE GHALI

Durante su intervención, González Laya también aseguró que las autoridades argelinas le habían informado de que el líder polisario venía acompañado de su hijo y que éste tenía "un permiso de residencia en España".

La Brigada de Información de la Jefatura Superior de Aragón comunicó al juez en un oficio el pasado 30 de septiembre que el permiso de residencia del hijo de Ghali se expidió el 23 de abril de 2021; es decir, cinco días después de que llegara a territorio español. Según la Policía, dicho permiso tendrá validez hasta el 14 de marzo de 2026.

En la coparecencia, Lasala le cuestionó sobre esa entrada del hijo de Ghali, y González Laya apuntó que en el contacto con las autoridades argelinas hubo acuerdo para que Ghali, "con pasaporte diplomático argelino", llegara acompañado de su hijo "portador de tarjeta de residencia" española.

Al hilo, recordó que cuando llegó el avión a Zaragoza se les indicó que venía una tercera persona, y tras ser cuestionada sobre si debía poder acceder al país, ella no autorizó esa entrada "porque el acuerdo era Ghali con su hijo".

Sobre la tarjeta de residencia del hijo de Ghali, Laya reconoció ante el juez que "no fue verificada", y que "no se hizo al amparo del código de fronteras de Schenguen". "La entrada a mis ojos se hizo dentro de la legalidad", insistió en repetidas ocasiones.

Por otro lado, a preguntas del Ministerio Público indicó que no dio instrucciones para que el nombre de Ghali no apareciera en el triaje realizado en el hospital riojano donde fue atendido y que no tuvo "nada que ver con la parte médica" porque queda fuera de jurisidcción. "No tuve que ver con el registro en el hospital ni con la gestión de su enfermedad", añadió, para luego recordar que supo del nombre flaso con el que fue registrado por la prensa.

Por último, a preguntas de la Abogacía del Estado, insistió en que en este asunto "no se trta de un acto administrativo, sino de un acto político en el ejercicio de la soberanía de España". "Si hubiese habido peticion de asilo o de refugio habría expediente administrativo que seguiría su curso, pero esto es un acto político, de soberanía", indicó.

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha señalado que el sector educativo "debe ayudar a las personas que empiezan a emprender a que mediten bien su proyecto, lo diseñen y que suban la persiana una vez tengan un conocimiento tanto del mercado en el que va a trabajar como de las fuentes de financiación a las que puede acceder".

García ha participado en una sesión del 'I Congreso de Emprendimiento Educativo: una perspectiva internacional, un evento destinado a fomentar el tratamiento de las competencias emprendedoras en el alumnado de manera crítica y planificada', celebrado entre los 7 y 9 de octubre en Sevilla y organizado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, según ha informado la UNIA en un comunicado.

Durante la entrevista grupal junto al gerente de la Fundación Persán, José Castro, y la docente de la Universidad de Sevilla (US) Soledad Domene, el rector ha destacado que, dada la gran temporalidad del mercado laboral en España, muchas personas que se lanzan a sacar adelante sus propios proyectos son "emprendedores por necesidad".

Ha apuntado que en torno al 40% de las nuevas altas como autónomo "pertenecen a personas que estaban desempleadas" y que es posible que muchos de estos nuevos emprendedores "no tengan la suficiente formación o no hayan madurado suficiente sus proyectos".

El rector también ha destacado que, tras cinco años de trabajo, "solo uno de cada cinco personas que se convirtieron en autónomos siguen con su proyecto emprendedor original" y que, en este escenario, "el sector educativo debe ser un factor clave para disminuir ese porcentaje de fracaso".

ESCUELA VIRTUAL DE CULTURA EMPRENDEDORA DE LA UNIA

Para hacer frente a las cuestiones más importantes que han expuesto los ponentes a la hora de lanzar un proyecto propio, García ha presentado la Escuela Virtual de Cultura Emprendedora de la UNIA, una formación enfocada específicamente a enseñar a docentes cómo introducir competencias emprendedoras a su alumnado.

Ha subrayado que los docentes "tienen que pensar, desde la primaria hasta la formación profesional y la universidad, cómo educar a los alumnos sobre el diseño de un proyecto concreto y que entiendan cómo es crear una empresa". Según el rector, estas competencias se pueden transmitir sin que exista una materia específica sobre ello, sino a través del aprendizaje de cualquier asignatura que se relacione de algún modo con el emprendimiento.

