La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud no recomienda cribados masivos en los centros educativos en ningún escenario, pero propone valorar «en última instancia» el cierre «temporal» de un centro si se produce una «transmisión no controlada».

Así lo recoge la adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros escolares en un contexto de alta circulación, que fue acordada el pasado viernes por Sanidad y las comunidades autónomas de cara a la vuelta a las aulas de más de 8 millones de niños este lunes, 10 de enero, tras las vacaciones de Navidad –salvo País Vasco, donde volvieron el viernes–.

El documento recoge las medidas impulsadas de acuerdo al actual contexto de «incremento acelerado» de las transmisión comunitaria de la enfermedad en España y teniendo en cuenta la «prioridad» de mantener la presencialidad en las aulas, que constituyen «entornos seguros» de forma «general».

Aunque Sanidad dio a conocer el viernes los principales cambios en el protocolo, que afectan a las cuarentenas, quedaba pendiente la actualización de la guía con los mencionados cambios, que tiene fecha de 8 de enero.

Así, en la guía se explica que en caso de sospecha o confirmación de casos, quienes presenten síntomas respiratorios compatibles con la Covid-19 no deberán acudir al centro hasta que obtengan el resultado de una prueba o, en caso de que no haya la posibilidad de hacer un test, hasta que finalice el aislamiento mínimo de siete días y cuando hayan transcurrido tres días desde el fin del cuadro clínico.

Además, tras el período de aislamiento y hasta diez días posteriores al inicio de síntomas o fecha de diagnóstico en casos asintomáticos, las personas positivas tendrán que «extremar» las precauciones y reducir las interacciones sociales, especialmente en el contacto con personas vulnerables, y siempre usando la mascarilla.

Además, según indica el documento, se podrá realizar una prueba PCR en muestras de saliva como alternativa de elección a la toma de muestra nasofaríngea en casos en los que a determinadas personas no se les pueda tomar ese tipo de muestra.

CIERRE DE AULA

Solo se aplicarán medidas dirigidas al cierre de un aula si hay al menos un grupo de cinco o más casos confirmados en la misma o un 20 por ciento de los alumnos contagiados, recoge el documento.

Asimismo, indica que en esta posible situación en una clase también se mantiene el aislamiento general de siete días en casos confirmados leves, o de 21 en graves o personas con inmunosupresión, en todos los niveles educativos y respecto al profesorado y personal del centro. En este caso se realizará prueba únicamente a los contactos estrechos vulnerables o que vivan en entornos vulnerables.

Por el contrario, ante la aparición de un primer caso en un aula y hasta un total de cuatro o afectación de al menos el 20% del estudiantado en un período igual o inferior a siete días, los alumnos de los niveles de infantil y primaria no realizarán cuarentena, a excepción de las personas con inmunosupresión.

Mientras, el profesorado, otro personal del centro y la población de doce años y más tendrán que cumplir la cuarentena general de siete días en contagios confirmados leves y de 21 en personas con enfermedad grave o inmunosupresión.

Además, solo se realizará una prueba a los contactos estrechos vulnerables o que vivan en entornos vulnerables, mientras los responsables Covid-19 de cada centro tendrá que informar a la comunidad educativa correspondiente la situación y recomendar extremar las precauciones.

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Respecto a los centros de educación especial, se consideran entornos vulnerables y, en este contexto, se les aplica lo acordado en la Adaptación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y y control de Covid-19 en periodo de alta transmision comunitaria, actualizado el 31 de diciembre, en el que se establece que se garantizará un «seguimiento activo» del manejo de casos por parte de los sistemas regionales de salud, con «prioridad» en caso de que este «coyunturalmente no pueda llevar acabo el adecuado seguimiento de todos los casos».

En «ninguno de los escenarios» contemplados se recomienda en la actualidad llevar a cabo cribados masivos en los centro escolares, a no ser que «de forma excepcional» lo indiquen así las autoridades sanitarias públicas.

Si la situación fuese de transmisión no controlada en un centro, las medidas marcan que los servicios de salud pública de las comunidades deberán desarrollar una «evaluación del riesgo» para decidir si escalar medidas, «valorando en última instancia» el cierre «temporal» del centro educativo en cuestión.

Todos estos criterios se aplicarán, además, a todas las actividades extraescolares que se lleven a cabo en los centros educativos.

El Consejo Fiscal celebrará mañana martes 11 de enero su primer pleno del año, y en el abordará entre otros asuntos la elección del que será nuevo teniente fiscal del Tribunal Supremo, puesto que quedó vacante tras el fallecimiento en diciembre de Juan Ignacio Campos.

Así queda reflejado en el punto sexto del orden del día, en el que se recuerda que también se decide sobre el concurso discrecional para la plaza de Teniente Fiscal del Tribunal Constitucional.

Fuentes del Consejo explican que los candidatos para el puesto de teniente fiscal del Supremo que han pedido esa plaza son la que fuera fiscal general del Estado en 2015 Consuelo Madrigal; el fiscal de Sala del Supremo Javier Zaragoza; el fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga, José Ramón Noreña; el fiscal de Sala del Supremo José Javier Huete; y la fiscal de Sala adscrita a la Sala de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.

Los consejeros tendrán que elegir entre esos cinco nombres, llamados a ser el ‘número dos’ en la Fiscalía General del Estado (FGE), si bien la última palabra sobre la propuesta que se elevará al Consejo de Ministros será de la FGE Dolores Delgado. Cabe recordar que el anterior teniente fiscal era además el responsable de las diligencias de investigación relativas al rey emérito.

