Junts ha registrado una propuesta en el Congreso para dar seis meses de plazo a los progenitores para decidir el orden definitivo de los apellidos de sus criaturas, ya que considera que el de tres días que establece actualmente el Código Civil obvia el postparto de las madres, máxime si han dado a luz mediante cesarea, lo que obliga a un periodo de recuperación más largo.

Esta proposición no de ley de la formación independentista, a la que ha tenido acceso Europa Press y que se debatirá en la Comisión de Justicia, busca que el Congreso emplace al Gobierno a impulsar esa reforma en aras de "promover la igualdad de género de forma coherente, justa y real".

En opinión de Junts, la reforma de 2011 fue un "notorio avance en la igualdad de género" por "dejar atrás las reglas clásicas de atribución de apellidos, históricamente sometidas a un régimen patriarcal", pero no fue suficiente.

AHORA SON TRES DÍAS

Desde entonces dejó de tener prevalencia el apellido paterno y los progenitores pueden decidir optar también por poner a sus criaturas el materno en primer lugar. Sin embargo sólo tienen tres días para inscripción en el Registro Civil.

Junts defiende que se confiera carácter provisional a esa inscripción inicial y que a los seis meses se pueda confirmar o bien cambiar el orden de los apellidos en el Registro. Según su propuesta, si transcurrido ese medio año no se produce ninguna comunicación se mantendrá el orden que se pretendía provisional.

De esta forma, argumentan, la madre podrá "recuperarse correctamente de su convalecencia postparto y decidir, de mutuo acuerdo con el otro progenitor en su caso, el orden de atribución de los apellidos", una vez superado ese periodo de especial vulnerabilidad que sucede al alumbramiento y que, en ocasiones, va a acompañado de episodios depresivos.

FACILITAR EL CAMBIO TAMBIÉN MÁS ADELANTE

Además, Junts incluye un segundo punto en su proposición no de ley, con intención de que se facilite el cambio del orden de los apellidos ante de la mayoría de edad. Ahora los progenitores tienen la posibilidad de proponerlo siempre que se cumplan varios requisitos. El más estricto es que "el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho, siento utilizado habitualmente por el interesado".

Sin embargo, esa fórmula lleva, en opinión de Junts, a un "callejón sin salida" pues para poder cumplir esa condición es necesario que el ciudadano obre de manera incorrecta para poder deshacer el orden de los apellidos que se impuso en el momento de su nacimiento.

Y es que, recalcan, para generar antecedentes y pruebas de que el menor usa un orden distinto al que consta en el Registro, sus progenitores deben proceder "de forma irregular ante las instituciones", y utilizar cuando le inscriban en distintos organismo un orden distinto al que consta oficialmente.

El PSOE se enfrentará esta semana en el Congreso a la votación de una iniciativa promovida por Unidas Podemos, su socio en el Gobierno, Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, dos de sus aliados parlamentarios, sobre el cambio de posición en torno al Sáhara Occidental, que han denostado y que urgen a rectificar.

Los tres partidos registraron hace una semana una proposición no de ley en el Congreso a raíz de la carta que el presidente, Pedro Sánchez, envió al Rey de Marruecos en la que aceptaba la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental que el vecino del sur presentó ante la ONU en 2007 como "la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa".

Un giro en la posición histórica que España venía manteniendo sobre su antigua colonia que Sánchez niega y que todas las fuerzas parlamentarias han criticado, como así quedó evidenciado durante su comparecencia, el pasado miércoles, en el Pleno del Congreso para explicar, entre otras cuestiones, del Sáhara Occidental.

LOS GRUPOS DEBERÁN RETRATARSE

Con esta iniciativa, que se debatirá el martes, Unidas Podemos, ERC y Bildu buscan que el PSOE --donde hay algunas voces críticas-- y los grupos parlamentarios de centro y la derecha se retraten sobre el fondo de la cuestión y desautoricen el giro dado por Sánchez al avalar el plan de autonomía propuesto por Marruecos.

En concreto, el texto persigue que el Congreso ratifique su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en esa región, y que lo haga con "el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado de manera constructiva y conforme al Derecho Internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y mutuamente aceptable en el Sáhara".

Ésta será la primera votación sobre este contencioso tras el cambio de opinión del Gobierno, un 'bandazo' que sus socios critican en la iniciativa. Dicen no entender que Sánchez haya tomado una decisión de este calibre sin "consultarla ni compartirla" con ninguno de los grupos del Congreso, "contraviniendo el consenso mayoritario de la Cámara".

EL CONGRESO NO PUEDE ESTAR AL MARGEN

"Una decisión de tal calado político que, además de suponer un cambio en la posición histórica mantenida hasta ahora, podría desencadenar consecuencias diplomáticas con el propio Sáhara Occidental, Argelia y Marruecos no puede ser adoptada de espaldas a la voluntad mayoritaria del Congreso", argumentan.

Además de criticar la falta de "transparencia" con la que se ha conducido el Ejecutivo en un tema de "tal trascendencia política y social", Unidas Podemos, ERC y Bildu avisan en su proposición de las posibles consecuencias que este giro podría acarrear en el ámbito económico y energético.

"La vía política de resolución del conflicto entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos basada en las diversas resoluciones de la ONU que abogan por una solución dialogada y satisfactoria para las partes impulsada por la MINURSO cuenta a día de hoy con el aval de las instituciones internacionales y europeas, así como de la mayoría social y política representada en esta Cámara", reza la iniciativa.

Pero no será esta la única ocasión en la que se hable esta semana sobre el Sáhara en el Congreso. El miércoles, Navarra Suma y Nueva Canarias insistirán con este asunto en el Pleno de control al Gobierno, con preguntas al presidente y a su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Albares canceló este jueves el viaje previsto a Marruecos, donde acudirá más adelante acompañando a Sánchez.

En concreto, el diputado de Navarra Suma Carlos García Adanero, uno de los expulsados de UPN, pretende que el presidente aclare al Congreso si "tiene previsto una remodelación del Gobierno ante las discrepancias en el seno del mismo como consecuencia del cambio pro marroquí en el Sáhara y el aumento en gasto en armamento militar".

De su lado, el representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quiere que el jefe de la diplomacia española explique "por qué considera el Gobierno que su cambio de posición respecto al Sáhara no vulnera la legalidad internacional". Tanto Sánchez como Albares sostienen que la postura actual del Ejecutivo respeta las resoluciones de Naciones Unidas.

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en el pleno que arranca este martes 5 de abril el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley catalana de vivienda que habilita a poner límites a los precios del alquiler. Se estudiará a los pocos días de que el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciara que limitará a un 2 por ciento el incremento de los alquileres en los próximos tres meses dentro de un plan de choque contra los efectos económicos de la guerra de Ucrania.

Fue en junio de 2021 cuando el Consejo de Ministros acordó interponer este recurso cuya sentencia, ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer, llega a primera deliberación al pleno. Ya entonces, el Gobierno no solicitó la suspensión cautelar de la medida porque, según explicó, el Ejecutivo central esperaba tramitar en paralelo la Ley estatal de Vivienda.

En concreto, impugnó ante el Tribunal Constitucional los artículos 1 y del 6 al 18; las Disposiciones Adicionales de la 1º a la 4ª; la Disposición Transitoria 1ª y la Disposición Final 4ª letra b de esa ley del parlamento catalán de medidas urgentes en materia de contención de rentas.

