El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que «tendría que valorar» solicitar la declaración del estado de alarma en Galicia si en algún momento «no se pudiese controlar» la pandemia y si las medidas que la Xunta decretase a tal fin no recibiesen el aval de la justicia, como está sucediendo en otras autonomías.

En todo caso, ha dado a entender que sería la última opción y que está en contra de gestionar la pandemia con este tipo de medidas «excepcionales».

Así lo ha trasladado el presidente gallego, en una entrevista en Telecinco, en ‘El programa de Ana Rosa’, mientras la Xunta espera el pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre las restricciones que ha decidido mantener en la Comunidad y que requieren de autorización judicial al afectar a derechos fundamentales.

En su intervención, Feijóo ha vuelto a cargar contra el Gobierno por su «empecinamiento» en no «ampliar» y adaptar la ley orgánica del año 86 para la gestión específica de la pandemia, y ha insistido en que sería necesario para las comunidades contar con herramientas legislativas que garanticen la seguridad jurídica en sus decisiones.

Sin embargo, ha vuelto a incidir en que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ha abocado a «judicializar» la pandemia, de forma que los tribunales superiores de distintas comunidades han avalado o dicho no a las restricciones de sus respectivos gobiernos ante peticiones similares, lo que desembocará en recursos ante el Tribunal Supremo (TS).

«NO FUIMOS INFORMADOS» DE ESTA VÍA

Feijóo, para quien el Supremo «no» se puede convertir en un «juzgado de guardia», ha enfatizado que los magistrados han dejado claro que están para «aplicar» las leyes pero no para «cubrir su ausencia».

Dicho esto, ha sido preguntado acerca de si él valoraría pedir que se declare el estado de alarma en Galicia, otra opción que trasladó el Ejecutivo de Sánchez en su día, y el presidente ha reconocido que «tendría» que valorarlo si, llegado el momento, lo requiere la situación epidemiológica y la justicia no avala la medidas de la comunidad.

Eso sí, ha dado a entender que sería la última opción y que está en desacuerdo con gestionar una pandemia que dura ya más de un año con medidas «excepcionales» como el estado de alarma y el toque de queda.

De hecho, ha asegurado que su Gobierno «no fue informado» de esta vía –en su día, cuando Sánchez planteó esta opción, el presidente gallego se había mostrado contrario a que pudiese darse una situación asimétrica entre comunidades– y ha concluido que le «sorprende» que «no quiera legislar», pero sí sea partidario de decretar estado de alarma por comunidades, lo que también «necesita ratificar» en las Cortes.

Feijóo ha concluido que «esto no es un tema político o de discusión parlamentaria» si no «de personas que se infectan por un virus», que se ha traducido en miles de muertos y que ha creado «el mayor descalabro de la economía desde la Guerra Civil.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha instado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez a decir si hace falta o no continuar aplicando el toque de queda para controlar la pandemia del coronavirus en España y, en caso de que fuera necesaria esta medida, ver qué marco jurídico puede ampararla, que, en su opinión, sería el estado de alarma.

Además, ha pedido al Ejecutivo que hable con los grupos de la oposición para intentar resolver el «caos» que se ha producido en relación con el aval judicial que precisan las medidas restrictivas de derechos y libertades que están adoptando las comunidades autónomas tras finalizar el estado de alarma el pasado domingo.

Puesto que los Tribunales Superiores de Justicia han validado las medidas de algunas comunidades y han rechazado las de otras, la consecuencia es, a su modo de ver, que «unos ciudadanos tienen más derechos que otros» según dónde residan.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja tras participar en la Junta de Portavoces, Bal ha culpado de esta situación al Gobierno por «dejación de funciones», al reprocharle que no cumpla su responsabilidad de «atajar la pandemia y establecer la herramienta jurídica idónea» para que las autoridades sanitarias autonómicas puedan establecer restricciones.

SÁNCHEZ «NO VIVE EN EL PRESENTE»

Trata de «poner la pelota en el tejado de las comunidades autónomas y ahora también, sin ningún tipo de sonrojo, en el tejado del poder judicial», aunque el Tribunal Supremo ya le ha advertido de que el decreto ley por el que deja en sus manos la última palabra sobre las restricciones «podría ser inconstitucional», ha señalado.

Bal ha calificado de «verdaderamente bochornoso» que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, haya pedido al Supremo que «ayude» a las comunidades autónomas en la gestión de la pandemia y que el decreto aprobado «empodera» a este órgano judicial.

También ha criticado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por decir este lunes que, en función de la posición del Tribunal Supremo, verán si impulsan o no una reforma legal, y a Sánchez por declarar este martes que «el estado de alarma es el pasado».

«Me parece que este Gobierno no vive en el presente» y que prefiere «mirar para otro lado», ha concluido al recordar las imágenes de aglomeraciones de personas haciendo botellones en las calles de varias ciudades, sin mascarilla y sin guardar las distancias, y subrayar que aún siguen produciéndose contagios y hay negocios cerrados y trabajadores en ERTE.

«No sé a qué espera el señor Sánchez para convocar a todos los grupos parlamentarios para que, en una atmósfera de consenso, lleguemos a un acuerdo para aportar soluciones reales a estos problemas», ha manifestado.

El diputado de Ciudadanos sostiene que la situación actual se parece mucho a la que se vivió durante la segunda ola de la pandemia y, pese a ello, el Ejecutivo «sigue cayendo en los mismos errores o trampas».

En definitiva, cree que el Gobierno está dando «un espectáculo lamentable» en la gestión de la crisis del coronavirus: «Está encerrado en sí mismo, ha perdido absolutamente el contacto con la calle, ni siquiera escucha a sus socios» y a los presidentes autonómicos que piden volver al estado de alarma, «no quiere negociar absolutamente nada, cae en contradicciones y no respeta la separación de poderes».

NO PUEDE HABER TOQUE DE QUEDA SIN ESTADO DE ALARMA

Según Bal, lo primero que debe determinar Sánchez, basándose en el criterio de los expertos, es si sigue siendo necesario imponer el toque de queda con el fin de frenar la expansión del virus y, en caso afirmativo, estudiar «qué herramienta jurídica lo sostiene».

«Entretanto, tendríamos que haber aprobado que la competencia de ratificación de las medidas sanitarias recayera en un órgano de carácter nacional al efecto de que hubiera seguridad jurídica, igualdad y homogeneidad en todo el territorio nacional si no es necesario ese toque de queda», ha agregado, recordando la propuesta de Cs de que esa función la realizara la Audiencia Nacional.

Desde su punto de vista jurídico –Bal es abogado del Estado–, el toque de queda solo se puede aplicar si el estado de alarma está vigente porque limita la libertad deambulatoria de los ciudadanos, aunque sea solo en una determinada franja horaria.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha confirmado el cese del cónsul general en Jerusalén, Ignacio García-Valdecasas, si bien ha evitado precisar los motivos que le han llevado a tomar la decisión aunque sí ha dicho que no es una «decisión a la ligera».

En los casos de ceses, ha defendido la ministra, «se busca guardar discreción porque es lo que nos obligan las reglas deontológicas del Ministerio», por lo que ha optado por no comentar las razones que le han llevado a tomar la decisión.

Según el medio ‘The Diplomat’, que ha adelantado este cese, este podría estar relacionado con una investigación interna que habría dado por buenas las acusaciones de malos tratos formuladas contra García-Valdecasas por personal del Consulado, que este ha rechazado en todo momento.

La ministra se ha limitado a defender que «se han seguido todos los procedimientos establecidos» en el marco de las reglas de funcionamiento interno del Ministerio y los ceses, ha recalcado, no son decisiones «arbitrarias ni a la ligera, sino que se toman cuando se tienen que tomar».

González Laya ha aclarado que García-Valdecasas, designado el verano de 2019, seguirá en su puesto un mes más y que «en breve se inicia el proceso» para designar a su reemplazo. Mientras ello ocurra hay el Consulado General quedará en manos de las dos cónsules adjuntas, Sofía Ruiz del Árbol y Paloma Serrano.