EL PROCÉS

Si bien las fuentes indican que ninguno de los cinco está mejor posicionado que el resto, Zaragoza y Madrigal tienen un peso específico importante en la sede de la calle Fortuny por cuanto formaron parte del equipo de fiscales que trabajó en la causa del ‘procès’ independentista catalán.

No obstante, al ser un puesto de elección discrecional, unos candidatos tienen más posibilidades que otros, y su carrera puede influir a la hora de que el consejo, dirigido por la FGE Dolores Delgado, se decante por uno u otro nombre.

Así, según fuentes consultadas, el hecho de que Zaragoza (de la Unión Progresista de Fiscales) y Madrigal (de la Asociación de Fiscales) se encargaran del ‘procés’ puede jugar también en su contra en un momento dado ya que la nueva etapa política, con los indultos parciales a los líderes condenados, parece que pretende dejar atrás 2019 –año de la sentencia–.

EL ENCONTRONAZO CON NOREÑA

Noreña, que goza dentro de la carrera de un gran reconocimiento, y que por su trayectoria podría ser uno de los candidatos a tener en cuenta, es también de la Asociación de Fiscales (AF), y esto puede ir en detrimento de su candidatura. Se debe tener en cuenta que Delgado pertenece a la UPF, y aunque esto no tiene por qué influir en un nombramiento discrecional, es un factor a tener en cuenta a la hora de barajar quién tiene más posibilidades.

Además, Noreña tuvo un encontronazo en febrero de 2021 con Delgado después de que ésta designara a Javier Zaragoza como refuerzo de la Fiscalía Especial Antidroga para el Campo de Gibraltar, puesto al que con posterioridad renunció el elegido.

Pero Noreña ya había calificado para entonces la decisión de Delgado de «ilegal e improcedente» en un escrito en el que manifestaba su discrepancia con esa decisión.

HUETE Y SÁNCHEZ CONDE

Así las cosas, los nombres que pueden llegar a ese concurso con más garantías de éxito son los de María Ángeles Sánchez Conde y José Javier Huete. Fuentes consultadas señalan que de la primera ya se habló cuando se optó por Juan Ignacio Campos, es de la UPF, y juega a su favor que ha sido fiscal jefe del Tribunal Constitucional.

Por su parte, Huete, que no pertenece a ninguna asociación de fiscales, fue fiscal de Sala Coordinador de Menores de la Fiscalía General del Estado desde 2015 y abandonó ese puesto para ocupar una plaza de fiscal en el Supremo en 2020, en la Sección de lo Penal.

El Ministerio de Justicia ha dado por solventados este lunes por la tarde los problemas técnicos que han provocado la pérdida temporal de varios de los servicios telemáticos del departamento. Según informa en un comunicado, los problemas arrancaron a las 7.45 horas por un sobrecalentamiento en uno de los dos Centros de Proceso de Datos (CPD) pertenecientes a la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia.

Este incidente ha provocado la pérdida «temporal» del servicio de algunas aplicaciones telemáticas en órganos judiciales, Fiscalía, Registros Civiles, Atención al Ciudadano y Ventanilla del Registro Central. Según explican se ha debido a una subida de la temperatura de los sistemas del CPD, lo que ha lanzado el procedimiento automático de apagado de dichos sistemas.

Gracias a este automatismo, explican, se ha evitado que se ocasionaran daños más graves y duraderos por sobrecalentamiento, aunque ha conllevado la «inevitable» interrupción del servicio. Añaden que tras realizar labores de mantenimiento para resolver el problema de refrigeración que impedía reducir la temperatura del CPD, a las 12.30 horas de la mañana se ha iniciado el arranque controlado de las máquinas, con lo que el servicio se ha ido restableciendo de forma gradual en todas las soluciones afectadas, hasta alcanzar la normalidad.

LEXNET, SIN PROBLEMA

Desde el Ministerio apuntan que a pesar del apagón, el servicio de ‘LexNET’ –el que usan las partes para registrar escritos y para tener acceso a las causas–, ‘eFidelius’ y las aplicaciones del Toxicológico no se han visto afectadas. Sin embargo, los sistemas ‘Minerva’ y ‘Horus’ han tenido una afectación parcial del 50 por ciento del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia.

Otros servicios afectados han sido Portafirmas, Fortuny (durante dos horas, hasta que su servicio ha podido ser trasladado a otro CPD de la Dirección General de Transformación Digital), SIRAJ, Registros Civiles, Atención al Ciudadano, Ventanilla del Registro Central y Portal del Ministerio.

SEO/BirdLife ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra las resoluciones de la Dirección General de Transición Energética de la Comunidad Autónoma por las que se autoriza la construcción de tres centrales eólicas que, alegan, generarán un impacto crítico sobre hábitats y especies protegidas como el águila imperial ibérica. Las instalaciones se ubicarán en los términos municipales de Bonete, Montealegre del Castillo, Corral Rubio y Chinchilla de Montearagón, todo ellos ubicados en la provincia de Albacete.

En concreto, los parques Derramador, Frontones y Fuente Álamo y sus infraestructuras de evacuación se ubican, en parte, dentro del Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad ‘IBA 182 Pétrola-Almansa-Veda’, encontrándose algunos de los aerogeneradores a escasos 200 metros del límite de este espacio y afectando igualmente a varios espacios de la Red Natura 2000 como la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Área esteparia del Este de Albacete y a la Zona de Especial Conservación (ZEC) ‘Lagunas Saladas de Pétrola y Salobrejo y Complejo Lagunar de Corral-Rubio’, encontrándose algunos aerogeneradores a menos de 1 kilómetro en sus puntos más próximos y fragmentando así la conectividad de la misma, según ha informado la organización ecologista en nota de prensa.

