Cerca de 900.000 estudiantes recibieron una beca o ayuda al estudio en el curso 2020-2021, un 10,78% más que el año anterior, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades en la jornada anual de difusión de becas celebrada con las comunidades autónomas y las universidades implicadas en la gestión de estas ayudas.

El incremento del 37,8% en el presupuesto destinado a las becas entre 2018 y 2021, el aumento de las cuantías fijas en 100 euros y la elevación del umbral 1 de la renta hasta equipararlo casi al de la pobreza, ha posibilitado, según ambos Ministerios, que cada curso crezca el número de alumnos que reciben una beca. Así, el pasado curso recibieron una beca 896.469 estudiantes, un 10,78% más que en 2019-2020 y un 14,3% más que en 2017-2018. Además, muchos de ellos, especialmente los de familias con ingresos más bajos, recibieron una cuantía mayor.

El objetivo de las reformas introducidas por el Gobierno es, según ambos Ministerios, que las becas lleguen a aquellas personas que más las necesitan, garantizar el derecho a la educación de todas y todos y combatir el abandono escolar por motivos económicos.

«Continuamos con el compromiso de mejora del sistema de becas que permita avanzar hacia una educación más inclusiva. La reciente reforma ha ampliado considerablemente el número de becarios que han accedido al umbral 1. En la próxima convocatoria, se hará un esfuerzo importante para adelantar la gestión de las becas que permitan reducir la incertidumbre de los becarios», ha señalado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

En los últimos años se han modificado también los requisitos académicos que permiten acceder a estas ayudas, fijando en un aprobado el acceso a la beca en niveles no universitarios. En esta misma línea, como novedad en la presente convocatoria, la nota mínima para acceder a una beca para un máster habilitante también será un cinco.

«Las medidas tomadas por el Gobierno han hecho posible que se haya duplicado el número de estudiantes universitarios que accedieron a una beca completa por renta, pasando de 90.006 becarios y becarias en el curso 2019-2020 a 172.492 en el curso 2020-2021, lo que supone un aumento de 88.486 estudiantes con cuantía fija ligada a la renta, avanzando así en la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación universitaria», ha destacado el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.

BECAS CURSO 2021-2022

A 15 días del cierre de la convocatoria de 2021-2022, un total de 724.671 estudiantes han solicitado ya una beca para este curso. De ellos, 390.401 pertenecen a niveles no universitarios, cuyo plazo finaliza el 30 de septiembre, y 334.270 a grado o máster, modalidad que permanecerá abierta hasta el 14 de octubre.

La previsión para esta convocatoria, a la que se han destinado 2.038 millones de euros (un 39,6% más que en 2018), es que el número de estudiantes receptores de una beca ronde los 850.000 (sin contar las ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales), lo que supone «una cifra récord», según ambos Departamentos.

NOVEDADES BECAS 2022-2023

Durante la jornada, el secretario de Estado de Educación y el secretario general de Universidades han informado además de los avances en la reforma de la gestión administrativa que permitirá adelantar varios meses la solicitud de las becas.

Esta medida, una de las principales novedades en la próxima convocatoria 2022-2023, permitirá a los estudiantes saber antes del inicio del curso si cumplen o no los requisitos económicos para recibir estas ayudas.

Ambos Ministerios trabajan también con las comunidades autónomas en la creación de un portal común que acoja las distintas convocatorias de becas estatales y autonómicas para facilitar a los ciudadanos la búsqueda de estas ayudas al estudio, atendiendo así una reclamación histórica de las asociaciones de estudiantes.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha recibido este miércoles a las puertas del Palau de la Generalitat, ya en el interior, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reiniciar la mesa de diálogo con la que sus respectivos Gobiernos intentarán buscar una solución al denominado conflicto catalán.

Previamente, a su llegada a la Plaza de Sant Jaume en la que se encuentra la sede de la Generalitat, Sánchez ha sido recibido con honores por el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

De este modo, Aragonés estaba ya esperándole en el interior del Palacio, donde se han saludado con el gesto de la mano en el pecho, y han pasado revista a la guardia de gala de los Mossos d’Esquadra en el Patio de los Carruajes. Tras ello, han mantenido una breve charla durante unos minutos y han posado ante los fotógrafos.

El presidente del Gobierno ha llegado al Palacio Generalitat a las 15.00 horas para reiniciar junto al presidente catalán la mesa de diálogo que lleva más de un año en suspenso, tras el primer intento fallido que hubo de impulsar este instrumento en febrero de 2020.

La primera cita de esta jornada es una reunión a solas entre ambos, y posteriormente está previsto que presidan las respectivas delegaciones, aunque su intención es participar en el arranque de la mesa, informar de las conclusiones de su reunión, y dejar después que sigan trabajando los equipos, ya sin su presencia.

Por parte del Gobierno, además de Sánchez, asisten a la mesa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado de coordinar los trabajos; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el de Cultura, Miquel Iceta, mientras que la delegación catalana está compuesta por Aragonès y los consellers Laura Vilagrà y Roger Torrent, después de que el presidente catalán dejara fuera a Junts de la mesa al rechazar su propuesta de nombres.

El Gobierno acude este encuentro con optimismo, convencido de que puede servir para avanzar en su estrategia de «reencuentro», y resta importancia al enfrentamiento que protagonizan los socios del Govern, que ha llevado a Aragonés a sacar a Junts de la mesa de diálogo.

Para el Gobierno, la mesa sigue teniendo plena legitimidad, dado que en ella estará el propio presidente catalán y ERC, el partido con el que idearon este instrumento a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez en enero de 2020, y cuya alianza han reforzado desde entonces.

Aún así, este segundo intento de impulsar la mesa de diálogo no llega en las mejores condiciones, ya que el Govern vive su mayor disputa interna desde su conformación en mayo de este año, tras la decisión de Aragonés de excluir a Junts por el empeño del partido de Carles Puigdent de sentar a la mesa a personas ajenas al Ejecutivo, entre ellos, a dos de los condenados por el procés que fueron después indultados.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que declare nula la pieza separada número 28 de ‘Tándem’, que indaga en la presunta venta de información en poder del ex agente, porque habría partido de una denuncia falsa y estaría plagada de ilegalidades, advirtiendo de que en caso contrario esa línea de investigación podría acabar contaminando toda la macrocausa.

En un escrito de 106 páginas, Villarejo acusa al dueño de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, de formular sendas denuncias falsas en junio de 2020 que, al ser validadas por Asuntos Internos, desencadenaron la apertura de dos nuevas piezas de ‘Tándem’, la 28 y la 27, donde se investiga si el otrora policía fabricó pruebas para forzar el registro de dicha agencia en 2013 y apoderarse así de la información sensible que tenía.

Según Villarejo, Marco estaría «a sueldo del clan Pujol» y la Unidad de Asuntos Internos y el CNI habrían dado cobertura a ese «engaño» por una «venganza» personal contra el comisario. Con ambos organismos mantuvo «las mejores y más profusas relaciones», debido a su trabajo como agente de Inteligencia, hasta que decidió poner por escrito las irregularidades que fue observando, explica.

«El origen de esta causa fue castigar a nuestro defendido, por ser un ‘elemento incontrolado’ para (el entonces jefe del CNI Félix) Sanz Roldán que, lejos de obediencia ciega, a la mínima duda cuestionaba las órdenes y advertía de los riesgos, y por haberse atrevido a denunciar lo que creía era su obligación, como ante el Tribunal Supremo», sostiene.

SU MUJER Y DOS PRESOS

Villarejo culpa a Marco, Asuntos Internos y el CNI de confeccionar «un relato tóxico y de ficción» para el «montaje» de esta pieza 28, donde se investiga si, estando en prisión provisional, y a través de su mujer, Gemá Alcalá, y con la ayuda de dos presos, ofreció al mejor postor parte de la información que manejaba después de años de servicio en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

De acuerdo con el agente retirado, la denuncia de Marco sería ilegal porque se basaría en información que éste habría obtenido investigando al propio Villarejo, cuando «un detective privado no puede bajo ningún concepto investigar delitos públicos y menos aún cuando ya existe un sumario y un preso».

Y, además, sería «falsa» porque esta «red de venta de secretos» sería «imaginaria» y, en consecuencia, su mujer no podía ser su «coordinadora», explicando en este sentido que las «escasísimas conversaciones» que tuvo con esos dos presos que habrían ejercido de intermediarios fueron para saber cómo estaba su marido en la cárcel.

En todo caso, pone de relieve que dichos reclusos habrían estado teledirigidos por el CNI. Según Villarejo, uno de ellos «fue el encargado por el CNI de permanecer en la misma celda que el general venezolano Hugo Carvajal, viéndose fuera ambos, estando en libertad».

Prueba de que se trata de una «patraña», esgrime, es que «Asuntos Internos, de manera obscena e impresentable, con el falaz argumento de ‘problemas técnicos’, no las reproduce e incluso con descaro omite durante largo tiempo que existen los ‘fallos técnicos’ que misteriosamente no se detectaron» en su momento.

UNA INVESTIGACIÓN «PERSECUTORIA»

Así las cosas, Villarejo avisa al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de que esta mácula en el origen de la pieza 28 podría acabar afectando al resto de ‘Tándem’, la macrocausa dedicada a los muchos y variados negocios del comisario que se desgrana en más de una treintena de piezas separadas.

En este sentido, recuerda que, con la «excusa» de la 28, se hizo un nuevo registro en octubre de 2020 en el que se incautaron otros 13 diarios suyos cuyo contenido ha nutrido al resto de piezas.

De ahí, razona el policía jubilado, que «las ilegalidades del denunciante» y «la complicidad del CNI y, por ende, de Asuntos Internos» repercutan en ‘Tándem’, que podría «verse contaminada y/o comprometida irremisiblemente».

Además, insiste en que «el verdadero sentido de la ‘Operación Tándem’ es todo un puro artificio», reprochando a los investigadores que «no se quiere ir al fondo, merodeando siempre por cuestiones colaterales», lo que –a su juicio– «desdibuja continuamente la verdadera razón que dio origen a esta causa persecutoria».

No obstante, avanza que en el primer juicio de ‘Tándem’, que comenzará el próximo 13 de octubre por las piezas ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, «aportará las pruebas que ahora se le niegan», reiterando que ha estado «encarcelado no por el peligro de destruir pruebas, sino por el temor de que pudiera aportarlas y, con ello, se desenmascare a quienes organizaron su prisión para silenciarlo».

A este respecto, subraya que «se ha utilizado la causa ‘Tándem’ como soterrado campo de enfrentamiento entre miembros del Gobierno actual, de igual manera que ya lo fue en la época del presidente Rajoy».

DECLARACIÓN VOLUNTARIA Y TRES CAREOS

Con todo, el comisario insta a anular la pieza 28, «así como todas y cada una de las consecuencias que ha propiciado el reparto generalizado y gratuito del contenido de los diarios personales». Pero, en el caso de que el juez decida seguir investigando, se ofrece a declarar voluntariamente en la Audiencia Nacional.

En este escrito, fechado el 1 de septiembre, interesa también que Marco declare como investigado y que él pueda interrogarlo, así como se que se analicen sus teléfonos, ordenadores y otros dispositivos para «probar sus contactos con el independentismo, el CNI y Asuntos Internos».

Villarejo quiere asimismo que comparezcan los agentes de Asuntos Internos implicados y propone tres careos: uno con esos dos presos; otro con «los ex altos cargos del Ministerio de Interior que han mentido a cambio de no ser acusados» y un tercero con los responsables del CNI que han trabajado con él.

Aprovecha además para volver a pedir que se le devuelvan sus agendas y el resto del material incautado, si bien aclara que «va a seguir colaborando, pese al daño moral, mental y físico sufrido por los años gratuitamente encarcelado y las importantes secuelas causadas por ello, de las que jamás podrá recuperarse».

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha resuelto incluir en la condición de investigados al que fuera presidente de la multinacional tecnológica Abengoa entre 1991 y 2015, Felipe Benjumea; a Jesús Ángel García-Quílez por su papel como director financiero de la entidad y a Gonzalo Gómez García como director general de la filial de la empresa Instalaciones Inabensa; en la investigación incoada por presuntas irregularidades y delitos en el desarrollo del proyecto Ave Meca-Medina.

