El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado este miércoles su decepción con el resultado de la Conferencia de Presidentes autonómicos y ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez «se está equivocando al no tomar medidas ahora».

«Decepción, preocupación y disconformidad con el encuentro de hoy», ha afirmado en una comparecencia en el Palau de la Generalitat tras la Conferencia de Presidentes.

Considera que al Gobierno le ha faltado valentía y que la decisión de que la mascarilla sea obligatoria en el exterior «se ha tomado más para simular que se están tomando decisiones que no por la efectividad en si misma

Para Aragonès, las medidas acordadas en el encuentro entre presidentes autonómicos y Sánchez son tibias, faltan ayudas económicas a los sectores afectados y las propuestas son «del todo insuficientes y no responden a la gravedad de la situación» sanitaria.

El presidente catalán ha alertado de que la falta de restricciones más severas no va en sintonía ni con la comunidad científica ni con los del resto de países europeos que tienen cifras similares a España, por lo que ha lamentado el resultado de la Conferencia de Presidentes: «Hay que actuar con mucha más responsabilidad», aunque las medidas que se tomen sean impopulares, ha dicho.

Por eso, ha defendido las restricciones aplicadas por la Generalitat, ya que ve necesario reducir la interacción social, especialmente en estos días de Navidad en los que hay mucha movilidad, y ha avisado de que no se puede «supeditar todo» a la vacunación ni al uso de las mascarillas en espacios exteriores.

Así, Aragonès se ha reafirmado en las medidas tomadas por su Govern y ha apuntado que otros presidentes autonómicos se han pronunciado a favor de aplicar restricciones similares.

Según él, el Gobierno ha argumentado que la vacunación lo cambiará todo y que hay que acelerarla, pero el presidente catalán ha recriminado que, a su juicio, en el mejor de los casos la protección para la mayoría de la población con terceras dosis y vacunación de menores llegará en marzo: «Tres meses en los que hay mucha interacción social. En tres meses se pueden producir dos olas consecutivas».

Preguntado por si la falta de apoyo del Gobierno a las medidas aplicadas por la Generalitat puede provocar que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) las tumbe, ha contestado que no debería interferir porque las restricciones están «justificadas y se adoptan por criterios estrictamente sanitarios ponderados con el resto de derechos».

FONDO COVID

Una de sus principales demandas en la Conferencia de Presidentes ha sido reclamar la extensión del Fondo Covid el próximo año, algo que ve «imprescindible» para reforzar el sistema sanitario y la vacunación.

Ha criticado que el Ejecutivo central haya dicho durante el encuentro que hay que fortalecer la sanidad pública pero a la vez responda con «ciertas evasivas» cuando él y otros presidentes autonómicos le piden mantener un fondo extraordinario para poder tener más recursos.

«La respuesta ha sido que de momento los primeros meses del año ya tenemos dinero para ir tirando. Básicamente nos han venido a decir esto» y que irán estudiando la situación financiera, por lo que ha criticado la falta de concreción de Sánchez sobre este asunto.

Aragonès también ha echado en cara al presidente del Gobierno que, según él, no haya dado respuesta a su petición de que pueda haber un permiso laboral para los padres que tengan hijos en cuarentena por ser contactos estrechos: «Da la sensación de que, en relación a las muchas consecuencias que hay en el día a día, no le dan la importancia que nosotros le damos».

Preguntado por el cambio de criterio sobre si los contactos de positivos que estén vacunados deben hacer cuarentena, ha argumentado que la Comisión de Salud estatal acordó un criterio hace unos días y que ahora lo ha cambiado estableciendo que no deben seguir cuarentena, y que la Generalitat le hará caso para no contribuir a generar «más confusión», pese a que no lo comparta.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado que su Gobierno no va a endurecer de momento las medidas restrictivas que ya pesan sobre la Comunidad Autónoma para frenar el avance de la sexta ola de coronavirus, si bien ha avanzado que la próxima semana habrá una Comisión de Salud Pública para abordar la situación tras esta primera tanda de celebraciones navideñas.

En su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de la Conferencia de Presidentes convocada de forma extraordinaria para analizar el escenario de coronavirus, ha dicho que «el esfuerzo colectivo obliga a ser coherente» en Castilla-La Mancha, y después de que la ciudadanía «se haya comportado muy bien» junto al sector hostelero, ha defendido que no haya medidas extraordinarias.

Sí que habrá refuerzos del sistema sanitario, pero no habrá endurecimiento de las medidas, si bien la próxima semana habrá una comisión de Salud Pública para valorar otros escenarios si hay un cambio de tendencia, ha expresado.

Con este contexto, ha pedido «mucha responsabilidad, un poco más» a todos los ciudadanos de la región, toda vez que «es muy importante» dejar atrás la Navidad preparados para afrontar un 2022 que «va a ser mucho mejor» en convivencia con el virus.

«No nos jugamos la Navidad, nos estamos jugando 2022», ha defendido el líder del Ejecutivo autonómico, para asegurar que «no se tomarán medidas adicionales ni restricciones» más allá que las implementadas por el Gobierno, pero ha avisado que si la cosa va mal en estas fiestas, estas medidas «vendrán a la vuelta» de las mismas.

EJEMPLO CONJUNTO

García-Page, que ha tenido palabras para acordarse de los fallecidos y de sus familias, ha agradecido el «comportamiento ejemplar» de la ciudadanía del país, una España que «está dando un ejemplo en el conjunto» ya que la situación «se está tomando en serio», tanto frente a las restricciones como ante la campaña de vacunación.

En alusión a comunidades autónomas de «índole nacionalista», le ha llamado la atención el hecho de que este miércoles Cataluña y País Vasco «hayan reclamado que todos vayamos a una».

Repasando las medidas implementadas tras la cita, ha reparado en la implantación de la mascarilla en espacios abiertos, algo que «no es una contradicción» pese a que en el pasado se dijo que era «innecesario».

Según ha argumentado, la nueva variante y el hecho de que «ya se está notando la gripe y se va a notar más hasta febrero» hace que ahora sea una medida más necesaria.

Sobre la vacunación, ha reparado en la gente que no ha recibido las vacunas, entendiendo que puedan establecerse medidas de cara a incentivar los pinchazos o tener un tratamiento distinto con aquellos que no han optado por este extremo.

En la reunión, según ha argumentado, también se han reclamado más efectivos militares para colaborar en las labores de rastreo, algo que, según ha comentado, se pide en mayor medida para otros territorios que no son Castilla-La Mancha.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que «en muy pocos días, probablemente la semana que viene» llegarán a las farmacias los test de antígenos contra la COVID-19 de uso profesional, que están en proceso de ser aprobados de forma temporal por parte de a Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad.

En rueda de prensa este miércoles tras la celebración de la Conferencia de Presidentes, el jefe del Ejecutivo ha resaltado que esta autorización reglamentaria se hará con «carácter inmediato» ante la falta de ‘stock’ que están sufriendo la gran mayoría de oficinas de farmacia en toda España.