Los molinos que se instalarán podrán suponer un impacto para las 171 especies de aves registradas en la zona, que tienen en este espacio su territorio de descanso, alimentación y reproducción, pero principalmente para las amenazadas y a las catalogadas en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, la malvasía cabeciblanca, el aguilucho lagunero, el flamenco común o la grulla común. Igualmente afectará a aves esteparias como la avutarda y el sisón. Dichos impactos podrán tener carácter irreversible, por lo que SEO/BirdLife solicitará al TSJCM de Castilla-La Mancha la paralización de las obras para evitar consolidar una situación de imposible o muy difícil reparación.

La ONG ambiental, que trabaja por unas renovables responsables con la biodiversidad desde 1993, alertó del impacto que tendrían estos proyectos durante el periodo de información pública que abrió el Gobierno castellanomanchego. Finalmente, el Ejecutivo ha dado luz verde al proyecto, lo que deja como única opción el recurso a los tribunales, han apuntado.

«FRAGMENTACIÓN FRAUDULENTA»

Aparte del impacto del proyecto, la aprobación se ha hecho con «evidentes carencias» en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Por un lado, los tres proyectos autorizados no cuentan con un estudio de impacto acumulado y de sinergias que considere su afección conjunta y en relación a otra serie de instalaciones de energía eólica y fotovoltaica ya aprobadas en la zona. Este hecho puede constituir, señalan desde SEO/Birdlife, un caso de fragmentación de un proyecto real mixto de producción de energía renovable único de 400 megawatios (250 solares y 150 eólicos) de casi 1.000 hectáreas de superficie con un mismo promotor, que por sus dimensiones debería ser evaluado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Además, este tipo de desarrollos de gran envergadura de producción de energías renovables debería estar recogido dentro de un plan o programa sectorial estratégico por parte de la Comunidad Autónoma que garantizase la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos naturales y que a su vez sea sometido a evaluación ambiental estratégica.

Por otro lado, los tres parques carecen del preceptivo estudio de repercusiones en la Red Natura 2000, a pesar de que la instalación de este macroparque eólico afecta por su naturaleza y proximidad a la ZEPA Área esteparia del Este de Albacete. Los tres proyectos impactan directamente a la conectividad de la Red Natura 2000 al ubicarse entre dos teselas de esa ZEPA, creando un efecto barrera e incrementando el aislamiento entre las poblaciones de aves que se localizan en ambas teselas, suponiendo un riesgo de extinción y afectando directamente a los objetivos de conservación del espacio de Red Natura 2000.

Según David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, «las energías renovables son esenciales para afrontar la emergencia climática en la que nos hayamos inmersos, pero es preciso que este masivo despliegue renovable sea compatible con la protección de la naturaleza». «La solución del primer problema no puede contribuir a la generación de uno igual de grave, la pérdida de biodiversidad. Lamentamos haber tenido que acudir a la Justicia para asegurar el bien común y apelamos a la responsabilidad de promotores y administraciones para evitar, desde el principio, que los proyectos renovables generen impactos severos sobre la naturaleza. No solo es posible, sino también necesario», ha añadido.

RENOVABLES RESPONSABLES

SEO/BirdLife considera que las energías renovables son «absolutamente imprescindibles» para poder afrontar los dos grandes desafíos de las próximas décadas como son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por eso, también ven absolutamente imprescindible que su necesario despliegue sea responsable, esto es, respetuoso con los espacios y especies de alto valor natural y participado por la ciudadanía.

Actualmente, manifiestan, hay ya muchos más proyectos en tramitación que los necesarios para cumplir los objetivos marcados por el Pniecc para 2030, por lo que es «totalmente viable y obligado» ser exigentes en la calidad y compatibilidad ambiental de los que se aprueben. Del mismo modo, es necesario avanzar, «como parece ser voluntad del conjunto de administraciones», en la extensión masiva del autoconsumo en las ciudades, así como de otros modelos participativos como las comunidades locales.

«Defendemos desde 1993 unas renovables responsables, esto es, concebidas para provocar el máximo beneficio a las comunidades locales y el mínimo impacto ambiental. Junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se han elaborado dos documentos para contribuir a un desarrollo de renovables responsables, un decálogo para unas renovables responsables y unas recomendaciones sobre zonas que deberían ser prioritarias para el desarrollo renovable y zonas que deberían quedar excluidas.

Los recursos planteados ante el TSJCM se realiza en el marco del proyecto LIFE, Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea. Este proyecto pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de llegar «tarde» al anunciar que regulará el precio de los test de antígenos y ha subrayado que ella misma se lo exigió un par de veces en el Congreso a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la segunda quincena de diciembre, antes de la Navidad.

Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya anunciado –en una entrevista en la cadena Ser– que el Gobierno tiene previsto controlar los precios de los test de antígenos y que también comprará en enero 344.000 dosis de antivirales a Pfizer.

Pastor, que fue ministra de Sanidad en el último gobierno de José María Aznar, ha afirmado que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos llega «tarde a los antivirales orales», «tarde a la fijación de precios máximos a los test de antígenos» y «tarde a la gratuidad de los test de antígenos».