En un auto emitido el pasado 7 de septiembre, avanzado por El Confidencial, difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla aborda las actuaciones derivadas de una querella promovida por la Asociación de Perjudicados de Abengoa, una multinacional actualmente en concurso voluntario de acreedores tras no prosperar su última operación de reestructuración, al acumular a cierre de 2019 una deuda global de aproximadamente 6.000 millones de euros.

La mencionada querella de la Asociación de Perjudicados de Abengoa, según precisa el juzgado, señala presuntos delitos de falsedad de las cuentas de las entidades Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial e Instalaciones Inabensa, ambas filiales de la multinacional sevillana, «afirmando que se habrían manipulado de forma deliberada los márgenes de los proyectos y los costos incurridos en los mismos», avisando en paralelo de posibles delitos derivados de la «emisión de facturas ficticias en las contratos simulados y un delito de alteración o manipulación del flujo de caja con el mismo fin de ocultar la realidad económica real».

Según el juzgado, el «objeto real» de la causa es «el esclarecimiento de sí ha existido manipulación o falseamiento de las cuentas de las entidades a las que se refiere la denuncia, relacionadas con los proyectos del Ave Meca-Medina, realizados por el departamento de Ferroviaria y que habría tenido como objeto la instalación de cableado de catenaria, para la alimentación del tren Ave Meca-Medina; y la construcción de subestaciones eléctricas para transformar la alimentación suministrada a la catenaria» y otras instalaciones del mencionado tren.

LAS FACTURAS DE NICSA

Igualmente, la investigación está destinada a comprobar «si hubiera existido alguna simulación relacionada con las facturas emitidas por la empresa Nicsa, que a su vez es también filial del grupo Abengoa».

En el marco de dicha investigación judicial, la acusación particular ejercida por la Asociación de Perjudicados de Abengoa solicitó el pasado 2 de septiembre la inclusión como investigados del expresidente ejecutivo de Abengoa Felipe Benjumea; del exdirector financiero de la entidad Jesús Ángel García-Quílez y de Gonzalo Gómez García como director general de Instalaciones Inabensa; reclamando además la práctica de una serie de diligencias de investigación.

Ante ello, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla considera que «no resulta exótico o improcedente que pueda igualmente trasladarse la condición de investigados a los tres responsables ejecutivos de las mercantiles Abengoa e Inabensa a los que se refiere la solicitud, evitando de esta forma que puedan efectuarse alegaciones incriminatorias por testigos u otros implicados de los que no tengan ocasión de defenderse».

INVESTIGADOS LOS TRES

Es por ello que mediante este auto, dicha instancia judicial acuerda «dar traslado» a Bemjumea, Jesús Ángel García-Quílez y Gonzalo Gómez García, «de su condición de investigados por su participación en un presunto delito societario de falseamiento de cuentas en relación con las irregularidades en las que se hubiera incurrido en el desarrollo del proyecto Ave Meca-Medina».

El señalamiento de sus citaciones, no obstante, se subordina a «la elaboración del informe pericial acordado a fin de tener una completa delimitación de las irregularidades objeto de denuncia, sin perjuicio de que puedan antes instar voluntariamente su comparecencia».

De otro lado, el juzgado no acepta la mayoría de las pruebas solicitadas por la Asociación de Perjudicados, salvo la testifical de una persona responsable de la auditoría interna de Abengoa, a quien se le cita como testigo el 26 de noviembre de 2021 a las 9,30 horas, «a fin de que pueda ser interrogada sobre las actuaciones emprendidas desde el departamento de Auditoría Interna de Abengoa, con relación a la investigación interna derivada de la denuncia del testigo L.M.V.».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado el «éxito clínico y jurídico sin precedentes» al obtener la primera sentencia del Tribunal Supremo que avala el uso del certificado covid-19, algo que ha atribuido a la «documentación y acreditación» adecuadas y a la «correcta» delimitación del «territorio exigible».

En este nuevo escenario, Feijóo ha esperado que ahora el Gobierno central, contra el que ha arremetido por no atender esta petición de Galicia con anterioridad, «incorpore a la legislación la exigencia del certificado covid en los momentos de contagios superiores o determinadas actividades para que se hagan sin límite y volver a la actividad económica» plena.

De hecho, el mandatario autonómico ha reconocido que la incidencia de la covid-19 actual en Galicia no es la que se correspondería con la exigencia del certificado, pero ha avanzado que se estudiará cómo aplicar la sentencia que «avala al mil por cien» la postura de la Xunta.

«Aplicaremos la sentencia en el caso de que vuelvan a subir los índices de contagio en aquellos territorios donde los índices estén altos», ha explicado Feijóo, quien ha recordado que en Galicia ahora «no hay un índice suficiente» para ejercitar esta petición.

En su intervención ante los medios, Feijóo ha remarcado que la sentencia «es muy clara» y «considera la exigencia del certificado covid en momentos de incremento de contagio y lugares de incremento de contagio» como la «solución más necesaria, proporcionada y más idónea que las autoridades pueden implementar».

«El TS viene a dar la razón a los que hemos creído que el certificado covid no solo vale para subirse a un avión y, por lo tanto, ha de servir para otras muchas finalidades, para acreditar seguridad sanitaria, tanto para las personas que entran en una sala abierta al público como las personas que trabajan» en ellos, o en un hotel o restaurante.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Feijóo ha lamentado que la Xunta «no ha tenido el acompañamiento del Gobierno» y que en la última conferencia de presidentes celebrada en Salamanca, cuando él mismo defendió su uso –y obtuvo el respaldo de varias comunidades–, el Gobierno lo «rechazó por entender que perjudicaba a la población». «Acredita que el Gobierno, una vez más, se ha equivocado en lo que a legislación se refiere», ha apostillado.

«Lo que viene a decir (el TS) es que los beneficios superan mucho las dificultades de obtener el certificado», ha apuntado, a lo que ha añadido que además se incorporaba también la posibilidad de encontrarse en situación de inmunización natural (por haber superado la covid) o poder presentar un test negativo.

«Si esto lo hubiésemos tenido en España en el último año, la hostelería española hubiese recuperado miles de millones de euros y el turismo español hubiese atraído mucha más gente durante la temporada estival», ha deducido Feijóo. «Si en vez de perjudicarnos, nos hubiese ayudado a gestionar la pandemia, sin duda hoy por hoy España tendría muchísimas más divisas y muchísimo más turismo», ha remarcado.

RUEDA SUGIERE EL OCIO NOCTURNO

Por su parte, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó también el «respaldo» a la tesis del Gobierno autonómico que decía que «en determinadas circunstancias», el certificado covid es «una herramienta útil y procedente».

Además, ha considerado que es una «herramienta «útil para las negociaciones que están en marcha» con respecto al ocio nocturno, por ello ha apuntado que la Xunta va a estudiar «hasta qué punto se puede usar y hasta qué punto es procedente». «Vamos a ver qué uso más amplio, especialmente en protocolos que están por cerrar», ha apostillado, sugiriendo un posible uso para el ocio nocturno a estudiar.

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la moción de Vox que proponía prohibir los indultos a los condenados por rebelión y sedición después de que el Ejecutivo concediera la medida de gracia a los presos del ‘procés’. La iniciativa, que ha contado con el apoyo del PP, ha sido desestimada con los votos del PSOE y Unidas Podemos, las formaciones independentistas, Más País, Compromís y el BNG.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha defendido la moción desde la tribuna para pedir una reforma del Código Penal y de la Ley del Indulto, entre otras cosas, para que la violencia y el alzamiento tumultuario fuesen agravante del delito de sedición –en lugar de condicionante– y para que los condenados por este tipo de delito no pudiesen ser beneficiados con la medida de gracia.

También ha pedido incluir en la lista a los condenados por delitos de terrorismo, de financiación ilegal de los partidos políticos, o delitos contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como delitos contra a la Constitución, las instituciones del Estado, la Comunidad Internacional; de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional.

En el marco de su moción, Vox además ha defendido eliminar los beneficios penitenciarios –como permisos de salida y calificaciones de tercer grado– a quienes cumplieran penas por delitos de sedición y rebelión.

«MOCIÓN DE HUMO»

En un debate marcado por la mesa de diálogo sobre Cataluña que se celebra este miércoles, desde Unidas Podemos el diputado de En Comú Joan Mena Arco ha tachado de «moción de humo de la ultraderecha» la iniciativa presentada por Vox.

Ha defendido la decisión del Ejecutivo de indultar a los condenados del ‘procés’ y ha asegurado que esta medida de gracia es la «expresión más clara y contundente de que el diálogo es la única vía posible» para «recuperar la convivencia territorial».

El diputado del PSC José Zaragoza ha acusado a Vox de querer «volver al régimen franquista y cambiar la Constitución de facto». Según ha dicho, el partido liderado por Santiago Abascal no quiere justicia, sino «venganza para continuar con la espiral del odio».

«La ley contempla los indultos», ha dicho tras insistir en que desde el PSOE defienden «cumplir con la Constitución entera». «No somos unos insumisos constitucionales como el señor (Pablo) Casado», ha señalado en referencia a la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial.

«LOS INDULTOS NO RESUELVEN EL CONFLICTO»

Junts y ERC han criticado abiertamente la moción. Ante la pregunta de cuáles son los «motivos reales» de los indultos concedidos por el Gobierno, el diputado Josep Pagès, de Junts, ha defendido que responden a la decisión de la Justicia alemana de no entregar al expresidente catalán Carles Puigdemont y al informe del Consejo de Europa sobre España. «Se deben a la necesidad del gobierno español de salvar la cara del poder judicial español», ha señalado.

En el marco de su intervención, la diputada de ERC Montserrat Bassa ha remarcado que «los indultos no resuelven el conflicto con Cataluña» y que son un «gesto» y un «reconocimiento de que las penas fueron injustas». Así, ha avisado de que este tipo de medidas no serán una solución mientras «haya manifestantes a los que se le aplique una Ley Mordaza» y un Tribunal de Cuentas que «persigue» a los líderes independentistas o mientras Puigdemont y sus exconsellers permanezcan en el «exilio».

Bassa ha asegurado que «la represión no va a poner fin al independentismo» y ha hecho un llamamiento para que se «pongan las urnas» en Cataluña. «O referéndum o desobediencia civil masiva contra el Estado», ha dicho.

Por su parte, el diputado del PDeCAT Genis Boadella ha insistido en que los indultos son una forma de hacer política y que son «la vía necesaria» para poder «hablar».

«SÁNCHEZ HUBIESE VOTADO A FAVOR»

El diputado del PP Carlos Rojas García ha tomado la palabra para insistir en que los indultos a los presos del ‘procés’ «están fuera de la ley» porque «no son morales ni legales» y ha asegurado que los actos de violencia en Cataluña son «fruto» de la «sensación de impunidad» derivada de la medida de gracia concedida por el Ejecutivo.

Desde Ciudadanos, el diputado Edmundo Bal ha aprovechado su intervención para recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en campaña que no iba a conceder la medida de gracia a los líderes independentistas. «Me ofende grandemente los indultos cuando se ataca a jueces y fiscales que han sido el último dique de contención», ha dicho.

El diputado de UPN Carlos García Adanero se ha mostrado en favor de la iniciativa y ha asegurado si esta moción la hubiese presentado Vox antes de las elecciones, «Sánchez la hubiese votado a favor».

LA INICIATIVA

El debate ha tenido lugar este miércoles después de que Vox presentara ante el Congreso el pasado 24 de junio su moción consecuencia de interpelación urgente sobre «los motivos reales en virtud de los cuales se conceden los indultos a los condenado por la sentencia firme 459/2019 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin concurrir las causas legales para ello».

El partido liderado por Santiago Abascal sostiene que los «motivos reales» de la concesión de los indultos son de «puro interés personal y político del Gobierno» y que pretenden «asegurar el mandato» del presidente Pedro Sánchez «a cualquier precio», así como «lograr que sus medidas e iniciativas tengan el apoyo parlamentario con sus socios de investidura».