El objetivo, según Sánchez, es que «en muy pocos días, probablemente la semana que viene», lleguen estas pruebas diagnósticas para que exista una «mayor disponibilidad de test para quien quiera comprarlos». «Se trata de ampliar la oferta de test para acabar con el cuello de botella que estamos teniendo ahora mismo», ha apuntado.

Los nuevos test que se van a aprobar «son similares a los de autodiagnóstico» y cuentan con una muestra nasal para «facilitar la extracción de la misma». Los requisitos serán que «hayan sido validados para su autorización en la UE, que sea una muestra nasal y también la identificación de empresas de fabricación nacional».

«La AEMPS ya tiene identificadas a las empresas que cumplen estos criterios y ya están puestas en marcha estas autorizaciones temporales. Por tanto, entiendo la preocupación, la comparto. Nuestra preocupación es máxima, es total, desde la calma y con la máxima anticipación», ha esgrimido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, este miércoles durante su intervención en la Sesión de Control del Congreso de Diputados.

Asimismo, Darias ha asegurado que desde el Ministerio y la AEMPS han estado «en contacto con todas las partes implicadas» desde «hace semanas» para «contribuir a solventar» el problema. «Desde hace semanas hemos estado en contacto con las empresas de estos test para seguir la distribución. La demanda se ha multiplicado por más de 1.000», ha justificado.

CONTRATACIÓN DE JUBILADOS Y SANITARIOS CON TÍTULO EXTRANJERO

Otra de las medidas que Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos ha sido la de la contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado, así como la habilitación para la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea.

«Los centros sanitarios van a poder contratar a todo aquel personal prejubilado o jubilado, como se hizo al principio de la crisis sanitaria. Seguirán manteniendo sus derechos y prestaciones de jubilado. Debemos seguir reforzando las capacidades de la Atención Primaria, esta medida de refuerzo creemos que va a contribuir a paliar la situación», ha defendido Sánchez.

Fuentes presentes en la reunión han informado de que Sánchez ha trasladado a los mandatarios autonómicos que el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes aprobará un «refuerzo de recursos humanos» en la sanidad, que se articulará principalmente a través de la contratación de este personal sanitario jubilado.

Por otra parte, durante la Conferencia de Presidentes el jefe del Ejecutivo también ha recordado que las personas que hayan tenido contacto directo con un contagiado no deberán realizar la cuarentena en caso de estar vacunadas con pauta completa, tal y como estableció ayer la Comisión de Salud Pública. Asimismo, ha indicado que a partir del 1 de febrero el Certificado COVID tendrá un caducidad de nueve meses desde la fecha de la administración de la última dosis.

Las primarias en Podemos Asturias han dejado una situación orgánica complicada al propiciar el relevo al frente del partido en favor de la diputada en el Congreso, Sofía Castañón, pero dejar la mayoría de la dirección autonómica a la lista de su rival, el exsecretario general Daniel Ripa.

Máxime cuando el proceso para renovar los órganos y la coordinación autonómica del partido ha quedado marcada por un ambiente bronco, con acusaciones cruzadas entre las dos candidaturas.

Castañón, integrante de la Ejecutiva estatal y afín a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha impuesto por un estrecho margen a Ripa durante la votación telemática, al lograr 100 votos más y cosechar el 50,2% de los inscritos.

Sin embargo, su lista se encuentra en minoría en el Consejo Ciudadano autonómico, dado que cuenta con nueve miembros de su candidatura frente a los once asociados a la lista de Ripa, que también es diputado regional.

Además, el secretario regional saliente también tiene la mayoría en el Comité de Garantías, órgano que aborda los conflictos internos que puedan suscitarse en la organización y que resuelve medidas disciplinarias.

RIPA EVOCA UNA AUDITORÍA

Esta mañana y tras conocerse los resultados, Ripa ha señalado que estos «extraños y ajustados» resultados «deben ser auditados en el corto plazo», deslizando que es necesario aclarar que no se haya producido ninguna adulteración.

Las primarias se han desarrollado bajo el método de elección y votación denominado ‘Desorda’, que es el que emplea Podemos desde hace varios años y la empresa ‘nVotes’ ha sido la encargada de gestionar el proceso telemático.

Recientemente y en el caso de las primarias en La Rioja de 2019, juzgado de Primera Instancia número 4 de Logroño avaló la legalidad del proceso y constató que no existían indicios de fraude ni de vulneración del derecho de participación política, desestimando la denuncia interpuesta por la exmilitante y candidata en esa cita Sara Carreño.

MEJOR SINTONÍA CON LA DIRECCIÓN ESTATAL

La victoria de Castañón augura unas relaciones más fluidas y coordinadas con la dirección estatal del partido, destacan desde la formación morada.

Su equipo ya ha manifestado quiere abrir un horizonte de trabajo en el que aspira a reconstruir la organización asturiana, garantizando a la vez los principios de autonomía y coordinación y sintonía con la dirección estatal.

Podemos marcó tras su IV Asamblea Ciudadana estatal la estrategia de promover liderazgos femeninos y renovar cuadros en el partido, con vistas a hacer la organización más coral, rearmar el partido a nivel territorial y, de esta forma, crecer en militantes y votos.

PRIMARIAS BRONCAS Y ACUSACIONES CRUZADAS

Las primarias en Asturias se han desarrollado en un ambiente bronco y enturbiadas con acusaciones cruzadas entre las dos candidaturas, en contraste con lo ocurrido en las primarias de Baleares, donde se consiguió una candidatura de unidad. La fórmula de intentar una lista unitaria en Asturias se sondeó pero no fue posible.

Por ejemplo, Ripa aludió a presuntas «amenazas» para que no se presentara a la reelección y llegó a decir que en estas primarias se pretendía terminar, por parte de la dirección estatal, con la autonomía de la que goza el partido en Asturias.

Mientras, una treintena de cargos de Podemos Asturias le pidieron que dejara el partido ante la «gravedad» del presunto uso «clientelar» de las donaciones del ‘Proyecto Asturies’, con sospechas de reparto de fondos a miembros de su partido.

Se referían a la denuncia cursada ante la Unidad de Cumplimiento Normativo del partido sobre los planes de la actual Dirección de conceder donaciones, con las aportaciones de los excedentes salariales que aportan los cargos del partido al tejido asociativo, a dos entidades vinculadas con miembros de la lista de Ripa.

A raíz de dicho escrito este organismo estatal pidió que se interviniera las cuentas de la organización asturiana, que ascienden a unos 200.000 euros, hasta esclarecer este asunto, medida a la que se procedió.

También deslizaron que el dirigente debía abandonar el partido si continuaba «empeñado en independizarse» y en no cumplir las normas internas de la organización, tal y como apreciaban en los propios documentos que el candidato.

Por su parte, Ripa aseguró que a lo largo de estas semanas se estaban «cumpliendo la amenazada» de sacar cosas en la prensa. «Es normal que los cargos de la candidatura de Sofía Castañón, que se presenta apoyada por la dirección estatal de Madrid que ha intervenido la autonomía de Asturias para favorecerla, me pidan que me vayan», indicó.

