Un tribunal militar israelí ha dado inicio este martes al juicio contra la española Juana Ruiz, acusada entre otros delitos de pertenecer a una organización ilegal por su trabajo para la ONG palestina Health Work Committees (HWC), aunque las vistas han quedado aplazadas hasta el 1 de septiembre.

Ruiz, que reside desde hace más de tres décadas en Cisjordania, fue detenida el 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes y permanece en prisión provisional, acusada de un total de cinco cargos, tres en relación con su trabajo en HWC –ilegal a ojos de Israel–, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones.

El juicio ha comenzado como estaba previsto, pero ha quedado aplazado hasta el 1 de septiembre, ha explicado la portavoz de la familia, Begoña Lalana. La defensa planteó algunas cuestiones y solicitó acceso a nuevas pruebas, lo que abre un nuevo plazo para que se pronuncien todas las partes.

Así, Lalana confía en que el 1 de septiembre la sala decida sobre las diversas cuestiones que puedan plantearse y ponga sobre la mesa un calendario de sesiones. La portavoz ha lamentado la «incertidumbre» generada en torno a este proceso tras varios aplazamientos y ha confirmado que la defensa solicitará de nuevo que Ruiz pueda quedar al menos bajo arresto domiciliario.

El marido de la cooperante pudo reunirse la semana pasada por primera vez con ella, en un encuentro emotivo que se ha repetido este martes durante la breve vista celebrada en la Cisjordania ocupada. Lalana ha lamentado algunas de las escenas vividas durante la vista, como que la acusada haya entrado esposada de pies y manos cuando «no presenta ninguna peligrosidad».

La portavoz ha recordado que todo el dinero destinado a los HWC por parte de autoridades europeas y españoles está sometido a auditorías y ha pedido tanto a la UE como al Gobierno de Pedro Sánchez que «se impliquen más», por ejemplo exigiendo a Israel el cumplimiento de convenios internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

EL GOBIERNO SIGUE «DE CERCA» EL CASO

La Embajada española y el Consulado General en Jerusalén siguen «de cerca» el caso para prestarle asistencia consular a Rivas, según fuentes diplomáticas que recuerdan que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya lo trató en su primer contacto telefónico con su homólogo israelí, Yair Lapid, el 22 de julio.

España ha pedido a las autoridades israelíes «que cumplan con sus obligaciones y garanticen el derecho de defensa de Juana Rivas», han señalado estas fuentes.

Dos funcionarios del Consulado han estado presentes en la vista de esta martes y, desde su detención en abril, el personal diplomático ha podido verse en cinco ocasiones con Ruiz.

Una portavoz de la Embajada de Israel, Noa Hakim, ha subrayado en declaraciones que sobre Ruiz pesan cinco cargos «gravísimos» y ha incluido dentro de las acusaciones la posible financiación de un grupo terrorista, en alusión al Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), a pesar de que el entorno de la cooperante descarta que exista un cargo formal al respecto.

Hakim ha explicado que el tema forma parte de las conversaciones abiertas con el Ministerio de Asuntos Exteriores español, si bien ha apuntado que «está pendiente en un tribunal israelí» y, por tanto, ha evitado realizar valoraciones más concretas.

La organización liderada por el productor televisivo José Luis Moreno, desmantelada en la denominada ‘operación Titella’, aseguraba tener un contacto en uno de los organismos encargados de aprobar ayudas por el covid 19 que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que les facilitaría el dinero a cambio de una comisión del 10 por ciento. «Ya sabes, los Polanco, los hermanitos se llevan el 20%, el del ICO el 10% y tú y yo el otro 20%», señaló el «conseguidor» Luis Meseguer a uno de sus colaboradores en una conversación intervenida el pasado mes de diciembre.

Según la investigación, la organización liderada por el productor televisivo se habría beneficiado de «multitud» de créditos ICO concedidos por los bancos por la covid 19, entre ellas unas ofertadas por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia por valor de 10.000 euros.

La conversaciones, que obran el sumario de la causa, están relacionadas todas ellas con las Ayudas COVID publicadas en el boletín oficial de la Comunidad de Murcia el 3 de diciembre de 2020 en relación con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

«Por lo visto Antonio Polanco –uno de los investigados en la trama–, conoce a la persona encargada de aprobar las solicitudes y conceder las ayudas, y que cobraría un 10% de cada una de estas ayudas por favorecer las empresas que estos presenten», reza el oficio policial.

Así se deduce de la conversación mantenida el pasado 2 de diciembre entre Meseguer y Polanco, en la que este último habla de que se va a dar una subvención a las empresas en Murcia por el COVID de 10.000 euros y está con las personas que las concede, que cobra un 10%, más luego lo que cobren ellos.

