El consejero de Transformación Económica, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha afirmado que están «muy atentos» a las negociaciones que se están llevando a cabo entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido para la definición de un estatuto definitivo de Gibraltar dentro de la Unión Europea, «incluyendo la protección de los derechos de los trabajadores, que por cierto no ha parado de crecer desde el Brexit hasta el 31 de diciembre del año pasado».

A pregunta de Unidas Podemos por Andalucía relativa a consecuencias de la negociación del Brexit, Velasco ha explicado que desde que se celebró el referéndum en junio de 2016 «la economía británica ha mostrado un peor comportamiento en términos de crecimiento del PIB que la economía europea, excepto el pasado año donde hubo un repunte y consiguió que creciera un 7,5%, lo que supone 2,5 puntos porcentuales por encima de la UE».

«En general lo que ha ocurrido con este mal comportamiento de la economía británica, con peor crecimiento que el resto de la economía europea, es que ha ido importando menos que el resto del mundo», ha señalado que el consejero.

Así, ha indicado que el pasado año 2021 la exportación de Andalucía al Reino Unido alcanzó los 2.256 millones de euros, «todavía inferior al de 2016 cuando se produjo el referéndum que fue de 2.554».

Esto se está recuperando, al menos hasta hace dos semanas que comenzó la invasión rusa a Ucrania, de manera que el volumen de exportaciones de la economía andaluza a la británica lo que cabe esperar es que vaya creciendo.

Además, ha explicado que «donde con mayor daño golpeó la crisis de la pandemia ha sido el turismo». Así, ha explicado que el pasado año hubo un aumento significativo con un 36%, pero es que el año anterior, 2020, se desplomó en 82% el turismo británico y de tener tres millones pasó a 700.000″.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha afirmado que ve al Gobierno andaluz «poco proactivo, especialmente en el Campo de Gibraltar».

En este sentido, ha afirmado que «una parte importante de lo que pudiera paliar un mal acuerdo o un no acuerdo viene provocado porque esas personas que están preocupadas porque dependen económicamente de Gibraltar lo están porque en el Campo de Gibraltar no hay una alternativa para ganarse en condiciones la vida y prosperar».

«Sobre eso sí tiene la Junta competencias, ha ido a decir que iban a poner dinero, se han comprometido a tomar decisiones concretas y sobre eso no han avanzado nada», ha concluido Nieto.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha hecho pública su lista de comparecientes para la comisión municipal que investigará el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que esta conformada por 34 personas entre las que destacan el hermano de la presidenta regional, el presidente del PP, Pablo Casado; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, o el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos.

En el escrito, dirigido al presidente de la comisión no permanente, Santiago Saura (Cs), se recuerda que se busca «esclarecer todos los hechos vinculados a la implicación del Ayuntamiento de Madrid en la investigación del entorno familiar de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y la posible contratación a través de la EMVS o de la EMT, en el año 2021, de detectives o investigadores privados para asuntos particulares del Partido Popular».

La coordinadora del PSOE Madrid Ciudad, Mercedes González, anunciaba ayer diversos nombres, si bien, el del expresidente del Gobierno José María Aznar no está finalmente incluido en el listado dado a conocer.

De la Comunidad piden la comparecencia de los consejeros Enrique Ruiz Escudero, Javier Fernández-Lasquetty y Enrique López. En el Ayuntamiento solicitarán la del exdirector de Coordinador de Alcaldía, Ángel Carromero; los delegados Borja Carabante, Inmaculada Sanz y Paloma García Romero y de la coordinadora de Alcaldía, Matilde García.

Los socialistas también han solicitado que comparezcan la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el vicepresidente de la EMVS, Mariano Fuentes. La hacen extensibles al director de Comunicación del Ayuntamiento, Daniel Hidalgo; de la EMT, Joaquín Vidal, y de la EMVS, que ya ha presentado su cese del Ayuntamiento.

El PSOE incluye en su listado al hermano de la presidenta y al alcalde del municipio abulense de Higuera de Dueñas, además de a representantes de la agencia de detectives contactada y de todas las empresas vinculadas a la adjudicación de la compra de mascarillas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 86 años como presunto autor de un delito de abuso sexual, tras supuestamente realizar tocamientos a una menor de 15 años mientras se encontraban en la Plaza del Ayuntamiento esperando el disparo de la ‘mascletà’ de Fallas.

Los hechos ocurrieron sobre la una de la tarde de este miércoles cuando agentes que forman parte del dispositivo de seguridad establecido con motivo de las Fallas fueron requeridos por los servicios de emergencia que atendían a una menor que podría haber sido víctima de abusos sexuales, según ha informado la Policía.

Los policías, tras entrevistarse con la víctima, averiguaron que, momentos antes, esta se encontraba en la Plaza del Ayuntamiento esperando el disparo de la ‘mascletà’, cuando un hombre de avanzada edad le cedió el sitio delante de él.

Seguidamente, este presuntamente le realizó tocamientos a lo largo del brazo, continuando por la cadera y los glúteos y además presuntamente intentó introducir la mano en sus pechos. La joven, muy nerviosa, solicitó ayuda a los servicios de emergencia presentes en el lugar, quienes alertaron a la Policía Nacional de lo sucedido.

Los policías localizaron en el lugar al sospechoso, al que detuvieron como presunto autor de un delito de abuso sexual. El arrestado, sin antecedentes policiales, ha sido puesto en libertad una vez oído en declaración, tras ser advertido de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez, ha presentado su dimisión como presidente de la Asociación de Rectores de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ante «los problemas» que el nuevo modelo de financiación propuesto por la Consejería de Universidades supone para la UJA.

Gómez ha indicado en rueda de prensa que la decisión de dimitir no es más que una forma de centrarse en «buscar soluciones» para la UJA ya que los criterios del nuevo sistema, tal y como está ahora planteado, suponen «un serio problema» para el futuro de la entidad jiennense ya que «genera enormes desequilibrios entre las universidades públicas andaluzas» porque «para que unas mejoren más, otras tienen que perder».

El rector de la UJA ha señalado que la entidad jiennense es una de las cuatro universidades públicas andaluzas que, con la aplicación de las variables y criterios del nuevo modelo, recibiría menos financiación. En concreto, un 8,22 por ciento menos que el pasado año, lo que equivale a 7,7 millones de euros.

Ha apuntado que con la aplicación de la cláusula de salvaguarda, la UJA se quedaría con la misma financiación que en 2021, pero esto no es una solución ya que «solo por ley hay que hacer frente a un incremento anual en los gastos de cerca del tres por ciento» para abordar cuestiones como la subida de sueldos o el crecimiento vegetativo por lo que tener congelada la financiación llevaría a futuro a un problema «estructural» y «eso es gravísimo».