El titular del Consulado General en Jerusalén, que ejerce las veces de una especie de ‘embajada’ ante la Autoridad Palestina, es un puesto de libre designación y quien lo ocupa «ha de mantener la idoneidad en todo momento, condición que en este caso ha dejado de cumplirse», ha precisado fuentes diplomáticas.

La noticia de la salida del cónsul general se produce en un contexto complicado. Por una parte, la española Juana Ruiz se encuentra detenida desde mediados de abril por las autoridades israelíes, que la acusan de trabajar para una organización ilegal que a su vez habría desviado fondos para un grupo terrorista palestino, el FPLP.

Ruiz, que fue arrestada en Cisjordania donde residía desde hace más de tres décadas, ha venido recibiendo apoyo consular por parte del Consulado General en Jerusalén, si bien también ha hecho gestiones para mejorar su situación incluso la propia ministra de Exteriores.

Por otra parte, Jerusalén Este viene siendo escenario en los últimos días de violentas protestas y enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes que se han saldado con decenas de heridos.

Además, la tensión ha escalado en las últimas horas, con el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, que ha respondido disparando misiles contra el territorio costero, lo que ha dejado más de 20 muertos.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha respaldado la actuación del Ejecutivo tras decaer el estado de alarma por la crisis del Covid-19, aunque es consciente del debate «complejo» en términos jurídicos, y ha acusado al PP de utilizar criterios «espurios» con su propuesta de ley de pandemias.

En declaraciones a los medios en el Congreso, ha reprochado a los populares que «lo que llama un día libertad al día siguiente sea caos», lo que no contribuye a que el debate sobre la nueva fase ante la crisis del Covid-19 tenga «tranquilidad».

Es más, Echenique ha apuntado que esta proposición de ley del PP no es nueva y ya la trajo a la cámara, sin obtener si quiera el apoyo de CS y PP junto a críticas en el hemiciclo de «numerosas imperfecciones y chapuzas» respecto al ordenamiento jurídico.

Por tanto, Echenique ha opinado que está bien que se tenga este debate sobre las medidas jurídicas ante la pandemia, pero ha instado al PP a «no meter ruido».

Sobre todo cuando el Ejecutivo ha sacado un real decreto para unificar doctrina con «mayor eficacia» cuando se produzcan los pronunciamientos judiciales y, por tanto, entiende el Gobierno que esto «puede funcionar» y es «apropiado», si bien su actitud siempre es factible al cambio si los datos así lo requieren.

LA VACUNACIÓN ES LA SALIDA, NO EL ESTADO DE ALARMA

A su vez, la representante de En Comú Podem en el grupo confederal Aina Vidal también ha destacado en rueda de prensa el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de el horizonte de cien días que resta para llegar a la inmunidad de grupo y tener al 70% de la población vacunada en agosto.

Vidal ha recalcado que ese mensaje de «optimismo» debe llegar a toda la población al poner «fecha final» a esta «pesadilla» que tantas vidas y esfuerzo ha costado.

También ha señalado que el fin de la pandemia se sustenta en el «éxito basado en la vacunación» y no por el estado de alarma, por lo que ha invitado a «no tirar por la borda» esos esfuerzos y demandar a las autonomías «responsabilidad» para evitar mensajes «contraproducentes».

A su vez, ha detallado que el éxito en la lucha contra el Covid-19 debe estar acompañado del «liderazgo» que debe asumir, a su juicio, el Ejecutivo en la liberalización de vacunas y encabezar una «ola de cambio» a la que incluso se ha sumado Estados Unidos.

Sobre la propuesta de varios socios parlamentarios del Gobierno, como Más País o Compromís, de establecer un estado de alarma de desescalada para el verano, la diputada de Unidas Podemos ha replicado que la situación actual dista mucho de la del año pasado, cuando no había proceso de vacunación.

De esta forma, las cifras denotan que este tipo de medidas restrictivas «no son necesarias» y el Ejecutivo ha sido «flexible» y si la incidencia mostrara que se requiere ese tipo de iniciativa, se haría. «Pero no es requerido hoy y entendemos con la cifras actuales no hay necesidad de restricción», ha ahondado.

El nuevo obispo de Bilbao, Joseba Segura, espera que su nombramiento sea una «buena noticia» para la comunidad católica y para toda la sociedad vizcaína y ha indicado que su principal preocupación y reto es «llegar» a los jóvenes y convencerles de que «merece la pena seguir el Evangelio y a Jesús».

Joseba Segura Etxezarraga ha comparecido en rueda de prensa, desde la casa de Espiritualidad de Begoña, tras haber sido designado por la Santa Sede este mediodía obispo de Bilbao, el séptimo en la historia. Tras su designación, el 3 de julio se producirá su toma de posesión en la catedral de Bilbao a las once de la mañana.

En su intervención, Joseba Segura ha recordado su origen de Bilbao, con «raíces arratianas por parte de ama» y familia afincada en el barrio «popular» de Rekalde. Según ha señalado, nació a la fe en la iglesia de Bizkaia a la que siempre ha estado vinculado, incluso cuando ha tenido que vivir fuera.

«No sé si lo que corresponde es agradecer al Santo Padre por el nombramiento, no creo, agradezco su confianza pero no están los tiempos, o, al menos, yo no los veo así, ni para aplausos ni tampoco para alegrarse», ha manifestado.

Según ha señalado, cuando recibió la noticia de que podía ser elegido «no se sintió particularmente contento» porque «lo importante no es cómo me sienta yo». Segura ha manifestado que «lo importante» y lo que espera es que sea no una «buena noticia» no para él, sino para esta «comunidad de fe» y para la sociedad de Bizkaia.

El nuevo obispo ha indicado que se encomienda a su «afecto» y a la «oración» que se hace por él para que, «poco a poco y ojalá que metiendo lo menos posible la pata pueda llegar a ser un día un buen pastor».

Joseba Segura ha señalado que la sociedad europea vive «una profunda y rápida transformación» y algunos desafíos plantean a la iglesia «cuestiones cada vez más exigentes».

«Muchos desafíos para un obispo, dentro y fuera de la iglesia, pero yo no me agobio porque siempre me he sentido acompañado y Cristo el que me ha traído aquí de manera un poco sorprendente estará también conmigo en los años que lleguen y me he sentido también acompañado por la amatxu de Begoña que protege a tantas mujeres y hombres sencillos en la sociedad de Bizkaia, que se sienten bendecidos por ella y, especialmente los momentos de dificultad la siente muy cercana», ha apuntado.

Entre los principales desafíos a los que se enfrenta la diócesis bilbaína, ha indicado que, a largo plazo, la preocupación más grande que tiene cualquier obispo y persona son los jóvenes. «¿Qué pasa con los jóvenes?, cómo vamos a ser capaces de transmitir, en un contexto cultural difícil para la fe, a algunos, ojalá a muchos que aquí hay un tesoro y una gran propuesta de vida en el Evangelio que merece la pena escuchar, recibir y poner en práctica», ha añadido.

Joseba Segura ha indicado que es lo que más le preocupa porque todo el mundo está viendo lo que ocurre en las iglesias «donde hay gente mayor que tiene una vida de fe que ha recibido de las generaciones anteriores, de sus padres, pero eso ya se ha roto». «Tenemos un reto enorme de ver cómo somos capaces, quizá con maneras diferentes, de llegar a nuevas personas y convencerles de que el Evangelio y seguir a Jesús merece la pena.

En relación al presente y futuro de la comunidad en Bizkaia, se ha mostrado convencido de que dentro de 50 años habrá comunidad católica y será «mucho más pequeña» de la actual y «mucho más identificada» porque la «gente que sea se va a sentir profundamente unida por esa identidad creyente que no estará tan compartida ni será socialmente tan reconocida en su entorno».