En este sentido, Ortega Smith ha recordado el informe presentado por el Tribunal Supremo sobre la propuesta del Ejecutivo de conceder los indultos. Asimismo, ha hecho reprochado la actuación del Gobierno en la mesa de negociación con Cataluña. «Después de 40 años de concesiones, qué más se puede ceder con quienes abiertamente han dicho que volverán a pisotear la Constitución», ha dicho.

Los diputados de PP, Ciudadanos, Foro Asturias y UPN también se han manifestado en contra de la reunión de este miércoles.

La dirección nacional del PP se volcará en mostrar su rechazo al homenaje que va a recibir el sábado el etarra Henri Parot con su presencia en un acto en Arrasate (Güipúzcoa) de apoyo a las víctimas organizado por el PP vasco. Ese mismo día, diferentes miembros del partido darán su apoyo a la Asociación de Víctimas del Terrorismo en los homenajes a víctimas de ese preso de ETA que van a realizar en diferentes ciudades, como Madrid, San Sebastián, Zaragoza y Granada.

En concreto, el PP vasco está organizando en la localidad guipuzcoana un «acto de desagravio» a las víctimas del Terrorismo ante el «homenaje de los batasunos» a Parot, convocado por la red ciudadana Sare. El acto consistirá en una concentración en la fábrica en la que estuvo secuestrado el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

A esta convocatoria acudirán la vicesecretaria de Organización del partido y presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, y el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que arroparán a una treintena de cargos públicos del PP en esta región. También asistirá la presidenta nacional de NNGG y diputada nacional del PP, Beatriz Fanjul.

En declaraciones, Beltrán ha señalado que el PP nacional no puede «mirar para otro lado» ante la «humillación que supone el homenaje a Parot, «asesino de 39 personas», y que «atenta contra la memoria de las víctimas del terrorismo y los cimientos de la democracia».

La dirigente del PP ha subrayado que su partido «nunca va a dejar solas a las víctimas ni va a olvidar lo que la banda terrorista les ha hecho». «Y un partido como Bildu-Batasuna sigue amparando los asesinatos. No se puede consentir estos homenajes que ya se realizan con muchísima frecuencia», ha enfatizado.

En este punto, ha indicado que el PP ha solicitado en muchas ocasiones en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que busque la «fórmula para que dejen de producirse esos homenajes» a presos de ETA.

«No se puede estar cruzado de brazos, viendo como día tras día se humilla a quien tanto dolor y sufrimiento llevan padecido por haber sido víctimas de la banda terrorista», ha manifestado, para añadir que tanto en Navarra como en el País Vasco son frecuentes esos homenajes a etarras que «siguen estando orgullosos de serlo y son recibidos como héroes».

MÁS ACTOS EN OTRAS CIUDADES

Ese mismo día 18 de septiembre, los diputados y víctimas del terrorismo Jaime Mateu y Teresa Jiménez Becerril, participarán en Madrid en la ofrenda floral de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). A este homenaje a las víctimas de Parot también acudiría la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, y la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy.

Paralelamente, desde las direcciones regionales del PP se respaldarán las ofrendas y actividades que ese mismo día organizará la AVT en otras ciudades como Zaragoza, Granada y San Sebastián, según han informado fuentes ‘populares’.

Seo/BirdLife ha presentado este miércoles 15 de septiembre la ‘Guía de Aves de Cortijo Guadiana’, en la que documenta hasta 114 especies de aves de distintos ambientes tras siete años de trabajos de seguimiento científico en las casi 1.800 hectáreas de olivar, monte y ribera en la finca Cortijo Guadiana, en la provincia de Jaén.

La guía, elaborada en colaboración con la empresa productora de Aove Castillo de Canena, muestra indicaciones referidas al momento del año y la zona donde es más probable la observación de cada especie, mapas de distribución de las mismas, un código ético del observador de aves y 230 ilustraciones del artista de naturaleza Juan Varela, ha indicado la ONG.

La organización considera «sorprendente» el potencial del olivar para albergar tantas especies, ya que la cifra representa más del 85 por ciento de las especies que conviven en el Parque Nacional de Guadarrama, o más del 60 por ciento de todas las especies de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Concretamente, la finca cuenta con un considerable número de especies reproductoras que instalan sus nidos en las ramas de los olivos, como es el caso de verderones, verdecillos y jilgueros; de mochuelos, abubillas y carboneros; o de perdices, chotacabras, buitrones y cogujadas.

Además, durante el otoño, en el olivar aparecen especies de aves migratorias como los mosquiteros, alcaudones, papamoscas y currucas. También aparecen las primeras aves invernantes, como la curruca capirotada, el petirrojo, el estornino pinto y el zorzal, la lavandera blanca o el bisbita común. El gavilán o diferentes aves rapaces acuden también a los olivares, aseguran desde SEO/BirdLife.

Igualmente, en el olivar conviven diferentes especies relacionadas con la vegetación fluvial como los zarceros, las tarabillas, las oropéndolas o los autillos; otras de mayor tamaño como el cormorán grande, la garcilla bueyera, la garza real o el azulón, u otras que buscan cobijo en los cortijos o en otras construcciones. Además de contar con varias especies amenazadas como alzacola rojizo, el alcaudón real y la tórtola europea.

Además, de esta biodiversidad la empresa colaboradora ha destacado que la presencia de estas aves hacen que la materia prima (aceituna) tenga una calidad ambiental, que según AOVE «resulta ser un excelente alimento, sano y nutritivo, libre de residuos tóxicos».

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha subrayado que la guía «es un extraordinario ejemplo de que es posible, rentable y necesario, desarrollar alianzas y acuerdos con agricultores y empresarios. «Trabajar para conseguir olivares más vivos es avanzar por conseguir mejores aceites, más sanos, más sabrosos, más sostenibles, tejiendo una red que vincula productores orgullosos de su labor en pro de un entorno más saludable, consumidores más satisfechos y más aves», ha dicho.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscan actualmente por el extrarradio de Madrid a un menor de 15 años de edad vecino de Morón de la Frontera (Sevilla) y que sufre una discapacidad física, después de que su madre saliese de viaje llevándole consigo y fuese localizada en la provincia de Segovia «desorientada», dando explicaciones «inconexas».

Según fuentes cercanas a la investigación, la madre, en pleno brote psicótico derivado de la grave enfermedad mental que sufre, habría dicho a los agentes que su hijo «se le murió» y que por eso «lo tiró a un contenedor» en algún punto de la Comunidad de Madrid que no ha sabido o querido concretar.

El asunto gira en torno a un matrimonio de Morón con dos hijos a su cargo, una joven de 18 años, a la que habría echado de casa hace unos días, y un adolescente de 15, el ahora desaparecido, que padece una discapacidad y va en silla de ruedas. Los miembros del matrimonio se habrían separado, contando la mujer al comienzo de la separación con la custodia de los dos hijos.

El asunto se destapó cuando esta mujer detuvo su coche el lunes por una avería tras quedarse sin gasolina en el kilómetro 130 de la A-1, en la provincia de Segovia. El operario de la grúa que llegó al lugar comprobó el grave estado mental por el que pasaba, por lo que llamó a la Guardia Civil. Los agentes al encontraron «desorientada» y manifestando declaraciones «inconexas» a los funcionarios.

Entonces, llamaron a su familia, que les confirmó que padecía una enfermedad psiquiátrica, por lo que deducen que hacía tiempo que no tomaba la documentación. Inmediatamente, preguntaron por su hijo adolescente, pero no estaba con ella. Sí llevaba en la silla adaptada en su coche y alguna ropa y enseres de él. Tras las preguntas, la madre aseguró a los guardias que «se le había muerto y que había tirado su cuerpo a un contenedor de Madrid».

A cuenta del estado de la mujer, fue trasladada a un centro hospitalario de Segovia para recibir asistencia médica, contactando la Guardia Civil con el padre del mejor y expareja de la mujer, para interesarse por el paradero del chico.

VISTOS EN UN HOTEL

Ante el relato de la mujer, el padre acudió el mismo lunes a la comisaría de la Policía Nacional de Morón para formular una denuncia por la desaparición del chico. La familia no cree que matara al chaval porque era «el centro de la vida» de su madre y le quería mucho.

Fruto de todo ello, policías nacionales de Morón visitaron la vivienda de la mujer, averiguando que la misma se habría deshecho de enseres y se habría marchado el pasado domingo por la tarde de la localidad sevillana llevando al chico con ella.

A partir de ahí, y según las pesquisas de los agentes, habrían pasado la noche del domingo en un hotel de Talavera de la Reina (Toledo), donde ambos fueron vistos y reconocido claramente por el gerente de ese establecimiento, que no vio cómo ni el momento concreto en el que dejaron la habitación.

En teoría, desde allí habrían proseguido su viaje hacia Madrid. Por ello, los agentes han iniciado un rastreo de la zona de la A-5 por la que la mujer podría haber llegado a la capital. Concretamente, han revisado zonas cercanas a esa autovía por Móstoles y Alcorcón.

Asimismo, han revisado varias cámaras de videovigilancia, aunque con la dificultad añadida de que el vehículo de la madre tiene los cristales posteriores tintados. Asimismo, están analizando el geoposicionamiento de su teléfono móvil esos días.

Aunque no creen la totalidad del testimonio de la progenitora, a la vista de que han pasado ya varios días desde la desaparición, esperan una cierta recuperación en el hospital para poder sacarla temporalmente y pueda dar a los agentes ‘in situ’ pistas de lo ocurrido para localizar al menor discapacitado.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, cree que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, que decidió ampliar el aforo en los estadios de fútbol del 30 al 60% rechazando el criterio del Gobierno vasco, «ha abrazado las posiciones más antiautonómicas».

Erkoreka ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bilbao junto con la directora de Tráfico, Sonia Díaz de Corcuera, para presentar el nuevo Plan Estrátegico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2025.

El vicelehendakari ha asegurado que la resolución «no les gusta» «discrepan radicalmente de ella en lo político y en lo jurídico», pero la respetan y se acatará.

El consejero vasco ha indicado que «no es la primera vez» que se encuentran con una resolución dictada por esta Sala que no les gusta, «ni su contenido jurídico ni tampoco en lo que entraña de limitación en el terreno ya político para actuar con responsabilidad a unas instituciones públicas que tienen frente a sí el inmenso desafío de afrontar nada menos que una pandemia».

El vicelehendakari ha añadido que esta Sala se ha caracterizado el último año «por sumarse a las posiciones más antiautonómicas del panorma comparado». Según ha manifestado, ha habido resoluciones «muy diferentes» por parte de los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas en relación a las medidas establecidas para luchar contra la pandemia con «contenido restrictivo y limitativo de derechos.

«Pero las posiciones más antiautonómicas son las que ha abrazado esta sala de este tribunal» y ha añadido que «en muchos casos, han sido abiertamente desautorizadas incluso por el Tribunal Supremo en su jurisprudencia».

Erkoreka ha reiterado que, no es voluntad del Gobierno vasco, interponer «recurso alguno». «Es voluntad del Lehendakari no judicializar más esta cuestión y actuar en cada momento en el marco de lo que resulta legalmente posible y lo que permiten las instituciones», ha manifestado.

Erkoreka ha indicado que hace «suyas» las palabras del portavoz del Gobierno vasco cuando decía que, con esta incertidumbre e inseguridad jurídica resulta «francamente difícil, objetivamente difícil afrontar con eficacia la lucha contra una pandemia».

El consejero ha aludido a las «deficiencias» que, a su juicio, constata como jurista en el auto y ha asegurado que «despacha en muy poco tiempo una abundante documentación» que le ha sido remitida por la representación judicial del Gobierno vasco, unos 800 folios, que requerían «para sus análisos conciencizudo un cierto tiempo». «Obviamente por el margen temporal que se ha dictado la resolución no ha sido objeto de análisis con el rigor correspondiente», ha añadido.

A su juicio, el auto hace una lectura «defectuosa» del alcance y contenido del acuerdo adoptado en su día por el Consejo Interterritorial de Salud, que no establece un aforo de 60%, sino que dice que «puede ser hasta de un 60%». Según ha indicado, en ese marco se han adoptado por parte de otras comunidades autónomas decisiones que se sitúan por debajo de ese nivel.

