La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que habrá que hacer «grandes esfuerzos» entre todos para hacer frente al coronavirus tras un verano, que ha calificado de «letal».

En una entrevista en ‘TVE’, la dirigente madrileña ha reconocido que se está viviendo «una situación muy complicada» en España, haciendo hincapié en que nueve de las diez regiones más contagiadas de Europa son del país, y Madrid está a la cabeza.

«Madrid es nacional, es una España dentro de otra por los lazos que nos unen con todas las comunidades autónomas, por ser motor económico, por tener el 60 por ciento de las grandes empresas, por esas cifras de movimiento y sobre todo porque somos una comunidad muy vulnerable por nuestra densidad de población. Todo esto hace que sea una cuestión nacional capital afrontarlo», ha declarado, tras haber mantenido este lunes una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno regional tiene unos recursos «hasta cierto punto», pero ha remarcado que «con la ayuda de todos y siendo una cuestión nacional» van a poder afrontar esta segunda etapa, en la que se tendrán que hacer «grandes esfuerzos».

La presidenta madrileña ha recordado que «todos los países están pasando por segundas etapas», sobre todo en aquellos lugares donde se han confiado pensando que se iba a tener «una temporada tranquila». A su parecer, el verano ha sido «letal».

El virus en la primera etapa estaba en la calle y la gente se confinaba para protegerse de él pero, sin embargo, ahora el virus ha llegado a las familias. El virus ha estado en reuniones, en bodas, en circunstancias donde no podemos llegar los demás», ha apuntado.

Ayuso ha mandado un mensaje a las 37 zonas que han visto desde este lunes restringida su movilidad. Así, ha insistido en que estas medidas no tienen que ver «en ningún caso con un estigma» y ha subrayado que localidades del norte, como San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, también las han sufrido.

«Lo que le estamos diciendo con estas medidas, y con más que habrá que poner en marcha, es que tienen que parar, que no podemos seguir con estas olas de contagios porque si no los escenarios serían peores», ha declarado. Para Ayuso, se está ante un «tiempo muy importante», en el que se están viendo las consecuencias de la vuelta de los ciudadanos a las capitales.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este lunes que confía en que el encuentro celebrado hoy en la Real Casa de Correos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dé «frutos» y no se quede en un calendario de reuniones.

«Lo de esta mañana se puede traducir en medidas concretas, no solo en un espacio para el diálogo, que sirve de bien poco si no tiene consecuencias. Esas reuniones si no tienen fruto, no podríamos decirle a la gente que estamos haciendo todo lo que podernos. Confío en que no solo se han reunido para fijar reuniones sino para que den frutos», ha transmitido en una entrevista en Cope.

Sánchez y Ayuso han tratado este lunes de escenificar «unidad» en la lucha contra el coronavirus, con una reunión bilateral en la que han acordado reforzar la cooperación de sus administraciones, sin «jerarquías», a través de un grupo de trabajo que semanalmente analice y proponga medidas, y canalice la dotación de más efectivos para ponerlas en práctica.

El regidor ha indicado que entre las instituciones «tiene que haber diálogo» y que «las medidas sanitarias son importantes, pero las que generan medidas, también lo son».

Ha reconocido que «desgraciadamente en Madrid los números (de contagios) son altos, la situación es complicada, y lo que toca es poner encima de la mesa todas las medidas para aplanar esta segunda curva». «La presidenta está preocupada», ha lanzado.

«De esta se sale, sinceramente lo digo. Vivimos una situación que nunca íbamos a vivir; tenemos que tener la capacidad de saber que si lo pasamos una vez en las peores circunstancias, podemos volver a hacerlo», ha concluido.

También ha señalado que «hay que hacer examen ante los ciudadanos y rendir cuentas de lo que está pasando». «Si fuera ciudadano de a pie diría, a lo mejor como sociedad podríamos haber hecho las cosas mejor, pero las cosas como son, estos señores son los que están al mando», ha expresado a continuación.

Por ello cree que «hay que trabajar mucho más, mejor, no poner paños calientes» y tener así «la capacidad para salir adelante».

El PSOE cree que la ocupación no es un «gran problema» en España y se abstiene, al igual que Vox, aunque por otras razones

El PRC ha unido este lunes sus votos a PP y Cs para aprobar una iniciativa parlamentaria en la que se pide al Gobierno central una Ley Antiokupas y una modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llevar a cabo desalojos «inmediatos» en casos de ocupación ilegal de viviendas.

Esta iniciativa ha partido de los regionalistas, que pedían en su proposición no de ley una cambio en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Civil al considerar que estaban «obsoletas» y no daban solución al problema de la ocupación y debían adaptarse a la realidad actual de este fenómenos.

Esta PNL se ha visto completada por una enmienda de adición de Cs, que instaba al Gobierno central a impulsar «de manera urgente» en las Cortes una Ley Antiokupas que permita terminar con la actual situación de ocupación ilegal de viviendas y locales y que «fortalezca» también la asistencia habitacional de personas en situación de vulnerabilidad respetando las competencias autonómicas.