«Va a ser una Iglesia que quizá no va a tener una fuerza pública tan grande como la que todavía tiene, pero va tener, sin duda, una presencia significativa creyente en la sociedad de Bizkaia que sea, que va a ser muy diferente a la que conocemos ahora, entre otras cosas, porque la inmigración va a ir transformando radicalmente una sociedad que tiene pocos hijos. El tema de la natalidad es importante y eso va a afectar a esta sociedad», ha añadido.

En relación al papel del laicado en la comunidad, ha manifestado que siempre ha sido «fundamental» primero «como transmisores de la fe». «Yo estoy aquí, seguramente por muchas cosas, pero no por leer libros, porque conocía a personas en mi familia que vivían la experiencia de la fe como un valor y que indirectamente, más por su testimonio, me dí cuenta que merecía la pena vivir así», ha añadido.

Respecto a la organización y responsabilidades, Joseba Segura cree que, «poco a poco», ante esa realidad de una iglesia constituida por laicos, habrá que articular «los modos de participación». «Yo no entiendo una Iglesia que está solo protagonizada o dirigida por curas, no creo que eso tiene ningún futuro», ha manifestado.

Sobre sus tareas futuras y el nuevo plan de evangelización diocesano, Joseba Segura que ha indicado que lo primero que tocará hacer, tras tomar posesión de su responsabilidad, es toda la renovación de cargos, responsables y colaboradores más cercanos al Obispo. En concreto, ha aludido a los nombramientos de vicarios que «tocaba cambiar».

Según ha precisado, habrá un vicario general que es el «acompañante más directo» del obispo y unos vicarios territoriales. Posteriormente, habrá que constituir los consejos y, una vez renovado el gobierno de la Diócesis, seguramente en el primer trimestre de 2022 se podrá abordar el tema del plan de evangelización diocesano que quedó «interrumpido».

Sobre la figura de obispo auxiliar, ha señalado que él lo seguirá siendo hasta su toma de posesión pero, a partir del 3 de julio, «ya no habrá obispo auxiliar, habrá un obispo nada más».

Por último, ha manifestado que ha tenido ocasión de recibir la felicitación de su antecesor, Mario Iceta, con quien tiene «buena relación de amistad y confianza».

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con los votos de PSOE, PP, VOX, Cs y, parcialmente, PNV, una incitativa del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano por la que se instaba al Gobierno a reclamar la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia.

El texto, constaba de tres puntos que los diputados han votado por separado. Así, el primero de ellos, que pretendía instar al Ejecutivo a que, en el plazo improrrogable de tres meses, trasladara a esta Cámara el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 hasta 2015 al amparo del derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, acompañado de sus respectivas notas simples, ha sido rechazado por los 27 votos de PSOE, PP, VOX y Cs, mientras que lo han respaldado el PNV, Bildu, ERC, Junts per Cataluña y Unidas Podemos.

El segundo punto de la proposición abogaba por que el Gobierno ordenara, en el plazo improrrogable de tres meses, mediante Orden Ministerial o Decreto, la cancelación por nulidad insubsanable de todos los asientos practicados por la jerarquía católica (en cualquiera de sus denominaciones) con arreglo al artículo 206 LH, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución española, por flagrante inconstitucionalidad sobrevenida, que además se llevaría a cabo en ejecución de la doctrina y resoluciones vinculantes del TEDH. Este punto ha sumado el rechazo de PSOE, PP, VOX, Cs y PNV, por lo que tampoco ha salido adelante.

En tercer lugar, Bildu y ERC proponían que el Congreso instara al Gobierno a que, en el plazo improrrogable de seis meses, habilite los mecanismos oportunos para posibilitar la reclamación de la titularidad del dominio de dichos bienes por sus legítimos titulares. Tampoco este punto ha recibido la luz verde de la Comisión al cosechar 28 votos en contra (PSOE, PP, VOX y Cs) y ocho a favor (PNV, Bildu, ERC, Junts per Cataluña y Unidas Podemos).

En su defensa de la proposición no de ley, la diputada de Bildu Isabel Pozueta ha calificado de «escándalo» las inmatriculaciones de la Iglesia católica, «por cómo se han hecho, sin aportar títulos de dominio» y porque se trata de «unos 100.000 bienes inmatriculados de forma irregular». «Creemos que ya es hora de que se arbitre una solución global», ha manifestado.

Asimismo, Pozueta ha explicado que, si bien es cierto que se ha dado a conocer la lista parcial de algunos de los bienes inmatriculados, «esto no es totalmente suficiente o es totalmente insuficiente», por lo que reclaman que el Gobierno publique «toda la lista de todos los bienes» y actúe de oficio para «revertir las inmatriculaciones ilegales y solucionar así esta situación de una vez».

«Debemos revertir esta situación tan injusta, acabar con los privilegios de la Iglesia y proceder a la cancelación por nulidad insubsanable de todas las inscripciones que la Iglesia católica ha hecho sin tener título ni legitimidad para ello», ha añadido seguidamente la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Carolina Telechea.

EL PSOE COMPARTE «EL FONDO»

Desde el PSOE, que ha presentado una enmienda de sustitución que ha sido rechazada, Juan Luis Soto ha afirmado que su formación política «comparte el fondo del análisis de la posición de privilegio» a la hora de inmatricular los bienes que ha tenido «históricamente» la Iglesia, pero que «hay determinadas objeciones de seguridad y efectividad jurídica» que les impiden votar a favor de la propuesta. Soto también ha aprovechado su intervención para defender que el Gobierno de Pedro Sánchez «cumple y ha cumplido con el compromiso de transparencia publicando los bienes inmatriculados por la Iglesia, desde el año 1998».

Mikel Legarda, del Grupo Parlamentario Vasco, ha declarado que es necesaria «una evaluación general de la situación generada y de los hechos consumados, y también la adopción de medidas generales que permitan dar cauce a las distintas reclamaciones particulares ante situaciones que se pudieran teóricamente considerar situaciones de hecho o incluso ante las distintas situaciones de inscripciones sin título de propiedad per sé».

La representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha manifestado que hay un punto de vista jurídico de partida «que hace insostenible la propuesta» y ha añadido que «se trata simplemente de un disparate inadmisible en un Estado de Derecho y un ordenamiento jurídico que se fundamenta en el principio de seguridad jurídica». Por lo demás, sostiene que Ciudadanos puede estar «relativamente» de acuerdo con solicitar al Gobierno la elaboración o publicación de un listado de los bienes.

Además, Martina Velarde (Unidas Podemos) ha comentado que su grupo «mantiene las posiciones de fondo y ha adelantado su voto a favor de la iniciativa. «Es evidente que hay que articular esa fórmula normativa que permita declarar la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas sin un título suficiente y, en particular, el patrimonio histórico de raíz religiosa que tiene que ser de dominio público, tal y como ocurre en países de nuestro entorno», ha argumentado.

En cambio, el portavoz de Vox, José María Sánchez, ha acusado a Bildu y a ERC de «anacronismo» y de creer que están «luchando contra el Antiguo Régimen». «Están desfasados ya cerca de 200 años», ha subrayado, para después recalcar que dicen «mentiras podridas».

Por parte del PP, Ana Belén Vázquez manifestado que «en 1998 la legislación hipotecaria no permitía, hasta ese momento, a la Iglesia católica inmatricular los templos, las iglesias, las capillas en Galicia porque se entendía que la propiedad era evidente».

«Éramos incluso, la confesión católica, la única que no podía inmatricular estos bienes. La inscripción de los bienes en el registro no otorga la propiedad. Solo tiene función probatoria, pero no constitutiva de la propiedad», ha recalcado la ‘popular’, para después señalar que la ley del 1998 articula una serie de medidas de seguridad y que «si hay algún problema, a la justicia».

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio contra un vecino de Tomiño por agredir sexualmente a una mujer. Los restos de ADN señalan al procesado como autor de la agresión sexual.

El fiscal Pablo Varela ha destacado la importancia de las pruebas periciales biológicas que incriminan al acusado como autor de unos hechos por los que pide que sea condenado a 12 años de prisión.