La Escuela Virtual de Cultura Emprendedora comienza en enero su sexta edición y se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Persán. Como ha indicado García, la formación dura dos meses (del 25 de enero al 22 de marzo) y tras este periodo, el alumnado desarrollará un proyecto concreto de emprendimiento en el aula con los tutores asignados. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 17 de enero.

El Partido Popular ha arremetido duramente este viernes contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 por "atacar" a la Justicia tras la condena al diputado de Podemos Alberto Rodríguez y ha afirmado que "más le valía callar la boca". Además, ha subrayado que el Parlamento es un sitio "muy serio" y no debe tener "políticos que pegan patadas a policías".

Así se ha pronunciado la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, en una rueda de prensa para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) al ser preguntada por las declaraciones de ministros y cargos de Podemos cuestionando la condena del Supremo a Alberto Rodríguez y señalando que se ha criminalizado a su diputado.

En concreto, Belarra ha señalado en TVE, tras esa sentencia condenatoria a Rodríguez, que se trata de una "mala noticia para la democracia" porque le han condenado "sin ningún tipo de prueba material, cuando hay testigos que dicen que no estaba cuando la agresión y con tan solo un testimonio en contra". Además, ha subrayado que ese fallo judicial "pone en duda la calidad de nuestra Justicia".

Elvira Rodríguez ha puesto el acento en esa condena, ya la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a Alberto Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. El diputado morado ya ha anunciado que recurrirá esa condena e incluso irá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Me parece que es un señor impresentable. El Parlamento es algo muy serio y no debíamos tener diputados que pegan patadas a los policías", ha enfatizado la responsable de Sectorial del PP, que ha criticado la "doble" vara de medir de Podemos, que a su entender, a veces es "triple" o más.

EN 'GÉNOVA' CRITICAN EL SILENCIO DE SÁNCHEZ

La dirigente del PP ha censurado además las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales. "A la ministra Belarra, más le valía callar la boca porque cuándo la abre no sé donde se cree que está. Es una ministra del Gobierno de España, yo lo he sido, y no sigo porque podría meterme en un lío", ha enfatizado.

Ante esas declaraciones de Belarra, fuentes del PP han tildado de "gravísimo" que el "ataque" a la Justicia venga del propio Consejo de Ministros. Según el partido de Pablo Casado, el propio Gobierno está "erosionando las instituciones ante el silencio clamoroso de Pedro Sánchez, que está callado".

El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha destacado el "gran impulso" dado en los últimos meses a la investigación en el procedimiento judicial de contaminación del Mar Menor, el denominado caso 'Topillo', y espera el auto de Procedimiento Abreviado para antes de finalizar este año 2021 para "encaminarlo así a juicio oral".

Así lo ha hecho saber Díaz Manzanera durante el discurso que ha ofrecido en el acto de apertura del Año Judicial en la Región de Murcia 2021/2022, en el que ha hecho un balance de la actividad del Ministerio Público.

"Huelga decir que es éste el más grave problema medioambiental de esta Región, posiblemente de toda su historia, con graves efectos en muchos sectores y con una compleja solución, derivado de un cúmulo de acciones y omisiones que se arrastran desde hace más de 40 años, y que debería ser tal vez tratado como un asunto no solo regional sino de Estado", tal y como ha señalado Díaz Manzanera en referencia a la laguna salada.

Ha considerado "desolador" ver que, desde diciembre de 2017, fecha de la presentación de la denuncia por la Fiscalía, "se haya empeorado en su situación medioambiental, con varios episodios de eutrofización y de anoxia con mortandad de flora y fauna". Así, ha considerado que "se conoce la posible causa principal de ello, según opinión técnica unánime, pero su posible solución, que quede claro, que no se va a encontrar en la vía judicial".

"A problemas extremos hay que aplicarle soluciones extremas, por muy duras que sean esas decisiones", ha manifestado el Fiscal Superior de la Región, quien ha estimado que, en la vía judicial se podría conseguir en primer lugar la "exigencia de responsabilidades penales y civiles derivadas de aquellas, aplicando el fin retributivo de las penas a los responsables de la contaminación, y a los responsables públicos que hayan omitido su obligación de actuar, así como buscar la prevención general y especial".