También le dice que «se tienen que meter en una página web cuatro personas distintas e introducir unos datos, que son a fondo perdido, que le tiene que pasar un listado de las empresas, y son 1.000 euros, más lo que le cobren ellos. Que son solo para 200 empresas y es el viernes a las 09.00 de la mañana del Instituto de Fomento».

Un día después, Meseguer habla con uno de sus colaboradores, Juan Inglés según la investigación, y le comenta que «le ha entrado a través de los Polanco (…), que en Madrid tienen buenos contactos y que ha salido hoy en el «info» de la Comunidad de Murcia una Ayuda de 10.000 euros para empresas y autónomos por el tema del COVID, a fondo perdido».

«NO HAY QUE DEVOLVER NADA, COJONUDO»

«No hay que devolver nada, y ellos tienen a la persona que lo concede, que la persona que lo concede cobra el 10%, y los Polanco tienen que cobrar ellos y nosotros, entonces tendríamos que repartir el 40 o 50% teniendo en cuenta el 10% que se lleva el tío, con lo cual se le quedaría 5 o 6 mil euros limpios que no tiene que devolver nada». Inglés le contesta que «cojonudo», según consta en el oficio de la Guardia Civil.

Por ello, Meseguer encarga a su colaborador que le pase esa misma tarde la lista de empresas y otros documentos: «tiene que ser el Impuesto del 200 del año pasado, el 390, los IVA de este año, el certificado de Hacienda y el de Seguridad Social y vida laboral de la empresa», a lo que Inglés añade que «estupendo».

Añade el investigado que los documentos se presentarían al día siguiente a las nueve de la mañana y «la persona que está las aprueba porque es el que tiene Antonio Polanco cogido por los huevos». «Ya está, estupendo y nos podemos llevar 1000 napos cada uno, (…) ya sabes, los Polanco los hermanitos se llevan el 20%, el del ICO el 10% y tú y yo el otro 20%», concluye.

La Guardia Civil ha realizado dos actuaciones contra tráfico de drogas en el vallado perimetral de Melilla, que se han saldado con la detención de un individuo de 16 años de edad y la aprehensión de 5.000 gramos de hachís y 2,167 kilogramos de cocaína. El presunto autor que abandonó la cocaína, utilizó un cordel para introducir la droga desde Marruecos a través del arroyo de Mariguari.

Según ha informado este martes un portavoz de la Comandancia, la primera intervención se materializó cuando una patrulla de vigilancia fronteriza se percató al llegar a las inmediaciones del control del Barrio Chino de la presencia de un joven que corría velozmente hacia una zona donde caían bultos que estaban siendo lanzados desde Marruecos a través del vallado fronterizo.

En esta ocasión y mientras recogía los paquetes, el individuo no se apercibió de la presencia de la patrulla de la Guardia Civil, siendo sorprendido in situ portando cinco paquetes de gran volumen que «tras su apertura ante su portador resultó contener cincuenta tabletas, que por su textura y color, pudiera tratarse de polen de hachís».

El detenido, con antecedentes por mismos hechos, es un varón de 16 años de edad, que ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de la Ciudad como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas.

A LA FUGA

La segunda actuación ha tenido lugar cuando una patrulla de servicio que realizaba labores de inspección del vallado perimetral, localizó a un joven en el cauce del arroyo existente junto al puesto fronterizo de Mariguari, «agazapado entre matorrales, que tras verse descubierto, emprende la huida del lugar no pudiendo ser interceptado por los guardias civiles actuantes» ha admitido la citada fuente.

Inspeccionado dicho cauce y la zona próxima a la reja que limita la zona marroquí de la española, los agentes localizaron una bolsa conteniendo dos paquetes rectangulares embalados con cinta de embalar atados a un cordel de unos tres metros, presuntamente utilizado para introducir los paquetes desde Marruecos a Melilla.

En dependencias oficiales pudieron comprobar en esta ocasión que su contenido se trataba de una sustancia de color blanca, que tras realizar su análisis a través de reactivos detectores de sustancias estupefacientes, «se determinó indiciariamente, que podría tratarse de cocaína con un peso total aproximado de 2,167 kilogramos distribuido en dos paquetes rectangulares» ha destacado el portavoz de la Comandancia.

Con estas dos intervenciones, la Guardia Civil ha evitado la puesta en circulación en el mercado ilícito de estupefacientes de unas 20.000 dosis de polen de hachís y 8.700 dosis de cocaína.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas durante una operación contra una nueva modalidad delictiva bautizada como hackstorsión, consistente en publicar anuncios donde se ofrecen servicios de hacker para espiar aplicaciones de mensajería, cuentas de correo electrónico, eliminación de deudas pendientes con Agencia Tributaria, eliminación de multas de la DGT o cambio de notas en servidores de universidades, entre otros, para después extorsionar a los clientes.