La enmienda de Cs ha sido aceptada por el PRC al considerar que «complementa» su petición.

Esta iniciativa ha contado con la abstención de PSOE y Vox, aunque por motivos bien distintos, casi opuestos. Y que mientras el PSOE considera que la ocupación ilegal de viviendas «no es un gran problema» de España y «no se ha disparado» –como sí creen otros partidos–, y por tanto no ve necesario realizar los cambios normativos que se reclaman, Vox cree que las modificaciones legislativas que se plantean no son suficientes para atajar el problema.

Así, además de un «agravamiento» de las penas para los okupas que no solo sean una «pequeña multa» económica como ahora, cree que lo que hace falta para hacer frente al problema es cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no la Civil, para que los delitos vinculados con la ocupación, como el allanamiento o la usurpación, sean considerados «delito flagrante» con lo que se pueda intervenir y actuar contra los okupas en cualquier momento, llevando a cabo su desalojo.

RUPTURA DE SINTONÍA DE VOTO PRC-PSOE

Esta iniciativa ha roto la habitual sintonía de voto entre los dos socios del Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, que, en este caso, tienen «perspectivas diferentes» en este tema, tal y como ha reconocido la diputada socialista Yolanda Algorri.

Aunque la socialista ha tildado de «inaceptable» la ocupación ilegal de viviendas, ha criticado que algunos partidos quieran convertirlo en el «problema del año», cuando, a su juicio, no lo es, y ha ironizado con el «interés desmedido» que «de pronto» parece haber suscitado el ‘fenómeno okupa’ cuando existe desde los años 70 del pasado siglo.

La socialista ha afirmado, en contra de lo que sostienen algunos partidos, la ocupación «no se ha disparado» y no es un «gran problema» de España y considera que pretender converirlo en el «problema del año», y más con «la que está cayendo» con el COVID-19 «no le parece lo más apropiado».

Por ello, se cuestiona sobre la necesidad de realizar ya las modificaciones legislativas planteadas en la iniciativa y considera más adecuado «esperar un poco» para analizar si instrucciones como las realizadas recientemente por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Estado de Seguridad para agilizar los desalojos de viviendas ocupadas da resultado.

Además, ha recordado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha descartado «modificaciones futuras».

La socialista ha opinado que se trata de un asunto, el de la ocupación ilegal de viviendas, de un asunto que debe abordarse con el «sosiego necesario» y no por «intereses partidistas».

Además, ha reconocido que detrás de las ocupaciones hay mafias interesadas pero –ha dicho– «también hay familias que el sistema ha expulsado», «víctimas de la crisis financiera de 2008 que ahora ven «agudizada» su situación por la pandemia, lo mismo que también hay, según ha dicho, «fondos buitre que especulan con las carencias de miles de españoles».

«Contra las mafias hay que aplicar todo el peso del Código Penal, y el grupo socialista, considera que el Derecho debe dar respuesta rápida y contudente en los casos en los que las personas se vean privados de sus bienes, de su morada y de sus inmuebles. Pero para los expulsados del sistema, víctimas de la crisis financiera de 2008 y ahora agudizada por la pandemia, debemos buscar entre todoss puentes, como el Salario Vital y otras medidas de carácter social, en lugar de intentar cambios innecesarios del Código Penal para distraer a la ciudadanía de los verdaderos problemas al albur de intereses partidistas», ha dicho Algorri.

‘BRONCA’ DEL PP AL PSOE

Estas últimas declaraciones le han valido una importante ‘bronca’ del portavoz del grupo popular, Íñigo Fernández, quien ha instado a la diputada a «meter en su casa» –la de ella– a los «expulsados del sistema» de los que habla.

Fernández ha afirmado que, con sus palabras, Algorri, más que diputada regional del PSOE, ha parecido «portavoz de Podemos» y del vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias.

Para el ‘popular’ resulta «espeluznante» ver «la deriva del PSOE» hacia posiciones que, a su juicio, no tienen nada que ver con la socialdemocracia europea, sino con «la izquierda radical de países caribeños» y ha acusado a los socialistas de «entregarse en brazos de Podemos».

Precisamente a ello ha atribuido el hecho de que el problema de la ocupación ilegal de viviendas, algo antes «puntual», se haya «ido de las manos».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes a su homólogo de Costa Rica, Carlos Alvarado, en un encuentro en que se ha destacado el papel de la iniciativa ‘Juntos por una repuesta para América Latina y el Caribe ante la covid-19’ impulsada por España.

Sánchez ha mantenido un encuentro por videoconferencia con Alvarado en el marco de la 75 Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra estos días y en virtud del papel muy activo que ambos desempeñan en los foros internacionales en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

Durante la conversación, el presidente de Costa Rica ha puesto en valor la iniciativa ‘Juntos por una repuesta para América Latina y elCaribe ante la covid-19’ destinada a mejorar el acceso a financiación de países de renta media y particularmente de los de este ámbito territorial.