El acusado se ha declarado inocente. En respuesta a las preguntas de la Fiscalía ha explicado que conoce a la víctima porque vive cerca de la casa donde él reside junto a sus padres. También explicó que le contrató en varias ocasiones para que desbrozase su finca y detalló que en una ocasión se hizo un corte con la desbrozadora y que ella le curó de las heridas dentro de la casa.

Con respecto al día en el que se produjo el asalto en casa de la mujer, el 8 de septiembre de 2018, el acusado aseguró que, aunque se celebraban las fiestas locales de la Virgen del Alivio, él se quedó en casa porque no se encontraba bien por el lupus que padece y tras haber sufrido días atrás un ataque epiléptico. Sus padres ratificaron esta versión de los hechos ante el tribunal.

La víctima declaró a puerta cerrada, pero el fiscal valoró que su testimonio tenía «credibilidad sostenida» y que «de ningún modo es cuestionable la consistencia del relato».

La mujer explicó que a las 5,45 horas una persona llamó a la puerta de su casa fingiendo ser su vecina y ocultándose bajo una sudadera con capucha y una prenda blanca que protegía su cara. Cuando ella abrió la puerta éste individuo se abalanzó sobre ella y la empujó hasta el salón de la vivienda en donde la tiró al suelo y abusó sexualmente de ella, a pesar de su resistencia y sus gritos. Tras completar la agresión el hombre le agarró por la cabeza golpeándola con fuerza contra el suelo, dejándola tirada allí cuando abandonó el domicilio.

LESIONES

Las forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) aseguraron que las lesiones que presentaba la mujer son compatibles con los hechos denunciados.

Asimismo, el fiscal ha destacado que la mujer «nunca imputó directamente al acusado» ya que no reconoció a su atacante, de modo que «es la prueba pericial la que determina la identificación» del procesado, ya que «los perfiles genéticos indubitados del acusado» le identifican de manera «concluyente» en el momento y el lugar en el que ocurrió la agresión sexual.

Concretamente el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil y el Servicio de Biología recogieron muestras con el ADN del acusado en el marco de la puerta del dormitorio de la víctima y también en las uñas de la mano de la mujer y en el pijama que esta llevaba puesto.

Por lo tanto, tal y como ha señalado Pablo Varela, «la víctima cuenta como fueron los hechos y las pruebas determinan quien es el autor». El fiscal ha reprochado la actitud del abogado defensor por «conculcar la debida protección de la víctima» al cuestionar su forma de vida deslizando la idea de que esta tiene problemas de alcoholismo.

Además, subrayó que las analíticas realizadas por las forenses del Imelga ratificaron que «no hay ningún indicio que haga pensar que estaba afectada por ninguna embriaguez». El letrado de la defensa ha solicitado la libre absolución de su cliente.

Además de los 12 años de cárcel por un delito de agresión sexual, en concurso con un delito de allanamiento de morada y otro de lesiones, la Fiscalía reclama que se le imponga al acusado una orden de alejamiento de la víctima durante ocho años, a contar desde su salida de prisión.

La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE, PP y Vox, ha confirmado este martes su rechazo a tramitar la proposición de ley que los partidos independentistas catalanes registraron para amnistiar a todos los procesados y condenados por la consulta soberanista de 2014 en Cataluña y el proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017.

El pasado 23 de marzo, el órgano de gobierno de la Cámara, apoyándose en el informe de los letrados, y con los votos de PSOE, PP y Vox, ya inadmitió la iniciativa por inconstitucional, lo que llevó a sus promotores a presentar un recurso contra esa decisión. De las cuatro formaciones con asiento en la Mesa de la Cámara, sólo Unidas Podemos, apoyó que se calificara la iniciativa para que, al menos, pudiera debatirse.

El tema se debatió la pasada semana en la Junta de Portavoces, donde socialistas, ‘populares’ y Vox mantuvieron la posición que ya defendieron, y a sus tesis se unió también Ciudadanos. La última palabra la tenía la Mesa, que ha confirmado el veto a la tramitación.

Esa ley pretende amnistiar «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado», desde el 1 de enero de 2013. Pero los letrados del Congreso desaconsejaron tramitar la iniciativa en la medida que, al suponer un indulto generalizado, «entraría en una contradicción palmaria y evidente» con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales. La última amnistía se aprobó en 1977, precisamente como paso previo a las Cortes Constituyentes.

El rechazo definitivo del recurso de reconsideración daría vía libre a los independentistas para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

LA CUP SÍ RECHAZA IR AL TC

Pero la CUP, uno de los firmantes, ya ha descartado la vía de TC y apuesta por la recogida firmas puesta en marcha por Òmnium Cultural con el objetivo de trasladar al Congreso peticiones ciudadanos en apoyo de su ley.

Los otros dos partidos firmantes no han aclarado cuál será el siguiente paso. Gabriel Rufián, de ERC, ha indicado que será una decisión «coordinada» con los demás promotores de la ley, incluyendo las asociaciones, pero sí ha aprovechado para avisar al PSOE de que «en el futuro la izquierda pagará» esta estrategia de dejar que la Mesa del Congreso se constituya en Tribunal Constitucional para decidir lo que se debate y lo que no.

Y Miriam Nogueras, de Junts, se ha limitado a decir que el siguiente paso será «seguir batallando» y apelar a ese Gobierno independentista que no acaba de acordarse en Cataluña.

Los tres hermanos de ‘Los Frasquitos’ acusados de matar a un miembro del clan de ‘Los Chatos’ en una reyerta en 2017 en Gandía (Valencia), que se saldó con otros cinco heridos, han declarado en el juicio que solo fueron a su casa para «hablar como hombres». Por su parte, los dos hijos del fallecido, también acusados por Fiscalía, han tenido que abandonar la sala al escuchar la justificación del principal acusado del homicidio: «Le pinché para que no me pinchara más».

El juicio se ha iniciado este martes en la Ciudad de la Justicia de València, tras la constitución ayer del jurado, con la declaración de los cinco acusados, los tres hermanos del clan de ‘Los Frasquitos’ y los dos hermanos de ‘Los Chatos’, hijos del fallecido. De los primeros, el ministerio público pide 30 años de cárcel para el principal acusado, alias el Tete, y 28 para cada uno de sus hermanos, el ‘Moro’ y el ‘Canijo’, por un delito de homicidio y dos en grado de tentativa. Para los dos ‘Chatos’, pide 24 años de cárcel por tres tentativas de homicidio.

Además, la acusación particular, ejercida por uno de los hijos, acusa a otros seis miembros del clan de ‘Los Frasquitos’ por un delito de homicidio y dos delitos de homicidio en grado de tentativa para los que pide penas que oscilan entre los 30 años y 10 años de prisión.

El juicio se está desarrollando entre un fuerte dispositivo de seguridad para evitar incluso que los dos clanes coincidan en el interior de las instalaciones de la Ciudad de la Justicia y son llevados por separado al interior de la sala, donde están separados por una mampara, al igual que el jurado de los acusados.

Además, en el turno de la declaración de ‘Los Chatos’ se desplazó al principal acusado a un extremo de la sala para evitar el contacto visual. Los acusados se han negado a responder a las preguntas del fiscal y solo han contestado a las de sus respectivos abogados y a las formuladas por los miembros del jurado.

El ‘Tete’, el primero en declarar y único de los acusados que permanece en prisión preventiva, ha asegurado que fue junto a sus hermanos ‘El Moro’ y ‘el Canijo’ y dos sobrinos, que no intervinieron, a casa de ‘Los Chatos’ ese 1 de octubre de 2017 «simplemente a hablar como hombres» para resolver las discusiones familiares que mantenían desde «meses atrás» por las amenazas continúas que recibían de uno de los hijos del fallecido.

Sin embargo, afirma que, nada más llegar, su hermano el Canijo recibió un golpe con un bate de béisbol y ha justificado que le asestó una puñalada al padre con la navaja que siempre porta para atender a su cuadra de caballos porque el padre de ‘Los Chatos’ le estaba pinchando con una hoz. «Le pinché para que no me pinchara más», ha afirmado.

