Las cinco mujeres y cuatro hombres que conforman el jurado popular que deberá decidir en el caso de la mujer degollada en Mancha Real (Jaén), en septiembre de 2020, ha comenzado ya a deliberar después de que la magistrada presidenta del tribunal les haya hecho entrega del objeto del veredicto.
Después de cuatro días consecutivos de juicios, con sesiones de mañana y tarde de declaraciones, finalmente el jurado tendrá que decidir sobre los delitos que se le imputan al autor confeso de la muerte de Manuela, de 52 años, y que no es otro que su propio hermano, de 53 años.
Se da la circunstancia también de que el covid también ha hecho acto de presencia en el jurado. Los dos suplentes han tenido que pasar a ser miembros del jurado por contagios de covid-19 entre dos de sus titulares.
El acusado, L.M.P., lamentó ante el jurado lo ocurrido y lo atribuyó todo al consumo de alcohol y drogas que le llevaron a "no saber gestionar" los problemas que tenía con su familia y especialmente con su hermana Manuela, que acabó degollada con un serrucho de podar.
El acusado, que solo aceptó responder las preguntas de su defensa, ha señalado que el día en que ocurrieron los hechos había ingerido alcohol, cannabis y cocaína por lo que cuando vio a su hermana por la calle sintió "un estallido en la cabeza", al tiempo que se le aceleró el corazón y se le disparó la ansiedad.
Es lo que sostiene su defensa, que el acusado sufrió un arrebato e hizo lo que hizo porque era víctima de un trastorno metal transitorio, algo que rechazó la forense psiquiátrica que examinó a L.P.R. Según la perito forense el relato "detallado" que ofreció el acusado sobre lo que había ocurrido es incompatible con un trastorno mental transitorio.
Por su parte, las hijas de la víctima pidieron justicia al jurado, mientras que testigos presenciales relataron cómo vieron al acusado encima de la víctima "serrándole" el cuello y sin que ésta pudiera defenderse ya que la tenía "inmovilizada" en el suelo.
Todos los testigos señalaron que el acusado abandonó el lugar del crimen en su propio coche y que en ningún momento presetaba signos de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas. También los guardias civiles que lo detuvieron en el cuartel rechazaron a simple vista que el acusado estuviera bebido o drogado.
"Que se haga justicia con mi madre y que podamos vivir tranquilos y seguir con nuestra vida", fueron las palabras de Ana, una de las tres hijas de la fallecida. Sus hijas coincidieron en que su madre vivía "atemorizada" por "el miedo" que le tenía a su tío. Ana lamentó que a, pesar de las múltiples denuncias interpuestas contra él y de tener en vigor una orden de alejamiento de su madre, "la justicia falló" y se cumplieron las amenazas.
También la madre del acusado y de la víctima declaró ante el jurado. A sus 88 años dijo que su hijo para ella ya está muerto y enterrado. "Ya lo enterré, para mí está muerto. Ya no lo quiero ni muerto ni vivo", dijo al jurado.
Las forenses señalaron que la agresión se produjo por detrás y que su muerte tras cortarle el cuello con una sierra de podar fue "agónica" y siendo "consciente" de lo que le estaba pasando.
Asimismo, en su declaración descartaron que la muerte se pudiera producir de una manera accidental como mantiene la defensa ya que el tipo de herida que presentaba -- 14 centímetros de largo y 3,5 de ancho-- requería "mucha fuerza" y también presión para llegar a la profundidad que llegó.
Con todos los testimonios y las pruebas aportados, el jurado tendrá que inclinarse entre las tesis del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares u optar por las de la defensa.
Los hechos que se enjuician tuvieran lugar el 25 de septiembre de 2020 cuando tras reiteradas denuncias de la fallecida contra el acusado, a plena luz del día, el acusado supuestamente abordó a su hermana y con el serrucho de podar las ramas de los olivos la degolló.
El fiscal y las acusaciones particulares sostienen que lo hizo "abalanzándose sobre ella súbitamente por detrás, aprovechando de este modo para cogerla y ponerle el serrucho en el cuello por delante".
El fiscal hace constar que en el momento de los hechos el acusado "tenía intactas sus facultades para comprender sus actos y la voluntad para decidir". Por su parte, la defensa mantiene que su cliente actuó bajo un trastorno mental transitorio agravado y también bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Tras matar a su hermana, el acusado se dirigió al cuartel para entregarse, aunque también allí se enfrentó a los agentes, extremo éste que también rechazó el acusado en su declaración ante el jurado.
Las penas que se solicitan inicialmente para el acusado van desde los 27 años que pide el Ministerio Fiscal a los 32 años de prisión de las acusaciones particulares, mientras que la defensa aboga por una pena que no vaya más allá de 15 años de cárcel si finalmente hay condena.
Una vez que el jurado haya emitido el veredicto será la magistrada presidenta la encargada de dictar sentencia e imponer la pena correspondiente.