El grupo de trabajo de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) ha señalado que durante 2021 se ha obtenido «el mejor registro en la última década» de la cría de esta especie. En concreto, se han contabilizado 105 hembras acompañadas de 759 pollos durante la época de cría.

Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a través de un comunicado, el grupo de trabajo de la cerceta pardilla se ha reunido este miércoles en Fuente de Piedra (Málaga) y ha puesto en común los datos de población de esta especie, así como los avances en las acciones de conservación que se han realizado.

Concretamente, han desarrollado que, en 2021, las más de 700 crías que se han contabilizado se han encontrado distribuidas principalmente en Andalucía, con un 50,4 por ciento, y en Comunidad Valenciana, con un 38,1 por ciento. Además también se han encontrado en las islas Baleares y Castilla-La Mancha, con nueve y tres hembras reproductoras respectivamente.

Por todo ello, el MITECO ha manifestado que la población reproductora de cerceta pardilla registrada en 2021 muestra una tendencia creciente, alcanzando cifras que no se habían detectado en los últimos 10 años. «Esta situación resulta esperanzadora tras el grave declive registrado en la década de 2010, que conllevó la declaración oficial de la especie en situación crítica en 2018», han añadido.

Además, han resaltado que dichos resultados positivos son aún más destacables teniendo en cuenta la escasez de agua en los humedales naturales de Andalucía durante la primavera y verano de 2021, situación que tubo lugar debido a que el nivel de lluvias fue sido sensiblemente inferior a otros años hidrológicos.

MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA ESPECIE

Por otra parte, el MITECO ha informado que, de entre las acciones que se han realizado para mejorar el conocimiento de la especie, destaca el marcaje de cercetas pardillas con emisores GPS.

En este sentido, se han colocado un total de 60 emisores en la Comunidad Valenciana, 45 emisores en Andalucía y siete en Castilla-La Mancha, desde el año 2018. Asimismo, gracias a la información generada se ha permitido identificar las principales causas de mortalidad. Estas son la depredación por parte de fauna silvestre y por gatos domésticos asilvestrados, así como el disparo con arma de fuego.

Igualmente, se ha perfeccionado el conocimiento de los movimientos entre zonas de descanso y alimentación, además de la selección de hábitat ejercida en distintos períodos, y los desplazamientos a zonas del norte de África (Argelia y Marruecos) de al menos seis ejemplares marcados en las provincias de Alicante y Sevilla.

RESTAURACIÓN DE HUMEDALES PRIORITARIOS

Otra de las principales líneas de trabajo en marcha es la restauración de humedales prioritarios para la especie. Concretamente, el MITECO ha informado de que en 2021 se han realizado inversiones para el manejo controlado de niveles y calidad de las aguas, como el de la Dehesa de Abajo (Sevilla), la recuperación ecológica de terrenos en Trebujena (Cádiz) y la Marjal dels Moros (Valencia) o la adquisición de la Finca El Espigar (Alicante).

Igualmente, este año también se han tramitado los primeros acuerdos de custodia del territorio para incorporar gestores privados de fincas agrícolas, ganaderas y cinegéticas en tareas de gestión positiva del hábitat y refuerzo de la vigilancia de la cerceta pardilla, principalmente en el entorno del Espacio Natural de Doñana.

Así, la cría en cautividad ha seguido ofreciendo unos resultados muy favorables en los centros de referencia, que son, la Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros (Andalucía); los centros de cría gestionados por la Generalitat Valenciana; y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Finalmente han recordado que los centros andaluces y valencianos han propiciado la liberación en 2021 de un total de 860 aves en cinco humedales de Andalucía, en cuatro de la Comunidad Valenciana y en uno de Castilla-La Mancha, así como en el proyecto de recuperación que se desarrolla en la isla de Sicilia (Italia).

REFORZAR LA POBLACIÓN DE CERCETA

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha indicado que para el próximo año 2022, la previsión de liberaciones es similar y se pretende ampliar el número de lugares de liberación y reforzamiento poblacional, incluyendo humedales en otras comunidades autónomas.

Por ello, durante la reunión del grupo de trabajo se han aprobado distintos documentos de funcionamiento del programa de conservación ex situ de la cerceta pardilla en España. Estos programas son los protocolos de funcionamiento de los centros y de liberación en el medio natural.

Asimismo, también se han presentado los resultados preliminares sobre el análisis de estructura y caracterización genética de cercetas pardillas presentes en centros de cautividad y en el medio natural.

MITECO ha recordado que las acciones en marcha parten del compromiso de las autoridades ambientales autonómicas y de la Administración General del Estado, así como entidades no gubernamentales, que han movilizado importantes recursos y esfuerzos durante los últimos años.

En este ámbito, está resultando muy importante la contribución del programa LIFE de la Unión Europea, que ha propiciado el proyecto LIFE Cerceta Pardilla, que coordina la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta 2025, con el objetivo de mejorar el estado de conservación de 3.000 hectáreas de humedales para revertir el riesgo de extinción de la cerceta pardilla, han explicado desde el Ministerio.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido este miércoles en la Conferencia de Presidentes un acuerdo interterritorial «firme» que permita armonizar una respuesta común a la covid-19, y que contribuya a «reforzar la seguridad jurídica» de las medidas a adoptar ante «las insuficientes» herramientas de las que disponen las autonomías para hacer frente a la sexta ola del coronavirus que, con la variante ómicron al alza, mantiene las tasas más altas de incidencia de toda la pandemia en Europa.

Urkullu, que ha mostrado la «voluntad y plena disposición» del Gobierno Vasco a suscribir este acuerdo, ha sugerido una batería de propuestas, «modulables y abiertas al consenso», como el uso obligatorio de mascarillas en exteriores, el horario máximo de cierre en toda actividad comercial, social y cultural a la 01.00 horas, limitar los aforos en establecimientos y recintos interiores al 60% o restringirlos en grandes eventos en exteriores al 50%.

Con la vista puesta en los días más señalados del periodo navideño, ha planteado que el horario de actividad cultural o social, de los establecimientos comerciales y de hostelería, concluya a las 21.00 horas, con excepción de los restaurantes, que podrían servir cenas hasta las 23.30 horas.

Durante su intervención en la Conferencia de Presidentes, Urkullu ha recordado que, en la actualidad, Europa sufre una sexta ola de covid-19, «con la realidad de la variante ómicron», y las tasas de incidencia son las más altas de toda la pandemia.

Tras apuntar que la presión hospitalaria es menor que en olas anteriores, ha destacado que es «creciente» y la situación afecta a la Atención Primaria. Por ello, cree que lo mejor que sería «poner en común estrategia, que no estrategias políticas, criterios y medidas».

«Las comunidades autónomas no disponemos de herramientas suficientes. Las herramientas disponibles y su cobertura jurídica son insuficientes. Un acuerdo firme en el marco de esta Conferencia debería contribuir a reforzar la seguridad jurídica de las medidas que podamos adoptar. Nos permitiría también trasladar un mensaje de mayor confianza a la sociedad», ha añadido.

