El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este lunes ante el presidente, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es "imposible" que el archipiélago pueda afrontar por sí mismo la crisis migratoria que ha hecho que sólo en lo que va de año más de 10.000 subsaharianos y magrebíes hayan arribado a las costas isleñas en cayucos y pateras, por lo que ha insistido en la reclamación de una respuesta solidaria de la UE con España y del Estado con la Comunidad Autónoma.

"Hay que caminar más y mejor en algo en lo que tenemos que mejorar muchísimo, que es la inmigración irregular. Al gran acuerdo europeo del 21 de julio le faltó esta pata clave, y es una respuesta solidaria por parte de la UE al fenómeno migratorios", dijo.

Durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, el canario recordó que las islas tenían unos pocos centenares de plazas de acogimiento y en lo que va de año han llegado más de 10.000 inmigrantes, un 900% más que en 2019.

"CANARIAS ES TAN EUROPA COMO MADRID, PARÍS Y BRUSELAS"

Canarias es tan Europa como Madrid, París y Bruselas. Por lo tanto, debe haber una respuesta solidaria, y lo pedí con urgencia, al fenómeno migratorio que no puede empezar y terminar en la frontera sur, como es Canarias", resaltó.

El presidente hizo especial hincapié en que una Comunidad Autónoma fragmentada en ocho islas y que no tenía plazas de acogimiento de inmigrantes no puede afrontar sola la crisis migratoria.

Por su parte, recordó que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitará Canarias y Marruecos en las próximas semanas y que el mismo Torres ha solicitado viajar también al país vecino.

Aquí, señaló que en una reciente reunión con el Cónsul de Marruecos, éste le comentó que probablemente entre el 6 el 8 de noviembre se abra el espacio aéreo, lo que permitiría llevar a efecto las repatriaciones.

"Es imposible que una Comunidad Autónoma pueda abordar por sí sola el 80% de la inmigración que está llegando en pateras y cayucos una vez que han cambiado las vías de salida de África", resaltó para reclamar una respuesta solidaria de la UE con España y del conjunto de Estado con Canarias.

El fabricante de vehículos BMW y la compañía china Alibaba Group, dueña de la tienda 'online' AliExpress, han firmado un memorando de entendimiento para crear una alianza estratégica que promueva su transformación digital.

Tal como han anunciado ambas compañías, gracias a esta colaboración, BMW y Alibaba lanzarán conjuntamente las primeras plataformas de venta de vehículos y servicios 'online' que involucren a los concesionarios para crear una experiencia digital "integral".

En el futuro, el tráfico de la web se dirigirá a los concesionarios de BMW para crear más oportunidades de negocio para ellos. Además, con la ayuda del sistema de afiliación de Alibaba, BMW y Mini crearán servicios de afiliación de marcas y campañas de marketing en las diversas plataformas 'online' de Alibaba para mejorar la lealtad de los clientes, aumentar su nivel de actividad e impulsar el crecimiento de su negocio.

"Los clientes podrán adquirir 'online' vehículos de BMW y Mini, inscribirse con un solo clic como miembros de la comunidad de las marcas para obtener beneficios exclusivos, así como hacer reservas para servicios que incluyan pruebas de conducción, reparación o mantenimiento con el apoyo de los concesionarios", han explicado las dos compañías.

Así, adhiriéndose al principio de "ventajas complementarias y cooperación beneficiosa para ambas partes", las dos empresas aprovecharán sus propios recursos y llevarán a cabo una amplia cooperación en materia de marca, comercialización, canales operaciones integrales, servicios y tecnología de la información, entre otros elementos, con el fin de aplicar la estrategia de digitalización en todo el proceso comercial de BMW y permitir a los distribuidores proporcionar una experiencia digital integral.

"La colaboración entre diferentes sectores de actividad y el intercambio de innovación abierta son indispensables para acelerar la transformación digital en curso de nuestra empresa. Como una de las firmas tecnológicas líderes en China, Alibaba tiene competencias únicas en términos de tecnologías digitales, plataformas y canales de clientes a gran escala", ha subrayado el presidente de BMW en China, Jochen Goller.

Por su parte, el vicepresidente de Alibaba y secretario de Servicios Empresariales para la Economía Digital, Jet Jing, ha destacado que BMW será el primer fabricante en aprovechar el Alibaba Business Operating System*(ABOS), lo que le ayudará a acelerar sus operaciones digitales.

El representante del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi, ha lamentado la "dejación" de los sucesivos gobiernos españoles a la hora de asumir las "responsabilidades políticas y jurídicas" que arrastra como antigua potencia colonial del Sáhara Occidental y ha reclamado "valentía" para solventar la parálisis actual.

El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y, con la renovación del mandato de la misión de la ONU (MINURSO) por parte del Consejo de Seguridad, el foco vuelve a los primeros actores implicados en este litigio, en el que no se han registrado avances tangibles en estas últimas décadas.

"El hecho de que la potencia colonial no haya cumplido con sus deberes y compromisos y que el territorio haya sido objeto de una agresión y ocupación extranjera no puede justificar la dejación de España en asumir sus responsabilidades políticas y jurídicas", ha lamentado Arabi en una declaración remitida a Europa Press.

El delegado saharaui ha afirmado que todos los gobiernos españoles, independientemente de sus siglas, se han visto "atrapados" entre una opinión pública que "apoya la autoderminación", según Arabi, y el temor a que cualquier "presión" sobre la monarquía marroquí derive en problemas en las relaciones bilaterales.

Esta diatriba ha derivado en que "el Gobierno de España no se ha implicado de manera determinante para buscar una solución al conflicto" y haya terminado invalidándose como potencial intermediario, dada la "percepción internacional" de que "apoya activamente" el plan de autonomía presentado en 2007 por Rabat.

POSICIONES INVARIABLES

El Frente Polisario, que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reivindica un plan que contemple la independencia, frente a la oferta marroquí de una autonomía limitada. Las posiciones siguen invariables desde el plan de paz suscrito en 1991.

"El Frente Polisario y el pueblo saharaui llevan 29 años esperando pacientemente la aplicación de este plan por parte de la MINURSO para poder ejercer su derecho a la autodeterminación e independencia reconocido internacionalmente", ha recalcado Arabi, que ha atribuido dicho fracaso no solo a los "obstáculos" de Marruecos sino también a la "inacción" de la comunidad internacional.

"España, que sigue siendo aún la potencia administradora del territorio, debe asumir sus responsabilidades políticas y jurídicas y, con valentía y firmeza, exigirle a Marruecos el cumplimiento de la legalidad internacional", ha insistido el delegado.

SIN ENVIADO ESPECIAL

La ONU y, en particular, su secretario general -ahora António Guterres-, ha dejado históricamente en manos de un enviado especial la responsabilidad de tantear a las partes. Sin embargo, la dimisión de Horst Koehler en mayo de 2019 ha dejado el puesto vacante, sin que Guterres haya anunciado el nombre del sucesor.

Arabi ha considerado "necesario" que haya un enviado especial por su implicación directa, ya que a él compete reunirse con "todos los actores implicados" y elaborar informes a partir de "hechos constatados y fehacientes". En este sentido, ha recordado que bajo la mediación de Koehler el Polisario y el Gobierno de Marruecos celebraron dos reuniones.

El delegado saharaui ha afirmado que Koehler se encontró "muchas trabas" para el desarrollo de su misión, "obstaculizado y claramente saboteado por la actitud del Gobierno francés en el Consejo de Seguridad" de Naciones Unidas. Asimismo, ha considerado que le pasó factura no dejarse "instrumentalizar" para posicionarse contra la independencia.