"Entendemos que vulnera las competencias estatales en esta materia", justificó la entonces ministra portavoz para presentar este recurso de inconstitucionalidad, que ya fue aconsejado así por el Consejo de Estado tras ser consultado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

VOX Y PP, POR EL INGRESO MÍNIMO VITAL

Entre los asuntos que llegan a deliberación del pleno que preside Pedro González-Trevijano se incluyen dos recursos de inconstitucionalidad, promovidos por PP y por Vox, para decidir sobre si se admiten a trámite o no. Ambos son relativos al ingreso mínimo vital.

Vox presentó el suyo el pasado mes de marzo contra un apartado de la ley por atribuir al País Vasco y a Navarra competencias en materia de Seguridad Social al considerar que supone una "frontal vulneración de la caja única". En concreto, va contra la disposición adicional quinta de la ley del ingreso mínimo vital y contra la disposición final trigésima de la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La portavoz y secretaria general del partido, Macarena Olona, explicó cuando fue a presentarlo que recurrían por la "evidente ruptura que supone lo que el Tribunal Constitucional ha convenido en denominar la caja única de la Seguridad Social que debe ser única para toda España y para todos los españoles".

Esa disposición adicional quinta regula la aplicación de la ley en los territorios forales, en atención a la especificidad de las Haciendas Forales. Así, se contempla que dichos territorios asuman las funciones y servicios que la Ley atribuye al Instituto Nacional de Seguridad Social y se prevé que, mientras no se asuman dichas funciones, se firme una encomienda de gestión.

Por su parte, el PP presentó el suyo a finales de marzo, e incluía en su recurso al igual que Vox la disposición final trigésima de la ley de PGE para 2022 que modificaba esa disposición adicional quinta.

Esta rezaba que "en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, en relación con esta prestación, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán, con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en esta Ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social así como, en atención al sistema de financiación de dichas haciendas forales, el pago, en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital, en los términos que se acuerde".

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que aumentará el Ingreso Mínimo Vital (IMV) un 15% durante los próximos tres meses en el marco de ese plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania.

Lo avanzó en el encuentro 'Generación de Oportunidades', y señaló que ese plan estará dotado de 16.000 millones de euros, entre ellos 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones en créditos ICO para amortiguar el impacto crisis.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) estudiará este martes 5 de abril los dos recursos que constan en el alto tribunal relativos a la política de nombramientos de la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado. En concreto, se verá el recurso que presentó la Asociación de Fiscales (AF) por el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores del Ministerio Público, y el de uno de los aspirantes a ese puesto, el fiscal José Miguel de la Rosa.

Fuentes del Alto Tribunal han confirmado que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deliberará sobre ambos recursos finalmente en abril, si bien la primera fecha que se barajó fue en febrero. Las ponencias sobre esos recursos --que verán de forma conjunta pero no acumulada-- ha recaído en los magistrados José Luis Requero (el de AF) y Pilar Teso (el de De la Rosa).

Cabe recordar que el texto de la AF, que ha criticado públicamente la "querencia" de Delgado por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que perteneció-- a la hora de acordar nombramientos discrecionales, ponía el foco en la designación de Esteban Rincón soslayando a De la Rosa, candidato que --a su juicio-- atesoraba la mayor experiencia práctica y los mejores conocimientos jurídicos en la materia y que, además, ostentaba la categoría de fiscal de Sala.

Esteban Rincón ingresó en la carrera fiscal en 1988. Entre 2008 y 2013 fue Fiscal Jefe de Madrid, la Fiscalía más numerosa y compleja de todo el territorio nacional, que dirigió "con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos", según tuvo en cuenta Delgado para su nombramiento. Además, fue fiscal ante el Tribunal Constitucional durante una década.

EL PRINCIPIO DE MÉRITO

En un comunicado emitido el pasado marzo, la AF denunció que, como "norma general" en el comportamiento de Delgado, "sus propuestas lo son de acuerdo con los votos emitidos por los vocales electivos por la lista de la Unión Progresista de Fiscales, y ello a pesar del principio de mérito y capacidad que debe regir en cada propuesta de nombramiento que se remita al Consejo de Ministros".

La asociación, presidida por Cristina Dexeus, se quejaba de que "transcurrido más de un año desde su toma de posesión, los concursos para la cobertura discrecional siguen un orden en cuanto a las plazas concretas y un ritmo en cuanto al tiempo de publicación que obedecen a una estrategia solo conocida por la fiscal general del Estado".

A la espera de la decisión del tribunal, la UPF ya ha lamentado que la AF recurra a la Justicia "con la única intención de socavar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al propio Consejo Fiscal". Recordaban que la AF interpuso ese recurso contra el nombramiento de un fiscal de Sala, Eduardo Esteban Rincón, "cuyo mérito y capacidad quedan fuera de toda duda y que contó con el apoyo de seis vocales del Consejo Fiscal".

El PP, Ciudadanos y el PNV rechazan en el Congreso las propuestas aprobadas por PSOE y Unidas Podemos, junto con sus aliados de Más País y Bildu, para mejorar el funcionamiento de los órganos reguladores y las autoridades independientes puesto que consideran que, en el fondo, lo que buscan es cuestionar su "legitimidad", "intervenir" en sus actuaciones e incluso "desmantelar su independencia".

Los órganos afectados por estas recomendaciones son la Agencia de Protección de Datos (AEPD), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Para intentar que esas recetas no lleguen a votarse en el Pleno del Congreso, estas tres formaciones han presentado sendos votos particulares al informe que las contiene y ya que fue avalado hace dos semanas por la subcomisión de Calidad Democrática del Congreso.

El texto se somete este miércoles a su primer debate público en la comisión que preside el líder de Más País, Íñigo Errejón y ahí se votarán, asimismo, los votos particulares, a los que ha tenido acceso. También Vox ha registrado su propia alternativa pero, en su caso, ha optado por incluir las enmiendas más importantes que defendió, sin éxito, en la subcomisión.

SE CUESTIONA SU LEGITIMIDAD

Desde el PP se congratularon de haber logrado 'modular' en parte el borrador original, que fue fruto de un acuerdo entre el PSOE y Más País. De hecho, los 'populares' comparten los puntos que abogan por incrementar el control del Congreso sobre las autoridades independientes, de modo que todos sus responsables deban comparecer antes de ser nombrados y después hacerlo con más frecuencia que ahora.

Sin embargo, el PP descalifica el grueso del informe en su voto particular y, como el resto de grupos que lo rechazan, denuncia que se cuestione la legitimidad de estos órganos. En concreto, los 'populares' alertan de que esas recomendaciones buscan su intervención por parte del Gobierno y de que el texto incluye contradicciones flagrantes e incluso cuestiones incompatibles con el Derecho de la Unión Europea, un punto que también resalta el PNV.

"Adolece de tintes claramente intervencionistas y antiliberales que pretenden el absurdo jurídico de negar legitimidad, intervenir y limitar estas instituciones", argumenta el PP, que llega a hablar de "barbaridades jurídicas" y propuestas propias de "regímenes autocráticos".