Gómez ha incidido en que el panorama que se vislumbra para la UJA es «un anquilosamiento de su actividad», mientras que otras universidades, a las que sí beneficia el nuevo modelo, «irán subiendo».

«No nos oponemos a un nuevo modelo de financiación, pero sí a uno que genere estos desequilibrios», ha dicho Gómez, al tiempo que ha defendido la necesidad de un modelo que haga a las universidades públicas andaluzas «más competitivas y eficaces», pero sin incurrir en «graves desequilibrios», máxime cuando la UJA «no ha hecho más que mejorar desde que se creó» y es una institución «esencial» para el desarrollo económico y social de una provincia como Jaén afectada ya de por sí por «graves» desafíos de convergencia con el resto de provincias.

Ha reconocido que la última semana y media, desde que la Consejería les remitió el borrador con la aplicación práctica del nuevo modelo, ha sido «la más complicada» de su vida profesional por «el serio problema» que conlleva para la UJA «no solo para este año sino para los cuatro o cinco siguientes».

«Estoy muy preocupado por el futuro de la UJA», ha afirmado el rector, al tiempo que ha señalado su intención de «dejarse la piel» para buscar una solución porque «esto tiene que solucionarse». «No veo otro final que no sea que esto se soluciones y a ello voy a dedicar hasta la última molécula de mi actividad», ha dicho el rector.

Sobre lo que puede suponer el nuevo modelo en la implantación para el próximo curso del Grado de Medicina en la UJA, Gómez ha defendido que se trata de «un proyecto superimportante» y «enormemente ilusionante» para el conjunto de la provincia.

Por el momento, ha indicado Gómez, se trata de un proyecto que sigue adelante, pero siempre y cuando puedan hacerse cambios en el modelo de financiación. «Seguimos para adelante, pero supeditado a un modelo de financiación adecuado», ha manifestado el rector.

El rector ha avanzado que una de las últimas decisiones adoptadas en el seno de la AUPA ha sido la de solicitar una reunión «urgente» al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para explicarle la situación en la que se encuentran las universidades públicas andaluzas, sobre todo la de aquellas que verán congelada su financiación en los próximos años.

«Queremos dejar claro el problema al que nos están llevando. Necesitamos soluciones para este año y a futuro», ha dicho Gómez.

Por lo pronto, el rector de la UJA ya ha comenzado a informar a la comunidad universitaria de lo que supone el nuevo modelo. Este miércoles celebró un consejo de gobierno extraordinario y tiene previsto para la semana que viene reuniones con el claustro y los órganos de representación del alumnado, del personal de administración y servicios (PA) y del personal docente y de investigación (PDI).

«Mi objetivo es que esto se resuelva», ha apuntado Gómez y para ello confía en contar con el apoyo de toda la sociedad jiennense. Sobre la idea de movilizaciones, el rector ha eludido pronunciarse sobre este aspecto en concreto y ha indicado que hay «muchas fórmulas» para hacer efectivo ese apoyo que ahora necesita la UJA.

Los trece procuradores electos por Vox han jurado este jueves, 10 de marzo, sus cargos como representantes de los ciudadanos en el Parlamento de Castilla y León «por España». «Por España, sí juro», han afirmado en concreto como es el caso del cabeza de lista de Vox, Juan García-Gallardo.

Esta es la fórmula por la que han optado los trece procuradores de Vox en la sesión constitutiva del Parlamento de Castilla y León de la XI Legislatura que presidirá precisamente la formación de los de Santiago Abascal, responsabilidad que ha recaído en el parlamentario leonés Carlos Pollán, que ha sido el primero en jurar el cargo con ese apéndice de «por España» para recordar el compromiso de cumplir el Estatuto de Autonomía y la Constitución España, como contempla el Reglamento de las Cortes.

En el caso del PP, la mayor parte de sus 31 procuradores han jurado sus cargos, al igual que la vicepresidenta segunda de las Cortes, la socialista Ana Sánchez, a la que el presidente se dirigió al principio como secretaria y como vicepresidenta primera, una de las anécdotas de este acto, y el socialista José Ignacio Martín Benito, mientras que el ‘popular’ Jesús Julio Carnero ha prometido. «Por todas las mujeres de Castilla y León, sí prometo», ha manifestado por su parte la socialista Rosa Rubio.

El resto de los procuradores del PSOE se han decantado por la fórmula de la promesa de sus cargos, como el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que, además de la promesa, se ha comprometido a «poner las instituciones al servicio de la ciudadanía», como en ocasiones precedentes y tras lo que ha vuelto a rechazar la Medalla de las Cortes.

También ha sido diferente el juramento del cargo de los representantes de Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre los que repite Luis Mariano Santos, quien, también como en anteriores ocasiones, ha jurado su escaño «por la autonomía de la región leonesa», y también ha rechazado la Medalla de las Cortes.

En el caso del procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, que repite en el cargo ha afirmado: ‘Por Ávila, sí juro’ y el liberal Francisco Igea también ha jurado su cargo y han prometido sus cargos los tres procuradores de Soria ‘Ya’, la agrupación de electores que se estrena en las Cortes con tres de cinco procuradores por esta provincia.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha tachado de «pacto de la vergüenza» el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en Castilla y León y ha asegurado que dicho pacto está avalado por Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que aún no es el presidente del PP. Además ha acusado a los populares de permitir que la extrema derecha vuelva a las instituciones «40 años después».

En una comparecencia ante los medios en el Congreso, Lastra ha señalado que hoy es un mal día para Castilla y León y también para la democracia porque «la extrema derecha vuelve a los gobiernos 40 años después de la mano del PP de Feijóo».

Así, ha indicado que Feijóo estrena su mandato abriendo la puerta «no ya de las instituciones sino de los gobiernos» a Vox. Además, ha acusado al PP de haber negociado, «mercadeado y traicionado» los derechos de los ciudadanos de esta comunidad.

NO HAY FALTA DE LIDERAZGO EN EL PP

Al ser preguntada sobre si piensa que Feijóo ha calculado este movimiento para que se realizase antes de que sea nombrado líder nacional del PP, algo que previsiblemente ocurrirá en próximo congreso extraordinario, Lastra ha afirmado que está decisión «en ningún caso» se ha tomado al margen de Feijóo.

«Que nadie caiga en la trampa de creer que el PP es un reino de taifas, no lo es y ni lo ha sido nunca, es un partido completamente vertical, y quien toma las decisiones es el líder», ha indicado antes de volver a señalar al todavía presidente de la Xunta de Galicia. «Ahora sabemos que no hay falta de liderazgo, que lo esta ejerciendo Feijóo y lo que ha hecho es firmar ese pacto de la vergüenza», ha trasladado.

