La Comunidad de Madrid destinará este año 425,6 millones de euros a prestar atención especializada y gratuita a las personas con discapacidad de la región, lo que supone un incremento del 25% respecto a los más de 341 millones presupuestados el pasado año.

Así lo ha subrayado este viernes el viceconsejero de Familia, Juventud y Política Social, Luis Martínez-Sicluna, durante la entrega de los Premios Plena Inclusión 2021, unos galardones con los que esta entidad reconoce el trabajo de distintas organizaciones y entidades en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.

En esta octava edición los premios han recaído en el Ayuntamiento de Tres Cantos, las empresas Sandoz Iberia y CGI y en el proyecto Dremers de la Fundación GMP. También se ha concedido un premio extraordinario a la Fundación La Caixa.

El viceconsejero ha sido el encargado de entregar este último galardón, que reconoce una iniciativa que aglutina a músicos no profesionales y miembros de una decena de coros de la región para crear una actuación solidaria de la mano del maestro Torrelledó.

Luis Martínez-Sicluna ha felicitado a todos los galardonados "por su esfuerzo e implicación para cambiar las cosas y ayudar a quienes más lo necesitan", y ha indicado que la red regional de atención a las personas con discapacidad, enfermedad mental y atención temprana está formada por un total de 622 recursos de carácter residencial y no residencial, que suman 24.685 plazas adaptadas para cubrir las distintas necesidades que pueden requerir en función de sus patologías.

Organizaciones y colectivo que forman el movimiento 'Regularización Ya' ha convocado movilizaciones el 19 y 20 de febrero en 16 ciudades de toda España con el objetivo de recaudar 500.000 formas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada en colaboración con varias organizaciones, que busca la regularización de las 500.000 personas migrantes en situación administrativa irregular en España.

Desde el movimiento han puesto en valor la necesidad de "una regularización urgente, amplia y sin condiciones" para las personasmigrantes indocumentadas por "una cuestión de derechos y de justicia social" y con el fin que todos los ciudadanos salgan "juntos" de la "crisis sanitaria" generada por el Covid-19.

En este sentido, han recordado que muchas personas migrantes son las que lideran colectivos que, "en su gran mayoría han estado en primera línea durante esta prolongada crisis sanitaria, ejerciendo trabajos esenciales para proveer en los cuidados, la alimentación y la prestación de servicios".

"Hay muchas compañeras trabajadoras de hogar sin papeles que no van a poder acceder a ninguna medida social y de protección tras haber sido despedidas por estar en situación irregular", ha explicado la portavoz de 'Regularización Ya', Edith Espinola, quien ha denunciado que se ha "dejado a atrás" a estas personas pese a que sus labores han sido declaradas en pandemia como "imprescindibles".

La entidad critica que el Congreso rechazada una proposición no de ley sobre este mismo tema, que ellos impulsaron, por "la falta de voluntad política mostrada por algunos partidos" y quiere cambiar esta situación con "una nueva estrategia política" que "involucre a la ciudadanía" a través de la ILP.

Según han explicado, el texto de esta iniciativa argumenta la necesidad de la regularización por una cuestión de acceso a derechos fundamentales, ya que la irregularidad supone estar en una condición de vulneración permanente, y la pérdida de un gran aporte económico y fiscal, pero también de una riqueza cualitativa, para el conjunto de la sociedad "ya que la irregularidad impide contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad y de la vida, entre otros".

Para que la ILP de regularización pueda ser debatida en el Congreso, han recordado las entidades, debe presentar al menos 500.000 firmas válidas de personas mayores de 18 años y con DNI español en los próximos siete meses.

El alcalde de Antequera (Málaga), Manolo Barón, y el presidente de la Asociación de Discapacitados Físicos de la localidad 'Singilia Barba', José Luis Carmona, han presidido una concentración de repulsa a la agresión sufrida este jueves pasado por una trabajadora con discapacidad del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado (SMER) que gestiona dicho colectivo en la localidad.

Integrantes del equipo de gobierno y del resto de la Corporación municipal, así como toda la plantilla de la asociación y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han protagonizado este simbólico acto para el que se ha procedido a pausar la sesión ordinaria del pleno municipal.

Barón ha expresado la "repulsa categórica a los hechos acontecidos en el día de ayer, sirviendo esta presencia como rechazo unánime a todo tipo de violencia contra cualquier personas, pero mucho más aún con cualquier tipo de violencia a las personas con discapacidad que no pueden defenderse ni huir".

"No entendemos el por qué de este tipo de violencia contra una mujer que simplemente estaba ejerciendo su trabajo, una labor que sirve además para organizar mejor el tráfico en nuestra ciudad y que contribuye a la convivencia sirviendo además como posibilidad de empleo inclusivo a través de la asociación Singilia Barba", ha afirmado.

El regidor ha insistido en la "repulsa unánime y rotunda a ese tipo de violencia" y ha mandado un mensaje de cariño y afecto "como ciudad, como Ayuntamiento y como antequeranos" a la mujer agredida "para que se recupere pronto pudiendo volver pronto a su trabajo olvidándose de esta pesadilla que pasó ayer sólo por el hecho de trabajar y tratar de hacer cumplir su obligación".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, se han reunido este viernes con el escritor Alejandro Palomas, quien ha revelado que sufrió abusos en la escuela en los años 70 cuando era menor por parte de un fraile, y le han explicado que el Govern creará un grupo de trabajo interdepartamental para abordar esta temática y trabajar con la máxima transversalidad.

Según han informado fuentes de Presidencia de la Generalitat, este grupo de trabajo estará coordinado por la Conselleria de Derechos Sociales, y ha dicho que el Govern dará todo el apoyo y colaboración a una eventual comisión en el Parlament sobre abusos.

La reunión entre Aragonès y Cervera con el escritor ha durado más de una hora, en la que han mostrado su colaboración a Palomas.

Las mismas fuentes han asegurado que para el Govern es una prioridad que "ningún niño vuelva a pasar por una situación tan dolorosa", así como reparar el dolor causado a las víctimas de abusos.

La Generalitat ha señalado estar comprometido en combatir los abusos sexuales e impulsar un nuevo modelo de atención a niños y adolescentes, basado en la prevención y ponga a las víctimas en el centro de toda actuación, siendo el exponente el centro Barnahus, que agrupa en un mismo espacio todos los recursos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil.

Ha dicho que para continuar mejorando la prevención y la detección de abusos sexuales a menores y evitar la revictimización, el Govern extenderá la red de unidades integradas de atención a niños y adolescentes víctimas de abusos en todo el territorio catalán.

El secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado este viernes que "no es necesario llegar a un recurso ante las instituciones europeas, al Tribunal de Justicia, si la Junta Andalucía hace las cosas bien en Doñana", pero ha reiterado que "ha empezado muy mal y de una forma muy chapucera, con una iniciativa que tiene más pinta de engaño que otra cosa".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas durante su visita a diferentes municipios de la provincia, donde Espadas se ha referido al anuncio de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que ha advertido de que de seguir adelante la proposición de Ley de la Corona Norte de Doñana "España se quedaría sin fondos europeos por incumplimiento de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE".

En este sentido, Espadas ha asegurado que "el error parte de la irresponsabilidad de plantear un debate sin tener, en este caso, las soluciones o las respuestas jurídicamente válidas para ello", lo que genera, a su juicio, "un efecto de incertidumbre y riesgo en el Estado, que le hace entender que lo que la Junta está planteado es, sencillamente, volver a una sobreexplotación del acuífero de Doñana con una legalización de derecho en el territorio".

"Si dejamos aparte el que no podemos poner en riesgo o en peligro de Doñana y tampoco el acuífero como tal, de lo que tenemos que hablar es de la posibilidad de llegada de nuevos recursos superficiales de agua, por lo tanto, estaríamos hablando a futuro, un futuro que habría que ordenar, ya que actualmente hay demandas de usos de ese agua para la agricultura", ha remarcado Espadas.

Por tanto, todo ello significaría, a juicio el socialista, "volver a reordenar todos esos usos en una situación de sequía y de cambio climático creciente", por lo que "no es un tema fácil de resolver".

En este sentido, el secretario general del PSOE-A ha manifestado que para "evitar que el Gobierno de España ejerce sus competencias lo tiene muy sencillo, dejar de marear la perdiz en sede parlamentaria y volver a donde tiene que estar, en el Gobierno de Andalucía".

"Para acometer cualquier revisión del plan, la Junta tiene que sentarse, en primer lugar, con las administraciones competentes, convocar al consejo de participación de Doñana, tiene que decir cómo lo va a hacer y tener los informes preceptivos para poderlo hacer, si no hace todo eso, evidentemente, no vamos apoyar ninguna locura por parte del Gobierno andaluz porque sería contraproducente", ha explicado Espadas.

Además, en caso contrario, según ha añadido, "vendrían esos recursos ante el Tribunal de Justicia, podrían venir sanciones" y, además de "supondría un daño a los productos y agricultura de Huelva y de esa zona sino también, posiblemente sanciones económicas incluso la posibilidad de no disponer de fondos europeos".

En este sentido, Espadas ha señalado que la propuesta del PSOE ha pasado por "reconocer el problema y plantear que hay que trabajar con los agricultores para resolver las situaciones personales que se han generado allí", pero ello "sin poner en amenaza a Doñana, ni desde luego al Acuífero".

"Creo que es perfectamente posible ser capaces de no generar tensión e incertidumbre respecto a lo primero, pero ser capaz de sentarse dialogar y buscar soluciones para los agricultores, en este caso, sobre las nuevas infraestructuras que la provincia viene demandando y, que por cierto, se aprobaron en una ley del trasvase y que algunas de ellas ya llevan paralizada unos pocos de años", ha remarcado el socialista.

Por todo ello, ha pedido a Juanma Moreno que "deje hacerse el muerto y que aborde esto con seriedad", ya que "no se puede plantear este debate, soltar la bomba e irse corriendo a Dubai y decir que esto no era un problema suyo que esto era de su grupo parlamentario.

"Doñana no puede estar en peligro y si hay en este caso hay que acometer una revisión, los socialistas estamos dispuestos a sentarnos y dialogar, pero con los informes preceptivos y con rigor", ha concluido.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cree que "no es bueno para el sistema democrático" la situación que vive estos días el Partido Popular y ha negado similitudes entre los contratos para la adquisición de material contra la COVID-19 realizados por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento que dirige.

Por lo que se refiere a la situación interna en el PP, Puente ha reconocido que no le genera "ninguna satisfacción" lo que está viendo, ya que "no es bueno" que "un instrumento que canaliza la participación de un sector de la ciudadanía en las instituciones y la democracia", como es el Partido Popular, pase por algo así.

"No es bueno para el sistema democrático", ha insistido durante una rueda de prensa celebrada este viernes, tras alertar del "riesgo" de que "un partido más radical" se erija "en representante de ese sector de la población". "No es nada bueno lo que estamos viendo", ha subrayado el alcalde, quien ha opinado que los dirigentes 'populares' "no lo están haciendo nada bien".

Así, ha considerado "difícil de entender" que ante un caso "de presunta corrupción", en lugar de "perseguirlo con total transparencia", se "guarde en un cajón a conveniencia de las guerras internas de quienes las protagonizan".

En cuanto al posible parecido entre el contrato que el Ayuntamiento de Valladolid firmó para la adquisición de mascarillas con un "amigo" del alcalde y el de la Comunidad de Madrid, en el que el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, habría participado como intermediario, Puente ha rechazado cualquier "similitud" y ha subrayado las diferencias entre ambos procesos.

TRANSPARENCIA FRENTE A OPACIDAD

"Todas las instituciones, cuando llegó la pandemia, nos vimos obligadas a contratar equipos de protección. En Valladolid nos juntamos todos los grupos y pusimos sobre la mesa todas las opciones, yo puse sobre la mesa la opción de un amigo y así se lo hice saber a todos los grupos, con total transparencia", ha explicado Óscar Puente, quien ha comparado este proceso con la "absoluta opacidad" del caso madrileño.

"Aquí se llevó al Pleno el contrato, allí ni siquiera pasó, parece ser, por el Consejo de Gobierno", ha insistido el primer edil, quien ha recordado que en Valladolid "el PP lo judicializó", por lo que espera que "haga lo mismo" en este caso.

En este sentido, se ha referido al archivo de la causa tanto por el Juzgado de Instrucción como de la Audiencia Provincial y ha recordado que el fallo constató la "mala fe y utilización espuria de la jurisdicción penal" por parte de los demandantes.

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un varón de 78 años por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y quebrantamiento de condena por tratar de acuchillar a su expareja, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se produjeron sobre las 12.20 horas de este jueves cuando agentes en servicio de seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para que se personaran en la calle Don Sancho, donde un individuo estaría amenazando con un cuchillo a una mujer.

La rápida y comprometida actuación de varias personas evitó un trágico desenlace, en concreto dos mujeres que observaron la agresión y dieron la voz de alarma y un ciudadano que, al oír gritar a una mujer, no dudó en salir de su establecimiento y sin pensarlo agarró al hombre por la espalda y al intentar separarle de la mujer que atenazaba se percató entonces que portaba un cuchillo de cocina.

Al verlo, le sujetó el brazo que esgrimía el arma, y abriéndole la mano, tirando de los dedos, consiguió arrebatarle el cuchillo, tirándolo al suelo.