SOMETIMIENTO A INTERESES PARTIDISTAS

Términos similares utiliza Ciudadanos en su voto particular, donde lamenta que las conclusiones de la subcomisión vayan "directa y abiertamente en contra" del que era su objetivo y que, lejos de recoger ideas para reforzar la independencia y imparcialidad de las autoridades independientes, lo que hacen es abrir "la puerta a su efectivo desmantelamiento", a la "politización de su actividad" y a su "sometimiento a los intereses partidistas" del Gobierno de turno.

El PNV y Ciudadanos se muestran especialmente en contra de la propuesta de que, "en colaboración con representantes de toda la ciudadanía" (lo que interpretan como el Congreso) se deberán establecer, con carácter semestral o anual, una especie de "mandatos marco" para "orientar" las decisiones de las autoridades independientes, "excluyendo en todo caso de dichas orientaciones a las decisiones de carácter técnico".

CONTRAVIENE EL DERECHO COMUNITARIO

Los nacionalistas vascos llegan a avisar en su voto particular de que el propio letrado de la Comisión de Calidad Democrática ya advirtió de que esa recomendación supondría una "incompatibilidad manifiesta" con el Derecho de la Unión Europea que "blinda la autonomía y competencias de las administraciones independientes de injerencia por parte de los distintos poderes de los Estados miembros en los ámbitos materiales objeto de regulación por la UE".

"El Ejecutivo anhela el control de tales organismos y para evitarlo sólo está esta subcomisión", proclama Vox antes de certificar el "fracaso" de los trabajos que ha coordinado Errejón, en esta materia y de defender que "la asignación de fines y objetivos de las administraciones independientes debe ser nítida y no quedar al arbitrio de intereses políticos partidistas".

En cualquier caso, la previsión es que los grupos que conforman el Gobierno de coalición y los partidos que ya avalaron el informe en la subcomisión unan sus votos para rechazar estos cuatro votos particulares el miércoles. Así las cosas, todo indica que las recetas que tienen el apoyo de la mayoría serán definitivamente aprobadas por el Pleno del Congreso ya después de Semana Santa.

En principio, de las recomendaciones queda fuera el Banco de España. El informe resalta que el supervisor tiene su propia singularidad, pero se aprobó una enmienda de Más País que abría la puerta a que se le aplicaran también las recomendaciones de criterios y buenas prácticas que se plantean para los demás.

Inicialmente los socialistas plantearon unificar en una normativa general el sistema de elección, de modo que los responsables de todos los órganos surgieran de una convocatoria pública convocada por el Gobierno, como ya rige para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPDE). Sin embargo, el PSOE se autoenmendó y finalmente se suprimió del borrador esa unificación legislativa que había contado con la oposición del PP.

Así, el informe apuesta por que siga siendo el Gobierno el que promueva a los candidatos. Pero también demanda que se afinen más los "requisitos específicos" que se exigen para cada puesto.

COMISIÓN NOMBRAMIENTOS

Aunque la idea es que el Gobierno continúe proponiendo los candidatos, se aboga por reforzar el papel del Congreso en el proceso de su elección. En concreto, con la creación de un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos, pero "reforzada". En la actualidad, con carácter general es la comisión parlamentaria del ramo correspondiente la que examina a los aspirantes y así debe seguir siendo en opinión de formaciones como el PP, Cs y el PNV.

La Comisión de Nombramientos reforzada que defienden PSOE, Unidas Podemos y Más País, debería tener capacidad de hacer comparecencias más parecidas a las de sistemas democráticos, como Estados Unidos, "donde se produce una seria y exhaustiva investigación sobre el perfil profesional de las personas propuestas, lo que redundaría en una clara mejora del sistema de selección".

Además, el texto recoge que la aprobación del informe de idoneidad de los candidatos se "exija mayoría cualificada" y que éste no pueda salir adelante "en ningún caso" con "el voto afirmativo de un único grupo parlamentario".

El rechazo de Podemos a la enmienda del PSOE para convertir a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en fiscal de Sala del Tribunal Supremo cuando sea cesada ha suscitado una nueva discrepancia con el PSOE en el seno de la coalición, que se suma a los choques por el Sáhara Occidental y el incremento del presupuesto militar.

Sin embargo, estas divergencias no han afectado al plan anticrisis ante el alza de la inflación con un acuerdo que satisface a los morados, al lograr varias de sus propuestas y que ven, además, como se asume su apuesta por topar el gas a 30 euros el megavatio hora.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya explicitó que no comparten el contenido de la propuesta ni tampoco las formas, al vehicularlo en una enmienda sobre una ley que no tiene relación con el funcionamiento de la fiscalía y de la que no fueron informados.

Es más, expresaba su sorpresa por la "defensa sin fisuras" que mostró al respecto la ministra de Justicia, Pilar Llop y que era un movimiento extraño.

LA POSTURA SOBRE EL SÁHARA, LA FRICCIÓN MÁS SONORA

Sin embargo, el choque más sonado entre los socios ha sido la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de avalar el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos, lo que provocó un importante malestar en el espacio confederal, que desconocía el movimiento.

Desde entonces la crítica de Unidas Podemos ha sido unánime y prologada en el tiempo al entender que el PSOE da un giro "injustificable", como plantearon en la comparecencia del presidente en el Congreso, y demandan una rectificación para volver a la senda del referéndum de autodeterminación en la zona.

De hecho, el socio minoritario del Ejecutivo se ha aliado con ERC y Bildu en una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para volver a la posición tradicional de España y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz manifestó que tenía una conversación pendiente con Sánchez.

También ha hecho pública sus diferencias con los planes para elevar el presupuesto militar anunciados por Sánchez, en línea con los compromisos adquiridos en la OTAN, al replicar que no es una prioridad y que la respuesta a la crisis debe centrarse en medidas sociales y el refuerzo a servicios públicos.

"Más profesores y menos tanques", llegó a manifestar la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Sin embargo, Unidas Podemos mantiene que este punto no provoca por ahora confrontación, dado que hay mucho tiempo hasta que se entre a negociar los Presupuestos Generales del Estado.

LA POLÉMICA DEL ENVÍO DE ARMAS A UCRANIA

Aunque el choque más polémico lo motivó la decisión de Sánchez de enviar armas a la resistencia ucraniana, cuando anteriormente habló solo de material defensivo, y que suscitó las críticas de Belarra y la titular de Igualdad, Irene Montero, pero fracturó el espacio dado que Díaz y los comunes apoyaron la decisión.

La tensión se disparó entonces y tuvo que ser rebajada desde ambas alas de la coalición. De esta forma, la formación aclaró que su líder no se refirió al PSOE cuando criticó a los "partidos" de la guerra y descartaban ruptura pese a mantener esa diferencia. Los socialistas acompañaron el gesto y el presidente asistió para respaldar el acto previo al 8M que organizó Igualdad.

En el pasado también se suscitaron roces sobre todo a raíz de la fusión de Bankia y la 'Caixa', o la salida del país del rey emérito Juan Carlos I a Emiratos, que coincidieron con informaciones sobre presuntas irregularidades en sus finanzas.

También hubo tensión ante el papel de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en las últimas negociaciones sobre reforma laboral y en lo relativo a la ley de vivienda, que se superaron con sendos acuerdos.