Además, ha apuntado que le parece sintomático que «hace apenas 10 días», el presidente del comité organizador del Congreso del PP, Esteban González Pons,» se refiriera a Vox como extrema derecha y ayer ya no lo hiciera» porque, a su juicio, quien firma el acuerdo con Vox es el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pero es Feijóo quien lo «avala» y «valida».

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) ha cifrado el seguimiento de la huelga prevista para este jueves en todo el territorio nacional en un 60%, habiéndose suspendido más de 70.000 juicios y dejándose de mover cerca de 30 millones de euros.

Se trata del segundo día de huelga después de que este miércoles la USPJ se manifestase a las puertas del Ministerio dirigido por Pilar Llop al grito de «Tontxu, dimisión», en referencia al secretario de Estado de Justicia, por su gestión del conflicto laboral en el que la asociación reclama una batería de reivindicaciones, incluida la negociación colectiva propia y la adecuación salarial.

En la calle madrileña de San Bernardo, a la altura del número 45, un grupo de letrados vestidos con toga entonaron el lema «Tontxu, dimisión». Luis Gómez, miembro de la comisión permanente de la UPSJ, afeó los «comportamientos» del secretario de Estado con los que ha faltado el respeto y «no ha creado un clima de entendimiento».

«El Ministerio no está cumpliendo su parte porque no nos llama a reunión. Nos llamó el día 13 y el secretario de Estado mantuvo un comportamiento poco edificante, poco educado e hizo aspavientos. Rompió la negociación. Estamos esperando que nos llamen», señaló.

La asociación explica en un artículo publicado este mismo jueves en su página web que decidió ir a la huelga para tratar de que su salario se adecue a las «más de seiscientas nuevas competencias atribuidas» que tuvieron que asumir los LAJS y «que han multiplicado por 100» su «carga de trabajo y responsabilidad».

JUSTICIA NO HA «CUMPLIDO LO ORDENADO»

Así, y aunque la propia Ley de Presupuestos Generales del año 2021 acogiese esta reivindicación e instase a la adecuación salarial, denuncian que Justicia no haya «cumplido lo ordenado». «Se ha limitado a pactar con los sindicatos generalistas un complemento de destino para todos los cuerpos de la administración de Justicia», critican.

Y es que el principal problema, aducen, «es que los sindicatos generalistas no defienden los derechos del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia», que quieren negociar sus condiciones laborales con el Ministerio, pidiendo tener negociación colectiva propia.

«Somos un colectivo muy consciente de que cada día que dejamos de trabajar, los problemas de los ciudadanos se acumulan sin resolver, pero creemos que es necesario que el Ministerio tome conciencia de que la justicia importa, que se debe implantar una justicia de calidad en la que quienes trabajamos en ella seamos tratados con la dignidad y respeto que merecemos y estemos adecuadamente retribuidos», apostilla la asociación.

Si nada cambia, también está previsto que la UPSJ vuelva a parar los días 5, 6 y 7 de abril para evitar que Justicia deje de encomendarles «nuevas funciones a pesar de no atender» sus reclamaciones.

El eurodiputado y presidente del Comité Organizador del XX congreso extraordinario del PP (COC), Esteban González Pons, ha rememorado este jueves el congreso que tuvo lugar en Sevilla en 1990 en el que José María Aznar tomó las riendas del partido y ha señalado que el cónclave que celebrarán ahora los días 1 y 2 de abril en la misma ciudad «tiene algo de refundación» que han llamado «reinicio».

Así se ha pronunciado González Pons en una rueda de prensa en Sevilla, junto a la coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, antes de visitar las instalaciones del Palacio de Congreso y Exposiciones (FIBES) que acogerán ese cónclave los días 1 y 2 e abril, en el saldrá previsiblemente elegido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

González Pons ha señalado que a última hora de este jueves se reunirá el Comité Organizador del Congreso para examinar los avales y proclamar a los candidatos que reúnan los requisitos. El plazo para formalizar candidaturas terminó este 9 de marzo.

En concreto, han registrado avales Feijóo, que acudió este miércoles a la sede del PP para formalizar su candidatura y que cuenta con más de 55.000 avales. También la militante ‘trans’ del PP de Gandia Alexia Herranz dice haber presentado 120 avales, 41 en Valencia y el resto en otras sedes del partido en España.

Al ser preguntado si al final el Comité Organizador mantendrá la votación de los afiliados si solo Feijóo es candidato, González Pons ha rehusado ofrecer una respuesta en este momento –esta noche es cuando se reúne el COC–, si bien ha admitido que «más de 50.000 avales son muchos».

«EL CONGRESO DEL FUTURO DE ESPAÑA»

González Pons ha destacado la «importancia» que tiene para el PP «el lugar, el recinto y el día de la celebración del próximo congreso del PP. «Dije que este congreso iba a ser el del reinicio del PP y nos hemos venido a celebrarlo al lugar, al recinto y al día en el que el PP se refundó», ha manifestado, para añadir que «no es casualidad» que estén en Sevilla y que sea el 1 de abril el día en el el partido se «reinicie».

Así, ha recordado que el 1 de abril de 1990, en Sevilla y en este mismo recinto, «no tan moderno» sino algo «más primitivo», el PP «se refundó». «Por lo tanto, este congreso tiene algo de refundación del PP a la que llamamos reinicio», ha aseverado. Entonces, Aznar fue elegido presidente del PP en sustitución de Manuel Fraga con el lema ‘Centrados con la libertad’.

González Pons ha señalado que éste es un cónclave para «mirar al futuro» y «ofrecer a los españoles hacer las cosas bien». «Vamos a decir basta ya de que los políticos se miren el ombligo, vamos a empezar a hablar solo de lo que importa a los ciudadanos», ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que no puede haber «más políticos hablando de políticos» sino de «políticas a favor de los ciudadanos». «Desde este congreso, el PP hará las cosas bien y se dedicará a lo que tienen que dedicarse los políticos, que es a resolver los problemas de la gente», ha abundado, para añadir que el cónclave de abril es el del «futuro de España».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este jueves que aprovechará la Conferencia de Presidentes del domingo en La Palma para «reducir los impuestos» que gravan la electricidad y el gas, dentro de los parámetros consentidos por la Unión Europea (UE), que permite –ha recalcado– bajadas del IVA.

Con la «preocupante» situación de Ucrania tras la invasión militar rusa, Feijóo ha remarcado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo el «enorme impacto económico» que supone un alza de precios que se ha agudizado en los últimos días.

«No podemos seguir soportando el peso de la factura eléctrica y gastística ni en el agro, ni en el mar, ni en la industria, ni en los hogares», ha aseverado, antes de concretar que la propuesta de la Xunta es reducir el IVA de gas y electricidad «mientras dure la escalada masiva de precios».