Asimismo, ha asegurado que llama la atención la capacidad que se atribuye el tribunal «para hacer valoraciones de tipo sanitario» cuando las decisiones del Gobierno vasco están avaladas por una comisión técnica integrada por especialistas médicos, biólogos, personalidades especializadas en pandemias.

En este sentido, ha aludido al hecho de que «alegremente, sus decisiones puedan ser suplantadas por una decisión de un tribunal que carece de formación biológica o epidemiológica» y tampoco «consta que haya recabado un dictamen especializado».

A su juicio, desde el punto de vista jurídico, se le podrían hacer «muchas objeciones», pero, «más allá de eso», ha insistido en que resulta «francamente difícil» una gestión de este tipo».

Sobre cómo se organizará esa ampliación de aforo, ha indicado que, como la resolución no va a ser objeto de recurso, ese será el marco en el que «necesariamente se van a desarrollar los partidos de la Liga este fin de semana y los próximos en Euskadi», de manera que el aforo en los campos será del 60%, al menos, en los afectados por la resolución.

Erkoreka ha indicado que hay una «primera labor» que tienen que llevar a cabo los clubes de fútbol, ya que el 60% en el interior de los campos no se puede distribuir «arbitraria o caprichosamente». Según ha manifestado, no sería «respetuoso con la normativa sanitaria» que «todos se concentrarán en la misma zona».

Por lo tanto, ha señalado que hay, en primer lugar, una tarea de determinar la distribución de ese 60% del aforo a lo largo del campo y corresponde «en primer lugar a los propios clubes», que son los que «van a decir cómo se situarán cada una de las personas que acudan al estadio».

Posteriormente, esa propuesta tendrá que ser sometida «al criterio y a la autorización» de las autoridades de salud pública, y, una vez obtenida esa autorización, la labor de la Ertzaintza «se limitará a garantizar el efectivo cumplimiento de ese marco».

En relación al exterior, que es la vía pública, está en vigor el marco normativo general concerniente a la vía pública, que establece que cuando no es posible mantener una distancia de metro y medio entre unas personas y otras, es obligatoria la mascarilla y hay que procurar que la distancia física «sea la mayor posible» para evitar el contagio.

«Todo eso está en vigor, no está alterado por el hecho de que se haya dictado el auto ayer por parte del TSJPV y ese marco será objeto de inspeccion y control por parte de la Ertzaintza a efectos de garantizar que esas medidas se respeten», ha agregado.

IE Business School mantiene su posición como mejor escuela de negocios del mundo en emprendimiento y ocupa la sexta posición de Europa en el ranking 2021 que publica este miércoles Bloomberg BusinessWeek.

El ranking norteamericano evalúa más de 20.000 encuestas realizadas a alumnos y graduados MBA, y reclutadores de empresas presentes en todo el mundo, así como datos sobre retribución y empleabilidad proporcionados por las escuelas de negocios.

Según informa la institución académica, el International MBA de IE Business School es un programa full-time, inmersivo, de un año de duración, que cuenta con alumnos procedentes de más de 75 países. El programa profundiza en las claves de la gestión empresarial, y cuenta con formación especializada en entrepreneurship, liderazgo, innovación y sostenibilidad, entre otras áreas.

Tras el periodo inicial, los alumnos pueden diseñar el MBA a su medida, en función de sus inquietudes y planes de carrera profesional, y pueden participar en iniciativas como el Business Impact Lab, Startup Lab, Tech Lab o Social Impact Lab para enriquecer su experiencia de aprendizaje. Además, tienen la oportunidad de elegir entre más de 100 cursos electivos al final del programa.

IE University inició su actividad en 1973 y desde sus inicios cuenta con un sólido enfoque en emprendimiento. Todos los programas incorporan formación especializada en gestión emprendedora y los alumnos pueden diseñar e impulsar el desarrollo de sus startups, y presentarlas ante expertos e inversores internacionales.

Como resultado, los participantes en el Venture Lab de IE University han obtenido más de 80 millones de euros de financiación en los últimos nueve años y el 30% de los graduados de la institución han puesto en marcha una startup a lo largo de su carrera profesional.

Tal y como destaca Bloomberg BusinessWeek, los alumnos son conscientes de la importancia de la formación en gestión emprendedora en su futuro profesional, «tanto si quieren poner en marcha su propia idea de negocio como si quieren trabajar en una firma financiera internacional».

El ranking estadounidense ha evaluado la opinión de los graduados sobre la importancia que las escuelas de negocios otorgan al emprendimiento en comparación con otras opciones profesionales y han confirmado la calidad de la formación. Además, los reclutadores han analizado el perfil emprendedor de los graduados, su capacidad de emprendimiento y objetivos de desarrollo profesional.

El ranking 2021 de Bloomberg BusinessWeek consolida también la posición de IE Business School como mejor escuela de negocios del mundo en formación MBA y su reconocimiento en el top 10 mundial en la edición 2021 del Business Masters Ranking de QS.

El Senado ha mostrado este miércoles su solidaridad con las poblaciones afectadas y con la familia del bombero forestal fallecido durante las tareas contra el incendio de Sierra Bermeja, que el pasado martes se dio por controlado y donde continúa el trabajo de los efectivos para su extinción.

Asimismo, en la declaración institucional leída, que ha sido promovida por el grupo socialista en el Senado y firmada por todos los grupos, también se ha mostrado el apoyo a los servicios públicos de extinción de incendios, al Plan Infoca y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados en la zona.

También, ha mostrado su convencimiento de que las autoridades aclararán el origen del incendio y que, de ser intencionado, sus responsables serán puestos a disposición judicial.

Por último, el Senado ha manifestado su respaldo a las reivindicaciones de los municipios afectados para que, «una vez sofocado el incendio y evaluados los datos, reciban el apoyo económico de las administraciones públicas con el fin de paliar las consecuencias en sus economías locales».

En el texto leído se recuerda que desde el pasado miércoles, 8 de septiembre, «la provincia de Málaga se mantiene en vilo por la evolución del incendio» en la Sierra Bermeja, el cual costó la vida a un bombero, afecta a casi 10.000 hectáreas de terreno y obligó al desalojo de seis municipios.

El incendio, del que han recordado «pesan fundadas sospechas de que fue intencionado», ha afectado a los municipios de Genalguacil, Faraján, Alpandeire, Júzcar, Pujerra y Jubrique, «ubicados en un entorno de gran biodiversidad y riqueza paisajística, al tiempo que las llamas han amenazado los municipios de Estepona y Benahavís».

Durante las tareas de extinción, han recordado, perdió la vida Carlos Martínez, bombero del Infoca de 44 años y vecino de la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Además, el incendio, calificado como de «sexta generación».

Por último, han incidido en la cooperación institucional, activándose la UME tras ser solicitado por la Junta de Andalucía como administración competente y cuyos equipos del Infoca han liderado las tareas de extinción. «Los ayuntamientos afectados han pedido la ayuda a las administraciones, en lo que califican de una tragedia y una catástrofe, aún sin sofocar», concluye la iniciativa.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha garantizado que se van a «depurar hasta el final todas las responsabilidades» por el «injustificado» vaciado de embalses, que «permitió» la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS).

En respuesta a preguntas de todos los grupos en el pleno del Parlamento, Ángeles Vázquez ha centrado buena parte de su intervención en cargar contra el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, a quien acusa de que «permitió los vaciados de este calibre» sin comunicación «oficial» en «ningún momento» a la Xunta, tal y como establece la «normativa vigente». «Algo que no hace por ignorancia o porque no le da la gana», dice sobre el titular de la Confederación.

Deja claro que «no hubo comunicación» a la Xunta, por lo que «no hubo trámite y no podría procederse a ningún vaciado», pues incluso «en caso de que la Consellería no respondiese, el silencio sería siempre negativo, nunca positivo».

«Cómo es posible tal ignorancia administrativa de un alto cargo», ha espetado la conselleira de Medio Ambiente a Quiroga. Califica la actitud del presidente de la CHMS «de irresponsable, temeraria e intencionada». De hecho, ha cuestionado si quieren «ocultar» algo por parte de la Confederación y el PSOE, de manera que se pregunta si el vaciado se debe a «intereses ocultos».

Reprueba que la Confederación «no hizo nada y sigue sin hacerlo». Asegura que este miércoles la Xunta ha recibido una notificación de la CHMS de que se investiga lo sucedido, pero Ángeles Vázquez indica que lleva «cinco minutos» saber si la Confederación «autorizó o no el vaciado» y si, «conforme a la ley», «notificó» esa decisión a la Xunta.

XUNTA ACTÚA CON «CONTUNDENCIA»

En cambio, la conselleira ha defendido que la Xunta ya ha tomado medidas «con contundencia» en los expedientes abiertos contra empresas concesionarias y contra la Confederación Hidrográfica Miño Sil, que «consintió la situación».

En esta línea, se ha referido a la «gravedad de los hechos» y a las repercusiones que puede tener esta acción «totalmente irresponsable de la Confederación Hidrográfica Miño Sil».

Tacha de «auténtica tomadura de pelo» esos desembalses, que pueden traer «importantes problema» en el medio ambiente «dentro de unos meses», pero que «ya entorpecieron labores fundamentales como la extinción de incendios».

Y es que estos embalses se encuentran en el «mínimo histórico» en 20 años, alguno de los cuales está por debajo del 15%, a pesar de que las precipitaciones «incluso fueron mayores este verano». Contrapone esta situación con que los embalses de Galicia Costa, dependientes de la Xunta, están en niveles normales o por encima de lo habitual.

Ángeles Vázquez recuerda que la Xunta abrió expedientes sancionadores en virtud de la ley de pesca fluvial, pero si se confirman los posibles daños ambientales las multas pueden alcanzar los dos millones de euros bajo el marco de la ley de patrimonio natural.

LA OPOSICIÓN CENSURA QUE FEIJÓO «MINTIÓ»

Durante el debate, Noa Presas ha dicho que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, «mitió» al decir que no se había comunicado al Gobierno gallego el vaciado de embalses, ya que existen correos de Iberdrola con esa notificación, por lo que pide a la conselleira que no siga una «estrategia escapista» y «cutre». Censura que la Xunta «sabía lo que iba a acontecer y no hicieron absolutamente nada».

Así, avisa de que el «pimpampum» entre el PSOE y el PP a las eléctricas les «está entrando por un oído y sale por el otro». Presas dice a Vázquez que aproveche la «performance» de los conselleiros de abandonar su escaño para «dejar la Consellería vacante».

Por su parte, Pablo Arangüena (PSdeG) ha asegurado que «el nivel de falsedad» y la «irresponsabilidad» de la Xunta «roza la prevaricación si no incurre directamente en ella». Reprueba que Feijóo «mintió una vez más descaradamente» al afirmar que la Xunta no fue informada sobre los vaciados, mientras tacha de «ridículo» que se vaya a sancionar con 25.000 euros a las eléctricas.

«¿Será esa conocida amistad con el presidente de Iberdrola, imputado por la Audiencia Nacional por tres delitos, lo que impide al señor Feijóo adoptar las medidas que tiene que adoptar legalmente? ¿Está el señor Feijóo prevaricando porque es amigo del señor Sánchez Galán», ha cuestionado Arangüena.

Mientras, Marisol Díaz Mouteira (PP) ha cargado contra la «irresponsabilidad» del Gobierno central por la situación generada en embalses de cuenca de «competencia estatal».

La directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, ha informado de que se encuentran inmersos en el análisis del sistema de aportación farmacéutica -conocido como copago farmacéutico- que se está revisando en relación con los tramos que lo conforman y a los porcentajes de dicha aportación.

«El objetivo es conseguir un sistema más justo», ha afirmado al ser preguntada sobre la situación del copago en el II Simposio del Observatorio de la Sanidad ‘Las lecciones de la Covid-19’ organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Con respecto a si Sanidad tiene previsto desfinanciar medicamentos, la directora general de Farmacia declaró que «este aspecto va ligado a la evaluación que de forma necesaria se tiene que hacer en la gestión de cualquier producto y servicio, pero que, en cualquier caso, no está previsto desfinanciar ningún medicamento».