«NADA LE VALE SI VIENE DEL PP»

Ante ese anuncio de Sánchez sobre los test de antígenos, ha señalado que ella misma lo reclamó en diciembre «y ni caso». «Nada le vale si viene del PP», ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

En este sentido, ha insistido en que controlar el precio de los test de antígenos es algo que el PP lleva pidiendo «desde antes de Navidad». «Se lo pedí a la ministra en su última comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso el pasado 16 de diciembre y volví a pedirlo el 23. Pero este Gobierno siempre llega tarde», ha reiterado.

En una comparecencia ante los medios en el Congreso el pasado día 23 para valorar el uso de mascarillas en el exterior anunciado por Sánchez en la Conferencia de Presidentes, Pastor censuró entonces que el Ejecutivo mandara el mensaje de que los ciudadanos se hagan test de antígenos cuando había «insuficiencia» y no llegaban.

Dicho esto, abogó por apoyar económicamente a los españoles para que se puedan comprar esos test y fijar un precio máximo como se hizo con las mascarillas. «Y si es posible, que todos los españoles puedan acceder a un test de antígenos de forma gratuita. Estamos hablando de que los españoles tienen que moverse por muchas razones, tienen que reunirse, cambiar de comunidad, hacer reuniones de todo tipo y tienen derecho a que se le pueda hacer un test de antígenos como en este momento están haciendo ya autonomías como la Comunidad de Madrid», manifestó entonces.

La Fiscalía ha mantenido durante la última jornada de juicio a exdirectivos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) que los seis acusados presuntamente acordaron contrataciones en reuniones con empresarios antes de licitarlas públicamente, mientras que sus defensas han asegurado que actuaron correctamente y siguiendo las normas.

El juicio ha terminado este lunes en la sección 8 de la Audiencia de Barcelona, y la Fiscalía pide condenar a los exdirectivos a seis años de prisión por presunta prevaricación, malversación y revelación de secretos.

En su informe final, la fiscal ha sostenido que los exresponsables de la corporación «fraccionaron de manera artificiosa el contrato de algunas tareas» para esquivar el concurso público y concederlas a dedo.

Lo ha tachado de «un fraccionamiento de libro» y la también Fiscalía reprocha que la ACA adjudicó más de un millón de euros en contratos complementarios a empresas vinculados a dos excargos, ahora enjuiciados.

En cambio, la abogada del entonces director de la ACA ha remarcado que 20 de los 22 testigos en el juicio «han abonado sin fisuras la completa bondad del trabajo de los acusados» y que los empresarios involucrados en los contratos han negado que se reunieran con él antes de la licitación ni que le conocieran.

El resto de defensas también han pedido la absolución para los acusados y han sostenido que las pruebas en el juicio no han acreditado que hayan delinquido.

Los abogados de los acusados han criticado que la Fiscalía añadió una nueva acusación en el trámite de conclusiones finales, según la cual supuestamente reflejaron un sobreprecio del 3% en los contratos para enriquecerse, lo que las defensas niegan.

TESTIGOS DEL JUICIO

En otras sesiones del juicio, técnicos de la ACA declararon como testigos y se les preguntó, en concreto, por la contratación para redactar el Plan de gestión de la cuenca fluvial de Cataluña.

Coincidieron en declarar que la contratación cumplió con la normativa, y defensas y acusación también interrogó a excargos de la ACA y responsables de empresas que se relacionaron con el organismo alrededor de 2007.

Para la Fiscalía, los acusados usaron el proceso de licitación «con la evidente intención de procurarse un ilícito beneficio económico», y cuestiona que el contrato contara con múltiples contratos complementarios, aunque técnicos del organismo explicaron que el contrato se basó en otro que ya habían hecho antes, de menor envergadura pero que planteaba necesidades similares.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas en la Cámara para que el Gobierno central «garantice el derecho» de los estudiantes a poder realizar los exámenes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en gallego, por lo menos en las pruebas que se desarrollen en Galicia.

De igual modo, pide que tanto la página web como el resto de materiales didácticos de la universidad estén disponibles en la lengua cooficial, no solo en español y en inglés.

A lo largo de enero y febrero se celebrarán los exámenes del primer cuatrimestre del curso 2021-2022, que también se pueden realizar en diferentes centros y aulas que la UNED tiene dispersos por Galicia, pero las pruebas están solo en castellano.

Además, según asegura el diputado del BNG, aquella persona que quiera hacerlas en gallego, «como es su derecho», deberá «afrontar difíciles trámites posteriores para lograr su adecuada corrección».

En este contexto, Rego recuerda que esta universidad, «igual que el resto de administraciones públicas, debe respetar en Galicia la Lei de Normalización Lingüística», que «no se está aplicando».

Asimismo, el diputado nacionalista recuerda que los propios estatutos de la UNED –en su artículo 5– recogen que la institución asume como «misiones» la potenciación de «la docencia y el conocimiento de las lenguas oficiales españolas» y su inclusión «en las páginas web y demás publicaciones».

Los presidentes provinciales de Vox en Ávila, León, Salamanca y Zamora; la exalcaldesa del PP en Zaratán (Valladolid) Susana Suárez Villagrá, o el presidente del club de rugby Aparejadores Burgos (también dirigente del partido en la provincia), Ignacio Sicilia, lideran las candidaturas de la formación de derechas en sus provincias a las próximas elecciones autonómicas junto al abogado Juan Ignacio García-Gallardo Frings, que encabeza la lista por la circunscripción de Valladolid.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox, según han explicado fuentes del partido, ha acordado la designación del abogado burgalés como candidato de la formación a la Presidencia de Castilla y León para las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 13 de febrero, así como las listas para las nueves circunscripciones electorales de la comunidad.