Así, una vez que las víctimas contrataban estos servicios, los detenidos los extorsionaban con la amenaza de revelar contenidos de su ámbito privado o íntimo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En el marco de esta investigación se han practicado registros en Zaragoza, Barcelona, Girona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, donde se han intervenido 40 terminales de telefonía móvil, 17 discos duros, tres ordenadores, cinco tablets y 24 pendrives, además de 176.775 euros del dinero enviado por las víctimas.

La investigación, indican, es fruto del ciberpatrullaje activo desarrollado en redes sociales y fuentes abiertas de información en Internet que ha permitido a los agentes especializados detectar un auge de anuncios donde sofisticados hackers ofrecían diferentes servicios informáticos, entre los que se encontraban espiar aplicaciones de mensajería en tiempo real, cuentas de correo electrónico y perfiles de redes sociales.

También ofrecían eliminar datos de los servidores de la Agencia Tributaria, de la ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito), de la RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) o incluso de la DGT (Dirección General de Tráfico), así como cambio de notas de los servidores de las universidades, grabación de titulaciones oficiales no cursadas y otras ofertas de índole similar.

Ante esta información, los agentes pusieron en marcha un dispositivo policial para investigar este fenómeno delictivo, que era desconocido hasta el momento, pudiendo identificar más de 12.000 anuncios de este tipo y, asociados a dichas publicaciones, y encontrando más de 40 números de teléfono, más de 200 cuentas de correo electrónico y casi 1.300 direcciones IP de conexión a Internet.

Asimismo, pudieron determinar la presunta comisión de delitos de estafa, extorsión, descubrimiento y revelación de secretos, además de detectar cinco focos diferenciados de participación en los hechos delictivos que, si bien pudieran tener alguna conexión puntual, desarrollarían sus actividades ilícitas de forma descentralizada.

CINCO INVESTIGACIONES CON UN NEXO

Con la información recaudada, los agentes iniciaron cinco investigaciones independientes que permitió detectar un nexo común, el empleo de un mismo modus operandi. En concreto, los arrestados captaban a los clientes a través de la publicación de anuncios ofertando servicios de hacker informático y les exigían el pago por adelantado del importe pactado completo o, al menos, una parte.

Así, bajo el pretexto de cumplir con el cometido encomendado, los supuestos hackers solicitaban datos sensibles, bien del propio interesado, bien del sujeto al que se pretendía espiar o vulnerar su intimidad.

De este modo, tras el envío de la cuantía pactada por parte de las víctimas, el contacto se interrumpía de forma abrupta incumpliéndose lo acordado y no facilitando motivo alguno, pero cuando la víctima pretendía espiar las redes sociales o aplicaciones de mensajería de otra persona o en los que el servicio que se contrataba era de dudosa legalidad, los contactos continuaban.

Ante estas situaciones, el falso hacker escribía a quienes le habían contratado, si bien ahora solicitaba nuevas cantidades de dinero bajo la amenaza de revelar el trabajo que les habían encargado, para lo que mostraban a los clientes capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas en las que solicitaban dichos servicios y facilitaban la información que se les iba requiriendo.

De todas formas, aunque las víctimas abonaran las cuantías económicas exigidas, los detenidos seguían demandando nuevos pagos hasta que las mismas entendían que esta situación no tenía fin y se resignaban a asumir el daño derivado del descubrimiento de sus intenciones. Una vez que la víctima se negaba a realizar más pagos, los falsos hacker cumplían su amenaza y contactaban con la parte a la que pretendían espiar.

También les informaban de que contaban con información de su interés y les mostraban algún contenido para que vieran que era cierto y les exigían el pago de una cantidad económica a cambio de conocer la información completa.

Las investigaciones han permitido detectar 21 cuentas bancarias empleadas por los falsos hackers para recibir el dinero enviado por las víctimas, además el estudio de los casi 3.000 movimientos bancarios reflejados en ellas, ha permitido identificar 430 víctimas.

Por último, se ha podido cuantificar el lucro derivado de dicha actividad delictiva, ascendiendo el importe total de los cinco focos investigados a 341.000 euros.

La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a dos hombres de 37 y 42 años de edad como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los detenidos fueron interceptados en la madrugada del pasado lunes cuando pilotaban una embarcación neumática que transportaba 50 fardos de hachís con un peso aproximado de 1.650 kilos.

Según ha informado la Policía en una nota, sobre las 02,50 horas, los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana que realizaban un patrullaje preventivo por la zona de la playa de ‘La Puntilla’ observaron a una persona que, desde el espigón de la citada playa, estaba haciendo señales en dirección al mar con un dispositivo luminoso en las manos.

