La Generalitat Valenciana y Les Corts han guardado este miércoles tres minutos de silencio en memoria de Zouita, la mujer de 40 años supuestamente asesinada en La Vila Joiosa (Alicante) por su pareja, un hombre que se suicidó este lunes.

«Vamos a seguir trabajando por una sociedad de mujeres libres y seguras y de hombres que no pegan, sino que acarician, cuidan y respetan», ha proclamado la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, tras la concentración silenciosa junto al ‘president’, Ximo Puig, y el resto del gobierno.

Zouita tenía 40 años, tres hijos y «todo el derecho a cumplir sus sueños, a su vida, su libertad, su seguridad». «Tenía derecho a que la quisieran y a que no le quitaran la vida», ha recordado la también portavoz del Consell.

Por tanto, esta concentración sirve para dar apoyo a la familia de tres hijos que deja la víctima, cuya tutela asumirá la Generalitat: Omaia, de 14 años, que «tenía derecho a pasar a su vida adulta acompañada por su madre y su padre, acrecer segura, libre, querida».

También a Osama, que tiene diez años y «tenía derecho a entrar en la adolescencia acompañado de una figura masculina de cuidar, no de pegar; a tener un espejo masculino de relaciones libres e igualitarias». Y por Saua, que tiene tres años y «tenía derecho a crecer, a su infancia con un padre y una madre».

En definitiva, Oltra ha hecho hincapié en que los valencianos están unidos y unidas contra la violencia de género y machista y ha llamado a tejer una sociedad de relaciones igualitarias y no violenta que esté basada «en la estima, el respeto y la libertad».

«La sociedad valenciana va a salir siempre a la calle para mostrar que estamos del lado de las víctimas, de la gente que las quería, de sus familiares, sus amigos y amigas y completamente enfrentados a las actitudes machistas y asesinas que no respetan la libertad ni la dignidad», ha enfatizado.

No había denuncias por malos tratos en el sistema Viogen ni tampoco constaba ninguna información en el Ayuntamiento de La Vila. La víctima murió degollada mientras que el presunto autor de los hechos, de 52 años, falleció al lanzarse al vacío por un puente.

Los ministros de Unidas Podemos Yolanda Díaz, Ione Belarra, Alberto Garzón e Irene Montero asistirán como invitados a la fiesta anual del Partido Comunista de España (PCE), que en esta edición coincide con el centenario de la formación.

El evento tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de septiembre en el Auditorio Miguel Ríos en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid y el PCE retoma así su encuentro anual, que el año pasado fue cancelado a causa de la pandemia del coronavirus.

Según han explicado fuentes de la formación, este cartel de representación institucional evidencia el «peso político» del PCE en el actual momento político, con el «mayor peso» dentro del Ejecutivo desde la legalización del partido en el año 1977.

Aparte de los cuatro ministros, habrá más invitados a la fiesta del PCE y se desplegará un completo programa cultural con «decenas de nombres» propios de la música, las artes, la política y la esfera intelectual.

PROTOCOLO ANTICOVID

Por otro lado, el partido desplegará un protocolo anticovid que permitará el desarrollo de su fiesta con normalidad. De esta forma, habrá un aforo más reducido que en otras ocasiones, la obligación de uso de mascarilla en todo momento y la delimitación de espacios que garanticen la distancia de seguridad.

La formación ya avanzó las actuaciones durante estas fechas de ZOO, Mafalda y La Reina de los Lagartos, G.E.L, Los Chikos del Maíz, Anier y Martin Plan B. A la espera de completar el apartado musical, las actuaciones tendrán acceso libre y gratuito, al igual que el resto de actividades.

La fiesta del PCE volverá a contar con las habituales charlas y debates, con una programación de teatro, con la Feria del libro, con actividades deportivas, una «amplia variedad» de gastronomía incluye opciones veganas, actividades infantiles, zona de artesanía, además del ya tradicional Rincón Cubano y del acto central, que en esta ocasión tendrá un carácter especial con motivo de sus 100 años de actividad política.

El PCE encara el centenario de la formación, que se cumple el próximo 14 de noviembre de 2021, con vocación de tejer «amplias alianzas» que construyan más unidad popular de las fuerzas de izquierda.

La filial en España de Unilever y la organización sin ánimo de lucro Ambientech, que promueve la educación universal en ciencias, salud y medio ambiente, han firmado un acuerdo para desarrollar un itinerario educativo online, dirigido a adolescentes, para concienciar sobre la importancia de minimizar la cantidad de comida que diariamente acaba en la basura.

El acuerdo, que prevé llegar a más de 2.000 escuelas durante el nuevo curso, pondrá a disposición de todas aquellas escuelas del país que lo deseen, en acceso libre, el itinerario, expresamente diseñado para alumnos y alumnas de Educación Secundaria, cuyo objetivo es profundizar en la reducción del desperdicio de alimentos, uno de los retos incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

«Actualmente, más de 7,7 millones de toneladas de alimentos acaban en la basura cada año en los hogares españoles, tal y como detalla el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente», ha indicado la directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever España, Ana Palencia, quien ha precisado que las herramientas educativas que están diseñando conjuntamente con Ambientech «buscan concienciar a jóvenes españoles para reducir estas cifras entre las nuevas generaciones», según un comunicado conjunto.

Por su parte, la presidenta de Ambientech y coautora del programa, Àngels Sala, ha asegurado que «esta alianza permite poner solución a la inquietud que tienen muchos profesionales de la educación en España ante la falta de materiales dinámicos y didácticos que permitan concienciar y educar a los alumnos en la reducción del desperdicio alimentario», y ha manifestado que están «muy contentos de poder contar con todo el knowledge de Unilever en este campo».

Con esta alianza, Unilever pasa a ostentar el Sello Verde de Apoyo a la Educación Universal como empresa comprometida con la promoción y la difusión de la igualdad de oportunidades educativas para todo el mundo a través de la responsabilidad, la sostenibilidad y la salud, dentro de los objetivos que marca la Agenda 2030 promovidos por la ONU.

Entre los distintos compromisos que se ha marcado Unilever para los próximos años está la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos en las operaciones directas para el 2025 y la prestación de ayuda a proveedores y clientes de alimentación para abordar este problema mediante la prevención y la redistribución.