PODEMOS CONGENIA CON SU SOCIO EN EL PLAN DE RESPUESTA

Y ese espíritu es el que ha reivindicado Unidas Podemos en el plan anticrisis frente a los efectos de la guerra de Ucrania, donde han podido recoser la sintonía del PSOE con un acuerdo que incluye varias reivindicaciones de los morados, como elevar el Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de despido a empresas que reciban ayudas públicas, el descarte a la bajada de impuestos genérica que promulgaba el PP o limitar el precio del alquiler.

Además han visto como su planteamiento de topar el gas a 30 euros el megavatio hora, por el que apostó la formación, ha sido la propuesta conjunta de España y Portugal para tratar de abaratar la factura de la luz.

Esta posición, que para la formación morada es "valiente" al minorar también los beneficios 'caídos del cielo' de las eléctricas, también suscitó que los morados afearan a la vicepresidenta primera que ofreciera "reticencias" al hablar de que era un asunto técnico cuando Belarra reveló que ese umbral era su apuesta.

La formación ha llamado en diversas ocasiones a normalizar las diferencias entre las dos formaciones y que se han repetido a lo largo de la legislatura, pues el propio sentido de una coalición entraña que pueda haber divergencias a pesar del programa común pactado. De hecho, el discurso de Podemos es que sus posiciones empujan al PSOE a desplegar políticas netamente progresistas.

Por eso, fuentes del espacio confederal indicaron recientemente que era esencial logran un pacto sobre el plan de respuesta a la crisis, dado que era estratégico dar un enfoque social a esta crisis y hacerlo alineados con sus socios. En consecuencia, consideran que esta negociación les refuerza en su papel ejecutivo.

La Audiencia Nacional juzga desde este martes a los tres integrantes de una célula perteneciente al grupo islamista radical Hizb Ut Tahrir al Islami radicada en Badalona y que se dedicaba a realizar labores de captación, adoctrinamiento, radicalización y envío de voluntarios yihadistas para participar en acciones violentas de DAESH en territorios sirios.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hermanos Khalid L., Ben Gacem L. y Hicham L. llegaron a contribuir a que un joven marroquí residente en la misma localidad tomase la determinación de viajar hasta Siria y se alistase como combatiente. El mismo, Mohamed Kaouch, murió en la guerra víctima de un bombardeo.

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados 9 años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista o, de forma subsidiaria, una condena de 7 años y 6 meses de prisión por un delito de captación y adoctrinamiento terrorista, añadiendo igualmente una multa de 18 meses por una cuota diaria de seis euros.

Y todo ello, explica el Ministerio Público, por las reuniones que organizaban y a las que acudían diferentes simpatizantes con el ideario del grupo. En las mismas, los acusados "hacían pedagogía de sus postulados radicales violentos propios del yihadismo con el fin de incorporar nuevos adeptos a la ideología que sustenta la necesidad de la instauración de un califato islámico a nivel mundial que se rija por la sharía".

MOSTRANDO "LAS BONDADES DE LA YIHAD VIOLENTA"

"Y difundían, elogiaban y justificaban los métodos terroristas y el éxito de la lucha armada para lograr este fin, y de esta manera pretendían captar y convencer a otros de las bondades de la yihad violenta, propagando como legítimos, deseables e incluso loables, los objetivos de las organizaciones terroristas vinculadas con dicho ideario", señala el fiscal.

Los tres hermanos tenían a su vez una "relación de dependencia jerárquica respecto a otras personas de Hizb Ut Tahrir" radicadas en España. Uno de esos superiores convocó una reunión en febrero de 2020 a la que acudieron dos de los acusados y un "número destacado de militantes", extremando eso sí las medidas de seguridad.

En ese encuentro de poco menos de dos horas se estableció un dispositivo de vigilancia en el exterior con relevos a la llegada de los participantes. Todo ello para "preservar la clandestinidad", llegando a controlar las personas y los vehículos que transitaban por la calle en la que estaba radicado el piso.

LA HISTORIA DE KAOUCH

El origen de las pesquisas que dieron lugar a la vista oral que se celebrará previsiblemente hasta el próximo jueves en la Audiencia Nacional tienen lugar en la historia de Kaouch, el joven que decidió emprender su camino a la guerra. Para conocer su origen hay que retroceder unos años antes, hasta 2008. Fue en ese año cuando tuvo su "primer acercamiento al ideario yihadista" durante su ingreso en la cárcel Modelo de Barcelona, donde fue guiado por un preso marroquí conocido como Mohamed Rifi.

Fue éste quien recurrió primero a la enseñanza del islam y, tras consolidar su vínculo, le mostró una serie de vídeos propagandísticos de Al Qaeda "con un claro interés adoctrinador". Un año después, cuando todavía pernoctaba en ese mismo centro, Kaouch inició un proceso de radicalización tras establecer contacto con los tres hermanos acusados.

En concreto eran Khalid y Ben Gacem quienes, después del rezo, "se reunían regularmente con un reducido grupo de jóvenes en espacios urbanos de Badalona a quienes aleccionaban con mensajes sobre la reinstauración del Califato islámico y la necesidad de desplazarse a zonas de conflicto para ayudar a los hermanos musulmanes en su lucha con los infieles".

Los dos acusados tenían, sostiene el fiscal, "un gran ascendiente religioso" sobre el joven. Fruto de dicha influencia "éste varió radicalmente su conducta, relación familiar y apariencia exterior y comenzó a justificar las actividades de los yihadistas y sus acciones violentas".

DE BADALONA A MARRUECOS CON UN DESTINO FINAL: SIRIA

La imagen de ese cambió quedó plasmada en el diario personal de Kaouch, en la que recogía una serie de textos manuscritos que evocaban el ideario violento y extremista en el que se sustentan las organizaciones yihadistas. La agenda fue usada básicamente como un medio para tomar apuntes, escribir reflexiones y citas religiosas, ya que fue víctima de una labor de radicalización continuada con fines yihadistas.

El primer paso de Kaouch hacia la guerra fue el viaje que realizó en 2012 con otro joven que también acudía a las reuniones de adoctrinamiento de los tres hermanos. Así, y utilizando un coche propiedad de su compañero, viajó desde Badalona a Marruecos ocultando varios libros y dispositivos de almacenamiento que previamente habían utilizado para su formación ideológica yihadista.

El círculo se cerró dos años más tarde, en 2014, cuando Kaouch obtuvo un visado para viajar desde Marruecos a Turquía. Una vez allí, el joven se dirigió a Siria para incorporarse a las filas de DAESH.

Desde el país Kaouch siguió manteniendo contacto telefónico con su entorno en España, como así se constató en la 'operación Vértice' que dio lugar a dos procedimientos, uno de ellos seguido en la propia Audiencia Nacional. En este último fue procesado por delito de integración en organización terrorista, precisamente, como consecuencia de su traslado a Siria.

El final de su historia llega en 2016, cuando unas hermanas de la persona con la que Kaouch vivió en Marruecos el año anterior de su partida hacia la guerra informaron a la familia del joven de su muerte en un bombardeo en Siria.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a tres varones de 38, 42 y 58 años, todos ellos de origen español y con antecedentes policiales anteriores al suceso, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación perpetrado en un salón de juegos de la ciudad donde se robaron 2.000 euros.

Según ha explicado la Policía en un comunicado, cerca de las 22,00 horas, los acusados acometieron contra el empleado de un salón de juegos situado en el Zaidín al que intimidaron con un cuchillo de gran tamaño, apoderándose del dinero que había en el local que superaba los 2.000 euros.