Como argumento, ha esgrimido que los Presupuestos Generales del Estado se confeccionaron con una previsión de ingresos de precio de barril de petróleo de 60 euros. «Hoy está a más del doble», ha aseverado, para añadir que la previsión para las próximas semanas es que «siga creciendo».

ALZA EXPONENCIAL

Según datos de este mismo jueves, el precio de la gasolina y del gasóleo ha vuelto a conquistar esta semana nuevos récords históricos, impulsado por el alza en el precio del petróleo, que cotiza en torno a los 117 dólares por barril y se ha disparado tras el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania.

El precio de la gasolina y del gasóleo ha vuelto a conquistar esta semana nuevos récords históricos, impulsado por el alza en el precio del petróleo, que cotiza en torno a los 117 dólares por barril y se ha disparado tras el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania.

«Así no podemos pescar, faenar, mantener el ganado y los hogares no pueden seguir pagando precios astronómica de la luz», ha aseverado, para añadir que hay empresas que han cesado su actividad ante la subida exponencial de las tasas.

La diputada del PSOE en la Asamblea de Extremadura Ana Belén Fernández ha afirmado que la demolición total del complejo Marina Isla de Valdecañas tendría un «impacto negativo» medioambiental que llevaría a que «sería peor el remedio que la enfermedad».

Mientras, el diputado del PP en la Cámara regional Bibiano Serrano ha mostrado la «lealtad y apoyo» de su grupo a la Junta de Extremadura para mantener «la actividad» en Marina Isla de Valdecañas y el complejo «tal y como está» en la actualidad, porque la reciente sentencia del Supremo puede provocar que la zona donde se ubica «morirá».

De su lado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha defendido la «riqueza» que genera Marina Isla de Valdecañas, y ha apostado por que el complejo «no se derribe», aunque ha pedido que se haga también «examen de conciencia» sobre el «error» que se haya podido cometer inicialmente o no con la autorización de este complejo.

De su lado, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado que la Junta «actuó de manera absolutamente temeraria e irresponsable» con la autorización en su momento de Marina Isla de Valdecañas, y ha pedido a los políticos de entonces que se responsabilicen «patrimonialmente» por haber «aprobado un proyecto ilegal».

Así se han pronunciado los diferentes representantes políticos sobre la reciente sentencia de demolición total de Marina Isla de Valdecañas dictada por el Tribunal Supremo, durante una comparecencia a petición propia este jueves en el pleno de la Asamblea para hablar sobre la cuestión por parte de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Pilar Blanco-Morales.

PSOE

Así, la diputada del PSOE Ana Belén Fernández González ha defendido que la sentencia del Supremo sobre la demolición total de Marina Isla de Valdecañas tendría un «impacto negativo» y llevaría a que «sería peor el remedio que la enfermedad», porque aplicar «puede producir un daño ambiental mucho mayor».

Además, ha defendido que dicho fallo del Supremo no debe servir para la «confrontación» sino «para la reflexión» y «para pensar en el futuro y cómo se quiere que sea», tras lo cual ha abogado por revisar las zonas ZEPA para permitir en los casos que se pueda proyectos de desarrollo.

«Extremadura ahora tiene una grandísima oportunidad y debemos aprovechar los recursos medioambientales que tenemos como una oportunidad económica de desarrollo sostenible», ha recalcado la socialista, quien ha defendido en todo caso que la legislación debe ir adaptándose a los «nuevos tiempos y necesidades» para encontrar un «equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo que todos los extremeños quieren para poder desarrollar sus vidas».

Así, ha recordado que un tercio del suelo está sujeto en Extremadura a algún tipo de protección, y ha considerado que «probablemente haya que revisarlo y haya que hacer un serio estudio en profundidad para ver dónde tiene sentido que esté y donde a lo mejor no tiene sentido que esté y pueda flexibilizare en algunas zonas» de la Red Natura, porque «hay algunas zonas donde esas limitaciones hacen muy difícil cualquier tipo de actuación y cualquier tipo de proyecto de desarrollo e incluso de infraestructuras básicas».

En este sentido, ha considera «incongruente» que se estén impulsando políticas contra la despoblación mientras al mismo tiempo hay «obstáculos» contra el «crecimiento» en las zonas rurales.

PP

Por su parte, el diputado del PP Bibiano Serrano ha mostrado la «lealtad y apoyo» de su grupo a la Junta de Extremadura para mantener «la actividad» en Marina Isla de Valdecañas y el complejo «tal y como está» en la actualidad, porque la reciente sentencia del Supremo puede provocar que la zona donde se ubica «morirá».

«No nos gusta la sentencia (del Supremo) y hay que hacer lo que esté en los escritos y lo que no esté en los escritos para evitar este desastre (de la demolición total de Marina Isla de Valdecañas)», ha afirmado Serrano, quien ha pedido en todo caso que la Junta ofrezca «seguridad jurídica» para los proyectos que se puedan implantar en la región.

Ha defendido así que «hay que salvar Valdecañas porque Valdecañas es el futuro de muchas personas, el pan de cada día de muchas familias de esa zona, y es un busque insignia que de derribarlo supondría el cierre de Extremadura tarde o temprano».

Serrano, al mismo tiempo, ha criticado también la gestión de zonas ZEPA que viene aplicando el Ejecutivo regional socialista, porque a su juicio la misma evita «riqueza» y «desarrollo». «Aquí hay responsables políticos, que son los distintos gobiernos socialistas desde 1999 a 2011 que son los responsables de la protección medioambiental incompatible con la subsistencia humana» existen en Extremadura, ha advertido.

Al respecto, ha tachado de «delirante» la «idea» de que en Cáceres se hayan cedido terrenos para construir una estatua de Buda «en una zona con la misma protección que Valdecañas», así como de que el complejo Elisyum también está previsto que se construya en «zona de protección».

CIUDADANOS

De su lado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha defendido la «riqueza» que genera Marina Isla de Valdecañas, y ha apostado por que el complejo «no se derribe», aunque ha pedido que se haga también «examen de conciencia» sobre el «error» que se haya podido cometer inicialmente o no con la autorización de este complejo.

Al mismo tiempo, ha abogado por que si los cuatro grupos políticos con presencia en la Asamblea tienen que «encadenarse» en la zona para evitar la demolición del complejo lo hagan, aunque ha reconocido que «las cosas se hicieron mal».

En todo caso, ha incidido en que si al «error» inicial se suma «otro error» la región se vería perjudicada. «¿Qué sentido tiene tirarnos piedras contra nuestro tejado por interés electoralista?», se ha preguntado.