Costa Rica fue uno de los participantes en la cumbre virtual delpasado 24 de junio para dar luz verde a esta iniciativa y el presidente Alvarado ha aprovechado esta cita para mostrar su satisfacción con la misma, puesto que va en línea con el llamamiento que lanzó a las Instituciones Financieras Internacionales para la implementación de medidas «excepcionales e históricas» que permitan hacer frente a lapandemia.

Tanto España como Costa Rica comparten asimismo su compromiso en la lucha contra el cambio climático, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según ha informado Moncloa.

Durante le encuentro, el presidente español también ha aprovechado el encuentro para felicitar a Alvarado por la próxima adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Niega que reformar la sedición sea una «solución rápida, fácil y exprés para resolver la represión»

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha emplazado este lunes a JxCat a seguir hablando para pactar la convocatoria de elecciones ante la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por parte del Tribunal Supremo (TS): «No tiramos la toalla para tener un acuerdo político».

Lo ha dicho en un acto telemático organizado por la librería Ona para presentar el libro que ha escrito junto al líder de ERC, Oriol Junqueras, ‘Tornarem a vèncer’ (Volveremos a vencer), en el que exponen la estrategia de los republicanos.

Rovira ha insistido en la necesidad de no dejar en manos del Tribunal Supremo el final de la legislatura y la fecha de las próximas elecciones, por lo que defiende que Torra las convoque antes de ser inhabilitado: «No hacer nada y dejar la agenda y la facultad de convocar elecciones al TS no nos parece una opción».

Considera que ante la crisis provocada por la pandemia hay que tener un Govern fuerte y acortar lo máximo posible el tiempo en el que el Ejecutivo esté en funciones, de manera que ha pedido a JxCat que aclare cómo quiere hacerlo: «Lo que estamos pidiendo es que se nos explique cómo se resuelve el interinaje y la provisionalidad que el país no se merece».

Así, ha llamado a JxCat y al conjunto del independentismo a seguir trabajando para lograr una respuesta acordada a la posible inhabilitación de Torra y ha reclamado «interlocutores fiables y saber con qué propuesta se está trabajando».

REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

Sobre la propuesta para reformar el delito de sedición en el Código Penal, Rovira ha sostenido que no resuelve el conflicto en Cataluña y ha apuntado que, por ejemplo, ella misma está acusada de un delito de rebelión, con lo que esta reforma no se le podría aplicar.

También ha advertido de que podría ser recurrida fácilmente al Tribunal Constitucional (TC) y ha negado que sea «una solución rápida, fácil y exprés para resolver la situación de la represión».

La vicesecretaria general y portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado este lunes a la «derecha» de convertir a las víctimas de la pandemia del coronavirus en «culpables» y al líder del PP, Pablo Casado, de no tener «un proyecto de país». «Ante la peor crisis de nuestra historia en democracia, ataca al Gobierno», ha defendido.

En una intervención en la inauguración de la Exposición Homenaje a Julián Besteiro en la sede del PSOE en Ferraz (Madrid), Lastra ha lamentado que el presidente de los ‘populares’ «no tenga nada que aportar» en la crisis sanitaria. «La respuesta de Casado para cualquier tema de política económica, social, educativa y europea es atacar al Gobierno», ha asegurado, para después añadir que el PP «no tiene ni proyecto de país ni programa de futuro». «A la derecha le basta con llegar al poder cueste lo que cueste», ha sentenciado.

Así, ha afirmado que las formaciones que se autodefinen como «partidos de la libertad» hablan «de los mercados» pero «poco» de «la libertad de la gente«. «Se trata de unir igualdad y libertad, no de elegir», ha zanjado.

En este sentido, Lastra ha defendido que «la libertad no se puede construir frente a los demás» y se ha pronunciado sobre «los barrios del sur y del norte», en referencia a las últimas medidas de la Comunidad de Madrid, que tienen «sueldos bajos, viven en casas pequeñas» y «padecen el cierre de ambulatorios y los vagones hacinados. «La derecha dice que es una forma de vida. Para nosotros se llama discriminación», ha avisado.

Por ello, la portavoz parlamentaria del PSOE ha insistido en que la crisis sanitaria por el coronavirus «distingue entre clases sociales». «La derecha se empeña en convertir a las víctimas en culpables», ha apostillado.

El Grupo Covid-19 creado por acuerdo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha arrancado la tarde de este viernes con una primera reunión en la que se ha fijado un calendario de actuación que se iniciará este mismo martes con una reunión de técnicos sanitarios.

En concreto, en este primer encuentro que ha tenido lugar en la sede de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid se ha establecido un calendario de trabajo para los próximos días entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid.

Según el mismo, este martes por la mañana tendrá lugar una reunión de técnicos sanitarios de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, según han informado tanto desde Moncloa como desde el Gobierno regional.

