Asociaciones de familias han advertido de que se está "vulnerando" el derecho al cuidado y educación de los niños y niñas, ya que muchos menores se tienen que quedar en casa de 7 a 14 días en cuarentenas por Covid, sin clases online, y los padres y madres no pueden conciliar o presentan un falso positivo para poder quedarse en casa a cuidarlos.

La responsable de investigación social del club Malasmadres, Maite Egoscozabal, ha explicado que en las últimas semanas han recibido "muchísimos mensajes" de familias de toda España, la mayoría relacionados con una "confusión" sobre qué hacer si los hijos son contactos de un positivo o si los padres dan positivo y los niños no.

"Cuando un niño ha sido contacto de un positivo o cuando ha dado positivo, los padres y madres vacunados no tienen por qué ausentarse del trabajo ni tienen derecho a baja, provocando que haya falsos positivos para poder cuidar", afirma Egoscozabal en declaraciones.

Además, dependiendo del centro, algunos niños y niñas tienen que guardar cuarentenas de siete días o incluso de hasta 14 días y, si el aula no está confinada, esos menores se quedan sin clases online durante el tiempo que dure el confinamiento.

A juicio de Egoscozabal, "se están vulnerando los derechos de los niños a ser cuidados y en cuanto a su educación". Por ello, desde Malasmadres reclaman un "plan de conciliación" que garantice el derecho de los menores a ser cuidados y educados.

Por su parte, la portavoz del Sindicato de Familias, Miranda Del Corral, ha señalado que la situación "varía mucho entre etapas educativas", pues "no es lo mismo una ausencia en infantil, que en 2º de primaria o en 6º, que en la ESO".

Lo que les "sorprende" e "indigna" es que "los docentes tienen que buscarse la vida para atender a los alumnos ausentes cuando, a su juicio, debería haber una respuesta institucional". Por ejemplo, explica que una solución sería volver a los refuerzos COVID del curso pasado y reducir las ratios para minimizar el contagio entre niños.

Ante esta situación, el Sindicato de Familias quiere "dar las gracias a todos los y las profesoras que están haciendo esfuerzos para que sus estudiantes no se desenganchen, haciendo uso muchas veces de tiempo que no tienen, y de recursos materiales personales".

Asimismo, piden que a las familias se les permita "conciliar", para lo que reclaman "permisos remunerados"; y que se pongan "todos los medios materiales y humanos que sean necesarios para minimizar el impacto educativo en niños y niñas".

También desde la ONG Save The Children piden que "se respete el derecho de padres y madres a conciliar" y "los permisos para cuidar a esos niños y niñas que no pueden acudir a clase para que no estén solos".

Igualmente, piden "asegurar en la medida de lo posible la educación online durante el tiempo necesario, especialmente para los niños, niñas y adolescentes más vulnerables".

El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas actuaciones de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte afronta su recta final con los informes de las partes y el turno de última palabra por parte de los acusados.

Después de su reanudación el pasado jueves, que sirvió para escuchar las conclusiones y el informe del Ministerio Fiscal, el juicio seguirá este martes y continuará el miércoles y el jueves. Con todo, quedará previsiblemente visto para sentencia sin necesidad de agotar las seis sesiones previstas en el calendario, y que se extienden hasta el próximo 27 de enero.

En este tramo final guarda especial interés el informe de la defensa del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, alias 'El Albondiguilla', después de que la fiscal mantuviese para él su petición de 40 años de cárcel. "No ha colaborado nada: no ha colaborado ahora ni cuando pretendía reconocer los hechos", aseguró.

En esta línea, la representante del Ministerio Público arremetió contra González Panero por haber "tergiversado" las cosas durante su declaración y por haber tratado de "responsabilizar a otros", llegando a culpar al líder de la trama, Francisco Correa, "de extorsionarle".

A la espera de escuchar los informes, el tribunal ya recordó antes de concluir la última sesión que aquellos acusados que quisieran renunciar a su derecho a la última palabra debían notificarlo por escrito de forma previa, evitando de esta forma acudir a la sede de la Audiencia Nacional en la Plaza de la Villa de París.

Se trata de una opción que podría ser ejercida por parte de los acusados en este juicio como es el caso del propio Francisco Correa, que ya anunció su intención de hacerlo en su declaración en el mes de noviembre.

EL INFORME DEL MINISTERIO FISCAL

En la última sesión, la fiscal Concepción Nicolás elogió la colaboración de Correa, que llegó "hace escasamente unos meses" y que ha arrastrado a gran parte de los principales acusados a reconocer los hechos y conformarse con el escrito del Ministerio Público.

La representante de la Fiscalía se valió de la declaración de Correa para justificar la suficiencia de la prueba apoyándose también en la de su 'número dos', Pablo Crespo, cuya confesión "aligeró" de forma significativa la vista oral por su claridad y por el gran número de detalles.

"Lo ha reconocido absolutamente todo. Ha reconocido su papel en la empresa, la estructura societaria y quienes eran las personas asesoras. Ha reconocido la caja b, cuál era la función de (el contable de la trama José Luis) Izquierdo. Nos ha reconocido cómo se agasajaba, los pagos al PP y hasta que se pagaban actos con esa caja b", destacó.

En su informe la fiscal también mantuvo su petición inicial con respecto al Partido Popular, acusado como partícipe a título lucrativo por, supuestamente, haberse beneficiado en la cuantía de 204.198,64 euros de las presuntas corruptelas del grupo liderado por Correa en Boadilla del Monte.

Nicolás considera que la formación liderada por Pablo Casado se enriqueció "por una causa ilícita" y ahora debe "devolver lo que recibió". "Tenemos todas las pruebas de las cantidades a las que nos hemos referido (...) todos los pagos han quedado acreditados", señaló.

"EVIDENCIAS DEMOLEDORAS" Y "GRABACIONES REVELADORAS"

Además, de entre las "evidencias demoledoras" que se han podido conocer en el juicio que comenzó el pasado mes de noviembre la fiscal quiso recuperar el testimonio del denunciante de la 'Gürtel', José Luis Peñas, un testigo "constante, homogéneo y colaborador".

"Sus grabaciones son con mucho reveladoras. Hemos contemplado a tiempo real qué pasaba con las adjudicaciones de Boadilla. Le hemos oído a viva voz con Correa y qué pasaba con sus amigos: con Teconsa, con Ulibarri, con Alfonso García Pozuelo o quién es 'El Albondiguilla'", recordó, refiriéndose a las escuchas practicadas por Peñas y que pudieron escucharse en el juicio.

Por otro lado, la sesión celebrada el pasado jueves se inició con la modificación de las conclusiones de la Fiscalía. La cascada de confesiones previa al juicio provocó que las modificaciones efectuadas por el Ministerio Fiscal fuesen matices muy puntuales con respecto al escrito de acusación, fechado en mayo de 2016, aunque sin con reducciones importantes en la petición de condenas.

Así, de los 76 años y 7 meses de cárcel reclamados para Correa la solicitud pasa hasta los 19 años. Lo mismo concurre en el caso de su 'número dos', Pablo Crespo, para quien pide 16 en lugar de los 64 años y 7 meses iniciales.

Todo ello después de que la representante del Ministerio Público anunciase que eliminaban el delito la asociación ilícita contra Correa y Crespo porque ambos ya fueron condenados por el mismo tipo delictivo en la sentencia por la trama de Fitur en febrero de 2017. Además, también se suprimió la inhabilitación especial por del delito de cohecho.

Entre esta reducción de penas aplicada a gran parte de los acusados también destaca la de los que fueran gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. En el caso de César Tomás Martín Morales la petición pasa de 39 a 6 años, mientras que en el caso de su sucesor, Alfonso Bosch, se reduce de 23 a 5 años de cárcel.

Unidas Podemos ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a impulsar la creación mecanismos para que las bibliotecas de titularidad estatal desarrollen iniciativas que permitan el acceso a los fondos y actividades al ámbito rural.

En el texto, la formación morada reclama estos mecanismos en bibliotecas tanto de gestión del Estado como de gestión de las CCAA. Además, pide focalizar estas acciones especialmente a las poblaciones que carezcan de estas instalaciones, "a fin de evitar que sus habitantes deban desplazarse a las ciudades para acceder a estos equipamientos".

Asimismo, también pide colaborar con las instituciones locales para garantizar el acceso a la cultura "indistintamente del número de habitantes de un municipio".

En su exposición, Unidas Podemos reitera que existe "una clara desigualdad" en el acceso a los servicios públicos --entre los que se incluyen el acceso a la cultura a través de las bibliotecas públicas-- si se tiene en cuenta los municipios de pocos habitantes y del medio rural.

Además, remarca que aunque en los Presupuestos Generales del Estado 2022 se especifica que se destinarán 10 millones de euros a impulsar más de 400 proyectos culturales en áreas no urbanas, en los Fondos de Compensación Interterritorial "no se contemplan proyectos de inversión en cultura".

Un total de 1.745.961 personas ha recibido una dosis de recuerdo o de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana, 640.158 de ellas en Alicante, 228.957 en Castellón y 876.846 en Valencia, según los datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad.

En concreto, y según lo establecido en las prioridades fijadas en la estrategia nacional de vacunación, ya se han administrado dosis adicionales a residentes en centros de mayores o sociosanitarios, personas con patologías de riesgo para la Covid-19, mayores de 70 años, personas que en su día fueron inmunizadas con Janssen, personas de entre 60 y 69 años y trabajadores sociosanitarios.