La investigación dirigida por Agentes del Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha permitido esclarecer el suceso y detener tanto al autor material como a los dos coautores.

Con respecto al incidente, los policías se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana cuando fueron comisionados por su central Cimacc-091 para que se dirigieran a un salón de juegos situado en el Distrito Sur de la capital, en el que se acababa de cometer un atraco.

A su llegada, los agentes contactaron con un empleado y víctima directa del robo que les relató como, momentos antes, un varón había accedido al local y le había intimidado con un cuchillo de grandes dimensiones para que le entregara el dinero que había en el establecimiento en ese momento.

El hombre huyó con los más de 2.000 euros que el trabajador, que no sufrió ningún daño físico, se vio obligado a entregarle. A pesar del dispositivo de búsqueda que iniciaron de manera inmediata agentes de diferentes unidades tras el robo, no lograron localizar a los individuos, por lo que se inició una investigación dirigida por el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

El resultado de las pesquisas policiales que se han llevado a cabo durante semanas ha sido la identificación y detención de los presuntos atracadores. Ya en el mes de enero se detuvo a un varón de 58 años el cual habría sido cooperador, colaborando en la preparación del plan y huida del autor material del atraco a bordo de un vehículo situado previamente en las proximidades del salón de juegos.

También en ese momento se identificó tanto al autor material del robo, quien habría esgrimido el cuchillo con el que se intimidó al empleado, como a un segundo coautor de 42 años el cual también habría participado en las labores de preparación del plan y posterior huida del lugar. Este segundo coautor fue detenido pocos días después de ser identificado.

En cuanto a la detención del autor material del atraco, un hombre de 38 años, también de nacionalidad española, no ha sido posible hasta semanas después de cometido el robo, tras establecer un estudiado dispositivo policial llevado a cabo para tal fin.

El resultado de la investigación ya se ha comunicado a la autoridad judicial, habiendo ingresado en prisión el autor material de los hechos.

El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha manifestado que el conflicto ucraniano se está viviendo "muy de cerca" debido a la "importantes relaciones personales existentes" con ciudadanos originarios de ese país. Además, ha señalado que la diócesis y Cáritas han abierto una cuenta para recaudar fondos y ayudar a los refugiados.

En una entrevista, Gómez ha asegurado que "esta guerra cruel y las consecuencias que están derivando en el pueblo ucraniano" han provocado que todos los ciudadanos "estén muy sensibilizados".

No obstante, el obispo ha incidido que este conflicto se está "sintiendo de una manera muy cercana" en la provincia, ya que ha recordado que "existen muchas familias ucranianas viviendo en la provincia", además de que se cuenta "con una parroquia católica de rito oriental", e incluso hay "un seminarista de origen ucraniano que tiene su familia allí y que está sufriendo por todo lo que está aconteciendo".

"En la provincia se han generado muchas relaciones personales con familias, trabajadores, personas procedentes de Ucrania que nos ponen muy en relación con personas concretas que están sufriendo con lo que está ocurriendo y las consecuencias del conflicto", ha subrayado Gómez.

En este sentido, el obispo de Huelva ha explicado que desde la Diócesis "se está ayudando desde que se inició el conflicto", ya que Cáritas abrió una cuenta "para canalizar todas las ayudas", ya que "lo que indican todas las administraciones y autoridades que se están empleando en la búsqueda de los recursos para atender a los refugiados y víctimas es que es preferible la ayuda económica".

De este modo, Gómez ha señalado que "hasta el momento" se ha logrado recaudar, según los últimos datos, 130.000 euros, una cuantía, cuyo destino y empleo "se está trabajando y vinculando a través de Cáritas de Ucrania".

Asimismo, Gómez ha puesto en valor la "gran movilización y sensibilización" que Huelva y el país ha experimentado, que ha provocado "toda una reacción de solidaridad y caridad".

Además, el obispo ha expresado que esa solidaridad "no solo ha sido material, sino que a través de la oración también se ha expresado la repulsa por la guerra, ya que se ha consagrado al pueblo de Ucrania, se ha pedido la paz, el papa también pidió la unión a su mensaje y todas las parroquias de la provincia han mostrado su apoyo al refugiados y víctimas".

ACERCAR LA IGLESIA

Por otro lado, el obispo de Huelva ha hecho balance de estos casi dos años de mandato, en los que "ha podido visitar todas las parroquias y establecer un contacto muy estrecho", que le ha permitido "un conocimiento mas exhaustivo de la provincia".

En este sentido, ha indicado que la provincia dispone de "realidades sociológicas muy distintas". No obstante, Gómez ha señalado que "la transmisión de la fe es el principal reto que les une", ya que "los cauces de transmisión que han sido tradicionales de una cultura católica, como la familia, la escuela o el ambiente social hoy día ya no están o no discurren con tanta facilidad", por lo que "hay que emplearse en esta tarea buscando nuevos canales o reiventarse.

La Policía Nacional ha detenido en El Ejido (Almería) a un hombre de 41 años que intentó acabar con la vida de otro de 23, asestándole siete puñaladas a las puertas de un pub. Tras su detención, el Juzgado de Instrucción de guardia ha decretado su ingreso en prisión, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El cuerpo policial ha explicado a través de un comunicado que el pasado día 29 de marzo a las 4,40 horas de la madrugada, se produjo una discusión en el interior de un establecimiento de ocio en la calle Séneca de El Ejido. Tras la misma, dos hombres salían al exterior. Uno de ellos sacó un punzón y le asestó siete puñaladas al otro, provocándole dos heridas en el tórax, dos en el costado izquierdo, dos en la espalda y una en la cabeza.

Dada la gravedad de las heridas de la víctima, esta tuvo que ser trasladada por un amigo en su coche particular hasta el Hospital del Poniente, donde fue operado de urgencia, donde se encuentra en la UCI en estado crítico. La Policía recopiló pruebas e indicios para proceder al arresto del agresor.

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido en Valencia un delito de acusación y denuncia falsa tras averiguar que una mujer había denunciado falsamente a un hombre por, al parecer, haber abusado sexualmente de ella, con el fin de ocultarle una infidelidad a su pareja.

Las investigaciones se iniciaron a mediados del mes de febrero, cuando los policías fueron comisionados a un hospital de la ciudad de València donde se encontraba una joven de la que, al parecer, habían abusado sexualmente. En ese momento se activó el Protocolo de Atención Integral ante víctimas de Agresión sexual, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Dada la "gravedad" de los hechos denunciados, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Valencia se hicieron cargo de las investigaciones para esclarecer lo sucedido y detener a los implicados.

Tras prestarle a la mujer la asistencia y la atención especializada en estos casos, los agentes se entrevistaron con ella para intentar reconstruir lo que le habría podido ocurrir.

La joven relató a los investigadores que quedó con un conocido en un local de ocio de Valencia y que, debido a la ingesta de alcohol, no recordaba con exactitud los hechos. No obstante, explicó que posteriormente acudió a la vivienda en la que se encontraba su novio y, tras manifestar haber sido víctima de un delito de índole sexual, se trasladó a un hospital donde fue asistida.