Además de confirmar al joven abogado García-Gallardo como candidato a la Presidencia y cabeza de lista por Valladolid, Vox ha confirmado las personas que encabezan las candidaturas de las otras ocho provincias.

En el conjunto de la comunidad, solo repiten dos personas que fueron cabezas de lista en las anteriores elecciones autonómicas: Ignacio Sicilia, en Burgos, y David Hierro, en Palencia.

García-Gallardo tiene 30 años y estudió Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas, donde también completó el Máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa. Su trayectoria profesional comenzó en el despacho internacional Herbert Smith Freehills, especializándose en Mercantil y Procesal.

Después, su práctica profesional le ha llevado a otras áreas del derecho relacionadas también con Civil, Penal Económico e Inmobiliario. En los últimos años ha tenido responsabilidad en el área de cumplimiento normativo de empresas de los sectores agroalimentario e hidrocarburos.

Durante su etapa universitaria, como explica Vox, destacó por su capacidad en el debate, participando en diversos torneos, incluido el campeonato mundial celebrado en Madrid en 2013.

El segundo puesto en la lista por Valladolid lo ocupa la actual procuradora de Vox en las Cortes de Castilla y León, que fue número tres en la candidatura por la misma circunscripción en mayo de 2019. Licenciada en Derecho, es Técnico en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y fue directora de la Oficina de Empleo en Salamanca.

Ha desarrollado programas de integración y empleo para desempleados en la Junta de Castilla y León. Desde 2017 es afiliada de VOX en cuya estructura orgánica ha ocupado diversos puestos.

En los siguientes puestos por Valladolid figuran Completan la lista de Valladolid: Francisco Javier Carrera Noriega, Rebeca Arroyo Otero, Isabel Pérez Martín y Alfonso González Rodríguez-Vilariño. Queda fuera de la nómina el que fuera cabeza de lista por la circunscripción vallisoletana en 2019 y primer procurador de la formación en las Cortes, Jesús María García-Conde, quien dejó su escaño a finales de enero de 2021.

La candidatura por Ávila está encabezada por el actual presidente provincial de Vox, José Antonio Palomo, que ocupa el puesto que tenía en 2019 David Sierra. Palomo, según el comunicado, nunca se había dedicado a la política, pero desde hace varios años trabaja activamente por el partido.

Su vida profesional se ha centrado en el mundo taurino, al que ha dedicado 22 años de su vida y que ha compaginado con el sector cárnico.

En segundo lugar, está Noelia Carretero Carmona, madre de dos hijos y dedicada al sector del telemarketing desde hace más de 20 años. Es además fundadora de la empresa Alminora Comunicaciones en la zona rural de El Tiemblo, que cuenta con más de 30 personas en plantilla.

En Burgos repite como candidato el presidente provincial de VoxBurgos y también presidente del CD Aparejadores Rugby Burgos, club de la División de Honor de este deporte. Sicilia es ha desarrollado toda su actividad profesional en el sector de la hostelería y en agencias de viajes y actualmente dirige su propia empresa dentro del sector.

Le acompaña, como número dos por la provincia, Ana Rosa Hernández Ruiz, graduada en Educación Primaria y funcionaria en un colegio público de Burgos. Anteriormente concurrió en las listas de VOX en las elecciones generales y municipales de 2019.

Encabeza la lista por León el presidente provincial, Carlos Pollán Fernández, presidente provincial y exjugador, exentrenador de balonmano y presidente del club de la ciudad, Ademar León. Ha desarrollado su actividad profesional en el área de la asesoría laboral, y actualmente dirige su propia empresa. Pollán ocupa el lugar que tuvo Jesús María López Arenas en 2019.

El número dos por la provincia, Miguel Suárez Arca, ha es graduado en dirección hotelera y turística y máster en dirección y gestión hotelera. Ha trabajado en las cadenas hoteleras en España e Hispanoamérica. Desde hace dos años trabaja en el equipo de redes sociales de VOX en la provincia de León y en el área de afiliación local del partido.

El trabajador del grupo parlamentario de Vox en las Cortes David Hierro Santos repite al frente de la lista de VOX por Palencia. Es responsable decomunicación de la formación en la provincia de Palencia y ha desarrollado su actividad profesional en las áreas de desarrollo de patrimonio cultural, docencia, museística y comercial. En el segundo puesto estará el doctor en Medicina Luis Javier Zurro Hernández.

En la provincia de Salamanca será el presidente provincial de Vox, Carlos Menéndez Blanco, quien encabece la lista de la candidatura por la provincia. Abogado en ejercicio desde hace veinte años, se dedica también a la actividad empresarial. Ha desarrollado cursos de especialización jurídica en derecho medioambiental y urbanismo. El número dos será la ingeniero Agrónomo y vicepresidente de Vox en Salamanca, Teresa Rodríguez Vidal.

SUÁREZ VILLAGRÁ DEJÓ EL PP EN 2019

En Segovia, encabezará la lista de la formación la que fuera alcaldesa del Partido Popular en Zaratán (Valladolid) entre 2013 –accedió vía moción de censura– y 2019, Susana Suárez Villagrá. Dejó el PP hace algo menos de tres años, poco antes de las elecciones autonómicas que se celebraron en mayo de 2019 y aseguró que la formación en la que militó durante 25 años se estaba «carcomiendo» y había perdido sus «valores».

Turolense de nacimiento, es la actual directora del Área de Coordinación Intermunicipal de VOX, anteriormente trabajó como asesora del procurador de VOX en el Parlamento de Castilla y León.

En segundo lugar, por Segovia se encuentra la teniente alcalde yconcejal de Vox en el ayuntamiento de El Espinar, Montserrat Sanz.

