La junta de compensación de Valdecarros, que defiende ser el mayor desarrollo residencial de España, situado en Madrid, ha anunciado que en los próximos cuatro años construirá 13.500 de las 51.000 viviendas previstas en el proyecto.

Así lo ha avanzado su presidente, Luis Roca de Togores, en la feria inmobiliaria internacional Mipim 2022, que se celebra estos días en Cannes, donde ha precisado que las viviendas protegidas concentrarán el 55% de todo el plan.

El proyecto completo de urbanización de Valdecarros, que alojará una de cada tres viviendas ofertadas en la capital en los próximos veinte años, se desarrollará gradualmente en ocho etapas desde ahora hasta 2039.

Ya han comenzado los trabajos de urbanización de la primera etapa y las dos siguientes lo harán, conjuntamente, en este año, con la previsión de iniciar las obras de edificación de la primera fase en el segundo semestre de 2023 y las de la segunda y tercera a lo largo de 2024, de manera que las primeras viviendas previstas podrían estar construidas y listas para la venta a partir de 2026.

En esas tres primeras etapas, la junta de compensación ha anunciado que venderá aprovechamientos por valor de 175 millones de euros, lo que le permitirá financiar casi en su totalidad los 200 millones de euros necesarios para su urbanización.

La junta se reservará el 100% de los aprovechamientos de logística, comerciales y de oficinas, y el 28% de los aprovechamientos de vivienda libre, lo que se traduciría en 175.042 metros cuadrados de suelo para vivienda libre, 64.036 metros cuadrados en tres parcelas logísticas, 36.949 metros cuadrados en seis parcelas para oficinas, 30.802 metros cuadrados en una parcela para un centro comercial, 12.930 metros cuadrados para distintas dotaciones privadas sanitarias o educacionales, así como suelo para dos gasolineras.

La energética italiana Enel se anotó un beneficio neto atribuido de 3.189 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento del 22% en comparación con las ganancias que contabilizó en el conjunto de 2020, según se desprende de la cuenta de resultados que ha publicado este jueves la compañía.

«Los resultados de Enel en 2021 demuestran de nuevo la resiliencia y sostenibilidad de nuestro modelo de negocio incluso en un escenario cada vez más complejo», ha subrayado el consejero delegado de la multinacional, Francesco Starace.

Entre enero y diciembre, la empresa facturó 88.006 millones de euros, lo que equivale a un alza del 33,3% en comparación con el año anterior. Enel ha atribuido este incremento a todas las líneas de negocio por los volúmenes de electricidad producida y vendida y la ganancia realizada por la venta su participación en Open Fiber.

Por segmentos de negocio, y antes de tener en cuenta ajustes y eliminaciones, la facturación de la división de mercados finalistas creció un 31,2%, hasta 38.708 millones de euros, mientras que la de comercialización y generación térmica se elevó un 52,5%, hasta 33.155 millones de euros.

La rama de infraestructura y redes facturó 20.656 millones, un 6,3% más, mientras que la filial Enel Green Power situó sus ventas en 9.526 millones, un 23,8% más, al tiempo que Enel X alcanzó una cifra de negocios de 1.541 millones, un 37,5% más.

El coste de la electricidad, el gas y el combustible empleado en las operaciones de Enel en el conjunto del año fue de 49.093 millones de euros, un 88,6% más, mientras que los servicios y materiales supusieron un gasto de 19.609 millones de euros, un 6,8% más. La partida de personal se situó en 5.281 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 10,2%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del principal accionista de Endesa fue de 17.567 millones de euros, un 3,9% más que en 2020, al tiempo que el resultado neto de explotación (Ebit) fue de 7.680 millones, un 9,2% menos, como consecuencia de depreciaciones y amortizaciones.

A cierre del año, el grupo contaba con una deuda financiera neta de 51.952 millones de euros, un 14,4% más. La empresa ha explicado que este alza se debe al mayor gasto de capital en el periodo, así como al tipo de cambio y a la adquisición de una mayor participación en Enel Americas.

El consejo de administración de la firma tiene previsto proponer un dividendo de 0,38 euros por acción, un 6,1% más que la cantidad abonada en 2020. De la distribución propuesta, 0,19 euros ya se repartieron en enero en forma de dividendo a cuenta.

Banco Santander, BBVA y Abanca han firmado un acuerdo con la socimi Inbest para ampliar hasta los 105 millones de euros la financiación necesaria para la adquisición del edificio de 15.000 metros cuadrados en el que se situará el mayor Zara del mundo, en Madrid.

La transacción también le ha permitido a la socimi mejorar sus condiciones de financiación, puesto que ha reducido su ‘spread’ del 1,77% al 1,6% y ha extendido el plazo de vencimiento de la deuda dos años más, según informa en un comunicado.

Para la obtención de esta nueva financiación, ha sido fundamental el incremento de valor del activo desde su adquisición en 2020, gracias tanto a la rehabilitación del entorno y de la propia Plaza de España, donde se sitúa el activo, como la gestión de la compañía en el espacio comercial.

En mayo del año pasado, Inbest firmó dos contratos de arrendamiento con Inditex para la creación de sus primeros flagships post-covid con fecha de apertura prevista para el próximo 8 de abril, un Stradivarius y el que será el Zara más grande del mundo.

Estas tiendas prometen contar con un nuevo concepto de logística y sostenibilidad para ser un referente en integración de tienda física y online, contando con zonas de autocobro, experiencia ‘Modo Tienda’ disponible a través de la app, y localización de artículos en tienda, incorporando la nueva función ‘Pay&Go’.

La firma de estos contratos supuso el arrendamiento de más de 9.000 metros cuadrados, esto es, más del 65% de la superficie comercial del Edificio España.

La operación ha contado con el asesoramiento de Gesvalt y Cuatrecasas por parte de Inbest Socimi, y Ramón y Cajal por parte de las entidades financieras.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha instado al Gobierno a bajar el precio de los carburantes «de forma inmediata», como ha expresado este jueves a través de su cuenta de Twitter.

Amor ha señalado en su publicación que otros gobiernos europeos ya han tomado estas medidas para ayudar a «autónomos, empresas y ciudadanos».