Para ello, ha ofrecido «la voluntad y plena predisposición» del Gobierno Vasco a suscribir «un acuerdo firme que permita armonizar una respuesta a esta sexta ola, un acuerdo interterritorial que sea operativo los próximos días o, incluso, las próximas horas».

A su juicio, un consenso «con unas medidas claras, proyectaría un mensaje de confianza a la sociedad». «Sería también un estímulo para nuevos acuerdos en el Estado y las instituciones europeas ante una pandemia que incrementa su nivel de extensión y afección global. En última instancia, nuestro primer deber es preservar la salud pública y la prioridad de estas medidas es responder a este imperativo que compartimos», ha añadido.

BATERÍA DE MEDIDAS

El Lehendakari ha compartido con el resto de presidentes de comunidades autónomas y el del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, una propuesta de criterios comunes en la que sugiere una batería de medidas generales de respuesta a la sexta ola con un horizonte de aplicación hasta finales de enero y también criterios específicos para el periodo navideño.

En todo caso, ha precisado que todos los planteamientos expuestos son «modulables» y están «abiertos al consenso». «Lo que importa, en estemomento, es favorecer el máximo acuerdo», ha afirmado Iñigo Urkullu.

El jefe del Ejecutivo vasco ha resumido las diez medidas que considera que se deberían compartir, como la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores, el horario máximo de cierre para todas las actividades comerciales, sociales y culturales a la 01.00 horas, limitar los aforos en todo tipo de establecimientos y recintos interiores al 60% o restringir aforos en grandes eventos sociales, culturales o deportivos en exteriores al 50%».

También ha propuesto impedir el consumo de pie y limitar las agrupaciones por mesa a un máximo de 10 personas en establecimientos de hostelería y restauración, así como en ocio nocturno, restringir los grupos a un número máximo de 10 personas en la práctica deportiva en interiores.

En cuanto a los días señalados y festivos del período navideño, ha sugerido que el horario de actividad cultural o social y de los establecimientos comerciales y de hostelería finalice a las 21.00 horas, con excepción de los restaurantes, que podrían servir cenas hasta las 23.30 horas, de estaciones de servicio o farmacias.

Asimismo, ha planteado establecer que, en esas jornadas, el horario de apertura de establecimientos comerciales y de hostelería se realice a partir de las 8.00 horas, mientras que en los hoteles, casas rurales, campings o cualquier otro de tipo alojamiento con servicio de restauración, sólo se podrían servir cenas hasta las 23.30 horas.

También ha incluido la recomendación de que las comidas y cenas navideñas se desarrollen sin superar el número de 10 personas con un máximo de dos unidades familiares, y que su composición no varíe en las diferentes celebraciones.

El Lehendakari ha mostrado su confianza en que esta Conferencia tuviera una vertiente resolutiva que permitiera convertir estas propuestas en decisiones operativas. «Un acuerdo firme constituiría una respuesta acorde a lo que nuestra sociedad espera y necesita en un momento como el que vivimos», ha precisado.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido duramente contra el «disparate» de imponer la mascarilla obligatoria en exteriores y ha avisado que su formación está dispuesta a llevar a los tribunales esta medida que ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que tilda de «aprendiz de tirano» que «ya sobrepasa todos los límites».

En concreto, Sánchez ha informado este miércoles a los presidentes autonómicos que mañana se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para volver a establecer la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores. Además, también ha planteado reforzar la vacunación con militares y la contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado.

«Este aprendiz de tirano ya sobrepasa todos los límites. No hay criterio sanitario, ni mucho menos legal, que apoye este disparate de las mascarillas», ha afirmado el presidente de Vox en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

DICE QUE NO SE PONDRÁ MASCARILLA EN LA CALLE SI HAY DISTANCIA

Abascal, que ya llevó a la Justicia otras medidas aprobadas por el Gobierno como los estados de alarma, amenaza de nuevo ahora con recurrir a los tribunales si el Gobierno sigue adelante con la mascarilla obligatoria en el exterior.

«Responderemos en los tribunales. Mientras tanto, si yo voy por la calle y con distancia suficiente… no me la voy a poner», ha advertido el presidente de Vox.

Para expresar su rechazo a las mascarillas en el exterior, Vox ha empezado a difundir en redes sociales el hashtag ‘#YoNoMeLaPongo’, en línea con el mensaje de su jefe de filas rechazando hacerlo si hay distancia suficiente.

RECHAZO AL PASAPORTE COVID

Este martes, Vox ya confirmó además su rechazo al pasaporte Covid y animó a los ciudadanos a desprenderse del miedo y levantarse ante una medida que cree que no tiene razón sanitaria y solo busca el «control social» de la población.

«Únicamente nos queda desprendernos del miedo, cuando nos quitemos el miedo recuperaremos la dignidad como pueblo», reivindicó en rueda de prensa la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que denunció que el certificado de vacunación en España solo funciona como un «instrumento de control social» que restringe los derechos y libertades de los ciudadanos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que la medida que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros sobre la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores es «buena» pero ha insistido en el retraso a la hora de aplicar las medidas, al tener que ser validadas por la justicia, al tiempo que ha criticado la disparidad de criterios de los tribunales en cada territorio.

Según la información trasladada por el Gobierno andaluz sobre la intervención vía telemática de Moreno, ha considerado «positiva y oportuna» esta convocatoria de la Conferencia de Presidentes pero, a su juicio, ha llegado «con retraso».

En este contexto, Moreno ha señalado que el uso de la mascarilla en exterior es una «buena medida», sobre todo en eventos multitudinarios, una medida que el Consejo de Ministros aprobará mañana y que ya había sido reclamada en los últimos días por comunidades como Andalucía.

Así se ha expresado este miércoles durante su intervención en la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez para abordar la situación de la pandemia del coronavirus en esta sexta ola. Además, ha pedido que se acelere la administración de la tercera dosis de la vacuna en todos los grupos de edad y que lleguen a las comunidades más dosis de las vacunas pediátricas, las que se inyectan a los niños de 5 a once años.

«En este momento en Andalucía hay dosis pediátricas solo para «cuatro días y sería una lástima frenar el proceso de vacunación infantil por falta de dosis», ha lamentado.

Durante su intervención, ha pedido que la incidencia acumulada deje de ser el principal indicador a la hora de adoptar medidas y se tenga en cuenta la presión hospitalaria. En línea con lo que ya ha trasladado en los últimos días, ha demandado al presidente del Ejecutivo una Ley de Pandemias, ya que hace casi dos años desde que llegó la pandemia «y la falta de norma básica estatal tiene doble perjuicio: Retraso a la hora de aplicar las medidas, al tener que ser validadas por la justicia, y disparidad de criterios de los tribunales en cada territorio.

Asimismo, Moreno ha insistido en su petición sobre el fondo Covid para 2022. A su juicio, «que se haya tenido que celebrar esta Conferencia de Presidentes urgente para ver cómo abordamos la pandemia es la mejor prueba de que hace falta un fondo Covid».