En la provincia de Soria encabezará la lista Carmen Romero Peirotén, en lugar de quien fuera número uno en 2019, María Auxiliadora Sánchez. Enfermera de profesión, Romero ha trabajado tanto en la atención hospitalaria como en la asistencia primaria y actualmente forma parte de la dirección política del partido. Fernando Castillo Álvarez, funcionario de prisiones, va en el segundo puesto a las elecciones por Soria.

Finalmente, en Zamora la diplomada en magisterio y presidente provincial de Voz, María Luisa Calvo Enríquez, será la cabeza de lista en el lugar que en 2019 correspondió a Francisco Javier Alcina. Calvo ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en la formación de personas con autismo y la asistencia y formación de personas con dependencia.

Tras ella, el segundo puesto de la lista corresponde a Miguel Barrios Ramos, ingeniero de Caminos y actual vocal en la dirección de VOX en Zamora.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha solicitado comparecer en la Diputación Permanente de Les Corts para explicar el informe que su departamento remitió al Síndic de Greuges con datos sobre abusos a menores tutelados en la Comunitat Valenciana.

A raíz de estas cifras, el defensor del pueblo emitió una resolución que recogía que entre el 20 de junio de 2020 y el 20 de junio de 2021 el número de menores de edad víctimas de abusos bajo medida de protección en la Comunitat ascendió a 175: 127 en acogimiento residencial y 48 en acogimiento familiar.

El PPCV se hizo eco y volvió a pedir tanto la dimisión de Oltra (Compromís) como la apertura de una comisión de investigación sobre la gestión de menores tutelados por la Generalitat. Este lunes también ha solicitado que comparezca al respecto el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig.

Como síndica ‘popular’, Mª José Catalá denunció la semana pasada que la situación de los menores tutelados «no se trata solo de un caso aislado por estar vinculado a la vicepresidenta», en alusión a Oltra y la condena a su exmarido por abusos sexuales a una menor tutelada.

También Cs registró una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para poner en marcha un plan autonómico y «pluridisciplinar» que permita erradicar todo tipo de violencia entre los menores valencianos», a partir de una comisión especial de estudio que cuente con el testimonio y asesoramiento de expertos y las recomendaciones del Síndic, Ángel Luna.

En concreto, según las cifras del defensor del pueblo, de los 175 casos entre junio de 2020 y junio de 2021, 127 son chicas y 48 chicos. Por edades, 7 casos están entre 0-3 años, 18 entre 4-6, 45 entre 7-12 y 105 entre 13-17 años.

Respecto al lugar de residencia, en la provincia de Valencia se registraron 66 casos en acogimiento residencial y 34 en familiar, en Alicante 42 en residencial y 6 en familiar y en Castellón 18 en residencial y 8 en familiar.

En cuanto a los agresores, de acuerdo al informe del Síndic, 101 eran mayores de edad y 48 menores, mientras un total de 88 tenían parentesco con la víctima y 61 carecían de esta relación. Ninguno era profesional del sistema de protección, uno trabajaba en un centro educativo y otro era trabajador de actividades de ocio y deporte.

Y sobre el lugar de los hechos, el defensor recoge que 74 casos se produjeron en el domicilio familiar de la víctima, 17 en centros de acogida o socio-educativos, 15 en el domicilio de la persona agresora y otros 15 en la calle.

En este periodo, entre junio de 2020 y 2021, se presentaron 73 de estas denuncias en Valencia, 26 en Alicante y 19 en Castellón, con un total de 118 casos denunciados en la Comunitat. Según Sindicatura, la diferencia hasta los 175 casos detectados corresponde a los derivados de personas protegidas con conductas sexuales inadecuadas no delictivas o a los que el agresor era menor de 14 años, aunque todos se han comunicado a Fiscalía.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha presidido este lunes la XXV sesión ordinaria anual del Consejo del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en la que se han presentado y aprobado la memoria de la actividad y el balance de la ejecución presupuestaria del organismo durante 2021, el proyecto de presupuestos para 2022, los próximos planes anuales de formación y el plan de actuación para el año entrante.

Según ha informado el departamento que dirige Llop, en el plan formativo para 2022 destacan la vuelta de la actividad formativa presencial, tras la suspensión impuesta en 2020 y 2021 por la pandemia, que se combinará con la oferta formativa online. Además, tendrá especial relevancia la formación en igualdad, inclusión y para lucha contra la violencia de género.

Así, por ejemplo, se llevará a cabo la primera edición de un curso de experto universitario en igualdad y lucha contra la violencia contra las mujeres que el CEJ está elaborando junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

En este contexto, señala el Ministerio, el CEJ tiene previsto organizar en 2022 un máximo de tres cursos selectivos para el acceso a la carrera fiscal, al cuerpo de facultativos y, en función del desarrollo de la convocatoria, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, además de nueve cursos de especialización de fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en las funciones de policía judicial, que llegarán a cerca de 2.000 personas.

28.000 PLAZAS PARA FORMACIÓN EN EL CUERPO DE JUSTICIA

También contempla 130 actividades de formación continua específicas para los cuerpos de funcionarios que se forman en el centro. «Junto a ellas, destaca la aprobación, por primera vez, de un plan de formación transversal basado en competencias comunes para todos los cuerpos de Justicia, que recupera y amplía a todo el territorio del Estado la formación en idiomas extranjeros y derechos civiles autonómicos y forales. En total, se ofertarán más de 28.000 plazas», explican.