La petición del presidente de los autónomos se suma así a la del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que este jueves ha urgido al Ejecutivo a «tomar ya» medidas de contención de los precios de la energía.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que esperarán a las conclusiones del Consejo Europeo del 24 y el 25 de marzo, en el que se buscarán soluciones comunes, antes de adoptar las medidas que se recogerán en el Plan Nacional de respuesta a la guerra (de Rusia contra Ucrania). El Ejecutivo prevé aprobar ese plan el 29 de marzo.

Amor también ha exigido que se garantice la «libre circulación de mercancías y la libertad para que cada ciudadano pueda ejercer su actividad», en alusión al paro de transportistas de mercancías.

Adif ha comenzado este jueves una ronda de reuniones con todos los operadores ferroviarios que hay en España –Renfe, Ouigo e Iryo– para valorar la posibilidad de que algunos de sus trenes procedentes del Levante paren en Atocha en vez de ir directos a Chamartín, su estación de cabecera.

Así lo ha anunciado la presidenta de la empresa pública, María Luisa Domínguez, durante su comparecencia en una comisión de Transportes en el Congreso de los Diputados ante los representantes de los diferentes partidos políticos de la Cámara.

La fijación de Chamartín como estación de cabecera ya estaba en los planes de Adif desde hace tres años, puesto que no hay espacio suficiente actualmente para el estacionamiento de todos los trenes de alta velocidad procedentes del Sur de España.

Sin embargo, ha sido ahora cuando ha trascendido y la Comunidad Valenciana, así como todo el sector turístico de la región, han mostrado sus discrepancias con que los trenes ya no vayan a parar en Atocha, sino en Chamartín, una zona de Madrid más alejada del centro.

Se trata de una medida temporal, si bien para un periodo que se demoraría hasta seis años, al menos hasta que las obras de ampliación y construcción de una estación pasante concluyan, dando más espacio para que los trenes puedan también hacer parada en Atocha.

Ante las quejas, el Gobierno ha abierto la puerta a que Adif modifique sus planes para atender estas reivindicaciones y que se pueda desarrollar alguna alternativa para que algunos de los trenes procedentes de Levante paren en esta estación.

No obstante, los acuerdos marco firmados entre Adif y todos los operadores solo hablan de Chamartín como parada, por lo que cualquier cambio se tiene que consensuar entre ambas partes, motivo por el que este jueves han arrancando esta serie de reuniones.

Las principales asociaciones empresariales de la industria electrointensiva española ha exigido a los comisarios europeos del Mercado Interior, Thierry Breton, y de la Energía, Kadri Simson, decisiones «urgentes» e «inmediatas» en el mercado marginalista eléctrico.

En dos cartas firmadas por las asociaciones Aege, Feique, Unesid, Confemetal, Oficemen y AEA se solicita que, en situación de emergencia nacional y europea, el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo reforme «inmediatamente» el mercado marginalista eléctrico mientras dure esta crisis energética, desacoplando el precio de los combustibles fósiles (gas y carbón) de la fijación del precio eléctrico en el mercado.

«La medida es la única viable y con impacto, e imprescindible para poder mantener la actividad industrial y el empleo en España», afirman.

Las asociaciones señalan que desde el verano pasado las industrias electrointensivas padecen «una gravísima crisis energética generada por la evolución del precio del gas y los derechos de emisión». A esta situación se ha sumado el conflicto en Ucrania, derivando en una «emergencia industrial sin precedentes».

Las representantes de la industria española han advertido a los dos comisarios que, de generalizarse la escalada de precios eléctricos en toda la UE, las peculiaridades del mercado ibérico hacen aquí la situación «mucho más crítica».

«Es imposible mantener la actividad con estos precios eléctricos», ha alertado la industria, que ha indicado que, de no enderezarse la situación en los próximos días, muchas empresas ya en cierres temporales se verán obligadas a poner en marcha Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y posibles deslocalizaciones de producción.

Al mismo tiempo, otras que no pueden parar sus instalaciones han comenzado a reducir producción al mínimo permitido, como algunas electrolíticas.

Las asociaciones industriales han recalcado que la alerta afecta a toda la industria española consumidora de electricidad, con mayor incidencia en los sectores electrointensivos como siderurgia, química o metalurgia no férrica.

En España, más del 80% del consumo industrial está expuesto al precio del mercado eléctrico diario, según las patronales del sector. En un contexto sin ofertas de contratos bilaterales de las compañías eléctricas a precios anteriores a la crisis, las empresas españolas «necesitan con urgencia la acción de las instituciones europeas y del Gobierno español».

«Es imprescindible para salvaguardar la industria básica, la economía española y el empleo de cientos de miles de trabajadores afectados», han subrayado en las misivas.

Por último, las asociaciones firmantes han confirmado su apoyo a la posición del Gobierno de España y han pedido medidas efectivas que puedan entrar en vigor el 1 de abril, confiando en los esfuerzos del Ejecutivo para plantear la necesidad de adoptar la desvinculación inmediata de los combustibles fósiles de la formación del precio de la electricidad.

En este punto, han remarcado que la introducción de topes artificiales de los precios o medidas fiscales, que en su opinión «no pueden tener un efecto inmediato en el mercado» por su propia naturaleza, no son válidas en momentos de emergencia.

«Las asociaciones reiteran a los comisarios que el momento es crucial, en mitad de una guerra que ha agravado la alerta industrial, que, de no atajarse, pondrá en serio riesgo el futuro económico de España y de Europa», han concluido las asociaciones representantes empresariales de la industria electrointensiva.

Los propietarios del restaurante Atrio de Cáceres, Jose Polo y Toño Pérez, dan por cerrado el asunto del robo de las 45 botellas de vino exclusivo que desaparecieron de su bodega el pasado 27 de octubre, y que continúan sin ser localizadas tras cinco meses de investigaciones a cargo de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional.

El restaurante cacereño, de dos estrellas Michelin y con una de las bodegas de vino más importantes del mundo, ha resuelto el expediente con su compañía de seguros a través de la mediación de la empresa Sánchez Castañón SL de Zafra (Badajoz), miembro del grupo empresarial Cojebro.

Así, después de meses de investigación sobre el robo, y tras cerrar el expediente del seguro, el deseo de los propietarios de Atrio es «seguir trabajando con la misma ilusión y entusiasmo» que muestran desde hace décadas, cuando abrieron su primer restaurante en la capital cacereña.