En segundo lugar, estima que también se puede conseguir por vía judicial que, a instancia de la Fiscalía, "se interese de la Administración competente que exija a los infractores la responsabilidad ambiental para restaurar y reparar e indemnizar, y si se omite esta obligación, el presentar una demanda en el Tribunal Superior de Justicia para obligar a actuar, como así es conocido que tristemente ha sucedido esto último".

No obstante, ha insistido en que este problema "debe tratarse en el ámbito político y administrativo", y ha considerado que "todo gira fundamentalmente en una necesidad ineludible de coordinación y entendimiento entre las administraciones competentes y con los sectores afectados".

"Y las negligentes gestiones en estos temas, por muy nefastas que sean sus consecuencias, difícilmente pueden ser revisadas por el derecho penal", al no estar tipificados los delitos contra la Administración Pública en su modalidad imprudente, tal y como ha añadido.

DISMINUCIÓN DE ASUNTOS POR LA PANDEMIA

En su intervención, Díaz Manzanera ha señalado que se ha notado una disminución por procedimientos penales debido a la pandemia. Así, ha recordado que la suma de todas las incoaciones fue de 69.609 (82.017 el año anterior), lo que supone un 15,12% de descenso. Además, se celebraron 6.168 juicios (el año anterior fueron 8.968 juicios) un 31,22% menos.

Por tipología de delitos, ha señalado que se ha producido un leve aumento por la pandemia en los asuntos de lesiones en violencia de género y maltrato familiar y habitual, y amenazas en el ámbito familiar; así como en delitos contra la libertad sexual: violación, utilización de menores con fines pornográficos, corrupción y abusos sexuales a menores, acoso por telecomunicaciones a menores de 16 años, y constan dos diligencias de investigación por abusos sexuales de sacerdotes a menores.

También han aumentado en delitos contra el patrimonio: robo y hurto de uso de vehículos, usurpación de inmuebles (okupas), estafas; así como los delitos contra la Administración de Justicia: con un 45,43% de aumento y destaca el quebrantamiento de condena o medida cautelar.

En cambio, ha señalado que hay una disminución en los delitos contra la integridad física, en acoso laboral e inmobiliario, en delitos contra las relaciones familiares, hurtos, robos con fuerza, y robos con violencia e intimidación.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

"Mención especial" merece, según Díaz Manzanera, los delitos contra la Administración Pública en los que hubo un aumento de incoaciones con un 44,11%: en desobediencias, en malversación y sobre todo, en prevaricación.

"Los datos hablan por sí solos", según el Fiscal Superior, quien ha precisado que entre 2020 y 2021 se han registrado en la Fiscalía de Murcia 61 diligencias de investigación de esta materia, siendo archivadas 47 (lo que supone un 77% del total), de las que 52 son por prevaricación, entre las que se encuentran como denunciantes: partidos políticos en 12 casos, además de 17 de particulares o empresas, 14 de funcionarios y 6 de asociaciones.

"Denuncias que, en su mayor parte, no deberían de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad, debiéndose plantear en otra jurisdicción diferente a la penal, que es muy restrictiva, ya que en ella se exige, entre otros requisitos, un dolo específico muy difícil de acreditar", ha aseverado. "No todo es delito", según Díaz Manzanera, quien cree que "lo que evidentemente ha de ser rechazable es si alguna de esas denuncias estuviese guiada en buscar básicamente el efecto mediático.

"Que no quepa la menor duda que si la Fiscalía observa indicios mínimos de delito, judicializa los hechos con la pertinente denuncia o querella, advirtiendo siempre a los denunciantes, que pueden presentarla en el Juzgado competente", ha aseverado. De la misma manera, ha asegurado que "se procede, como así ha sucedido en varios casos, al archivo de plano al comprobar que el contenido de la denuncia desde su umbral o entrada, no tiene ninguna base fáctica, ni probatoria, ni jurídica".

"No sería de recibo que detrás de esa práctica incorrecta hubiese una utilización torticera y abusiva de una institución pública estatal como es la Fiscalía, y en los casos más claros se podría hasta perseguir por acusación y denuncia falsa", ha advertido.