Además, y a través de marcas como Hellmann’s, la compañía ayuda a los consumidores a gestionar el desperdicio en los hogares a través de herramientas como la ‘Guía Contra el Desperdicio Alimentario’, y fuera del hogar a través de su alianza con Too Good To Go.

En el campo de la restauración, la división culinaria Unilever recientemente ha puesto en marcha la web app Stopmermas, que permite a los profesionales de la restauración tener un diagnóstico personalizado de las mermas que se producen en sus negocios de forma gratuita.

La Asociación de Municipios Ribereños, tras el último trasvase que consideran «incomprensible», han asegurado no concebir que, en estos momentos, con la agroindustria «en el punto de mira de la ciencia», el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «siga favoreciendo los intereses de quienes han envenenado el Mar Menor, secando el Tajo».

En nota de prensa, han tildado de «preocupante» que se desembalse cada vez menos agua hacia el río, este año 60 hm3 menos, para favorecer el trasvase, al tiempo que han insistido en que no era necesario, con 215 hm3 en el sistema trasvase; un récord histórico con 114 hm3 procedentes del Tajo.

«Entrepeñas y Buendía recibirán el otoño como hicieron con el verano, con los niveles cayendo en picado. No es problema de sequía, «es problema de saqueo», ha denunciado la presidenta de la Asociación de Municipios Ribereños, María de los Ángeles Sierra, que ha denunciado «la mala gestión continuada, que nos embarra perpetuamente en situaciones irónicamente llamadas de excepcionalidad hidrológica».

«Con España entera alarmada de los excesos provocados artificialmente por los desembalses en otras cuencas, con la Región de Murcia en pie de armas por la situación del Mar Menor, un lunes más en la oficina de los Ribereños, sus embalses vuelven a ser esquilmados sin que nadie fuera de Castilla-La Mancha diga nada. La misma historia de siempre», ha denunciado.

Asimismo, el vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro, también ha denunciado la mala gestión: «Este año han entrado 700 hm3 y han salido con destino a la cuenca del Segura 300 hm3, el 45 por ciento de las aportaciones; una sobreexplotación absolutamente insostenible que desemboca en los problemas que todos conocemos, a ambos lados de la tubería».

Y es que los ribereños han lamentando caer en los «errores de siempre, priorizando la avaricia de los regantes al desarrollo económico de la cuenca cedente».

«Mientras el Colegio de Biólogos de la Región de Murcia, el de Geógrafos, el Instituto Nacional de Oceanografía, naturalistas, incluso el propio Ministerio, señalan el problema de la sobreexplotación agrícola de la Región de Murcia, seguimos mandándoles más y más agua. Es como regalarle dulces y comida basura a un paciente con obesidad mórbida», añade la presidenta», ha comparado Castro.

Por su parte, el técnico de la Asociación, Miguel Ángel Sánchez, ha vuelto a solicitar un cambio en la estrategia de desembalses, mostrando su extrañeza por la insistencia en vaciar Entrepeñas antes que Buendía, que tiene menor desarrollo turístico. «Es como si quisieran cortar cualquier atisbo de desarrollo, cualquier esperanza».

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha manifestado el compromiso del Ministerio del Interior para consolidar la presencia de la Guardia Civil en las áreas rurales, que contribuye a mejorar la vida diaria de los ciudadanos y a fijar población en un área muy afectada por la baja densidad de habitantes.

Así lo ha señalado Pérez tras la reunión mantenida con el delegado de Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, y con los subdelegados en las nueve provincias para analizar la situación de la seguridad ciudadana en la comunidad autónoma y de las infraestructuras y plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la región.

El delegado del Gobierno y los subdelegados han transmitido a Rafael Pérez «su agradecimiento por el trabajo realizado por la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la pandemia» y han destacado «la importancia de su labor para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las restricciones en la comunidad con el territorio más extenso del país».

Pérez ha ofrecido detalles sobre la ampliación de la Escuela Nacional de Policía, en Ávila y la creación del Centro Universitario de la Policía, adscrito a una universidad pública, un proyecto anunciado el pasado mes de julio por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la jura de la XXXV promoción de la escala básica de la Policía Nacional.

Durante el encuentro se han analizado las estadísticas de criminalidad en Castilla y León y la incidencia de algunos delitos como la ciberdelincuencia, en ascenso por el efecto del confinamiento.

La violencia de género, la delincuencia itinerante y los delitos de odio han sido algunas de las preocupaciones expresadas también por el delegado del Gobierno y los subdelegados, según el comunicado de Interior.

Al encuentro de trabajo, que se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno en la ciudad de León, han asistido presencialmente los subdelegados del Gobierno en León, Faustino Sánchez; Burgos, Pedro L. de la Fuente; Palencia, Ángel Domingo; Salamanca, María Encarnación Pérez; Valladolid, Emilio Álvarez; y Zamora, Ángel Blanco.

También han seguido la reunión por videoconferencia los subdelegados del Gobierno en Ávila, Arturo Barral; Segovia, María del Lirio Martín; y Soria, Miguel Latorre.

Tras este encuentro, Pérez ha participado en la toma de posesión del nuevo jefe de la Zona de la Guardia Civil en Castilla y León, Luis Antonio del Castillo Ruano, donde ha estado acompañado por el propio Izquierdo, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez; y el director adjunto operativo de la Guardia Civil, teniente general Pablo Salas.

Nueve de cada diez españoles consideran que la micromovilidad, es decir, el uso de vehículos de movilidad personal (VMP) como son las bicicletas o los patinetes eléctricos, no está lo suficientemente regulada.

Según se desprende de una encuesta realizada por idealo.es, recogida por Europa Press, el 25 por ciento de los españoles ha utilizado, al menos una vez, uno de estos vehículos.

Precisamente, el Congreso acordó la semana pasada que el conductor de un vehículo de movilidad personal estará obligado a utilizar casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine. Así lo decidieron los grupos parlamentarios en el trámite de ponencia sobre el proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015 en materia del permiso y licencia de conducción por puntos.

Por grupos de edad, el estudio muestra que los centennials (nacidos entre 1996 y 2012) y los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) son los más predispuestos a probar este tipo de movilidad, con un 38,5 por ciento y un 33,3 por ciento respectivamente. En el lado opuesto, un 11 por ciento de los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1965) ha usado uno de estos dispositivos.