De esta forma, la Policía ha informado de que los agentes descubrieron la presencia de una embarcación neumática que pretendía acceder por el río Guadalete, que iba cargada y en la que se podían divisar paquetes de color claro. Además, el sospechoso localizado en la playa, al percatarse de la presencia policial, tiró el dispositivo de señalización huyendo del lugar.

Por ello, y ante los indicios de que la embarcación transportara sustancias estupefacientes y estuviera en disposición de alijar la droga en la zona, los agentes informaron al resto de indicativos en servicios, para lo cual se realizó un seguimiento coordinado de forma discreta para interceptar la embarcación y frustrar el alijo, así como para descubrir al resto de personas implicadas en los hechos.

Así, en la zona de la Puntilla los agentes identificaron a dos individuos que estaban realizando labores de vigilancia y cobertura a la embarcación neumática.

El resto de indicativos policiales realizaron un seguimiento por vía terrestre de la embarcación, avistada en el río Guadalete, y que intentó atracar, sin éxito, en varios puntos del río, llegando incluso a apagar el motor en la zona de la Fuente de las Galeras.

Tras desembarcar en la desembocadura del río, a la altura de la plaza del Pescador, los agentes interceptaron a dos individuos que pretendían saltar de la misma, arrojando uno de ellos al agua el teléfono móvil y que fue recuperado posteriormente por la Policía.

La rápida actuación permitió la incautación de 50 fardos de hachís, una embarcación neumática y la detención de sus dos tripulantes, que han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en El Puerto de Santa María que, tras ser oídos en declaración, decretó su ingreso en prisión provisional.

UNA NARCOLANCHA EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Por otra parte, la Policía ha intervenido una lancha encallada en la zona del camino de Doña Ana en Sanlúcar de Barrameda, en una intervención que tuvo lugar el pasado domingo alrededor de las 11,30 horas, cuando los agentes sorprendieron a varios individuos a 15 metros de la orilla descargando bidones de gasolina para montarlos en una embarcación.

Así, y al percatarse de la presencia policial, los sospechosos huyeron del lugar en una embarcación utilizada, presuntamente, para el transporte de sustancias estupefacientes. En total se intervinieron 48 bidones de gasolina, tres motores y un navegador GPS, además de la embarcación neumática.

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha apostado por afrontar ya la crisis climática «con ambición y contundencia» tras la publicación de la primera entrega del sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que confirma que es «indiscutible» que la actividad humana es la causante de las graves alteraciones del clima y responsable del calentamiento global.

Los informes de evaluación del IPCC constituyen la mejor referencia sobre el estado del conocimiento científico en materia de cambio climático.

En éste han participado 234 científicos de 66 países diferentes, que han revisado más de 14.000 artículos y referencias publicadas hasta la fecha, y han sacado partido a los avances científicos producidos desde que el informe previo viera la luz en 2014, para realizar su síntesis sobre los efectos físicos que ya ha tenido el calentamiento del planeta y los posibles escenarios en función de los gases de efecto invernadero que emita la humanidad en las próximas décadas.

El informe destaca que existe una relación directa entre el aumento de las temperaturas y el incremento de eventos como las olas de calor, las fuertes precipitaciones, las sequías, los incendios forestales, los ciclones tropicales intensos o la disminución del hielo marino del Ártico, de la capa de nieve o del permafrost.

Para UGT este informe es «una enorme señal de alerta para la humanidad» y una demostración de que los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las últimas décadas «han sido totalmente insuficientes, lo que está afectando a todas las regiones de la Tierra y provocando cambios irreversibles en los ecosistemas».

«Necesitamos afrontar la crisis climática con ambición y contundencia desde ya. El coste de la inacción es inasumible y lo expuesto por la ciencia es irrefutablel, las alteraciones climáticas se suceden más frecuentemente y de forma más intensa, poniendo en peligro la vida tal y como la conocemos», ha apuntado UGT.

El sindicato considera que la única alternativa que queda «es acelerar» el ritmo de transformación del modelo económico y de desarrollo para hacer frente a «la gran amenaza» que representa el cambio climático para la especie humana.

«Es el momento de transformar nuestra forma de producir y de consumir y nuestro estilo de vida, hacia uno que esté en mayor consonancia con la naturaleza y las personas», ha defendido UGT.

Desde UGT reclaman que se ponga «más énfasis» en las consecuencias que el cambio climático tendrá en el mundo del trabajo: «Muchos sectores se van a ver tremendamente afectados y deberán adaptarse a las nuevas condiciones climáticas».

«Se debe analizar detalladamente cada sector de actividad con el objetivo de minimizar al máximo los impactos negativos y maximizar las oportunidades de creación de nuevos puestos de trabajo», ha insistido el sindicato.