El presidente también ha pedido fondos para blindar la Atención Primaria, que en estos momentos está viviendo importantes «tensiones» en todas las comunidades y que es una preocupación compartida por todos los presidentes autonómicos.

Moreno ha reclamado además un esfuerzo por contar con más profesionales sanitarios, que no hay disponibles, ampliando los MIR y las plazas en las facultades para el futuro.

Como ya ha hecho en otra ocasiones, Moreno ha pedido a Pedro Sánchez modificar el Reglamento de la Conferencia de Presidentes para que se alcancen acuerdos vinculantes y de ese modo haya una participación real de las comunidades autónomas en la toma de decisiones.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha tachado de «claramente insuficientes» las medidas que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha propuesto en la Conferencia de Presidentes autonómicos que el Gobierno convocó para este miércoles de forma telemática para afrontar la crisis sanitaria.

En un comunicado, el presidente ha explicado que del mismo modo que había hecho previamente el lehendakari, Iñigo Urkullu, él ha pedido medidas «más valientes, coordinadas, y en todo el España, con los matices convenientes adaptándose a la realidad epidemiológica de cada territorio».

«El jefe del Govern se ha mostrado sorprendido por las pocas medidas expuestas por el presidente del Gobierno», ha dicho después de que el lunes el Govern aprobara las medidas más restrictivas de toda España que incluyen el cierre del ocio nocturno, un toque de queda de 15 días y la reducción de reuniones a un máximo de 10 personas, entre otras.

De hecho, Aragonès ha expuesto estas medidas que ha tomado la Generalitat y ha pedido que se apliquen restricciones en el resto de España en la línea de otros Estados europeos: «El virus no entiende de territorios y que hay que seguir el ejemplo de otros países europeos».

Asimismo, ha advertido de la fuerte interacción que hay entre territorios, especialmente en fechas navideñas, y ha exigido «responsabilidad, sabiendo que tomar medidas no es fácil ni popular, pero sí totalmente necesario».

El presidente catalán ha puesto en valor el trabajo del personal sanitario y el funcionamiento de la vacunación, y ha reafirmado el compromiso de su Govern «para agilizar al máximo este proceso, especialmente centrado en las dosis de refuerzo y la vacunación de los niños».

EXTENDER EL FONDO COVID

Aragonès también ha insistido en pedir al Gobierno central la extensión del fondo Covid para el próximo año para reforzar el sistema sanitario y crear líneas de ayudas económicas para los sectores afectados por las restricciones, y ha reprochado que Sánchez «no ha hecho referencia» a ello, a diferencia de algunos presidentes autonómicos.

Otra de las demandas del presidente catalán en el encuentro ha sido que los padres con hijos que tengan que confinarse puedan pedir la baja laboral para cuidarlos.

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este miércoles el informe de ponencia sobre la proposición de Ley Orgánica para modificar el Código Penal, para penalizar el acoso hacia las mujeres que acuden a clínicas para abortar. Todos los grupos han votado a favor, a excepción de PP y Vox.

El informe de la ponencia incorpora dos cambios introducidos fruto de una transaccional entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Cs para que el acoso que se ejerza a los trabajadores y profesionales de las propias clínicas también sea objeto de pena, y para que no sea necesaria la denuncia para la persecución de los hechos.

Con esta iniciativa, todos aquellos «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos» que «menoscaben la libertad de las mujeres», serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años.

Desde el PSOE, Laura Berja ha reprochado al PP que «se ponga de lado de Vox y de los que hostigan a las mujeres». «Es muy triste que ustedes no evolucionen», les ha reprochado, recordando que hace 11 años intentaron «boicotear» también la ley del aborto. «No se entiende que en un país como el nuestro, la derecha esté tan cerca de la ultraderecha», ha recriminado Berja, que considera «fascismo» llamar a la libertad de elección «exterminio». «El aborto es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, por más que le duela a muchos diputados de esta sala», ha finalizado la socialista.

Martina Velarde (Unidas Podemos) ha defendido la propuesta, señalando que al igual que los abortistas no van a la Iglesia a decirles a las mujeres que tienen el derecho a abortar, tampoco pueden ir «quienes rezan» a las clínicas a «acosar y coaccionar a las mujeres para que no ejerzan su derecho al aborto». «No hay nada menos cristiano que quienes utilizan el rezo para golpear las libertades de las mujeres», ha dicho.

También la diputada de Cs Sara Giménez ha apoyado la proposición, pues ésta «reconoce el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo en caso de embarazo» y porque, a su juicio, «el sistema tiene que ofrecer libertad para el ejercicio y la garantía del derecho al aborto». Giménez ha lamentado que haya grupos en contra de la iniciativa, en referencia a PP y Vox, y ha calificado de «insostenible» que las mujeres se enfrenten a situaciones de «hostigamiento» en un «estado democrático avanzado» como el nuestro.

Desde ERC, Pilar Vallugera ha defendido también el texto, y ha negado que, como dicen PP y Vox, sirva para limitar los derechos de opinión o reunión, porque en el caso de los que acosan a las mujeres a las puertas de las clínicas, lo que hacen es «imponer sus creencias», así que la «objeción» ejerce de «barrera a un derecho» como el del aborto. Además, no considera que lo que hacen los ‘provida’ en los alrededores de las clínicas sea ejercer su derecho de reunión sino realizar «hostigamiento», «amenazas» y «coacciones», lo que constituye «un ejemplo más de violencia machista en nuestras calles».

«CENTROS DE EXTERMINIO DE SERES HUMANOS»

En contra se han posicionado el PP y Vox. Los más críticos han sido los de Vox, al denominar las clínicas donde se practica el aborto «centros de extermino de seres humanos». «Frente al negocio de la muerte, nosotros no enmudeceremos», ha aseverado Patricia de las Heras.

Esta diputada considera que la iniciativa debatida este miércoles en Comisión tiene un «beneficiario», las propias clínicas, que se «lucran causando la muerte de otros». Para De las Heras, aquellos que según el resto de formaciones acosan a las mujeres, son en realidad «rescatadores», «voluntarios» que dan «afecto», «humanidad» y «verdad» a las mujeres y que se «manifiestan pacíficamente» como «hizo Gandhi». Además, señala que el texto «coarta el derecho de expresión, circulación y reunión».

También el PP ha votado en contra porque el texto supone «otro ejemplo del sectarismo del PSOE y sus socios», pues tal y como sostiene la ‘popular’ María Teresa Angulo, «limitan derechos» y «discriminan a unos españoles» por «pensar distinto» y «ofrecer información a las mujeres que acuden a abortar», lo que ha tachado de «inconcebible». «Se trata de una vulneración de derechos por sectarismo ideológico», ha insistido.

La consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, espera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dé el visto bueno al decreto con el que el Govern quiere recuperar el toque de queda en 126 municipios: «Ya tenemos antecedentes, el tribunal ya tiene un poco de pautas por las que guiarse en sus resoluciones y esperamos que lo apruebe».