Una vez en el lugar, los funcionarios se encontraron al agresor retenido en un establecimiento por el varón que se enfrentó a él, y la víctima a escasos metros acompañada de las mujeres que dieron la voz de alarma.

Inmediatamente, los funcionarios actuantes procedieron a detener al varón, de 78 años, y tras comprobar que la víctima era su ex pareja se hizo cargo la Sección de Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.

El detenido, que tenía vigente una prohibición de aproximarse a su ex mujer y había estado ya en prisión por otro episodio violento contra su expareja, no mostró en ningún momento arrepentimiento por lo ocurrido. "La voy a matar, me ha arruinado la vida, lo único que me arrepiento es haber fallado", advirtió.

El arrestado ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ha decretado su ingreso en prisión.

La detención fue practicada por agentes de la Comisaría Provincial de Valladolid.

El Servicio de Epidemiología del Govern balear ha notificado este viernes al Ministerio de Sanidad un total 789 nuevos casos de COVID-19 en la Comunidad respecto a la jornada anterior, así como una muerte más debido al virus.

Según los datos publicados por la Conselleria de Salud, el balance total de casos en el archipiélago se sitúa en 250.133 contagios desde que comenzó la pandemia y 1.209 defunciones.

En las últimas 24 horas se han confirmado 483 pruebas positivas, 75 menos que el día anterior, así la tasa de positividad sube al 15,2%. Un total de 383 pruebas positivas corresponden a Mallorca, 57 a Menorca, 26 a Ibiza y una a Formentera.

Por otro lado, los casos hospitalizados en planta bajan a 263 y los pacientes en UCI bajan a 51. De esta forma, el nivel de ocupación COVID de las unidades de críticos baja a riesgo medio, con un 14,9%. Por islas, Mallorca tiene 36 pacientes en UCI; Menorca, siete en UCI; e Ibiza, ocho en UCI.

Además, Atención Primaria atiende actualmente a 5.263 personas en relación al COVID.

Por otra parte, Baleares ha administrado 2.165.503 dosis de vacunas contra el COVID, con las que el 88,26% de la población diana ha recibido una dosis (987.590 personas) y un 84,92% tiene la pauta completa (949.729).

El religioso español, Antonio Carrón, es parte del equipo directivo del Instituto de Antropología de la universidad pontificia Gregoriana, un centro de excelencia en la prevención de los abusos que trabaja en la formación continua de personas no solo del ámbito eclesial para "corregir los defectos" que hacen que estos casos se den de forma sistemática".

"Lo que hacemos es poner los medios necesarios para que se mejore el trato con personas vulnerables y, también, corregir los defectos que hacen que se produzcan abusos de forma sistémica", señala en una entrevista.

El Centro de Antropología para la Dignidad Humana de la universidad Gregoriana, que hasta ahora se ocupaba de la protección del menor, ha sido recientemente elevado a rango de Instituto, con el objetivo de dar formación a las personas para atajar en origen cualquier tipo de abuso y difundir una cultura del cuidado en todos los ámbitos, no solo dentro de la Iglesia.

La mayor parte de los estudiantes que se apuntan a los cursos son religiosos, sacerdotes y laicos comprometidos con la Iglesia, pero también "se han creado alianzas muy interesantes con empresas vinculadas a la tecnología, multinacionales del mundo de la comunicación o entidades públicas que se ocupan de ciberdelincuencia", según asegura Carrón. Para optar al curso, que dura cinco meses, solo se necesita una carta de recomendación de una autoridad eclesiástica o civil.

Carrón deja claro que intentar hablar de una "erradicación total y completa" de los abusos sexuales en la Iglesia es una "idea absolutamente irreal e ingenua". Pero apunta a que se pueden mejorar muchas prácticas y para ello es esencial "la escucha". "No tiene nada que ver leer un testimonio o ver un vídeo que ver a una persona en directo contando en lágrimas su sufrimiento. Las personas salen muy impresionadas, con sentimientos encontrados de rabia o tristeza después de este curso", señala.

Este agustino recoleto lleva años trabajando en la prevención de los abusos e imparte varios cursos sobre educación sexual, castidad y roles de género; la adicción al cibersexo o cómo identificar los perfiles de un abusador. "La investigación científica sobre la dignidad humana desde la óptica de la antropología cristiana es fundamental", manifiesta. Los cursos impartidos en este Instituto, que cuenta con el aval de una de las víctimas más reconocidas a nivel internacional, el chileno Juan Carlos Cruz, se basan no solo en "los aspectos cognitivos o intelectuales", ya que es necesaria "una transformación de los corazones".

"Muchos llegan con dudas sobre el grado de difusión de esta realidad; otros quieren buscar solo datos y estadísticas, pero poco a poco todos ganan una mayor sensibilidad", asegura.

El equipo docente cuenta con profesionales juristas, psicólogos y canonistas. "Se trata de una red interdisciplinar que trabaja desde una perspectiva global", señala Carrón. No solo se busca contrarrestar la violencia contra los menores en la Iglesia, sino que su ámbito de actuación se extiende a todos los maltratos ejercidos sobre personas vulnerables, como inmigrantes que son víctimas de trata, mujeres o jóvenes en una situación de dependencia o adicción.

En este sentido, Carrón también considera importante analizar y prevenir los abusos de poder y conciencia contra los seminaristas o los que se dan en el seno de las congregaciones religiosas.

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha destacado que la región es la comunidad que más invierte en educación pública per cápita.

Además, ha puesto de relevancia que el 80 por ciento de la educación en la comunidad extremeña es educación pública y el 20 por ciento es concertada.

González ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras el anuncio del cierre del Colegio 'Juan XXIII' de Mérida y las críticas de los sindicatos y familias.

"Nosotros respetamos a las organizaciones sindicales, como no puede ser de otra manera, lo que le podemos transmitir es que en un país que se llama España en el que existen 17 comunidades autónomas, si vemos la situación con respecto a la educación pública que tiene Extremadura, podemos decir que Extremadura es la comunidad autónoma de toda España que más invierte en educación pública per cápita", ha apuntado en la rueda posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

El portavoz del Ejecutivo regional ha considerado que este hecho es algo de lo que los ciudadanos de Extremadura se tienen que "muy orgullosos" y ha añadido que es algo que la Junta y el gobierno de Guillermo Fernández Vara "siempre hará y siempre seguirá haciendo", porque la educación es "clave" para que haya igualdad.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha criticado este viernes a los gobiernos del PP que, a su juicio, están "alentando" el odio "pactando leyes contra la igualdad" e "iniciativas homófobas" con "la ultraderecha".

En su intervención en el acto organizado por la formación socialista por el Día mundial contra la LGTBIfobia en el deporte, Lastra se ha referido a un odio que, a su juicio, estaba "arrinconado" y "avergonzado" y que, ahora, se ha "vuelto a envalentonar alentado por representantes políticos, desde ayuntamientos, comunidades autónomas y desde los escaños del Congreso".