"Desde su dimisión, no se han podido retomar las negociaciones entre las partes y la zona conoce una situación de tensión y provocación inusuales por parte de Marruecos", ha añadido Arabi, que ha citado como ejemplo de estas tensiones la situación en el paso de Gerguerat.

Este escenario "amenaza seriamente el alto el fuego", ha advertido, para acto seguido recriminar a las autoridades marroquíes que quieran construir una carretera asfaltada en una "franja de amortiguación" junto a la frontera con Mauritania. Arabi ha alegado que la "brecha" abierta en la zona es "ilegal" y tiene por objetivo "saquear" por tierra lo recursos naturales del Sáhara Occidental.

Ciudadanos asume que el estado de alarma deberá estar vigente en España a "largo plazo" para que se puedan adoptar medidas de lucha contra el coronavirus dentro de un marco jurídico "estable", pero exigirá al Gobierno que el presidente, Pedro Sánchez, comparezca periódicamente en la Cámara Baja para rendir cuentas sobre la gestión de la pandemia.

Así lo ha explicado este lunes el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en una rueda de prensa telemática en la sede del partido tras la reunión del Comité Permanente. Tras el Consejo de Ministros celebrado este domingo, en el que se aprobó el estado de alarma para toda España y la aplicación de un toque de queda nocturno, Sánchez solicitó apoyo a los grupos parlamentarios para prolongar la medida esta misma semana hasta el 9 de mayo.

"Entendemos esta declaración del Gobierno de que necesitamos un marco estable de seguridad jurídica para que se puedan ir adoptando estas medidas a largo plazo porque la pandemia no va a terminar en quince días", ha declarado Bal.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES "IRRENUNCIABLE"

Sin embargo, considera "absolutamente imprescindible", por "salud democrática", que el jefe del Ejecutivo "acuda periódicamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de cómo va la lucha contra la epidemia, el nivel de contagios, las medidas que adoptan las comunidades autónomas o si se van a endurecer las restricciones de derechos fundamentales o se pueden flexibilizar.

Esto es lo que reclamará Cs al negociar con el Gobierno su apoyo al estado de alarma, que le gustaría que se aprobara en el Congreso "con un amplio consenso". Aunque Inés Arrimadas ya ofreció a Sánchez los votos de su partido el viernes pasado, el objetivo de la formación naranja ahora es "mejorar" el decreto ley aprobado por el Gobierno, para lo cual Bal ya ha empezado a hablar con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Lo que no ha aclarado el portavoz parlamentario es si Ciudadanos se negaría a respaldar una prórroga de seis meses, después de que Arrimadas haya dicho que ese periodo le parece "excesivo" y que intentará que sea "mucho menor".

Según ha indicado, tratarán con el Ejecutivo la duración de la prórroga y la exigencia "irrenunciable" de rendición de cuentas por parte del presidente. Además, le insistirán en la necesidad de un "plan nacional" contra el coronavirus y pedirán ayudas para los sectores económicos más afectados por las restricciones.

COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS RECURSOS SANITARIOS

Como parte de ese plan nacional, Cs reclamará que el Gobierno central "se responsabilice" y asuma su función de coordinar las competencias autonómicas en materia sanitaria para que haya "una respuesta única" a la pandemia, no 17 diferentes.

Asimismo, pedirá que una autoridad nacional "coordine los recursos sanitarios de las comunidades autónomas" para que, si alguna de ellas llega a tener saturados los hospitales, se pueda redistribuir a los pacientes a centros de otras regiones.

Por otro lado, Bal ha defendido el estado de alarma como un instrumento "eficaz" para frenar la expansión del virus en un momento en que la pandemia "se encuentra descontrolada porque el Gobierno ha llegado tarde".

Cree que ahora hay que tomar medidas "contundentes" como el toque de queda nocturno que suponen una limitación de derechos fundamentales -como la libertad ambulatoria o el derecho de reunión- y, por tanto, "no hay otro remedio que declarar el estado de alarma".

NO "ENGAÑAR A LA GENTE" RESPECTO AL MARCO JURÍDICO

Tras destacar que, según la Constitución, los derechos fundamentales solo se pueden regular por ley orgánica, ha rechazado la opción de modificar la legislación para aplicar las mismas medidas que con el estado de alarma pero "cambiando el nombre" del marco jurídico, porque sería "engañar a la gente".

A su juicio, la idea de reformar la Ley General de Sanidad de 1986 -como plantea el PP- tenía sentido cuando las medidas contra la expansión del virus no iban más allá de cierres perimetrales de ciertos territorios o limitar el aforo de los establecimientos y los comercios, pero no sirve para el toque de queda.

En este contexto, Bal ha aclarado que el "plan B" que Ciudadanos pactó con el Gobierno hace meses no era "para que nunca jamás se aplicara el estado de alarma".

Según ha recordado, gracias a esa negociación se introdujo la declaración de actuaciones coordinadas entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas en materia sanitaria y se determinó que fueran los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional los que ratificasen o rechazasen las medidas adoptadas por los gobiernos.

Además de eso, Ciudadanos ha solicitado al Gobierno que reforme la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad, para dotarla de más medios personales y materiales y reforzar la coordinación con las comunidades autónomas, y Bal cree que también se podría mejorar la eficacia de la declaración de actuaciones coordinadas, por ejemplo sometiéndola a la ratificación de la Audiencia Nacional.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha considerado que el estado de alarma "debe dar la mayor cobertura posible a medio plazo" y que "no se puede estar cada 15 días renovando el instrumento" a expensas de "distintos movimientos políticos que puedan entorpecer la seguridad sanitaria".

Así se ha pronunciado el presidente en rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes Autonómicos, donde ha considerado que es "importante" que esta medida "se consolide cierto tiempo", y ha puesto como ejemplo la propuesta valenciana del toque de queda, que será hasta el 9 de diciembre.

Puig ha considerado que esta duración del estado de alarma "no exime de control parlamentario ni de fiscalización", y ha manifestado que "no se puede actuar de manera cortoplacista".

"Es cierto que hubo muchas dificultades en su momento para llevar a cabo el objetivo del Gobierno que era acabar el estado de alarma en junio", ha manifestado, y ha considerado que "no se puede decir una cosa y la contraria": "Los que dicen que esta transición se hizo demasiado rápida, ahora resulta que dirán lo contrario, es una contradicción que no se puede asumir".

"PARAGUAS MÁS POTENTE"

Sobre el nivel de emergencia sanitaria de la Comunitat, Puig ha recordado que hasta el 9 de diciembre sigue en vigor las restricciones que entraron en vigor este sábado, una resolución que la Conselleria de Sanidad ha presentado al TSJCV para que sea ratificada. "Estos son los límites que hay", ha recalcado, aunque ha destacado que el estado de alarma supone un "paraguas más potente" a las medidas de la Generalitat.

Por ello, ha insistido en que desde la "serenidad" se pueda generar "un marco lo más estable posible".

El líder del PP, Pablo Casado, ha condicionado este lunes su apoyo al estado de alarma a que no dure más de ocho semanas, lo que permitiría "salvar" la campaña de Navidad, y a que se apruebe "de una vez" un marco legal a través de una modificación de la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de Salud Pública que podría estar lista ya en diciembre. Tras asegurar que se trata de una "oferta generosa", ha dicho que espera volver a hablar esta misma semana de este asunto con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha inaugurado el Rey, Casado ha planteado limitar el plazo de aplicación de esta medida excepcional que, a su juicio, "no puede superar en ningún caso las ocho semanas". Además, ha señalado que el estado de alarma debe estar sometido al control parlamentario y no basta con una comparecencia semanal del ministro de Sanidad en comisión.

Así se ha pronunciado después de que el presidente del Gobierno haya planteado un estado de alarma por un periodo de seis meses, hasta el 9 de mayo. En ese decreto se concede a los presidentes autonómicos ser la autoridad delegada en sus territorios, lo que permitirá a las autonomías confinar total o parcialmente.

LOS REPAROS DEL PP AL DECRETO DEL GOBIERNO

Tras asegurar que el PP estos meses ha "tendido la mano" al Gobierno y "lo va a seguir haciendo", ha dicho que, después de conversar este domingo con el presidente del Gobierno, espera que esta semana tengan la "oportunidad" de volver a hablar.

Eso sí, el líder del PP ha afirmado que volver a declarar el estado de alarma es la "constatación de un gran fracaso" después de que el Ejecutivo admitiera públicamente el 5 julio que "se había derrotado el virus y que se podía salir de vacaciones y abrazar la nueva normalidad. A su entender, "está claro que o no se dijo la verdad o había otra agenda oculta más allá de dar una visión real de lo que estaba pasando" en España.

Además, ha advertido a Sánchez que "no resulta muy adecuado" que se diga que las autoridades competentes van a ser las comunidades autónomas cuando, según ha recalcado, el responsable en materia de pandemias es el Gobierno de la nación. A su juicio, no puede "parapetarse" detrás de las autonomías para que haya 17 mandos sanitarios y respuestas a un virus que no entiende de fronteras administrativas.

Casado ha defendido que el estado de alarma esté sometido al control parlamentario y ha advertido de que "no se puede sustituir" con la comparecencia semanal del ministro en comisión porque "allí no se puede votar ni plantear propuestas de resolución" ante esa limitación de derechos fundamentales.

El presidente del PP ha indicado además que hay aspectos del decreto del Gobierno que podrían ir contra la propia Constitución como "agredir la separación de poderes al decir que no habrá control jurisdiccional en los actos de limitación de derechos fundamentales".

También ha subrayado que el decreto "contraviene las recomendaciones" de la Comisión Europea, la última firmada en mayo por el propio Pedro Sánchez y en la que se señala que la excepcionalidad constitucionalidad debe durar lo menos posible y acudir a la legislación ordinaria.

Tras estos cinco consideraciones, Casado ha advertido a Sánchez que, si quiere recabar el "apoyo mayoritario de las Cortes" y "una dirección conjunta entre las principales fuerzas políticas", el PP pone sobre la mesa dos exigencias.

LOS PUENTES Y "SALVAR" LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

La primera, ha explicado, pasa por "limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional" para que no supere las ocho semanas "en ningún caso". Según ha agregado, eso permitiría que en el campo jurídico hubiera un encaje jurisprudencial duplicando el marco que ratificó el Tribunal Constitucional para la crisis de los controladores, que fue de un mes.

En el ámbito sanitario, ha dicho que en ocho semanas se permitiría que la curva de contagios se pueda "estabilizar" y que se pueda "limitar la movilidad en los tres principales puentes que va a haber", el del Día de Todos los Santos, el de la Almudena en Madrid y el puente de la Constitución a primeros de diciembre.

En el campo económico, ha señalado que esas ocho semanas ayudarían a "salvar" la campaña navideña. "Y queremos dar cierta tranquilidad a los españoles, sobre todo a los mayores, que ven con mucha preocupación y casi depresión que no puedan tener movilidad y recibir a sus familias de aquí al 9 de mayo", ha enfatizado.

Como segunda exigencia para que el Grupo Popular apoye el estado de alarma en el Congreso ha citado "acometer de una vez el plan B jurídico", que sería un "marco alternativo a la excepcionalidad constitucionalidad" como su partido viene reclamando desde abril.

De hecho, ha recordado que el PP ya registró en agosto en la Cámara Baja una iniciativa en ese sentido con el objetivo de modificar de forma urgente la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de Salud Pública.

Según ha explicado, esa modificación legal se podría hacer en un trámite urgente de unas ocho semanas, de forma que a "mediados de diciembre ya habría una legislación en vigor y no tendrían que estar dependiendo de la ratificación" de las medidas restrictivas por parte de los tribunales.

"POR MI PARTE NO FALTARÁ PATRIOTISMO"

Casado ha afirmado que se trata de una "oferta generosa" que duplica lo que el PP ya considera un "límite básico" del plazo de un mes que ratificó la jurisprudencia. A su entender, "todos" deben ser "responsables" para que lo que se apruebe en la Cámara Baja "sean cuestiones sensatas y contribuyan a la prosperidad española".

"Por mi parte no faltará colaboración, no faltará patriotismo, no faltará un intento de que rememos unidos. Solo remando unidos avanzaremos, si no estaremos dando vueltas como una barca que solo mueve uno de los remos. Por nuestra parte no va a quedar", ha enfatizado el líder del PP, que ha aprovechado para poner encima de la mesa propuestas como la rebaja del IVA de las mascarillas y que se realicen pruebas PCR en los aeropuertos y las grandes estaciones de ferrocarril.

Casado ha afirmado que ya estaban avisados de esta segunda ola y ha afeado al Gobierno el "triunfalismo" y la "negación de la colaboración del adversario", algo que, a su juicio, ha sido "letal". A su entender, ahora se trata de ir a "una respuesta mucho más quirúrquica, pero con un mando único y no fragmentando la respuesta para eludir responsabilidades". "Hay que hacer una cogobernanza real en la eficacia y en la seguridad jurídica", ha apostillado.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla endurecerá a partir de este lunes el toque de queda en Melilla al adelantar de las 23,00 a las 22,00 horas de la noche la prohibición de circulación y adelantará el cierre de los establecimientos de alimentación de las 22,00 a las 21,00 horas, según ha anunciado el consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand (PSOE).

El Ejecutivo melillense que integran PSOE, Cs y CPM se reunió de urgencia tras el Consejo de Ministros del domingo que decretó el estado de alarma y está previsto que se vuelvan reunir a lo largo de este lunes "para abordar la aplicación de otras medidas de las previstas en el Real Decreto de declaración del estado de alarma".

Mohamed Mohand ha confirmado que la Ciudad adelantará a partir de este lunes la restricción de movimientos en una hora más y mantendrá en las 06,00 la hora del final de lo que el Gobierno melillense llama "confinamiento nocturno".

Por último, el Gobierno de la Ciudad ha recordado que sigue vigente la Orden de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, dictada el pasado 14 de octubre, en el que se recoge el cierre total de la hostelería, el cierre del comercio a las 20,00 horas salvo los de alimentos, la prohibición de bodas, bautizos y comuniones y la limitación de reuniones a un máximo de seis personas, por un periodo de 15 días prorrogables.

PROTESTA HOSTELERÍA

Cientos de hosteleros de Melilla han protestado este lunes contra el cierre total que sufren desde el pasado domingo 18 de octubre y han denunciado que la Policía Local y los Agentes de Movilidad han recibido la orden por parte del Gobierno de la Ciudad de no permitirles llegar con su caravana de protesta hasta la puerta el frontal del Ayuntamiento.

Un portavoz ha explicado que los agentes les han obligado a desviar su trayectoria cuando se dirigían con su caravana automovilística a la puerta del Palacio de la Asamblea para expresar con una sonora pitada su rechazo al cierre total de cafeterías, bares, restaurantes y octubre.

Al respecto, han destacado que el malestar entre los empresarios y trabajadores de la hostelería, cientos que han tomado parte en la caravana automovilística, "ha sido enorme" ante lo que consideran "un atropello" a sus reivindicaciones, al sostener que han sido el sector "escogido" para responsabilizar del aumento de los casos de coronavirus en Melilla, "cuando todos los estudios existentes señalan que la hostelería es el gremio donde menos contagios se han producido, en comparación con el ámbito familiar o social, con fiestas privadas o aglomeraciones en otros eventos".

No obstante, minutos más tarde, los hosteleros de Melilla han sorteado el bloqueo policial que ha impedido que su caravana automovilística llegar a la puerta del Ayuntamiento y lo han logrado yendo a pie hasta el frontal del Palacio de la Asamblea, donde han gritado la consigna de "¡Libertad para la hostelería!".

Asimismo, han estado cruzando el paso de cebra para hacer notar malestar por el cierre total de sus locales desde hace ocho días, un cierre que exigen que se anule de inmediato con restricciones de otro tipo, como limitación de aforo y horarios de cierre acorde con el estado de alarma.

Una delegación de la Asociación de Hostelería ha conseguido que el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro (Cs), nada más terminar su participación en la Conferencia de Presidentes con Pedro Sánchez y demás líderes autonómicos, un encuentro cuyo resultado aún no ha trascendido.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado sendas resoluciones dictadas los pasados meses de enero y marzo por las que el instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, acordó mantener las órdenes nacionales, internacionales y europeas de detención contra el expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y los exconsejeros también huidos Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

Mantiene también su petición de suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda la inmunidad correspondiente a los europarlamentarios Puigdemont y Comín.

En las resoluciones dadas a conocer este lunes, la Sala de Apelación del alto tribunal desestima los recursos planteados por los cuatro recurrentes contra los citados autos, en los que solicitaban que se dejasen sin efecto dichas órdenes de detención que consideraban incompatibles con las inmunidades que les corresponden como eurodiputados al expresident y a Comín.

El pasado miércoles, la Fiscalía y la Abogacía del Estado defendieron en vista pública a competencia y argumentos utilizados por Llarena. Por su parte, la defensa de los líderes independentistas argumentó la falta de competencia del instructor por no tratarse ya de aforados -ya no son miembros del Parlament ni del Gobierno de la Generalitat- y porque considera que el órgano emisor de todas las peticiones debería haber sido el Ministerio de Justicia.

Tan sólo unos días después, el Supremo contesta que, teniendo en cuenta que los recurrentes han sido procesados por hechos que pueden ser constitutivos de delitos graves y que se han posicionado en situación de rebeldía, "las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión han de considerarse justificadas, al ser absolutamente necesarias en orden a asegurar la acción de la Justicia, que no solo exige la posibilidad de practicar diligencias, sino garantizar que los procesados se encuentren a disposición del tribunal".

Asimismo, explica que la existencia de las órdenes de detención que se impugnan no han impedido a los recurrentes alcanzar la condición efectiva de europarlamentarios, ni tampoco asistir a las sesiones del Parlamento.

EL AFORAMIENTO LLEGÓ DESPÚES DE LAS ÓRDENES DE BUSCA

La Sala analiza el alcance de las inmunidades y subraya que los recurrentes olvidan que en este caso "no se trata de la emisión de una orden de detención contra un europarlamentario, sino de la adquisición de esa condición por unas personas contra las que, con anterioridad a ese momento, se habían emitidos órdenes de detención, por la presunta comisión de hechos que podían ser constitutivos de graves delitos".

Y, en esas circunstancias, -indica la Sala- el TJUE entendió, en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, que es posible que un tribunal interno, si lo considera necesario, mantenga la situación de prisión provisional previamente acordada respecto de una persona que ha adquirido con posterioridad la condición de europarlamentario, siempre que, a la mayor brevedad solicite al Parlamento la suspensión de la inmunidad.

A este respecto, el Supremo afirma este lunes que eso es precisamente lo que se ha hecho en la presenta causa, en la que, manteniendo las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, ya se ha solicitado del Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de los recurrentes que tienen la condición de europarlamentarios y que se encuentran en el territorio de otro Estado miembro.

La Sala recuerda que el procesamiento de los recurrentes se acordó antes de que adquiriesen la condición de miembros del Parlamento europeo.

En esta línea, afirma que "no se aprecia contradicción con el derecho europeo, en la medida en que en el derecho interno se reconocen a los europarlamentarios las mismas inmunidades de los parlamentarios nacionales, y que, es el propio derecho europeo el que se remite a la regulación de cada Estado. Tampoco con la finalidad reconocida a las inmunidades, ya que no puede considerarse persecución arbitraria perturbadora de la función del Parlamento la acción de la justicia de un Estado miembro, iniciada con mucha anterioridad a la adquisición de la condición de parlamentario y por hechos que nada tienen que ver con sus funciones como tal", añade.

El tribunal señala además que la finalidad de la inmunidad es garantizar que el eurodiputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecuciones políticas arbitrarias, operando como una garantía de la independencia e integridad del Parlamento.

"Pero no tienen como finalidad establecer una absoluta inmunidad frente a la acción de la Justicia, con mayor razón cuando se trata de hechos y de procesos anteriores a la adquisición de la condición de europarlamentario, y sin que aquellos presenten relación alguna con las funciones que se le asignan como tal. Dicho de otra forma, la acción justificada de la Justicia no puede ser valorada como una persecución política arbitraria", subrayan los magistrados.

En consecuencia, concluye que no puede valorarse de igual forma la situación de quien es perseguido judicialmente después de ser elegido parlamentario, que la de quienes, habiéndose incoado ya el procedimiento penal por hechos no relacionados con aquellas funciones, adquiere después aquella condición.

En sendas resoluciones que dictó en pasado mes de enero, Llarena ratificó la orden de detención en territorio español, donde si los líderes independentistas fueran arrestados no les alcanzaría la inmunidad al estar ya procesados y no se requeriría suplicatorio.

Asimismo, pidió a Bélgica que dejara sin efecto los plazos para resolver sobre las euroórdenes hasta que el Parlamento Europeo decida sobre los suplicatorios, algo que nueve meses después aún no se ha producido.

El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha anunciado este lunes que los cuatro diputados del partido que tienen en el Congreso, adscritos en el grupo de JxCat, votarán a favor del decreto del estado de alarma ante la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

En rueda de prensa telemática, ha explicado que esta es la posición del PDeCAT, sin aclarar si lo han hablado o comunicado al resto de diputados del grupo de JxCat, que encabeza Laura Borràs.

Sobre si el estado de alarma debe prorrogarse durante seis meses, Solsona ha advertido de que el estado de alarma es necesario dada la gravedad de la situación, y que ya analizarán "una por una" las prerrogativas que conlleva.

También ha pedido al Govern reconsiderar las medidas impuestas sobre bares y restaurantes, y que tenga una "visión de país y no sólo tome medidas pensadas en la Cataluña ciudad, que es Barcelona".

VISIÓN "MUY DE BARCELONA"

"En las medidas aprobadas hay un componente de visión de área metropolitana, muy de Barcelona", ha reprochado el también alcalde de Mollerussa (Lleida), que ha defendido que Cataluña es asimétrica y tiene realidades y densidades diferentes de población.

Para Solsona, la gestión de la pandemia es una cuestión de salud pública y no sólo de seguridad, por lo que no entiende que la consellera de Salud, Alba Vergés, no compareciera el domingo para explicar las medidas necesarias que deben implementarse en salud pública.

Además, ha acusado al Govern de especular al lanzar "globos sonda, que no se concretan durante la semana, y que generan incertidumbre" a la población y muchos sectores económicos que, ha advertido, están al límite de la supervivencia.

"Hay que intentar no generar más incertidumbre, sólo certezas. Evitemos las especulaciones y los globos sonda", ha reclamado Solsona, motivo por el que no ha querido pronunciarse sobre si están a favor de un confinamiento domiciliario durante los fines de semana, como ha puesto sobre la mesa este lunes la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó.

La ministra de Política Territorial y Función Publica, Carolina Darias, se ha mostrado firme en la voluntad del Ejecutivo central de establecer en seis meses la prórroga del estado de alarma ante la exigencia del líder del PP, Pablo Casado, de que dure tan solo ocho semanas.

"Hago un llamamiento a que el PP no ponga condiciones", ha pedido Darias a Casado durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes. El líder de los 'populares' ha supeditado su apoyo a este decreto del estado de alarma a que tan sólo dure ocho semanas y se reforme la Ley del 86.

En esta intervención, la ministra de Política Territorial ha subrayado las palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que el Gobierno trasladará al Congreso la necesidad de que el estado de alarma dure seis meses porque, según ha defendido, es el tiempo que recomiendan los expertos y va en línea de las decisiones del resto de países europeos para controlar la pandemia.

Eso sí, según ha explicado la ministra, se trata una propuesta con una duración máxima, pero dependerá de la evolución de la pandemia si se levanta antes.

Un cayuco con 167 personas a bordo ha llegado este mediodía al puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, tras ser escoltado por la salvamar 'Alpheratz' de Salvamento Marítimo.

Según han informado fuentes del organismo público, la embarcación fue detectada por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) a unas ocho millas al sur de Punta Rasca.

El Centro de Control de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la salvamar 'Alpheratz', que procedió a la localización del cayuco y lo escoltó hasta Los Cristianos.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha advertido de la posible amenaza en el nuevo ciclo hidrológico si se impone un "ecologismo radical" frente al equilibrio entre el medio ambiente y la satisfacción de las demandas de agua que los regantes defienden y que, según aseguran son capaces de multiplicar casi por cinco veces la generación de riqueza del sector frente al secano.

En este sentido, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo ha mostrado su preocupación por el "ecologismo radical" porque se centra exclusivamente en objetivos ambientales sin considerar ni evaluar los efectos sobre las demandas existentes, en estos momentos en los que se está elaborando la tercera fase de planificación hidrológica.

"Todas las actividades económicas necesitan agua, por lo que reducir la disponibilidad y las garantías perjudicará a la economía, el empleo y la ordenación del territorio. Por ello, debemos encontrar un equilibrio razonable que permita armonizar el buen estado de nuestras masas de agua con la satisfacción de las demandas", ha explicado Andrés del Campo.

En relación con esto, Fenacore ha recordado su colaboración en la fijación de caudales ecológicos en los planes hidrológicos de cuenca aprobados en los ciclos anteriores de planificación y su cooperación con los Organismos de Cuenca en favor de la recuperación de las masas de agua.

La institución defiende que el sector multiplica por 4,8 la generación de riqueza y por 4,5 la creación de empleo, en comparación con el secano. En este sentido, señala que el regadío ayuda al desarrollo de todo un conjunto de sectores económicos relacionados con el mismo, como las empresas de suministros y maquinaria agrícola o la agroindustria o transportes.

Además, también ha subrayado el papel que tiene el regadío en la lucha contra la despoblación de la España rural, tal y como se señala en la quinta alegación que han formulado a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes del tercer Ciclo de Planificación, que son los documentos intermedios en el proceso de planificación y están sometidos a consulta pública hasta finales de esta semana.

Esta reivindicación se ha producido tras la petición al gobierno de incluir 5.200 millones de euros en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española para modernizar el millón de hectáreas que todavía quedan pendientes, alegando que estas obras casan "perfectamente" con los objetivos marcados por las autoridades comunitarias para conceder los fondos europeos.

En especial, a la hora de fijar la población en los pueblos y de cohesionar, vertebrar y ordenar el territorio, ya que genera una fuerte demanda de mano de obra y favorece la actividad comercial.

Por ello, la institución recalca que trece de las quince provincias que más población han perdido durante los últimos diez años son las que menos superficie regada tienen y entre las provincias que mantienen o crecen en población abundan las que cuentan con mayores proporciones de cultivos de regadío.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha tomado parte este lunes en una nueva Conferencia de Presidentes Autonómicos con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, que ha girado exclusivamente en torno a los fondos europeos Next Generation y que ha contado con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En su intervención, la presidenta de Navarra, quien ha agradecido a Von der Leyen y Sánchez "la posibilidad de compartir un debate en torno a la recuperación de Europa", ha considerado que los fondos europeos Next Generation "constituyen una oportunidad clave no sólo para superar la situación de crisis originada por la pandemia sino también para acelerar esas transformaciones de la economía foral que se consideraban necesarias".

María Chivite ha reiterado que Navarra "se encuentra en una buena posición para recabar fondos europeos porque el Plan Reactivar Navarra, en el que se sustentan los retos de la legislatura, está bien enfocado hacia los ejes de digitalización, política medioambiental y cohesión territorial y social sobre los que pivota la estrategia europea de la Agenda 2030".

En concreto, la presidenta del Ejecutivo navarro ha manifestado que este plan "ahonda en las señas de identidad de la Comunidad foral como las energías renovables, donde ha sido pionera y ahora incorporará también la potenciación de la línea del hidrógeno verde, o el sector industrial y en concreto de la automoción, en los que ya se está trabajando en la digitalización y en la sostenibilidad".

Igualmente, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado, la presidenta Chivite ha recibido "una respuesta positiva de la presidenta Von der Leyen a la importancia de la gestión de proyectos transfronterizos, como los ya existentes en colaboración con Pirineos Atlánticos o Nueva Aquitania".

UN PROYECTO "ENTRE TODOS"

Asimismo, María Chivite ha destacado que "en Navarra también es importante cómo estamos afrontando esta reactivación económica, ya que lo estamos haciendo desde un modelo de gobernanza que aglutina a los agentes económicos y sociales, las asociaciones empresariales, las universidades y centros de investigación, el tejido del tercer sector y las entidades locales, cuyo papel va a ser determinante garantizando que la ejecución de los proyectos conlleve esa cohesión territorial que perseguimos".

Finalmente, la presidenta de Navarra ha anunciado que el Gobierno foral "está estudiando ya las reformas normativas necesarias para que los fondos europeos se gestionen con agilidad y eficacia".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha calificado este lunes de "fracaso como país" que se haya tenido que aprobar el estado de alarma a nivel nacional "tan tarde" con los datos que se están registrado de casos de Covid-19.

"En esta segunda ola es inaceptable, es desde luego un fracaso como país, que hayamos tenido que asumir un estado de alarma tan tarde con los datos que estamos teniendo a nivel nacional", ha subrayado la vicealcaldesa.

Así, ha señalado que es necesario que se implanten medidas que sean "importantes" aunque ha asegurado que "no es lógico" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiera estar seis meses sin rendir las oportunas cuentas".

Por ello, ha destacado que desde Cs van a "negociar" la duración del estado de alarma ya que ha sostenido que es "lo que demandan los ciudadanos" al apuntar que la prolongación durante seis meses "a día de hoy no se justifica".

Pese a defender poner en marcha restricciones contra el virus, ha afirmado que la economía "se está resintiendo" y que lo que hay que lanzar son "restricciones, sí, pero también medidas de apoyo económico. "Somos de los países que menos están apoyando a las empresas y a los autónomos", ha defendido.

DESPLAZAMIENTOS

En cuanto a los desplazamientos, Villacís ha indicado que hay que ser "conscientes" de que estamos en "plena segunda ola" y que los datos están siendo "nefastos". "Ahora lo que más importa es salvar vidas y tener en cuanto que una acometida a tiempo evitar muchas desgracias a largo plazo", ha señalado en relación a la posibilidad de limitar los movimientos hacia otras regiones.

Por ello, ha resaltado la importancia de ser "excepcionalmente prudentes" en este momento y asumir que "vamos a vivir de esa manera durante los próximos meses".

En cuanto a la apertura durante una hora más de la hostelería, Villacís ha sostenido que es "más difícil contagiarse" en un espacio "inspeccionado" como es un restaurante o un bar, que en las casas que es "incontrolable".

"Se va a optar por esta vía y siempre hay un margen para decidir si se tienen que adoptar más medidas o no", ha apostillado.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, propondrá este lunes en la reunión del comité de crisis de la COVID-19 que se celebrará esta tarde el cierre de Asturias. El jefe del ejecutivo asturiano ofrecerá una rueda de prensa a las 17.00 horas.

En el encuentro participarán el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la alcaldesa de Gijón, Ana González; y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín en el Palacio del Conde de Toreno.

Barbón adoptará esta medida por la necesidad de tomar medidas drásticas que frenen la expansión de los contagios. El jefe del ejecutivo ya defendió en junio que las comunidades con peores datos continuasen en estado de alarma hasta mejorar su situación epidemiológica. Ahora ha sido de los primeros en solicitar la nueva declaración del estado de alarma.

El pasado viernes decretó el cierre perimetral de las tres grandes ciudades asturianas; Oviedo, Gijón y Avilés, y también solicitó una valoración jurídica del Tribunal Superior de Justicia para poder establecer el del toque de queda entre las 0.00 y las 6.00 horas.

Vox cree que el presidente del PP, Pablo Casado, se ha convertido en un miembro más del Gobierno de Pedro Sánchez tras el debate de la moción de censura, con el cargo de "ministro de la oposición", y no ve necesario acercar posturas entre los dos partidos una vez que cada uno ha dejado clara su postura.

Así lo ha expuesto este lunes en rueda de prensa el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, quien cree que en la votación de la moción de censura quedaron "las caretas fuera" y todos los partidos quedaron "perfectamente retratados". "Pedro Sánchez con Bildu y con ERC; y Casado con Sánchez y con Iglesias", ha definido.

Buxadé cree que Casado se unió al Ejecutivo con su discurso e inauguró "el Ministerio número 19". "En el Congreso se vio la España de blanco y negro, de esos que quieren mantener el statu quo, de Kitchen, el CGPJ, Bárcenas, los indultos a los separatistas y la desigualdad entre españoles", ha acusado.

"ENLOQUECIDOS" CON EL DISCURSO DE ABASCAL

Frente a ello, ha ofrecido la alternativa "de ilusión y esperanza" de Vox para hacer posible "otra España". Y ha repasado los principales puntos del discurso del presidente de Vox, Santiago Abascal, en la moción de censura, por el que "muchos enloquecieron" pero que a juicio ofreció un proyecto para cambiar el país.

Entre ellos ha destacado una superación del Estado de las autonomías para garantizar los mismos derechos y obligaciones a todos los ciudadanos, el fin del gasto político supérfluo, "tolerancia cero" con la inmigración ilegal o libertad de opinión. Además, ha negado que se pueda tachar a Vox de antieuropeista y ha explicado que el partido está en contra de un proyecto federal de la Unión Europea en el que los estados pierdan soberanía.

Las caretas cayeron y solo hay dos posibilidades: que todo siga igual y el miedo se imponga en las calles, universidades, colegios, empresas, jueces y medios de comunicación; o una España alegre, de alternativa, ilusión, prosperidad, empleo, empresas, que crece y que se representa a sí misma como una gran nación en Europa, Bruselas y el resto del mundo", ha expuesto.

En este sentido, ha asegurado que Vox tiene muy claro su camino "y no va a cambiar nada" ni habrá ningún acto de "revancha ni venganza" hacia el PP en aquellas regiones en las que gobierna gracias a su voto; aunque ha reconocido irónicamente que ahora será "más difícil" porque la interlocución no será con un partido político sino "con un nuevo ministro".

A POLÍTICA NO SE LLEGA A HACER AMIGOS

A su juicio, no es necesario que Vox y el PP acerquen posturas de ninguna manera ni rebajen la tensión tras la moción de censura. Los dirigentes de Vox seguirán trabajando haciendo una oposición "dura y leal" a sus votantes.

Buxadé también ha restado importancia al sentimiento de Abascal de haber sido traicionado por Casado y ha destacado que a la política no se llega "a hacer amigos". "Hemos venido a defender España, a luchar por un futuro mejor y si alguien quiere dejar de ser tu amigo y además lo hace en público no hay más consideraciones", ha sostenido.

El propio Abascal había reconocido este lunes no haber tenido ningún contacto con Casado tras el debate en el Congreso y ha reconocido que no le apetece hablar con él ni cree que sea necesario.

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha anunciado este lunes la suspensión de forma cautelar de la militancia del hasta ahora portavoz del grupo en la cámara, Eduard Pujol, por "una conducta que podría ser considerada acoso sexual".

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática, después de que la formación haya anunciado este mismo lunes en un comunicado que Pujol ha comunicado a la dirección del grupo la decisión de dejar su escaño por "motivos personales".

Artadi ha explicado que el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, recibió informaciones al respecto sobre esta posible conducta, y ante ello han querido "actuar de forma contundente y urgente".

Así, el presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, junto con otros miembros del grupo se han reunido con Pujol, lo que ha derivado en la decisión de éste último de dejar su escaño en la Cámara.

Sin querer dar detalles sobre lo ocurrido, Artadi ha argumentado que no es el partido el que debe juzgar lo sucedido, pero sí han animado a las personas afectadas a que lo denuncien.

"No tenemos que ser nosotros los que hagamos una investigación interna, debe ser la justicia. Hemos animado a las afectadas a que se dirijan a la justicia", ha aseverado.

Según Artadi, a la formación le toca tomar medidas políticas y acompañar a las personas que han contactado con ellos para que no se sientan "solas", junto con el Institut Català de les Dones (ICD).

Tras advertir de la decisión de Pujol de dejar su escaño no implica asunción de culpabilidad por su parte, ha asegurado que le toca a él dar explicaciones.

"Esto va en la línea de tener tolerancia cero con el acoso sexual y cualquier forma de discriminación en nuestro espacio político", ha recalcado Artadi.

Euskadi, que ha entrado en 'alerta roja' al alcanzar una tasa de incidencia de 527,05 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, ha detectado este pasado domingo 940 nuevos casos positivos en covid-19, lo que supone 72 contagios menos que en la jornada anterior, cuando sumaron 1.012. Asimismo, la tasa de positividad ha descendido hasta el 8,9% sobre el total de 10.580 pruebas PCR y de antígenos realizadas.

Según los datos hechos públicos por el Departamento vasco de Salud, este pasado domingo se han efectuado 10.580 pruebas, por debajo de las 11.088 realizadas el día antes y el porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas ha bajado del 9,1% al 8,8%.

Del total de 940 nuevos casos detectados, Vizcaya es el territorio con más contagios nuevos, 477, por encima de los 443 positivos del día anterior. El mayor número de casos se ha detectado en Bilbao, que suma 165 nuevos positivos en covid (uno más que ayer) y, según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud indica los municipios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, sigue en 'naranja' con una tasa de incidencia de 443,18.

En el territorio vizcaíno, Salud también marca en 'naranja', al situarse entre 300 y 499 la tasa de incidencia, los municipios de Arrigorriaga, Barakaldo, Berango, Derio, Erandio, Etxebarri, Getxo Leioa, Lekeitio, Munguia, Ondarroa, Portugalete, Santurtzi, Sestao Sopela y Trapaga, mientras que el semáforo está en 'rojo' en Abadiño, Abanto y Zierbena, Amorebieta-Etxano, Durango, Elorrio, Ermua, Galdakao, Muskiz y Ortuella.

En Guipúzcoa se ha detectado 381 nuevos positivos, frente a los 459 de la jornada anterior, lo que coloca a este territorio por encima de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes en dos semanas (739,41).

San Sebastián acumula 62 nuevos contagios, 13 menos que la jornada anterior, y la tasa de incidencia alcanza los 545 contagios por 100.000 habitantes. En el territorio guipuzcoano, 29 municipios están en 'rojo', al superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (Andoain, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Mutriku, San Sebastián, Oiartzun, Oñati, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zumaia y Zumarraga), mientras que en otros dos Salud marca 'naranja', Aretxabaleta y Hondarribia.

En Álava los nuevos positivos suman 67, frente a los 99 de la jornada precedente. Vitoria, que baja de 84 a 50 los nuevos contagios, según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud, sigue en 'naranja', con una tasa de incidencia de 366,04, al igual que la localidad de Agurain, que, con dos positivos más, presenta una tasa de incidencia de 434,29.

Otros 15 positivos en covid detectados este pasado domingo corresponden a personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los seis de día precedente.

Con estas cifras, la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en Euskadi en 527,05, con lo que la Comunidad Autónoma Vasca se coloca en 'rojo' al superar los 500 contagios, y la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es superior a 1 (en concreto, 1,46), lo que indica que la incidencia aumenta.

Por territorios, la mayor tasa corresponde a Guipúzcoa, que sigue rebasando la 'línea roja' con 739,41 positivos por 100.000 habitantes en 14 días, mientras que Vizcaya presenta una tasa de 433,04, y Álava registra la menor, 349,12, de forma que ambos territorios se colocan en 'naranja'.

EDADES

Por edades, 356 de los nuevos casos en Euskadi se engloban en el franja entre 40 y 64 años y 239 en la personas de 19 a 39 años. En la población de hasta 18 años se dan 156 casos, en la franja de 65 a 79 años 102 casos y a partir de 80 se han detectado otros 59 positivos.

La mayor tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes corresponde a la población de 19 a 39 años, con una tasa de 648, mientras que la menor se da entre la población de 65 a 79 años, con una tasa de 370,9.

El número reproductivo básico, que mide a cuantas personas contagia cada caso positivo, se ha situado en las últimas horas para el conjunto de Euskadi en 1,23.

En lo que respecta a la situación de las UCI, 76 pacientes con covid permanecen en estas unidades en los centros hospitalarios de Euskadi, dos más que el sábado.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha acusado este lunes a la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, de generar "confusión" por haber apuntado la posibilidad de aplicar un confinamiento de fin de semana, ya que es una medida que todavía no se ha tomado.

En rueda de prensa, Iceta ha pedido al Ejecutivo catalán no especular: "A los gobiernos no les corresponde pensar en voz alta o introducir confusión. Nosotros no valoraremos esta no decisión".

"Para no contribuir a la confusión que declaraciones como estas están generando, yo pediría a todos hacer un esfuerzo de hablar sobre cosas que realmente están sobre la mesa y no de especulaciones que no llevan a ningún lado", ha añadido.

Preguntado sobre las palabras del conseller de Interior, Miquel Sàmper, de que el decreto de estado de alarma es insuficiente y que, entre otras cosas, no facultaría al Govern a imponer un eventual confinamiento diurno, Iceta ha dicho: "Si el Govern cree que se tiene que hacer un confinamiento total y absoluto tendría que decirlo, no especular, porque con eso no contribuimos a la responsabilidad individual y colectiva".

"Yo le diría a Sàmper que digan qué medidas les gustaría tomar que no pueden tomar con esta regulación, así todos lo podríamos saber", ha zanjado.

Por otro lado, Iceta ha ratificado el apoyo de su formación a las decisiones tomadas tanto por el Govern como por el Gobierno, con el estado de alarma y el toque de queda, ya que cree que son medidas "duras", pero que permitirán aplanar la curva de contagios.

También ha subrayado la necesidad de que se dé una colaboración estrecha entre el Ejecutivo catalán y los partidos, y ha reafirmado el compromiso del PSC de estar "al lado del Govern", aunque reclama que las medidas que se tomen vayan acompañadas de compensaciones a los sectores más afectados.

DECLARACIÓN DE LA PERMANENTE DEL PSC

Este lunes el PSC ha publicado la declaración de la Comisión Permanente de su Ejecutiva sobre las decisiones de los gobiernos de Cataluña y España para hacer frente a la segunda ola de Covid-19, en la que, entre otras medidas, piden al Govern reforzar la atención primaria y los servicios de vigilancia epidemiológica.

También exigen que se agilicen los resultados de las pruebas PCR, reforzar el 061 y los mecanismos de información a la ciudadanía, "generar ámbitos de relación permanente con profesionales sanitarios", garantizar la continuidad educativa durante las cuarentenas, o compensar a los sectores afectados con ayudas directas.

Las nevadas han llegado a las montañas de la provincia de Ourense tras una jornada de domingo donde los termómetros no superaron los seis grados. Los primeros copos blancos ya se habían dejado ver en zonas del sureste de la provincia a principios de este mes de octubre, pero sin dejar paisajes nevados como los de esta noche en el ayuntamiento de Manzaneda con una cota de 1300 metros de altitud.

En concreto en la estación de montaña de Manzaneda donde comenzó a nevar pasadas las 17,00 horas del domingo y en poco tiempo cubrió parte de la cima de las instalaciones debido a que la temperatura permaneció por debajo de cero grados y, según Meteogalicia, durante el resto del día no subió de los seis grados centígrados.

Al ser una cota de 1.300 metros de altitud únicamente llegó a afectar a las cumbres de Pena Trevinca, parte del Macizo central y la sierra de Larouco. En todas ellas la Guardia Civil de Tráfico ha mantenido que no ha habido incidencias en la red de carreteras por desplazamientos para estas zonas de nieve al ser una de las opciones de ocio que todavía permanecen sin restricciones, no obstante, han destacado que aún no han comenzado las nevadas propiamente.

Según el Observatorio gallego la cota comenzaría a subir a partir de este martes cuándo está previsto que también suba ligeramente las temperaturas por una entrada de masa de aire húmedo procedente del sur.

La estación de montaña Manzaneda todavía no ha abierto sus puertas para poder disfrutar de estas pequeñas nevadas y es que "tiende a depender de cuándo comienzan las primeras borrascas", han señalado por parte del Ayuntamiento, pero "suele suceder a principios del mes de diciembre coincidiendo con el puente de la Constitución" han apostillado.