Durante la conversación también se abordó la situación del plan de genéricos y biosimilares en el que se está trabajando desde el Gobierno. Lacruz indicó que está aprobado y pendiente de luz verde por parte del Consejo interterritorial en el momento que la agenda lo permita.

Lacruz ha señalado que se siguen manteniendo los mismos retos pese al impacto de la Covid-19, «aunque ha habido un retraso en la puesta en marcha de algunos de los proyectos». Justamente uno de los retos señalados es la incorporación sostenible de medicamentos.

«Si de 2016 a 2018 el porcentaje de medicamentos autorizados por la EMA en condiciones especiales fue de cerca del 5%, este último año ese dato se ha situado en un 19%, es decir, hemos incrementado la toma de decisión de los estados miembros en el momento del estudio de financiación y precio de los nuevos medicamentos», ha afirmado.

Sobre la aplicación de techos máximos de gasto, Lacruz ha señalado que «se tienen que usar en medicamentos que lo requieren, que son aquellos en los que la estimación de pacientes es incierta». En los últimos tres años hemos tenido activos 14 techos de gasto, según los datos presentados durante la ponencia.

En el mismo encuentro, Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, hizo un balance de la estrategia única de vacunación llevada a cabo en España, que valoró muy positivamente. «Ha sido clave la implicación de miles profesionales de distintos ámbitos, que desde el principio tuvieron muy claro que lo que teníamos entre manos era un proyecto en común y una verdadera misión de país; un segundo factor que ha sido fundamental es la gran aceptación de la población a la vacuna», ha apuntado Calzón.

Asimismo, considera que la tarjeta sanitaria ha sido una herramienta fundamental para la ordenación de la campaña, facilitando la citación, «algo que nos ha diferenciado con respecto a otros países», ha asegurado la secretaria.

Sin embargo, ha afirmado que todavía hay trabajo por hacer, «entramos en una fase que todavía es compleja, nos queda completar la vacunación masiva de un importante porcentaje de la población, los ciudadanos de entre 12 y 39 años, y, en paralelo, tenemos que ir afrontando nuevos retos a la luz de la evidencia científica acerca de la posible administración de dosis adicionales».

Silvia Calzón también celebró el reciente anuncio de Hipra, la primera vacuna española, cuyo ensayo clínico ha sido aprobado, y que acaba de firmar un acuerdo para suministrar a Vietnam 50 millones de dosis.

La Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) ha coordinado la publicación de un manual para maestros de educación primaria y secundaria sobre el tratamiento de la infancia tutelada o adoptada en el que se establecen acciones para una correcta acogida.

El manual forma parte del proyecto ‘Brighter Future’, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, y busca que el personal docente tenga herramientas para crear un ambiente acogedor para estos menores y acompañarles «adecuadamente en su transcurso escolar y permitirles desarrollar todo su potencial», ha informado la UAB este miércoles en un comunicado.

Así, propone usar un «lenguaje respetuoso» para abordar su situación con los compañeros de clase; hablar de padre o madre de nacimiento o biológico, en lugar de padre o madre verdadera; y hablar de centro de acogida, en vez de orfanato.

También recomienda obviar la palabra ‘mena’, que es «una etiqueta con connotaciones», y referirse a ellos como niños o niñas que han migrado solos y han llegado sin el acompañamiento de figuras parentales.

El trabajo señala que los centros escolares tienden a «asumir que las trayectorias vitales y las situaciones familiares del alumnado son homogéneas» y que esto puede generar prácticas excluyentes.

La antropóloga de la UAB Chandra Clemente ha detallado que ejercicios como elaborar un árbol genealógico o pedir una fotografía de cuando era un bebé dejan al estudiante en una posición «incómoda y perturbadora».

Estos niños y adolescentes han experimentado situaciones y vivencias que «pueden afectar en la adquisición de habilidades emocionales o los procesos cognitivos», y si no están rodeados de un ambiente seguro, respetuoso y acogedor, pueden manifestar estrés crónico, problemas en las relaciones con sus compañeros y resistencia a los cambios, según el estudio.

PLAN DE ACOGIDA

Entre otros consejos, el manual recomienda no culpabilizar al alumnado, fomentar una relación de confianza que facilite hablar de los problemas y pedir ayuda a otros profesionales.

Para que los estudiantes se sientan valorados, anima a los docentes a mostrar interés, destacar los puntos fuertes y proporcionar oportunidades para expresarse y que el alumno se vea representado y se fomente el sentido de comunidad.

El trabajo ha incidido en la importancia de establecer un plan de acogida que facilite la incorporación de estos niños y adolescentes a los centros educativos y en este sentido, ha apuntado a anticiparse al cambio y a las nuevas rutinas para que conozcan con antelación al profesorado y las instalaciones.

El Gobierno de Marruecos ha confirmado que el veterano diplomático sueco Staffan de Mistura, antiguo enviado de la ONU para la guerra de Siria, cuenta con su apoyo para ocupar la vacante de la organización internacional en el Sáhara Occidental, lo que en teoría anticipa su inminente nombramiento como enviado, puesto que el Frente Polisario ya se había mostrado favorable.

El enviado marroquí ante la ONU, Omar Hilale, ha confirmado a la agencia de noticias MAP que «efectivamente» De Mistura cuenta ya con el apoyo de Rabat. «El anuncio del nombramiento de Staffan de Mistura se hará en los próximos días, tras la aprobación de los miembros del Consejo de Seguridad» de Naciones Unidas, ha explicado.

El nombre del diplomático sueco ya había sonado como posibilidad dentro de unas negociaciones en las que, como llegó a reconocer el secretario general de la ONU, António Guterres, las partes han rechazado más de una decena de nombres propuestos para ser su enviado especial para el Sáhara Occidental.

El puesto permanece vacante desde que el expresidente alemán Horst Koehler dimitió en mayo de 2019, alegando motivos de salud. Bajo su mandato, el Gobierno de Marruecos y el Polisario, que controla la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), retomaron los contactos.

El Frente Polisario había dado en abril de este año su aprobación a la propuesta de De Mistura, según declaró en mayo el embajador del Frente Polisario en Argelia, Abdelakader Taleb Omar, a la agencia oficial argelina, APS, mientras que Rabat había guardado silencio hasta ahora.

El embajador marroquí espera que De Mistura trabaje «para llegar a una solución política, realista, pragmática, duradera y de compromiso» en relación a la antigua colonia española, para lo cual ha ofrecido el «apoyo indefectible» de Rabat.

Sobre el retraso en el nombramiento, Hilale ha apuntado que Guterres «debía encontrar al candidato calificado y de estatura internacional para la reanudación del proceso político», algo que «no era fácil», si bien lo poco que ha trascendido públicamente desde la marcha de Koehler tiene que ver más con vetos cruzados que con problemas de cualificación.

Hilale ha acusado a «las otras partes» –el Frente Polisario y Argelia– de «tergiversar» discursos y utilizar «falsas evasivas» para rechazar a varios candidatos muy cualificados, en alusión a nombres como los del exprimer ministro rumano Petre Roman y del exministro de Exteriores portugués Luis Amado, a los que el Polisario había señalado por su cercanía a Rabat.

POSTURAS ENCONTRADAS

Las autoridades marroquíes consideran a De Mistura «un pilar de Naciones Unidas» en materia de resolución de conflictos, con «larga experiencia diplomática». «Su comprensión de las amenazas a la seguridad y a la desestabilización en el norte de África, así como su independencia y neutralidad de las Naciones Unidas le serán de gran ayuda para facilitar, de manera serena y fructífera, el proceso político de este diferendo regional», ha añadido Hilale.

El proceso de negociaciones permanece estancado a día de hoy en ausencia de un enviado, si bien las partes no parecen dispuestas a moverse de sus respectivas posiciones. En el caso del Polisario, la solución pasa por un referéndum de autodeterminación.

En cambio, Rabat aboga por «una solución política, realista y pragmática, duradera y de compromiso», para lo cual propone «la autonomía y solo la autonomía», como ha reiterado Hilale. En este sentido, Rabat no contempla otra opción que no sea que el Sáhara Occidental permanece bajo el paraguas de «la integridad territorial marroquí».

El Grupo de Fronteras Marítimas de la Policía Nacional ha detenido este miércoles a dos personas migrantes en el puerto de Bilbao en una nueva operación contra los asentamientos «clandestinos de migrantes que pretenden llegar ilegalmente, como polizones, al Reino Unido».

Según ha informado la Delegación del Gobierno central en Euskadi, los agentes han detectado un campamento compuesto por varias tiendas de campaña ubicabas bajo uno de los puentes de acceso al puerto de Bilbao.

«En él, han hallado a un total de siete ciudadanos de nacionalidad albanesa que, salvo uno, carecían de pasaporte», han indicado las mismas fuentes que han señalado que «el ocultamiento de los pasaportes es una práctica habitual entre los ciudadanos que se encuentran en situación irregular y que tiene como objeto dificultar a los agentes el conocimiento de este extremo».

Tras las pesquisas oportunas, los investigadores han averiguado que «dos de estos migrantes se encontraban en situación irregular

en España, al tener uno de ellos un decreto de expulsión por la Delegación del Gobierno de Cantabria y el otro, una prohibición de entrada en territorio Schengen por las autoridades italianas».

Por tales motivos, estos dos migrantes han sido trasladados, en calidad de detenidos, a la Jefatura Superior de Policía de Bilbao por infracción a la Ley de Extranjería.

Asimismo, otros dos hombres han sido trasladados a las dependencias que el Grupo de Fronteras Marítimas tiene en el puerto para imponerles una salida obligatoria, ya que en fechas previas habían sido detectados intentando acceder ilegalmente al ferry con destino al Reino Unido.

Esta operación se suma a otra realizada el pasado 3 de septiembre y que se saldó con el desmantelamiento de un campamento similar.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha afirmado «de forma rotunda» este miércoles que cuenta con el apoyo de las direcciones nacional y autonómica de su partido en su posicionamiento de que los ediles Luis Salvador y José Antonio Huertas, expulsados de Cs tras apoyar su investidura el pasado mes de julio, no son tránsfugas, lo cual basa en las consideraciones técnicas que ha pedido a la Secretaría General del Ayuntamiento, a la que también ha solicitado un informe sobre este asunto.

En una entrevista, el también secretario general del PSOE en Granada capital ha explicado que seguirá contando con Huertas, que es tercer teniente de alcalde, en la Junta de Gobierno Local, y que Salvador seguirá teniendo competencias en Estrategia 2031 mientras no haya ningún «reparo legal», y ha mostrado su respeto a la decisión de Unidas Podemos e Independientes de no entrar en su equipo para gobernar la ciudad, elogiando en cualquier caso sus aportaciones para poder aprobar un nuevo presupuesto municipal.

Cuenca ha expuesto que en la Secretaría del Ayuntamiento le trasladan que tránsfuga es alguien «que se cambia de partido o bien que se beneficia personalmente porque se incrementa o se mejora su posición tanto económica» como «política», lo que no es el caso de Huertas o Salvador.

El informe, en cualquier caso, habrá de descartar que pueda haber algún aspecto que pudiera contravenir el pacto antitransfuguismo, partiendo de la base de que «debería» no haber «nada» que pudiera «afectar al devenir de este Ayuntamiento» o la ciudad.

«En este debate, yo lo que les pido a Cs y al PP, que están empeñados en ello, es que nos dejen tranquilos», y «a Podemos que, antes» de «emitir un juicio», apueste por «sacar a la ciudad adelante», ha continuado.

Según Cuenca, PP y Cs están en «mantener viva una bronca que ya hemos superado», en referencia a la crisis municipal que dio lugar a la ruptura del bipartito que conformaron ambos partidos en la primera etapa de este mandato, y a la salida de Salvador de la Alcaldía.

Van ya unos dos meses en que «aquí no se habla del dos más dos», en referencia al supuesto acuerdo para el relevo en la Alcaldía que tenían, pero ellos «quieren seguir hablando de sus peleíllas internas», ha proseguido el regidor socialista, quien ha abierto la puerta, en cualquier caso, a que los ediles en la oposición puedan «echar una mano» siguiendo incluso la fórmula que se ha articulado para Salvador, con competencias pero fuera de la Junta de Gobierno Local, aunque con Vox le «costaría más» abrir esa vía.