"También desde gobiernos del PP cuyos dirigentes pactan leyes contra la igualdad y toman iniciativas homófobas con la ultraderecha", ha declarado, antes de recordar unas declaraciones del líder de Vox en Castilla y León sobre la necesidad de "heterosexualizar" el fútbol por estar "lleno de maricones".

"Eso es lo que quiere el PP, pactar con esta gente", ha declarado en su discurso, para insistir después en que los 'populares' serán "responsables" de lo que acuerden.

En el acto, en el que han participado profesionales y deportistas del colectivo LGTBI, contando sus experiencias, la dirigente socialista ha destacado que los deportistas son "referentes" y "modelos" que "marcan generaciones" y, por tanto, este sector "no es una actividad cualquiera" y en ella no puede caber la homofobia.

En este sentido, ha defendido la labor del PSOE en este campo a través, según ha indicado, de la propuesta de Ley de Igualdad de Trato que se está tramitando en el Congreso a iniciativa de los socialistas y que, tal y como ha precisado Lastra, "se combate los delitos de odio"; y el proyecto de Ley del Deporte, aprobado por el Gobierno, que hará "un derechos de las personas deportistas" la "igualdad de trato y de oportunidades sin discriminación alguna por razón de orientación, indentidad sexual o expresión de género".

"Un derecho que que quedará blindado gracias a la capacidad sancionadora que establecerá la ley, que dotará de competencias a los comités antiviolencia para perseguir y erradicar cualquier signo de LGTBIfobia, como ya hace la legislación deportiva con el racismo", ha señalado la vicesecretaria general del PSOE.

Del mismo modo, ha hecho un llamamiento a hacer una "reflexión más profunda" sobre la discriminación de la mujer en el deporte y, más concretamente, "la discriminación lesbófoba" y "machista" que, a su juicio, "atenta contra el derecho de todas las mujeres". "El deporte femenino no es de bolleras, ni de machirulos", ha explicado Lastra, para añadir que "la práctica deportiva es un derecho común a todas las mujeres independientemente de sus orientaciones e identidades sexuales".

Finalmente, Lastra ha reconocido que la sociedad necesita a los deportistas LGTBI para amplificar la lucha contra la LGTBIfobia y les ha asegurado que el tiempo de que ellos tengan que "plantar cara solos" a este problema "se ha acabado" porque, en la actualidad, esta voz la representan "millones" de personas.

Crue Universidades Españolas ha celebrado que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes el proyecto de ley de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el que ha incorporado varias de sus propuestas, como la figura contractual indefinida para actividades científico-técnicas, que sustituye a los contratos por obra y servicio ligados a los proyectos de investigación, o la definición de un nuevo itinerario posdoctoral, entre otras. En todo caso, advierten de que estarán "vigilantes" para que se mantengan los consensos acordados.

La organización ha agradecido al Ministerio de Ciencia e Innovación y al de Universidades "su capacidad de escucha para hacer realidad este nuevo marco legal, que espera que haga más competitivo" el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero ha reclamado igualmente al Ministerio de Hacienda y a las Administraciones Públicas que "habiliten una solución hasta que la nueva ley entre en vigor, previsiblemente en unos ocho meses, y que incluya los proyectos no financiados por la UE".

Para el presidente de Crue y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, se trata de una reforma que "cumple con parte de las expectativas del sistema universitario", responsable de más del 70% de la producción científica de España, y ha señalado que espera que el trámite parlamentario "sirva para mejorar las oportunidades del sistema".

En este sentido, José Carlos Gómez Villamandos ha advertido de que espera que no ocurra lo mismo que con la Ley de Convivencia Universitaria, cuyo texto fue modificado de manera sustancial cuando llegó al Congreso de los Diputados, pese a contar con el consenso previo de los principales actores del sistema universitario. "Estaremos vigilantes", ha aseverado.

Crue ha insistido en que la puesta en marcha de los nuevos contratos para actividades científico-técnicas es de "máxima urgencia, ya que la entrada en vigor de la reforma laboral puede dejar fuera del sistema a los miles de investigadores con contrato por obra y servicio y llevar al sistema al colapso".

La nueva figura contractual acabaría con la inseguridad jurídica del colectivo investigador, pero para ello es necesario que el Gobierno coordine las dos reformas legales en todos sus términos y condiciones para evitar que la incertidumbre que se está generando en los investigadores e investigadoras universitarias termine bloqueando el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación", ha concluido.

La Guardia Civil continúa realizando diversos servicios de prevención en la isla de La Palma en relación con la emergencia causada por la erupción volcánica con el objetivo de seguir velando por la integridad física de todos los ciudadanos.

La Unidad Técnica de NRBQ y la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo desplazadas desde Madrid continúan con las mediciones en las zonas de La Bombilla, Puerto Naos, así como en la zona del cono volcánico.

Actualmente la medición de gases sigue siendo muy elevada en azufre en la zona del cono y de Dióxido de Carbono (CO2) en Puerto Naos y La Bombilla, por lo que en caso de permanecer en dichas zonas supone un riesgo alto para la salud.

La Guardia Civil reitera a todos los ciudadanos residentes en las zonas afectadas por la erupción seguir las recomendaciones que las autoridades competentes van estableciendo permanentemente para proteger a todos los ciudadanos ante los graves peligros que conllevan esos niveles de gases nocivos y que son capaces de producir la muerte tanto de animales, como de las personas.

Así mismo, recuerda que siguen existiendo zonas restringidas en las que no es posible el acceso por seguridad de los ciudadanos, debiendo tener en cuenta que aquellos que no cumplan con la normativa podrán ser sancionados en base a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección civil.

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía seguir siempre las indicaciones que las autoridades competentes en la materia establecen continuamente en sus perfiles o canales oficiales.

El personal del Parlament está estudiando iniciar acciones legales contra la Cámara catalana por la decisión de la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) de revocar las 'licencias por edad' y también por el "ataque" que, a su juicio, han recibido en el caso de la retirada del escaño del exdiputado de la CUP Pau Juvillà.

En un comunicado este viernes del Col·lectiu Ronda, bufete al que se han dirigido para estudiar emprender estas acciones legales, los trabajadores han criticado que con la decisión de suprimir las 'licencias por edad' se "transforma en papel mojado el principio de negociación colectiva y el derecho de libertad sindical".

Han asegurado que durante meses estuvieron negociando para modificar las condiciones de acceso y la duración de estas licencias hasta alcanzar el acuerdo publicado a finales de diciembre en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), y sostienen que no habrían "tenido ningún problema de volver a sentarse para hablar de todo lo que conviniese, incluyendo la supresión de las licencias".