Seguidamente, ya por la tarde, el Grupo COVID-19 se reunirá con el equipo de Unidad Territorial, compuesto por el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital, la secretaria general de Coordinación Territorial y el presidente de la Federación Madrileña de Municipios.

En esta primera reunión del ‘Grupo COVID-19’ han estado presentes todos sus integrantes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, por parte del Gobierno central, y el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por parte del autonómico. Este grupo cuenta además con un portavoz técnico sanitario para atender las demandas informativas de la sociedad.

El presidente del Gobierno y la presidenta madrileña han acordado la creación de este grupo para mantener «un contacto eficaz entre ambas administraciones», dedicado al seguimiento y respuesta de la evolución de la pandemia, que aborde los asuntos principales que afectan a la sociedad.

Este grupo se reunirá semanalmente, «con el objetivo coordinar y planificar respuestas contra la pandemia». «Sus propuestas servirán de recomendaciones a las actuaciones propias que seguirá ejecutando el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en el ejercicio de sus competencias», han explicado.

Este grupo, compuesto por Illa, Darias, Aguado y Escudero, y que contará con un portavoz, se apoyará en los consejos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del Ministerio de Sanidad y de los técnicos sanitarios de la Comunidad de Madrid, y también en dos estructuras, llamadas «Unidades de Apoyo».

En concreto, habrá una Unidad Territorial, y una Unidad Técnica, que se reunirán dos veces por semana y elevarán sus propuestas al Grupo COVID-19, y cuya función será la de aportar «ideas» y realizar «proyectos concretos para su desarrollo».

ALMEIDA, EN LA «UNIDAD TERRITORIAL»

Según han explicado, la Unidad Territorial estará compuesta por el Consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid, la Secretaría General de Coordinación Territorial y el presidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM).

Por su parte, la Unidad técnica la compondrán el Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, el Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, el Delegado del Gobierno en Madrid, la Secretaria General de Transportes del Gobierno de España, un representante de la UME, un representante de la Policía Nacional, un representante de la Guardia Civil, el Director del SUMMA-112 y el Director del SAMUR.

«El ‘Espacio de Cooperación’ creado por el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid debe ser una respuesta eficaz a los graves problemas que ha generado la propagación del CORONAVIRUS-19 desde la unidad de acción entre administraciones», concluye ese comunicado.

El Gobierno central, comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla avanzan hacia una «coordinación total» en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias.

Para ello, el Consejo de Políticas del Juego, que preside el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha aprobado este lunes la propuesta para trabajar en la interconexión de los registros de prohibidos estatal y autonómicos con la finalidad de proteger a miles de personas y familias frente a los problemas del juego.

El acuerdo ha contado con el apoyo de todas las CCAA, a excepción del voto en contra de Cataluña y las abstenciones de País Vasco y Comunidad Valenciana, según ha informado el Ministerio.

Cuando una persona detecta su adicción al juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos, que le impide el acceso a esta actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas impiden el acceso a salas o portales online donde se puede apostar.

En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos devastadores de una acción compulsiva.

Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. El registro estatal -que depende del Ministerio de Consumo– impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las comunidades autónomas.

Estos registros no están conectados actualmente, a excepción de Castilla – La Mancha que sí ha avanzado en la interconexión, lo que supone que la protección que ofrecen «presente vacíos e inconsistencias importantes».

Así, una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no podrá acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida. De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no podrá acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí podrá hacerlo en otra.

El objetivo del Ministerio de Consumo es que la inscripción se extienda a todos los registros «como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan».

A efectos de protección, los registros de interdicciones funcionarán como una única base de datos. La coordinación se realizará mediante una agenda de «estrecha colaboración» entre el Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas, que tendrán hasta enero del 2021 para encontrar la mejor fórmula de conexión. Para que todos los registros queden interconectados, el Gobierno de España firmará convenios con las CCAA a lo largo del próximo año.

FACILITAR LA VIDA A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho que simplificar los trámites de autoprohibición «facilitará la vida a muchas familias abrumadas por el problema de la ludopatía, sobre todo a las más vulnerables». Ponemos por delante a las personas y garantizamos su salud y protección, simplificando las trabas burocráticas», ha señalado Garzón.

Para Garzón, personas sin recursos, con limitaciones de acceso a la tecnología, en zonas rurales o con dificultades de desplazamiento «estarán favorecidas por la interconexión.

El registro estatal, que no incluye los listados de las CCAA y que solo tiene capacidad para restringir el acceso al juego online, tiene actualmente 54.294 inscritos. En 2019, se inscribieron 9.143 nuevas personas, un 43% más que en 2018.

Asimismo, el Ministerio ha destacado que el porcentaje de menores de 25 años inscritos se ha disparado en los últimos años: en 2012 representaban el 11% del total de inscritos y en 2019 ascienden al 22%.

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, ha denunciado que desde que empezó la pandemia del Covid-19 la lista de espera de la dependencia se ha reducido en 35.000 personas pero no porque se las haya atendido sino porque han fallecido.