En ese momento, uno de los hermanos de ‘Los Chatos’ ha sufrido una crisis de ansiedad y ha irrumpido en llantos y con gritos de ‘señor ayúdame’ y ‘por qué’. Los dos hermanos han tenido que abandonar la sala.

‘Los Frasquitos’ han coincidido en sus declaraciones en que solo acudieron a halar «como hombres» con ‘Los Chatos’ para resolver sus diferencias y que, una vez allí, fueron estos quienes iniciaron la agresión con la hoz, un bate de béisbol y un cuchillo jamonero. «Tenían una furgoneta blanca con las puertas abiertas llena de herramientas», han asegurado. Por contra, además de la navaja, ellos solo tenían un palo que había en uno de los coches, han alegado. Además, han asegurado que cuando trataron de acudir al hospital ‘Los Chatos’ se lo trataron de impedir golpeando los coches.

Por contra, los dos ‘Chatos’ han afirmado que, en primer lugar, llegó un coche con tres mujeres de ‘Los Frasquitos’ que les dijeron ‘Os vamos a matar’ y se marcharon. Inmediatamente llegaron tres coches –en el que viajaban los acusados, el de las mujeres y una furgoneta blanca– y que «todos» los hombres se liaron a golpes con su padre. Uno de los hermanos, Juan, ha afirmado que ‘Los Frasquitos’ tenían muchas armas, incluida una pistola, y que él trató de mediar pero que no pudo porque solo tenía 18 años y los demás era «mas fuertes».

Los dos hermanos han asegurado que ellos no llevaban armas, salvo su padre que portaba una hoz, y que tras estar su padre en el suelo lo atropellaron, mientras que las mujeres de ‘Los Frasquitos’ también pelearon con su abuela y su tía.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha instado al PP a «pedir perdón» a la ciudadanía madrileña por el limbo en el que quedan tras la anulación de Madrid Central y hasta que se apruebe la nueva ordenanza de Movilidad para anunciar, a renglón seguido, que buscarán «todos los resquicios legales» para restituir la zona de bajas emisiones.

Respaldada por la concejala Esther Gómez, Maestre ha destacado en rueda de prensa que Más Madrid seguirá empujando desde el frente político «con propuestas, ideas y soluciones concretas ante la falta de ambición completa del PP».

Tras ser preguntada por la situación en la que quedan los conductores, a los que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha pedido que sigan actuando como si siguiera en vigor Madrid Central, Rita Maestre ha indicado que «los responsables de este supuesto limbo legal son los responsables del PP, que son los que firmaron el recurso» que ha llevado a tumbar la zona de bajas emisiones por parte del Tribunal Supremo.

«DEBERÍAN PEDIR PERDÓN»

«En primer lugar deberían pedir perdón a los madrileños por esta situación de interinidad en la que no se sabe qué es lo que va a suceder», ha exigido Maestre, que ha rematado diciendo que «un gobierno no puede pretender que la ciudadanía actúe por convicciones o por suposiciones sino que tiene que marcar reglas claras».

La portavoz de Más Madrid ve una «falta liderazgo y responsabilidad», además de ser «poco serio que un gobierno recomiende y que diga que la gente actúe como si pero no ponga normas».

Esta «falta de liderazgo y de responsabilidad era esperable teniendo en cuenta que en los dos últimos años Almeida y (la vicealcaldesa, Begoña) Villacís no han planteado cuál es su plan, su propuesta, su acción para reducir la contaminación en la ciudad».

NO CREEN LAS «PALABRAS VACÍAS» DE VILLACÍS

Después de que Villacís haya declarado que con la futura ordenanza entrarán en vigor nuevas zonas de bajas emisiones, Rita Maestre ha recordado que «es vicealcaldesa desde hace dos años gracias a los votos de Vox» –formación que ha aplaudido la sentencia del Supremo– «y hasta ahora del Gobierno sólo se ha obtenido promesas y negación de las acciones realizadas en la legislatura anterior».

«No hay ninguna credibilidad en lo que no son más que palabras vacías frente a hechos concretos porque tanto Almeida como Villacís han trabajado de forma firme, constante, activa patra acabar con todas las políticas que hacían que Madrid avanzara», en referencia al Plan de Calidad del Aire, los carriles bici, los bus-vao o a las peatonalizaciones, además de Madrid Central.

ALMEIDA «HA CONSEGUIDO FINALMENTE SU OBJETIVO»

Más Madrid ha definido de «tremendo varapalo para la salud» la decisión del Supremo. «Almeida ha conseguido finalmente su objetivo: recurrió Madrid Central cuando estaba en la oposición, hizo de la oposición a Madrid Central una parte importante de su campaña electoral, no defendió las medidas anticontaminación y no planteó ninguna alternativa», ha lamentado Maestre.

El resultado, ha destacado la portavoz, es que «la ciudad está hoy más desprotegida ante la contaminación, que voten a todos, voten lo que voten» y todo mientras «que el resto de ciudades europeas y del mundo avanzan, Madrid retrocede eliminando por primera vez en la historia del Europa una zona de bajas emisiones que era tremendamente eficaz al haber reducido la contaminación en el conjunto de la ciudad en un 20 por ciento.

Esto denota que Madrid está gobernada por un Ejecutivo «antiguo, más de los años 80 que del siglo XXI». En la misma línea ha ido la concejala Esther Gómez, que ha recordado que Madrid «es la ciudad de Europa más contaminada».

VOLVERÁ EL TRÁFICO RODADO A ZONAS POR DONDE NO PASABA HACE 15 AÑOS

«El PP es el responsable de esta situación porque son los que pusieron el recurso para tirar Madrid Central y porque en su mano ha estado el haber presentado una defensa clara ante las sentencias del TSJM, cosa que no ha hecho», ha indicado la edil.

Gómez ha remarcado que zonas como Lavapiés o Embajadores, «donde hacía más de quince años por las que no pasaba el tráfico rodado, va a volver a pasar con esta sentencia», unido a que «el gobierno del señor Almeida no ha defendido a estos madrileños y madrileñas».

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que es un criterio «clarísimo» dentro su formación que la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, debe ser la próxima líder y candidata de la confluencia a las elecciones generales, aunque cada persona tenga sus tiempos a la hora de dar el paso.

Así lo ha indicado en rueda de prensa tras ser preguntado por la prudencia de la también ministra de Trabajo a la hora de pronunciarse sobre la propuesta del exlíder de Podemos Pablo Iglesias y otros dirigentes de que sea ella la que abandere el espacio de Unidas Podemos.

Echenique ha recalcado que dentro de Unidas Podemos piensa que Díaz es la «mejor opción» aunque cada candidato «tienen que seguir sus tiempos, como no puede ser de otra manera». Una opinión incluso que va más allá del ámbito de la formación, pues mucho gente «reconoce su liderazgo» durante estos meses al frente del Ministerio de Trabajo. A partir de ahí, respetan esos tiempos de cada persona para decidir su futuro político.

Sobre si espera que haya cambios en el espacio político tras la renuncia de Iglesias a la política activa, Echenique ha subrayado que ahora tienen que celebrar la cuarta Asamblea Ciudadana para elegir al nuevo secretario general, pero que es conocido que el grupo parlamentario funciona como un equipo y ha trabajado «muy bien», por lo que hay una «enorme sintonía personal y política» entre todos sobre el futuro del proyecto.

LA CONFLUENCIA CON IU GOZA DE BUENA SALUD

Cuestionado sobre la difusión de un audio de whatsapp de la número tres de la candidatura de Unidas Podemos a la Comunidad y representante de IU, Vanessa Lillo, en que se llamaba «ratas» y «sinvergüenzas» a compañeros de Podemos, Echenique ha restado importancia a esta cuestión y que ella misma ha aclarado en Twitter estas palabras.

Tras insistir en que no valora este tipo de cuestiones, el portavoz de Unidas Podemos ha asegurado que el espacio de confluencia «goza de buena salud» y que cualquier representante de IU puede garantizar que esto es una «realidad». Por tanto, con las «disculpas» y «explicaciones» de esta diputada «les basta».