Jose Polo y Toño Pérez han destacado la importancia, ante circunstancias como la vivida por ellos, de delegar la protección de sus riesgos en profesionales del sector asegurador, como en este caso vienen haciendo ello desde sus inicios.

En esta situación, «dan por cerrado un asunto que ha marcado sus vidas y su labor profesional, y miran con optimismo e ilusión el futuro, aunque la actualidad a nivel mundial no sean reflejo de dichas circunstancias», han asegurado en un comunicado, en el que agradecen a todas las personas que se han interesado por este hecho.

EL ROBO

Cabe recordar que el hotel restaurante Atrio de Cáceres, sufrió hace cinco meses un robo en su bodega de donde se llevaron 45 botellas de vino –38 de Romanée Conti y 7 de Château d’Yquem– una de ellas de 1806 comprada en Londres en el año 2000 y valorada en unos 310.000 euros.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 26 al 27 de octubre cuando una pareja que se alojaba en el hotel pidió algo de comer hacia la una de la madrugada y la persona encargada de recepción, con el ánimo de atenderles, fue a la cocina por si podía proporcionarles algo rápido para picar.

El objetivo de la petición era apartar al recepcionista del visionado de las cámaras, momento que aprovecharon para bajar a la bodega y perpetrar el robo. Después, se marcharon del hotel a pie en torno a las cinco de la madrugada y, desde entonces, no ha trascendido nada de los ladrones y del botín.

En aquellos momentos, Jose Polo aseguró que, aunque no se ha podido cuantificar el precio del botín, es de un «alto valor económico» pero, sobre todo, «sentimental», ya que muchas de las botellas no se pueden sustituir porque son series limitadas y es difícil cuantificarlas en el mercado.

«Nos han hecho mucho daño pero me voy a dar un día de luto porque la vida continúa y seguiremos contando nuestra historia y, ahora ya, hasta el robo formará parte de la historia de Atrio», subrayó Polo el día después de los hechos.

Cabe recordar que la bodega del hotel restaurante Atrio, ubicado en la plaza de San Mateo de Cáceres, está considerada como la mejor de España y una de las mejores de Europa. En sus estanterías hay 3.400 referencias en vinos de todo el mundo.

Los propietarios del restaurante Atrio de Cáceres, Jose Polo y Toño Pérez, dan por cerrado el asunto del robo de las 45 botellas de vino exclusivo que desaparecieron de su bodega el pasado 27 de octubre, y que continúan sin ser localizadas tras cinco meses de investigaciones a cargo de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional.

El restaurante cacereño, de dos estrellas Michelin y con una de las bodegas de vino más importantes del mundo, ha resuelto el expediente con su compañía de seguros a través de la mediación de la empresa Sánchez Castañón SL de Zafra (Badajoz), miembro del grupo empresarial Cojebro.

Así, después de meses de investigación sobre el robo, y tras cerrar el expediente del seguro, el deseo de los propietarios de Atrio es «seguir trabajando con la misma ilusión y entusiasmo» que muestran desde hace décadas, cuando abrieron su primer restaurante en la capital cacereña.

Jose Polo y Toño Pérez han destacado la importancia, ante circunstancias como la vivida por ellos, de delegar la protección de sus riesgos en profesionales del sector asegurador, como en este caso vienen haciendo ello desde sus inicios.

En esta situación, «dan por cerrado un asunto que ha marcado sus vidas y su labor profesional, y miran con optimismo e ilusión el futuro, aunque la actualidad a nivel mundial no sean reflejo de dichas circunstancias», han asegurado en un comunicado, en el que agradecen a todas las personas que se han interesado por este hecho.

EL ROBO

Cabe recordar que el hotel restaurante Atrio de Cáceres, sufrió hace cinco meses un robo en su bodega de donde se llevaron 45 botellas de vino –38 de Romanée Conti y 7 de Château d’Yquem– una de ellas de 1806 comprada en Londres en el año 2000 y valorada en unos 310.000 euros.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 26 al 27 de octubre cuando una pareja que se alojaba en el hotel pidió algo de comer hacia la una de la madrugada y la persona encargada de recepción, con el ánimo de atenderles, fue a la cocina por si podía proporcionarles algo rápido para picar.

El objetivo de la petición era apartar al recepcionista del visionado de las cámaras, momento que aprovecharon para bajar a la bodega y perpetrar el robo. Después, se marcharon del hotel a pie en torno a las cinco de la madrugada y, desde entonces, no ha trascendido nada de los ladrones y del botín.

En aquellos momentos, Jose Polo aseguró que, aunque no se ha podido cuantificar el precio del botín, es de un «alto valor económico» pero, sobre todo, «sentimental», ya que muchas de las botellas no se pueden sustituir porque son series limitadas y es difícil cuantificarlas en el mercado.

«Nos han hecho mucho daño pero me voy a dar un día de luto porque la vida continúa y seguiremos contando nuestra historia y, ahora ya, hasta el robo formará parte de la historia de Atrio», subrayó Polo el día después de los hechos.

Cabe recordar que la bodega del hotel restaurante Atrio, ubicado en la plaza de San Mateo de Cáceres, está considerada como la mejor de España y una de las mejores de Europa. En sus estanterías hay 3.400 referencias en vinos de todo el mundo.

Los títulos de Cellnex han terminado este jueves la sesión bursátil como los que presentan mayores subidas del Ibex, después de crecer más de un 4% impulsados por el respaldo de Barclays al potencial de la acción.

La acción de Cellnex ha terminado la sesión en 43,10 euros, un 4,33% más que a la apertura bursátil, pero aún lejos de los 67 euros que ha fijado el banco de inversión británico como precio objetivo.

En su informe, Barclays ha minimizado el temor de los mercados sobre que la consolidación de los operadores en España, Italia y Reino Unido suponga un importante impacto para la ‘towerco’.

En caso de que hubiera consolidaciones en los tres mercados, Barclays estima un impacto máximo del 10% en el flujo de caja recurrente de Cellnex y recuerda que cualquier cancelación de contratos implicará una indemnización para la ‘torrera’.

El banco de inversión británico subraya que Cellnex sigue siendo su ‘towerco’ preferida entre las empresas europeas y destaca que, con sus contratos a largo plazo, la empresa tiene ingresos garantizados para pagar toda su deuda para mediados de 2030 antes de tener que renovar ningún contrato.