«Desde que empezó el Covid-19 se ha reducido en 35.000 personas la lista de espera de atención a la dependencia porque se han muerto. La reducción de la lista de espera está en los cementerios», ha exclamado José Manuel Ramírez.

Así lo ha indicado este lunes 21 de septiembre durante la jornada virtual ‘Consecuencias del Covid-19 en las personas con la enfermedad de Alzheimer y sus familiares cuidadores’, organizada por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer (CEAFA) con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

Ramírez ha criticado los «recortes inmisericordes» que se han hecho desde el año 2012 y ha culpado a todos los gobiernos desde entonces, también al actual porque, según ha advertido, no ha destinado a dependencia lo que la ley dice que debe aportar: «1.500 millones de euros». En este sentido, ha apelado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

«El vicepresidente de Derechos Sociales tiene que poner dinero al sistema de atención a la dependencia», ha exigido Ramírez, al tiempo que ha añadido que no se puede esperar a los Presupuestos Generales del Estado porque entre las «peleas», los políticos «tienen como rehenes a los más vulnerables».

Según ha precisado, 32.035 personas fallecieron sin haber salido de la lista de espera en los primeros seis meses del año. «¿Cómo podemos soportarlo? Y el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni un solo euro», ha insistido.

A su juicio, en el tema de la dependencia, en España hay «unos gobernantes insumisos, que no cumplen la ley». «Tenemos unos gobernantes sin alma que desde hace tiempo entienden que esta ley se la pueden saltar a la torera», ha criticado.

Ramírez ha lamentado que en medio de la crisis social del Covid-19 «se ha recortado en servicios sociales», algo que ha calificado de «inmoralidad». Por ejemplo, ha indicado que la atención residencial ha disminuido un 9%, que hay unas 4.200 personas menos atendidas en domicilio o 5.000 plazas menos en centros de día, lo que ha provocado que se pierdan más de 11.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, ha denunciado el cierre de 15.000 plazas en residencias de personas que han fallecido. «En lugar de dar esa cama a los 100.000 grandes dependientes, no se las han dado, se ha cerrado la puerta», ha declarado.

LAS CUIDADORAS, UNAS «LUCHADORAS»

Igualmente, ha avisado de que se está avanzando hacia «un sistema low cost de la dependencia» con un incremento de las prestaciones bajas, con casi 6.000 millones de euros menos, que se han dejado de invertir desde 2012. Finalmente, ha animado a las cuidadoras de personas con Alzheimer, en un 90% mujeres, a las que ha definido como unas «luchadoras».

También la presidenta de CEAFA, Cheles Cantabrana, ha puesto en valor el trabajo que realizan las cuidadoras no profesionales, poniendo énfasis en lo que ha supuesto para ellas el confinamiento: «Ha sido emocionalmente muy duro».

Igualmente, ha criticado la «defección» del Gobierno español por no cumplir con los compromisos que habían adquirido con el sistema de la dependencia. «La ley no está bien desarrollada ni dotada económicamente. Las autonomías han hecho un esfuerzo de una forma u otra, pero el Estado ha sido una decepción», ha subrayado.

Cantabrana también se ha referido al drama de las residencias durante la pandemia, donde han fallecido al menos 23.242 mayores desde el pasado mes de marzo, según el último recuento con fecha de 18 de septiembre. «Todos estamos asustados de lo que ha pasado en estos centros, han quedado en entredicho», ha indicado.

Por su parte, el neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Guillermo García Ribas, ha constatado que el «tsunami» del Covid-19 ha provocado un «incremento del deterioro» cognitivo de los enfermos de Alzheimer y ha advertido de que aún no se conocen cuáles serán los «efectos a largo plazo.

Además, ha puesto de relieve que estas personas tienen «dificultad para entender» la situación de pandemia y muestran «rechazo a las medidas de higiene». «A la mayoría les ha trastocado», ha asegurado.

UN «PARÓN» EN LA INVESTIGACIÓN DEL ALZHEIMER

Otro de los efectos de la pandemia, según ha precisado, ha sido la «finalización prematura» de algunos ensayos clínicos sobre el Alzheimer y prevé que la nueva ola «va a hacer que se retrase todavía más la investigación». «Debemos superar el miedo para que continúe la investigación y esto no suponga un parón más en nuestra esperanza de encontrar una cura para la enfermedad del Alzheimer», ha subrayado.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que «la telemedicina ha venido para quedarse» y ha apostado por buscar cómo aplicar estas nuevas tecnologías a la población anciana y dependiente.

Las asociaciones de jueces han advertido este lunes que el proyecto de Ley para reformar la legislación civil y procesal en apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica puede conllevar que «decenas de miles de medidas» vuelvan a los juzgados y ello sin previsión presupuestaria y sin refuerzo de juzgados.

En un comunicado conjunto firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente hacen así referencia a la posibilidad contemplada en las disposiciones transitorias de aplicar la nueva Ley, al momento de entrar en vigor, a los procedimientos judiciales relativos a la capacidad de las personas que ya estén en trámite.