Así, ha recordado que antes de la construcción del proyecto el lugar «era un vertedero». «Aquello es una maravilla, la naturaleza, cómo está todo perfectamente integrado», ha defendido Salazar, quien ha considerado que Extremadura «debería sacar pecho de Valdecañas», y ha apostado por construir «más Valdecañas» en la región porque «da dinero».

«Que vengan ricachones, que vengan muchos, que vengan aquí todos los ricachones de España, que vengan al Carnaval de Badajoz, que vengan a ver el Buda de Cáceres si se hace», ha afirmado.

UNIDAS POR EXTREMADURA

A su vez, la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha afirmado que la sentencia del Supremo sobre la demolición total de Marina Isla de Valdecañas es «demoledora», y ha criticado que la Junta siga «obstinada en defender el pelotazo urbanístico» de dicho complejo «echándole además la culpa de todo a las asociaciones ecologistas».

«Aquí los únicos responsables son los políticos que legislaron (en alusión a PSOE y PP) y que se saltaron la ley a sabiendas», ha espetado De Miguel, quien ha lamentado también que la Junta esgrima la dificultad para el desarrollo en zonas de protección. «Parece que ahora sobran las zonas de protección», ha criticado.

La portavoz de Unidas por Extremadura, al mismo tiempo, ha considerado que la Junta «actuó de manera absolutamente temeraria e irresponsable» con la autorización en su momento de Marina Isla de Valdecañas.

Así, ha afirmado que dicha administración debería pedir «perdón» por el «error» al autorizar dicho proyecto en su momento.

También ha pedido a los políticos que lo aprobaron en su momento que se responsabilicen «patrimonialmente» por haber «aprobado un proyecto ilegal».

Las discriminaciones por LGTBIfobia se han duplicado en Barcelona en los últimos cuatro años, pasando del 16% al 32%, mientras que las de racismo y xenofobia han bajado hasta el 34% (cuando habían llegado a suponer más del 40%), y ambas causas continúan siendo los principales motivos de discriminación en 2021.

El concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha presentado el balance de la Oficina para la No Discriminación de Barcelona de 2021, en rueda de prensa este jueves, en la que ha anunciado que el número de situaciones de discriminación se sitúa en 244 expedientes, lo que supone un incremento del 11% respecto a los 219 del 2020.

Según los datos de los expedientes abiertos por la oficina, en 2021 se registraron 84 situaciones de racismo y xenofobia, el 34% del total de los 244 expedientes, y 78 por LGTBIfobia, el 32%, de manera que ambas suman dos de cada tres de todos los casos de discriminación que han tenido lugar a la ciudad durante el año pasado.

Principalmente, se trata de situaciones que atentan contra el derecho a la integridad moral de las personas, en un 37% de los casos, mientras que disminuyen las agresiones físicas (del 15 al 13%) y se mantienen en un 13% los casos de discriminación en la prestación de servicios.

En el caso de la LGTBIfobia, más de la mitad de la situaciones han sido insultos o tratos humillantes y vejatorios, con un 53% del total de los casos, y las agresiones físicas han representado un 17%, una cifra superior respecto al total de discriminaciones, del 10%.

MEDIACIONES

En 2021, la Oficina para la No Discriminación dobló los procesos de mediación e intermediación como vía para reparar el daño causado y de asunción de responsabilidades por parte del agente discriminador.

Realizó hasta 300 atenciones y asesoramientos jurídicos y 319 acciones de apoyo y empoderamiento de las víctimas y orientaciones sociales, y triplicó los esfuerzos en mediación e intermediación, pasando de los 13 casos en 2020 a los 38 en el último año.

También aumentaron las formaciones en derechos humanos, llegando a cifras similares a las de 2019, con 1.119 personas formadas, 195 de las cuales son trabajadores municipales y el resto alumnos de primaria, secundaria y formación profesional, entidades sociales y empresas.

Serra considera que el discurso de algunas fuerzas políticas y su entrada en las instituciones está normalizando la discriminación, aunque ha trasladado un mensaje de confianza a la ciudadanía porque asegura que desde el Ayuntamiento tienen «la capacidad para poder dar una respuesta relativamente rápida, eficiente y ágil».

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a cuatro técnicas medias de la Diputación Foral de Gipuzkoa que fueron apartadas del proceso de selección para la Campaña de la Renta 2019 porque consideró que «eran personal de riesgo por estar embarazadas» debido a la pandemia de la Covid-19. La resolución, dictada el 22 de febrero de 2022, declara nula dicha actuación por entender que fueron «discriminadas» por su estado.

Así lo han dado a conocer este jueves, en una comparecencia en la sede de ELA en San Sebastián, en la que han comparecido las trabajadoras junto a representantes del sindicato, y en la que han remarcado que el TSJPV les da la razón.

Las cuatro técnicas medias participaron en la convocatoria pública de una bolsa de trabajo de la Diputación guipuzcoana para trabajar en la campaña de la renta del año 2019 y fueron llamadas a trabajar por «orden de puntuación y prelación de listas», han precisado en la exposición de los hechos.

Sin embargo, han explicado que, tras conocer su embarazo, las recurrentes de esta decisión foral recibieron después una notificación de la Diputación de Gipuzkoa donde se alegaba que «no iban a ser nombradas por ser personal de riesgo por la Covid-19» cuando, en realidad, «les correspondía, por orden de puntuación, ocupar el puesto».

Tras conocer la sentencia del TSJPV, desde ELA han valorado «muy positivamente» esta sentencia, que, desde su punto de vista, «interpela directamente a las administraciones públicas, y en particular a la Diputación de Gipuzkoa, por ser las que deben promover no solo la igualdad formal, sino también real y efectiva, impidiendo que la maternidad sitúe a las mujeres en situación de desventaja».

En su sentencia, el TSJPV estima el recurso interpuesto por estas cuatro trabajadoras, declarando «discriminatorio por razón de embarazo» la decisión tomada desde la Diputación, y por ser «de plena aplicación» al caso la doctrina consolidada del Tribuna Constitucional.

En base a esa doctrina, el Constitucional recoge que «la protección de la condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo, o la sucesiva maternidad, constituyen una discriminación directa por razón de sexo».

SIN VALOR LEGITIMADOR

Asimismo, añade el Alto Tribunal español que, en estos casos no tiene «valor legitimador la concurrencia de otros motivos que hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio» (sentencia del Tribunal Supremo 182/2005 de 4 de julio, entre otras).

Por ello, el TSJPV ha estimado que las razones esgrimidas por la Diputación, que alegaba que en pandemia se encontraban en riesgo por su estado de gestación, «no le facultan» para cesar a las recurrentes. En opinión del Tribunal, con esa decisión la Diputación convirtió «la excepcionalidad de la situación sanitaria en un cheque en blanco para arbitrar medidas de una paladina marginación del ordenamiento general aplicable», sostiene.