"El problema no es y no ha sido nunca la supresión de la licencia, pero es intolerable que la misma Mesa del Parlament, que aún no hace dos meses aprobaba esta modificación, ahora actúe de forma unilateral para eliminar las licencias, ignorando la obligación de negociación y consulta", han añadido.

CASO JUVILLÀ

Asimismo, han reprochado que durante el caso de la retirada del acta de Juvillà se les profirió un nuevo "ataque, poniendo en cuestión la imparcialidad y profesionalidad" del personal del Parlament, y han insistido en que trabajan para preservar el prestigio de la Cámara, no para obstaculizar su funcionamiento, en sus palabras.

"Todas las afirmaciones que se han hecho estos días contra los funcionarios del Parlament forman parte de una batalla política que no tiene nada que ver con nosotros y que no se ajustan a la verdad", han zanjado.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará el próximo 4 de marzo los recursos de apelación formulados por acusaciones y defensas contra el final de la investigación de la 'Operación Kitchen', la mayoría de los cuales reclaman retomar las pesquisas para indagar en la existencia de una trama política en la que apuntan a una posible implicación del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Según una diligencia de ordenación, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha fijado para el 4 de marzo la "deliberación y votación" de los recursos de apelación de esta pieza separada número 7 de 'Tándem'.

Lo hace tras señalar como nueva ponente a la magistrada Ana María Rubio Encinas, en sustitución de Juan Carlos Campo, que fue designado inicialmente si bien tuvo que abstenerse dada su condición de ex ministro de Justicia, algo que ha ratificado el Pleno de la Sala de lo Penal.

El titular de este juzgado, Manuel García-Castellón, acordó en un auto del pasado 29 de julio poner fin a la investigación sobre el presunto espionaje que entre 2013 y 2015 se habría organizado desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondos reservados, contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno para localizar la documentación comprometedora que pudiera tener del partido y sus dirigentes y evitar que cayera en manos de la Justicia.

El magistrado concluyó que ese espionaje parapolicial existió y que tuvo éxito, y procesó al ex ministro Jorge Fernández Díaz como 'cerebro' de la 'Kitchen', junto a otras diez personas, incluidos el que fuera su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario José Manuel Villarejo y el otrora chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.

A lo largo del mes de septiembre, la mayoría de las partes recurrieron contra lo que consideran un "cierre en falso" del caso. Así, la Fiscalía Anticorrupción, en una lógica que asumen buena parte de las impugnaciones, acusó al instructor de dibujar una "línea roja" en la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y, en este sentido, apuntó a "una posible responsabilidad" de Rajoy y Cospedal.

Un "problema técnico" con el programa informático usado en la Audiencia Nacional para dar trámite a los recursos de apelación frenó la deliberación de los mismos, si bien el asunto quedó resuelto el pasado mes de enero, despejando el camino para que la Sala de lo Penal emita su dictamen.

La Fiscalía Anticorrupción ya tiene sobre la mesa las tres denuncias presentadas por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid que buscan que se investigue el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahora, debe estudiar esos escritos y valorar la trascendencia penal de la conducta antes de decidir si incoa diligencias de investigación.

Fuentes de Anticorrupción, consultadas por Europa Press, indican que sin esa incoación no se puede practicar ninguna actuación, ni diligencia, ni requerimiento alguno. Por tanto, a pesar de que este viernes se han formalizado las tres denuncias, de momento el Ministerio Público lo que debe hacer es estudiar los escritos y decidir.

En su escrito, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso --el hermano de la presidenta-- medió con el Gobierno regional y que consiguió una "comisión" por ello. El PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos"; y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber "cohecho" y "tráfico de influencias".

Díaz Ayuso ha aclarado este viernes que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid.

Con todo, la pelota ahora está en el tejado de Anticorrupción, que debe valorar los pasos que da a partir de ahora con el material aportado por los partidos. Al respecto, el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) señala que el fiscal puede recibir denuncias, como éstas, y que puede enviarlas a la autoridad judicial o decretar su archivo "cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante".

En caso de que decida incoar diligencias, el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dice que tras recibir noticia de un hecho aparentemente delictivo "practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo".

PUEDE CITAR A QUIEN CONSIDERE

Indica asimismo que el fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido. Si tras esas diligencias considera que los hechos son delictivos, debe instar ante el juez de Instrucción la incoación del procedimiento y enviarle lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

Este artículo recuerda además, que el Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas para la prestada ante el juez o tribunal.

Y recuerda que el fiscal deberá cesar en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.

SIN MEDIDAS CAUTELARES

El Estatuto Orgánico recuerda en el 5.2 además que para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, el fiscal puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales "no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos". Si bien matiza que "podrá ordenar el fiscal la detención preventiva".

Además recuerda que todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de autenticidad, y que los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa inspirarán la práctica de las mismas.

De hecho, en caso de que Anticorrupción lo considere oportuno, puede recibir declaración del sospechoso, quien "habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas".

Sobre la duración de las mismas, el estatuto dice que "habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado (FGE).

Además, si transcurrido el plazo la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal, el fiscal debe proceder a su judicialización, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo. "También podrá el fiscal incoar diligencias preprocesales encaminadas a facilitar el ejercicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye", reza.

En el supuesto de que la decisión del fiscal acabara en querella contra Isabel Díaz Ayuso, cabe recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, de acuerdo al estatuto de la región, es aforada ante el Tribunal Supremo. Según el 25.1, la responsabilidad penal del presidente del Gobierno --de la Comunidad de Madrid--, vicepresidentes y consejeros "será exigible ante la Sala de lo Penal" del Alto Tribunal.

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha celebrado la aprobación de la "histórica" ley de protección, derechos y bienestar de los animales este viernes en el Consejo de Ministros que "puede buscar la excelencia" en el desarrollo de distintos reglamentos si "en las próximas semanas" los legisladores tienen en cuenta la opinión de todos los sectores implicados, ponderando todas las demandas y sensibilidades, siempre con el objetivo de promocionar el bienestar animal.

Así, aunque ve "importante" reforzar las medidas para evitar las camadas indeseadas, que es otra de las razones frecuentes en el abandono de animales, la entidad advierte del riesgo de recurrir a mecanismos extremos como la esterilización generalizada. "Creemos que esta práctica solo debe darse en casos muy singulares o bajo consejo veterinario fundamentado", advierte.

La RSCE destaca que esta será la primera ley estatal que armonizará las distintas legislaciones autonómicas y locales y actualizará conceptos "superados y obsoletos", lo cual valora como una "gran noticia" para los amantes de los perros y los animales en general. "Es un paso adelante contra el maltrato y el abandono", celebra.