Por otra parte, la investigación publicada este miércoles muestra que el 60 por ciento de los españoles considera que la micromovilidad es un modo de transporte seguro. Así, el medio que mayor confianza ofrece a los usuarios son las bicicletas eléctricas, mientras que patinetes y monociclos ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Asimismo, este análisis revela que la mayor parte de la gente que utiliza los servicios de micromovilidad lo hace para recorrer pequeñas distancias, para ocio o para realizar recados. Por otro lado, cada vez más españoles lo usan para acudir a trabajar, algo que está muy implantado en muchos países europeos.

El 63 por ciento de los españoles que ha utilizado alguna vez un servicio de micromovilidad usó el patinete eléctrico y un 19,4 por ciento de las personas consideran que se trata de un medio seguro. En contraposición, las bicicletas eléctricas, que son señaladas como el medio de micro-transporte que más confianza ofrece, son conducidas por el 42 por ciento de los consumidores.

Según los autores del estudio, la razón puede radicar en los precios, ya que los patines eléctricos suelen tener un precio más barato: algunos pueden costar menos de 100 euros, mientras que la mayoría de las bicicletas eléctricas suelen superar los 500 euros y pueden superar los 1.000 euros.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acusado a VOX de «banalizar» los delitos de odio y ha asegurado a los diputados de la formación que no se diferencian «en nada» de una mujer migrante porque todos tienen «los mismos derechos humanos».

«Yo les miro a ustedes y me pregunto en qué nos diferenciamos de una mujer migrante: ¿en el color del pelo, en el atuendo? No nos diferenciamos en nada, porque somos iguales, tenemos los mismos derechos humanos, y cuando hablamos de niños y niñas, ellos todavía tienen más derechos, porque están reduplicados en su nivel de protección», ha exclamado la ministra.

Así se ha pronunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una interpelación urgente de la diputada de VOX Macarena Olona, que le ha preguntado cómo va a evitar el Gobierno la banalización de los delitos de odio.

Llop ha aclarado a la diputada de VOX que «una manera de banalizar los delitos de odio es generar confusión» y «tergiversar» como, a su juicio, está haciendo la formación que dirige Santiago Abascal. «Los delitos de odio no son meras críticas o descalificaciones sino manifestaciones de violencia estructural sobre grupos concretos de personas», ha explicado.

UNA AMENAZA GRAVE

La ministra ha detallado que hay dos tipos de delitos de odio, los que consisten en incitar públicamente al odio y los que se cometen por motivos discriminatorios contra determinados grupos de personas, y ha añadido que «ambos son una amenaza grave que ponen en riesgo a todos y todas».

En este sentido, ha citado datos del Ministerio de Interior para señalar el «importante repunte de los delitos de odio» que «se han incrementado en un 45% en apenas 6 años»; ha matizado que, aunque en 2020 se produjo un descenso, no fue representativo por el confinamiento, y ha indicado que en los seis primeros meses de 2021, han aumentado un 9,3% con respecto al mismo periodo de 2019. A estas cifras, «la punta del iceberg», hay que añadir, según ha dicho, «la bolsa oculta de denuncias».

Por ello, ha insistido en la importancia de «visibilizar» esta situación para animar a las personas que sean víctimas de este tipo de delitos a que denuncien; y ha criticado que las manifestaciones de VOX son «disuasorias» y «empoderan a los agresores» porque «encuentran respaldo moral» para sus conductas.

Además, Llop ha señalado que «no se puede dar prioridad a unas víctimas sobre otras» pero ha defendido que «sí hay que singularizar» porque cada delito tiene sus «especificidades». «No hacerlo así, meterlo todo en un saco en el que se confunda y no se trate su singularidad es muy peligroso», ha advertido, añadiendo que desde Justicia e Interior están trabajando en un II Plan de lucha contra los delitos de odio.

VOX ACUSA AL GOBIERNO DE BUSCAR SU ILEGALIZACIÓN

Por su parte, la diputada de VOX Macarena Olona ha aprovechado su intervención para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de estar «fabricando pruebas contra VOX para impulsar su ilegalización, al amparo de la ley de partidos políticos de 2002» y ha dicho que la ministra de Justicia tiene «la llave que lo activará».

«El Gobierno necesita situarnos en el discurso del odio, donde no estamos, pero a ello se están dedicando, a fabricarlo, primero lo han intentado ordenando al Ministerio Fiscal que nos denunciara por supuestos delitos de odio, por ejemplo, con las denuncias promovidas con ocasión de los carteles de la campaña electoral de Madrid informando del coste objetivo de un MENA para el erario público», ha indicado Olona.

Asimismo, ha denunciado que cuando se produjo el «deleznable» asesinato de Samuel en La Coruña, «acusaron a VOX sin prueba alguna de ser culpables de lo que calificaron como agresión homófoba». «Lo hemos visto igualmente en los pasados días con esa supuesta agresión homófoba en Malasaña que ha resultado ser falsa», ha precisado.

Por su parte, la ministra de Justicia ha diagnosticado a VOX «un peligroso delirio derivado de un complejo de inferioridad exagerado» al pensar «que el Gobierno está obsesionado» con su formación. «Mire, no. El Gobierno está obsesionado en ayudar a la ciudadanía a salir de la peor crisis social y económica de las últimas décadas pero a ustedes solo les importan ustedes mismos», ha zanjado Llop.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha resaltado que la pandemia «no ha logrado eclipsar» la actuación de la universidad pública vasca que «ha seguido poniendo al servicio de la sociedad la suma de valores, conocimiento e investigación». Asimismo, ha asegurado que el «objetivo específico» para este curso es «garantizar una enseñanza presencial del 100%».

De este modo, ha pedido un nuevo esfuerzo porque «estamos mejor», pero «debemos mantener la prudencia; superaremos la pandemia con responsabilidad y profesionalidad».

Urkullu ha presidido este miércoles en San Sebastián el acto solemne de apertura de curso 2021-2022 de la Universidad del País Vasco, en el que ha intervenido junto a la rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira. La lección inaugural ha corrido a cargo de Albert Fert, premio Nobel de Física 2007 e Investigador Distinguido en el Departamento de Física de Materiales de la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco.