En referencia a su etapa como alcalde en el mandato anterior, ha indicado que «cuando uno ya ha estado aquí, y mal no lo haríamos del todo cuando de forma tan rotunda ganamos las elecciones, yo aprendí que no solo hay que gobernar sino que hay que dar tranquilidad y estabilidad a la ciudad».

Esa es la vía abierta con «Salvador, con Huertas y con Podemos, y cada uno elige un papel, unos para echar una mano» y otros, en el caso de la confluencia de izquierdas, para trabajar «a través de un acuerdo programático».

A Salvador «lo han votado 16.000 personas aquí en Granada, ¿para ser alcalde?, no, ¿para echar una mano?, sí, igual que al PP y a los concejales no adscritos», ha resumido Cuenca, que, preguntado por si el anterior alcalde por Cs tendrá oficina propia para el desarrollo de sus competencias, ha asegurado que contará con los recursos que le corresponden, como «todos» los ediles para llevar a cabo sus tareas, incluidos los de la oposición.

DOCUMENTO MARCO PARA EL PRESUPUESTO

El equipo de gobierno local que preside el PSOE, que ganó con mayoría simple las elecciones municipales de 2019, trabaja ya en un documento con los «grandes números y cifras» de la ciudad para el nuevo presupuesto, que se va a poner a disposición de todos los grupos con representación en el Pleno.

Se trata de dar «estabilidad» a la ciudad, un contexto en el que Cuenca ha pedido al PP «dejar a un lado las diferencias», al igual que a Vox y al resto de ediles en la oposición, «si están dispuestos», si bien ha reconocido que el socio preferente para aprobar el presupuesto sería Unidas Podemos e Independientes, confluencia con la que ya se han mantenido encuentros a tal fin.

Se trabaja en la programación de ingresos y gastos, partiendo de la base de que habrá de cuadrar cuestiones como la activación de los fondos Next Generation, proyectos para los que «prácticamente nada» se había «presentado» en la primera etapa del mandato, o planes de choque por la integración social o la calidad del aire.

En cuanto al Pacto por Granada, en el que ha explicado que hay un «núcleo» de unos 40 puntos en que están de acuerdo todos menos Vox, va a convocar una reunión con representantes en la provincia de todas las administraciones, y de agentes sociales para abordar lo que debe de ser la planificación de la ciudad «para los próximos 20 años».

Relaciones con el área metropolitana, la Vega y el medio ambiente, el empleo, o un nuevo Plan General de Ordenación Urbana han de ser temas que se aborden en esta mesa, más allá de los trabajos en el ámbito municipal para el presupuesto del Ayuntamiento, que funciona con el prorrogado de 2020 aprobado por el anterior bipartito de PP y Cs con el apoyo del PSOE.

El eurodiputado de ERC, integrado en el grupo Verdes-Ale, ha pedido este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoyar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, mientras que la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha reprochado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la «represión sigue», pese a que hable de diálogo.

En su intervención ante el Parlamento Europeo en el Debate sobre el Estado de la Unión, Solé ha defendido que, pese a que augura que Von der Leyen insistirá en que se trata de un asunto interno, la UE debería «seguir esta negociación y apoyarla tanto como pueda».

«En un espacio democrático como el que queremos que sea la UE, los conflictos sobre la autodeterminación necesitan una solución democrática y negociada. Otras respuestas de tipo autoritaria no tienen cabida en nuestra UE», ha añadido el día en que la mesa de diálogo se reunirá en Barcelona.

Por su parte, Ponsatí ha recriminado a Sánchez que hable de diálogo, pese a que «la persecución sigue», y lo ha ejemplificado con que la Audiencia Nacional haya procesado por presunta pertenencia a organización terrorista a los 13 miembros de los CDR vinculados a la ‘Operación Judas’, ya que cree que los cargos por los que se les acusa están fabricados, en sus palabras.

«¿Qué es lo que está proponiendo Sánchez? Represión política y cultural, sofoco económico y sumisión, pero los catalanes no sucumben al miedo», ha recordado la manifestación del sábado con motivo de la Diada y ha insistido en que, a su juicio, ningún otro movimiento en Europa tiene tanto apoyo popular como el independentismo.

Así, ha avisado de que, «pese a la represión española y la indiferencia de las instituciones europeas», el independentismo logrará salir adelante, según ella.

«EL TALÓN DE AQUILES DE LA UE»

En su turno de réplica, Von der Leyen ha desoído las intervenciones de Solé y Ponsatí, y no se ha pronunciado sobre la mesa de diálogo y el conflicto catalán, y a continuación Ponsatí ha vuelto a intervenir como representante de los No Inscritos y ha lamentado que «el Estado español no ha hecho nada para detener la represión» y ha recriminado que en la UE no haya preocupación al respecto.

«Mirar hacia otro lado no va a funcionar, esto tiene un gran coste», y ha advertido de que, si la UE no controla la independencia judicial de España, después no podrá dar lecciones de moral a otros países del mundo.

En este sentido, ha afirmado que «España es el talón de Aquiles de la UE» y que, en sus palabras, es la base del autoritarismo que se extiende en las instituciones europeas.

Ecologistas en Acción ha anunciado al Tribunal Supremo (TS) recurso de casación contra el fallo de la Audiencia Nacional que, en julio, rechazó que fuese «función» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la limpieza de las 40 hectáreas de suelo contaminado con plutonio y americio de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería).

En su escrito, el colectivo alega que la sentencia impugnada cita a la Administración General del Estado como la «responsable» de «ordenar» la retirada de la tierra con radiactividad pero «sin concretar el organismo competente» y, también, al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), y traslada que tanto el Consejo de Ministros como el Ciemat «ya se han declarado incompetentes» e, incluso, el último «ha remitido al CSN».

Indica al Supremo que, en el espacio transcurrido entre la notificación del fallo de la Audiencia Nacional y el anuncio de recurso, se ha producido un «peregrinaje administrativo» que ya adelantó el voto particular de dos de los magistrados y que ha dado como resultado una resolución del Ministerio de Presidencia que señala como organismo competente al Ministerio de Transición Ecológica, otra en la que este se declara «incompetente» apuntando al Ciemat y una tercera resolución del centro de investigaciones que remite al Consejo de Seguridad Nuclear.

«Con fecha 27 de julio de 2021, el Ciemat notificó a Ecologistas en Acción que no es competente para ordenar la limpieza y que los resultados de las investigaciones los envía al CSN, indicando así que es el organismo que coordina, dirige y decide sobre todo lo concerniente a Palomares», sostiene el recurso, que añade que así «se cierra el círculo del peregrinaje administrativo y lo devuelve a su origen».

Ecologistas en Acción, que critica que la Audiencia Nacional afirmase en su sentencia que «no era función de la sala informar de cuál es el organismo competencia» después de negar al CSN, no solo argumenta indefensión por infracción del principio de economía procesal y recoge que no se cumplimentó toda la prueba admitida ya que el CSN no aportó el Informe de la Dirección Técnica de Protección Radiológica evaluando los niveles de intervención para la restauración de los terrenosafectados por el accidente de Palomares que fue aprobado en julio de 2015 y cuando se reiteró, la sala la denegó en lugar de reiterarla.

«Es fundamental la práctica de la prueba no solo para acreditar de forma inequívoca que las facultades del CSN no se limitan a una labor informativa como dice la sentencia, sino también que en la sesión celebrada el 22 de julio de 2015 tomó decisiones ejecutivas como fue la de modificar el criterio radiológico establecido en el Plan de Rehabilitación de 2010, elevando el límite permitido de 1 Bg/gr de americio 241, a 4 Bq/gr, lo que supondría reducir el volumen de tierra contaminada a limpiar de 50.000 metros cúbicos a 28.000 metros cúbicos», destaca.

Entre los argumentos para sostener el recurso de casación, se alude, asimismo, a que el hecho de que el fallo niegue la competencia del regulador atómico para ordenar la fijación de plazo para la limpieza y le niegue «capacidad ejecutiva» cuando «tomó la decisión de modificar los criterios», causa «indefensión» al no poder reclamar al órgano competente para ello.

«Si esta sentencia deviene firme y se limitan las funciones del CSN, esta decisión del CSN y muchas otras serían nulas por extralimitarse en sus funciones», advierte.

«LABORATORIO A CIELO ABIERTO» Y «CEMENTERIO NUCLEAR ILEGAL»

Por otro lado, Ecologistas en Acción discrepa de la valoración de la prueba y critica que obvie la existencia «de dos fosas con material radiactivo, lo que es contrario a la realidad» o que no entre a valorar la existencia de un «laboratorio a cielo abierto» en Palomares.

«Desde 1966 hasta la fecha, la única medida adoptada para paliar los efectos radiactivos ha sido el vallado de los terrenos que comenzó en 2007. Antes de esa fecha, se desarrollaron en ellos tareas agrícolas y de construcción liberando el plutonio que había sido enterrado por EEUU a 30 y 25 centímetros de profundidad», detalla para concretar que el «episodio más grave se produjo con la construcción de dos balsas en las proximidades del impacto de una de las bombas».

A este respecto, Ecologistas en Acción considera que el Ciemat «aprovechó el aumento de partículas radiactivas en el aire producido por las obras para estudiar las consecuencias de las tareas agrícolas en terrenos contaminados» y señala que estos episodios «se siguen repitiendo en la actualidad aunque no con la misma gravedad».

«Esta situación debe de resolverse y es urgente que se acuerde señalar plazo para su limpieza, así como del resto de las zonas, pero estos hechos fundamentales no se han analizado en la sentencia como tampoco la existencia de este laboratorio a cielo abierto que hay que clausurar, la ilicitud de mantener dos contenedores para verduras almacenando material radiactivo o el hecho de que en la zona 6 los residuos permanezcan como estaban en 1966 salvo que los ha diseminado la lluvia, el viento, la fauna silvestre y doméstica, y la actividad humana», subraya.

Por último, Ecologistas en Acción, que inició este contencioso-administrativo en 2017, advierte al Supremo de que el almacén nuclear «ilegal de Palomares no se ha adaptado en ningún momento» al Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, RINR.

«Desde 1966 está en una situación ilegal absoluta, se trata de un cementerio nuclear al aire libre construido con carácter definitivo en zona urbana o urbanizable», indica para concluir que la dependencia de EEUU alegada por el Gobierno para la limpieza y almacenamientos de los residuos resultantes vendría desmentida por que «el propio Ciemat reconoce que se pueden almacenar en El Cabril con un simple cambio de autorización».

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha reclamado este miércoles al juez que investiga el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la ‘Operación Kitchen’ que dé a «las 100 grabaciones» que dice que hay sobre la ex secretaria general de los ‘populares’ María Dolores de Cospedal la misma importancia que a las otras que forman parte de las pesquisas judiciales y por las que le acusan.

En declaraciones a la prensa desde la Audiencia Nacional, a donde ha acudido por el interrogatorio a un investigado de la macrocausa ‘Tándem’, que gira en torno a sus negocios privados, Villarejo ha explicado que coincide tanto con el juez como con los fiscales respecto a lo que han plasmado en sus escritos por el fin de la investigación sobre ‘Kitchen’, lo cual –ha asumido– «es una contradicción tremenda».

Con el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, coincide en que «esto es una causa general y prospectiva y que, además, las grabaciones que se aportan son de origen desconocido». «Que es lo que llevo diciendo todo el tiempo», ha subrayado, antes de lanzar una petición al magistrado: «Que las 100 grabaciones que hay sobre la señora Cospedal pues sean igual de irrelevantes que el resto de las que me acusan».

Cospedal y su marido fueron imputados a principios de junio porque el instructor entendió que podrían haber tenido una participación «decisiva» en la captación del chofer de los Bárcenas como espía de la trama, pero al cerrar la instrucción a finales de julio les dejó fuera de la lista de procesados concluyendo que los indicios en su contra eran demasiado débiles.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares de PSOE y Podemos han presentado recursos para reabrir la investigación judicial y que, en tal caso, Cospedal vuelva a estar imputada para dilucidar su rol en ‘Kitchen’.