También tienen autorizada la vacuna adicional y ya la reciben las personas con edades comprendidas entre los 59 y los 40 años, comenzando por las cohortes de mayor edad, y las personas menores de 60 años que recibieron pauta homóloga de AstraZeneca, en su mayoría trabajadores esenciales como cuerpos y fuerzas de seguridad y profesorado.

Esta misma semana, la Comisión de Salud Pública ha aprobado recomendar dosis de recuerdo para las personas con edades comprendidas entre 18 y 39 años. De acuerdo con la estrategia nacional de vacunación, remarca la Conselleria, esta dosis de recuerdo se ofrecerá "de forma ordenada por cohortes de edad y priorizando a personas con condiciones de riesgo y aquellas que hace más tiempo que recibieron la pauta vacunal inicial". Las dosis de refuerzo o recuerdo se inoculan citando a las personas interesadas desde Atención Primaria, vía SMS o llamada telefónica.

Navarra registró este sábado 1.314 nuevos casos de Covid-19 tras realizar 2.079 pruebas, lo que supone una positividad del 63,2%, según los datos del Gobierno foral. Además, se produjo un nuevo fallecimiento.

La Comunidad foral continúa con una tendencia descendente en sus casos en los últimos días. El viernes se detectaron 1.854 contagios con una positividad del 45,1%; el jueves 2.254 casos (43,8%), el miércoles se contabilizaron 2.674 casos con una positividad del 45,2%; el martes fueron 2.999 casos (43,6%), el lunes 3.507 casos (49,3%), el domingo 2.246 casos (59,6% de positividad) y el sábado de la semana pasada fueron 2.021 positivos (51,7%).

En el ámbito hospitalario, se han registrado 21 ingresos hospitalarios en el último día, dos de ellos en la UCI. El total de personas ingresadas es de 266, 37 en la UCI.

En cuanto a la vacunación, el sábado se administraron 6.744 dosis en Navarra, con lo que el total de administradas asciende a 1.296.520. Las personas con pauta completa son 541.996.

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha confiado en que todos los partidos que conformaron el bloque de investidura apoyen la reforma laboral, y ha advertido que les será "difícil de explicar" a estas formaciones un voto en contra de una reforma que "cambia el paradigma de las relaciones laborales".

En una entrevista a Radio Euskadi, Gorrotxategi ha considerado, además, que la cuestión de las denominadas macrogranjas se ha convertido en debate "de manera artificial" a través de "un bulo".

Tras valorar como "dato objetivo" que la atención de Osakidetza se ha visto mermada durante la pandemia de la covid-19, Gorrotxategi ha lamentado que se haya asumido como "normal" que en el Servicio vasco de Salud no se conteste al teléfono.

De este modo, ha reclamado "acción política" para hacer frente a la transmisión del virus y ha pedido que se implementen medidas para que se establezcan medidores de CO2 en los espacios privados y públicos.

Respecto a la reforma laboral y la convalidación del real decreto, la dirigente de Podemos ha confiado en que "todo el bloque de investidura" vote a favor, por ser "difícil de explicar un voto en contra de una reforma que cambia el paradigma de las relaciones laborales".

"Que después de 40 años seamos capaces de acordar en el diálogo social que hay que acabar con la temporalidad y se vote en contra no sería comprensible", ha añadido.

EDUCACIÓN

Respecto a las propuestas de su formación para la Educación vasca, Gorrotxategi ha considerado que "no es verdad" que haga falta una nueva ley y ha defendido que si se desarrollara y cumpliera la legislación de 1993 "quizá hoy no se hablaría de la necesidad de blindar determinadas cuestiones en la futura ley".

"Hablo de la prevalencia del sistema público, que ya está contemplado en la ley y no se cumple, o de la prohibición de cobrar cuotas", ha enumerado.

Por último, y en referencia a la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi, ha lamentado que esté "tardando" y se ha congratulado de que finalmente vaya a llegar y los escollos que había se superen.

La juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra escuchará este martes el careo entre el perito al que encargó el informe independiente y los peritos contratados por la aerolínea para aclarar las diferencias entre las conclusiones que ambos presentaron al procedimiento.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid fijó la fecha del careo el pasado noviembre, cuando la Abogacía del Estado pidió el sobreseimiento y archivo de la investigación "al no constar indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo".

La abogada del Estado Rosa María Seoane, decía que se podía "concluir que el informe pericial no aporta ningún elemento que pudiera, siquiera indiciariamente, conducir a dudar de la situación de 'empresa no en crisis' de Plus Ultra al cierre de 2019, y mucho menos indicios remotos de elemento constitutivo de tipo penal alguno".

Tras evaluar el último informe pericial aportado a la causa, la Fiscalía de Madrid coincidió en que había que archivar el procedimiento y así lo plasmó en un informe en el que aseguró que no existían "elementos contundentes" que permitieran cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus escritos anteriores.

La magistrada Esperanza Collazos consideró necesario no solo no sobreseer la causa sino enfrentar en un careo la opinión de los distintos peritos para aclarar los puntos de disenso en las conclusiones de ambos.

DIFERENCIA ENTRE INFORMES

En el documento de 499 folios, los peritos independientes explicaron que existían "dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía" a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, "sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública" a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La Abogacía insistía en que la "discrepancia técnica expuesta en el informe de los peritos judiciales" no resultaba suficiente para apreciar, "ni siquiera indiciariamente", ningún exceso por parte de la SEPI para conceder la ayuda.

Los servicios jurídicos del Estado subrayaban que del informe encargado por el Juzgado se desprende que "se cumplían todos los requisitos de elegibilidad" que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas.

Así, defendían que la subvención de 53 millones "se ajustó estrictamente al régimen jurídico". En este sentido, aseguraban que desde la SEPI "verificaron el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad mediante los informes técnicos recabados en el expediente administrativo".

La Abogacía impugnó la práctica de la pericial al considerar que "carecía de motivación alguna y no era ni necesaria ni útil" y que, a su juicio, "obedecía a una finalidad prospectiva al no obrar indicio delictivo alguno". Y acusó a los peritos judiciales de "extralimitarse".

A su juicio, los peritos se habrían excedido al tomar en consideración "de forma determinante para alcanzar sus conclusiones" información y documentación "posterior" a la actuación cuestionada. Para la Abogacía del Estado, "esta circunstancia, por sí sola, es suficiente para invalidar las conclusiones alcanzadas por el informe, basadas en información posterior a los hechos investigados".

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer, de origen chino y de 38 años de edad, por un delito relativo a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, en Palma.

Según ha informado la Policía este domingo en una nota de prensa, a través de una información confidencial, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Grupo Ucrif 1, tenía conocimiento de que en un domicilio próximo a Son Gotleu pudiera estar produciéndose un delito relativo a la prostitución, ya que se ofrecían servicios de masajes y de índole sexual.

Así, se procedió a realizar una inspección en el citado piso por parte de los agentes, lugar donde se ofrecían servicios de masajes y de índole sexual, identificando a varias ciudadanas de origen chino, todas ellas en situación irregular en España.

Tras las inspección, se pudo constatar que una mujer tenía a varias mujeres trabajando durante 24 horas al día ejerciendo la prostitución, obligadas a aceptar cualquier tipo de proposiciones de los clientes, teniendo a su vez a una de ellas trabajando unas 10 horas al día como empleada interna realizando tareas de limpieza, compra de enseres, elaborar la comida, etcétera, por 10 euros diarios, aprovechándose de la grave situación de vulnerabilidad, al encontrarse en situación irregular y no poder trabajar de forma legal.

Por todo ello, se procedió a la detención de la presunta autora por un delito relativo a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, tramitándose atestado policial y siendo remitido al Juzgado de Guardia de Palma.

El Congreso retomará esta semana la discusión de las propuestas para reforzar la independencia e imparcialidad de los organismos reguladores y autoridades independientes que habrán de plasmarse en el documento de recomendaciones que se encargó a la Comisión de Calidad Democrática hace ya más de un año.

La subcomisión que debe redactar ese documento quedó constituida el pasado 9 de diciembre y acordó pedir autorización para poder reunirse en enero, dado que se trata de un mes inhábil a efectos parlamentarios. Una vez habilitada para ello, tiene previsto mantener su primer encuentro este martes.

A principios de diciembre la comisión que preside Íñigo Errejón, acordó, entre críticas del PP, Vox y Ciudadanos, tomar como base para la discusión el texto redactado por el PSOE y Más País, borrador que fue apoyado por Unidas Podemos y ERC.

Por ahora los grupos sólo han presentado enmiendas a la primera parte de ese documento, la más técnica. Ésas serán las que se empiecen a discutir la semana que viene y, a partir de ahí, se irá enmendando el resto del informe hasta consensuar un texto de manera mayoritaria.

SIETE ORGANISMOS

Las propuestas que defienden el PSOE y Más País afectarían un total de siete administraciones independientes: Agencia de Protección de Datos, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

El documentos suscrito por estos dos partidos, destaca que quedaría fuera el Banco de España. Pero, mientras que el PSOE ha presentado una enmienda para destacar la singularidad de la naturaleza jurídica de esta institución, Más País lo ha hecho para apostar por no limitar las recomendaciones que se aprueben a las siete administraciones independientes citadas, sino que éstas se puedan extender a otros organismos de este tipo.

Por su parte, el PP ha presentado enmiendas para frenar la "potente deriva totalitaria" que dice apreciar en el borrador de PSOE y Más País, a los que acusa de negar la "legitimación democrática" de estos organismos cuya continuidad considera amenazada.

MÁS CONTROLES

En este contexto, apuesta por un refuerzo institucional de las autoridades independientes con normas que garanticen su independencia, imparcialidad, transparencia y suficiencia presupuestaria, así como que tengan que rendir cuentas ante las Cortes, y también el Gobierno sobre la aplicación de las recomendaciones que éstas le hagan.