La directora del centro, Abigail Fernández, ha asegurado este mismo lunes que «el objetivo de todos estos proyectos es convertir el CEJ en una institución de referencia en el ámbito de la formación de personal público».

En este sentido, Fernández ha destacado además la contratación de una oficina de transformación pedagógica para trabajar en la definición y ejecución de una estrategia de aprendizaje dirigida a la adquisición efectiva de las competencias que deben ostentar los cuerpos de funcionarios de Justicia.

PROGRAMA DE BECAS

Por otro lado, en 2022 otra de las novedades será la gestión desde el CEJ de un programa de becas para la preparación de oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado, uno de los principales proyectos del Ministerio de Justicia en esta legislatura. El programa permitirá ofertar un total de 245 becas por un importe máximo de más de 1,6 millones de euros.

Junto a este programa, el centro tiene previsto ejecutar otras líneas de subvención que se han incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio para los próximos tres años y a través de las cuales se pretende dar una respuesta amplia e integral a necesidades formativas diversas de los cuerpos de Justicia, fomentar la investigación y los proyectos de mejora del servicio público, y favorecer la formación y el contacto entre profesionales de la Justicia, tanto a nivel estatal como internacional.

Además de Llop, que preside el Consejo, al encuentro han asistido, como vocales del órgano de gobierno del CEJ, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; la abogada general del Estado Consuelo Castro; el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Álvaro García; el vocal del Consejo General del Poder Judicial con competencia en materia de formación, Rafael Mozo o el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso. También ha acudido a la reunión, como invitado, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a diez años de cárcel a un hombre de 37 años que le pagó alrededor de 50 euros a una niña de 14 años por mantener relaciones sexuales con ella.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se le considera autor de un delito consumado de abusos sexuales a menor de 16 años, consistente en acceso carnal por vía vaginal, y de otro de corrupción de menores.

Además de la pena de prisión, le han impuesto siete años de libertad vigilada y la inhabilitación, durante cinco años, para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores, así como la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante 18 años.

El tribunal considera probado que el acusado conoció a la víctima en una calle de Santiago y la invitó a subir a su vehículo, momento que aprovechó para intercambiar sus números de teléfono con la intención de mantener encuentros sexuales con ella.

Esa misma tarde, según consta en la sentencia, la menor envió al móvil del acusado una foto de una hoja con una lista de precios por servicios sexuales en la que hacía constar su nombre, su edad –14 años–, su teléfono y una breve descripción física.

Los magistrados destacan que, a pesar de que el condenado conocía la edad de la niña, quedó con ella para mantener relaciones sexuales, para lo cual se trasladaron a una playa de Vilagarcía de Arosa en el vehículo del investigado.

El tribunal considera que «no es creíble» la versión del acusado, quien sostuvo que desconocía que la menor tuviese 14 años. «Ha quedado claro que el acusado tenía conocimiento de la edad de la menor y de su vulnerabilidad y de sus problemas psicológicos», subrayan los jueces.

Añaden, además, que al tratarse de una menor por debajo de los 16 años, «resulta irrelevante un posible consentimiento en mantener ese tipo de relaciones, toda vez que por debajo de ese límite legalmente previsto se considera el menor con una voluntad carente de la necesaria formación para poder ser considerado libre y, aunque acceda o sea condescendiente con el acto sexual, no determina, en forma alguna, la licitud de este».

CREDIBILIDAD EN EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

En detalle, la sentencia de la Audiencia alude a las declaraciones realizadas durante el juicio y también a los informes periciales psicológicos que otorgan credibilidad al testimonio de la menor, a la que no se aprecia la existencia de «una intención de engañar» ni de «distorsionar» los hechos. La pericial de la experta propuesta por la defensa del acusado señala que se entiende que «no ha existido simulación, ni tampoco intención de llamar la atención».

El tribunal asume que la víctima no tenía ninguna razón para distorsionar los hechos y también valora «la vulnerabilidad de la edad y el deseo expresado ante las psicólogas de conseguir dinero para un ordenador», así como «la posterior vergüenza por lo ocurrido».

La sentencia también refleja la credibilidad y persistencia en la declaración de la menor y que en el juicio oral no se apreciaron «contradicciones internas» en un relato «congruente y aparentemente sincero, muy parco, en el que ha sido clara cuando no recordaba los hechos».

Incide en que lo relatado, aunque no fue «minucioso» por «problemas de memoria, o vergüenza o no deseo» de profundizar en los hechos, sí es suficiente para establecer los hechos probados y «especialmente diáfano» en relación a tres circunstancias: que el acusado conocía su edad, que al menos una vez mantuvieron en Vilagarcía relaciones sexuales con coito vaginal e introducción de dedos en la vagina; y que el condenado le dio unos 50 euros.

LA NOTA DEL MÓVIL DEL ACUSADO: SABÍA LA EDAD DE LA MENOR

Las pruebas recopiladas, por ejemplo, en el móvil del hombre refuerzan la credibilidad del testimonio de la menor. Así, la sentencia hace constar que en su teléfono se halló una nota en la que se recoge expresamente la palabra «prostitución», la descripción de la menor con su edad, y un listado de actos de carácter sexual vinculados con una cantidad de dinero.

«Es totalmente inverosímil que el acusado, habiendo guardado dicha nota en el teléfono móvil, no hubiese tenido acceso a su contenido completo. No es creíble lo afirmado por el mismo en el acto del juicio», sostiene la sentencia, en relación al desconocimiento de su edad.

También hace referencia a que el acusado relata cómo se conocieron, que intercambiaron mensajes y que quedaron, yendo «dos veces» a Vilagarcía. Sin embargo, el tribunal no ve creíbles «en absoluto» las razones que expone para dichos hechos.