EL TELÉFONO DE RAJOY

Otra de las cuestiones que reclaman Fiscalía y estas acusaciones es que García-Castellón siga investigando los cinco teléfonos aportados por Villarejo. Según el policía retirado, se comunicaba con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para tenerle informado sobre el espionaje a Bárcenas y lo hacía a través de esos números de teléfono, uno de los cuales pertenecería al ex jefe del Ejecutivo.

Preguntado sobre este asunto, Villarejo ha celebrado que el Ministerio Público le «crea» por cuanto ve «coherente» su testimonio sobre Rajoy, al tiempo que se ha ratificado en el mismo. «Ese teléfono era el que utilizaba el señor presidente del Gobierno», ha afirmado, añadiendo que incluso en una ocasión el entonces mandatario le felicitó a través de Cospedal «un instante» para darle las gracias por la ‘Operación Cataluña’.

Además, ha reiterado que se le persigue por «advertir de problemas que podrían existir y que ahora están ocurriendo». «Lo triste de este país es que cuando alguien hace una crítica o simplemente cuestiona cosas que no son positivas pues hay que matar al mensajero», ha lamentado.

En su caso, después de pasar más de tres años «meditando en el Tíbet», en alusión a su estancia en prisión provisional, ha indicado que está «deseando» ir a juicio el próximo 13 de octubre, cuando se celebrará el primero por ‘Tándem’, porque entonces podrá tener acceso a toda la información que, según dice, hasta ahora se le ha negado.

Se ha quejado igualmente de que no le han permitido declarar sobre determinados asuntos, aludiendo al 11-M y a «las relaciones de Hugo Carvajal (ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano) con Podemos».

Para Villarejo, resulta «aberrante» que «determinados delitos no se puedan perseguir por la ley de secretos», lo cual –ha apuntado con sorna– significaría que le tienen que hacer una «lobotomía» porque él es «un secreto andante». Tal concepción, ha alertado, «quiere decir que tenemos una democracia imperfecta».

UNA «CATARSIS»

Por eso, ha confiado en que «esta causa sirva por lo menos para que haya una catarsis y que cosas que estén mal se puedan arreglar». «Creo fervientemente que al final la Justicia va a poner a cada uno en su sitio», ha declarado.

Villarejo ha insistido en que lo descubrirá «todo». «Voy a demostrar que todo lo hice bajo autorización oficial y, si hay que pedirle responsabilidades a alguien, que se lo pidan a los distintos gobiernos. Yo he pasado por diez ministros de Interior. Debe ser que todos eran ciegos, sordos y mudos», ha deslizado.

Y lo hará, ha asegurado, asumiendo también su «cuota de responsabilidad» por las actuaciones que se han hecho «por el bien superior de España», entre las que ha vuelto a destacar la ‘Operación Cataluña’.

De momento, ha recalcado, es «inocente» porque aún no se le ha juzgado y no piensa escapar. «Creo que empezará a huir otra gente cuando empiecen a oírme en el plenario», ha augurado.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 contarán con una partida específica para dotar el factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares (REB).

«Está acordado con el Gobierno de España», ha señalado Armengol, durante la segunda sesión del Debate de Política General que arrancó este martes en el Parlament. La presidenta ha indicado que «próximamente» tendrá lugar la reunión de la Comisión Mixta entre Baleares y el Estado para abordar este mecanismo.

Ésta ha sido la segunda intervención de la presidenta en el Debate de Política General, después de escuchar a todos los grupos parlamentarios durante varias horas. Este martes, Armengol se limitó a señalar respecto al REB que seguirían «empujando, desde el diálogo, para que se desarrolle «completamente el acuerdo aprobado». «Y muy pronto veremos los resultados», sugería.

Durante las intervenciones de este miércoles, la reivindicación del REB ante el Estado ha sido un tema común en los parlamentos de los diputados, incluyendo a los socios del PSIB en el Govern, Unidas Podemos y MÉS.

Por otro lado, Armengol ha coincidido con varios de los grupos en que «es clave» un nuevo sistema de financiación autonómica, reiterando que este sistema debe tener en cuenta la situación de superpoblación de Baleares y el principio de ordinalidad.

«El Govern no ha dejado de ser reivindicativo ni un día con lo que es justo para Baleares», ha asegurado.

La presidenta también ha pedido reconocer que se han conseguido «recursos como nunca», y ha insistido en que «no habrá que devolver ni un euro» de los 855 millones de ayudas estatales. Entre otros asuntos, ha destacado la importancia del proyecto del tranvía, cuya primera fase, entre el centro de Palma y Son Espases, financiará el Estado con fondos europeos, según anunció este martes.

TEMPORADA TURÍSTICA

Por otra parte, ha defendido la gestión de la crisis del COVID por parte del Govern, señalando que si han tenido temporada turística no ha sido «gracias a que ha caído del cielo» sino a que aplicaron «restricciones muy duras».

«Los mercados miran lo que ofrece el territorio», ha argumentado, recordando medidas como los hoteles puente, el ‘safety pack’ para turistas o la misma «excelente situación sanitaria». Sin salud no hubiera habido economía«, ha apostillado.

Además, la presidenta ha reprochado al PP que siga «defendiendo las mismas recetas que fracasaron» en el pasado, y ha preguntado si el PP balear estará dispuesto a pactar con Vox. También ha recriminado al portavoz del PP, Antoni Costa, que «en su discurso han faltado mucho las personas y sus derechos». En cualquier caso, ha vuelto a invitar al PP a sumarse al Pacto de Reactivación.

Entre otros temas, Armengol también ha incidido en la necesidad de trabajar por «un turismo más respetuoso con el medio ambiente» y ha informado de que se regulará el tránsito entre Ibiza y Formentera, pero «se debe hacer respetando el interés de los residentes». Igualmente, ha subrayado que trabajan con el Gobierno para que otorgue capacidad turística a las Comunidades para poner límites a los precios del alquiler.

El Congreso decidirá en el Pleno de la próxima semana si reabre la comisión de investigación para esclarecer las causas del accidente ferroviario del Alvia que tuvo lugar en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013 y en el que fallecieron 80 personas y 52 resultaron heridas.

Esta comisión ya funcionó en la Cámara Baja en 2018 y 2019, pero no pudo concluir sus trabajos por la disolución de las Cortes. Pero el BNG, junto con ERC y Bildu, registraron el pasado julio una iniciativa con la intención de recuperar esa comisión, sobre la que el Pleno se pronunciará el próximo 23 de septiembre.

En el BNG dan por hecho que esta solicitud saldrá adelante porque, hasta la fecha, sólo el PP ha expresado sus recelos a reabrir el asunto, y porque las nuevas informaciones sobre «irregularidades e incumplimientos» en torno al caso, conocidas gracias a los requerimientos de las instituciones europeas, exigen retomar los trabajos de esa comisión.

Para el diputado del BNG, Néstor Rego, es vital importancia que los trabajos realizados ya en el Congreso puedan retomarse «para poder lograr el esclarecimiento de la cadena de responsabilidades y, además, determinar las recomendaciones que permitan en el futuro evitar otro accidente en las que debe recogerse el cumplimiento de las Directivas y Reglamentos europeos».

JUICIO EN 2022

En su iniciativa, el BNG, ERC y Bildu indican que, ocho años después de la catástrofe, aún quedan «muchos cabos sueltos» sobre las causas y responsabilidades de la misma y recalcan que, pese a las múltiples investigaciones realizadas, «hay evidentes sombras en los procedimientos de las pesquisas».

Así, señalan que la instrucción judicial se cerró el pasado mes de abril, dejando imputados únicamente al jefe de seguridad de ADIF y al maquinista del convoy accidentado, y que el juicio está previsto para mediados de 2022.

También el pasado abril, asociaciones de víctimas presentaron una demanda contra el Ministerio de Transportes y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) por la negativa de ésta última a realizar una investigación independiente como la que se ha demandado desde distintas instancias europeas como la propia Comisión, el Parlamento y la Agencia Ferroviaria.

PROCEDIMIENTO CONTRA ESPAÑA

En este contexto, los promotores de la iniciativa apuntan que diversas denuncias llevaron, en enero de 2019, a la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria que todavía sigue abierto.

Respecto a la comisión que ya se creó en el Congreso, recalcan que muchos de los comparecientes arrojaron «serias dudas» relativas a las «responsabilidades cruzadas entre diferentes agentes implicados, tanto políticos como técnicos, incluso desde la licitación y ejecución de las obras la línea.

Además, recuerdan que «también quedó en entredicho la gestión del propio accidente y las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo posteriormente, como la puesta en marcha de nuevas medidas para asegurar la línea y los propios convoyes que circulan por ella ante posibles futuros accidentes».

Así las cosas, y sobre todo tras la negativa de la CIAF a abrir una investigación independiente, BNG, ERC y Bildu quieren retomar las pesquisas en sede parlamentaria «para poder arrojar las conclusiones que esclarezcan la cadena de responsabilidades y recomendaciones de medidas a llevar a cabo para evitar otro accidente y para exigir el cumplimiento de las diversas directivas y reglamentos afectados».

La historiadora Marylène Patou-Mathis publica ‘El hombre prehistórico es también una mujer’ (Lumen), una mirada al Paleolítico que cuestiona la «visión establecida» de género por la que los hombres eran cazadores y las mujeres las encargadas de los cuidados domésticos.

«Hay más cazadoras y guerreras en la Prehistoria de lo que nos han contado y lo único que yo digo es que es posible que las tareas estuvieran repartidas entre hombres y mujeres. Lo que pasa que a mí me dicen ‘demuéstralo’, cuando si es al contrario, que se afirma que son los hombres los que han hecho algo, esa demostración no se pide», ha explicado en una entrevista la historiadora.

En su libro, Patou-Mathis habla de las sociedades prehistóricas más antiguas, cuando los hombres eran cazadores y recolectores y las tribus nómadas. «Es importante no aplicar a este periodo la forma en que vemos las cosas en nuestra sociedad: siempre se ha asumido que determinadas tareas eran masculinas sin que haya pruebas arqueológicas que lo demuestren», ha defendido.

Por ejemplo, ha recordado cómo hasta el uso del ADN con los restos óseos encontrados de humanos del paleolítico, siempre que había esqueletos de personas robustas «se atribuían a los hombres». «Pero es que no es cierto que la mujer fuese menos robusta y, con la llegada de las nuevas técnicas, en algunos casos se ha demostrado lo contrario», ha explicado.

La Prehistoria es una disciplina que nace en el siglo XIX, con una «sociedad patriarcal» especialmente en la Europa occidental donde surge. «Lo que hicieron esos investigadores fue un calco de lo que vivían y lo trasladaron a las primeras sociedades prehistóricas: se presupuso que las mujeres eran inferiores respecto a los hombres, un sexo subordinado y siempre en casa», ha lamentado.

1950: PRIMERA PREHISTORIADORA

No fue hasta el año 1950 cuando arriba a la disciplina la primera mujer prehistoriadora. Y, a partir de ese momento, empieza también a aplicarse a la investigación ese punto de vista femenina, como ha ocurrido con las famosas ‘venus’. «Siempre se ha mostrado este tipo de imágenes de mujeres con grandes senos, pero hay otras imágenes muy logradas de otras mujeres vestidas. De hecho, el nombre de venus se les dio porque eran los hombres los que analizaban esas figuras: es como en el cine, con una mirada siempre masculina», ha alertado.

Patou-Mathis ironiza con los documentales de la Prehistoria que muestran a «los hombres trabajando y las mujeres limpiando la cueva», y cuestiona el uso del lenguaje para referirse a estas tribus. «El hombre de neandertal para mí es un esqueleto descubierto en 1856, si no, estamos hablando de ‘los y las neandertales’. Siempre se dice ‘el hombre que tallaba las herramientas’, ‘el hombre de Lascaux’ y deberíamos hablar de ‘humanos'», ha criticado.

CASTAS, ÉLITES Y ESCLAVOS

La historiadora ha aclarado que los clanes de los que habla en su libro estaban formados por alrededor de una treintena de individuos –en los que había relaciones de consanguinidad y no se sabía quiénes eran los padres de cada uno– que distribuían sus actividades «basadas no tanto en el género, sino en la competencia». ¿Por qué iba a haber una única forma de hacer las cosas? Había muchas tribus distintas», ha afirmado.