De su lado, Vox es partidaria de incrementar el control sobre estos órganos, pero no de una forma "excesiva" que pueda llegar a afectar su independencia.

En sus enmiendas, ERC hace defiende la existencia de estas entidades y pide aumentar los controles sobre las mismas. También las defiende Ciudadanos, que quiere incluir un apostilla para reivindicarlas no sólo en los ámbitos en los que sea posible adoptar decisiones con base a criterios exclusivamente técnicos, sino también en aquellos en los que "el interés general pueda entrar en conflicto con incentivos partidistas".

Desde el PNV se reclama simplificar el documento que se ha tomado como base para los trabajos, diferenciar bien las autoridades independientes que afectan a sectores determinados (como la CNMC, la CNMC, el CSN y la AEPD) de las que fiscalizan poderes ejecutivos (como la AiRef o el Consejo de Transparencia), incrementar su rendición de cuentas en sede parlamentaria e impulsar códigos de conducta para sus miembros.

UNIFICAR EL MÉTODO DE ELECCIÓN

El documento redactado por el PSOE y Más País apuesta por unificar el método de selección de los máximos responsable de las administraciones independientes. Sin embargo esa parte del informe será objeto de enmiendas más adelante.

En concreto, abogan elegirlos mediante un procedimiento idéntico que arrancaría con la publicación de una convocatoria pública por parte del Gobierno. Los firmantes del documento quieren que siga siendo el Ejecutivo quien proponga a los candidatos a las Cortes, pero reforzando el papel de las Cámaras tanto en la elección de los máximos responsables como en su control posterior.

El método de elección que defienden para los responsables de los siete organismos citados es similar al que ya rige para la Agencia Española de Protección de Datos, cuya renovación está precisamente siendo objeto de polémica estos días. Este asunto ha provocado un aviso al Gobierno por parte de las autoridades comunitarias porque los nombres de los futuros responsables se dieron a conocer antes incluso de convocar el concurso preceptivo.

El Ejecutivo incluyó la renovación de la AEPD en el pacto que cerró con el PP a finales de octubre para designar nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. En concreto, ambas partes acordaron nombrar presidenta a Belén Cardona, a propuesta del PSOE, y adjunto a Borja Adsuara por sugerencia del PP.

Y un mes después, el 18 de noviembre, se convocó el concurso público para elegir a los mejores candidatos para el puesto. Según la legislación vigente, tras evaluar a los aspirantes, es el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, el que debe proponer candidatos a presidente y adjunto. Ambos han de ser ratificados por la comisión de Justicia en el Congreso.

En la propuesta sobre la que trabaja la Comisión de Calidad Democrática, PSOE y Más País plantean que las votaciones de idoneidad de los aspirantes a estos puestos se realicen en un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, pero "reforzada".

"Tendría, precisamente por estar focalizada en esta función, más posibilidades de realizar 'hearings' (comparecencias) más parecidos a los que se desarrollan en otros sistemas democráticos, como Estados Unidos, donde se produce una seria y exhaustiva investigación sobre el perfil profesional de las personas propuestas, lo que redundaría en una clara mejora del sistema de selección", reza el documento.

MANDATOS DE SEIS AÑOS

Además, defienden que para aprobar el informe de idoneidad se "exija mayoría cualificada" y que éste no pueda salir adelante "en ningún caso" con "el voto afirmativo de un único grupo parlamentario".

Esta Comisión de Nombramientos debería tener entre sus tareas controlar a los órganos reguladores y autoridades independientes con más intensidad que en la actualidad, aumentando el régimen de comparecencias, que ahora generalmente está fijado en una al año, y haciéndolas más dinámicas para facilitar la obtención de respuestas, siguiendo el modelo anglosajón.

También correspondería a esta comisión la elaboración de códigos éticos que obliguen a sus máximos responsables e incluyan un régimen de infracciones y sanciones si se incumple, así como la función de actuar para detectar posibles incompatibilidades.

Asimismo, abogan por homogeneizar la normativa sobre la duración de mandatos en todas estas entidades, de manera que no coincidan con las legislaturas para reforzar así la independencia de sus responsable. En concreto, sugieren mandatos de seis años, una cifra que sobrepasa la legislatura política y que permite "trazar objetivo a medio plazo" logrando una gestión "más eficaz".

PP y Vox defienden la necesidad de que el Ministerio de Defensa aumente los controles para garantizar el adecuado uso de las viviendas destinadas a militares, incluyendo inspecciones físicas en los domicilios que detecten posibles ocupaciones fraudulentas.

Así lo plasman en sus propuestas al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa relativo al año 2017 y que serán debatidas en el Congreso.

El informe del órgano fiscalizador ya recoge que el control sobre el correcto uso de las viviendas y locales de las Fuerzas Armadas se realiza a través de cruces de datos y también mediante inspecciones físicas de las viviendas por los gestores de las áreas patrimoniales.

Pese a ello, apunta que en el año 2017 hubo varios casos en los que se detectó que no se justificaba una ocupación conforme a los requisitos legalmente exigidos y sin embargo no consta que se tomaran medidas correctoras, "continuando la ocupación irregular de la vivienda y el cobro del canon".

Este apunte ha sido recogido por PP y Vox en sus propuestas de resolución y proponen que se establezca un control "sistemático" de inspecciones en las viviendas para evitar que se perpetuen estas situaciones.

De igual manera, reclaman un mecanismo que identifique correctamente los gastos asumidos por el organismo y aquellos repercutibles a los usuarios; ante la advertencia del Tribunal de Cuentas de mejorar la forma de cobro de servicios como la calefacción, el agua o la energía eléctrica.

Defensa cuenta con un parque de viviendas cuyos adjudicatarios los militares profesionales que lo solicitan debido a cambio de destino y localidad por razones del servicio. Para su reparto se obtiene un orden de prelación mediante la aplicación de un baremo que valora trienios, situación familiar y permanencia en la lista de solicitantes.

En su informe, el Tribunal de Cuentas avisa de que el futuro del INVIED está comprometido por los gastos que asume, que están "descapitalizando" el organismo y restando fondos destinados a nuevas inversiones en infraestructuras y material para las Fuerzas Armadas.

En concreto, apunta que de los datos de la contabilidad analítica "se deduce una situación que compromete seriamente la gestión futura del organismo y el normal cumplimiento de sus competencias". Lo atribuye al gasto por la compensación económica al personal militar por movilidad geográfica (47,5 millones de euros en 2017), que se está financiando predominantemente con los ingresos obtenidos por la enajenación del patrimonio.

Según avisa, ni siquiera la "insuficiente" transferencia anual del Ministerio de Defensa (20,6 millones en 2017) se está cobrando por el INVIED, al estar retenidos los fondos por la Dirección General del Tesoro.

Con ello, la propuesta del PSOE al informe incide en la necesidad de que el Gobierno mejore la planificación, el control y la gestión económica y patrimonial del INVIED, aunque sostiene que el organismo cuenta con un sistema apropiado en términos de gestión y organización operativa.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE quiere atar en corto las finanzas del partido según se desprende del Proyecto de Bases Presupuestarias para el ejercicio 2022. Así, además de la prohibición de endeudarse, la dirección diseñará un Sistema de Control Interno del gasto y dimensionará la plantilla a "corto, medio y largo plazo" para tener una "estructura razonable y acorde" con los recursos económicos.

El PSOE, con Sánchez al frente, lleva ya unos años tratando de sanear sus cuentas que había heredado de los anteriores mandatarios socialistas. De hecho, a cierre del ejercicio anterior, el de 2020, el PSOE había amortizado 50 millones de euros en cuatro años y tenía un saldo vivo de deuda bancaria de 27,2 millones, que ha reducido a 19,5 millones a lo largo del ejercicio de 2021.

Ahora, y de cara al futuro, la dirección socialista no quiere volver a las andadas en las que tenía una abultada deuda con los bancos y, conscientes de que las entidades financieras cada vez son más reacias a prestar a los partidos políticos, quieren encaminar las finanzas socialistas hacia la autofinanciación en la medida de lo posible.

Para ello, tras incluir en este Proyecto de Bases Presupuestarias la orden de, en la medida de lo posible, "no concertar operaciones de endeudamiento futuras en ningún ámbito de la Organización", el "siguiente paso" será la potenciación de la "unidad de Control de Gestión" que, junto con la integración total de las contabilidades, permita a la dirección de Ferraz realizar un seguimiento económico-financiero y un "control" presupuestario del Plan de Cobertura Integral de Gerencia.

Dentro del sistema de gobierno han optado por diseñar e implementar "un Sistema de Control Interno" que potencie la operativa del PSOE, aumente su capacidad para gestionar las diferentes situaciones que puedan presentarse e identifique y oriente los planes de acción para solucionar errores en las estructuras económicas del partido.

Así, este control interno, asegura el citado documento, debe ser un conjunto de procesos, con la finalidad de obtener seguridad razonable sobre: La eficiencia de las operaciones; la fiabilidad e integridad de la información financiera y no financiera; una adecuada gestión de los riesgos de acuerdo con los objetivos estratégicos del Partido y el cumplimiento de las leyes y de las políticas y procedimientos internos aplicables.

PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Además, la dirección socialista considera que, tras la finalización de congresos del partido, deben abordar una "planificación financiera a corto, medio y largo plazo en materia de Recursos Humanos". El objetivo, asegura el Plan para elaborar los Presupuestos de 2022, es "dimensionar a una estructura razonable y acorde" con los recursos económicos del PSOE y determinar un "techo de gasto asumible y equilibrado".

Este techo de gasto debe atender tanto a las nuevas necesidades de incorporación de personal en determinadas áreas del Partido como al "volumen de incremento del gasto que en este ámbito conlleven en el futuro los compromisos adquiridos" con sus trabajadoras y trabajadores.

NEGOCIAR UN ACUERDO CON EL COMITÉ DE EMPRESA "RETRASADO VARIOS AÑOS"

Así mismo, los socialistas se proponen continuar con las negociaciones con el Comité de Empresa para facilitar un acuerdo, "ya retrasado varios años", que permita tanto la firma de un nuevo Convenio Colectivo, como establecer el marco negociador para el conjunto de la Organización.

También han incluido entre sus planes para este ejercicio, poner en marcha una nueva herramienta de contacto con la ciudadanía y la militancia, "basada en la experiencia del desarrollo propio del canal de denuncias".

Para ello, se proponen potenciar "más aún" el uso del portal de la militancia, siendo el punto principal de comunicación con sus militantes. "Todo ello con dos ideas siempre muy presentes: utilidad y sencillez de uso", señala el texto.

En estos planes incluyen que las agrupaciones dispongan del nuevo portal de agrupaciones, "con muchas mejoras basadas en la experiencia de todos estos años de las compañeras y compañeros que hacen uso de este".

Cataluña ha registrado hasta este domingo 1.711.890 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --1.628.236 con una prueba PCR o test de antígenos--, 22.178 más que en el recuento del sábado, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

En las últimas 24 horas se han registrado 45 muertes y el total de fallecidos es de 25.047: son 15.915 en hospital o centro sanitario, 4.673 en residencia, 1.299 en domicilio y 3.160 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.503, 98 más que en el último recuento.

Un total de 516 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, seis más que en el último recuento: 333 necesitan ventilación invasiva (intubación), 18 requieren oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), y 165, apoyo sin intubación.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube a 1,22 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 27,09% --sin contabilizar los notificados por las farmacias--, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 4.399,31 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 36,29 años.

La tasa de riesgo de rebrote sigue subiendo: el sábado se situaba en 5.015 y 24 horas después está en 5.253.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 6.413.539 personas desde que empezó la campaña de vacunación, de los que 6.140.172 ya tienen la pauta completa, y hay 2.580.097 inmunizados con tercera dosis.

En porcentajes, el 81,1% de la población catalana está vacunada con al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 77,2% ya tiene la pauta completa de la vacunación.

El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, ha defendido que actualmente, las encuestas señalan una "victoria holgada" de su proyecto político en la provincia de Almería, que recientemente ha acogido una reunión del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía.

En una entrevista en La Voz de Almería, Moreno ha defendido que a la hora de revisar el estado de los compromisos del Gobierno andaluz con la provincia de Almería, "los que se han ejecutado o se están ejecutando" superan el 80 por ciento, admitiendo que algunos de ellos "no se han podido realizar" pero encuadrando tal extremo en la pandemia y las vicisitudes derivadas de la misma.

"La inmensa mayoría de los proyectos los hemos cumplido y eso nos da la serenidad de que cuando toque ese proceso electoral, poder ir con la sensación de que hemos cumplido con nuestra palabra", indica el presidente andaluz, defendiendo por ejemplo que la autovía del Almanzora "ya es prácticamente una realidad", la recuperación de la Alcazaba, el inicio de las obras del hospital de Roquetas de Mar, el hospital Materno Infantil o la Casa del Mar, entre otras actuaciones.

En ese contexto, ha aseverado que las encuestas reflejan que "Almería es la provincia de Andalucía donde más apoyo" cuenta su proyecto político. Eso, según indica, "es porque los ciudadanos se han dado cuenta de que este gobierno se ha tomado muy en serio Almería".

En el plano autonómico, Juanma Moreno ha asegurado que la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómica está ceñida al momento en el que él "tenga la sensación confirmada de que el Parlamento" no le va a "permitir seguir avanzando" en la gestión. "Puede ser finales de la primavera o puede ser también en octubre. Esas son las dos únicas fechas posibles", ha señalado.

En ese mismo ámbito, ha considerado que "hora mismo", PP y Cs, socios de gobierno en Andalucía, suman "más por separado" que con una coalición electoral, si bien la creación de dicha marca conjunta "es una decisión que sólo se puede adoptar en el ámbito de un momento electoral", según ha precisado.

Además, ha defendido que su aspiración es que el PP coseche "una mayoría parlamentaria para gobernar en solitario". "Si eso no se produjera, es evidente que este gobierno de coalición PP-Cs funciona y se podría reeditar sin ningún problema", ha reiterado el presidente andaluz, que ha defendido su idea de promover una política "moderada e inclusiva, donde por encima de la trinchera ideológica está la gestión".

El PDeCAT ha presentado en el Congreso una propuesta con la que pretende instar al Tribunal de Cuentas a "respetar el nombre propio" de las instituciones en su lengua, es decir, a no traducir la nomenclatura de organismos catalanes como la Generalitat , así como no cambiar al castellano la palabra "Catalunya".

Así lo ha planteado la formación independentista en una de sus propuestas de resolución al Informe Global del Sector Público Autonómico del Ejercicio de 2018, y que tendrá que votar la Comisión Mixta (Congreso y Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en el mes de febrero, cuando se reanude el período ordinario de sesiones.

En concreto, el partido liderado en el Congreso por Ferrán Bel pone como ejemplo el caso de la "Generalitat de Catalunya" y el de la "Sindicatura de Comptes de Catalunya" para pedir al Tribunal de Cuentas que evite traducir al castellano el nombre propio de las instituciones en su lengua.

Para ello, el partido independentista catalán se justifica en la Constitución española, más concretamente, en el artículo 3.3, que, según expone en su propuesta, asegura que "la riqueza de las distintas modalidades lingüisticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

VOX, PP Y PSOE TAMBIÉN HACEN PROPUESTAS

Esta es una de las 13 propuestas que el PDeCAT ha lanzado en el Informe del Sector Público Autonómico del Tribunal de Cuentas del año 2018, donde también pide al Gobierno, entre otras cosas, presentar una reforma del sistema de financiación de las comunidades en el que se tenga en cuenta el coste de la vida en cada región.

Precisamente, en este Informe también han plasmado sus propuestas de resolución Vox, PP y el PSOE que, al igual que las del PDeCAT, también se votarán en el mes de febrero.

Estas pasan por la rendicición de cuentas de forma sistemática por parte de las fundaciones creadas y gestionadas por las comunidades con arreglo a las obligaciones que se les atribuyen en las normativas autonómicas a las que están sujetas, como propone Vox, hasta la petición que hace el PP a los Ejecutivos autonómicos para que exijan a las entidades de su sector público el cumplimiento de la rendición de cuentas en plazo y forma.

Por su parte, el PSOE, entre otras propuestas, plantea instar a los organismos de contorl externo de las comunidades autonómas que aún no lo hacen a "establecer el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres".

El consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, ha abogado por "huir de cualquier conflicto con el euskera" y defiende que sea cada centro educativo "el que defina su propio proyecto lingüístico".

En una entrevista concedida a El Correo, Bildarratz analiza la futura ley de Educación, así como el impacto de la sexta ola de la covid-19 en las aulas.

Tras destacar que el Gobierno Vasco se había fijado como plazo para aprobar la ley otoño de 2023, ha incidido en que lo han adelantado un año. En este sentido, afirma que la ley respetará, "al menos, el espíritu" del pacto educativo que se negocia en el Parlamento.

"Aquí todos queremos abordar de qué manera trabajar por la calidad y la excelencia del sistema educativo bajo criterios de igualdad y equidad... Los cálculos políticos están ahí, pero creo que la sociedad no entendería que hubiese partidos que no trabajaran por un acuerdo así. El sistema que se debe construir no es el que yo quiera, sino el que queramos todos, entre diferentes. Si hay algún partido que prefiera anteponer cuestiones extraeducativas, que lo explique", explica.

Según sostiene, la ley va a trabajar para que sea cada centro el que defina su propio proyecto lingüístico, acorde a cada realidad ya que "ni siquiera lo que conocemos como modelo D puede ser igual en Tolosa y en Barakaldo". "No debemos encasillarnos tanto, sino adecuar el currículo a cada ecosistema social", explica.

Asimismo, subraya que la realidad vasca es completamente diferente a la catalana e incide en que no quisiera que se cree "ningún conflicto con el euskera". "Debemos huir de ahí. El objetivo es que cada vez tengamos más vascoparlantes y facilitar que cualquier ciudadano pueda expresarse en la lengua que desee", justifica.

COVID-19

Por lo que respecta al regreso a las aulas de los alumnos tras la Navidad y el impacto de la covid-19, el consejero valora "el gran esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa".

"En la primera semana hemos gestionado más de 3.000 sustituciones y el número de profesores de baja ha descendido de 800 a unos 450", indica, al tiempo que niega que haya habido improvisación.

Por último, y cuestionado por aquellos padres que envían a sus hijos con síntomas de coronavirus a clase por no poder faltar al trabajo, el consejero dice que "no es algo nuevo".

"Antes de la pandemia ya pasaba y yo buscaba soluciones cuando mis hijos se ponían enfermos. La Administración siempre posibilitará ayudas, pero no es quien tiene que dar una solución a toda nueva situación que se genere", finaliza.

OPE

Por otro lado, ha anunciado que la OPE de Educación Infantil y Primaria prevista para este año se celebrará después del verano, aunque se depende "del desarrollo de la ley que da estabilidad al funcionariado". "Es algo que compete al Gobierno de España, veremos cómo se concreta", añade.

Respecto a las plazas que abarcará, espera que sean "incluso más de 1.200", aunque afirma que todavía se tiene que trabajar con los sindicatos.

Los casos activos continúan en ascenso en Galicia y superan este domingo la barrera de los 70.000 --72.441, concretamente--, mientras que los nuevos contagios bajan de los 8.000 y se quedan en los 7.838 --776 menos en las últimas 24 horas--. La presión hospitalaria también se incrementa con 569 hospitalizados, 30 más que en la última jornada. La tasa de positividad, por su parte, continúa en descenso y marca un 21,8%.

Según los datos actualizados en la mañana de este domingo por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 del sábado, bajan a 54 las personas ingresadas en UCI por la Covid-19 en Galicia --dos menos--, pero ascienden a 515 las hospitalizadas en otras unidades --32 más--.

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria sube en todas, menos en A Coruña, donde se mantiene, si bien cambia el reparto de pacientes por planta. Así, el área coruñesa cuenta con 126 pacientes en planta --tres más--, pero con 14 en UCI --tres menos--.

Así, Vigo mantiene a 10 pacientes Covid en UCI pero registra 78 en otras unidades --cuatro más--; Ourense continúa con ocho hospitalizados en críticos, pero con 75 en unidades convencionales --siete más--; y Ferrol, que tampoco registra cambios en UCI, con tres pacientes, tiene a 32 en planta --cinco más--.

En Lugo, son seis los ingresados en críticos --uno más-- y 57 en planta --cinco más--; en Pontevedra hay ocho hospitalizados en UCI --sin cambios-- y 69 en otras unidades --cinco más--; mientras que el área de Santiago y Barbanza continúa con cinco pacientes en críticos --sin cambios--, pero registra 78 en otras unidades --tres más--.

CASOS ACTIVOS

Los casos activos mantienen la tendencia ascendente --tras la adaptación este jueves pasado por parte del Sergas del nuevo protocolo de altas de pacientes infectados por la Covid que reduce los días de cuarentena--, y superan la barrera de los 70.000, concretamente 72.441, que suponen 2.724 más que el día anterior.

Por áreas sanitarias, el mayor incremento corresponde a la de Vigo (+1.158), seguida de la de A Coruña y Cee (+611), Pontevedra y O Salnés (+407), Lugo (+333), Santiago (+123), Ourense (+59) y Ferrol (+33).

Así, con más casos activos se mantiene el área sanitaria de Vigo, con 18.647; seguida de la de A Coruña y Cee, con 14.656; Santiago y Barbanza, con 10.829; Ourense, con 8.400; Pontevedra y O Salnés, con 8.319; Lugo, con 7.547; y a la cola continúa la de Ferrol, con 4.043.

Según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Sanidad este pasado viernes 14 de enero, la incidencia acumulada a 14 días de Galicia aumenta a 3350,78 casos por 100.000 habitantes, frente a los 3192,46 de media en España.

BAJAN LOS CONTAGIOS

Por su parte, los nuevos contagios de Covid-19 bajan hasta los 7.838, tras superar los 8.000 durante dos días consecutivos --8.614, el sábado y 8.427, el viernes-- y tras los 7.875 del jueves, algo más que los 8.343 del miércoles, tras los 5.927 del martes y haber comenzado esta semana con 4.966.

De este modo, Galicia acumula desde el inicio de esta pandemia 335.606 contagiados por coronavirus, de los que 77.115 corresponden al área de Vigo; 71.117, a la de A Coruña; 50.520, a la de Santiago; 41.984, a la de Ourense; 39.945, a la de Pontevedra; 34.746, a la de Lugo; y 20.179, a la de Ferrol.

En las últimas 24 horas se han realizado 7.722 PCR, que eleva a 3.462.903 las hechas desde el inicio de la pandemia; y 10.286 test de antígenos, que suman 1.290.948, lo que suponen 18.008 pruebas efectuadas entre ambas.

En cuanto a la tasa de positividad en PCR --número de infecciones detectadas cada 100 test--, desciende hasta el 21,8% desde el 25,68%del sábado, el 26,09% del viernes, y tras caer ligeramente a un 25,32% el jueves, haber repuntado a un 26% el miércoles después de reducirse a un 16,61% el martes y comenzar esta semana con un 22,6%. Así, se mantiene muy por encima del umbral del 5% que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia.

FALLECIDOS Y CURADOS

Las personas fallecidas diagnosticadas con Covid-19 desde el inicio de esta pandemia en el conjunto de Galicia ascienden a 2.845, al haber notificado la Consellería de Sanidade este sábado dos óbitos.

Mientras, 260.367 personas diagnosticadas de coronavirus se han curado en toda la Comunidad gallega desde el comienzo de esta crisis sanitaria, que constituyen 5.112 más que las registradas hasta el día pasado.

La Junta de Andalucía quiere prohibir por ley las mutilaciones y extirpaciones "con fines estéticos" a animales domésticos y de compañía, su "adiestramiento para mantener conductas agresivas o violentas o para la lucha" y su utilización para "filmar escenas no simuladas para cine, televisión o Internet, artísticas o publicitarias, que conlleven crueldad, maltrato, muerte o sufrimiento".

Así lo recoge el texto del anteproyecto de Ley de Bienestar Animal de Andalucía, que inició su tramitación en Consejo de Gobierno el pasado mes de abril y ya ha superado la fase de exposición pública aunque todavía está pendiente de su envío al Parlamento como proyecto de Ley para su debate y aprobación.

El anteproyecto de Ley, prohíbe con carácter general tanto el "abandono" de animales como su "maltrato o sometimiento a cualquier práctica que les pueda provocar sufrimientos o daños injustificados" y su mantenimiento "en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario y etológico, sin protección contra las inclemencias del tiempo, con dimensiones inadecuadas o cuyas características, distancias u otros motivos hagan imposible garantizar una adecuada atención, control y supervisión con frecuencia al menos diaria".

La futura norma también rechaza el "sacrificio de animales de compañía, además de los perros de guarda de ganado y los perros de rehala, recova o jauría", salvo en caso de "riesgo para la salud pública o medioambiental", así como las "mutilaciones y extirpaciones a animales de compañía y domésticos, excepto las precisas por necesidad terapéutica inevitable y certificada por veterinario para garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad reproductiva".

PROHIBICIÓN DE ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS

La ley limita a "parques zoológicos registrados o recintos expresamente autorizados por la autoridad competente" la tenencia de animales salvajes peligrosos, entre los que incluye a todas las especies de artrópodos, peces y anfibios "cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las personas"; todas las especies reptiles venenosas, cocodrilos, caimanes "y todas aquellas que en estado adulto alcancen o superen los dos kilos de peso"; y todos los primates, así como "las especies mamíferas salvajes que en estado adulto alcancen o superen los diez kilos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilos".

La Junta también quiere prohibir la "reproducción, cría y venta de animales de compañía por personas particulares al margen de los centros de cría y venta que cumplan las exigencias legales, así como su cesión o donación sin que previamente estén identificados e inscritos"; el suministro a los animales de "sustancias que puedan causarles alteraciones de la salud o del comportamiento"; y su alimentación "con vísceras, cadáveres y otros despojos procedentes de animales que no hayan superado controles sanitarios".

En la misma línea se opone a las donaciones de animales "como regalo, sorteo, rifa, promoción o su entrega como premio, reclamo publicitario o recompensa por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales"; su venta, cesión o donación "a menores de edad y personas incapacitadas legalmente sin la autorización expresa de la persona que ostente su custodia o tutela"; y su utilización "para la filmación de escenas no simuladas para cine, televisión o Internet, artísticas o publicitarias, que conlleven crueldad, maltrato, muerte o sufrimiento".

PELEAS DE GALLOS SOLO "EXPRESAMENTE AUTORIZADAS" PARA MEJORAR LA RAZA

La futura Ley de Bienestar Animal rechaza mantenerlos "atados o encerrados permanentemente en terrazas, balcones, zulos, azoteas, trasteros, sótanos, garajes y similares o en condiciones que puedan suponer sufrimiento o daño para el animal" y su "adiestramiento para mantener conductas agresivas o violentas o para la lucha", por lo que prohíbe las peleas de gallos salvo las "expresamente autorizadas para la selección y mejora de la raza del gallo combatiente español" y el tiro al pichón y prácticas similares "excepto competiciones oficiales determinadas por la Consejería con competencias en materia de deporte".

Igualmente la norma plantea prohibir "el traslado de animales en maleteros de vehículos no adaptados específicamente para ellos o en remolques sin ventilación o con materiales no aislantes ni adecuados frente a las inclemencias del tiempo"; el uso de "collares de ahorque, pinchos o eléctricos para animales de compañía y domésticos" salvo que se determine "excepcionalmente por profesional veterinario"; y el "incumplimiento de la normativa de sanidad y protección animal vigente en casos de participación de animales en certámenes, actividades deportivas u otras concentraciones de animales vivos".

La Junta también quiere limitar la "circulación de animales potencialmente peligrosos, salvo los perros, por vías públicas y por lugares y espacios de uso público general"; la "exhibición de animales de forma ambulante como reclamo en locales de ocio o de diversión"; el mantenimiento de animales "en vehículos estacionados sin ventilación y temperatura adecuada"; el "traslado o mantenimiento de animales vivos y suspendidos de las patas"; y el adiestramiento de los animales de compañía "en actitud agresiva o violenta, su incitación al ataque o la no adopción de medidas para neutralizar ataques a personas, animales u objetos".

SANCIONES DE HASTA 35.000 EUROS

El anteproyecto de Ley de Bienestar Social prevé sanciones económicas para las responsables de infracciones a la norma por cuantías que van de los 300 a los 1.000 euros para las infracciones leves; de los 1.001 a los 6.000 euros para las infracciones graves; y de los 6.001 a los 35.000 euros para las infracciones muy graves.

El texto precisa en cualquier caso que la imposición de estas sanciones económicas "no excluye la responsabilidad civil o penal ni la eventual indemnización de daños y perjuicios que puedan corresponder al infractor".

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para su debate en el Pleno para reclamar al Gobierno la creación de una Agencia Espacial Española y el impulso de la seguridad jurídica respecto de aquellas actividades que se lleven a cabo en el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes con fines pacíficos.

Según el texto, Cs quiere que el Congreso inste al Gobierno a "unificar, a la mayor brevedad posible, todas las competencias en materia espacial actualmente distribuidas entre varios ministerios y organismos en una única Agencia Espacial Española que se convierta en foco de referencia nacional en materia de I+D espacial y que ejerza como ventanilla única para la gestión de fondos, programas y recursos relacionados con este ámbito".

La creación de una Agencia Espacial Española es una idea que lleva años centrando el debate en el ámbito científico y que apoya la industria espacial española. La idea también fue defendida por el exministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

El 27 de mayo del año pasado, el por entonces director del Gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, anunció en el Congreso la creación de este organismo. "Les anuncio la creación de la Agencia Espacial Española", señaló, sin dar más detalle.

MARCO NORMATIVO ESPACIAL ESPAÑOL

El texto registrado por Cs reclama, en segundo lugar, establecer un Foro de Alto Nivel técnico especializado con presencia del sector privado, de la sociedad civil y expertos académicos ingenieros, científicos y juristas que permita revisar la legislación española en materia espacial para detectar posibles barreras y obstáculos normativos al desarrollo del sector industrial espacial en España, y elaborar recomendaciones para eliminar dichas barreras y sortear dichos obstáculos.

También insta a actualizar el marco normativo espacial español, regulando, de conformidad con el derecho internacional y europeo, las actividades espaciales que se lleven a cabo tanto por el sector público como por el sector privado, así como las responsabilidades en que se pueda incurrir por tales actividades y su régimen de cobertura, velando igualmente por la agilización de trámites, licencias y permisos, y la necesaria seguridad jurídica en materias como el tratamiento de residuos espaciales, cuestiones medioambientales o utilización de recursos naturales.

Del mismo modo, Cs quiere que el Gobierno fomente el conocimiento y la información entre la ciudadanía y entre las empresas del sector espacial español sobre la relevancia de la I+D espacial en nuestro día a día y sobre la importancia de garantizar la responsabilidad de las actividades espaciales, incluyendo las implicaciones en materia de aseguramiento y de derechos y obligaciones de operadores de dichas actividades.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este lunes en la Moncloa al nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, en el primer encuentro entre ambos desde que el socialdemócrata tomó el relevo a Angela Merkel el pasado 8 de diciembre.

Desde Moncloa resaltan que la visita pondrá de manifiesto la fortaleza de la socialdemocracia en Europa, que ha salido "reforzada" con la gestión de la crisis generada por la pandemia. En ese sentido pretenden que el encuentro demuestre que ambos líderes comparten la misma idea de recuperación "inclusiva".

Asimismo, en el Gobierno confían en que Sánchez y Scholz puedan establecer una relación privilegiada aprovechando la "afinidad personal" que hay entre ambos y el hecho de que se conozcan desde hace tiempo, aunque dejan claro que con Alemania la relación también ha sido fluida mientras Merkel estuvo en la Cancillería.

En la agenda del encuentro, además de las relaciones bilaterales, estarán también los principales temas de la agenda europea, entre los que, además de la pandemia y la recuperación económica, podrían estar la amenaza rusa o la previsión de reformar el Pacto de Estabilidad. Además, la cita servirá para abordar la cumbre de la OTAN que acogerá Madrid a finales de junio.

Sánchez y Scholz ya coincidieron el pasado 15 de diciembre durante la reunión de líderes socialistas europeos previa al Consejo Europeo en Bruselas, si bien en aquella ocasión no hubo ningún encuentro bilateral.

Esta será la primera visita de un mandatario extranjero que reciba el presidente del Gobierno este año y el primer viaje fuera de Alemania que realice Scholz en 2022. No obstante, el canciller alemán ya recibió el jueves pasado en Berlín al primer ministro holandés, Mark Rutte, recién confirmado en el cargo.

El primer viaje de Scholz tras su llegada a la Cancillería fue, como marca la tradición, a Francia para reunirse con el presidente galo, Emmanuel Macron, dos días después de tomar posesión. De París se trasladó a Bruselas para entrevistarse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Posteriormente, el 12 de diciembre, viajó a Polonia para reunirse con el primer ministro, Mateusz Morawiecki, y ya después de la cumbre europea viajó a Roma el 20 de diciembre para un encuentro con el primer ministro italiano, Mario Draghi.

CAMBIO DE FUERZAS EN LA UE

El relevo en la Cancillería alemana tras 16 años con Merkel al frente ha generado gran esperanza en las filas de los socialdemócratas europeos, que confían en que otros países también sigan esta senda.

El primer país en que la continuidad de un Gobierno socialista estará en juego este año será Portugal, donde Antonio Costa busca seguir en el cargo en las elecciones del 30 de enero pero por ahora no goza del respaldo suficiente, a tenor de las encuestas.

Pero más importancia aún en la composición de fuerzas a nivel europeo podría tener la elección del nuevo presidente de la República en Italia, prevista para el 24 de enero. Aunque no ha hecho oficial su candidatura, el primer ministro, Mario Draghi, es visto como la mejor opción pero su salto al Quirinal abocaría al país a tener que buscar un nuevo primer ministro y, a falta de consenso político entre los varios partidos que apoyan al Gobierno actual, a la celebración de elecciones.

La cita clave con las urnas para Europa, no obstante, será la de abril en Francia, donde Macron tratará de lograr lo que no consiguieron sus dos precedesores, Nicolas Sarkozy y François Hollande, un segundo mandato consecutivo. Por ahora, el actual presidente es el favorito en las encuestas.

El eje franco-alemán --al que últimamente parece estarse sumando Italia-- es fundamental en la UE. El cambio de Scholz por ahora no ha producido cambios radicales con respecto a la postura que mantenía Merkel --que gobernaba en coalición precisamente con el nuevo canciller-- pero la salida del Elíseo de Macron podría cambiar la ecuación.

"Aunque las probabilidades de que eso ocurra son bajas", según señalan en su artículo 'España en el mundo 2022: perspectivas y desafíos de política europea' los investigadores del Real Instituto Elcano Enrique Feás, Raquel García Llorente, Patrícia Lisa, Ignacio Molina, Luis Simón e Ilke Toygür, "el principal peligro para España y la UE" es que "el liderazgo que resulte en París no se entienda bien con Berlín o, peor aún, que sea euroescéptico".

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se ha comprometido con el Gobierno Vasco a traspasar la competencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con carácter indefinido, según ha asegurado la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi.

En una entrevista concedida al diario Deia, Garamendi ha revelado que el pasado jueves despejó con Rodríguez que la transferencia no tendría fecha de caducidad después de la propuesta que se trasladó al Ejecutivo autonómico para que fuera, en principio, por un plazo limitado de diez años, algo que provino del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Este planteamiento, que debía ser objeto de negociación, llevó a la consejera a advertir de que no aceptaría "mercancía averiada", mientras que el PNV avisó al presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, que podría suponer la ruptura de su apoyo al Ejecutivo.

Olatz Garamendi ha explicado que, en la propuesta, se planteaban unos plazos de diez años, renovables automáticamente. "No se entiende muy bien, en el sentido de que una transferencia es consustancial que sea sine die. Nos llevamos una gran sorpresa", ha asegurado.

No obstante, ha apuntado que posteriormente ha tenido la oportunidad de "trabajar el tema y hablarlo" con Isabel Rodríguez. La titular de autogobierno defendió ante la ministra que el traspaso debe materializarse sin existencia de plazos.

Garamendi ha apuntado que Rodríguez "lo entiende, lo ha asumido y se ha avenido a que hay que tener un plazo indefinido". "Una transferencia no puede tener un plazo. Es un traspaso en el que la comunidad autónoma se subroga, se pone en la posición de la Administración del Estado, en una competencia que de suyo le es propia por el Estatuto de Gernika", ha señalado.

Después de que la ministra haya aceptado "que sea indefinido ese plazo", el Gobierno Vasco transmitirá su propuesta en ese sentido, que analizarán el Ministerio. "El tema del plazo para nosotros era una línea roja para seguir negociando, para llevar esta propuesta a la ponencia técnica-jurídica. Una vez de que podemos tener este tema solventado, podemos seguir con la negociación jurídico-técnica", ha añadido.

Según ha explicado, en sus conversaciones con Isabel Rodríguez, han evitado "entrar en valoraciones previas" tras la polémica generada por la propuesta del Ejecutivo de Sánchez, y han trabajado "la definición de lo que es una transferencia, con arreglo al Concierto Económico, y sin cortapisas".

EL RIESGO DE LA CADUCIDAD

"Un traspaso con fecha de caducidad entrañaría un riesgo porque, si se produce un cambio de gobierno en Madrid, el siguiente, sobre todo si es de otro partido, podría no verse vinculado por ese acuerdo y no prorrogarlo", ha indicado.

En todo caso, cree aventurado dar una fecha para completar el traspaso. "Nosotros no vamos a cejar, siempre bajo la premisa de que la transferencia sea trabajada como íntegra y con todas las garantías", ha advertido.

En cuanto al traspaso en materia de trenes, ha explicado que "es de una gran complejidad técnica". "Es una propuesta que hemos recibido a finales de año, hay que trabajarla mucho, y la negociación será compleja", ha reconocido.

OTRAS TRES MATERIAS

Olatz Garamendi también se ha referido a la reclamación a final del pasado año por su departamento de las transferencias sobre meteorología, fondo de protección a la cinematografía y gestión del litoral, y ha precisado que, en "un momento en que el proceso transferencial estaba paralizado, se había ralentizado muchísimo", decidió "dar un cambio de rumbo total y ser proactiva".

"Tenemos que ser tan exigentes como proactivos, en la medida en que no llegaban propuestas por parte del Estado. Estamos exigiendo el cumplimiento del Estatuto de Gernika, algo que nos corresponde por derecho. He enviado solo esas tres propuestas, con intención de reactivar el proceso y de que se aceleren todas las materias que están pendientes de transferir", ha manifestado, para añadir que todavía no ha recibido una respuesta al respecto.

A su juicio, "no existe esa voluntad o ánimo de impulso en el proceso de transferencias en el Gobierno español, y en anteriores de otra índole política, siempre ha costado".

Sobre la posibilidad de completar el Estatuto en la actual legislatura estatal, ha recordado que se está a la mitad del mandato, "el tiempo corre, pero todo es cuestión de voluntades políticas". "Si realmente hay una voluntad política fuerte por parte del Estado español, la comunidad autónoma está preparada y dispuesta para ir trabajando todas y cada una de las materias. Por lo tanto, lo que exigimos es ese impulso que nos permita abarcarlo en los plazos que tenemos establecidos. Es posible", ha asegurado.

La Comunidad Autónoma de Aragón ha notificado 3.332 nuevos casos de coronavirus, ningún fallecido y 1.720 altas epidemiológicas, resultados correspondientes a este sábado, 15 de enero, según los datos provisionales de la web https://datacovid.salud.aragon.es/covid/.

Por provincias, se han contabilizado 2.452 contagios en Zaragoza y 1.380 recuperados; en Huesca, 511 positivos y 241 altas; y en Teruel, 358 casos y 94 personas recuperadas.

Las zonas de salud con más positivos en esta jornada se han concentrado en la provincia Zaragoza: Valdespartera-Montecanal, con 155, seguida de María de Huerva, con 113, y Sagasta-Ruiseñores, con 111.

En la provincia de Huesca resaltan los 67 de Monzón Urbana y en la capital, 58 en Santo Grial, 50 en Huesca Pirineos y 34 en Perpetuo Socorro. En el caso de Teruel, el mayor número de positivo también se concentra en la capital: Teruel Ensanche suma 83 casos y Teruel Centro 54.

La incidencia acumulada a siete días se sitúa en 3.155,4 casos en Aragón, 3.229,1 en Zaragoza, 2.807,1 en Huesca y 3.121,3 en Teruel; mientras que la incidencia acumulada a 14 días llega a 5.849,4 en la Comunidad, con 6.062,2 en Zaragoza, 5.122,4 en Huesca, y 5.344,5 en Teruel.

Cerca de 1,4 millones de andaluces viven en los 617 municipios con una tasa de incidencia de coronavirus Covid-19 superior a los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, liderados por Hinojales (Huelva), que registra la mayor tasa de Andalucía con 6.666,7.

Según la última actualización de datos publicada por la Consejería de Salud, 1.376.880 personas residen en las 167 localidades andaluzas con tasas de incidencia superiores a los 2.000 casos Covid en las últimas dos semanas, lo que supone el 16,2% de la población de la comunidad.

Ello supone un significativo descenso en la última semana en línea con la caída sostenida de la incidencia acumulada en la comunidad durante los últimos días. Así, son 23 municipios menos con tasa Covid superior a 2.000 en los últimos siete días y un descenso de 445.676 habitantes, un 24,5% menos.

Almería se sitúa ahora como la provincia con mayor número de localidades con tasa superior a 2.000 casos confirmados de Covid en los últimos 14 días con 39, seguida de Granada con 34; Jaén con 32; Córdoba con 30; Huelva 14; Málaga con ocho; Cádiz con siete; y Sevilla con tres.

Pese al descenso global a nivel regional, tres provincias aumentan la cifra de municipios con tasa superior a 2.000 casos Covid en las últimas dos semanas --Almería con 16 más, Cádiz con cuatro y Huelva con uno-- mientras que las otras cinco lo reducen --Jaén con 13 menos, Granada y Sevilla con diez, Córdoba con seis y Málaga cinco--.

SEVILLA, CAPITAL CON MENOR TASA COVID DE ANDALUCÍA

Córdoba, Almería y Jaén son las únicas capitales que superan los 2.000 casos Covid en las últimas dos semanas, mientras que el resto se sitúa por debajo lideradas por Granada con 1.779,9 seguida de Huelva con 1.767,3 Málaga con 1.483,2; Cádiz con 1.231; y Sevilla, que con 1.084,6 registra la menor tasa Covid de las capitales andaluzas.

Las 39 localidades de Almería con tasa superior a 2.000 casos Covid son Abla (6.490,4), Abrucena (2.620,5), Alhama de Almería (2.167,4), Almería capital (2.630,1), Benahadux (2.164,7), Bentarique (2.083,3), Fiñana (2.772,2), Gádor (2.010,5), Huércal de Almería (2.573), Instinción (2.008,9), Nacimiento (4.032,3), Pechina (2.120,4), Rioja (2.959,4), Terque (2.191,8), Viator (2.040,8), Albox (2.896,6), Alcóntar (2.334,6), Armuña de Almanzora (4.333,3), Cantoria (2.615,2), Cuevas del Almanzora (2.033,9), Fines (2.709,1), Huércal-Overa (3.226,6), Lúcar (4.342,1), Macael (3.485,4), María (2.032,5), Olula del Río (3.276,9), Oria (3.215,7), Pulpí (3.803,8), Purchena (2.343,8), Serón (2.852,9), Somontín (2.708,8), Suflí (2.040,8), Tíjola (3.720,4), Vélez-Blanco (2.294,6), Vélez-Rubio (2.826,2), Balanegra (2.125,6), Berja (2.141,2), Láujar de Andarax (3.143,4) y La Mojonera (2.186,9)

Los 34 municipios de Granada en la misma situación son Cádiar (3.139,9), Cáñar (2.387,3), Juviles (3.703,7), Nevada (5.503,7), Torvizcón (2.080), Ugíjar (2.503), Válor (2.067,9), Alquife (2.413,8), Beas de Guadix (3.039,5), Castilléjar (2.649,5), Castril (2.970,3), Cúllar (2.200), Dólar (2.388,5), Guadix (2.229,3), Huéneja (2.991,5), Huéscar (3.155), Jérez del Marquesado (3.979,1), Lanteira (3.191,5), Puebla de Don Fadrique (3.038,4), Purullena (2.298,4), Valle del Zalabí (2.327,8), Beas de Granada (2.755,1), Huétor de Santillán (2.072,3), Churriana de la Vega (2.065,1), Cijuela (2.020,5), Cogollos de la Vega (2.192,3), Escúzar (2.275,6), Huétor Tájar (2.163,7), Loja (2.076,5), Nívar (2.413,1), Pinos Genil (2.617,4), Quéntar (2.851,1), Santa Cruz del Comercio (3.013,2) y Zagra (3.954,8).

32 EN JAÉN Y 30 EN CÓRDOBA

En Jaén son 32 las localidades con más de 2.000 casos Covid en los últimos 14 días: Torredonjimeno (2.149,4), Albanchez de Mágina (2.967,4), Bélmez de la Moraleda (2.294,5), Cambil (2.348,1), Campillo de Arenas (2.855,5), Cárcheles (2.552,6), Espeluy (4.032,3), Fuerte del Rey (2.287,8), La Guardia de Jaén (2.107,2), Huelma (4.543,9), Jaén capital (2.250), Mancha Real (2.710,1), Mengíbar (2.590,8), Pegalajar (3.130,4), Torredelcampo (2.036,5), Villatorres (2.768,7), Aldeaquemada (4.411,8), Arjona (2.121,5), Arjonilla (2.436,3), Bailén (2.148,4), Carboneros (2.368,9), Escañuela (3.283,9), Chilluévar (2.482,3), Génave (5.593,2), Hornos (3.703,7), Orcera (2.568,4), Pozo Alcón (3.825,8), Segura de la Sierra (2.163,1), Siles (2.207,2), Torres de Albánchez (4.285,7), Villanueva del Arzobispo (2.055) y Villarrodrigo (3.580,6).

Los 30 municipios de Córdoba con idénticos parámetros son Córdoba capital (2.330,4), Almedinilla (2.700,4), Benamejí (3.284,3), Cabra (2.408,2), Doña Mencía (4.528,7), Encinas Reales (2.040,8), Fernán-Núñez (2.227,7), Nueva Carteya (3.201,6), Adamuz (2.175,5), Almodóvar del Río (2.055), Fuente Palmera (2.109,4), Hornachuelos (2.142,9), Montoro (2.130,6), Peñaflor (2.116), Posadas (3.020), Valenzuela (2.415), Villa del Río (2.122,5), Villaharta (6.119,2), Villaviciosa de Córdoba (2.156,2), Belalcázar (2.380,2), Belmez (2.328), Cardeña (2.923,2), Espiel (4.033,3), El Guijo (3.125), Hinojosa del Duque (2.087,4), Pedroche (3.036,4), Pozoblanco (2.144,9), Villanueva del Duque (3.038,7), Villanueva del Rey (2.069) y Villaralto (2.057,2).

14 MUNICIPIOS EN HUELVA, 8 EN MÁLAGA Y 7 EN CÁDIZ

En Huelva son 14 las localidades que superan la tasa de 2.000 casos Covid: Almonaster la Real (2.349), Aroche (2.357,6), El Campillo (2.420,9), Campofrío (2.384,3), El Cerro de Andévalo (2.965,2), Encinasola (2.213,7), Hinojales (6.666,7), Jabugo (2.964,6), Nerva (2.398,9), Rosal de la Frontera (3.889,2), Valverde del Camino (2.431,4), Zalamea la Real (2.390,3), Niebla (2.283,8) y Villanueva de las Cruces (2.842,4).

Los ocho municipios de Málaga con idénticos parámetros son Algarrobo (2.318,5), Arenas (2.973,7), Benamargosa (2.019,5), Iznate (2.094,8), Vélez-Málaga (2.304,4), Fuente de Piedra (2.253,9), Benalauría (2.283,1) y Cortes de la Frontera (2.186).

En Cádiz son siete las localidades con tasas por encima de los 2.000 casos Covid: Castellar de la Frontera (2.486,1), Jimena de la Frontera (2.579,4), Vejer de la Frontera (2.012,4), Alcalá del Valle (2.359,7), El Bosque (2.292,9), Setenil de las Bodegas (2.444,4) y Torre Alháquime (2.135,7).

SOLO TRES MUNICIPIOS EN SEVILLA

La provincia de Sevilla es la que registra menor número de municipios con tasa superior a 2.000 casos Covid en las últimas dos semanas, únicamente tres: Alanís (2.637,7), Cazalla de la Sierra (2.305,7) y Guadalcanal (2.492,3).

El alcalde de Totana (Murcia), Juan José Cánovas, ha fallecido este domingo 16 de enero a los 63 años en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Morales Meseguer, en Murcia, donde permanecía ingresado por coronavirus desde el pasado 24 de diciembre. Cuatro días antes ingresaba en el centro hospitalario a consecuencia del Covid.

El regidor acudía hace unas semanas al Servicio de Urgencias de su hospital de referencia, el Morales Meseguer, donde era tratado por la enfermedad que acarreaba desde hacía años, tras llevar aquejado varios días de inflamaciones.

El Ayuntamiento de Totana ha agradecido las muestras de cariño y ha decretado tres días de luto oficial, por lo que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y presentarán el crespón negro.

UNA CARRERA POLÍTICA DE CASI 50 AÑOS

Cánovas inició su actividad política en 1974, con 16 años, al afiliarse al Partido Comunista de España (PCE). Fue elegido concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Totana en 1987, donde tuvo la responsabilidad del Área de Trabajo Social en el Gobierno Municipal.

En las elecciones de 1991 pasó a la oposición, donde se mantuvo hasta 1999, cuando se incorporó al Gobierno local mediante un acuerdo con el PSOE en el que asumió la Primera Tenencia de Alcaldía, las Áreas de Desarrollo Económico, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Trabajo Social, así como la presidencia de la sociedad municipal Proinvitosa, que gestiona el polígono industrial de Totana.

Tras salir de Gobierno en 2004, renunció al cargo de concejal por problemas de salud. Retomó la actividad política en 2007, año en que volvió a ser elegido concejal. Durante ocho años destacó por su labor de oposición.

En 2015, tras un proceso participativo de primarias abiertas, encabezó la candidatura de Ganar Totana con Izquierda Unida, que obtiene los mejores resultados de la historia del municipio. Con un acuerdo de gobierno con el PSOE, obtuvo la Alcaldía para el periodo 2015-2016.

En los comicios municipales de 2019, Cánovas lideró la lista más votada con un 27,41% de los votos y consiguió seis escaños, los mismos que el Grupo Popular (26,80%), mientras que el PSOE obtuvo cinco (19,97%), Vox dos (10,29%), la plataforma Ahora Totana uno (6,83%) y Ciudadanos, otro (6,67%).

Cantabria sumó este sábado una nueva muerte por coronavirus, en un día en el que subieron las hospitalizaciones, tanto en planta como en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y en el que se registraron 1.229 nuevos casos, lo que supone más de un millar menos que el día anterior (2.275). Con el nuevo fallecimiento, se elevan a 659 las víctimas mortales del coronovirus en Cantabria desde el inicio de la pandemia.

Además de este deceso, una noticia también negativa es que las hospitalizaciones, tras el descenso registrado el viernes, volvieron a subir ayer. Así, con datos del Servicio Cántabro de Salud actualizados hasta esta medianoche, Cantabria tiene 208 hospitalizados, 14 más que en la jornada previa.

Con ello, la ocupación de camas ha vuelto a subir ocho décimas porcentuales, hasta el 13,1 por ciento, y la tasa de ingresos hospitalarios en los últimos 7 días se eleva otras dos, hasta el 37,9.

De los 208 hospitalizados, 26 están en la UCI, 5 más que el día anterior, lo que eleva la ocupación de estas unidades en el 18,4 por ciento. Tanto la ocupación en planta como en UCI y la tasa de ingresos hospitalarios a 7 días se sitúan en un nivel de riesgo alto.

Actualmente, de los hospitalizados, 168 están ingresados en Valdecilla, incluidos los 26 de la UCI; 22 en el Hospital Sierrallana de Torrelavega; 11 en el Hospital Comarcal de Laredo y 7 en el Tres Mares de Reinosa. Respecto a la transmisión comunitaria, la incidencia acumulada a 14 días sigue su escalada y batiendo nuevos récord, llegando a los 4.241 casos por cada 100.000 habitantes --65 más que el viernes--.

La incidencia a siete días también ha vuelto a incrementarse, hasta los 2.338 casos por 100.000 habitantes, 49 más que en la jornada previa, cuando estaba en los 2.289. En cuanto a los mayores de 65 años, la incidencia sigue subiendo tanto a 14 días, con 2.422 casos por 100.000 habitantes, como a 7, con 1.389.

Por otro lado, la positividad de las pruebas subió tres décimas respecto al día anterior, escalando hasta el 46,8 por ciento. De este modo, todos los indicadores de transmisión comunitaria continúan en nivel de riesgo muy alto.

En la última semana se han detectado en Cantabria 13.626 positivos, que se elevan a 24.723 si se tiene en cuenta también la anterior. Con todos estos datos, la comunidad autónoma se mantiene en su conjunto en el nivel 3 (riesgo alto) por la pandemia del coronavirus.

La consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victòria Alsina, ha defendido que el catalán tiene un peso social, cultural y económico que considera indiscutible y que su reconocimiento en Europa es una cuestión de "voluntad política" que atribuye al Gobierno.

En una entrevista en el diario 'El Nacional.cat' publicada este domingo, ha explicado que el Estatut prevé que "la Generalitat y el Estado tienen que trabajar por la oficialidad del catalán en las instituciones europeas y organismos internaciones".

Ha dicho que en una reunión con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, le pidió que el catalán fuera lengua oficial en instituciones europeas y que "el escudo que en ese momento sacó el ministro fueron tecnicismos", y ha señalado que el gaélico tiene, según ella, un Estado detrás que ha protegido los derechos lingüísticos de sus hablantes.

Ha destacado que el incremento que contempla la partida de las cuentas catalanas destinada a su departamento es estratégico y "envía un mensaje político muy claro: no tenemos miedo".

CONSOLIDAR LA ACCIÓN EXTERIOR CATALANA

Ha asegurado que la acción exterior es un deber y un derecho del Govern y ha reafirmado su compromiso para que esta crezca, se consolide y sea un actor más que participe en los retos globales actuales: "Es un departamento relativamente joven, que nació en un momento político muy complicado y necesita crecer, consolidarse en espacios de prestigio internacional".

Para ella, Catalunya tiene dificultades para ser interlocutor con la Comisión Europea y otros actores europeos ya que "los comisarios europeos se han reunido con líderes regionales de toda Europa y no se han reunido con el Govern", pero ha defendido que su posición no es de resignación.

CARLES PUIGDEMONT Y PARLAMENTO EUROPEO

Ha destacado que al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "ya no sólo se le ve como una persona que defiende los intereses de Catalunya y de la legalidad, sino que se le ve como un defensor de derechos humanos", y ha ensalzado la tarea de los diputados catalanes en el Parlamento Europeo.

Preguntada por las declaraciones de Villarejo sobre los atentados del 17-A, ha respondido que si estas no se investigan "hasta las últimas instancias y posibilidades por parte del Estado se confirmará lo que ya se ha confirmado en otras situaciones, que el Estado español no está en la liga de la calidad democrática de la resto de Estados de la Unión Europea".

En ese sentido, ha dicho que el Govern continuará "denunciando" el caso si considera que la investigación es insuficiente, y ha apostado por estudiar la interlocución, tanto a nivel de instituciones europeas como de los estados miembros que tuvieron personas vinculadas.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, clausura este domingo, 16 de enero, a partir de las 12.15 horas, el XIV Congreso del PP de Castilla y León, junto al presidente electo de la formación en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco.

El acto, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, comenzará a las 11.00 horas con la lectura de un comunicado de Nuevas Generaciones.

Posteriormente, a las 11.15 horas, tendrá lugar la mesa 'El Partido Popular en las Instituciones', que estará moderada por el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y en la que participarán los portavoces del PP en el Congreso, Senado y Cortes de Castilla y León, Cuca Gamarra, Javier Maroto y Raúl de la Hoz, respectivamente.