«Es el acusado el que se acerca a la menor y contacta con la misma. No existía motivo para ello. Tampoco, salvo para la finalidad que ha sido declarada como probada, existen causas para ayudarla ni entregarle ningún tipo de dinero. No existe con ella relación familiar ni de amistad ni tampoco de vecindad ni de cualquier otro tipo, ni con los padres tampoco», esgrime la sentencia.

«La diferencia de edad era muy significativa. Tampoco existe justificación para pedirle el teléfono. No se comprenden las razones para el viaje conjunto a Vilagarcía, salvo para mantener relaciones sexuales en un lugar apartado, oculto y de forma tranquila. La menor manifestó que no conocía a nadie en Vilagarcía y nada se ha probado en el sentido contrario», agrega.

SOLO SE DA POR PROBADO QUE HUBO RELACIONES UNA VEZ

El fallo judicial remarca la credibilidad de la declaración del menor, pero también precisa que, en el juicio, afirmó que recordaba un único viaje y no los tres expuestos en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

Debido a ello y, a pesar de que el acusado reconoció dos viajes con ella a Vilagarcía, «en virtud del principio del inocencia», el tribunal no declara probados los tocamientos y la existencia de relaciones sexuales en dos ocasiones más, con las consecuencias legales que ello supone.

En concreto, el fallo del tribunal es condenar al acusado como autor de un delito consumado de abusos sexuales a menor de 16 años y por otro delito de corrupción de menores. Queda absuelto de otros dos delitos de abusos sexuales a menor de 16 años al no darse por probado que mantuvieron relaciones sexuales en más de una ocasión.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en colaboración con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, autoriza a las oficinas de farmacias la expedición del certificado COVID-19 de vacunación.

Esta medida que se activa desde este lunes persigue facilitar a las personas residentes en Canarias el acceso a este documento, así como descongestionar los centros de salud que venían cursando los certificados de los pacientes y usuarios que no podían acceder a la app micertificadocovid.com o a la web habilitadas por el Servicio Canario de la Salud para tal efecto.

Las personas interesadas en obtener este documento en las farmacias, que no tendrá coste alguno, deberán presentar su DNI y, en caso de solicitar el certificado COVID-19 de un tercero, será necesario mostrar el documento identificativo de la persona que lo solicita para registrar quién hace la petición.

Por ahora, las farmacias solo emitirán los certificados de las personas residentes, un dato que comprobarán a través de la Tarjeta Sanitaria Canaria.

Los residentes de otras comunidades autónomas que quieran acceder al certificado tendrán que hacerlo a través de los servicios digitales o bien acudiendo a los centros de salud.

La consejería de Sanidad agradece a los colegios oficiales de Farmacéuticos de ambas provincias su buena predisposición para la colaboración solicitada en cada momento.

APLICACIÓN MÓVIL

Asimismo, desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se recuerda que el Servicio Canario de la Salud (SCS) dispone de la aplicación móvil y la web www.miCertificadocovid.com para que cualquier persona ya vacunada, con una o dos dosis o con la dosis de refuerzo, acceda, guarde o imprima su certificado COVID.

La implantación de este documento en las islas fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), bajo la modalidad de uso obligatorio, para todos los sectores que estén sometidos a restricciones de aforo u horarios en las islas que se encuentren en niveles de alerta 3 y 4.

Esta medida, que entró en vigor el 25 de diciembre y tendrá una vigencia de un mes, será sometida a seguimiento y evaluación, sin perjuicio de la posibilidad de una nueva prórroga en función de la evolución de la situación epidemiológica.

El certificado obligatorio para los establecimientos y actividades sujetos a límites horarios y de aforos en las islas en niveles 3 y 4 no permite que estos pueden beneficiarse de aplicar medidas del nivel inferior como venía sucediendo cuando el uso del certificado COVID se mantenía como voluntario.

El objetivo es establecer medidas excepcionales de control de la situación sanitaria de las personas que accedan a determinados establecimientos, instalaciones o actividades considerados de riesgo para la transmisión de la COVID-19, para frenar su propagación.

Así, los establecimientos, instalaciones o actividades de las islas que se encuentren en los niveles de alerta sanitaria 3 y 4 que se ven afectadas por la aplicación del certificado COVID obligatorio son establecimientos de hostelería y restauración, de ocio nocturno y dedicados a actividades recreativas y de azar con un aforo superior a 30 personas; eventos y celebraciones con concentración de personas y festivales de música con asistencia de más de 500 personas; eventos deportivos con asistencia de más de 500 personas; espectáculos públicos con asistencia de más de 500 personas; actividades culturales en cines, teatros, auditorios y similares cuya licencia de apertura tenga un aforo superior a 50 personas; gimnasios y equipamientos similares: establecimientos y centros sanitarios y centros sociosanitarios residenciales o de día.

Los restantes establecimientos instalaciones o actividades, como es el caso de los comercios, peluquerías y transportes, entre otros, en los que los usuarios permanecen haciendo uso de la mascarilla, en las islas que se encuentren en los niveles de alerta sanitaria 3 y 4, podrán aplicar el certificado de forma voluntaria.

USO VOLUNTARIO

El certificado COVID es de uso voluntario para acceder a determinados establecimientos y actividades en las islas que se encuentran en niveles 1 y 2, medida que también fue ratificada por el TSJC y que permite a los establecimientos que lo utilicen beneficiarse de los aforos y horarios del nivel inferior a los que se encuentre la isla en cuestión.