Asimismo, el banco de inversión prevé un crecimiento sostenido en ingresos y un primer beneficio en 2024.

DEUTSCHE TELEKOM

Barclays también analiza las posibilidades de que Cellnex consiga hacerse con las torres de Deutsche Telekom en Alemania en un acuerdo que supondría su entrada en el único gran mercado europeo en el que no está presente, el alemán.

Para ello, la entidad británica asegura que Cellnex no tendría que recurrir a grandes ampliaciones de capital, sino que el apalancamiento y la entrada de algún socio minoritario en alguna de sus filiales territoriales podría darle los recursos necesarios para acometer la operación.

La firma subraya que la valoración de 18.000 millones de euros deslizada por Deutsche Telekom le parece excesiva y considera que el valor de la unidad está más próxima a los 14.000 millones de euros, a los que se podrían sumar otros 3.000 millones de euros de las torres de Austria.

Como la empresa alemana quiere permanecer como minoritario en la sociedad de torres, el banco calcula que Cellnex necesitaría unos 12.000 millones para controlar un 60%, una cifra a la que podría llegar con 4.400 millones de deuda y una venta del 30% de su negocio en Francia por unos 2.200 millones de euros.

Si se suman a la liquidez de la firma, la compañía tendría que ampliar capital por 800 millones de euros, una cifra menor teniendo en cuenta que la firma está valorada en casi 29.000 millones de euros.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha asegurado este jueves que el Gobierno tiene «competencias propias» en materia de hidrocarburos, pero ha subrayado que antes de tomar medidas unilaterales, tanto el Ejecutivo como el organismo regulador se mantienen «a la espera» de lo que ocurra en el Consejo Europeo que tendrá lugar el 24 y 25 de marzo.

Acerca de las posibles medidas unilaterales que pueda tomar el Ejecutivo para paliar el alza de los precios energéticos, Fernández ha asegurado que el Gobierno «tiene competencias propias también en materia de hidrocarburos», pero ha matizado que hay que ver si se decide hacerlo de «forma coordinada» con los socios europeos o no.

«Estamos todos a la espera», ha aseverado la presidenta de la CNMC a preguntas de los periodistas antes de su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados.

«Vamos a explicar toda la labor que lleva a cabo la CNMC en unos momentos como estos, en los que creo que todos debemos estar cumpliendo bien nuestra función. Y ahí estamos en la supervisión y, al mismo tiempo, coordinándonos con todas las instituciones para intentar encontrar las medidas más adecuadas para resolver la situación», ha agregado Fernández.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició este miércoles una gira previa a la reunión del Consejo Europeo para abordar con ocho países de la Unión Europea (UE) qué tipo de medidas se pueden aplicar para paliar el alza de los precios de la energía en el continente y frenar su impacto sobre la economía de los hogares y en la industria.

Según ha afirmado este jueves la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, los gobiernos de España y Portugal presentarán una propuesta conjunta al resto de socios europeos para limitar el precio del megavatio/hora (MWh) en el mercado mayorista a 180 euros.

Ese tope era una referencia que existía en la regulación española y portuguesa hasta que en 2019 una directiva europea prohibió mantener topes a las ofertas de las empresas eléctricas en el mercado mayorista.

Ribera ha insistido en que el Gobierno está esperando a tomar medidas hasta que tenga la respuesta de la Comisión Europea, si bien ha advertido de que dará una «respuesta nacional» para desacoplar el gas del mercado eléctrico si la UE se retrasa. LOS COMBUSTIBLES, EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

Al margen del precio de la electricidad en los mercados mayoristas, el otro punto principal que se abordará en el Consejo Europeo será el precio de los combustibles.

Los datos del Boletín Petrolero de la UE indican que esta semana el precio medio del litro de gasolina se paga en España a 1,844 euros, mientras que el del diésel escala hasta los 1,817 euros. En ambos casos suponen récords históricos.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que los precios que recoge el Boletín Petrolero de la UE son medios, sin embargo, en muchas gasolineras de España los carburantes se venden ya por más de dos euros el litro.

Asimismo, el precio de la gasolina sin plomo 95 está en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 2,021 euros el litro, y de la zona euro, con un precio medio de 2,13 euros. En el caso del diésel ocurre algo similar, ya que el precio en la UE es de 2,027 y de 2,105 en la zona euro.

Los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para fijar un precio máximo al gas o de cambiar el sistema de fijación de precios para separar el gas de la electricidad generan dudas en varios socios de la Unión Europea, que son escépticos con que las medidas funcionen y consideran que intervenir el mercado eléctrico abre la puerta a «matar la competencia».

En medio de la gira de Sánchez por Europa para tejer alianzas de cara a la reunión de líderes de la UE de los días 24 y 25 de marzo, en el que el Gobierno va a poner toda la presión sobre sus socios para que se tomen medidas a nivel europeo, varios Estados miembros han mostrado serias dudas sobre las medidas que España, junto a Portugal o Italia, están planteando para frenar la escalada del precio de la luz.

«Ahora hay consenso en que estas propuestas tienen deficiencias y existen dudas sobre el impacto en la vida real», han indicado fuentes diplomáticas de una delegación europea muy escéptica con las propuestas españolas.

En concreto, la idea de desvincular el precio del gas al de la electricidad, es, a ojos de este socio europeo, «matar la competencia en el mercado energético» y avisa de consecuencias negativas en las inversiones en energías renovables.

Esta sensación es compartida por otra parte de los Veintisiete, que cuestionan que este tipo de medidas funcionen. Otro país europeo critica que España no haya presentado ningún análisis hasta el momento que explique cómo funcionaría el poner un techo al precio del gas.

«Hay problemas del mundo real en todas estas fantasías», han indicado fuentes diplomáticas de este otro Estado miembro, que aduce que los proveedores de energía pueden priorizar otros mercados internacionales si el europeo está intervenido.

Además este país señala que desvincular el precio del gas y al de la luz «quita incentivos a los productores de renovables» y el efecto colateral sería dañar los avances en energía solar, eólica o de hidrógeno.

Con estos mimbres, se espera que la cuestión de la energía cope la cena de la líderes de la UE el próximo jueves y la reunión se alargue hasta bien entrada la madrugada, ante la intención declara de Sánchez y otros dirigentes europeos de que la UE tome ya cartas en el asunto con medidas urgentes para frenar el auge de los precios.