Así, en la reforma de la ley, que desde julio se encuentra en trámite parlamentario de enmiendas, se recoge en las disposiciones transitorias que la totalidad de medidas que hasta ese momento se hayan adoptado judicialmente en relación a la capacidad de las personas, puedan ser revisadas por los tribunales a la luz de la nueva regulación, previa petición de parte (obligatoria en muchos supuestos).

«Estamos hablando, en el mejor de los casos, de decenas de miles de medidas que podrían volver a los juzgados. Ello se hace sin dotación presupuestaria alguna ni previsión de creación de órganos judiciales que permita absorber la avalancha de asuntos que los juzgados, la mayoría de ellos sin especializar en la materia, van a recibir», ha denunciado.

En este sentido, han alertado que si se mantiene esta previsión el resultado va a llevar a una «sobrecarga» de dichos juzgados, «con el consiguiente retraso en la tramitación de los asuntos, muchos deellos particularmente sensibles». «En concreto, se verán perjudicadas justo aquellas personas con discapacidad a las que precisamente la ley trata de apoyar, al enterrar sus asuntos en órganos judiciales insuficientes y sin apoyos ni medios bastantes», han indicado.

Por todo ello, las cuatro asociaciones de jueces han trasladado su confianza para que este «grave error de cálculo» puede ser corregido en la tramitación parlamentaria.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza ‘Dina’, de la macrocausa ‘Tándem’, ha acordado no admitir la querella presentada por el partido político Vox contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; contra su exasesora Dina Bousselham; el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa y la abogada de Podemos Marta Flor, según han confirmado fuentes jurídicas.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, da la razón así a la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito de la semana pasada pedía inadmitirla porque los delitos que les imputaba no serían competencia del juez que instruye el caso por no haber conexividad entre los delitos investigados y los que se detallaban en la querella.

A esto, el fiscal jefe Anticorrupción añadía que al haber aforados entre los querellados (Iglesias y Stampa) la causa correspondería en todo caso al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

«La querella interpuesta por Vox debería haber sido inadmitida de plano (…) y debe ser inadmitida en caso de que se subsanen los defectos procesales», señalaba el fiscal para luego añadir que la razón era que «su contenido no guarda conexión con el objeto procesal de la pieza y se dirige a personas aforadas».

En su querella, Vox les imputaba hasta seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en el que Flor comenta determinada información que habría obtenido del representante del Ministerio Público. En concreto, la querella se presenta por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.

Tanto la postura del Ministerio Público como la resolución del juez van en la línea de lo defendido por los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que en su auto de la semana pasada readmitían a Iglesias como perjudicado en la causa, y explicaban que en caso de investigarse nuevos posibles delitos que no tuvieran que ver con la organización supuestamente criminal de Villarejo, esos hechos debían instruirse en otro órgano que no fuera la Audiencia Nacional.

En esta pieza número 10 ‘Dina’ se investiga el robo del teléfono móvil de Bousselham en 2015 y el posterior uso de los archivos que contenía, así como las publicaciones de los mismos en medios. Documentos que estaban en ese terminal aparecieron en dos carpetas alojadas en un disco duro y un pendrive que fueron hallados en el registro del domicilio del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, principal investigado de la macrocausa ‘Tándem’.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha dictado este lunes dos instrucciones para permitir que los progenitores nacionales de terceros países de menores ciudadanos de la Unión Europea, incluidos españoles, puedan obtener una tarjeta de residencia.

El objetivo es «garantizar un entorno estable para el desarrollo del menor», según informa el Ministerio en un comunicado. Además, con esta medida da respuesta a una demanda de múltiples colectivos e instituciones, como el Defensor del Pueblo.

De esta forma, se «aporta seguridad jurídica» a dos colectivos que, hasta el momento, se veían expuestos a una situación de irregularidad sobrevenida si no cumplían con los requisitos exigidos a la hora de renovar su autorización de residencia.

Entre estos requisitos, destacaba la necesidad de justificar tanto para sí mismo como para los miembros de su familia la tenencia de un seguro de enfermedad y de acreditar recursos suficientes que garantizasen que su estancia no iba a suponer carga económica alguna para el Estado.

Si bien, a partir de ahora, la concesión o la prórroga de la tarjeta de residencia deja de estar condicionada a los criterios sobre la procedencia de sus recursos económicos, según precisa el Ministerio.

En concreto, aquellos progenitores nacionales de terceros países de menores ciudadanos de la Unión que no cumplan con los requisitos exigidos podrán acogerse a la figura del arraigo familiar y acceder a la prórroga de dicha autorización, tal y como marcan tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo.

En segundo lugar, cuando se trate de un progenitor nacional de un tercer país de un menor de nacionalidad española, accederán igualmente a la autorización de residencia. Asimismo, la instrucción determina que la concesión o denegación de dicha autorización no podrá en ningún caso basarse en criterios automáticos.