El acto solemne ha contado también con la presencia de destacados representantes institucionales como el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, o el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, entre otros.

En su discurso, el lehendakari ha apuntado que, en paralelo, y pese a la situación sanitaria por el covid-19, la UPV/EHU ha sido capaz de «mantener su nivel de calidad», tal y como lo pone de manifiesto el ranking de Shangai, «situándose entre las 400 mejores universidades del mundo».

Urkullu ha asegurado que desde el Gobierno Vasco seguirán impulsando el «modelo de colaboración entre universidad, instituciones, el mundo de la empresa y el conjunto de la sociedad».

Compartimos los objetivos estratégicos: investigación de excelencia en el ámbito del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, transformación para la internacionalización, universidad más empresa, atención a los ámbitos de salud y educación como prioridades de país. Estas áreas formarán parte de las prioridades estratégicas del nuevo Plan del Sistema Universitario Vasco 2025″, ha apuntado el mandatario vasco.

Asimismo, ha recordado que esta semana han trasladado desde el Ejecutivo autonómico al Gobierno español «la necesidad de consensuar un desarrollo normativo que permita avanzar en cuestiones claves de futuro: diseño de plantillas, capacidad de determinar la admisión de alumnado, colaboración eurorregional, programas de atracción de talento de excelencia, formación universitaria dual, evaluación de nuestra agencia de calidad o modelo de financiación, entre otros».

«La universidad vasca es un referente de ‘bien saber hacer’ en esas materias y nuestro objetivo es garantizar su desarrollo en el marco de nuestras competencias», ha asverado.

El lehendakari ha destacado que estos 18 meses de pandemia «nos han afectado en todos los órdenes de nuestra vida» y ha subrayado que poder mantener las aulas abiertas y la educación presencial «ha sido un respiro social». Por ello, ha mostrado su reconocimiento a la labor de toda la comunidad universitaria, así como al «compromiso» del alumnado y sus familias.

Tras expresar su agradecimiento a la rectora Eva Ferreira y a su equipo, así como al anterior, ha elogiado su labor y el «compromiso con que ha mantenido vivo el espíritu de la universidad». «Seguimos formando un ‘equipo’, os animo a seguir avanzando con la misma profesionalidad, responsabilidad y dedicación», ha concluido.

OFERTA ACADÉMICA UPV/EHU

Por su parte, la rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, ha resaltado que la universidad «es un proyecto colectivo y el beneficio social de ese trabajo es superior a la suma de las aportaciones individuales». Además, ha abogado por un marco normativo «más ágil y eficaz».

A su juicio, «no tiene sentido que sea más sencillo ejecutar un euro público en una institución privada que ejecutar un euro privado en una institución pública».

«Rendición de cuentas, por supuesto; transparencia en la gestión, también; mejora en los resultados, sin duda, pero o somos capaces de que las leyes entienda y faciliten el quehacer de las universidades públicas, o nos podemos ahogar en nuestro propio éxito», ha sostenido.

En total, cerca de 35.000 estudiantes cursarán alguno de los 103 grados que este curso 2021-2022 oferta la Universidad del País Vasco. En once de ellos se ofrecerá formación dual universidad-empresa, una modalidad en la que la UPV/EHU es pionera y que permite cursar parte de los estudios de grado en una empresa o entidad social y con un importante componente práctico.

Además, alcanza la treintena el número de dobles titulaciones internacionales de grado, programas formativos conjuntos que permiten al alumnado obtener dos títulos universitarios de grado, uno por la UPV/EHU y otro por la universidad extranjera correspondiente.

En cuanto a los posgrados, la universidad pública vasca ofrece este nuevo curso un total de 108 másteres universitarios, ocho son másteres conjuntos Erasmus Mundus, y 65 másteres y posgrados propios, entre los cuales se cuentan 12 nuevos títulos.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha incidido en que la investigación en relación con el incendio forestal de Sierra Bermeja se está llevando a cabo todavía y espera que sea «cuanto antes», pero «lo más importante es dar seguridad y certidumbre a todos los ciudadanos, los vecinos de los municipios afectados».

En suma, ha dicho, «ayudarles a recuperar esa normalidad», ha agregado Navarro, que, preguntada sobre si sabría cuándo podría finalizar el informe de investigación, ha dicho que «no podemos aventurar fechas».

«Está a cargo de una brigada especial de investigación de incendios forestales, que tienen dentro del Servicio de Agentes de Medio Ambiente la Consejería, y que se encarga de averiguar cuál ha sido la causa específica del incendio, qué es lo que lo desató» y «en colaboración con la Guardia Civil ellos se encargan específicamente de quién pudo ser el causante, porque trabajan sobre la hipótesis de que fue provocado».

Navarro ha agregado, además, que «al igual que en los trabajos de extinción no podemos presionar a los efectivos para que lo finalicen cuanto antes, aunque es el objetivo compartido de todos; en este caso –sobre la investigación– mucho menos». «Este tipo de investigaciones se debe hacer con la paciencia, el rigor y el tiempo que necesiten porque estamos hablando de algo muy serio en lo que no podemos permitirnos ni un fallo», ha apostillado.

Navarro, en declaraciones a los periodistas en Cártama (Málaga), ha recordado que el incendio quedó controlado este pasado martes, por lo que la labor de extinción tiene que continuar por parte de los efectivos del Infoca durante días. «Pensamos que se prolongarán a lo largo de esta semana y posiblemente también la semana que viene».

Ello, ha detallado, dependerá de cómo se desarrollen las labores de «aseguramiento de que el fuego no se reaviva en ningún punto». Al respecto, también ha explicado que en la jornada de este pasado martes quedaban puntos calientes que fueron eliminándose a lo largo del día y «todavía quedan».

En cuanto a los efectivos, la delegada ha explicado que trabajan unos 100 por la mañana y otros 100 por la noche. De los medios aéreos, por su parte, no se hace uso pero están preparados por si son necesarios.

Por otro lado, ha recordado que fueron seis los municipios que tuvieron que ser desalojados debido al avance del fuego, precisando que todos están ya en sus hogares, «recuperando la normalidad». «Eso es una tranquilidad para todos, pero la prioridad es que puedan seguir con esa tranquilidad, organizando tras dos días fuera de casas, sus hogares, pertenencias, tierras…», ha concluido.

La diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha recriminado este miércoles en rueda de prensa que la Junta de Andalucía haya puesto el énfasis en el hecho de que el incendio de Sierra Bermeja haya sido provocado, «la mayoría lo son», ha precisado, por considerar que «es una forma de eludir responsabilidades» cuando ha advertido de que el Gobierno andaluz «es el máximo responsable de este tipo de incendios y de nuestros montes».

«No se puede controlar una colilla, pero sí que cuando ocurra el impacto sea el menor posible», ha sostenido Rodríguez sobre las competencias del Gobierno andaluz en los casos de incendios forestales.

La parlamentaria autonómica, quien ha recordado que presentaron una propuesta en el Senado conforme a las pretensiones de una plataforma ciudadana para que Sierra Bermeja se incluyera dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves y que recibió el rechazo de otros grupos, ha instado a «proteger el patrimonio frente a la explotación a corto plazo del patrimonio natural».

La diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía ha abogado por «cambiar la perspectiva frente al cambio climático» tras argumentar que «no vale la misma receta» empleada hasta ahora, que ha puesto de manifiesto con sus referencias a «la apuesta por las macrourbanizaciones, los campos de golf, el abandono del medio rural», por lo que ha concluido seguidamente que no cambiar ese rumbo «volveremos a lamentar este tipo de sucesos».

Tras esgrimir que la Plataforma de sostenibilidad del Medio Rural hubiera reprochado a la Junta «no haber invertido ni un euro» del Programa de Desarrrollo Rural, Rodríguez ha reclamado al Gobierno andaluz «cambiar la política forestal», que ha concretado en decisiones como disponer de «más medios de vigilancia, más puestos de vigilancia que funcione las 24 horas los 365 días del año».

La portavoz de Adelante Andalucía ha demandado otra estrategia laboral del Gobierno andaluz con los bomberos forestales del Plan Infoca, para quienes ha solicitado que «los cuerpos de bomberos forestales estén bien dotados, mejoras para su estabilidad laboral», así como su consideración como «bomberos forestales» y «su equiparación de derechos con el resto de empleados publicos» tras advertir de que «son despedidos en octubre y luego no son contratados hasta el inicio de la campaña», como ha puesto de manifiesto en el caso del bombero fallecido en el incendio de Sierra Bermeja, Carlos Martínez, de quien ha recordado que tenía un contrato de cuatro meses.

«No podemos decir que son auténticos héroes y luego tratarlos como si fueran el último monos en la Administración andaluza», ha argumentado la portavoz de Adelante Andalucía.

Teresa Rodríguez ha exigido que los bomberos del Plan Infoca «se contrataran todo el año» mientras que ha sostenido que «la prioridad de la Junta nunca ha sido el dispositivo Infoca».

La Audiencia Nacional ha declarado este miércoles legal la orden que adoptó el Ministerio del Interior al cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos del puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid cuando subordinados suyos investigaban bajo la dirección de una juez la posible relación de la manifestación del 8M con el inicio de contagios de coronavirus.

Los cinco magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ven justificado el argumento esgrimido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aludió a la pérdida de confianza para acometer la salida del coronel. En esta línea, el escrito señala que «habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino».

Así, no ve lógico mantener «al interesado en el mismo» puesto «imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva». «Es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino», añade.

Y esa pérdida de confianza llegó, como recuerda la sentencia, por la «no información» del «desarrollo» –y no del contenido– de «investigaciones y actuaciones» llevadas a cabo por la Guardia Civil. Todo ello, apunta, en el amplio y, a veces, confuso «marco operativo y de Policía Judicial».

«En el presente caso», señalan los magistrados, «no se discute la idoneidad del cesado, es decir, su capacidad profesional para ostentar dicho cargo, sino la pérdida de confianza, en la que las razones subjetivas de la autoridad que lo designó están amparadas por la decisión libre de cesarle».

LA SALA NO VE «DESVIACIÓN DE PODER» EN SU CESE POR PARTE DE INTERIOR

En concreto, el cese fue ordenado un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por la COVID-19, dando paso a las críticas de los partidos de la oposición al entender que Grande-Marlaska apartaba a un oficial, con larga experiencia en la lucha antiterrorista y con un papel destacado durante el referéndum del 1-O, por no mantenerle informado de las pesquisas –luego archivadas– que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La sala estima de esta forma el recuso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, que alegó en representación del Ministerio del Interior que el cese de Pérez de los Cobos no supuso «desviación de poder» al deberse a una pérdida de confianza. Además, sostenía que con su decisión la Audiencia Nacional «eliminaba» la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial, de acuerdo al «juicio de confianza» que establezca la cadena de mando.

En este sentido, la sentencia recoge que «no se advierte en el supuesto de autos desviación de poder» al «constatarse en la propia sentencia de instancia una justificación suficiente del cese en los términos señalados».

El escrito de apelación presentado por Interior ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo planteaba el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos «contradijo el resultado de la prueba practicada». «El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo», sostuvo.

En este sentido, Interior alegaba que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación sobre el 8M antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta de una videoconferencia con la magistrada Carmen Rodríguez-Medel para «acelerar la investigación», de una conversación sobre el «plus de cautela» y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.

Sobre el fondo del problema, que el ministro Grande-Marlaska quisiera conocer un informe que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid y a Fernando Simón en el curso de una investigación judicial, Interior también negaba su interés: «Estamos hablando de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento –entre ellas, el Delegado del Gobierno– y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación«.

REVOCADA LA SENTENCIA QUE CONMINABA A REINCORPORAR AL CORONEL

La decisión de la sala de considerar legal su cese también supone la revocación de la sentencia de 31 de marzo de 2021 del Magistrado Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, que había anulado la resolución administrativa, del Secretario de Estado de Seguridad, que dispuso el cese de Pérez de los Cobos como Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid y la que la confirmó en alzada, del Ministro del Interior.

Entonces, el magistrado Celestino Salgado declaró «ilegal» el cese del coronel al entender que «la motivación de la propuesta de cese» no era «real, o al menos no se» ajustaba «a la realidad». En ese momento, ordenó a Grande-Marlaska que reingresase a Pérez de los Cobos en su puesto.