Aunque la víctima indicó a los agentes tener "lagunas del momento de los hechos", señaló que el hombre que la acompañó al local, a quien reconoció fotográficamente, podría haber abusado sexualmente de ella.

"INCONGRUENCIAS Y CONTRADICCIONES"

Durante las investigaciones, los agentes han recabado todos los datos posibles. Tras analizarlos con detenimiento, detectaron que existían "incongruencias y contradicciones" en el testimonio de la mujer con la de los testigos, por lo que se entrevistaron de nuevo con ella a fin de esclarecerlas.

En un primer momento, la víctima reiteró su primera declaración, pero en el momento en que los investigadores desvelaron ciertos datos recabados, comenzó a mostrar nerviosismo, balbuceos y mantener "lagunas temporales excesivas" para "tratar de justificarse de la falta de recuerdos". Ante esta situación, los policías le facilitaron el tiempo necesario para que organizara sus ideas y así mantener un clima "óptimo y de confianza".

Momentos después, la mujer reconoció que se había inventado los hechos y que no había sido víctima de un delito de índole sexual. Al parecer, la presunta víctima habría intimado de forma voluntaria con el conocido y le intentó ocultar la infidelidad a su pareja fingiendo ser víctima de un delito de abuso sexual.

Las pesquisas policiales han permitido esclarecer una acusación y denuncia falsa y evitar de esta manera que el hombre fuese imputado por un delito de abuso sexual.

El PSOE quiere que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinados a cooperación al desarrollo se cree un partida específica destinada a financias proyectos y actuaciones dirigidas a garantizas los servicios de salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencia.

Así lo reclama en una proposición no de ley registrada en el Congreso, en la que explican que estos servicios que plantean incluirían el parto seguro, los cuidados materno-infantiles, el acceso a métodos anticonceptivos para evitar embarazos no planificados, abortos inseguros y enfermedades que podrían poner en riesgo a las mujeres y a sus familias.

En el texto que de los socialistas advierten de que en contextos como los que se están viviendo en las últimas décadas --con desplazados con cuestiones económicas, climáticas o conflictos bélicos, más el Covid-19-- aumenta a vulnerabilidad de mujeres y niñas de ser objeto de violencia sexual y de género.

"Por eso es importante trabajar también sobre la prevención, detección y gestión de estas violencias", ha apuntado el partido mayoritario en el Gobierno.

En la actualidad, según se recoge en la iniciativa, se cifra en unos 26 millones el número de mujeres que se han visto obligadas a desplazarse en todo el mundo por diferentes motivos.

Es por eso que, además de esta partida específica para garantizar los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis humanitaria, el PSOE también llama a promover las acciones necesarias que también garanticen esta situación; y se proporcione información detallada sobre las actuaciones que ya se realizan y el resultado de las mismas.

Finalmente, quieren que el actual 'Paquete de Servicio Inicial Mínimo' (PSIM) sobre este tema se incluya en la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española 2019-2026 y que "se distribuya en las intervenciones de acción humanitaria de la cooperación española".

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad malagueña de Vélez-Málaga a dos hermanos, de 54 y 57 años, por su presunta responsabilidad en un delito de tráfico de drogas. Los sospechosos se dedicaban a la venta de cocaína, al menudeo, mediante el sistema conocido como 'telecoca'.

La operación denominada 'Campeón', llevada a cabo por agentes adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría de Vélez-Málaga, se inició a partir de unas informaciones que apuntaban a la distribución de sustancias estupefacientes a domicilio por parte de dos ciudadanos.

Según han señalado desde la Comisaría provincial en un comunicado, las pesquisas de los investigadores confirmaron que los sospechosos, dos hermanos residentes en Vélez, supuestamente operaban de forma itinerante en la vía pública en la modalidad de 'telecoca', de manera que vendían las dosis en plena calle.

Para ello, han precisado, previamente acordaban, a través de un contacto telefónico, un lugar donde los compradores acudían a recogerlas. Los investigados se desplazaban en vehículo hasta el lugar convenido y cerraban la transacción droga/dinero.

Los agentes realizaron varias actas de aprehensión de droga a los compradores, que confirmaron la actividad ilícita desarrollada por los sospechosos.

Finalmente, el pasado día 24 de marzo, los agentes efectuaron sendos registros en los domicilios de los hermanos, interviniéndose 24.485 euros en efectivo, 82,5 gramos de cocaína, 10,4 kilos de marihuana, 3,9 kilos de hachís, cuatro balanzas de precisión, utensilios para el corte y distribución de las sustancias, dos coches y una motocicleta, entre otros efectos.

Los detenidos por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas han sido puestos a disposición judicial. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 1 de Vélez-Málaga.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha apostado por crear un "nuevo marco, visto que el marco actual es de bloqueo, de desánimo social, de desorientación y de desmovilización" y para ello ha defendido que se necesitan nuevos liderazgos.

En una entrevista en el diario 'Ara' recogida este domingo, ha criticado las confrontaciones que a su juicio se generan en el debate público y las ha achacado a "relaciones personales dañadas de personas que han estado enfrente en momentos muy complicados".

También ha atribuido la situación actual por el debate sobre el catalán a que "en algunas cuestiones no se ha hablado de manera clara, que no en todos los temas ha habido la transparencia necesaria".

Ha asegurado que los liderazgos del proyecto independentista en octubre del 2017 llevan "a la constatación que en el 2022 esto no funciona", porque considera que el camino hacia la autodeterminación no avanza.

Preguntado por la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno, ha considerado que "puede ser útil en la medida en la que contribuya a la resolución del conflicto político y, como todo instrumento, será válida en la medida que se generen consensos, no para minorizarlos".

CATALÁN

Ha sostenido que la inmersión lingüística "es un método que no ha garantizado aquello que tenía como objetivo, que es el uso de la lengua catalana como a vehicular en el sistema" y ha considerado que no se ha aplicado nunca en la educación secundaria ni en el bachillerato.

Ha criticado la proposición de ley del PSC-Units, ERC, Junts --que de momento se ha descolgado-- y los comuns para modificar la Ley de Política Lingüística por ser "una iniciativa que nace sin haber tenido ningún tipo de diálogo con las organizaciones en defensa de la lengua catalana" y que, según él, tampoco está amparada por el consenso social ni educativo necesario.

Ha sostenido que Òmnium "no conocía" la existencia de dicho acuerdo y ha defendido la respuesta de la entidad al respecto, que, en sus palabras, era un posicionamiento sin ambigüedad pero que se resistía a la frivolidad del sí o el no. Ha afirmado que el acuerdo por la lengua "necesita un consenso político, social y educativo que ahora no contiene", y ha llamado a crear consensos bajo la Ley de Educación Catalunya.

La Casa Real ha comunicado oficialmente que "Su Majestad el Rey acepta la Presidencia de Honor de los actos conmemorativos del 50 Aniversario del Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia". Para José Ruiz, presidente del Colegio, "esta aceptación supone un reconocimiento muy importante de Su Majestad hacia nuestra profesión y la labor que desempeñamos los Graduados Sociales en nuestra sociedad".

El Colegio de la Región de Murcia se creó el 23 de noviembre de 1972 con un grupo de profesionales muy cualificados en derecho y las relaciones laborales. Diego Guirao Mengual fue el primer presidente de la corporación de derecho público desde 1972, hasta 1977.