En una entrevista de TV3, ha mantenido que, con las nuevas restricciones –pendientes de aval judicial porque afectan a derechos fundamentales–, el Govern quiere ser «lo más quirúrgico posible y el mínimo de restrictivo posible».

En este sentido, ha defendido que los 15 días de restricciones que propone la Generalitat son «el mínimo tiempo posible» para controlar el aumento de contagios, y ha reivindicado que se trata de medidas basadas en criterios sanitarios a partir de los indicadores de la pandemia.

«El toque de queda es inevitable porque es una de las medidas que pensamos que puede ser más eficiente», ha dicho, y ha pedido un esfuerzo de responsabilidad colectiva, además de llamar a que las personas que todavía no se han vacunado lo hagan.

El TSJC tiene sobre la mesa el decreto del Govern que prevé aplicar nuevas restricciones para evitar contagios: además del toque de queda, quiere cerrar el ocio nocturno, limitar los encuentros sociales a un máximo de 10 personas y restringir aforos en restauración, comercio, deporte federado, gimnasios y actividades culturales y deportivas.

El Govern anunció estas medidas el lunes, con la intención de que entren en vigor la noche del jueves al viernes, y este miércoles ha enviado el decreto al TSJC: el tribunal resolverá, previsiblemente el jueves, después de recibir el posicionamiento de la Fiscalía.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este jueves 23 de diciembre la Operación especial con motivo de las fiestas navideñas, un periodo para el que se prevén un total de 19.530.000 desplazamientos por carretera.

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la operación especial contempla una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico a nivel nacional que estarán en marcha hasta el próximo domingo 9 de enero de 2022.

Así, el operativo desarrollará en tres fases que coinciden con los días festivos de mayor tráfico: Primera fase Navidad, del viernes 24 al domingo 26 de diciembre de 2021; Segunda fase Fin de Año, del viernes 31 de diciembre al domingo 2 de enero de 2022; y Tercera fase Reyes, del miércoles 5 al domingo 9 de enero de 2022.

Este dispositivo cuenta, como en cualquier otra operación especial, con la total disponibilidad de los medios de los que dispone Tráfico y que incluye tanto los medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), como los técnicos (780 radares fijos, 92 de ellos de tramo, y 545 móviles de control de velocidad, los 12 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad).

En este sentido, la DGT recuerda que es «importante» evitar las horas más desfavorables y para viajar, planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos e informarse del estado de las carreteras a través de las cuentas de twitter @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011. El dispositivo se puede consultar en la sección ‘Operaciones especiales’ en www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendacionesde-trafico/.

Además, la DGT ha lanzado este martes su tradicional campaña de comunicación navideña. Con un tono optimista y sosegado, la campaña hace hincapié en la importancia decisiva del factor humano en los siniestros de tráfico.

«Por muchas ayudas a la conducción que lleve un vehículo, si el conductor no es consciente de la importancia de no distraerse o de respetar los límites de velocidad, los accidentes de tráfico seguirán produciéndose», ha subrayado.

La Dirección General de Tráfico quiere que, «especialmente en estas fechas», los ciudadanos piensen en aquellos que más les quieren y en los que más quieren, los que viajan con ellos o los que esperan en destino, para, «entre todos, evitar que los accidentes se produzcan».

Bajo el lema ‘Conduce con precaución. Hay mucha Navidad en cada coche’, la campaña podrá verse y escucharse desde el 22 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero en televisiones, radios, medios impresos, soportes digitales, redes sociales y cine.

El Congreso tiene previsto habilitar el mes de enero para avanzar en la reforma de la de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, y planea celebrar hasta tres reuniones de ponencia para discutir las enmiendas registradas por los grupos, con idea de poder llevar el texto en febrero a la Comisión de Interior.

Este es el calendario de trabajo que se ha esbozado este miércoles durante la primera reunión de la ponencia encargada de tramitar la proposición del PNV para retocar la polémica norma aprobada con la mayoría absoluta del PP en 2015.

El PP y Vox, que rechazan la reforma, se han opuesto a solicitar a la Mesa del Congreso que se habilite enero –inhábil a efectos parlamentarios– para discutir las enmiendas de los grupos. El resto de formaciones presentes en la reunión sí han apoyado convocar la ponencia los miércoles 12, 19 y 26 de enero.

La ponencia, que se reúne a puerta cerrada, tiene la misión de emitir un informe sobre la iniciativa que después se elevará a la Comisión de Interior y finalmente al Pleno del Congreso.

La reforma de la ‘ley mordaza’ fue presentada al Congreso por el PNV, pero se pasó semanas bloqueada hasta que el pasado mes de octubre los dos socios del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos anunciaron un acuerdo sobre varios apartados. Eso sí, dejaron pendiente el tratamiento de las llamadas devoluciones en caliente.

RECHAZO DE OPOSICIÓN Y COLECTIVOS POLICIALES

Los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han mostrado su rechazo a ese acuerdo de PSOE y Unidas Podemos. De hecho, la plataforma Jusapol había anunciado una concentración frente al Congreso el 14 de diciembre, aunque luego la anuló al no reunirse la ponencia este día.

Jusapol, la plataforma de la que han surgido Jupol y Jucil, organizaciones mayoritarias en la Policía y la Guardia Civil, aseguró hace unos días que posponía la concentración frente al Congreso, aunque avisando que volvería a convocarla una vez que se reiniciaran los trámites parlamentarios de la reforma legislativa.

Los principales sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyados por PP, Vox y Cs, participaron el pasado 27 de noviembre de forma unitaria en una manifestación en Madrid en la que mostraron su rechazo a la reforma planteada por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. También hicieron lo propio frente a las delegaciones del Gobierno días antes.

«Lo que está en peligro es el respeto a los derechos de todos, que los violentos tomen el control de las calles», señalaron los convocantes en la lectura de un manifiesto en la manifestación de Madrid. También criticaron la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que reclamaron diálogo para escuchar a los representantes de policías y guardias civiles.

El pasado 13 de diciembre, Unidas Podemos anunció que había remitido un informe a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, en el que alertaba de la oposición de sindicatos policiales y partidos políticos de derechas a la reforma la ‘ley Mordaza’.

La medida ha sido criticada por varios sindicatos policiales, al entender que «coarta» la libertad de expresión. De hecho, denuncian que esto mismo es una contradicción porque el Gobierno justifica la reforma de la ‘ley mordaza’ en la necesidad de garantizar el derecho de manifestación, en equilibrio con la seguridad jurídica de las actuaciones policiales.

El periodo medio de pago a proveedores (PMP) en las comunidades autónomas (CCAA) alcanzó en octubre los 26,59 días, lo que supone una bajada del 3,97%, 1,10 días menos con respecto al mes anterior situándose así, por undécimo mes consecutivo, por debajo de los 30 días –el plazo máximo establecido en la normativa–.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública recoge en un comunicado que esta tendencia a la baja se debe, en gran parte, a los recursos transferidos por el Gobierno central a los Gobiernos autonómicos que han logrado atenuar el impacto de la crisis en las empresas y pymes y que son proveedoras de estos Ejecutivos.