DATOS POR TIPOLOGÍAS DELICTIVAS

En tipologías delictivas más concretas, ha lamentado en violencia contra la muerte de una víctima, en agosto de 2020, en la localidad de Águilas, mujer que no había denunciado anteriormente a su presunto homicida.

A este respecto, ha señalado que la suma total en esta área es de 6.504 procedimientos incoados, con 1.328 sentencias en toda la región, y destaca que "más del 11% han sido absolutorias por retirada de denuncia por la mujer".

En este sentido, ha criticado la dispensa de la obligación de declarar introducida en la reforma legal producida por la L.O. 8/21, de 4 de junio. "No existe ya tal derecho cuando el testigo-víctima esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular, y cuando el testigo-víctima haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo".

En cuanto a las medidas cautelares, ha señalado que constan 73 ingresos en prisión provisional, 190 órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación, y 297 órdenes de protección. Además, ha subrayado el aumento de colocación de dispositivos técnicos de control (pulseras), ya que constan 50 activas en 2020.

Cataluña es la comunidad autónoma, de las diez que están adheridas al Fondo de Financiación, que más dinero ha recibido de los 5.025,09 millones que el Gobierno ha asignado para el último trimestre del año con cargo a este fondo. En concreto, la región catalana se llevará 2.236,75 millones de euros de este último reparto del año, lo que supone el 44,51% del total.

En este Fondo de Financiación no se encuentran todas las comunidades autónomas y solamente están adscritas las que así lo pidieron al Ministerio de Hacienda: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, tras la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha resultado ser Cataluña la CCAA que más se lleva. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 1.013,04 millones de euros; Andalucía, con 496,88 millones; Castilla-La Mancha, con 461,81 millones; Murcia, con 356,45 millones de euros; Aragón, con 208,55 millones; Extremadura, con 176,20 millones; Cantabria, con 43,43 millones; y La Rioja, con 31,98 millones.

CASI 37.000 MILLONES EN 2021 CON CARGO A ESTE FONDO

Este Fondo de Financiación se divide en dos compartimentos: el de Facilidad Financiera, en el que tan solo está Andalucía, y el del Fondo de Liquidez Autonómico, conocido como FLA, y al que están adscritas el resto de CCAA anteriormente citadas.

El FLA fue creado por el Ejecutivo en el año 2012 durante la crisis económica y, mediante él, el Gobierno otorga dinero a las Comunidades Autónomas adscritas para que éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados.

Ahora, es el Ministerio de Hacienda, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el encargado de asignar cada trimestre del año estos fondos que aportan liquidez a las diez Comunidades Autónomas adscritas.

Así, contando con lo aprobado este viernes, los recursos asignados durante todo el año 2021 para cubrir las necesidades financieras de las comunidades autónomas ascienden a 36.937,05 millones de euros.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este viernes aprovechar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para "sacar y conseguir el máximo de mejoras para la ciudadanía de Cataluña".

En declaraciones a los medios en L'Estany (Barcelona), donde ha presentado junto al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, un plan para impulsar las guarderías rurales, ha sostenido que Cataluña no tendrá los recursos que, a su juicio, merece la sociedad catalana hasta que sea independiente, pero que mientras tanto ve necesario "aprovechar todas las oportunidades" para tenerlos.

Preguntado sobre la negociación de los PGE, ha afirmado que los grupos parlamentarios independentistas en el Congreso "defenderán, de acuerdo con el peso que les ha dado la ciudadanía en las urnas, las mejoras que consideran necesarias para Cataluña", y ha dicho que el Govern está a disposición para lo que sea necesario.

Sin embargo, no ha querido opinar sobre si los republicanos y Junts deben negociar conjuntamente las cuentas con el Gobierno central, y ha dicho que hablará como dirigente de ERC en los espacios del partido.

El miércoles en el Parlament, el presidente de Junts en la Cámara catalana, Albert Batet, le pidió coordinarse para negociar los PGE y el presidente le contestó que plantearan propuestas concretas si quieren afrontar esta negociación conjuntamente, lo que el partido de Carles Puigdemont interpretó como que Aragonès "se pone de perfil" cuando le reclaman unidad de acción sobre las cuentas.