«Estamos mirando el futuro y con el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz, que se refuerza con la perspectiva de que pueda ser la primera presidenta de España», ha recalcado para ensalzar de nuevo a la vicepresidenta, a la que ha calificada de «mujer valiente, capaz» y que ha demostrado no solo «principios sólidos» sino también «capacidad de gestión».

Por ejemplo, ha loado la aprobación de la ‘ley riders’ para reconocer lo que dicen múltiples sentencias, que estos repartidores no son «empresarios, emprendedores o autónomos» sino trabajadores por cuenta ajena, con todo lo que ello implica.

De esta forma, ha asegurado que ha tenido que llegar Unidas Podemos al Gobierno para que «no se ceda a las presiones de las multinacionales» y dar un paso que protege a un colectivo «muy vulnerable».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que los centros penitenciarios de toda España han iniciado ya la vacunación de la población reclusa, pese a que cerca de 7.000 funcionarios, una cuarta parte de la plantilla, aún no ha recibido ni siquiera una dosis de inmunización.

Para el sindicato, mayoritario en la mesa del Ministerio del Interior, este hecho supone un «incumplimiento del protocolo de vacunación», según critican a través de un comunicado publicado este martes.

El colectivo de Instituciones Penitenciarias fue encuadrado en el protocolo de vacunación dentro del grupo 3B, junto al personal de salud pública, personal sanitario y sociosanitario de diferentes ámbitos, fisioterapeutas o profesionales de oficinas de farmacia.

Con la suspensión ordenada por las autoridades sanitarias de la vacunación con Astrazaneca, miles de trabajadores penitenciarios quedaron sin vacunar si quiera con la primera dosis. «Posteriores modificaciones del plan de vacunación no han solucionado el problema y estos trabajadores siguen sin vacunar y viendo cómo otros compañeros que trabajan en las mismas condiciones sí lo están», apuntan desde la organización sindical.

En este contexto, CSIF lamenta que los funcionarios de prisiones contemplan ahora cómo miles de vacunas están llegando a las cárceles destinadas para la población reclusa mientras los responsables de su vigilancia aún están sin inmunizar. Por ejemplo, indican que en cárceles como Castellón II, el 50 por ciento de la plantilla aún no ha recibido la primera dosis.

Ante esta situación, CSIF ha trasladado una queja a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y ha advertido de que «estudia acciones jurídicas, respondiendo así al malestar de una plantilla de profesionales que se siente desamparada por sus superiores». «Instituciones Penitenciarias, por su parte, elude responsabilidades y señala a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas como culpables de esta situación», aseguran desde el sindicato.

Por otra parte, CSIF apunta que con el fin del estado de alarma resulta «previsible» que Instituciones Penitenciarias proceda a la vuelta a la normalidad, abriendo de nuevo las comunicaciones con el exterior (visitas y bis a bis) en casi todas las prisiones de España, lo que, a su juicio, «sin duda va a incrementar el riesgo de contagio para los trabajadores y sus familias».

ERC espera reunirse este martes por la tarde con Junts sólo para negociar sus votos a la investidura del candidato republicano a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, pero descartan volver a reabrir las conversaciones sobre un posible Govern de coalición.

Fuentes de ERC han asegurado que la voluntad de hacer un Govern en solitario es irreversible y que ya no existe la posibilidad de pactar un Ejecutivo de coalición con Junts después de más de 80 días sin alcanzar un acuerdo.

Consideran que ya han dado suficiente margen para buscar la coalición con el partido de Carles Puigdemont y que no hay tiempo para volver a reabrir esta negociación, de manera que solo contemplan la opción de lograr los votos para investir a Aragonès y formar gobierno en solitario, o ir a elecciones de nuevo –la fecha límite es el 26 de mayo–.

Así, este martes por la tarde se reunirán de nuevo con los comuns, después de que el lunes celebraran el primer encuentro y abordaran cuestiones programáticas, y confían en poder cerrar un acuerdo rápido con un documento como el que pactaron con la CUP.

También prevén verse con Junts este martes por la tarde y están a la expectativa de lo que les transmite el equipo negociador integrado por Jordi Sànchez, Elsa Artadi, Josep Rius, Francesc Dalmases y Míriam Nogueras, y qué piden para dar sus votos para asegurar la investidura de Aragonès.

COMPROMISO EL 12 DE MARZO

Según las fuentes republicanas, el 12 de marzo Junts ya se comprometió a investir a Aragonès cuando pactaron elegir a Laura Borràs como presidenta del Parlament, por lo que entienden que, si cumplen con su palabra, los de Puigdemont deberían facilitar la investidura incluso quedándose fuera del Govern.

Las mismas fuentes aseguran que ese acuerdo del 12 de marzo incluía investir a Aragonès el 26 de marzo, cuando se celebró la primera votación de investidura fallida, que en ese momento los republicanos atribuyeron a un movimiento en la estrategia de negociación de Junts y a la voluntad de devolver la investidura fallida de Puigdemont de 2018.

A partir de ahí, ambos partidos continuaron negociando y, ante el bloqueo de las conversaciones por el papel del Consell per la República (CxRep) y la estrategia independentista, ERC fijó el ultimátum del 1 de mayo para cerrar un acuerdo o empezar a explorar alternativas, como un Govern en solitario.

DEL DESBLOQUEO A ROMPER LA NEGOCIACIÓN

Precisamente el sábado 1 de mayo se reunieron en la cárcel de Lledoners (Barcelona) con la presencia de Aragonès y las fuentes republicanos ya citadas afirman que ese encuentro fue «positivo y honesto», y lograron desbloquear el escollo del CxRep, que se produce porque Junts quiere integrar la dirección estratégica del proceso soberanista en esta entidad presidida por Puigdemont y ERC lo rechaza.

Según estas fuentes, llegaron al acuerdo de crear un espacio estratégico del independentismo con ERC, Junts, la CUP, ANC y Òmnium y «coordinarse» con el CxRep, pero no integrarse dentro de esta entidad.

También se comprometían a ir reformulando el CxRep para que se sientan cómodos todos los actores del independentismo y se abrían a la posibilidad de que este órgano fuera un actor más en el espacio de coordinación estratégica independentista.

Al desbloquearse este escollo, ERC aparcó el ultimátum, dijo públicamente que se había producido un «punto de inflexión» y que daban margen para el acuerdo, pero justo después Junts negó que se hubiera dado tal punto de inflexión y en la reunión que mantuvieron el martes, la formación de Puigdemont echó atrás el inicio de acuerdo sobre el CxRep y se volvió a bloquear la negociación sobre este punto.

Las fuentes republicanas consideran que este bloqueo no llega desde Puigdemont ni su entorno, ya que creen que ha delegado y depositado su confianza en el equipo negociador, sino que lo atribuyen a las divisiones internas dentro de Junts.

Ante esta situación, el jueves ERC trasladó a Junts un nuevo documento con la estrategia independentista advirtiendo de que era el definitivo y que no plantearían más propuestas sobre esta cuestión.

El día siguiente, sin que Junts hubiera contestado a esa propuesta, Jordi Sànchez anunció en rueda de prensa que el acuerdo era inminente, lo que ERC negaba porque, según ellos, el escollo del CxRep seguía en el mismo punto que a inicios de marzo.

Sin embargo, aprovechando las palabras del secretario general de Junts, Aragonès llamó a Sànchez para reunirse esa misma tarde y cerrar el acuerdo, independientemente de si lo hacían ellos en persona o los equipos negociadores, pero las fuentes republicanas culpan a Junts de que esa reunión no se produjera y ahí decidieron convocar la Ejecutiva de ERC para romper la negociación para la coalición y apostar por un Govern en solitario.

VOTOS DE JUNTS

Las fuentes citadas anteriormente consideran que Junts debería facilitar la investidura de Aragonès porque así se comprometió cuando pactaron la elección de Borràs como presidenta del Parlament y porque Sànchez aseguró en una entrevista en La Vanguardia el 4 de abril que no se repetirían elecciones y que, si ERC quería gobernar en minoría, darían sus votos.