El presidente de la RSCE, José Miguel Doval, opina que "sin duda" la aprobación del anteproyecto de ley es histórico, ya que "abre el camino definitivo" hacia una legislación que espera que sea "adecuada y justa" para los fines que se propone e insta a que "no deje en el olvido" a las razas caninas y los criadores responsables, promotores fundamentales del bienestar animal".

En ese sentido, pide salvaguardar la actividad de los criadores responsables, que trabajan cada día en beneficio de los perros y a los que define como "verdaderos promotores del bienestar y el respeto por los animales".

En ese sentido, la entidad pone a disposición del Gobierno el código de buenas prácticas reconocidas con el que trabaja la Real Sociedad desde su fundación en 1911 y que se trata del registro "más grande y prestigioso de criadores de España".

Con su ofrecimiento, espera que el Gobierno pueda disponer de datos estadísticos y rigurosos respecto a crianza responsable.

Otra de las consideraciones que formula al borrador del proyecto de ley aprobado es que ve necesario avanzar en el desarrollo de medidas contra el abandono animal que afecta a más de 3.000 perros cada semana en España.

En este sentido, destaca que los perros de raza apenas sufren abandono porque están identificados en sus comunidades autónomas y en el propio registro de la RSCE, lo que permite identificar no solo a su criador o tutor, sino también su origen, antecedentes familiares y datos sanitarios.

Por último, destaca que "la mejor estrategia" para concienciar sobre el bienestar animal debe ser la educación y la formación, por lo que pide incluir una asignatura de educación animal en el currículo formativo español porque los criadores responsables tienen un papel imprescindible como garante de las razas a partir de criterios cinotécnicos sin lucro o beneficio económico.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez ha evitado confirmar que la reunión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Central y la Generalitat se celebrará antes de Semana Santa y ha destacado que serán los participantes en la misma quienes anuncien la fecha.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes, ha respondido así al ser preguntada por las declaraciones de la líder de los 'comuns' en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach, quien ha asegurado esta mañana que la Mesa se reunirá "en las próximas semanas", y concretamente antes de Semana Santa, y además ha afirmado que se está trabajando para que haya avances y contenido.

Así, la portavoz ha señalado que son declaraciones de una portavoz en el Parlament y que la mesa es entre gobiernos, el Central y el de la Generalitat y por tanto serán ellos quienes anuncien "en el momento oportuno" cuándo se va a llevar a cabo.

Previamente había indicado que "en las próximas semanas", cuando se vayan ajustando los temas y las fechas, lo anunciarán.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DESPLIEGUE DE FONDOS

Respecto a los asuntos que podrían llevar a la próxima reunión de la Mesa de Diálogo ha indicado que avanzan "en temas importantes" y que ahora están centrados en la recuperación económica y el despliegue de fondos. "Trabajaremos para que ahí también Cataluña sea protagonista en la modernización y transformación de España", ha añadido.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones apenas unas horas antes de la celebración de la Mesa Bilateral Gobierno Central-Generalitat, que se celebra en Barcelona y que a su juicio está muy trabajada. Así, se ha mostrado optimista de que se pueda avanzar en los temas que forman parte del orden del día porque existe un trabajo previo "muy contundente", ha valorado.

En este sentido ha destacado que sea la segunda reunión de este tipo en seis meses y que va a ser positiva en la recuperación de la normalidad en las relaciones entre las dos administraciones. Además, ha apuntado que va a ser interesante para los catalanes porque van a ver respuesta a alguna de sus demandas y preocupaciones.

No obstante, ha aclarado que esta mesa no tiene como objeto fijar la fecha de la reunión de la Mesa de Diálogo que "se va a celebrar", ha insistido porque ambos gobiernos tienen la "absoluta determinación" de seguir avanzando y dialogando.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha recordado que las fuerzas de la oposición no son suficientes para cambiar la mayoría de Madrid, algo que no ocurrirá "si no se mueve algo en una de las partes que ahora conforman el Gobierno", en alusión a Cs.

Maestre, a la salida del Consejo Local de Seguridad, ha pedido "menos declaraciones, menos pasillos, menos filtraciones y más actos, más acciones y declaraciones públicas".

Todo ello después de que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, haya descartado una moción de censura porque considera que "no hay elementos de peso que demuestren que ha habido alguna intervención", apuntando que Cs está para garantizar que el Ayuntamiento de Madrid no se emplee para guerras partidistas del PP ni para una estrategia a nivel nacional.

"Si hay alguien con intención de cambiar la actual correlación de fuerzas en el Ayuntamiento que salga y lo explique. Nosotros solos no podemos", ha zanjado Maestre, que cree que es necesario esa realineación por la "grave crisis institucional" que se está viviendo en el Ayuntamiento.

Ahora le toca al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "dar la cara", como muy tarde el martes en el Pleno, y aceptar la comisión de investigación que parece que se aprobará. "En función de ella daremos los pasos oportunos", ha concluido.

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que confía en la palabra del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pero ha reconocido que existen "versiones incongruentes" con lo manifestado por el presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Álvaro González, en relación al supuesto espionaje desde Cibeles a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En una intervención en 'La Sexta', la coordinadora de Cs en Madrid, ha descartado por ahora la posibilidad de encabezar una moción de censura contra Martínez-Almeida y ha manifestado que tenderá a creer a alcalde hasta que se demuestre lo contrario al pesar los dos años y medio de "buen gobierno" con su socio.

En primer lugar, ha querido dejar claro que tuvo conocimiento del supuesto espionaje antes de ayer a la misma hora que el resto a través de las informaciones publicadas en el diario 'El Mundo' y 'El Confidencial', recibiendo una llamada de Almeida en el que le trasladó lo que posteriormente comentó en la rueda de prensa ofrecida para dar explicaciones al respecto.

Así, ha explicado que lo que hizo Cs en aquel momento fue a las 11.30 mandar una convocatoria, ya que la EMVS tiene un vicepresidente que es de Cs y tiene consejeros de la formación naranja. "Afortunadamente el Ayuntamiento no es un sitio donde el Partido Popular tiene libertad para gobernar y ya sabemos para qué sirve esa libertad. El PP gobierna en coalición y hay quien fiscaliza y controla", ha subrayado.

Por eso, se reclamó un consejo extraordinario y urgente de la EMVS, que ha tenido lugar esta mañana y en el que Cs ha lanzado una batería de preguntas para aclarar a los ciudadanos lo ocurrido al entender que se sientan "inquietos" e "inseguros".

"Lo más importante es que el presidente, que es del PP, ha enmendado a la totalidad la versión del alcalde porque ha dicho que no ha realizado ninguna investigación", ha recalcado.

CONFÍA EN ALMEIDA

Sobre si insinúa si miente el alcalde, Villacís ha replicado que no y ha manifestado que ha hablado "todo el rato" con el alcalde, quien le ha trasladado que se pondrá en contacto con el presidente de la EMVS.