Por último, ha recordado que en la Cumbre del Clima celebrada en Madrid en 2019 (COP25), el lema utilizado fue ‘tiempo de actuar’. «Han pasado dos años y seguimos sin hacerlo, por eso centraremos nuestros esfuerzos para que la COP26 de Glasgow sea la palanca necesaria para aumentar la ambición, siempre acompañada de justicia climática y transición justa, y de una vez por todas pasar a la acción», ha concluido UGT.

El Consejo Económico y Social de España (CES) considera necesario reforzar la participación de los interlocutores sociales en la reforma de la Formación Profesional, según contempla el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de ordenación e integración de la FP, aprobado por el Pleno a finales de julio.

En este sentido, el Consejo afirma que la reforma requiere «consensos amplios en el marco del diálogo social y en el plano político parlamentario para lograr un efectivo desarrollo reglamentario y garantizar una suficiente financiación del sistema: objetivos que van más allá de los tiempos políticos».

En términos generales, valora de forma positiva la iniciativa normativa «en tanto que actualiza el sistema de FP, así como los objetivos y fines que persigue la reforma proyectada, sobre todo a la hora de ofrecer a las personas el acceso a una formación profesional de calidad y de permitir a las empresas contar con las personas trabajadoras que se demandan para cubrir los puestos de trabajo». Sin embargo, estima que el procedimiento de consulta seguido «no es adecuado».

A su juicio, el anteproyecto es «un punto de partida prometedor para una actualización del sistema de FP que sea capaz de responder a los importantes retos que marcan las transiciones digital y ecológica, y de contribuir a la recuperación económica post-Covid, además de generar sinergias dentro de una palanca de transformación como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)».

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA

Por otro lado, el CES entiende que debería garantizarse una financiación «suficiente y estable que permita el logro de los objetivos y fines establecidos en la misma». Además, la articulación adecuada del esquema de financiación debería asegurar el desarrollo y mantenimiento del nuevo sistema a medio y largo plazo, dando respuesta a una demanda de inversión suficiente para hacer frente a los retos de adaptación contemplados en la norma», ha subrayado.

En cuanto a la integración de la FP en un sistema único, el Consejo piensa que «se trata de un objetivo tan ambicioso y complejo como necesario, que dista aún de conseguirse con la actual redacción del Anteproyecto». «Esta cuestión central del Anteproyecto es uno de los elementos clave de debate que se está abordando actualmente en la Mesa de Diálogo Social, pudiendo dar lugar a una modificación sustancial de las previsiones contenidas en el texto», ha señalado.

A juicio del CES, el tratamiento de la igualdad de oportunidades de la formación profesional que se realiza en el Anteproyecto «resulta insuficiente y fragmentado, siendo necesario que se dote a la norma de un enfoque integral, que recoja las obligaciones en materia de educación inclusiva y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema nacional de formación profesional».

En paralelo, el CES valora positivamente que el Anteproyecto reconozca a los interlocutores sociales como actores relevantes para la transformación global del sistema, pero considera que debería dotarse de mayor coherencia al articulado referido a su papel en la gobernanza, especificándose de manera clara que cuentan con potestad decisoria tanto en su diseño como en su gestión y seguimiento.

Según ha puntualizado, en el momento de recibirse en el Consejo la solicitud de este Dictamen, la reforma proyectada estaba en negociación en la Mesa tripartita de diálogo social para la formación profesional, en la que se están abordando numerosos aspectos de calado.

«Esta circunstancia puede determinar que el texto del Anteproyecto sometido a dictamen del CES no sea definitivo, lo que, de producirse, limitaría el ejercicio pleno de las competencias consultivas y de participación de este Órgano, que, además, no puede ni debe condicionar la dinámica del diálogo social autónomo que se está desarrollando entre el Gobierno (a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional) y los interlocutores sociales», ha matizado.

Es por ello que el Consejo critica «el tratamiento que se le ha dado como un organismo más en el proceso de consulta pública» y que considere pertinente pronunciarse en este Dictamen «únicamente acerca de las líneas generales de la reforma del sistema de la FP que se proyecta, mediante observaciones asimismo de carácter general, sin que proceda entrar a valorar cuestiones más concretas, aunque no menos importantes, contenidas en el articulado del Anteproyecto».

Vox ha presentado una denuncia en Panamá para que en ese país centroamericano se investiguen «posibles irregularidades» en el préstamo participativo que Panacorp concedió a la aerolínea Plus Ultra y que, según este partido, permitió que la compañía aérea fuera «elegible» para el rescate de 53 millones de euros que aprobó el Gobierno de España.