Para Sánchez, la UE no debe posponer la toma de decisiones y la situación requiere de medidas rápidas y urgentes que permitan limitar el impacto en ciudadanos, empresas e industria, según está trasladando a los socios comunitarios en su gira.

España y Portugal ya han anunciado que propondrán un limite de 180 euros al precio del gas y, en todo caso, no han cerrado la puerta a tomar medidas por su lado, si bien, la vicepresidenta del Gobierno responsable de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha avisado de que el «peor escenario posible» es tener 27 soluciones distintas para atajar un problema compartido en la UE.

La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) ha reclamado una «mayor empatía y un «cambio de actitud» por parte de la Agencia Tributaria respecto a los colectivos de la asesoría fiscal y ha pedido una mayor colaboración con los profesionales tributarios.

En el marco de las XX Jornadas Tributarias organizadas por la Asociación este jueves, el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha reconocido la esencial labor de los asesores fiscales en la aplicación de los tributos.

Además, ha transmitido el deseo de la Agencia de facilitar, en situaciones excepcionales, la labor de los profesionales del colectivo y la aplicación del Código de Buenas Prácticas suscrito con la mayoría de Asociaciones y Colegios Profesionales.

Los asistentes a las jornadas también han seguido otra de las ponencias sobre las implicaciones fiscales del nuevo valor de referencia catastral. Durante esta ponencia, se ha incidido especialmente en los procedimientos para instar la modificación del mismo en caso de disconformidad antes de que se produzca la transmisión y en su caso la posible impugnación.

Los profesionales tributarios de Asefiget esperan que fructifiquen los acuerdos con el colectivo profesional y Catastro para facilitar y agilizar la gestión de las discordancias entre el valor de referencia y el valor real con el fin de evitar las impugnaciones posteriores que perjudican al contribuyente.

Airbnb ha sumado 22.300 nuevos anfitriones que ofrecen sus viviendas para que refugiados de todo el mundo puedan tener alojamiento temporal y gratuito desde el 28 de febrero, según un comunicado de la empresa este jueves.

En total, la plataforma suma más 36.800 anfitriones en su iniciativa de ofrecer alojamiento a 100.000 refugiados de todo el mundo.

En las últimas dos semanas, la empresa ha iniciado nuevas colaboraciones y asociaciones con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) así como con el gobierno alemán para conectar a las personas que huyen de Ucrania con opciones de alojamiento gratuito a corto plazo.

También está trabajando para establecer nuevos acuerdos y está en conversaciones activas con docenas de ONG internacionales y regionales que están activas en el terreno.

Estas estancias están financiadas por Airbnb, las donaciones del Fondo para Refugiados de Airbnb.org y por los anfitriones de la plataforma.

En una carta dirigida a los gobiernos de toda Europa, la empresa se ha mostrado abrumada «en el mejor de los sentidos» ante la respuesta recibida por esta iniciativa y ha apuntado que su gran reto es conseguir más anfitriones en países como Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia, España, Rumania y Reino Unido.

Ha explicado que todas aquellas personas que quieran participar en la campaña pueden ayudar entrando en la página web www.airbnb.org/help-ukraine, y ha señalado que no es necesario se anfitrión de Airbnb para registrarse.

Álvaro Ortiz, presidente de la Federación Regional de Industrias Lácteas de Cantabria, ha advertido que, si persiste el paro de transportistas y la acción de los piquetes, en «dos o tres días» los supermercados estarán «totalmente desabastecidos» en lo que al sector lácteo se refiere, por lo que ha sugerido la posibilidad de que los convoyes sean escoltados.

«Tenemos un problema serio de suministros», ha subrayado Ortiz en declaraciones, donde ha afirmado que «hasta la fecha» se ha recogido toda la leche de la región, pero ha aclarado que ya hay industrias lácteas que, en función del tipo de productos que están realizando, «tienen que parar».

«Aquellas industrias que lo que envasan son yogures, postres lácteos, que necesitan refrigeración para su envasado, para su almacenaje, han tenido que parar ya porque las cámaras están saturadas. Y en el caso de las industrias que envasan leche o HT, principalmente, tenemos un problema con los suministros. Podemos seguir envasando, tenemos almacén, pero poco a poco se nos están acabando los bricks, los cartones y los tapones», ha atestiguado.

Así las cosas, ha señalado que, en el momento en el que se acaben las existencias de estos tres últimos productos, «nuestra capacidad de almacenamiento puede ser de dos días de leche en los tanques de refrigeración, pero a partir del tercer día la leche se perdería, por lo que tenemos un problema serio de suministros».

Ortiz ha lamentado la existencia de piquetes en Cantabria y ha advertido que «los servicios mínimos» están «para cumplirse». «La alimentación es servicio mínimo, no solo la recogida de la leche, sino el abastecimiento de los supermercados. Los supermercados, si esto continúa así, en dos o tres días, estarán totalmente desabastecidos, por lo menos en lo que es el sector, si nosotros no podemos sacar la leche y llevársela a las grandes superfices», ha sostenido.

Preguntado por la posibilidad de que los convoyes vayan a ser escoltados, ha declarado que se trata de algo complicado, por cuanto «son distintas fábricas de donde tienen que salir, y los puntos de recepción son distintos también, pero sería la única solución».

«En otras huelgas se ha llegado a hacer, incluso en otras huelgas se llegó a utilizar camiones del ejército. Alguna solución tienen que dar para poder abastecer a la población, porque sino los ganaderos van a sufrir mucho también, porque si nosotros no podemos envasar, no podemos recoger, lo van a tener que tirar, y ya con la situación que yavienen arrastrando con los precios de los piensos, la energía, los ganaderos van a sufrir muchísimo», ha concluido.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha apuntado este jueves que las reglas fiscales de la Unión Europea deben incluir la inversión en autonomía estratégica y reforzar su resiliencia.

«Las reglas fiscales tienen que permitir a la UE invertir en hacer avanzar su resiliencia y autonomía estratégica. Creo que es una lección clara que necesitamos encontrar un modo de resolver en los próximos meses y en diferentes discusiones», ha señalado la Calviño en el marco del octavo Fórum de Cohesión.