DIÁLOGO CON DISCRECIÓN

Sobre el diálogo con el Gobierno para resolver el conflicto catalán, Aragonès ha afirmado que el Govern trabaja "cada día" para avanzar en esta solución, que él defiende que debe ser a través de un referéndum y una ley de amnistía.

Ha recordado que tras la reunión de la mesa de diálogo del 15 de septiembre los dos gobiernos acordaron trabajar discretamente y que se irían anunciando los avances que se produzcan, y ha destacado que "es un trabajo que se está llevando a cabo de acuerdo con estas premisas".

Según el presidente, es un conflicto complejo que necesita perseverancia, la máxima unidad independentista y tiempo, pero que esto no quiere decir que dejarán "pasar el tiempo", y ha asegurado que, a medida que se vaya avanzando en el diálogo, anunciarán las novedades.

TRASPASO DE RODALIES

Además, el jefe del Ejecutivo catalán ha insistido en la necesidad de que se traspase el servicio de Rodalies a la Generalitat, acompañado de los recursos económicos necesarios: "Tenemos la experiencia suficiente para poderlo asumir y hacerlo mejor".

Asimismo, ha reivindicado que pidió por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afrontara la situación provocada por la huelga de maquinistas de Renfe y ha celebrado que el jueves se llegara a un acuerdo para detenerla: "Celebramos que la presión haya tenido efecto".

Madrid es la ciudad europea con mayor mortalidad por el contaminante dióxido de nitrógeno (NO2), por delante de Amberes (Bélgica), Turín (Italia), París (Francia), Milán (Italia) y Barcelona, según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación "la Caixa".

La investigación, que ha analizado más de 1.000 ciudades de 31 países europeos, ha concluido que entre todas ellas podrían evitar hasta casi 43.000 muertes prematuras cada año si cumpliesen con la recomendación de la OMS en cuanto a proximidad residencial a espacios verdes. Los datos se han dado a conocer a través de una publicación en 'The Lancet Planetary Health' y la lista elaborada se puede consultar a través de la web www.isglobalranking.org.

Según esta lista, en Madrid se podrían evitar hasta 206 muertes al año si los niveles de NO2 estuvieran dentro de los límites que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), y hasta 2.380 si tuviera los niveles de NO2 de la ciudad con mejor contaminación de Europa. En Barcelona, unas 82 personas podrían salvar la vida al año si la ciudada condal cumpliera las indicaciones de la OMS, y hasta 1.883 si tuviera los niveles de NO2 de la ciudad con mejor contaminación de Europa.

Los espacios verdes se asocian con diversos efectos beneficiosos para la salud, entre los que destacan una menor mortalidad prematura, una mayor esperanza de vida, menos problemas de salud mental, menos enfermedad cardiovascular, mejor función cognitiva en niños, niñas y personas mayores y bebés más saludables. Asimismo, ayudan a mitigar la contaminación atmosférica, el calor y el ruido, contribuyen al secuestro de CO2 y proveen oportunidades para la práctica de ejercicio y la interacción social.

En base a la evidencia científica existente, la OMS recomienda el acceso universal a los espacios verdes y establece la meta de que haya un espacio verde de al menos media hectárea a una distancia de no más de 300 metros en línea recta desde cada domicilio. Partiendo de este objetivo y de los datos proporcionados por estudios anteriores, un equipo de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud de ISGlobal ha estimado la mortalidad atribuible a la falta de espacios verdes en 978 ciudades y 49 áreas metropolitanas.

Para calcular el espacio verde existente en cada ciudad, el estudio ha utilizado el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) como indicador principal. El NDVI es un indicador que mide cómo de verde es un área determinada. Toma en consideración cualquier tipo de vegetación, desde el arbolado de las calles a los jardines en propiedades privadas, y se obtiene a partir de imágenes de satélite. Puesto que el tipo de vegetación es variable entre ciudades y regiones y no todas tienen el mismo tipo de verde, el equipo tradujo la recomendación de la OMS a un valor de NDVI específico para cada ciudad.

El equipo científico obtuvo datos de mortalidad por causas naturales y de niveles de espacio verde de cada una de las ciudades estudiadas relativos al año 2015. Posteriormente, usando una metodología de análisis cuantitativo del impacto en salud y en base a los datos sobre asociación entre espacios verdes y mortalidad proporcionados por grandes meta-análisis publicados con anterioridad, estimó el número de muertes por causas naturales que podría ser evitado en caso de que cada ciudad cumpliera con la recomendación de la OMS.