"No lo sé. Yo confío en el alcalde y creo que han hecho una investigación pero también quiero saber cómo se ha hecho esa investigación y por qué se ha producido esa investigación y no se ha dado cuenta al consejo cuando tienen obligación para ello", ha dicho.

Villacís ha insistido en que confía en Almeida pero ha recalcado seguidamente que es un "hecho" que han mantenido "versiones incongruentes", recordando que proviene del mundo jurídico y esto es así.

"Llevamos dos años y medio de muy buen gobierno y hemos pasado tiempos difíciles como la pandemia o Filomena. Yo voy a tender a creer hasta que se me demuestre lo contrario. Yo no voy a acusar o voy a dictar sentencia hasta que haya pruebas y un proceso. Sigo creyendo porque llevamos dos años de gobierno de lealtad y no voy a acusar gratuitamente porque somos serios y no voy a estar salivando para ser alcaldesa", ha señalado.

Por ello, descarta una moción de censura porque considera que "no hay elementos de peso que demuestren que ha habido alguna intervención", apuntando que Cs está para garantizar que el Ayuntamiento de Madrid no se usa para guerras partidistas del PP ni para una estrategia a nivel nacional.

Por último, ha avisado de que "no va a permitir que concejales de Cs que son limpios vayan a asumir riesgo en la batalla de Génova". "Hay que depurar responsabilidades y no nos va a temblar la mano", ha advertido al vicealcaldesa.

El Gobierno español ha informado de que se ha transmitido un mensaje a tres buques españoles que se encuentran en la zona del naufragio del 'Villa de Pitanxo', en aguas de Terranova, para que "maximicen la capacidad de detección y ver si efectivamente aún fuera posible encontrar algún cuerpo en esas circunstancias".

Así lo ha trasladado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, quien ha agradecido a dichos pesqueros, que siguen faenando en aguas de Canadá, su colaboración en las tareas de rescate en unas condiciones "muy difíciles".

En esta misma jornada, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, también ha indicado que el Gobierno canadiense ha expresado su "voluntad" de retomar la búsqueda de los marineros desaparecidos tras el naufragio del 'Villa de Pitanxo'. Hay tres supervivientes y se han recuperado nueve cuerpos sin vida de una tripulación de 24 marineros, pero 12 siguen desaparecidos.

Precisamente, en un acto en Ourense, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha ratificado que el compromiso por parte de Canadá, que suspendió las tareas de rescate tras 36 horas de rastreo, es retomar la búsqueda de los 12 tripulantes desaparecidos "tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan".

"El propio Ministerio de Asuntos Exteriores, el propio ministro, en las conversaciones que estuvo manteniendo en el día de ayer con su homóloga ha trasladado que tan pronto las condiciones meteorológicas lo permitan, van a volver a reanudar esa búsqueda, por lo tanto eso lo podemos confirmar", ha dicho.

APOYO DE DOS PESQUEROS DE CANGAS Y UNO DE VIGO

"Del mismo modo que podemos confirmar que la propia secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca ayer mismo con la visita del ministro también se comprometió a intentar movilizar el mayor número de medios posibles pesqueros", ha añadido, y ha aludido al contacto con tres barcos que "van a reforzar esa seguridad, esa vigilancia" por si se pudieran localizar a marineros desaparecidos.

De los tres barcos movilizados, dos son de Cangas y uno de Vigo, según ha indicado Miñones.

El presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), Pedro LLorca, ha realizado un llamamiento a la sociedad para que apoye a los bancos de alimentos, pues -según ha dicho- "hubo una reacción potente al principio de la pandemia, que fue como una explosión de generosidad, pero, con el tiempo, la sociedad ha ido relajándose un poco y hay que recordar que las necesidades siguen estando y que el problema no se ha resuelto".

Llorca ha realizado estas declaraciones ante los medios en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente del Banco de Alimentos de Castellón, Santiago Miralles, con casión de la reunión mensual itinerante que ha celebrado en Castelló el Comité Ejecutivo de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Este Comité Ejecutivo ha coincidido con el 25 aniversario del Banco de Alimentos de Castellón.

El presidente de FESBAL ha subrayado que "la colaboración de la sociedad en estos tiempos de crisis ha sido de suma importancia para poder seguir adelante y ayudar a los más de 500.000 nuevos beneficiarios que desde el inicio de la pandemia por la Covid-19 han acudido por ayuda de alimentos".

Llorca ha explicado que durante la pandemia ha crecido la población en precaridad, con entre un 50 y un 60 por ciento más de beneficiarios en muchos casos, y ha disminuido el número de donantes, lo que ha provocado que se haya pasado de 130 kilos/persona año entregados a 110 kilos. "Tenemos beneficiarios que antes fueron donantes y, aunque es doloroso que esto suceda, es la realidad", ha señalado.

Al respecto, Llorca ha apuntado la necesidad de que las instituciones públicas se "impliquen más", "ya que son las que tienen la obligación de paliar situaciones de precaridad y de riesgo de exclusión social". "Los bancos de alimentos estamos resolviendo un problema social a coste cero", ha añadido.

UN SUEÑO

Pedro LLorca ha subrayado que "sería un sueño conseguir que los bancos de alimentos pudieran desaparecer porque no se necesitasen y que las administraciones públicas pudieran atender las necesidades de las personas con precaridad".

"El Comité Ejecutivo celebrado hoy en Castellón es un aliciente para que los 54 Bancos de Alimentos podamos seguir nuestra labor, y juntos continuar ayudando a las personas que más lo necesitan", ha añadido.

Por otra parte, el presidente del Banco de Alimentos de Castellón, Santiago Miralles, ha indicado que antes de la pandemia se daba ayuda a unas 13.800 personas en la provincia y ya se ha pasado a 18.000. Así mismo, ha apuntado que el Banco de Alimentos de Castellón ha repartido más de 27 millones de kilos durante los 25 años de su funcionamiento.

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), asociación sin ánimo de lucro creada en noviembre de 1995, coordina las actividades de los 54 Bancos de Alimentos asociados con relación a toda clase de organismos públicos y empresas privadas de ámbito nacional o internacional. En el año 2020, los Bancos que conforman a FESBAL repartieron más de 158,7 millones de kilos que llegaron a más de 1,5 millones de personas vulnerables y necesitadas, a través de una red de más de 7.955 instituciones benéficas, y todo ello gracias al esfuerzo de 3.327 voluntarios permanentes.

El cantante onubense Manuel Carrasco se enfrenta este fin de semana, tras un largo parón debido a la pandemia, a un doblete en Madrid en el Wizink Center donde retomará la gira que tuvo que aparcar por la crisis sanitaria. "Sinceramente sí que pienso que a la cultura no se le escucha, no se le respeta en muchos aspectos. Solo cuando les interesa. Es una sensación un poco frustrante", ha lamentado el artista preguntado precisamente por el parón que ha afectado a todo el sector.