Posteriormente han sido presidentes: José Cerdán Vives (1977-81), Pedro García Pujante (1981-85), José Antonio Tomás García (1985-89), Pedro García Pujante (1989-91) y José Ruiz (1991 hasta la actualidad).

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia celebrará distintas actividades conmemorativas a lo largo de 2022 que se darán a conocer en los próximos días, tras la ratificación Real del evento.

PIONEROS

El Colegio de la Región de Murcia fue uno de los primeros de toda España. Posteriormente, el resto de las provincias, regiones, y, más tarde, autonomías, siguieron el rastro de estos pioneros. Una prueba palmaria, es la que recoge el BOE, en 1977, donde se señala que la regulación para toda España comienza cinco años después de que en la Región de Murcia funcionase el Colegio profesional.

En el Real Decreto 1415, de 2006 se hace un relato histórico justificativo: "los Estatutos de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales fueron aprobados por Real Decreto 3549/1977, de 16 de diciembre, supusieron la adaptación de los aprobados por Orden de 28 de agosto de 1970 a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, además de una acomodación de los mismos a lo que la práctica y la experiencia habían venido aconsejando".

El tiempo transcurrido desde la aprobación de aquella norma, preconstitucional, "hace necesaria su adecuación a los cambios legislativos que se refieren no sólo a la citada Ley de Colegios profesionales, sino también a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en general al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas".

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha considerado "posible" una intervención del Estado en sectores estratégicos, "otra cosa es que se quiera". "La propia Constitución dice expresamente que cualquier recurso del país, sea público o privado, estará al servicio del Estado en determinados momentos o circunstancias", ha sostenido.

En declaraciones a Radio Euskadi, el representante de la coalición soberanista ha reconocido estar "muy sorprendido por el espíritu y ardor guerrero en la gente" tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, "probablemente porque este gobierno lo está permitiendo".

Tras afirmar que las medidas del Gobierno central para hacer frente a la crisis, "en términos generales, no van en la mala dirección", Matute las ha calificado de "totalmente insuficientes" y ha apostado por realizar "cambios estructurales".

"La lógica neoliberal y el turbocapitalismo no nos lleva a ningún puerto bueno. De nada sirve rebajar 20 céntimos los impuestos al diesel si luego las patronales del sector deciden que ese mismo día hacen una subida de esa misma cantidad", ha criticado.

Asimismo, ha considerado "posible" la intervención estatal de las empresas eléctricas, "otra cosa es que se quiera", pese a que se trata de empresas que "llevan tiempo haciendo el agosto con recursos de todos".

"Nada parece que señale que no se puedan nacionalizar sectores estratégicos. La propia Constitución dice expresamente que cualquier recurso del país, sea público o privado, estará al servicio del Estado en determinados momentos o circunstancias. Si la energía es necesaria para todo parece evidente que hablamos de un sector estratégico y no entiendo por qué no se puede intervenir", ha argumentado.

Por otro lado, y ante el aumento de la inflación, ha defendido que los salarios no pueden perder capacidad adquisitiva, de tal modo que "los trabajadores tengan que apretarse más el cinturón mientras se ve el espectáculo indecente de grandes beneficios en juntas generales de accionistas".

También ha denunciado que se den casos en los que empresas con beneficios durante el año anterior decidan promover despidos por "trasladar los lugares de producción".

"Es una práctica habitual y recurrente. Lo que nunca he visto es que se rebajen los sueldos los miembros de los consejo de dirección. Esos despidos se los permite la legislación y la actual reforma del mercado laboral", ha reprobado.

Por otro lado, ha considerado que un gobierno en el Estado del PP y Vox supondría ver "seriamente amenazados" los "derechos, libertades y la voluntad de ser una república vasca libre y soberana".

"Eso genera un efecto defensivo y hace que digamos que este gobierno está haciendo pocas cosas para lo que debiera hacer, pero a la vez somos conscientes que lo que viene como alternativa no nos va a dar nada mejor", ha añadido.

INVASIÓN DE UCRANIA

Por último, y en relación a la guerra de Ucrania, ha considerado "preocupante" el discurso militarista de que "la solución a los conflictos en términos militares es tan válida como cualquier otra".

"Me veo sorprendido por el espíritu de ardor guerrero en la gente, probablemente porque este gobierno lo está permitiendo. Se puede estar en contra de la invasión rusa y a la vez apostar por proyectos que no signifiquen más dinero para armas", ha finalizado.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha asegurado que la investigación al Rey emérito Juan Carlos I es histórica y que la Fiscalía la ha realizado con rigor, profesionalidad, "sin cortapisas y sin limitaciones", hasta las últimas consecuencias fácticas y jurídicas.

"Seguramente hay gente que piensa que podíamos haber hecho más pero esta es la ley. Nos puede gustar más o menos, se puede cambiar o no, pero esa no es nuestra función", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia'.

Preguntada por si la Fiscalía española ha sido demasiado indulgente, después de que la justicia británica haya mantenido un proceso abierto al rey emérito, ha respondido que cada país tiene su legislación, sus normas y su historia, y que el Reino Unido "tiene otra con distinta proyección sobre los exjefes de Estado para determinados delitos".

"Los poderes públicos nos debemos a la soberanía popular porque estamos al servicio de la sociedad. Nosotros tenemos esta legislación. ¿Se puede cambiar? Seguro ¿Se puede mejorar? Seguro ¿se puede mantener? Seguro", ha añadido.

Ha defendido que hay resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que han "marcado la interpretación sobre la inviolabilidad" del emérito, y asegura que si en un futuro los representantes de la soberanía popular proponen otro marco normativo, se aplicará.

DICE QUE SUFRE UN "HOSTIGAMIENTO" NO VISTO HASTA AHORA

Delgado ha dicho que ha tenido oposición política dentro de la propia Fiscalía y que sufre "un nivel de hostigamiento que no se había dado hasta ahora con ningún fiscal general del Estado", aunque destaca que se siente orgullosa de su tarea en temas, dice, de gran trascendencia histórica.

Ha explicado que la introducción de una enmienda para que una vez acabe su mandato pueda ser fiscal de Sala es una exigencia de Europa para "blindar a los fiscales de presiones externas o internas" y que permite una mejor prestación del servicio público de la justicia.

GUERRA EN UCRANIA

A la pregunta de si ve avances en las diligencias abiertas para recabar información sobre la guerra de Ucrania, ha respondido que ahora es momento de recabar pruebas con vídeos y testimonios, como recuerda que se hizo con Afganistán: "Tuve la oportunidad de contribuir a que saliese del país el fiscal general afgano. Ya me ha valido la pena ser fiscal general del Estado solo por eso", ha añadido.

Sobre si el presidente ruso, Vladímir Putin, podría verse acusado por crímenes de guerra, ha dicho que "seguramente la opción es un tribunal ad hoc" y ha abogado por la cooperación de los sistemas judiciales para poner a disposición de quien esté en condiciones del enjuiciamiento todo el acervo y el material probatorio, aunque dice que no se atreve a poner nombre y apellidos.

La denominada 'Plataforma contra la guerra', creada recientemente por decenas de organizaciones, ha convocado este domingo en una marcha en Madrid para exigir el retiro de las tropas rusas de Ucrania, contra "la injerencia imperialista de la OTAN" y "por la solidaridad internacionalista, por la paz y el desarme".