Estas fuentes han señalado que, tras estas declaraciones, que interpretaron como un «farol» en las negociaciones, en una reunión el 7 de abril Sànchez les verbalizó que Junts daría los votos necesarios –necesitan que cuatro diputados de Junts voten a favor– para la investidura de Aragonès.

Es por eso que, pese a que los acusan de contradecirse en los últimos días sobre esta opción, consideran que Junts debería cumplir su palabra, investir a Aragonès y permitir que se formara un Govern en solitario de ERC para evitar la repetición de elecciones, y una vez superada la presión de los comicios seguir negociando con la puerta abierta a que se integren en el Ejecutivo en un futuro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo argentino, Alberto Fernández, han escenificado este martes su buena sintonía personal y también en temas de interés para ambos países como la vacunación o la financiación, y que podrán reafirmar con la visita que el primero tiene previsto realizar a Argentina en junio.

Ambos mandatarios han intercambiado elogios y halagos, así como su agradecimiento mutuo por el apoyo prestado durante la pandemia y han puesto de relieve el buen estado de las relaciones bilaterales, que los dos países desean profundizar.

En este sentido, Sánchez ha anunciado que tiene previsto realizar una visita oficial a Argentina entre el 8 y el 9 de junio acompañado por varios miembros del gobierno así como por empresarios.

Dicha visita se producirá después de que los dos países hayan reforzado su cooperación económica y comercial durante la pandemia y de que el Gobierno haya presentado este mismo martes su Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española dotado de 1.500 millones de euros y que tiene a América Latina y a Argentina «como una de las áreas y países prioritarios», ha subrayado Sánchez.

Las empresas españolas ya están presentes en Argentina en «múltiples sectores» y su presencia «no es algo de presente y de pasado, sino de un futuro brillante», ha incidido el presidente del Gobierno.

Por otra parte, ha expresado el apoyo de España a la revisión del mecanismo de sobretasas del FMI que «está dañando, y mucho, las posibilidades económicas y financieras de Argentina». Además, ha recordado que España y otros países de la región también están trabajando para abrir vías de financiación para los países de renta media, algo «fundamental para relanzar la economía».

Por su parte, Fernández ha acogido la «buena noticia» de que los planes de internacionalización de la economía española tengan a Argentina como prioritaria y ha confiado en que la próxima visita de su homólogo español permita seguir ahondando en la relación.

LOS DOS PAÍSES TIENEN QUE ESTAR UNIDOS

«Argentina y España tienen que estar absolutamente unidas y trabajar absolutamente de consenso» porque «tenemos muchas miradas en común», ha sostenido.

Los dos países «debemos consolidar un acuerdo estratégico» que ha confiado en poder relazar e incluso «profundizar todo lo que haga falta» con motivo de la visita de Sánchez, ha insistido.

Fernández ha agradecido el respaldo de España a los planteamientos de Argentina en los organismos internacionales en lo que se refiere a la «inmensa deuda» que su Gobierno heredó cuando llegó a la Casa Rosada en 2019.

Ambos presidentes también han dejado clara su voluntad de hacer llegar la vacuna contra la COVID-19 a todo el mundo. A este respecto, Sánchez ha respaldado la supresión de las patentes de las vacunas pero ha insistido en que hacen falta otras medidas adicionales, y ha compartido el plan para hacer llegar 7,5 millones de dosis adquiridas por España a los países de América Latina.

A su vez, Fernández ha recordado que ya desde el inicio de la pandemia había reclamado que la vacuna fuera «un bien global» e incluso trató el tema con el Papa Francisco, con quien volverá a reunirse este jueves en el Vaticano. «Es un imperativo moral y ético que la vacuna llegue a todos los rincones», ha recalcado.

Antes de su encuentro y su almuerzo de trabajo con Sánchez, Fernández ha sido recibido en el Palacio de la Zarzuela por el Rey Felipe VI. El presidente argentino se encuentra realizando una gira por Europa que le ha llevado ya a Portugal y que tiene Francia e Italia como sus siguientes paradas.

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha urgido este martes al Gobierno a desbloquear la ley de pandemias registrada por el PP para que el Pleno del Congreso tenga posibilidad de debatir «cuanto antes» ese marco jurídico que ofrece seguridad a las autonomías tras el fin del estado de alarma. Además, ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que si «no gobierna ni legisla» será «responsable» de lo que ocurra.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha afirmado que «lo que Pedro Sánchez intenta es nuevamente abocar a los presidentes autonómicos a un estado de alarma». Según ha recalcado, «hay otras posibilidades» como aprobar el ‘plab b jurídico’ que ha registrado su formación planteando la reforma de la ley 3/1986 de medidas en materia de Salud Pública.

En este sentido, ha subrayado que se trata de «legislar y dotar a esos presidentes autonómicos de instrumentos, que es lo que están pidiendo, para que puedan afrontar lo que todavía queda para luchar contra el virus, que es mucho y nadie sabe cuándo va a terminar».

ACUSA A SÁNCHEZ DE «LAVARSE LAS MANOS»

Tras asegurar que Sánchez es el «máximo responsable» en la lucha contra la pandemia en España y se está «lavando las manos» delegando en los jueces, Gamarra ha criticado que haya decidido «evadir sus responsabilidades, pasándoselas a las comunidades autónomas y ahora también a los jueces y a los ciudadanos en su responsabilidad individual».

«Y cuando un presidente del Gobierno no toma decisiones, no gobierna y no habilita los instrumentos suficientes para poder luchar contra la pandemia, es responsable de todo aquello que ocurra porque no dotó a su país de los instrumentos que su país necesitaba», ha avisado, para añadir que «no podrá alegar desconocimiento» porque se lo están «advirtiendo todos» desde hace meses.

La dirigente del PP ha insistido en que las autonomías dicen que no tiene suficiente capacidad para poder impulsar medidas en este momento, los tribunales también ha reclamado «un marco jurídico más amplio», y el Consejo de Estado también defiende reformas legislativas. «No puede estar todo el mundo equivocado», ha enfatizado.

PIDE QUE SE DESBLOQUEE SU PROPOSICIÓN DE LEY

Por eso, ha reiterado que es el momento de que «se legisle o se deje legislar al Parlamento», no agotando el plazo que tiene para dar la conformidad a la proposición de ley que ha registrado el PP como marco alternativo al estado de alarma y se pueda debatir cuanto antes en el Pleno.

«La tiene paralizada desde que fue calificada por la Mesa y cada día que pasa se complica más la situación. Nos están llevando ante la falta de su capacidad para gobernar a el caos», ha afirmado, para denunciar que el Gobierno haya «abdicado de su responsabilidad de gobernar» y de «impulsar reformas legislativas».

Según Gamarra, cuando «todos piden más amparo legislativo» significa que «el arsenal que dice que tiene Pedro Sánchez no lo encuentra nadie porque no existe». «Y no hay un país en Europa que no haya legislado para luchar contra la pandemia y es el momento de hacerlo de una vez por todas porque cada día que pasa es más complicado», ha demandado.

RECHAZA LAS CRÍTICAS DEL PSOE

La portavoz del Grupo Popular ha rechazado las críticas del PSOE a acerca de que la iniciativa del PP busca que «no haya controles judiciales» cuando «los recoge». «Las propuestas que plantea el Partido Popular está sujetas al control jurisdiccional», ha subrayado, para preguntar a los socialistas «qué miedo» tienen a un debate en el Congreso en el que podrá realizar aportaciones en su tramitación parlamentaria.

Gamarra ha explicado que su ley de pandemias busca «dotarse de instrumentos suficientes» y legislación ordinaria para no tener que recurrir al estado de alarma cuando no es necesario y ha denunciado una vez más la «dejadez de funciones» del Gobierno en este punto para evitar el «caos y la incertidumbre» desde el 9 de mayo.