INSUFICIENTE ACCESO AL VERDE PARA MÁS DEL 60% DE LA POBLACIÓN

Los resultados generales para el indicador de vegetación (NDVI) muestran que el 62 por ciento de la población estudiada vive en áreas con menos espacios verdes de los recomendados. Esta carencia de espacio verde estaría asociada con 42.968 muertes, que se podrían evitar cumpliendo con las indicaciones de la OMS y que equivalen a un 2,3 por ciento del total de la mortalidad por causas naturales.

"Nuestros resultados muestran que la distribución de los espacios verdes es muy desigual entre las ciudades en Europa, ya que la mortalidad atribuible a la exposición insuficiente a espacios verdes oscila entre el 0 y el 5,5 por ciento del total de las muertes naturales según la ciudad.Sin embargo, el impacto desigual es no solo entre ciudades, sino también entre las diversas áreas de una misma ciudad, lo cual coloca a algunas personas en situación de desventaja en función de la ciudad o el barrio donde vivan. Muchas veces los espacios verdes no se encuentran cerca de donde vive la gente, de manera que no generan beneficios para la salud", comenta Evelise Pereira, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio.

La lista de ciudades con mayores índices de mortalidad atribuible a la falta de espacios verdes incluye ciudades de Grecia, Europa del Este, las repúblicas bálticas, Italia, así como la mayoría de capitales del continente. Entre estas últimas, las que muestran mayor mortalidad son Atenas, Bruselas, Budapest, Copenhague y Riga.

"Este estudio nos da una imagen de conjunto en la que vemos que hay mucho trabajo por hacer en cuanto al reverdecimiento de las ciudades y muestra que la reducción de la mortalidad podría ser todavía mayor si se estableciesen objetivos más ambiciosos que las recomendaciones de la OMS", advierte el director de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud de ISGlobal, Mark Nieuwenhuijsen.

Así, considrea que las ciudades europeas deben apostar por "la recuperación de áreas urbanas para convertirlas en áreas verdes, por soluciones basadas en la naturaleza, como los tejados verdes o los jardines verticales, y otras medidas como reubicar el tráfico y reemplazar asfalto por espacios y corredores verdes, arbolado urbano o parques de bolsillo". Asimismo, su estudio muestra la importancia de que los espacios verdes "sean accesibles y estén próximos a los domicilios".

La Consejería de Salud del Principado ha confirmado 13 nuevos casos de COVID-19 detectados este jueves, en una jornada en la que se notificó el fallecimiento de un hombre de 98 años, se produjeron 5 ingresos en planta y ninguno en UCI. Además, se registraron 4 altas hospitalarias.

Actualmente hay 13 pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de covid y otras 6 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. La ocupación total por covid en los hospitales asturianos es del 0,57% y, en el caso de las UCI, se eleva al 2,1%.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó durante este jueves un total de 1.816 pruebas de detección y la tasa de positividad se situó en el 1,1%.

El Sespa mantiene abierto el sistema de autocita para captar a la población mayor de 12 años pendiente de vacunar. Se puede solicitar cita en el siguiente enlace: https://ciges.asturias.es/. Las personas interesadas pueden seleccionar fecha y hora para recibir la profilaxis seleccionando solicitud de cita previa - Llamamiento de vacunación covid, 12 años o más.

El sistema genera citas según se van rellenando las agendas. Por este motivo, se aconseja a las personas interesadas que insistan si no logran inscribirse en un primer momento, puesto que paulatinamente se irán creando huecos para recibir la profilaxis.

Por otro lado, Salud continúa con la campaña Vacúnate ho/Vacúnate ne, para la que cuenta con diferentes acciones en redes sociales animando a la vacunación en las que colaboran, entre otros, deportistas, escritores y cantantes asturianos o relacionados con Asturias.

CRIBADO POBLACIONAL MEDIANTE PCR

Las autoridades sanitarias han ampliado su llamada a participar en un cribado de coronavirus mediante PCR a toda la población sin pauta completa de vacunación y que haya estado expuesta a situaciones de riesgo en los últimos días, con el fin de mejorar la identificación de contagios y contactos y mantener una baja transmisión de la covid. Salud considera situación de riesgo el haber estado en contacto con personas no convivientes, sin medidas de protección, especialmente en espacios interiores, con mala ventilación y sin mascarilla.