A su juicio, los políticos hacen "lo que según les convenga" y que, a pesar de los "clichés" de subvenciones que se anuncian. "Todo son titulares en vano", ha dicho en una entrevista en la que, en todo caso, asegura que se encuentra ilusionado, con ganas y que echaba de menos estar en contacto con el público.

A poco de cumplir 20 años desde que su primer disco viera la luz, Carrasco publicó el pasado viernes su nuevo lanzamiento, 'Fue', un adelanto de lo que será su próximo disco y un sencillo que augura que le acompañará a lo largo de su carrera.

"Fue una canción que salió como un disparo. Salió muy rápida, muy sentida y muy desvestida. Tiene un mensaje muy claro y directo y ese compendio de cosas ha hecho que llegue de una manera muy especial. Me llegó así cuando la hice y así la he querido transmitir", revela Carrasco en una entrevista.

"LA SOCIEDAD VIVE CON URGENCIA"

En palabras del cantante, la música es una profesión "bastante sacrificada" y dice que no se desconecta. "Son 24 horas al día", asegura el de Huelva, que añade, sin embargo, que "unas cosas compensan a otras" y ha aprendido a gestionar la vorágine de trabajo "con los años".

"Quizás es que vengo de pueblo y sé lo que es el trabajo duro, sé lo que es ganar 50 pavos al día y matarte, estar subido en un andamio y me da cosa decir que esto es un curro. Me da un poco de reparo", confiesa el cantante.

A pesar de que el mundo de la industria musical también pone sus tiempos a los artistas para los lanzamientos y, en general, la sociedad vive "con urgencia", Manuel Carrasco reconoce que es "una víctima de todo eso" pero que intenta que a su música "no la dirija" ni le afecte el segundero del reloj con el que vive la sociedad.

"Yo en mi carrera y en mi vida le doy muchas vueltas a las cosas y necesito mi tiempo", ha detallado el andaluz, tras reconocer que ha aprendido de sus errores de juventud pero que con los años se ha ganado "el respeto del público" y de su equipo. "Entiendo esa urgencia en los artistas, porque a mí me llega ese nerviosismo, lo que pasa que yo lo obvio", asegura entre risas.

70.000 ENTRADAS EN TRES HORAS

Manuel Carrasco ha vendido 70.000 entradas en tres horas para su concierto en Sevilla pero asegura que una parte de él todavía "no es consciente de eso". "Sé que es difícil hacer eso, porque no se hace todos los días, pero me ha pasado 20 años después de trabajar muchísimo", señala.

Además, admite que los grandes escenarios como el Wanda Metropolitano, donde consiguió hacer 'sold out', a día de hoy le siguen provocando "vértigo". "Todo empezó soñando y diciendo ¿por qué no? Y vamos un poquito más allá. Todo parte de uno", apostilla.

Así, su nuevo tema 'Fue' es solo el ariete del ciclo creativo que el onubense irá desplegando a lo largo de este año. De aquí al verano, Carrasco continuará con su gira 'La Cruz del Mapa Tour', en grandes recintos y con 19 fechas ya confirmadas.

En estos conciertos se reencontrará con sus fieles, pero también con todas las palabras y canciones que le han permitido ser el artista especial del que hoy día puede presumir la música española.

La Ley de Ciudadanos para mejorar la vida de los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) podrá finalmente debatirse en el Congreso de los Diputados, tras la expiración del proceso parlamentario para realizar nuevos "vetos".

Así lo compartieron en el día de ayer la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, el portavoz adjunto del GPCs, Edmundo Bal, y la diputada Sara Giménez, portavoz de Igualdad de los liberales en el Congreso, con representantes de la Fundación Francisco Luzón, quienes, junto a otras entidades de la sociedad civil movilizadas por los derechos de los pacientes con dicha enfermedad, han trabajado con Cs en los últimos meses en esta Ley.

Hace unos meses, el Gobierno arguyó "afectación presupuestaria" para impedir que esta ley pudiera debatirse. Entonces, Cs denunció el "veto arbitrario e indigno" que impuso el Gobierno, así como su intención de volver a registrar la norma.

El Gobierno tenía de plazo hasta el pasado 12 de febrero para volver a vetarla y, transcurrido el plazo, finalmente esta ley pueda debatirse al no haber sido objeto de un veto que, para Ciudadanos, era "profundamente antisocial y antidemocrático".

"En consecuencia, los liberales españoles celebramos que nuestra iniciativa pueda debatirse finalmente, y esperamos que pueda ser aprobada porque hay miles de pacientes y sus familiares que necesitan ayudas para superar las enormes dificultades que tienen para recibir atenciones y cuidados dignos", celebra la formación 'naranja' a través de un comunicado.

Esta Ley recoge el mandato del Congreso al Gobierno para tomar medidas que mejoren la atención y las condiciones de vida de los pacientes enfermos de ELA y de sus familiares en España, por lo que paa Cs el veto "resultaba del todo incomprensible".

"En Cs celebramos que la presión de los liberales, así como de todas las personas de la sociedad civil y asociaciones de pacientes y familiares afectados por la enfermedad, haya logrado hacer rectificar al Gobierno", remacha el partido liderado por Inés Arrimadas.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados, ha presentado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sus reivindicaciones contra la exclusión de las personas mayores en las entidades financieras.

La PMP, que ha calificado como "muy positivo y esperanzador" este encuentro, ha trasladado a Gabilondo la necesidad de un nuevo marco normativo que proteja los derechos de los mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que contemple el servicio de banca física como un servicio esencial y universal.

A este respecto, según la PMP, Gabilondo ha manifestado su firme compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos.

En concreto, el Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio ante las administraciones públicas para que procuren una "mayor accesibilidad" en las gestiones de la ciudadanía frente a las dificultades de la digitalización, y ha apelado al Banco de España para que solicite a las entidades que atiendan presencialmente a las personas mayores.

Entre las demandas planteadas por la PMP están también la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un "gestor del mayor" en cada una de las oficinas bancarias y complementar los servicios digitales con una buena atención telefónica.

A su vez, reclaman la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, donde la PMP pide crear un espacio en el que atender periódicamente a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías. En este sentido, la PMP señala el papel que podría realizar el servicio de Correos.

Asimismo, la plataforma demanda que se aborden medidas concretas para poder alcanzar el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, y que se busquen soluciones sencillas, pero también accesibles para las personas con discapacidad mayores.

Para la PMP, todas estas medidas deberían ser evaluadas durante su proceso de implantación para que sean realmente efectivas. Igualmente, considera que deberían imponerse sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.