El Congreso de los Diputados va a rehabilitar el interior uno de sus edificios, el situado en la Plaza de las Cortes, número 9, y ha abierto un concurso para adjudicar el contrato de las obras con un valor estimado de 9,6 millones de euros, que se pagarán con cargo a la cuenta de remanentes de la Cámara.

Este edificio, que antiguamente acogía dependencias destinadas a los grupos parlamentarios, lleva en desuso desde 2006 y tiene que ser sometido a una reforma integral de su interior para poder ser de nuevo utilizado.

Como los otros cuatro edificios en los que se reparten las dependencias parlamentarias, es propiedad de Patrimonio Nacional, pero está cedido al Congreso.

El contrato para su rehabilitación tiene un presupuesto base de licitación sin impuestos de 8.019.492,33 euros y un valor estimado global de 9.623.390,80 euros, según consta en el pliego.

10 MESES DE OBRAS

Las empresas que quieran presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el próximo 10 de octubre y se estima que las obras duren un máximo de diez meses.

El Congreso ya invirtió 3,7 millones en 2015 para garantizar la estabilidad del edificio, que antes de aquellas obras ya estuvo meses protegido por andamios.

El inmueble, construido originalmente para viviendas en 1918 y diseñado por el arquitecto Cesáreo Iradier, fue acondicionado en 1985 para acoger despachos de los grupos de los parlamentarios, una cafetería y hasta un pequeño gimnasio en el sótano.

En 2006, las oficinas de los grupos parlamentarios se trasladaron a los edificios en los que tenían sus sedes el Banco Exterior y el Banco de Crédito Industrial, que pasaron a formar parte del recinto parlamentario, y pese a que entonces se proyectó una nueva reforma del edificio de la Plaza de las Cortes, finalmente se renunció al proyecto por la crisis.

Ahora se ha optado por recuperar este proyecto pendiente y se ha licitado el concurso, pero se ha decidido cargar los gastos a la cuenta de remanentes del Congreso, que supera ya el presupuesto anual de la Cámara y se acerca a los 105 millones. En concreto, hasta el pasado mes de marzo la Cámara acumulaba 104.724.593,38 euros de remanentes.

La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo se ha reunido este lunes tras diez años sin convocarse y lo hace con una renovación que incluye el aumento a 22 de las formaciones que lo han suscrito y han establecido una serie de propuestas para su renovación como la ampliación de su ámbito en vigor a las esferas autonómicas y estatal o retirar privilegios en asignación económica a quienes incurran en esta práctica.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha presidido este lunes la reunión del pacto tras la reactivación del mismo que tuvo lugar el pasado 29 de julio, en la que se acordó esta cita para dar cuenta de las nuevas formaciones que se adhieren y las propuestas de renovación del acuerdo.

Entre las renovaciones, el Pacto suma 14 nuevos miembros y se han propuesto nuevas aportaciones al mismo como trasladar el acuerdo del pacto, referido hasta ahora al escenario local, al ámbito del Congreso de los Diputados y Senado, otras instituciones y asambleas autonómicas, promoviendo así un nuevo acuerdo que sume todas las esferas: estatal, autonómica y local.

Las propuestas consideran el transfuguismo asimismo como una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por los ciudadanos en las urnas. En este sentido, señalan que los partidos políticos deben ser ejemplares y contundentes contra esta lacra, porque el tránsfuga es responsable de quebrar con su actuación la voluntad popular.

Igualmente, se plantea que los tránsfugas no reciban privilegios en asignación económica, ni premios por quebrar la voluntad popular y que el nuevo consenso se materialice en una reforma legislativa con rango de ley.

DENUNCIAS EN ESTELLA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Secretaría del Pacto Antitransfuguismo ha recibido ya dos denuncias, una de ellas presentada por Unión del Pueblo Navarro en relación con un posible caso de transfuguismo de dos ediles de la corporación del Ayuntamiento de Estella (Navarra) y otra del PSOE en relación con otro posible caso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el pasado 13 de julio.

Estas denuncias y aquellas otras que puedan plantearse podrán analizarse a partir del momento en que se apruebe la renovación de los compromisos del Pacto, mediante la actualización de la Adenda correspondiente, y la elección de los nuevos expertos independientes.

Tras este primer encuentro, la Comisión de Seguimiento ha acordado celebrar próximamente una nueva reunión tras las negociaciones para la modificación del Pacto, la actualización de la Adenda y la renovación del grupo de expertos.

Tras estos cambios, forman a partir de ahora parte del Pacto Antitransfuguismo un total de 22 fuerzas políticas con representación parlamentaria. En concreto, a PSOE, PP, Izquierda Unida, ERC, PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y BNG, que ya formaban parte del pacto original, se sumarán ahora Unidas Podemos, Ciudadanos, Galicia en Común, PAR, Cataluña en Común, Agrupación Socialista de la Gomera, Partido Socialista de Cataluña, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Equo, Más País, Mes per Mallorca, Compromís y Geroa Bai.