La Audiencia Nacional rechazó ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló el cese rechazando de esta forma que pudiese reincorporarse inmediatamente a su puesto, al considerar que, de volver, cuando el fallo aún no era firme, podría causar un perjuicio de «imposible reparación» a quien ostentaba ese cargo.

Por su parte, el coronel se defendió alegando en su recurso que su cese era una «directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal, como lo hubiera haber sido haber informado a los responsables políticos del Ministerio del Interior una investigación sometida a la más estricta reserva».

Crue Universidades Españolas, que reúne a los rectores de 76 universidades españolas, confía en la «actitud dialogante» que el Ministerio de Universidades ha mostrado hasta ahora para incluir sus propuestas en la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), de cara a su posterior tramitación parlamentaria.

Los rectores consideran necesario hacer «cambios sustanciales» en el texto aprobado en primer lectura el pasado 31 de agosto por el Consejo de Ministros, en la línea de los propuestos en el documento Universidad 2030, presentado en octubre de 2020.

Así lo han expresado este martes durante la celebración de su Asamblea General, donde los rectores han debatido sobre la LOSU, y han acordado estudiar las alegaciones al texto normativo, cuyo plazo de presentación de las mismas expira el próximo 24 de septiembre.

Para esta asociación, la aprobación de un nuevo marco legal supone «una enorme oportunidad para poner los cimientos de la Universidad moderna y competitiva que necesita España».

RENOVACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE

Durante la celebración de la Asamblea General, se han aprobado también los nombramientos propuestos por el presidente de Crue, José Carlos Gómez Villamandos, para cubrir las vacantes existentes en el Comité Permanente como consecuencia de la salida de los vicepresidentes Francisco Mora, rector de la Universitat Politècnica de Valencia (2013-2021), y Julio L. Martínez, rector de la Universidad Pontificia de Comillas (2012-2021).

Así, los hasta ahora vocales del Comité Permanente de Crue, el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo, y el rector de la Universitat Ramón LLull, Josep Maria Garrell, ocuparán las dos vicepresidencias.

Además, las rectoras de la Universidad CEU San Pablo y de la Universitat Jaume I, Rosa Visiedo y Eva Alcón, respectivamente, serán las nuevas vocales de este órgano de gobierno de Crue. Alcón, que fue nombrada en 2019 delegada de la Presidencia de Crue para Políticas de Igualdad, entrega el relevo de este puesto a la rectora de la Universidad de Huelva, Maria Antonia Peña.

El presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles que el trasvase Tajo-Segura sufre recortes «políticos» y no «técnicos», por lo que ha pedido «sentido común» para reivindicar el agua «que nos merecemos» y que «nos están quitando».

El dirigente ‘popular’, en declaraciones a los medios en Villena (Alicante) durante el acto de la ‘Vendimia Abierta 2021’, Mazón ha sostenido que el discurso «real» de la defensa del agua «está aquí», junto el de la «sostenibilidad» y el de la «justicia». Igualmente, Mazón ha afirmado que el Júcar-Vinalopó está sufriendo «retrasos injustificables».

«Sigo reivindicando el agua que nos merecemos y nos están quitando, y pido algo de sentido común, ya no lo digo ni siquiera con enfado, lo digo con búsqueda de justicia», ha señalado en el acto, donde ha participado junto a la Comunidad General de Usuarios de Regantes del Alto Vinalopó.

«Tenemos una ministra de Pedro Sánchez que dice que los trasvases son una barbaridad y tenemos un Gobierno de la Generalitat Valenciana que todavía no ha dado un puñetazo encima de la mesa por esta cuestión», ha dicho, y ha añadido: «Basta ya de decir que el trasvase es una barbaridad, porque la barbaridad sería acabar con él».

En esta línea, ha añadido que «si la lucha es contra el cambio climático, la mejor manera es reconocer que tan caudal ecológico es el de la cuenca excedente como el que recibe». «Somos tan caudal ecológico como el Tajo o cualquier otro río, esto también es caudal ecológico; si no tuviéramos nuestro caudal ecológico, la transición medioambiental sería mucho más complicada», ha sostenido.

De la misma forma, ha añadido que «el respeto al medioambiente sería mucho más complicado porque sólo del Tajo-Segura dependen más de 40 millones de árboles». «Sin esos árboles tendríamos un desierto, ni tendríamos medioambiente, ni ecología, ni transición ecológica», ha dicho.

Así, ha dicho que la desalación «no puede ser la solución, porque tiene un coste energético que «cuadriplica» y eso «también es malo para el medioambiente». «El discurso de la reivindicación está aquí también, por lo que basta ya de decir que el trasvase es una barbaridad porque la barbaridad sería acabar con el trasvase», ha finalizado.

El diputado de Más País Íñigo Errejón, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y su homóloga en la Asamblea, Mónica García, han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, paralizar la propuesta de ampliación del aeropuerto de Barajas, acabar con la «trampa de los pelotazos» propia de los años 90 y «menos humos» para la ciudad y la Comunidad.

«Esta ampliación anunciada es el tipo contrario de inversiones que necesita Madrid y el barrio de Barajas porque va a provocar un mayor destrozo medioambiental, un empeoramiento de la calidad de vida de los vecinos, especialmente los que viven en la zona del aeropuerto, quienes sufren, como acreditan estudios de todo tipo, peores condiciones de salud y una calidad de vida inferior a la del resto de la ciudad«, ha argumentado Maestre, que ha subrayado que la situación empeorará con esa pretendida ampliación.

Desde Barajas, la edil ha defendido que lo que necesita la ciudadson «inversiones de futuro, verdes, sostenibles». «Madrid no necesita más humos y se lo decimos a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, pero se lo decimos también al Gobierno de España», ha destacado.

RESCATE DE UN PROYECTO DE RAJOY

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, no entiende «cómo el Gobierno central quiere rescatar un proyecto de (Mariano) Rajoy que estaba en un cajón y que no se adecua a las necesidades y posibilidades de ahora».