«Parece sorprendente que el PSOE, que presume de una historia centenaria, renuncie a que se legisle desde el Congreso», ha resaltado, para concluir que la situación requiere «políticos valientes y responsables» y el presidente del Gobierno no lo está siendo.

MONTESINOS: PIDE A SÁNCHEZ REUNIRSE CON EL PP

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a escuchar a los presidentes autonómicos que le «piden» la «alternativa jurídica» que el PP lleva «planteando más de un año.

«Lo que estamos viendo es que el ‘no es no’ de Sánchez y los bandazos del Gobierno es un caos todavía mayor», ha lamentado Montesinos, que ha asegurado que la «clave» sería que el presidente reuniese la conferencia de presidentes para coordinar la lucha contra la pandemia a nivel nacional.

En declaraciones a La Sexta, el vicesecretario ‘popular’ ha pedido a Sánchez que»descuelgue el teléfono» y llame a Pablo Casado. «Que rectifique y que se reúna con el principal partido de la oposición. No creo que haya un solo español que entienda esta cerrazón de Sánchez», ha zanjado.

Los matrimonios por la Iglesia descendieron un 29,3% en los últimos cinco años antes de la pandemia, pasando de más de 51.000 en 2015 a menos de 37.000 en 2019, según se desprende de la Memoria Anual de Actividades de la Conferencia Episcopal Española, con datos de 2019.

En concreto, en 2015 se celebraron 51.810 matrimonios por la Iglesia; 50.805 en 2016; 46.556 en 2017; 41.975 en 2018 y 36.650 en 2019. Estos datos no tienen en cuenta aún el año 2020, cuando los matrimonios tuvieron que descender necesariamente debido a la pandemia del coronavirus, pues durante el confinamiento no se pudieron celebrar bodas y, posteriormente, se exigió un máximo de aforo.

Este descenso también se observa en los bautizos y primeras comuniones. En concreto, los bautismos han experimentado un descenso de un 23,9% en cinco años, pasando de 231.254 en 2015 a 175.844 en 2019; y las comuniones han caído un 14,8%, pasando de 240.094 en 2015 hasta las 204.618 en 2019.

«En lo que se refiere a la cuestión de bautismos y matrimonios, la disminución ahí está, se puede ver en las memorias de los sucesivos años», ha precisado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, este martes 11 de mayo en rueda de prensa para presentar la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España 2019.

Esta Memoria, según ha explicado el también obispo auxiliar de Valladolid es «un deber de rendición de cuentas y de transparencia», ante el Estado y ante la ciudadanía pero «sobre todo, una expresión de agradecimiento».

En el documento, se desgrana a qué actividades van destinados los fondos recaudados por la Iglesia a través de su casilla en la Declaración de la Renta, que ascendieron a 301,2 millones de euros en 2019, un récord histórico, 16 millones de euros más que el año anterior.

Si bien, Argüello ha precisado que los datos que se presentan este año, correspondientes a la actividad de la Iglesia en 2019 son «prepandemia», por lo que prevén que sea en la Memoria del próximo año donde se observen los efectos de esta crisis, de las «limitaciones» impuestas por la pandemia, del «desafío singular por la situación económica derivada» de la emergencia sanitaria y del incremento de necesidades de la población.

«Está siendo un desafío grande y prevemos que en el porvenir, este desafío, si cabe, va a ser mayor», ha avisado el secretario general y portavoz de la CEE.

UN 78% DE DIÓCESIS SOMETIDAS A AUDITORÍA

Entre las novedades de esta Memoria, la directora de la Oficina de Transparencia, Ester Martín, ha destacado que, por primera vez, han solicitado a todas las diócesis las declaraciones de los impuestos sobre Sociedades, en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Asimismo, ha puesto de relieve que, en los últimos 9 años, el 78% de las diócesis y más de 240 parroquias se han sometido a procesos de revisión externa.

Según los datos presentados, en 2019 el 65% de las diócesis españolas tuvo superávit mientras que el 35% tuvo déficit. En este sentido, Argüello ha precisado que en los casos de déficit, analizan si la situación se prolonga durante varios años o solo uno, pudiendo deberse, por ejemplo, a la edificación de un templo, para estudiar si existe una situación de especial dificultad.

También ha indicado que en las últimas décadas han observado un incremento de personas contratadas en los centros y colegios de la Iglesia, frente a quienes desempeñan su labor en ellos por vocación y gratuitamente.

SIN TRABAJO GRATUITO, LA ACCIÓN DE LA IGLESIA ES INSOSTENIBLE

Esto se debe, según ha dicho, a la necesidad de profesionales expertos en psicología o con formación jurídica, entre otros campos. Por ello, ha hecho una convocatoria a «no solo poner la X sino a ofrecer tiempo» porque «sin el trabajo gratuito, la acción de la Iglesia sería insostenible».

De los datos de la Memoria se desprende que el 79% de los recursos que llegan a través de la asignación tributaria se envían directamente a las diócesis (206,2 millones de euros en 2019). El 20% restante se destina a pagar la Seguridad Social del Clero (22,5 millones); aportaciones extraordinarias a las Cáritas diocesanas (6,4 millones); campañas de comunicación y Plan de Transparencia (casi 6 millones); o proyectos de rehabilitación y construcción de templos (3,9 millones), entre otros.

Además, según el documento, la cantidad destinada por las diócesis y parroquias de manera directa a la realización de acciones pastorales y asistenciales en 2019 fue de 229,1 millones de euros, lo que supone un incremento de 9 millones de euros con respecto al año anterior.

MÁS DE 4 MILLONES DE PERSONAS ATENDIDAS

En concreto, dentro de la actividad caritativa y asistencial, la Memoria recoge el trabajo realizado por la Iglesia en sus 9.163 centros sociales y asistenciales (un 71,7% más que hace 10 años), donde han atendido a más de 4 millones de personas en 2019.

Los centros para mitigar la pobreza son los más numerosos (6.336), donde atendieron a 2,1 millones de personas. En concreto, Ester Martín ha puesto de relieve que en 2019, más de medio millón de personas pasaron por los comedores sociales de la Iglesia, una cantidad que seguramente se verá incrementada en la siguiente Memoria correspondiente a 2020 debido a la pandemia.

Les siguen los centros de menores y para tutela de la infancia (436) donde acompañaron a 61.935 niños, niñas y jóvenes; los centros para promover el trabajo o los centros para la defensa de la vida y la familia.

137 CENTROS DE ASISTENCIA A MIGRANTES

También destacan los centros de asistencia a migrantes, cuya actividad ha crecido, sobre todo, por el incremento de la llegada de pateras a las Islas Canarias. Según ha precisado Ester Martín, centros como la Casa de Acogida de San Antonio de Padua en Tenerife, de Cáritas, recibe a centenares de inmigrantes cada año. En total, la Iglesia cuenta con 137 centros con 142.937 beneficiarios.

Igualmente, la Iglesia católica española ayuda a mujeres víctimas de algún tipo de violencia o en situación de vulnerabilidad a través de 127 centros repartidos por todo el país, en los que atendió a 24.000 beneficiarias en 2019.

Asimismo, la Memoria destaca la actividad educativa de la Iglesia, con más de 2.500 centros católicos, donde dan clase a 1,5 millones de alumnos y alumnas, y en los que trabajan unas 130.000 personas.

También detalla que hay casi 23.000 parroquias, más de 11.000 de ellas rurales; 16.960 sacerdotes; 37.286 religiosos y religiosas; 8.739 monjes y monjas de clausura; y casi 11.000 misioneros y misioneras. Según ha precisado Argüello, la pandemia ha afectado a muchos sacerdotes, religiosos y catequistas, y aunque la mayoría han sido asintomáticos, también algunos han fallecido.

En cuanto a las misas, la Memoria revela que más de 9,3 millones de personas asisten regularmente a misa, lo que supone un incremento con respecto al año anterior, cuando acudían 8,3 millones; aunque también representa un descenso con respecto a hace cinco años, cuando sumaban más de 10 millones.