En concreto, la estadística refleja que Canarias y Cataluña son las comunidades autónomas que de media más tardaron en pagar a los a proveedores en octubre de 2021, con 34,49 y 34,11 días, respectivamente. Eso sí, ninguna comunidad presenta este mes un PMP superior al plazo de 60 días, límite a partir del cual el Ministerio de Hacienda comienza a aplicar las medidas previstas en la normativa de estabilidad.

Seguidas de estas dos CCAA, le siguen por orden: Aragón, con 32,66; Asturias, con 31,40; Baleares, con 29,82 días y Andalucía, con 27,72 días.

Por el contrario, la CCAA que menos tardó en pagar a los proveedores en octubre fue la Región de Murcia, con 6,54 días. También por debajo de la media nacional se sitúan, de manera descendente, Castilla y León, con 25,44 días; seguido de Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, con 24,77; País Vasco, con 21,79; La Rioja, con 21,50; Comunidad Valenciana, con 20 días; Cantabria, con 17,26; Galicia, con 14,84 y Extremadura, con 14,55.

En cuanto a los datos de la Administración Central, el PMP se ha cifrado en 35,92 días en octubre, lo que supone 0,16 días más que en septiembre de este año, mientras que las Entidades Locales de cesión tienen un plazo de pago a proveedores de 66,10 días en el décimo mes de 2021, lo que supone una bajada de 3,91 días en relación con el mes anterior. Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se sitúa en 11,4 días.

Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de Seguridad Social se sitúa en 11,4 días, por lo que desciende en 0,2 días con respecto al registrado en el mes anterior.

DEUDA COMERCIAL

En cuanto a la deuda comercial, esta se cifra en 3.496,81 millones de euros, equivalente al 0,29% del PIB nacional, lo que supone un incremento de 214,05 millones de euros con respecto al mes de septiembre.

Como lleva ocurriendo todo el último año, la evolución del PMP y de la deuda comercial están relacionadas con el aumento de la tramitación de las operaciones de naturaleza comercial, especialmente en el ámbito sanitario, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

De hecho, las operaciones comerciales de naturaleza sanitaria generadas en los primeros diez meses de 2021 se han incrementado en un 13,55% con respecto al mismo período de 2019, año previo a la crisis sanitaria.

De esta forma, los pagos de naturaleza comercial realizados en los primeros diez meses de 2021 han ascendido a 51.041,07 millones de euros. De ellos, corresponden a pagos de naturaleza sanitaria 33.103,94 millones de euros, produciéndose un incremento del 3,9% en los de naturaleza comercial y del 1,82% en los pagos sanitarios con respecto al mismo período del año anterior.

No obstante, en relación con el mismo periodo del ejercicio 2019, los pagos de operaciones comerciales se han incrementado un 11,49% y un 15,68% en el caso de las operaciones sanitarias.

Asimismo, en la evolución de la deuda comercial y del incremento de pagos efectuados, el Ministerio resalta como «determinantes» las medidas de liquidez adoptadas por el Estado para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha tachado este miércoles de «inútil», la propuesta del Gobierno sobre la vuelta a la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores ante el incremento de los casos de Covid y le ha urgido a rectificar. «Es un error político grave», ha dicho.

El presidente del Ejecutivo ha trasladado esta medida durante la reunión de la Conferencia de Presidentes que se celebra de forma telemática en el Senado como previa a su aprobación este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario.

Y poco después Errejón, cuyo partido es socio habitual del Sánchez en el Congreso, ha escrito un comentario en su perfil de Twitter, para denostar la idea del Ejecutivo.

TOMAR MEDIDAS INÚTILES ES PEOR QUE NO TOMARLAS

Se trata, a juicio de líder de Más País, de «una medida inútil en términos de salud pública y un error político grave» y, por tanto, «el Gobierno debe rectificar y cuanto antes mejor».

«Sólo hay una cosa peor que no tomar medidas: tomar medidas inútiles», ha comentado, por su parte, la portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid y médica de profesión, Mónica Díaz, a través de la misma red social.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha felicitado a las nuevas coordinadoras autonómicas de Asturias y Baleares, las diputadas Sofía Castañón y Antonia Jover, y ha destacado que a partir de ahora tienen por delante el «reto de fortalecer y hacer crecer a Podemos».

Así lo ha trasladado en un mensaje en redes sociales en el que también agradece el trabajo realizado durante estos años por los líderes regionales salientes, Daniel Ripa en Asturias y Mae de la Concha en el archipiélago.

Por otro lado, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha destacado que tras estos procesos se abre una «nueva etapa» en la que la formación sale «reforzada de nuevo gracias a la participación de la militancia». «Juntas somos más fuertes», ha planteado.

Las primarias en Asturias se han saldado con un resultado ajustado en favor de Castañón, que ha logrado el 50,2% del voto de los inscritos y con un margen de distancia de 100 sufragios sobre Ripa, barón saliente que en varias ocasiones se ha mostrado crítico con el partido a nivel estatal.

De hecho, la lista de Ripa ha obtenido la mayoría dentro de la dirección regional asturiana, por lo que ha proclamado que dichos resultados son «extraños y ajustados deben ser auditados en el corto plazo».

La victoria de Castañón, persona de confianza y afín a la actual líder estatal de Podemos, Ione Belarra, augura unas relaciones más fluidas y coordinadas con la dirección estatal del partido.

Las primarias en Asturias se han desarrollado en un ambiente bronco y enturbiadas con acusaciones cruzadas entre las dos candidaturas, en contraste con lo ocurrido en las primarias de Baleares, donde se consiguió una candidatura de unidad. La fórmula de intentar una lista unitaria en Asturias se sondeó pero no fue posible.

En Baleares, Jover era por tanto la única aspirante a liderar la formación morada en las islas y ha cosechado el 81,6% de los votos de los inscritos.

Con estos proceso, Podemos prosigue su estrategia marcada tras su IV Asamblea Ciudadana estatal de promover liderazgos femeninos y renovar cuadros en el partido, con vistas a rearmar el partido a nivel territorial y, de esta forma, crecer en militantes y votos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado un recurso presentado por el PP en el que pedía cercenar lo que ve como «valoraciones subjetivas» del último informe sobre ‘Gürtel’ rubricado por el inspector Manuel Morocho, argumentando que ya decidirá qué hacer con esos extractos cuando resuelva si acuerda procesar a los imputados por las llamadas ‘comisiones finalistas’.

El Partido Popular intentó en un primer momento que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 expulsara directamente el informe emitido por el investigador principal de ‘Gürtel’ el pasado 20 de julio. Pedraz se negó, aunque «sin perjuicio» de que esos juicios de valor «puedan tenerse por excluidos».