La denuncia se ha presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y ha sido promovida por la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, y por el diputado Víctor González, responsable económico del partido.

En un comunicado el partido sostiene que Panacorp inyectó dinero a Plus Ultra mediante un crédito participativo otorgado por 7,5 millones de dólares, que –a su juicio– ha servido para «maquillar» la situación financiera de la aerolínea y hacerla «elegible» para el préstamo de dinero público otorgado por el Gobierno de España mediante un rescate aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo.

Así, ha destacado en su denuncia que entre 2017 y marzo de 2021 «no se puede identificar una sola anotación, asiento contable, hecho relevante que informe y/o describa el otorgamiento de un préstamo participativo a la aerolínea PU en el año 2018 y que, supuestamente, fue extendido, en el año 2020, hasta el año 2028».

En este sentido, Vox también señala que no consta la existencia de uno o varios depósitos de la aerolínea en Panacorp que, supuestamente, servirían de contra garantía al préstamo de 7,5 millones de dólares.

«VÍNCULOS CON VENEZUELA»

La formación ha asegurado que presenta la denuncia para reclamar a las autoridades panameñas que «se deslinden» responsabilidades y se investiguen los presuntos vínculos entre Panacorp y al menos cuatro «personas de alto perfil ligadas al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela».

En concreto, Vox ha indicado cuatro nombres que serían «beneficiarios finales de la aerolíneas Plus Ultra» al considerar que pudieran «haber obtenido un préstamo proveniente de fondos públicos del Gobierno de España, aprovechando vínculos políticos o de otra índole».

En su escrito a la Superintendencia, los de Santiago Abascal subrayan que Panacorp es «una casa de valores y no un banco sometido a las leyes de Panamá», donde «los directores están vinculados de forma directa con personas ligadas al Gobierno de Venezuela, y deben tener la calificación de personas políticamente expuestas (PEP)».

La formación se ha arropado en las «investigaciones periodísticas» que aseguran que la casa de valores panameña cuenta con «directivos y dignatarios relacionados con Plus Ultra».

RECURSO POR EL DESBLOQUEO DE 34 MILLONES

Desde el partido también han anunciado que la Vicesecretaría Jurídica trabaja en el recurso que interpondrá contra el auto del juez Jaime Serret en el que se aprueba el desbloqueo de los 34 millones de euros restantes que debe recibir la aerolínea en el marco del rescate acordado por el Ejecutivo español.

Esta misma semana, el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid acordó estimar un recurso de Plus Ultra y dejar sin efecto el auto de 21 de julio en el que suspendió el pago que corresponde al segundo tramo del rescate.

El juez explicó que «puede suponer el riesgo de insolvencia definitiva de Plus Ultra, obligándola a dejar de operar y creando un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado».

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha exigido este martes un «incremento presupuestario» de las horas extraordinarias para «poder aumentar» el servicio de patrullas en verano debido a «la gran cantidad de incidencias» de incumplimiento de la normativa Covid-19 que se están produciendo en Andalucía.

Así lo ha explicado en declaraciones el portavoz nacional y secretario de comunicación provincial de Málaga de Jupol, Miguel Millán, quien ha asegurado que «hay un enorme número de botellones y masas descontroladas», lo que ha obligado a la Policía nacional a tener «un grupo especializado de intervención» de incidencias por coronavirus.

«Hemos pedido por escrito el incremento de presupuesto de las horas extra, ya que ahora mismo estamos dando el servicio como podemos, incluso con compañeros de prácticas que vienen de apoyo», ha señalado Millán.

En este sentido, el portavoz ha apuntado que el aumento de presupuesto «vendría muy bien» a nivel regional, ya que en la actualidad, «no hay respeto por las medidas» establecidas por la Junta de Andalucía en relación a la pandemia. «La juventud no respeta, parece que no tiene miedo de este virus, y pone en riesgo su salud y la del resto, además de impedir el descanso de los ciudadanos durante los noches por las aglomeraciones», ha indicado.

Millán ha asegurado que la Policía Nacional «necesita» trabajar conjuntamente con la Policía Local ante las concentraciones de personas debido a que «su presencia parece que no intimida». «En los altercados producidos por reuniones de 40 o 50 jóvenes, acaban riéndose de nosotros y salen corriendo porque no se respeta el rol de la autoridad», ha afirmado.

Del mismo modo, el portavoz ha recordado que la norma «es la herramienta de trabajo» de la Policía. «El hecho de que en algunas cuestiones se hayan decretado como inconstitucionales ciertas medidas, no da derecho al ciudadano al libertinaje, lo que hay que exigir es que la justicia se pronuncie con claridad ante la legislación», ha asegurado.