Este llamamiento también se extiende a las personas que se hayan sometido a un test de antígenos en farmacia con resultado positivo, ya que este tipo de pruebas han de ser confirmadas con una PCR.

En ambos casos, pueden solicitar cita para realizar una PCR gratuita a través del formulario habilitado en Astursalud, en el siguiente enlace: https://www.astursalud.es/formulario-pcr.

El Sespa realizará la toma de pruebas en los puntos ya establecidos en cada una de las áreas sanitarias.

El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto la "inadmisión" de la querella interpuesta por Vox contra los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de que tuviesen por desistido al partido en su recurso contra la decisión de la Delegación del Gobierno en Ceuta de prohibir el mitin que Santiago Abascal había previsto celebrar el pasado 24 de mayo en dicha ciudad autónoma, alegando informes policiales que detectaban riesgos ante dicho acto y las movilizaciones promovidas contra el mismo en las redes sociales y sin comunicación oficial, --protestas estas últimas también prohibidas por los mismos motivos--.

En una sentencia emitida el pasado 14 de septiembre, difundida por la Oficina de Comunicación del TSJA, el Supremo rememora que el pasado 21 de mayo, Vox comunicó a la Delegación del Gobierno de Ceuta su intención de celebrar una concentración en dicha ciudad el día 24 de mayo, --en un periodo temporal marcado por la crisis migratoria desencadenada en la ciudad autónoma--.

Al día siguiente, la manifestación fue prohibida por la Delegación del Gobierno Central en Ceuta, esgrimiendo para ello informes policiales que señalaban posibles riesgos para las personas ante dicho acto y las movilizaciones paralelas promovidas contra el mismo en las redes sociales y no comunicadas, pesando un llamamiento de la Plataforma por la Convivencia y contra el Racismo a celebrar una concentración pacífica en rechazo al acto de Abascal, por ejemplo.

VOX "NO COMPARECIÓ" A LA VISTA

"Frente a dicha resolución (denegatoria) se interpuso recurso contencioso administrativo el mismo día en el que estaba convocada la manifestación de dicho partido, a primeras horas de la mañana; y la letrada de la Administración de Justicia dictó una diligencia de ordenación requiriendo a la representación del recurrente para que presentara el poder de representación y copia del acuerdo adoptado para la interposición del recurso, convocando a todas las partes para a una vista a las 12 horas de ese mismo día", recuerda el Supremo, indicando que Vox "no compareció, por lo que el tribunal tuvo por desistida a dicha parte".

A partir de ahí, el Supremo precisa que Vox exponía en su querella, "en base a un informe emitido por su representación procesal, que no fue citado a la vista", toda vez que la letrada de la Administración de Justicia, según el Supremo, "señaló en su resolución que las partes habían sido citadas telefónicamente antes de la vista".

LA VISTA "FUE NOTIFICADA"

Además, el Supremo detalla que "consta que la diligencia de ordenación convocando a la vista fue notificada por Lexnet ese mismo día con emisión y recepción a las 10,19 horas y que a las 11,30 horas, el procurador de la parte recurrente acudió al tribunal para entregar la documentación requerida".

Es en este punto en el que el Supremo, en su sentencia, aclara que si bien Vox consideraba en su querella que "el tribunal denunciado y la letrada de la Administración de Justicia cometieron un delito de prevaricación judicial", de entrada esta última "no dictó resolución alguna, por lo que su conducta queda al margen del delito denunciado".

Zanjado ello, el Supremo determina que "la decisión de los magistrados fue conforme a derecho y no se aprecia indicio alguno del delito de prevaricación denunciado", pues "los magistrados acordaron el desistimiento del recurso por incomparecencia de la parte recurrente".

"La resolución judicial cuestionada no fue fruto de una decisión deliberadamente contraria a derecho y no puede ser constitutiva del delito de prevaricación judicial invocado, razón que determina el archivo de la querella, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse caso de que se hubiera faltado a la verdad en la información suministrada al tribunal, cuestión ajena al delito de prevaricación denunciado", señala el Supremo, que declara su decisión de "inadmitir" la querella y archivar las actuaciones.