Además de la ministra, a este encuentro han acudido también el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernandez Spínola, y la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez. Los representantes de las distintas formaciones políticas adheridas al Pacto han intervenido por videoconferencia.

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, ha denunciado que desde que empezó la pandemia del Covid-19 la lista de espera de la dependencia se ha reducido en 35.000 personas pero no porque se las haya atendido sino porque han fallecido.

«Desde que empezó el COVID-19 se ha reducido en 35.000 personas la lista de espera de atención a la dependencia porque se han muerto. La reducción de la lista de espera está en los cementerios», ha exclamado José Manuel Ramírez.

Así lo ha indicado este lunes 21 de septiembre durante la jornada virtual ‘Consecuencias del Covid-19 en las personas con la enfermedad de Alzheimer y sus familiares cuidadores’, organizada por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer (CEAFA) con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

Ramírez ha criticado los «recortes inmisericordes» que se han hecho desde el año 2012 y ha culpado a todos los gobiernos desde entonces, también al actual porque, según ha advertido, no ha destinado a dependencia lo que la ley dice que debe aportar: «1.500 millones de euros». En este sentido, ha apelado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

«El vicepresidente de Derechos Sociales tiene que poner dinero al sistema de atención a la dependencia», ha exigido Ramírez, al tiempo que ha añadido que no se puede esperar a los Presupuestos Generales del Estado porque entre las «peleas«, los políticos «tienen como rehenes a los más vulnerables».

Según ha precisado, 32.035 personas fallecieron sin haber salido de la lista de espera en los primeros seis meses del año. «¿Cómo podemos soportarlo. Y el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni un solo euro«, ha insistido.

A su juicio, en el tema de la dependencia, en España hay «unos gobernantes insumisos, que no cumplen la ley». «Tenemos unos gobernantes sin alma que desde hace tiempo entienden que esta ley se la pueden saltar a la torera», ha criticado.

Ramírez ha lamentado que en medio de la crisis social del COVID-19 «se ha recortado en servicios sociales», algo que ha calificado de «inmoralidad«. Por ejemplo, ha indicado que la atención residencial ha disminuido un 9%, que hay unas 4.200 personas menos atendidas en domicilio o 5.000 plazas menos en centros de día, lo que ha provocado que se pierdan más de 11.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, ha denunciado el cierre de 15.000 plazas en residencias de personas que han fallecido. «En lugar de dar esa cama a los 100.000 grandes dependientes, no se las han dado, se ha cerrado la puerta», ha declarado.

Igualmente, ha avisado de que se está avanzando hacia «un sistema low cost de la dependencia» con un incremento de las prestaciones bajas, con casi 6.000 millones de euros menos, que se han dejado de invertir desde 2012. Finalmente, ha animado a las cuidadoras de personas con Alzheimer, en un 90% mujeres, a las que ha definido como unas «luchadoras».

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados que la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que se tramita en el Congreso de los Diputados, sea «plenamente respetuosa» con los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque el texto no menciona directamente a las personas con discapacidad, recoge expresiones que en opinión del movimiento CERMI deberían suprimirse, como «persona plenamente capaz y consciente»; «en plena capacidad de obrar»; «enfermedad invalidante»; «limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, así como sobre su capacidad de expresión y relación»; «situación de incapacidad de hecho: situación en el que el paciente carece de entendimiento y de voluntad suficiente para gobernar su vida de forma autónoma sin que necesariamente haya resolución judicial de capacitación», e «impedido físicamente».

Para el CERMI, estas expresiones son «imprecisas, inapropiadas y muchas veces incorrectas desde una consideración exigente de derechos humanos». «Pueden dar pie a interpretaciones indeseables de la futura ley en relación a las personas con discapacidad», lamentan.

En este sentido, recuerdan que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su segunda revisión a España, formuló recomendaciones, entre las que se encontraba la de «velar por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación».

Por ello, el CERMI defiende que la regulación de la eutanasia debe aludir a las personas que presentan «una condición, estado o situación de salud caracterizado por la presencia de una enfermedad o patología graves e incurables que ocasionen padecimientos continuos e insoportables en los términos establecidos en esta ley», evitando los términos anteriores.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

En relación con el consentimiento informado, aunque está ampliamente citado en la iniciativa legislativa, afirman que «no recoge ningún tipo de salvaguarda ni procedimiento para que el mismo sea accesible e inclusivo y ofrezca todas las garantías a las personas con discapacidad que quieran ejercer este derecho».

Para resolver esta cuestión, la plataforma representativa de la discapacidad en España plantea la incorporación a la ley de una disposición adicional específica sobre personas con discapacidad que recoja que «en los procedimientos que hayan de seguirse en virtud de lo establecido en esta ley para solicitar y recibir ayuda para morir, cuando se trate de personas con discapacidad, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales que resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas».

Asimismo, el CERMI pide que se indique explícitamente que se facilitarán «las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y de los demás derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico».

De igual modo, insta a que se establezca que «las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tendrán garantizados los derechos, recursos y medios de apoyo establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas».