El consejo de administración de Ezentis ha aprobado la fusión con Rocío Servicios Fotovoltaicos, compañía controlada por el empresario José Elías Navarro, con el objetivo de generar un nuevo líder en servicios de ‘telecos’ y energías renovables, según ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La ecuación de canje acordado para la fusión es de 226.107 acciones ordinarias de Ezentis, de 0,30 euros de valor nominal cada una, por cada participación social de Rocío, de un euro de valor nominal cada una.

Dado que Rocío tiene un capital social formado por 3.000 participaciones, el precio de compra ha quedado fijado en 203,5 millones de euros de valor nominal. No obstante, dado que las acciones de Ezentis se valoran a 0,3513 euros, según ha informado la compañía, se genera una prima de emisión.

Rocío es una filial controlada al 100% por Audax Green, que a su vez está controlada al 100% por Excelsior Times, sociedad controlada por José Elías Navarro.

Debido a la ecuación de canje aplicada, esta operación supone entregar al socio único de Rocío (en última instancia, José Elías), el 59,40% del capital social de Ezentis. Hace varios meses, el propio Elías adquirió, a través de Eléctrica Nuriel, un 28,571% del capital social de la empresa, por lo que tras esta operación su control sobre Ezentis se situará en el 87,971%.

El nuevo gobierno corporativo de la empresa estará compuesto por tres consejeros dominicales, que serán el presidente, vicepresidente ejecutivo y consejera de la compañía; tres consejeros independientes, que presidirán las comisiones de auditoría y control y de nombramientos y retribuciones respectivamente, así como un consejero independiente coordinador; un consejero delegado y otros consejero externo.

El próximo 21 de julio se designará a un experto independiente para que emita un informe sobre el proyecto de común fusión y en octubre de este año se realizará la propuesta a la junta general extraordinaria de accionistas y se producirá la solicitud y aprobación por parte de la CNMV de la dispensa de formular la Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Ya en noviembre, se procedería a la escritura de fusión y la inscripción de la nueva empresa en el registro mercantil.

Monitor Deloitte ha sido el asesor de Ezentis en la operación y ha emitido una opinión sobre el racional industrial y empresarial para el consejo de administración de Ezentis, mientras que Ernst & Young, asesor financiero de la operación, ha emitido una opinión de razonabilidad de la ecuación de canje.

Como asesores legales, han intervenido Clifford Chance, Garrigues y Watson Farley & Williams y KPMG como auditor de cuentas.

UNA NUEVA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE ‘TELECO’ Y ENERGÍA RENOVABLE.

La firma absorbida por Ezentis tiene como objeto servicios de ingeniería, logística y construcción de parques fotovoltaicos, además de servicios de operación y mantenimiento.

Asimismo, Rocío aportará al grupo contratos marco en exclusiva para construcción de parques fotovoltaicos con un volumen de capacidad acumulada de 6,5 gigavatios (GW) y de operación y mantenimiento con Audax Renovables, principalmente, y con terceros en España, Portugal e Italia.

Según ha explicado la tecnológica, la operación tiene un objetivo industrial al incrementar el catálogo de servicios, ganar escala y densidad, mejorar posición competitiva y aprovechar sinergias.

En concreto, la compañía resultante de la fusión generaría 35 millones de euros en sinergias entre 2021 y 2026, además de fortalecer la estructura financiera tanto en generación de caja operativa como en desapalancamiento financiero.

Los mercado claves de la nueva sociedad serán, en el sector ‘teleco’, España, Brasil, Alemania y Portugal, y en el sector de energía renovable, España, Portugal e Italia. De este modo, la fusión permitirá la diversificación de ingresos por geografía y sector, aumentar el volumen de contratos y la cartera de proyectos y obtener un flujo de caja recurrente en los próximos años basado en contratos recurrentes de telecomunicaciones y energía.

La nueva propuesta de Ley de Vivienda del Departamento que dirige José Luis Ábalos recoge que en el caso de nuevos contratos por cambio de inquilino en zonas tensionadas, los alquileres podrán subir como máximo un 10% en comparación con el contrato anterior, según se desprende del borrador.

Por otro lado, y también en las zonas de mercado tensionado, se establece la posibilidad de que el arrendatario pueda acogerse cuando vaya a finalizar el contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato anterior.

Según el texto, se trata de una medida que estimula el acuerdo entre las partes, puesto que si se acuerda la firma de un nuevo contrato de arrendamiento, el arrendatario podrá, por un lado, asegurar una estabilidad por un periodo de cinco o siete años, mientras que el arrendador tendrá un estímulo para alcanzar un acuerdo y establecer una renta adecuada, pero sin incrementos desproporcionados.

El objetivo de estas dos medidas es el de evitar que se produzca un incremento abusivo de las rentas y se favorezca el acuerdo entre las partes, así como evitar posible efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.

Asimismo, se pone de manifiesto que la aplicación simultánea de un mecanismo que intervenga los precios y los estímulos fiscales, deben conseguir el doble efecto de contención de rentas a corto plazo durante la duración de la declaración de área tensionada, junto con el estímulo a medio plazo, favoreciendo nuevos contratos en condiciones favorables para los perfiles con dificultades para acceder al precio de mercado.

Este mecanismo adicional que, «excepcionalmente y acotado en el tiempo», pudiera intervenir en el mercado para amortiguar dicha tensión y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda carencias de esas zonas.

El mecanismo debe tener en cuenta que la responsabilidad en la garantía del derecho constitucional del acceso a la vivienda corresponde a los poderes públicos, al igual que debe tener la suficiente solidez técnica y seguridad jurídica para su permanencia en el tiempo.

Tampoco puede producir efectos indeseados de reducción drástica de la oferta que puedan producir efectos de expulsión de las familias contrarios a los buscados.

Por otro lado, la propuesta recoge de nuevo reducciones de hasta el 90% sobre el rendimiento neto en su declaración del IRPF si un propietario firma un nuevo contrato de arrendamiento con una reducción de más del 10% de la renta anterior.

Así, si un propietario que tenga un contrato de arrendamiento de 700 euros al mes firma uno nuevo por 630 euros, tendrá derecho a un beneficio fiscal en el IRPF de cerca de 950 euros al año, superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta.

Por otro lado, se recoge una bonificación para propietarios del 70% en el IRPF por la incorporación de una vivienda para alquiler habitual en las zonas tensionadas. Esto, según Agenda Urbana, favorece la entrada en el mercado de viviendas que anteriormente no estaban en alquiler como vivienda habitual.

También se propone una reducción del 60% en el alquiler de viviendas recientemente rehabilitadas, del 70% cuando el alquiler sea a jóvenes de entre 18 y 35 años y también del 70% cuando sean alquileres de larga duración sin incrementos superiores al IPC durante un plazo de, al menos, 10 años. Esto, según Transportes, tiene el objetivo de impulsar contratos que garanticen la estabilidad de los arrendatarios.

Por otro lado, se insta a establecer un porcentaje de reducción del 70% a propietarios que pongan su vivienda a disposición de la comunidad autónoma a ayuntamiento en el marco de algún sistema público para el alquiler social o a precio asequible, así como los arrendadores que pongan su vivienda a disposición de entidades del tercer sector que vayan a estar destinadas a la vivienda o alojamiento de personas u hogares vulnerables.

La declaración de zonas de mercado residencial tensionado la declararán las administraciones competentes en materia de vivienda de acuerdo con su normativa reguladora. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en la Ley Estatal, se establecen una serie de reglas para la declaración de las zonas de mercado residencial tensionado, entre las que figura el desarrollo de un procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de datos fiables y contrastados relacionados con la situación del mercado residencial en la zona, un trámite de información pública y una resolución motivada de la declaración.

La vigencia será de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente. Además, las administraciones competentes deberán realizar un plan de acción específico para la corrección de los desequilibrios evidenciados.

Por último, en el texto se recoge que para garantizar la solución habitacional a las personas vulnerables, se establecerá la aplicación prioritaria del programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, del Plan Estatal de Vivienda.

Este programa permite a las comunidades proporcionar una solución habitacional inmediata, con ayudas de hasta 900 euros al mes y más de 200 euros al mes adicionales para gastos de suministros o servicios de vivienda. Las Comunidades deberán atender a la totalidad de las solicitudes que cumplan con los requisitos que se establezcan.

LA PROPUESTA CUMPLE CON LOS ACUERDOS

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han destacado que esta nueva propuesta ha sido trasladada al Ministerio de Derechos Sociales.

Asimismo, han remarcado que cumple «escrupulosamente» los acuerdos firmados y que tiene como gran objetivo acabar con la subidas abusivas, contener rentas y conseguir bajar alquileres.

Desde el Departamento de José Luis Ábalos se ha destacado que es necesario aprobar cuanto antes una Ley que garantice la función social de la vivienda, que atienda a los más vulnerables y que esté dotada de seguridad jurídica.

PODEMOS NIEGA EL ACUERDO

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra ha asegurado en redes sociales, ante esta nueva propuesta, que no hay acuerdo con el PSOE y que la «única manera de bajar los precios del alquiler «es con índices de referencia, no con incentivos fiscales».

«Es rotundamente falso que hayamos alcanzado un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la regulación de precios del alquiler», ha lanzado en Twitter para dejar claro que seguirán trabajando para «cumplir lo pactado».

Con ello, hacía referencia al acuerdo entre ambos socios sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se recogía que debían establecerse «mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes», en base a índices de referencia.

La semana pasada mandaron una «contraoferta» al Ministerio de Transportes para bajar los precios del alquiler en base a índices de referencia en zonas de mercado tensionadas.

Ya han pasado ocho meses desde que ambos socios alcanzaron el acuerdo para impulsar la nueva Ley de Vivienda con regulación del alquiler y la normativa acumula casi cinco meses de retraso sobre el cronograma inicialmente planteado, que era llevar en febrero al Congreso dicha normativa.

El Comité Europeo de las Regiones ha reafirmado este miércoles su compromiso con el amplio proyecto legislativo de la Unión Europea de reforzar el control democrático sobre las plataformas de Internet dominantes y, de esta forma, «allanar un camino seguro» para las pymes en los mercados digitales que también funcione para los consumidores individuales.

Según ha trasladado el CDR en un comunicado, durante la sesión plenaria de junio, los miembros del Comité debatieron un dictamen que apoya la intención de la Comisión Europea de endurecer la regulación de los mercados y servicios digitales, al tiempo que destaca las innovaciones y las competencias que las ciudades y regiones pueden aportar para una regulación sólida y eficaz.

Han explicado que el dictamen del CDR sobre el paquete de la Ley de Servicios Digitales «se inscribe en una red más amplia de iniciativas destinadas a reforzar» el perfil del Comité «como uno de los impulsores de la transformación digital inclusiva en la UE».

Esta norma de Servicios Digitales es una propuesta legislativa de la CE compuesta por dos elementos la propia Ley de Servicios Digitales (DSA) y de la Ley de Mercados Digitales (DMA). Además, el paquete incluye una actualización y refuerzo de la legislación de la UE en materia de competencia para satisfacer la demanda de una sólida regulación de las plataformas.

Asimismo, pretende contener el poder de mercado de las denominadas ‘gatekeeper platforms’, que controlan el acceso de las empresas más pequeñas a los consumidores y actúan como legisladores privados.

El paquete también tiene por objetivo «contrarrestar la difusión desenfrenada de desinformación haciendo que las plataformas sean responsables de los contenidos distribuidos».

Y es que la regulación de las plataformas tiene una «fuerte dimensión regional» porque, según ha asegurado el CDR, «muchos de los sectores en los que las plataformas en línea desempeñan un papel dominante como el transporte urbano, la vivienda, el alojamiento turístico y la prestación de servicios públicos, están regulados a nivel local y regional».

Es por esto que los entes locales «ocupan una posición clave a la hora de diseñar y aplicar una legislación eficaz». «Disponen de información y experiencia y son la capa política más cercana a los de las partes interesadas», ha aseverado.

Por su parte, el gobernador de la Región de las Islas Jónicas, Rodi Kratsa, ha valorado durante su ponencia que el dictamen «refuerza la voz de autoridades subnacionales y procura diseñar la normativa con precisión para lograr el mayor impacto positivo y evitar crear nuevos problemas al resolver los existentes».

Kratsa ha añadido que se debe «proteger a las pymes» que, en sus palabras, en muchas ocasiones, «dependen de las plataformas más grandes y se ven afectadas considerablemente por la pérdida de acceso» a estas.

A medida que más empresas se digitalizan, sus interacciones con los consumidores, proveedores y otros contactos comerciales «pasan cada vez más por la mediación de plataformas privadas en línea» y el CDR ha explicado que esto hace que aumente su dependencia hacia estos nuevos actores

En conclusión, el dictamen del CDR aboga por un marco jurídico sólido que proteja el acceso directo de las pymes a los consumidores y, por tanto, su capacidad para competir en igualdad de condiciones.

Otra de las principales preocupaciones del dictamen del CDR es mitigar y superar la «doble brecha digital», causada por la distribución desigual de los requisitos previos necesarios para aprovechar los potenciales beneficios sociales y económicos de la digitalización que pasa por el acceso a redes de alta capacidad y la alfabetización digital.

Para contrarrestar las disparidades territoriales y sociales y garantizar la cohesión digital cohesión digital, el CDR ha subrayado la necesidad urgente de apoyar el desarrollo de capacidades a nivel local y acelerar el acelerar el despliegue de las infraestructuras de banda ancha.

El CDR ha puesto en valor que estos retos «críticos» también son abordados regularmente por la Plataforma de Banda Ancha del CDR, que es un foro creado conjuntamente con la Comisión Europea para poner en común conocimientos jurídicos, técnicos y acelerar el desarrollo de soluciones que permitan a todos los ciudadanos, las pymes y las administraciones públicas navegar con éxito por el mundo en línea.

Cepsa celebra el vigésimo aniversario de la restauración de La Laguna Primera de Palos, –en Palos de Frontera (Huelva)–, «un hito en materia de sostenibilidad en España».

Este año, además de celebrar el XX aniversario de la finalización de la restauración en este mes de junio, se celebrarán en otoño unas jornadas académicas, en las que participarán personalidades institucionales, políticas, universitarias, ambientalistas y de sectores como el turismo o la agricultura.

Según ha informado Cepsa en una nota de prensa, este proyecto fue el primero liderado de forma voluntaria por una compañía energética en el país con el objetivo de restaurar un espacio natural.

Situado junto a las instalaciones de Cepsa en Palos de la Frontera (Huelva), estos 20 años de convivencia demuestran cómo es posible el equilibrio sostenible entre el desarrollo industrial, entre otros sectores económicos, y la conservación de la naturaleza.

En 2001, Cepsa impulsó la recuperación del estado original del paisaje, en colaboración con la Junta de Andalucía, y se comprometió a su conservación futura.

Asimismo, durante estas dos décadas la compañía y su fundación han liderado numerosos trabajos de investigación, proyectos de mantenimiento y programas para fomentar su uso público, así como de divulgación y sensibilización ambiental; contribuyendo de esta forma a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14 (vida submarina) y 15 (vida de ecosistemas terrestres).

Este espacio forma parte del Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres, y cuenta con una gran riqueza de flora y fauna. Además de mamíferos, insectos, reptiles y anfibios, es un importante refugio de especies en peligro de extinción: cada año es visitado por más de 150 especies de aves, de las cuales 61 están amenazadas.

Además de favorecer la mejora de la biodiversidad, la restauración impulsada por Cepsa y la Junta de Andalucía ha supuesto el reconocimiento como Humedal de Importancia Internacional (Ramsar), Paraje Natural, Lugar de Importancia Comunitaria y se ha incorporado a la Red Natura 2000, otorgando a este espacio una proyección, no solo a nivel regional, sino también de relevancia nacional e internacional.

El proyecto de remediación, conservación y sensibilización, que actualmente Fundación Cepsa lleva a cabo para preservar la biodiversidad de este espacio, se enmarca en la estrategia ESG de la compañía y en su compromiso con el medio ambiente y la Agenda 2030.

RESTAURACIÓN GLOBAL

La restauración planteada por Cepsa en 2001 «no buscaba ser una simple limpieza del terreno, sino que abordaba una triple perspectiva que permitiera la futura conservación del entorno, a través de la recuperación ecológica, la restauración paisajística y la sensibilización ambiental».

En el aspecto ecológico se priorizó la recuperación de áreas inundables de carácter somero, que se habían reducido de forma «muy significativa» en las últimas décadas y que resultan esenciales para la reproducción de numerosas aves acuáticas.

En paralelo, Cepsa también trabajó en la recuperación del bosque litoral, que juega un papel fundamental en la cría y refugio de la fauna autóctona, así como en la limitación de los procesos erosivos y de colmatación de la laguna. Para lograr este objetivo de restauración, se emplearon hasta 98 especies autóctonas, de las cuales muchas ya no se podían encontrar en la zona. Además, todo este proceso ayudó en la conservación y reintroducción en su hábitat de 17 especies de flora amenazada que se habían conservado en viveros durante los últimos años.

En lo que respecta a la calidad paisajística, el proyecto también garantizó una mejora, especialmente debido a la situación geográfica de la laguna, completamente inmersa en un territorio con una creciente presencia de actividad humana. Para lograrlo, la compañía modificó la topografía y creó estudiadas pantallas vegetales que aíslan este enclave de las infraestructuras de su entorno, favoreciendo la intimidad y tranquilidad de las especies que la habitan y también de los visitantes.

Por último, uno de los objetivos prioritarios de Cepsa era que esta restauración sirviese también como lugar de sensibilización ambiental. Así, tras crear un itinerario botánico, varios observatorios para la avifauna recreando la arquitectura tradicional o instalar cartelería interpretativa entre otras medidas, la compañía y su fundación han promovido la visita de más de 90.000 personas a través de diferentes programas.

La representación legal de Iberdrola ha presentado un escrito en el marco de la pieza 17 del caso Tándem en el que pide la nulidad de la resolución por la que el juez acordó la imputación del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán. Es más, extiende la nulidad a todas las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar desde el pasado 27 de mayo y hasta el 25 de junio.

En un escrito de diez páginas, la eléctrica recuerda que el pasado 25 de junio tuvo conocimiento por la prensa de que el juez, Manuel García-Castellón, preguntaba a la Fiscalía para que se pronunciara sobre si Iberdrola debía estar personada como acusación, habida cuenta de que se han acumulado en esta pieza las diligencias que se abrieron en un juzgado de Bilbao a raíz de una querella de la compañía contra uno de los investigados, el exdirectivo José Antonio del Olmo.

Los letrados de la eléctrica muestran su sorpresa porque habiendo transcurrido prácticamente un año desde la referida inhibición, aun desconocen cuál ha sido el devenir de esa querella o si se han practicado diligencias de investigación tendentes a esclarecer los hechos objeto de la misma.

Indican además que después de un mes desde que pidieran conocer la resolución por la que se acumulaban las diligencias de Bilbao y que se les diese acceso a las actuaciones, siguen sin recibir una respuesta judicial a sus reiteradas peticiones.

«Y lo que es más grave, el Ilustre Juzgado al que nos dirigimos sigue sin notificarnos ninguna de las resoluciones judiciales que desde ese momento se están dictando en el procedimiento, y ello, a pesar de su directa vinculación con las peticiones formuladas por esta parte, como ocurre con el Auto de 25 de junio de 2021», lamentan.

Por eso, interesan la nulidad del auto de 25 de junio y de todas aquellas resoluciones judiciales «que se hayan podido dictar desde el pasado 27 de mayo de 2021», lo que incluiría la que se adoptó el 23 de junio y que conllevó la imputación de Galán por un delito continuado de cohecho activo, un delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, derivados de la contratación del comisario José Manuel Villarejo.

Iberdrola fundamenta esta petición en que la negativa a darles acceso a las actuaciones les impide conocer qué otras resoluciones, por forma o contenido, podrían ser susceptibles de ser calificadas como nulas o cuáles deberían ser los efectos de esa nulidad, por lo que avanzan que no descartan solicitar más nulidades cuando se les dé acceso a la totalidad de las actuaciones.

OSTRACISMO PROCESAL

Tras esto, extraen que su mandante, la compañía, se encuentra en una situación de «ostracismo procesal» y culpa directamente de ello al magistrado instructor. «Consecuencia directa del proceder de su ilustrísima señoría», apunta.

Para argumentar esa nulidad, indica que en el presente caso «concurren de forma plena los elementos necesarios para la nulidad de los actos procesales denunciados» y advierte que no cabe la subsanación de los defectos por lo que las actuaciones deben retrotraerse al momento procesal oportuno. «La razón es palmaria: no estamos ante un mero defecto procesal, sino ante una auténtica privación del derecho defensa generador de indefensión», subraya.

Indica además la representación de Iberdrola que desde que se interpuso la querella contra Del Olmo en Bilbao en 2020, se le reconocieron una serie de derechos procesales derivados de dicha circunstancia. Pero, lamentan, desde que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional su mandante «ha sido despojada de forma injustificada de esos derechos procesales legal y constitucionalmente reconocidos», causándole indefensión.

El secretario general de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, ha asegurado este miércoles que todas las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia serán públicas y que el Gobierno es consciente de que «hay que llegar a millones de empresas».

«Los fondos se otorgarán de forma transparente y con criterios de legitimidad», ha incidido durante su intervención en el diálogo-coloquio ‘Los fondos europeos y el Plan Next Generation UE’ organizado por Spain Investors Day en colaboración con Equipo Económico.

De la Rocha ha subrayado que el Gobierno quiere consensuar y compartir con las empresas el plan, ya que «se les abre una enorme oportunidad».

Asimismo, ha aclarado que España recibirá una primera partida de 9.000 millones de euros a mediados de julio o agosto, que ya podrá ir ejecutando, y posteriormente, a finales de año, recibirá otros 10.000 millones.

El Gobierno pretende poner en marcha una página web con toda la información sobre los fondos en breve, según el secretario general de Asuntos Económicos y G20, quien ha destacado que las reformas prioritarias son las vinculadas a la transición ecológica y a la transformación digital, así como las que tienen que ver con el capital humano.

Respecto a las medidas que plantea establecer el Ejecutivo para que el reparto sea justo y equitativo, de la Rocha ha asegurado que todas las convocatorias estarán orientadas a la creación de empleo en España, el apoyo a las pymes, la igualdad de género y la cohesión territorial, de forma que el plan contribuya a crear una mayor convergencia entre los territorios.

También ha puesto en valor que, hasta el momento, en España ya se han movilizado 120.000 millones de financiación para 500.000 empresas (el 85% pymes) con los fondos ICO y 40.000 millones con los ERTE.

«España es uno de los países que mejor ha ejecutado históricamente los fondos europeos», ha destacado, tras apuntar que ejecutar la nueva cantidad es un desafío, pero afirmar que para ello se ha creado una gobernanza de ejecución robusta y compleja.