Por todos estos motivos, y desde la perspectiva de ELA, la Diputación de Gipuzkoa «ha incurrido en una discriminación por razón de sexo, el embarazo», por lo que el TSJPV, además, «reconoce a las trabajadoras el derecho a percibir las retribuciones correspondientes al periodo de campaña, con todos los demás derechos económicos y administrativos de dichos nombramientos».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía al Gobierno «flexibilidad» para la gestión de los 450 millones de euros de los Fondos Next Generation para materia social los próximos tres años que acordaron destinar a la región, que suscribieron en septiembre de 2021, por advertir de que «están llegando de forma encorsetada sin atender a las peculiaridades de nuestro territorio» y apuntar que deja a la Junta de Andalucía con «poco margen de actuación».

En respuesta a una pregunta de la portavoz de Cs, Teresa Pardo, sobre medidas para la igualdad, Moreno ha sostenido que en este ámbito «obras son amores», y ha defendido «frente a los debates, la capacidad de ejecución de un presupuesto» con la pretensión de «transformar realidad», dentro de una estrategia de su Gobierno que ha descrito como «voluntad férrea de eliminar la brecha salarial» entre hombres y mujeres, convencido de que si «los obstáculos permanecen, hacen difícil que tengamos las mismas oportunidades».

Tras proclamar que «nos queda mucho por hacer», el presidente del Gobierno andaluz ha considerado que los avances han sido posibles «gracias al apoyo de la sociedad» después de apuntar que «es importante» lo que puedan hacer el conjunto de las administraciones públicas, pero que es de mayor relevancia lo que pueda «hacer el conjunto de la sociedad en la toma de conciencia para el progreso con la inclusión plena de hombres y mujeres», antes de afirmar que su Gobierno está inmerso en «la causa noble y honesta» de que «eliminemos la lacra de la violencia machista».

El presidente de la Junta de Andalucía ha explicado que las medidas que adopta se encaminan a ámbitos como «la educación en igualdad y para la igualdad en el empleo», tras considerar que la primera «es el mejor antídoto contra la violencia de género», ámbito donde ha subrayado la celebración de la II edición del Congreso Andaluz de Educación en Igualdad, o «el espaldarazo a las ongs feministas que luchan por la igualdad real», por lo que ha esgrimido un aumento presupuestario del doble para las asociaciones frente al último Gobierno socialista.

En el caso del empleo, Moreno ha subrayado la puesta en marcha de una red de entidades conciliadoras de la que forman parte 359 empresas, de las que ha indicado que «se comprometen con la marca andaluza excelencia por la igualdad», además de indicar la existencia de itinerarios personalizados en orientación laboral para un 60,4% de usuarios que eran mujeres.

Moreno ha defendido la necesidad de trabajar en «la igualdad efectiva de hombres y mujeres los 365 días del año» tras la celebración este martes del Día Internacional de la Mujer, así como en que «la última década se ha avanzado muchísimo en todo el mundo» en igualdad, punto en que ha apelado a que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) «se ha reforzado ampliando competencias más allá de violencia de género», así como que su presupuesto ha pasado de 42,9 a 44,1 millones, y se han incorporado 36 personas más y 15 profesionales más para luchar contra la violencia de género, además de los ocho millones de euros destinados a la Primera Estrategia contra la trata de mujeres.

PARDO (Cs): VOX PRETENDE VERTER ÁCIDO SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES

Teresa Pardo ha argumentado en su pregunta al presidente de la Junta que «mientras la izquierda y la ultraizquierda van repartiendo carnés» y Vox «pretende verter ácido sobre los derechos de las mujeres», su partido «seguimos defendiendo el feminismo liberal», del que ha asegurado que «es propiedad de todas», así como ha proclamado su condición de «inclusivo» porque «no excluye a nadie, no confronta a los sexos ni estigmatiza a los hombres por el hecho de ser hombres».

La portavoz parlamentaria de Cs, quien ha recordado igualmente que «representantes del PSOE se gastaron dinero en puticlubs» y que el Gobierno de este partido dejó sin ejecutar el 75% de las ayudas contra la violencia de género, ha reivindicado la contribución de su partido en ámbitos como «la reducción de jornada, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad», al tiempo que ha rechazado que el feminismo sea que «me llamen portavoza, miembra, o autoridada».

Tras reiterar su defensa del feminismo liberal, «subida en mis tacones y sin bajarme de mis principios», ha citado a Clara Campoamor para recordar su afirmación de que «estoy tan alejada del comunismo como del fascismo», ha cargado contra Vox por el hecho de que «niega los techos de cristal, la brecha salarial» por el hecho de que «confunde la igualdad real y legal» por cuanto viene consagrada en el artículo 14 de la Constitución.

Pardo, tras reivindicar la gestión de su partido en la Consejería de Igualdad con la consejera Rocío Ruiz al frente porque «jamás ha habido tanta protección social, laboral» a través de los 44 millones de presupuestos del IAM, el Plan Estratégico para la Igualdad 2022-2028, el I Plan de Conciliación o el Plan Integral de Sensibilización en la lucha contra la violencia de género, ha defendido «un feminismo de hechos, inclusivo, que no confronta con sexos» porque «excluyendo a los hombres jamás lo vamos a conseguir».

La Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos desarrollará el proyecto de comunicación y asesoramiento para las personas que desean comenzar a conducir o volver a hacerlo tras la lesión medular gracias a haber resultado uno de los cinco proyectos seleccionados en la Convocatoria de Ayudas a Iniciativas Sociales de la Oficina Española de Aseguradoras de Automóviles (Ofesauto).

La puesta en funcionamiento del proyecto ‘Volver a Conducir’ implica el asesoramiento de los pacientes que desean ponerse al volante por primera vez, o volver a conducir como parte del proceso de rehabilitación integral que lleva a cabo el Hospital Nacional de Parapléjicos, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

Según la directora del Hospital Nacional de Parapléjicos, Sagrario de la Azuela, el desarrollo de esta iniciativa supone, especialmente, la elaboración y distribución de contenidos informativos de calidad e interés estratégico para el colectivo de personas con lesión medular, y por extensión a personas con problemas de movilidad.

Para su puesta en funcionamiento se contará con material de producción y edición audiovisual y la plataforma de comunicación Infomédula, integrada por la revista, el portal temático de lesión medular, las redes sociales, el canal en YouTube, y el canal interno del centro, Infomedula TV».

Esta idea, coordinada por la Unidad de Comunicación del centro, será especialmente participativa, si bien contará con la especial aportación del Servicio de Rehabilitación Complementaria, la Unidad de Terapia Ocupacional y la participación de pacientes, ex pacientes y otros profesionales del Hospital Nacional de Parapléjicos.