Colectivos como CGT, Ecologistas en Acción, Anticapitalistas, ATTAC o CRT han creado esta plataforma para canalizar sus acciones, coincidiendo con la invasión de Ucrania y meses antes de la Cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid los días 29 y 30 de junio.

La marcha, que comenzará a las 12.00 horas y transcurrirá entre Atocha y el Ministerio de Asuntos Exteriores, rechaza una guerra que ve "producto del choque entre el nacionalismo reaccionario de Putin y el expansionismo imperialista de la OTAN", una organización que denuncia que está "al servicio de las guerras y de los intereses de las potencias occidentales", especialmente de Estados Unidos.

La Plataforma pide el "cese inmediato e incondicional" de la invasión de Ucrania y retiro de las tropas rusas, al tiempo que apoya la acogida de los refugiados y su regularización inmediata; pero también incide en la acogida y regularización de los migrantes de otras regiones. El colectivo rechaza así el "doble baremo y la hipocresía" de la Unión Europea y del Gobierno, a quienes denuncia de mantener "las políticas racistas y xenófobas en sus fronteras".

También muestra su solidaridad con los movimientos contra la guerra en Rusia y sostiene que ninguna salida a esta guerra vendrá de la mano de la "injerencia de la OTAN y la Europa imperialista", por lo que rechaza seguir aumentando los presupuestos militares y el rearme de los países.

En concreto, la Plataforma rechaza el anuncio del Gobierno de alcanzar una inversión militar del 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y señala que la historia del siglo XX recuerda "a qué tipo de catástrofes" lleva una escalada militar.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este domingo "con el corazón roto" la muerte del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, quien ha fallecido este sábado tras una larga enfermedad. "Gracias, Javier Imbroda, por habernos regalado el privilegio de conocerte, de ser tus compañeros", ha manifestado el presidente en una publicación en redes sociales. "Nos amanece este domingo de abril el corazón roto. Gracias por tu entrega a Andalucía. Nos dejas tu legado y nos queda tu memoria, que honraremos siempre", ha manifestado Moreno en su tuit.

Nacido en Melilla en el año 1961, Imbroda fue doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga, Máster en alta dirección de empresas del Instituto San Telmo y diputado autonómico de Cs por la provincia de Málaga, circunscripción por la que fue cabeza de lista en las elecciones del 2 de diciembre de 2018.

El 22 de enero de 2019 tomó posesión como consejero de Educación y Deporte del Ejecutivo de coalición conformado por PP-A y Ciudadanos (Cs) y presidido por Juanma Moreno, cargo que ha detentado hasta el día de su fallecimiento.

Imbroda tuvo una larga trayectoria deportiva que lo convirtió en un referente del baloncesto español. Así, participó en la preparación de la selección de Lituania para los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, tras lo que con el Unicaja de Málaga logró el subcampeonato de la ACB. Después de diez años vinculado a la entidad malagueña, dirigió al Caja San Fernando de Sevilla, el Real Madrid y la Selección Española.

Con la Selección Nacional consiguió una medalla de bronce europeo en Turquía durante su primer año, y logró en el Mundial de Indianápolis el hito histórico de ganar a la selección de baloncesto de Estados Unidos en competición oficial. Tras superar el cáncer, decidió compartir su experiencia involucrándose en diferentes proyectos con el deporte como eje vertebrador.

Además, creó la Fundación Javier Imbroda, que atiende diariamente a niños con el deporte como herramienta de inclusión y que puso en pie con sus propios recursos, sin ayudas ni subvenciones públicas. Ejerció como ponente en numerosos foros universitarios, sociales y empresariales sobre dirección y liderazgo.

Antes de asumir su cargo como consejero, Imbroda ya tenía experiencia en formar parte de un equipo de gobierno dirigido por el PP, ya que en julio de 2011 fue nombrado como nuevo director del Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, regido por el popular Francisco de la Torre.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desvelará este domingo los nombres de los vicesecretarios que integrarán el comité de dirección del partido, su núcleo duro, durante la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional que se celebrará en Sevilla un día después del XX Congreso Extraordinario de la formación.

Feijóo ha convocado a su Comité Ejecutivo a las 11.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) --el mismo recinto que ha acogido el cónclave--, una primera foto conjunta del equipo que le acompañará en 'Génova 13'.

Una vez que Cuca Gamarra ha sido designada secretaria general del PP y el consejero andaluz Elías Bendodo será el coordinador general partido, el organigrama debe completarse con los vicesecretarios. En este momento, hay seis áreas (Organización, Política Social, Comunicación, Participación, Sectorial y Territorial) y está por ver si las mantiene, las modifica o las reduce.

UN BORRADOR SUJETO A CAMBIOS

"Es un borrador sujeto a cambios", aseguran en este momento fuentes cercanas al presidente de la Xunta de Galicia, que admiten que la mayoría de las personas que formarán parte de su comité de dirección ya lo saben y se contempla que también haya un puesto "importante" para Madrid tras la representación andaluza y riojana que suponen Bendodo y Gamarra.

En la reunión de este domingo se conocerá los nombres de los vicesecretarios, pero Feijóo deja para más adelante los segundos niveles: los secretarios ejecutivos de área, con el objetivo de que los propios vicesecretarios tengan capacidad de propuesta.

Aparte de Gamarra y Bendodo, el propio Feijóo ya anunció este viernes que el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, será el presidente del Comité de Derechos y Garantías, mientras que el presidente provincial del PP de Coruña, Diego Calvo, ha sido designado presidente del Comité Electoral Nacional.

Si bien el Comité Ejecutivo Nacional mantiene un cierto equilibrio en el reparto territorial --si bien se refuerza el poder de Galicia, Andalucía y Madrid con representantes de peso--, en el núcleo duro del PP se espera que configure un equipo de su estricta confianza, según han indicado fuentes 'populares'.

El eurodiputado del PP Esteban González Pons, que ha pilotado este mes el Comité Organizador del PP, sigue apareciendo en la quinielas para tener una silla en el 'sanedrín' de Feijóo, quien este viernes en su discurso llegó a referirse a él como "inteligente, diplomático y eficaz".

¿SEGUIRÁ GAMARRA DE PORTAVOZ?

Una de las principales incógnitas es si habrá cambios en el Grupo Popular, sobre todo en las portavocías, que ocupan en este momento Gamarra (Congreso), Javier Maroto (Senado) y Dolors Monserrat (Bruselas). Sin embargo, fuentes próximas a Feijóo apuntan a que la configuración de los grupos se verá más adelante.

La designación de Bendodo como coordinador general del PP abre la puerta a que Cuca Gamarra compatibilice su nuevo cargo de secretaria general con la portavocía del Grupo Popular en el Congreso, si bien fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo admiten que aún no hay nada decidido.

También está en el aire si Maroto continúa o no como portavoz del Grupo Popular en el Senado, donde hay un amplio banquillo de antiguos colaboradores de Mariano Rajoy, como Fernando Martínez Maíllo, Rafael Hernando, Carlos Floriano y José Manuel Barreiro.

Fuentes del PP andaluz sí que han precisado este sábado que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior no seguirá formando parte del Ejecutivo andaluz si el PP continúa gobernando tras las elecciones autonómicas, para centrarse en su nueva responsabilidad en la dirección nacional como coordinador general.