La ampliación de Barajas iría en contra de «la transición ecológica y la inversión responsable». «Queremos que esos 1.600 millones lleguen a Madrid pero en forma de futuro, con proyectos de los que nos podamos enorgullecer. No podemos volver a caer otra vez en la trampa de los pelotazos urbanísticos, del cortoplacismo sino que necesitamos largo plazo y darle tregua al clima», ha abogado la diputada autonómica.

Mónica García también ha exigido a Aena que cumpla con los compromisos con los distritos y con municipios como San Fernando y Coslada, «donde la calidad de vida se ve empeorada por las emisiones y la contaminación acústica».

«No queremos más pelotazos, queremos más inversiones sostenibles. No queremos más contaminación sino calidad de aire y poder mirar al futuro con un reto saludable. No queremos más palabrería, queremos hechos que nos alineen con la transición ecológica», ha enumerado Mónica García.

Más Madrid llevará a la Asamblea una iniciativa «para que la Comunidad mire al futuro» mientras que ha exigido al Gobierno central que cumpla sus promesas en Cercanías porque no tiene sentido que para ir de Pinto a Parla, separadas por 3 kilómetros, haya que pasar por Atocha.

«ES UNA AMPLIACIÓN QUE NADIE PEDÍA»

Errejón ha puesto el acento en que «el Gobierno de España plantea una ampliación de Barajas que nadie pedía». «No sé si se le ocurrió en su momento para compensar la ampliación que planeaban en El Prat, que tampoco pedían los vecinos y muy posiblemente se acabe echando atrás», ha señalado tras recordar que este domingo habrá movilizaciones de rechazo a las pretendidas ampliaciones de Barajas y El Prat en la Puerta del Sol (Madrid) y en Sants (Barcelona).

El diputado de Más País ha defendido que los 1.600 millones que llegarán «se tienen que dedicar al tren de media cercanía, a los trenes de cercanía, a la economía del conocimiento y a la industrialización verde. «No queremos repetir los errores de los años 90, de la economía del pelotazo y de las grandes infraestructuras», ha remarcado.

Por eso Más País presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se llevarán al Congreso en breve, con la paralización de las grandes infraestructuras contaminantes en el caso de El Prat, Baraja y Port de Valencia.

CONTRA LA «ECONOMÍA DEL PELOTAZO»

«Es una alternativa para cambiar la prioridad de la política económica porque es absurdo que Alemania produzca más energía fotovoltaica que España. Es ridículo y eso sucede porque Alemania apuesta por la producción de energías limpias y nosotros por la economía del pelotazo», ha manifestado Errejón.

El diputado de Más País ha llamado a «apostar por un combate decidido contra la crisis climática». «No puede ser que todos los veranos nos escandalicemos porque hay más y peores incendios y en otoño se nos olvide y sigamos haciendo infraestructuras que contribuyen a la crisis climática», ha argumentado. Íñigo Errejón ha defendido que «combatir la crisis climática comienza también por cambiar el modelo energético y económico».

La Plataforma Pacto por el Mar Menor ha hecho un llamamiento a la sociedad para que se sume a la campaña de recogida de firmas para dotar a la laguna de personalidad jurídica, ya que a primeros de octubre concluirá esta iniciativa y llevan recogidas unas 300.000 firmas.

Así lo ha manifestado el portavoz de dicha plataforma, Ramón Pagán, que ha pedido a la sociedad «un esfuerzo en el ‘sprint’ final, ya que no podemos perder esta oportunidad, incluso debemos superar las 500.000 firmas».

El objetivo, ha recordado, es que el Mar Menor «esté protegido y que cualquier entidad que ocasione daños a la laguna, que es patrimonio, sea responsable y vaya a los tribunales a dar cuenta del daño ocasionado, ya sea una empresa o un particular».

Pagán, que tiene la esperanza de que van a conseguir este reto propuesto para que la ILP se pueda debatir en el Congreso, ha recordado las campañas que se están haciendo tanto a nivel regional como nacional, así como los puntos de recogida de firmas instalados en las capitales de provincia y en toda la Región de Murcia.

En concreto, hay puntos de recogida de firmas en varias CCAA y en más de una veintena de municipios de la Región. Se pueden consultar en el siguiente enlace: ‘https://pactoporelmarmenor.blogspot.com/p/puntos-de-firmas.html’. Incluso fuera de la geografía nacional, en Tuebingen (Alemania) y en Helsinki (Finlandia).

Otra de las actividades que se van a organizar es un pasacalles este sábado por la ciudad de Murcia para «llamar a la participación ciudadana en esta recogida de firmas».

También ha recordado que varias organizaciones, entre las que se encuentran Pacto por el Mar Menor, ANSE y Ecologistas y Grupo ILP Mar Menor, han convocado la manifestación en defensa por la laguna y para exigir soluciones «reales» el próximo 7 de octubre, a partir de las 20.00 horas, estando previsto salir desde la Consejería de Agricultura y concluir en San Esteban, sede del Ejecutivo murciano.

Las organizaciones quieren mostrar así su «desacuerdo» con la «mala» gestión llevada a cabo por la Consejería, con la mayoría de competencias, y por el Ejecutivo regional.

Asimismo, los convocantes solicitan «el apoyo y adhesión de toda la ciudadanía y las organizaciones sociales de la Región de Murcia, para exigir soluciones reales ya».

Los organizadores pretenden que sea una convocatoria «multitudinaria», apoyada por decenas de organizaciones sociales y ambientales de la Región de Murcia y a la que asista un gran número de personas preocupadas por «la situación crítica de la alguna salada, fruto principalmente de la pésima gestión del Gobierno regional».

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha destacado este miércoles en Hoz de Marrón, el santuario de la Bien Aparecida – patrona de Cantabria que se conmemora este miércoles- que «la gente está deseando participar en actos festivos y volver a la actividad económica».

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras subir andando hasta el templo religioso, antes de la celebración de la misa en honor a la virgen, donde ha destacado que este año ha asistido «muchísima gente, a pesar de la pandemia y, también, de la predicción meteorológica que alertaba de la posibilidad de intensas lluvias a esa hora.

Pero «la gente no ha hecho caso» del tiempo y «ha venido como en los años donde yo más gente he visto. Porque he subido andando y me encontrado verdaderas caravanas de personas que subían y que bajaban», ha expresado el presidente cántabro.