OFESAUTO APUESTA POR LA SEGURIDAD VIAL

Las Ayudas a Iniciativas Sociales de Ofesauto tienen como finalidad apoyar aquellas iniciativas destinadas a la difusión del seguro obligatorio, la mejora de la seguridad vial, la protección de las víctimas de accidentes de circulación de vehículos a motor, la identificación y eliminación del fraude y de la circulación sin seguro, así como la realización de estudios, trabajos de investigación y acciones formativas y de divulgación relacionadas con el ejercicio de todas las funciones anteriores.

Ofesauto es una asociación sin ánimo de lucro constituida al amparo de la Ley de Asociaciones, el 7 de mayo de 1953, participada por todas las entidades aseguradoras autorizadas para trabajar en España el ramo del Seguro de Automóvil y el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Juzgado de Primera Instancia 3 de Barcelona ha aplazado de nuevo y sin fijar otra fecha el juicio entre el PDeCAT y Junts, que estaba previsto para el jueves 17 de marzo, para resolver una demanda con la que el primero pretende invalidar la asamblea que cambió a los cargos de la dirección de Junts antes de la ruptura entre las dos formaciones, y que derivó en una disputa por las siglas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha explicado que el juicio se ha suspendido de nuevo –ya ocurrió en octubre de 2021– y que por ahora no se ha fijado nueva fecha para celebrarlo.

Según el PDeCAT, que presentó la demanda que inició el caso, «se confundía el capital político» de las dos formaciones y cree que les afectó en los resultados de las elecciones catalanas del 14 de febrero del año pasado, mientras que Junts niega que le causara ningún perjuicio económico o político.

En la vista de audiencia previa del juicio, que se hizo en febrero de 2021, el PDeCAT pidió que se practicaran pruebas informáticas para acreditar la asamblea telemática y el sistema de voto que se usó en el cambio de la dirección de Junts antes de la ruptura, y que el PDeCAT considera que fue irregular.

Por su parte, Junts se refirió al acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) para el 14F, que dio al PDeCAT «todos los derechos electorales y subvenciones», y reconoció a Junts como grupo significativo en la campaña.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Estan, considera «un gravísimo error» que el PP «legitime» a un partido «antisistema y antidemocrático» como Vox al pactar con él la gobernabilidad de Castilla y León y cuestiona el «cambio» que Alberto Núñez Feijóo iba a traer al primer partido de la oposición.

Esteban cree que es «una malísima noticia» para la democracia que PP y Vox hayan llegado a un acuerdo de gobierno en Castilla y León y se ha mostrado especialmente «decepcionado» con el cambio al que se iba a asistir con la llegada de Feijóo a Génova.

«Si éste es el cambio que iba a traer Feijóo, mal vamos, porque lo primero que hace es legitimar y dar más cancha a Vox, que quiere eliminar la presencia política de otros partidos que sí son democráticos», ha dicho.

SI FEIJÓO NO LO COMPARTE, QUE LO DIGA

El nacionalista vasco es consciente de que aún Feijóo no es formalmente el presidente del PP pero ha recalcado que «nadie duda de que lo va a ser y que lo que se hace en el día a día tiene su influencia». Y si no, ha puntualizado, debería manifestarlo hoy mismo.

Preguntado sobre si ese pacto en Castilla y León cerrará la puerta a posibles pactos del PNV con el PP, Esteban ha deslizado que sí. «Si Feijóo va a ahondar en la línea de (Pablo) Casado y priorizar un discurso próximo a Vox, ya me dirá usted qué margen queda», ha comentado.

Esteban ha concluido lamentando que «una y otra vez» el PSOE y el PP tengan «luces cortas, y no largas», y no sean capaces de ver más allá de las próximas elecciones o del día próximo, como a su juicio ha ocurrido ahora con el acuerdo de gobierno en Castilla y León.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha lanzado la campaña ‘CERO agresiones ¡Basta ya!’, con motivo Día Europeo contra las agresiones en el ámbito sanitario, que se celebra este sábado 12 de marzo.

«Desde CSIF exigimos tolerancia cero frente a la violencia física o verbal, alertamos sobre la deficiente gestión sanitaria y reclamamos más recursos y más medidas de protección ante esta creciente conflictividad, agravada durante la pandemia por la falta de recursos humanos en los centros», apuntan en un comunicado.

Según denuncia el sindicato, los «miles» de contagios, el «colapso» de la Atención Primaria, el «retraso» en la atención de patologías no COVID-19, la presión hospitalaria y una «mayor crispación social» han provocado «un aumento en el número de agresiones al personal de la Sanidad».

«Las cifras confirman esta situación y las denuncias por agresiones al personal de la Sanidad aumentaron en 2021 un 14 por ciento respecto al año anterior, hasta un total de 225 en todo el país, según revelan los últimos datos del Ministerio de Interior», recuerdan.

El 48 por ciento de estas denuncias correspondieron a agresiones físicas, y el colectivo médico fue el que más interpuso (un 58% del total); seguido del de enfermería (27%) y del personal técnico (15%). Entre las causas, destacan la vuelta a la atención sanitaria presencial y la vigilancia del cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias por el COVID 19.

La situación varía por comunidades autónomas y hasta ahora solo se cuentan con los informes sobre agresiones comunicados por las comunidades de Castilla y León, Aragón, Cantabria, Andalucía y Comunidad Valenciana, todas ellas con más agresiones en 2021, sobre todo, en el caso de la Atención Primaria.

«Necesitamos que el Ministerio de Sanidad aporte el Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud del año 2021 para contar con todos los datos», insisten.

Además, desde CSIF reclaman en el ámbito sanitario la implicación del Ministerio de Sanidad, Interior y Justicia. «Exigimos una gestión eficaz, clave para erradicar estas actuaciones violentas y para aportar mayor calidad asistencial», insisten al respecto.

Por ello, plantean un «aumento de plantillas», un «presupuesto acorde a las necesidades reales», cambios normativos y administrativos dirigidos a agresores, campañas de concienciación, dotación de personal de seguridad en los centros de Atención Primaria, instalación y recomendaciones del Botón SOS, mayor presencia en centros sanitarios de los interlocutores policiales, planes contra las Agresiones a los Profesionales efectivos y que consigan reducir riesgos y respaldo jurídico y apoyo psicológico a los profesionales agredidos.

El pleno de Les Cortes valencianas ha rechazado este jueves el cese o la retirada de competencias de la vicepresidenta portavoz y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, como pedía Cs y vienen reclamando tanto el PPCV como Vox, gracias a la mayoría de los partidos del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-UP).