Por último, Millán ha indicado que la comunicación con el ciudadano es «difícil» y que la Policía «solo actúa» en los casos que lo requieren, ya que «primeramente informa» al ciudadano sobre las infracciones que está cometiendo.

POLICÍA MUNICIPAL «DESBORDADA»

Estos refuerzos no son un hecho aislado de la Policía Nacional. En este sentido, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla ha asegurado este martes que se ha tenido que «reforzar el servicio de noche con un total de diez patrulleros» debido a que «están desbordados» ante la «gran cantidad» de incidencias en Sevilla.

Así lo ha explicado en declaraciones el presidente del Sppme en Sevilla, Luis Val, quien ha asegurado que la Policía tiene que dedicar «todos los esfuerzos» al control de masas y de distancias sociales en los establecimientos, lo que supone «un peligro» porque se quedan «desprotegidos» otros puntos de la ciudad.

Por este motivo, la Policía municipal se ha visto obligada a reforzar el servicio con diez patrulleros «que tienen que abandonar su jornada de descanso». Según apuntan desde el sindicato, cada fin de semana se tienen que amonestar en torno a 1.000 y 2.000 personas por incumplimiento de normativa covid.

«Todos los fines de semana tenemos que cerrar bares en la capital por no respetar la normativa, ya sea por la cantidad de aforo o por la distancia entre clientes», ha concluido.

Vox ha reclamado este martes a la Junta de Andalucía que acabe con lo que ha descrito como «el modelo intervencionista» de acogimiento familiar, pronunciamiento que ha formulado la diputada de Vox por Cádiz en el Parlamento de Andalucía, Ángela Mulas, tras mantener una reunión con la Asociación Márgenes y Vínculos en Algeciras (Cádiz) para abordar el acogimiento familiar y los menores agresores.

Mulas ha expuesto su compromiso de estudiar el modelo de acogimiento, ya que «estamos de acuerdo con lo que nos traslada esta asociación, la administración no puede mantener un modelo intervencionista, un modelo de acogimiento que tape la necesidad de intervención de los padres o tutores», según ha informado este partido por medio de una nota.

«Son los padres los que tienen el derecho y la obligación de educar a los valores que ellos crean convenientes», ha remachado la parlamentaria de Vox.

La diputada gaditana de Vox en el Parlamento de Andalucía ha explicado que «vamos a estudiar la propuesta de potenciar la prueba pre constituida en los juzgados de menores para evitar la revictimización de los mismos en los procedimientos judiciales».

«Cada vez esta prueba es más necesaria porque cada vez son más los casos en los que hay que intervenir al respecto en la zona del Campo de Gibraltar», ha argumentado la parlamentaria de Vox.

Mulas ha explicado que «es fundamental que en cuanto al acogimiento de menores prime el familiar sobre el residencial. También que los menores con conductas de trastorno sean atendidos por centros especializados para tratar estas conductas y que puedan controlarse de cara a la edad adulta, de tal manera que no se agraven».

La parlamentaria de Vox ha mostrado su interés en este campo y ha asegurado que «desde el Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía vamos a estudiar todas estas propuestas que nos han sido trasladadas y que son el espejo de lo que sucede a día de hoy en las calles, no sólo del Campo de Gibraltar, sino también de otros rincones de Andalucía, de tal manera que podamos llevarlas como iniciativas al Parlamento de Andalucía».

«Esta zona debe ser atendida con especial urgencia ya que cada vez la situación es más preocupante, el Gobierno de Juan Manuel Moreno debe dejar de ponerse de perfil, como está haciéndolo hasta ahora, y actuar de inmediato», ha sostenido Ángela Mulas.

El Gobierno Vasco ha afirmado compartir las conclusiones emitidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que acoge «como un revulsivo para acelerar» su estrategia Basque Green Deal. En esta línea, ha urgido al impulso de la generación de energías renovables en todas sus modalidades, así como a la aceleración de la electrificación del transporte, y ha pedido a la ciudadanía «pasar a la acción sostenible» en sus hábitos cotidianos.

En un comunicado, desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente han explicado que la advertencia de «cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto» no ha sido acogida «con sorpresa» por el Gobierno Vasco y «la comunicación mundial de la primera entrega del Sexto Informe de Evaluación (IE6) del IPCC ha servido para oficializar las señales que se iban vislumbrando».

Por ello, el Ejecutivo de Euskadi asume esta notificación «como un revulsivo para acelerar las estrategias marcadas desde hace décadas y actualizadas en la presente legislatura 2020-2024».

La Consejería ha destacado que precisamente una de las novedades que aporta el Sexto Informe de Evaluación es la incorporación de un análisis más detallado del cambio climático a nivel regional, un enfoque que el Gobierno Vasco ha acogido «gratamente», teniendo en cuenta «la apuesta regional que lidera Euskadi para apoyar la adaptación local y el papel de los gobiernos autonómicos en la lucha contra el cambio climático», entre otras, desde la presidencia de la red internacional de desarrollo sostenible Regions 4.