Esto comenzó a cambiar con la llegada del neolítico, donde se pasa a domesticar los animales y a cultivar las plantas cultivar y eso produjo una serie de cambios: castas, élites y esclavos. «Toda la estructura social empieza a modificarse, las mujeres empiezan a proteger más las cosas y se centran en ello y los hombres optan por ser los que salen del entorno», ha destacado.

Patou-Mathis cree que esta perspectiva no supone negar «el sufrimiento de las mujeres a lo largo de toda la Historia», sino que aporta cuestiones «positivas» al debate de género. «Lo que viene a decirnos esto es que la mujer, por naturaleza, no tiene que estar dominada por el hombre ni el hombre tiene que dominar, una creencia que se introdujo poco a poco socialmente», ha concluido.

La Ertzaintza colabora «estrechamente» con la Fiscalía de Menores en la posible agresión en Erandio (Vizcaya) de una niña de 13 años por parte de otras menores, que ha sido denunciada a la Policía vasca.

Según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad, la Ertzaintza ha trasladado a la Fiscalía de Menores toda la documentación relativa a este asunto.

Según recoge el diario «El Correo», que cita declaraciones de la madre de la víctima, su hija ha sido agredida hasta en dos ocasiones, y las autoras -al menos una de ellas se encuentra en un centro de menores- lo han grabado con el teléfono móvil. También, según indica, sufre «acoso» en las redes sociales.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha asegurado en el transcurso de una rueda de prensa en Bilbao, que en este, «como en todos los caso similares en los que se producen delitos y, particularmente, agresiones de unos menores contra otros», la Ertzaintza «actúa e interviene».

En este caso, según ha precisado, lo hace «en estrecha colaboración con la Fiscalía de Menores, «que finalmente marca la pauta de lo que se debe hacer» y también con el resto de las instituciones concernidas, «en la medida en que se habla de personas que están internadas en algún centro».

«En colaboración con ambos entornos institucionales, sobre todo con la Fiscalía de Menores, desde la primera denuncia que se puso, allá por el día 26 de agosto, se está actuado rigurosamente y haciendo seguimiento puntual de ese, como en todos los supuestos de naturaleza similar», ha indicado.

«MEDIDAS EXISTEN»

Según ha apuntado, medidas en el ordenamiento jurídico «existen» y si además se tiene en cuenta «que se trata de personas que están bajo la tutela de una institución pública, también esa institución tiene una responsabilidad a ese respecto y una capacidad de intervenir y tomar medidas de tipo educativo» con el fin de «limitar algunas actuaciones que están más allá de lo que marca la normalidad de la convivencia social».

«Mecanismos en el ordenamiento jurídico existen, instrumentos en las instituciones existe, pero la Ertzaintza aquí no es autónoma ni decide qué es lo que hay que hacer sino que actúa en coordinación con esas instituciones», ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que las implicadas «no son menores al margen de una institución» ni tampoco la Ertzaintza «tiene capacidad para actuar al margen de lo que la Fiscalía de Menores dictamina a este respecto». Es la Fiscalía, según ha insistido, la que «guía siempre las actuaciones cuando se trata de actuaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo por personas menores de edad».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, y por extensión a todo su partido a que pidan «perdón» por haber «usado políticamente» la pandemia después del rechazo de la justicia gallega a la implantanción del certificado covid en la hostelería que, finalmente, ha sido avalado por el Tribunal Supremo en una sentencia emitida el pasado martes.

Un día después de la decisión del TS, Feijóo y Caballero han vuelto a encontrarse cara a cara en el hemiciclo durante la primera sesión de control del curso político, celebrada en la mañana de este miércoles en el Parlamento gallego, donde el presidente gallego ha sacado pecho por el ‘sí’ de la justicia al certificado covid.

«El Tribunal Supremo considera que las actuaciones de la Xunta fueron idóneas, necesarias y proporcionadas. Qué quiere que le diga después de una sentencia que usted desprecia», ha espetado Feijóo en dirección a Caballero después de que este citase el rechazo del TSXG a la implantación de esta medida en la hostelería en la batería de «problemas» que, a su juicio, tiene la Xunta «allá donde tiene competencias».

Según el socialista, la Xunta «se fue de vacaciones» sin «justificar» ante la justicia una medida que afectaba a «derechos fundamentales» de la ciudadanía. Y ahora que ya no lo quieren aplicar (certificado covid) se felicitan por una decisión de los tribunales sobre un caos que ustedes crearon», ha apostillado Caballero.

En su respuesta, Feijóo ha espetado que su gobierno solicitó autorización a los tribunales sobre la implantación del pasaporte covid «cuando se nos dijo que podía afectar a los derechos fundamentales» de los ciudadanos.

A renglón seguido, el mandatario autonómico ha incidido en que quien debe pedir «disculpas» es el Partido Socialista de Caballero por haber «usado políticamente» la pandemia en Galicia y, en España, haber empleado «un estado de alarma inconstitucional».

VACUNAS

«Hace menos de un año, usted (Feijóo) decía que no habría vacunas hasta el segundo semestre del año. Hoy más del 80% de la población está vacunada porque hubo una buena estrategia del Gobierno central que usted debería reconocer», ha aseverado Caballero, que ha incluido a Feijóo y su gobierno, en la que ve «una sección Vox», entre la «oposición más desnortada y desleal que existe en España y fuera de España», en alusión a la de su partido a nivel estatal.

En su respuesta, el líder del PP gallego recordó su pasado como responsable de la empresa pública Correos para trazar un paralelismo con lo que, a su juicio, está siendo el papel del Ejecutivo central en el proceso de vacunación. «Lo que hizo el Gobierno fue llevar las vacunas de un lado a otro. Fin de la cita», ha sentenciado Núñez Feijóo antes de defender que son las comunidades autonómas las responsables de la inmunización contra el covid-19 de la sociedad española.

POLÉMICA POR EL VACIADO DE EMBALSES

Otro de los asuntos que ha centrado el careo entre Feijóo y Caballero ha sido la polémica por el vaciado de los embalses de la cuenca Miño-Sil, que durante las últimas semanas ha causado un enfrentamiento entre Xunta y Gobierno y, por extensión, PP y PSOE sobre la responsabilidad del vaciado por parte de las empresas concesionarias de la explotación hidroeléctrica de las presas.

En este sentido, Feijóo ha recordado que la Xunta abrirá un expediente a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), dependiente del Estado, al considerarla responsable de lo ocurrido; una versión que niega esta entidad presidida por el socialista José Antonio Quiroga (número dos del PSdeG en la ejecutiva de Cabllero), que sostiene que la Administración autonómica era conocedora de la intención de las compañías y que «no hizo nada» para detenerlas.

Caballero ha cargado contra Feijóo por «faltar a la verdad» cuando, a preguntas de los medios, aseguró que la Xunta no tenía constancia de los planes de las empresas y «más tarde» se conocieron «unos correos electrónicos» en los que estas compañías comunicaban la bajada de nivel en los embalses de la cuenca Miño-Sil.

«Después de tanto repetir ‘Galicia, Galicia, Galicia’, usted ha abandonado a los gallegos», ha espetado Caballero, que acusó al presidente de «seguir abrazado a sus amigos» de las compañías eléctricas. «Usted conocía el vaciado de los embalses. No sabemos si usted es tan ineficiente que ni se entera o sólo fue a engañar», ha remarcado el resopnsable socialista.

«Es imposible tomarlo en serio», replicó Feijóo desde su escaño antes de calificar de «insulto» a «la autonomía de Galicia» y «la inteligencia de los gallegos» el vaciado de los embalses, cuyo «único responsable» es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

«Señor Caballero, defienda a Galicia. Tan entregados como usted eran ministros que hoy no se sabe dónde están. Es imposible mantener una conversación mínimamente seria con usted, respétese un poco a sí mismo. Tiene usted oportunidades, pero no muchas más», espetó Feijóo en el cierre de su turno de contrarréplica.

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha denunciado «la ambigüedad absoluta» del «PNV y sus socios» ante «las continuas humillaciones que sufren las víctimas del terrorismo». Por ese motivo, ha asegurado que su partido acudirá este sábado a Arrasate (Gipuzkoa), con motivo de la marcha en honor de Henri Parot, a hacer, a su vez, un homenaje de «desagravio» a las víctimas del etarra.

González ha hecho estas valoraciones durante una comparecencia en rueda de prensa para analizar las claves del nuevo curso político en la sede del PP en Bilbao.

La líder popular ha calificado de «una humillación indignante» la celebración de dicha marcha, organizada por Sare, en favor de un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA, y ha añadido que «el PP estará en Modragon porque está preocupado por las víctimas». «Haremos un homenaje en desagravio por todas ellas y porque hay que plantar cara y tener mano dura con esta gentuza que ensucia las calles en nombre de los vascos», ha añadido.

En este punto, en alusión a las declaraciones realizadas por Aitor Esteban, quien ha afirmado que el PP acude a Arrasate a «provocar», González ha señalado que «provocar es dejar que estos sigan en las calles sin que ellos hagan nada, porque lo único que hace esta gentuza es reírse de todos».

La presidenta de los populares vizcaínos ha aseverado que, «hoy por hoy, el PP es la única alternativa de los vascos». «Porque somos la voz de la conciencia y la dignidad ante otra carencia importante del PNV y de sus socios, el PSE, y que es la ambigüedad absoluta ante las continuas humillaciones que sufren las victimas porque dicen mucho, pero no hacen nada», ha apuntado.

González ha criticado que el PNV diga que tendrán mano dura con los homenajes y los ‘ongi etorri’ pero luego hay en cada esquina un recibimiento y un aurresku, y miran para otro lado».

En ese sentido ha aludido también al homenaje organizado este viernes en Vitoria por el Gobierno y el Centro Memorial de Víctimas del terrorismo en recuerdo de las 39 víctimas del etarra Henri Parot en la víspera del acto de Sare.

«Se van a concentrar a Vitoria, en lugar de hacer lo imposible por evitar ese homenaje, y eso es lo que les reclamamos desde el PP, menos concentraciones y más actuaciones», ha afirmado.

La Generalitat Valenciana y Les Corts han guardado este miércoles tres minutos de silencio en memoria de Zouita, la mujer de 40 años supuestamente asesinada en La Vila Joiosa (Alicante) por su pareja, un hombre que se suicidó este lunes.

«Vamos a seguir trabajando por una sociedad de mujeres libres y seguras y de hombres que no pegan, sino que acarician, cuidan y respetan», ha proclamado la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, tras la concentración silenciosa junto al ‘president’, Ximo Puig, y el resto del gobierno.

Zouita tenía 40 años, tres hijos y «todo el derecho a cumplir sus sueños, a su vida, su libertad, su seguridad». «Tenía derecho a que la quisieran y a que no le quitaran la vida», ha recordado la también portavoz del Consell.

Por tanto, esta concentración sirve para dar apoyo a la familia de tres hijos que deja la víctima, cuya tutela asumirá la Generalitat: Omaia, de 14 años, que «tenía derecho a pasar a su vida adulta acompañada por su madre y su padre, acrecer segura, libre, querida».

También a Osama, que tiene diez años y «tenía derecho a entrar en la adolescencia acompañado de una figura masculina de cuidar, no de pegar; a tener un espejo masculino de relaciones libres e igualitarias». Y por Saua, que tiene tres años y «tenía derecho a crecer, a su infancia con un padre y una madre».

En definitiva, Oltra ha hecho hincapié en que los valencianos están unidos y unidas contra la violencia de género y machista y ha llamado a tejer una sociedad de relaciones igualitarias y no violenta que esté basada «en la estima, el respeto y la libertad».

«La sociedad valenciana va a salir siempre a la calle para mostrar que estamos del lado de las víctimas, de la gente que las quería, de sus familiares, sus amigos y amigas y completamente enfrentados a las actitudes machistas y asesinas que no respetan la libertad ni la dignidad», ha enfatizado.

No había denuncias por malos tratos en el sistema Viogen ni tampoco constaba ninguna información en el Ayuntamiento de La Vila. La víctima murió degollada mientras que el presunto autor de los hechos, de 52 años, falleció al lanzarse al vacío por un puente.