FASE TERMINAL

Tras esto, ha reiterado que tiene la «sensación» de que estamos en la «fase terminal» de esta pandemia, por lo que -ha insistido- ahora toca «pensar en el relanzamiento económico, en volver a la normalidad».

«Hay que ir abriendo todo poco a poco ya y olvidarnos de esta pesadilla que nos ha durado año y medio y que ha hecho que hayamos tenido muchos problemas en muchísimos sectores, con gente muy perjudicada», ha vuelto a expresar.

Con todo, el líder del PRC se muestra «optimista», porque el panorama para el próximo año y el siguiente es de «crecimiento» económico, en el mundo, Europa, España y «concretamente en Cantabria», y espera así que «empecemos a recuperar lo perdido» y «probablemente con más rapidez» que en la anterior crisis económica puesto que Europa «ahora sí se ha puesto las pilas».

En este sentido, ha valorado una vez más que ante «un problema que era de todos», Bruselas «ha permitido alterar las reglas rígidas de gasto y, sobre todo, inyecciones económicas que nos han permitido que muchísima gente que hubiera ido al paro -casi cuatro millones de personas- hayan estado acogidos a los ERTES, con lo cual no hemos tenido una explosión social en España».

A ello se suma la vacuna, adquirida con «celeridad» en los estados miembro de la Unión Europea, y que hace que casi el ochenta por ciento de la población cántabra esté vacunada, ha subrayado el presidente regional. «Es la garantía del fin de la pandemia. No hay otra que la vacuna y seguir cuidándonos mientras tanto. Pero yo creo que esto está más o menos en fase terminal», ha reiterado para concluir.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera «paranoico» que la reunión entre los gobiernos central y catalán de este miércoles «pinche» -ha dicho- por la Generalitat, que lleva «un año» pidiendo esa mesa de diálogo y debido a que los socios de ese ejecutivo no se ponen de acuerdo sobre quién tiene que participar en la misma.

«Lo que me ha llamado la atención es que un Gobierno que lleva pidiendo desde hace un año esa mesa de reunión, precisamente pinche porque los propios peticionarios de esa reunión no se pongan de acuerdo para quienes tiene que ir a la mesa. Esto es un poco paranoico, ¿no?», ha reflexionado el líder del PRC, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el encuentro bilateral.

En sus declaraciones a los medios, en el santuario de la Bien Aparecida -patrona de Cantabria que se conmemora hoy-, el presidente de esta comunidad autónoma ha reiterado que le parece «bien» que haya diálogo entre el Estado y Cataluña, eso sí, «siempre que se hable de lo que se puede hablar en España y no haya planteamientos fuera de lo que la Constitución nos obliga a todos», ha vuelto a matizar.

Por eso, Revilla ha insistido en que espera que el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, diga «claramente» a los representantes de la Generalitat que en esa mesa «no se habla de autodeterminación y de nada que pueda vulnerar el Estado de derecho que tenemos».

«Hablar de todo lo que se puede hablar y negociar todo lo que se pueda negociar. Pero aquello que es ilegal, no se puede abordar y eso lo que espero que dejen claro», ha remarcado.

Así, el mandatario cántabro ve con buenos ojos la cita, «si es para hablar de reformas del Estatuto, que son perfectamente legales, o para hablar de la situación económica de Cataluña, la balanza fiscal, etcétera. Todo eso me parece bien».

Para finalizar, Revilla ha reiterado en que hay «un gran problema en Cataluña», por lo que espera que los ciudadanos se den cuenta de que quienes están gobernando y con la «deriva» que llevan se va a pasar a una situación económica «no demasiado buena» en «un territorio que ha sido el hegemónico de España».

También confía en que los dirigentes catalanes reflexionen acerca de que «en este país no se puede saltar las normas». «El Gobierno jamás se va a saltar las normas, ni este ni ninguno, porque afortunadamente hay un sistema judicial que actúa si alguien vulnera las leyes», ha sentenciado para finalizar.

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha adherido al recurso de reforma presentado por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por el que pedía al juez del ‘caso Neurona’ que delimitara el análisis de los correos electrónicos y se centrara únicamente en los mensajes intercambiados con la consultora mexicana, que justificarían los 26.200 euros que cobró.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la fiscal Lorena Álvarez ha remitido al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid un breve escrito por el que se adhiere al recurso de reforma de Monedero y se opone al auto del magistrado Juan José Escalonilla por el que se ordenaba a la Policía Científica redactar informe sobre los correos del exdirigente ‘morado’.

Las mismas fuentes han precisado que Monedero reclamaba al juez que la investigación se delimitara sobre cuatro correos específicos que recogen conversaciones con la consultora Neurona sobre los trabajos realizados y en los que además se adjunta un factura.

Se trata del segundo recurso que presenta la defensa del cofundador de Podemos sobre los correos, dado que anteriormente se opuso a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) redactara el informe y pidió que estuviera a cargo de la Policía Científica, algo a lo que finalmente accedió el juez.

LA FACTURA

Monedero figura como investigado en el ‘caso Neurona’ por una factura emitida el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de «300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia» por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros de Neurona Consulting.

Tanto el juez como la UDEF creen que se trata de una factura falsa que encubriría una comisión que Monedero habría recibido por su supuesta intermediación para que Podemos contratara a la filial española de Neurona Consulting –Neurona Comunidad– para las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019.

En su declaración del 15 de marzo, Monedero negó que fuera que la factura en cuestión fuera falsa y atribuyó los errores que contenía a que no es un experto en hacer facturas. Ese mismo día aportó unos ‘emails’ con Andrea Edlin López –socia mexicana de Neurona–, con los viajes realizados y las horas de trabajo imputables a cada uno, y un documento adjunto llamado ‘factura’. También dio un historial de los billetes emitidos a su nombre por Iberia en 2018 donde figuran vuelos a México, Colombia y Argentina.

El juez Escalonilla pidió a la UDEF que comprobara las fechas de los correos electrónicos, al tiempo que solicitó a Iberia que entregara los billetes de avión que constan en el historial de vuelos, mientras que al propio Monedero le reclamó el contenido de los ‘links’ de los actos en los que participó durante sus viajes de trabajo para Neurona.