En esta necesidad de conocer el detalle regional e incluso municipal del estado de situación del cambio climático, el Gobierno Vasco ultima la versión actualizada del Informe Kosta Egoki y, según ha anunciado, en septiembre se presentarán los escenarios climáticos más detallados realizados a nivel de Euskadi.

En todo caso, ha destacado Euskadi es «pionera» en el Estado al disponer de «un visor de escenarios climáticos donde se puede ver toda la información actualizada y detallada en alta resolución». Asimismo, ha apuntado que el informe del IPCC está en línea con los trabajos que actualmente se desarrollan en Euskadi respecto a escenarios climáticos, con la apuesta por una transición energética y las diferentes herramientas en curso para la adaptación al Cambio Climático.

Según ha indicado, el informe evidencia la necesidad de contar con «objetivos ambiciosos» respecto al cambio climático, «así recogidos en el documento base para la elaboración de la futura Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, cuyo proyecto será aprobado a finales de este año 2021».

Euskadi ha reducido en los últimos quince años las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 27% y el reto de la estrategia vasca hace suyo el objetivo de la UE de conseguir «una economía de cero emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero en el horizonte 2050.

El consumo energético es actualmente responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que también «una gran parte de las soluciones a la crisis climática vienen de la mano de las actuaciones que en materia energética debemos desarrollar para afrontar el problema», han advertido desde el Ejecutivo.

Por esta razón, ha urgido al impulso de la generación de energías renovables en todas sus modalidades (fotovoltaico, eólico, biomasa, hidrógeno, etc) y dimensiones posibles («desde parques eólicos con generación de alta capacidad hasta instalaciones de autoconsumo de pequeña dimensión»), así como a la aceleración de la electrificación del transporte. También ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para «sumarse al compromiso con esta apuesta a través de las acciones diarias y cotidianas».

ESTRATEGIA Y AGENDA

Desde el Ejecutivo han subrayado que, «tal y como deduce el panel de expertos internacionales, se necesita definir un nuevo modelo de desarrollo que Euskadi ha asumido en el marco de su estrategia Basque Green Deal tras la adhesión el pasado mes de mayo al Pacto Verde Europeo».

Se trata de un modelo de desarrollo «inclusivo y sostenible» con cuatro palancas de actuación con la tecnología y la industria como motor de cambio, entre ellas, una centrada en la transición energética con energías renovables en convivencia con el entorno y los recursos naturales.

Una segunda palanca está dirigida a la movilidad sostenible, atendiendo a las necesidades de su electrificación con uso de energía renovable y soluciones alternativas al consumo de combustibles fósiles.

También se busca la implementación de procesos de producción industrial «cada vez más sostenibles y responsable con la gestión de los residuos, con nuevas soluciones de economía circular y bioeconomía en la que el desarrollo tecnológico de Euskadi juega un papel determinante».

Asimismo, Euskadi refuerza su apuesta por «una alimentación kilómetro 0 y de calidad», con especial cuidado en el «despilfarro alimentario», una estrategia en la que el primer sector y la industria de transformación alimentaria «convivirán en la colaboración y máximo respeto».

En palabras de los responsables de la Consejería, «en definitiva, el Basque Green Deal se erige como una estrategia global que servirá para fortalecer la competitividad de la estructura productiva, e integrar los criterios medioambientales en todas las políticas sectoriales, no como un condicionante, sino como un factor competitivo para crear valor, y contribuir a superar las amenazas del cambio climático en Euskadi».

Por otro lado, ha señalado que Euskadi dispone de «una hoja de ruta en la apuesta por la transición energética y el cambio climático que será especialmente intensificada este próximo otoño».

De este modo, se prevé aprobar en septiembre el primer Plan actualizado de Economía Circular y Bioeconomía y a finales de noviembre el Consejo de Gobierno dará luz verde al proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático.

«Conscientes de que hace falta capilaridad en estas políticas», del 24 de septiembre al 3 de octubre Euskadi vivirá la segunda edición de Asteklima, la Semana del Clima y la Energía coordinada por entidades públicas EVE e Ihobe.

La iniciativa estará «plagada de pequeñas acciones de ámbito local» para dar a conocer las diferentes actuaciones realizadas por agentes implicados en la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de concienciar y movilizar a la ciudadanía frente a la necesaria transición energética y climática.

Asimismo, Euskadi participará en noviembre en el COP 26 que se celebrará en Glasgow y acogerá un acto en el marco de la Pre – COP 26 que tendrá lugar el 30 de septiembre.