Respecto a excluir las inversiones verdes de las reglas fiscales, Calviño ha defendido que se incorporen también las inversiones digitales aunque ha matizado que otros países abogan por defensa o educación. No obstante, ha considerado que se trata de un debate relevante que va «más allá» de las reglas fiscales porque tiene una dimensión política.

En un paso más, la ministra de Asuntos Económicos ha resaltado la importancia de que la UE invierta en su autonomía estratégica, y ha puesto de relieve proyectos como los de los semiconductores, los coches eléctricos y conectados, las renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento, la economía circular, la industria agroalimentaria o la ciberseguridad.

Además, Calviño ha señalado que «la inversión en la transformación digital realmente está cumpliendo necesidades a corto plazo y objetivos a largo», a tenor de lo cual ha sostenido la necesidad de invertir en infraestructura y tecnología, tanto en la vertiente económica y como por el lado formativo.

LAS REGIONES EN EL PROCESO DE DECISIÓN.

Por su parte, el presidente del Comité de las Regiones de la UE (CdR), Apostolos Tzitzikostas, ha puesto de relieve que la Unión Europea ganará mucho si las regiones y las ciudades forman parte del proceso de decisión comunitario y ha explicado que el Comité de las Regiones es el interlocutor entre la UE y las necesidades de los ciudadanos.

La Alianza por la Cohesión, la plataforma europea que defiende una política de cohesión más sólida, ha expuesto que ésta es la herramienta de inversión más importante de la UE. En este sentido, ha evidenciado que ha sido eficaz para abordar las consecuencias de las crisis actuales como la pandemia y será fundamental en la respuesta a las consecuencias de la guerra. en Ucrania.

Dado que las disparidades regionales siguen siendo altas, la política de cohesión debe fortalecerse y reconocerse como un valor fundamental de la Unión para garantizar una recuperación justa y una transición digital y verde justa en Europa.

«Los ciudadanos necesitan que los actores locales, regionales, nacionales y de la UE trabajen juntos para crear puestos de trabajo, luchar contra la pobreza y lograr las transiciones ecológicas y digitales en todas las regiones, ciudades y pueblos de Europa», ha dicho Tzitzikostas.

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, ha informado de que el Gobierno está trabajando en el texto final de la normativa sobre el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).

Así lo ha avanzado la secretaria de Estado durante su intervención en una reunión en Estrasburgo en el marco de la Conferencia Ministerial del ramo, como parte de la Presidencia Francesa del Consejo de la Unión Europea. En este contexto, los países de la UE han firmado la Declaración de Estrasburgo sobre los valores y retos comunes de las Administraciones Públicas Europeas.

Según ha traslado el Ministerio a través de un comunicado, la secretaria de Estado ha explicado en esa reunión que España está trabajando en la normativa del teletrabajo en la Administración a partir de las 501 aportaciones realizadas al texto en la audiencia pública, de las que el 84% proviene de la ciudadanía, el 12% de asociaciones profesionales y el 4% de organizaciones sindicales.

A finales de abril del año pasado, Gobierno y sindicatos de la Función Pública firmaron un acuerdo para que los empleados públicos de la AGE pudieran teletrabajar tres días a la semana de manera telemática y dos en modo presencial.

Aunque en un principio la intención del Ejecutivo era tenerlo aprobado en enero, este acuerdo aún no se ha traducido a una norma y, de momento, desde el pasado 1 de octubre, está vigente una resolución que establece que el teletrabajo en la Administración General del Estado sólo puede llevarse a cabo como máximo a un día a la semana (un 20% de la jornada), con determinadas excepciones.

La secretaria de Estado también ha señalado durante la reunión de este jueves que en España también se está realizando el ejercicio de repensar los procesos de selección. A estos efectos, se han dedicado seis meses a debates públicos con personas expertas en la materia procedentes de universidades, asociaciones, sindicatos o el propio cuerpo opositor.

ESPAÑA, A FAVOR DE LA MOVILIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO EN LA UE

La Declaración de Estrasburgo firmada este jueves supone un reconocimiento de la existencia de valores y retos comunes de las Administraciones Públicas en la Unión Europea, con base en tres áreas esenciales.

Entre ellas destaca la construcción de una función pública atractiva, moderna e innovadora, la existencia de unos servicios públicos transparentes y resilientes y el impulso de unos servicios públicos digitales de alta calidad, inclusivos y estratégicamente autónomos.

Se ha acordado así el fomento del desarrollo del talento en el personal al servicio de las Administraciones Públicas europeas, el apoyo de nuevas formas de trabajo en las organizaciones, incluyendo el teletrabajo, la diversificación de las carreras profesionales y el apoyo de la movilidad del personal público de las administraciones europeas con programas de intercambio o de formación conjunta.

Sobre este capítulo, España se ha mostrado a favor de la movilidad de personal funcionario. Y, de hecho, el país ha participado ya en el programa piloto del European Union Leadership Exchange Programme.

La secretaria de Estado de Función Pública, durante su intervención en este foro, ha explicado los ámbitos en los que se está trabajando en España para construir una Administración más cercana a las personas, que ofrezca unos servicios públicos adaptados a las necesidades de la ciudadanía y con amplio diálogo a través de procesos de consulta con todos los agentes implicados.

SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN

La Declaración firmada este jueves en Estrasburgo incluye también la voluntad y el deseo de los países de la UE de fortalecer su cooperación en esta materia con la organización de reuniones regulares dedicadas a la administración, la transformación y la función pública.

En este sentido, Lidia Sánchez Milán ha mostrado su apoyo al impulso de una mayor cooperación comunitaria en el ámbito de la Función Pública, articulando espacios para compartir experiencias y buenas prácticas.

Los países firmantes han llamado a futuras presidencias del Consejo a realizar un seguimiento del cumplimiento de esta Declaración y a favorecer una evaluación del documento.

El Ibex 35 ha conseguido conquistar la barrera de los 8.400 puntos al anotarse un avance del 0,38% en la sesión de este jueves, después de la subida de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y en un contexto que sigue marcado por la evolución del conflicto en Ucrania, con el crudo de nuevo al alza.

El selectivo ha cerrado en los 8.412 enteros, con Cellnex (+4,33%), PharmaMar (+2,42%), Repsol (+2,35%), Ferrovial (+2,3%), Acciona (+2,25%) y Enagás (+2,17%) a la cabeza de los ascensos.