Aunque han subrayado que, esto, cada año varía dependiendo de la gestión que se realice en la estación. Debido a un cambio en la directiva de las instalaciones, a las reducciones de aforos, así como a las limitaciones de movilidad aún no se sabe en qué fechas se podrán utilizar este año ni en qué medidas.

Agentes de Policía Foral han detenido recientemente a un vecino del Valle de Egüés de 46 años como posible autor de dos delitos, suplantación de identidad y contra la seguridad vial.

Los hechos se remontan al mes de mayo en Puente la Reina, cuando una patrulla de seguridad ciudadana realizaba un control de desplazamientos durante el confinamiento por el primer estado de alarma.

Al dar el alto a un ciclomotor con dos personas el conductor aportó un DNI en mal estado que resultó ilegible, por lo que los agentes solicitaron verbalmente numerosos datos personales para poder comprobar su identidad con el Centro de Mando y Coordinación.

Los policías comprobaron que no se trataba de un desplazamiento permitido durante el confinamiento, que el vehículo carecía de seguro obligatorio y que además el conductor arrojó resultado positivo en la prueba de drogas, hechos por los que fue denunciado.

Sin embargo, posteriormente los agentes tuvieron noticia de que la identidad aportada se correspondía con la de otro ciudadano, que habría extraviado su DNI y recibió las denuncias.

Tras iniciar una investigación en bases de datos policiales y redes sociales lograron identificar al presunto autor y se supo que en el momento de la intervención inicial carecía de permiso de conducir en vigor, por lo que -además de las tres infracciones administrativas mencionadas y denunciadas- estaba cometiendo un delito contra la seguridad del tráfico por dos imputaciones de 2018 y 2019.

Finalmente, agentes del Área de Investigación Criminal localizaron y detuvieron al presunto autor, que contaba con numerosos antecedentes policiales por distintos delitos.

El extesorero de la extinta Convèrgencia Democrática de Catalunya (CDC) Andreu Viloca ha negado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata el blanqueo de capitales en pequeñas cantidades en el partido que está investigado dentro del caso conocido como '3 por ciento'.

Según han informado fuentes presentes en la declaración, Viloca ha explicado que entró a ejercer como tesorero del partido en enero de 2011 para sustituir a Daniel Osàcar tras su jubilación y ha negado que se llevara a cabo un sistema para blanquear las donaciones que recibía el partido.

De este modo, no ha declarado en la línea de Osàcar quien confirmó la semana pasada ante el juez instructor que la formación política la línea acusatoria de la Fiscalía Anticorrupción, sino que ha afirmado que quien quería donar una cantidad al partido lo hacía sin seguir una instrucción, han apuntado las fuentes consultadas.

En esta pieza separada dentro del caso que se analiza la presunta financiación irregular de CDC, denominada 'Donaciones Blanqueo', se investiga los ingresos de entre 1.500 euros a 3.000 euros que recibió el partido procedentes de dirigentes entre 2008 y 2015 con el objetivo de blanquear donaciones en efectivo entregadas por empresarios, según explica el fiscal en sus escritos presentados en esta causa.

Viloca y Osàcar se encuentran investigados junto a una docena de exdirigentes del partido, ya que el magistrado considera que habría indicios de "actos de afloramiento de dinero procedente del delito realizados por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido para incorporar a la vida lícita las cantidades en efectivo que habían llegado al partido por las distintas vías antes mencionadas".

NOMBRADO POR ARTUR MAS

Quien fuera extesorero del partido a partir de 2011 y hasta 2016, que ha comparecido por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona, ha destacado que desconoce qué se hizo en el partido antes de su llegada, pues ha asegurado que no había tenido ningún cargo en CDC antes de enero de ese año, cuando fue nombrado como responsable de finanzas de CDC por expresidente de la Generalitat de Cataluña y entonces secretario general del partido Artur Mas. Asimismo, ha resaltado que no sabe quién puso su nombre encima de la mesa.

También ha señalado que en la gerencia del partido también entró Carles del Pozo, ya que el anterior responsable en el cargo, Germá Gordó --quien declarará como imputado en esta causa este viernes--, se ocupó entonces de la Secretaría del Govern.

En este punto, ha explicado que no tenía una relación jerárquica con el gerente, sino paralela y que el día a día de las cuentas del partido lo gestionaban semanalmente, o incluso a diario y que no reportaban al secretario general.

Aún así, ha señalado que sus funciones como tesorero eran controlar el posible desequilibrio financiero, pero que quien elaboraba el presupuesto del partido era el departamento de contabilidad y que el gerente era quien asumía el control de ejecución.

COMUNICAR LOS DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS RELEVANTES

De hecho, Viloca ha recalcado que cuando había un desequilibrio financiero relevante sí que tenía que elevar la consulta o comunicarlo al entonces secretario general adjunto de CDC, Oriol Pujol, han indicado las fuentes presentes en la declaración.

La declaración de Viloca estaba prevista para el pasado 16 de octubre, pero se aplazó hasta este lunes debido a que su abogado se encontraba confinado. El viernes será el turno del que fuera gerente de CDC Germà Gordó, a quien el juez De la Mata ha citado en calidad de investigado después de que Osàcar afirmara que éste controlaba el sistema de blanqueo en pequeñas cantidades, conocido como 'pitufeo'.

El grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha acusado este lunes a la Junta de ponerse "a la retaguardia" del Gobierno central ante la declaración del nuevo estado de alarma por la pandemia del coronavirus que "nos va a abocar a una ruina mayúscula".

Así lo ha trasladado el diputado de Vox Manuel Gavira en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha expresado la "preocupación" de su grupo por el hecho de que el Gobierno de la Junta "lo que hace es ponerse a la retaguardia siempre" del Ejecutivo central, cuando Andalucía es "una región que tiene un peso específico" en lo que respecta a sectores como el del ocio, la restauración y la hostelería que se van a ver perjudicados por las nuevas restricciones.

El parlamentario de Vox ha augurado que las medidas que se puedan adoptar ante esos sectores en esta situación de estado de alarma serán "absolutamente insuficientes" para la "ruina" a la que a su juicio se enfrentan.

En esa línea, ha subrayado que a Vox le "preocupa mucho" la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de España, que "ha tenido tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias" para evitar activar de nuevo ese recurso cuando "ya llevamos muchos meses" asumiendo que "en septiembre, octubre, noviembre, iban a venir varias olas" nuevas de la pandemia.

"Nos preocupa además que, de alguna manera, se responsabiliza a jóvenes, hostelería, restauración, turismo, comercio", de la situación de la pandemia, "como si el virus entendiese de horarios y de ubicación, cuando de estas cuestiones no entiende" la Covid-19, según ha abundado Manuel Gavira, que ha criticado además que el Gobierno de España haya declarado de nuevo el estado de alarma cuando "en junio dijo que habíamos vencido al virus", así como anunció que "íbamos a tener una vacuna en diciembre", y ahora quiere "extender hasta los meses de abril o mayo" dicho estado de alarma.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Por otro lado, preguntado por la conferencia de presidentes autonómicos que se celebra este lunes, Gavira ha reiterado que en Vox comparten que los criterios de reparto de los fondos europeos deben ser el PIB, el desempleo y la población que tiene Andalucía.

"Estos criterios no son del Gobierno de la Junta; son criterios muy antiguos y consideramos que en una situación como la que tiene nuestra tierra son los que se deben utilizar", según ha abundado el parlamentario de Vox antes de apostillar que "no parece lógico que, teniendo Andalucía la población que tiene, reciba menos fondos que otras comunidades autónomas".