En el debate de este miércoles sobre la propuesta de Cs, la oposición volvió a exigir la dimisión de Oltra (Compromís) a causa de la investigación a personal de la Conselleria por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Mª José Catalá (PP) aseguró que «lo de Oltra va a acabar mal» y el procedimiento judicial «sacará a la luz toda la verdad», Ruth Merino (Cs) advirtió que «con este acorralamiento ya no hay razones para seguir excusando su gestión» y Ana Vega (Vox) «deseó» que la vicepresidenta acabe en el banquillo como «máxima responsable» de este proceso.

Por contra, entre el Botànic, Manolo Mata (PSPV) defendió que Oltra «siempre ha dado la cara» y el juez lleva a cabo un proceso «muy meticuloso, Papi Robles (Compromís) rechazó que la oposición siga «con la misma cantinela» y se haga eco de una investigación que pidió «alguna parte de la extrema derecha» y Pilar Lima (UP) respaldó a la consellera en esta campaña de «acoso y derribo».

La propia Oltra ha reiterado este jueves, en la sesión de control, que «su objetivo -el de la oposición- es la cacería política», mientras el ‘president’ de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha afirmado que confía «absolutamente» en la vicepresidenta y en los funcionarios investigados.

Unidas Podemos ha criticado que el acuerdo de gobierno en Castilla y León demuestran que PP y Vox son «indistinguibles», que el futuro liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente de los populares queda retratado, al dar «alas» a la formación que lidera Santiago Abascal, y llama a las fuerzas progresistas a movilizarse para impedir que la extrema derecha sea la alternativa al actual Ejecutivo de coalición.

Después de conocer el pacto alcanzado por ambas fuerzas para la gobernabilidad en esta región, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha lamentado que el «bloque de derechas» se «cementa» en Castilla y León.

«Tras meses de competición por la política del insulto, el odio y la inseguridad social, PP y VOX demuestran con este acuerdo que son indistinguibles. El bloque democrático debe luchar para que no lleguen al Gobierno del Estado», ha proclamado en Twitter.

El coportavoz de la formación morada y procurador electo en las Cortes regionales, Pablo Fernández, ha censurado que el PP meta en el Gobierno a la «ultraderecha de Vox», reiterando también que ambos partidos revelan que son «indistinguibles».

«El racismo, la xenofobia, el machismo, la involución en derechos y libertades en la Junta de CyL. Es una vergüenza y una ignominia para esta tierra», ha espetado.

FEIJÓO LLEGA «HACIENDO BUENO A CASADO»

El secretario general del PCE y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha profundizado que se trata del primer acuerdo para «que la ultraderecha asuma responsabilidad de gobierno» y que Feijóo llega «haciendo bueno» al aún presidente popular, Pablo Casado.

«Por si alguien creía que no se atrevería, aviso a navegantes: Esta es la alternativa si el gobierno PSOE-UP deja de existir. Nos la jugamos», ha subrayado.

Mientras, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha ironizado también en redes al respecto: «Érase un PP tan moderado tan moderado que pactó gobierno en Castilla y León con la ultraderecha amiga de Putin».

Además, el coordinador de Alianza Verde y diputado del grupo confederal en el Congreso, Juantxo López de Uralde, ha reprochado que este pacto implica que Vox, formación que está «en contra de la misma existencia de las comunidades autónomas, presidirá las Cortes regionales. Muy coherente todo. «El nuevo PP de Feijoo se retrata dando alas a la extrema derecha», ha zanjado.

La productora de los musicales ‘El Médico’ y ‘El tiempo entre costuras’ celeberará una función solidaria el 16 de marzo para dar apoyo humanitario cuya recaudación se destinará a los damnificados por la situación actual del conflicto de Ucrania.

La función de ‘El Médico’ se celebrará a las 19.30 horas y la de ‘El tiempo entre costuras’ a las 20.00 horas en el Espacio Ibercaja Delicias. La recaudación se destinará íntegramente a los damnificados por la situación que vive en estos momentos el pueblo ucraniano, en concreto al ‘Proyecto emergencia Ucrania’ que tiene en marcha la ONG Aldeas Infantiles.

Igualmente, para todos aquellos que no puedan asistir a ninguno de los dos espectáculos, pero quieran colaborar en esta acción habrá una fila cero y podrán realizar su aportación voluntaria.

El proyecto de Aldeas Infaniles se ha propuesto atender a un total de 45.000 personas, fundamentalmente niños y niñas. El objetivo del programa es prevenir la separación familiar durante los desplazamientos y proveer de refugio, alimentos, productos de higiene y apoyo psicológico a las familias y a los niños que lo necesiten. Además de focalizar sus esfuerzos en atender a los menores no acompañados garantizándoles un entorno seguro.

Dario Regattieri, CEO de la productora beon. Entertainment ha señalado que «la cultura no podía quedarse al margen de la situación que se está viviendo en estos momentos en Europa Oriental. Por ese motivo y desde nuestro sector ofrecemos al público la posibilidad de colaborar con nosotros en esta causa humanitaria».

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reclamado al Gobierno central coordinación en la acogida de refugiados ucranianos por la invasión de Rusia «antes de que llegue la crisis» porque la capital cuenta con los recursos necesarios pero necesita la comunicación de Moncloa para planificar cómo activarlos de la manera más eficaz.

Tras participar en un homenaje a las víctimas del 11M en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro, la vialcaldesa ha explicado que este miércoles remitió una carta a la Secretaría de Estado de Migraciones para pedir una reunión en este sentido.

«Somos conscientes y lo estamos viendo en otras ciudades que la presión va a llegar en breve», ha recordado para reclamar una planificación ante la «presión» que «va a llegar en breve» y saturará los recursos. «No podemos esperar a que los recursos estén saturados, a que tengamos a familias y niños en la calle», ha dicho.

«Por favor, prevengamos. Es importantísimo que nos organicemos con el Gobierno de la nación. Nos ponemos a su disposición», ha enfatizado Villacís, que echa en falta una «comunicación» por parte de Moncloa sobre las necesidades y mapeo de recursos necesarios, algo que es «imprescindible.

Así, ha reiterado que ahora mismo los recursos en Madrid no están saturados pero ha recordado que estamos ante «la calma que precede a la tempestad» para advertir que la situación en breve será de «crisis». «No quiero ver a niños en la calle, no quiero ver a madres en la calle y eso lo podemos evitar si empezamos a organizarnos antes, no cuando llegue el aluvión».

En esta línea, ha indicado que el «margen» es una reunió con el Gobierno central esta misma tarde o el viernes «para hacer un buen diseño de los procesos, de los recursos» y «un mapeado». «Nosotros tenemos margen de crecer», ha insistido.