Por el contrario, en el terreno negativo han destacado las caídas de IAG (-2,73%), Sabadell (-2,38%), Siemens Gamesa (-2,03%), Inditex (-1,5%), BBVA (-1,49%), CaixaBank (-1,17%) y Meliá (-1,17%).

Los analistas de Renta 4 señalan que, a pesar de los «rumores» de un acercamiento en las negociaciones entre Ucrania y Rusia para un alto el fuego en Ucrania tras la invasión rusa, «los ataques rusos continuaron y fuentes ucranianas achacaban la visión más positiva de Rusia en las negociaciones a un intento de frenar el negativo impacto de las sanciones de Occidente sobre su economía«.

Por otro lado, el Ministerio de Finanzas de Rusia ha informado de la ejecución de la orden para hacer frente al pago del cupón de sus eurobonos por un importe de 117,2 millones de dólares (105 millones de euros), cuyo vencimiento estaba fijado para este miércoles y que, de no realizarse al expirar el periodo de gracia de 30 días, supondría el primer impago de la deuda rusa denominada en divisas desde 1918.

En cuanto a la política monetaria, indican que la Fed se mostró ayer «más agresiva de lo esperado». Además de subir los tipos 25 puntos básicos, ha acelerado las subidas previstas para 2022, «a pesar de que parte de los inversores esperaban un tono más suave ante los actuales riesgos de crecimiento».

«La Fed da así absoluta prioridad a la estabilidad de precios ante una presión inflacionista intensificada a corto plazo con el conflicto de Ucrania y un mercado laboral excesivamente tensionado», señalan los expertos de Renta 4. De esta forma, los inversores cuentan con siete subidas de tipos de 25 puntos básicos en 2022, hasta situarlos en un rango de 1,75% a 2%.

Por otro lado, el Banco de Inglaterra ha decidido este jueves elevar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia para sus operaciones, que pasará a situarse en el 0,75%, según ha anunciado la institución, que ha subido el precio del dinero por tercera reunión consecutiva.

En España, el Tesoro Público ha colocado este jueves 5.601,7 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado, algo por encima del rango medio previsto, y lo ha hecho pagando más a los inversores por el bono a 3 años y las obligaciones a 10 años.

En este escenario, el resto de bolsas europeas ha presentado un comportamiento mixto, con subidas en Londres (+1,25%) y París (+0,36%) y retrocesos en Fráncfort (-0,36%) y Milán (-0,66%).

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha vuelto a repuntar y a superar los 100 dólares. En concreto, cotizaba en los 106,21 dólares por barril, un alza del 8,36% en la jornada, mientras que el West Texas se disparaba un 7,52%, hasta colocarse en los 102,18 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1119 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 95 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 1,324%.

Ence Energía y Celulosa está desarrollando un plan inversor de 105 millones de euros para impulsar el negocio de su biofábrica de Navia (Asturias), en línea con su estrategia de alinearse con la bioeconomía circular, base sobre la que pivotará su estrategia de crecimiento.

Según ha explicado el presidente y consejero delegado de la compañía, Ignacio Colmenares, durante la celebración de su Capital Markets Day, esta iniciativa incluye diferentes proyectos como la diversificación en celulosa ‘Fluff’, material especial para productos higiénicos absorbentes.

A este plan también se circunscribe un proyecto de descarbonización que permitirá una reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 50.000 toneladas anuales a partir de 2024, a través de la valorización de la lignina como biocombustible, sumada a una mejora de la eficiencia.

De forma paralela, la compañía va a continuar defendiendo en los tribunales «la legalidad» de la prórroga de la concesión de su biofábrica de Pontevedra, después de que el Tribunal Supremo haya admitido recientemente a trámite el recurso de casación contra una de las sentencias dictadas el pasado julio por la Audiencia Nacional.

En los próximos meses, el Alto Tribunal dictará sentencia al respecto, aunque, en cumplimiento de la normativa contable, Ence ya hizo provisiones en 2021 por 200 millones de euros para anticiparse al impacto potencial que supondría el cierre de esta instalación.

Por otro lado, Ence quiere enfocarse a la energía renovable y ya ha adoptado un nuevo nombre y identidad visual para su filial especializada en este campo (Magnon Green Energy), para impulsar este negocio.

Asimismo, está poniendo en marcha otras oportunidades vinculadas a la gestión de la energía, los biocombustibles, el biogás y el almacenamiento, contribuyendo así a la estabilidad del sistema y facilitando la incorporación de energías renovables y la transición energética.

Con todo ello, la compañía prevé para los próximos años registrar «una fuerte generación de caja en todos los escenarios posibles», incluso ante un hipotético cierre de la biofábrica pontevedresa, gracias a inversiones en su instalación asturiana.

El grupo Volkswagen se ha unido a la iniciativa para la Garantía de Minería Responsable (IRMA), cuyo objetivo es establecer unos estándares claros para mejorar las prácticas en la minería industrial, según ha informado la compañía en un comunicado.

El consorcio alemán se ha comprometido a aplicar gradualmente las normas que establece la iniciativa en su propia cadena de suministro. Estas reglsa abarcan una serie de cuestiones, que incluyen la protección de los derechos humanos y comunitarios; la exclusión de la corrupción; las medidas de protección de la salud de los trabajadores y las comunidades afectadas; la seguridad en el puesto de trabajo y la preservación del medio ambiente.

Desde 2019, todos los socios comerciales directos relevantes para la empresa tienen que someterse a un ranking obligatorio de sostenibilidad. En él se evalúan los estándares medioambientales y sociales bajo los mismos criterios junto con otros parámetros como los costes o la calidad.

Un año más tarde, Volkswagen comenzó a exigir trasparencia total del proceso de producción desde la cadena de suministro hasta la mina para todos los nuevos contratos de materias primas para la fabricación de baterías. Además, introdujo un nuevo sistema estandarizado de gestión de materias primas.

El pasado año, el grupo de Wolfsburg se convirtió en la primera empresa automovilística que publicó un informe sobre las medidas que tomará el grupo para conseguir que el abastecimiento de 16 materias primas sea sostenible y responsable.

La Ciudad Financiera de Grupo Santander ha acogido a alrededor de 30 niños ucranianos y sus familias que han llegado a España y se alojarán temporalmente en las instalaciones del centro de formación de la entidad.

En total, cerca de un centenar de refugiados procedentes de Ucrania se alojará durante un mes y medio en la Ciudad Financiera de Santander, mientras se les encuentra una ubicación definitiva en el país.

Las familias llegaron ayer gracias a la colaboración del Gobierno con la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas y otra serie de instituciones que están participando en la evacuación y atención sanitaria de menores con cáncer para que los niños puedan reanudar su tratamiento en los hospitales Niño Jesús, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y La Paz.

Según fuentes de las partes implicadas en la iniciativa, el banco tiene previsto fletar un vuelo con Iberia para traer a otros refugiados de la zona del conflicto, en coordinación con la Embajada de España en Polonia, el Gobierno y distintas ONG. Parte de estos nuevos refugiados podrían alojarse también temporalmente en la Ciudad Financiera.

Los gastos derivados del alojamiento y manutención de las familias ucranianas serán asumidos por Santander, mientras que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) acompañará de forma permanente al grupo. La entidad financiera ha puesto también a disposición de las familias los servicios de su centro médico y de su escuela infantil.

Banco Santander puso en marcha en el inicio de la guerra iniciativas como la eliminación de las comisiones a las transferencias permitidas de países europeos a Ucrania, la suspensión de las comisiones de cuentas y tarjetas para clientes ucranianos en Polonia o la puesta a disposición de cajeros y el acceso permanente de dinero en efectivo en las sucursales.

El banco realizó también una donación inicial de un millón de euros a Cruz Roja y Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, e igualará las donaciones adicionales que están realizando sus empleados desde que estalló el conflicto.

El fondo de renta fija Rentamarkets Sequoia ha logrado escalar hasta las primeras posiciones por rentabilidad a tres años y mayor ratio de ‘sharpe’ al mismo plazo de Morningstar.

Este vehículo, categorizado como renta fija diversificada euro, ha obtenido unos retornos del 13,88% desde su lanzamiento o del 4% anualizado, en tanto que ha sido capaz de evitar las pérdidas que ha experimentado la renta fija europea, la peor de los últimos 22 años.

Rentamarkets Sequoia tiene como objetivo maximizar la rentabilidad a largo plazo, haciendo especial hincapié en la preservación del capital y su poder adquisitivo.

Con un enfoque global macro, Sequoia «destaca por la innovadora aplicación de la tecnología en su proceso de inversión, el cual le permite explotar las ineficiencias en los mercados de tipo de interés y crédito», según ha señalado Rentamarkets en un comunicado.

La firma ha añadido que también cuenta con la «suficiente flexibilidad» para poder hacer frente a escenarios adversos dentro del universo de renta fija.

«Que nuestro fondo tras tres años tan complicados destaque en la primera posición de una categoría tan diversa y grande de Morningstar, tanto por rentabilidad como por el férreo control del riesgo, confirma que la gestión del siglo XXI ha de dejar de ser un arte para convertirse en una ciencia», ha comentado el socio y director de inversiones de Rentamarkets, Ignacio Fuertes.

Fuertes ha añadido que la aproximación a los mercados de la firma combina la tecnología más avanzada y una «amplia» experiencia gestionando crisis. El grupo cuenta con un patrimonio total de más de 1.000 millones de euros incluyendo mandatos, activos bajo gestión y asesoramiento.

La transición europea hacia una economía más verde y menos dependiente de los combustibles fósiles para combatir el cambio climático y salvaguardar la independencia energética de la eurozona implica un precio a pagar en términos de inflación al que no puede ser ajeno la política monetaria, según ha advertido la representante alemana en el directorio del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel.

«La política monetaria no puede simplemente ignorar los efectos de la transición verde si amenazan con poner en peligro el cumplimiento de nuestro mandato principal de estabilidad de precios», ha señalado durante su intervención en una conferencia en Fráncfort, donde ha defendido que, sin embargo, corresponde a la política fiscal ocupar «el asiento del conductor».

A este respecto, la alemana ha advertido de que, a medida que se avanza hacia una economía más sostenible, la zona euro se enfrenta a una nueva era de inflación energética con tres ‘shocks’ distintos, pero interrelacionados que probablemente conduzcan a un período prolongado de presión alcista sobre la inflación.

En concreto, se ha referido a una primera sacudida que ha denominado «climaflación», relacionada con los costes del propio cambio climático, junto con un segundo efecto de «fosilflación», que refleja los costes de la dependencia de los combustibles fósiles y es el culpable de gran parte del aumento reciente de la inflación en la zona del euro.

Por último, Schnabel ha señalado un tercer ‘shock’, que ha denominado «verdeflación», cuyo impacto es más sutil, pero que las recientes restricciones a las exportaciones rusas de materias primas y metales ha acentuado.

Para la ejecutiva del BCE, hasta ahora la inflación verde ha tenido un impacto mucho menor en los precios al consumidor final que la inflación fósil, por lo que ha considerado «engañoso» atribuir a la ecologización de las economías europeas el fuerte aumento reciente de los precios de la energía.

Sin embargo, a medida que más y más industrias transiten hacia tecnologías de bajas emisiones, la alemana anticipa que esta ‘verdeflación’ ejerza una presión alcista sobre los precios de una amplia gama de productos durante el período de transición.

«Hay que pagar un precio por volverse ecológico a un ritmo que refleje el doble objetivo de salvaguardar nuestro planeta y nuestro derecho a la autodeterminación», ha afirmado, subrayando que «vale la pena pagar ese precio», incluyendo el apoyo fiscal necesario para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad.

En este sentido, para Schnabel la política fiscal «debe permanecer en el asiento del conductor» en lo que respecta a impulsar la transición verde, por lo que considera esencial que el marco fiscal revisado de la zona euro cree espacio para anticipar y acelerar la inversión pública en infraestructuras y tecnologías verdes.

Asimismo, ha señalado que la política fiscal también tiene un papel importante que desempeñar para amortiguar los actuales ‘shocks’ de oferta, aunque ha advertido de que estas medidas deben seguir siendo consistentes con el avance de la transición verde.

«Deben estar dirigidos a proteger a quienes más sufren por el aumento de los precios de la energía, manteniendo, en la medida de lo posible, los incentivos para reducir las emisiones de carbono», ha recomendado.