La formación de Pablo Casado respondió con un recurso de reforma en el que demandaba una mayor concreción al magistrado, un movimiento que ha rechazado nuevamente el magistrado al considerar que no se trata de una verdadera impugnación sino que el PP busca «que se dé cumplimiento» a lo acordado en esa providencia de 25 de octubre.

Pedraz ha manifestado que el momento de determinar si esas valoraciones se tienen o no en cuenta será cuando decida si archiva la causa o si, por el contrario, avanza hacia el procesamiento de todos o algunos de los imputados.

«Momento en que se tendrá en consideración y no ahora, pues es ese trámite en el que se deberá hacer la valoración de todo lo actuado» para adoptar alguna de las decisiones señaladas, ha indicado, en un auto del 18 de noviembre.

El objeto de la controversia es el informe firmado por Morocho que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) envió el 20 de julio a la Audiencia Nacional, en el marco de las pesquisas para determinar si las donaciones realizadas por empresarios a la ‘caja b’ del PP tenían como finalidad determinadas adjudicaciones de obra pública.

EL PP ACUSÓ A MOROCHO DE «MALA PRAXIS»

El ‘dossier’ describe una dinámica en tres niveles –partido, poder ejecutivo y estructura policial– mediante la que se habría consumado el presunto espionaje parapolicial armado en la ‘Operación Kitchen’ contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle la documentación comprometedora que pudiera tener y «desactivar» así el caso ‘Gürtel’.

Los ‘populares’ reaccionaron en un duro escrito denunciando que se trata de «un informe policial que incurre en una manifiesta ‘mala praxis’ de su autor», Morocho, al que acusaron de «atentar de forma palmaria contra los principios rectores que, conforme a nuestra Ley de Ritos Penales, han de regir la elaboración de los atestados policiales».

Y ello porque, según el PP, el inspector habría enviado este informe a Pedraz sin que el instructor se lo solicitara, lo cual criticó como «una «inaudita y censurable proactividad» de Morocho, y sobre un tema que «nada tiene que ver» con los hechos investigados en esta causa, algo que le resultó «aún más reprobable», dado que el agente «conoce sobradamente» lo que se indaga en esto caso porque todos los informes firmados por la UDEF son suyos.

Añadió asimismo que «a través de este informe se incorporan valoraciones subjetivas (…) con las que se pretende suplir la labor de valoración exclusiva del juez instructor», atribuyendo a Morocho «un claro sesgo incriminatorio» que le habría empujado a buscar «desesperadamante» indicios ajenos a la investigación dirigida por Pedraz.

«No ha tenido ningún reparo en dilapidar los escasos recursos públicos con los que cuenta la Policía Judicial que, lejos de destinarse a tratar de esclarecer la verdad material de los hechos objeto de investigación en estos autos, se han dedicado a la elaboración de un informe con finalidades espurias», remachó el Partido Popular.

Por eso, reclamó al juez que, además de expulsar de la causa este último informe, advirtiera «expresamente» a Morocho «para que, en lo sucesivo, se abstenga de la presentación de informes no solicitados y totalmente ajenos al objeto de la instrucción».

INSTRUCCIÓN ACABADA

Pedraz puso fin a la instrucción de las ‘comisiones finalistas’ el pasado 29 de julio, si bien aún está a la espera de recibir un último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IAGE) para decidir sobre el sobreseimiento o el pase a procedimiento abreviado de la causa.

La investigación sobre las ‘comisiones finalistas’ comenzó en 2013 con el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que la archivó dos años después al encontrar únicamente indicios de que la reforma de la sede del PP en la madrileña calle Génova se pagó con la ‘caja b’. Sin embargo, el caso se reabrió tras las revelaciones que hizo el líder de la ‘Gürtel’, Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta.

Posteriormente, Bárcenas, que en ese mismo juicio negó que las donaciones que distintos empresarios hicieron al PP tuvieran carácter finalista, afirmó en un escrito enviado a principio de año a la Fiscalía Anticorrupción que sí perseguían adjudicaciones. Y, en una reciente declaración del pasado 16 de julio, el ex tesorero implicó en estas supuestas corruptelas a todos los ministros de Medio Ambiente y Fomento del PP.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha informado este miércoles a los presidentes autonómicos que mañana se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para volver a establecer la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores, según han informado fuentes gubernamentales.

Sánchez ha anunciado esta medida en la Conferencia de Presidentes que se celebra este miércoles de manera telemática para abordar junto a los mandatarios autonómicos la situación de la pandemia del Covid-19 del súbito incremento de casos en las últimas fechas.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo finalmente ha hecho caso a los siete presidentes autonómicos que habían propuesto al Gobierno volver a retomar la medida que hacía obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores.

Fue el pasado 26 de junio cuando el Gobierno central decidió poner fin a la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los exteriores si había más de 1,5 metros de distancia. Sin embargo, Sánchez ha decidido volver a proponer esta obligatoriedad como una medida que, a su juicio, pueda controlar el avance del virus en España.

REFORZAR LA VACUNACIÓN CON MILITARES

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha propuesto reforzar los dispositivos de vacunación con equipos de las Fuerzas Armadas, así como poner a disposición hospitales de la Red Sanitaria Militar, según aseguran fuentes gubernamentales.

En este contexto, el presidente ha planteado la intensificación y aceleración del proceso de vacunación y ha puesto encima de la mesa los siguientes objetivos: Que el 80% de la población entre 60 y 69 años esté vacunada con la tercera dosis antes de que finalice el año; que el 80% de entre 50 y 59 años lo esté en la semana del 24 de enero y que el 80% de entre 40 y 49 años tenga la dosis de refuerzo en la primera semana de marzo.

Además que el 70% de los niños entre 5 y 11 años cuente con la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero y que el 70% tenga la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril.

CONTRATAR PERSONAL SANITARIO JUBILADO

Otra de las medidas que Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos ha sido la de la contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado y habilitación para la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea.

Es más, fuentes de la reunión señalan que Sánchez ha informado a los mandatarios autonómicos que el consejo de ministros extraordinario de mañana aprobará un «refuerzo de recursos humanos», que se articulará a través de la contratación de este personal sanitario jubilado.

La idea del Gobierno, según Sánchez, es la de aumentar el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorar sus condiciones laborales, reduciendo la temporalidad por debajo del ocho por ciento.

TEST COVID

En cuanto a los tests covid, Sánchez ha informado a los presidentes autonómicos que se emitirán autorizaciones temporales para permitir la venta en farmacias de determinados test de antígenos de uso profesional para que estén a disposición de toda la población.

También ha recordado que las personas que hayan tenido contacto directo con un contagiado no deberán realizar la cuarentena en caso de estar vacunadas con pauta completa, y que, a partir del 1 de febrero, el Certificado Covid tendrá un caducidad de nueve meses desde la fecha de la administración de la última dosis.

REUNIR A LOS PRESIDENTES DURANTE LA SEXTA OLA

Otro de los puntos sobre los que ha versado la intervención inicial de Sánchez ha sido la de proponer reuniones periódicas de la Conferencia de presidentes mientras dure esta sexta ola.