Las propuestas de fiscalidad ‘verde’ planteadas por el comité de expertos nombrado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para la reforma fiscal elevarían la recaudación entre 5.941 millones y 15.023 millones de euros, según se desprende del ‘Libro Blanco para la reforma del sistema tributario’ presentado este jueves.

En este ámbito, el comité de expertos ha planteado propuestas y reflexiones en el marco de la energía eléctrica y el transporte, sectores que señala como de actuación prioritaria, pero también los residuos y el agua.

Entre sus propuestas están equiparar la fiscalidad del diésel a la gasolina, aumentar impuestos a los carburantes, un impuesto sobre los billetes de avión, generalizar peajes, una tasa municipal sobre el tráfico para acceder a las ciudades y la rebaja de la fiscalidad aplicada a la electricidad, suprimiendo el Impuesto sobre el Valor de la Producción al 7% que pagan las eléctricas y rebajando el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

En su informe, concluyen que el sistema fiscal español se caracteriza por «un reducido peso» de los impuestos medioambientales, con tipos «bajos», en comparación al resto de países europeos, y apuntan a la necesidad de introducir compensaciones para personas con menor capacidad y ayudas sectoriales, ante su componente regresivo.

2.720 MILLONES MENOS A LA ELECTRICIDAD

En el sector eléctrico apuestan por rebajar la fiscalidad en 2.717 millones de euros con la supresión del Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (IVPEE), por alrededor de 1.230 millones (actualmente suspendido), y rebajar el Impuesto Especial sobre la Electricidad (1.487 millones), actualmente en el mínimo legal.

Todo ello dirigido a reducir el precio de la electricidad y fomentar la electrificación. Ambas rebajas, subrayan, bastan para lograr estos objetivos y, por tanto, no recomienda rebajas adicionales, rechazando una bajada permanente del tipo de IVA (ahora está de forma temporal en el 10%, desde el 21%).

Por otro lado, también llama a los poderes públicos a reflexionar sobre la posible reforma de las figuras tributarias y no tributarias que recaen sobre la energía nuclear para garantizar una completa cobertura de los elevados costes que supondrá la operación y el desmantelamiento de sus instalaciones y la gestión de sus residuos.

IMPUESTO SOBRE EL BILLETE DE AVIÓN

En el transporte, el Comité plantea revisar y crear nuevos impuestos dirigidos a moderar el uso de prácticas contaminantes y fomentar alternativas más limpias, llegando a plantear incluso un nuevo impuesto sobre los billetes de avión, para el que simula el tipo impositivo aplicado por Países Bajos en 2021 de 7,85 euros/pasajero.

Con este impuesto, el precio final se elevaría hasta un 15% para vuelos domésticos y un 6,6% en vuelos internacionales, provocando una caída en el número de viajeros del 8,5%, de un 5,6% en el volumen de emisiones de dióxido de carbono (CO2). El aumento de la recaudación llegaría a unos 952 millones de euros, según esta estimación.

Por otra parte, propone la tributación de los combustibles de aviación, marítimos y agrarios –recomendando su introducción gradual y un uso mayoritario de los ingresos a compensaciones sectoriales para buscar alternativas–, que podrían alcanzar hasta 1.701 millones en la recaudación (mínimo de 206 millones) para rebajar entre un 1,5% y un 13% las emisiones de CO2.

PEAJES Y TASAS DE ENTRADA A LA CIUDAD CONTRA EL TRÁFICO

Por carretera, dejando a un lado los combustibles y la fiscalidad aplicada al automóvil, las principales propuestas pasan por la implantación de peajes para el pago por uso de las vías de alta capacidad y la creación de una nueva tasa municipal sobre la congestión para enfrentar los problemas de contaminación y atascos en las grandes ciudades.

Con los peajes, el Comité plantea dos simulaciones: una con el pago de 1 céntimo/kilómetro para vehículos ligeros y 3 céntimos/kilómetro para vehículos pesados; y otro en el que los segundos llegarían a pagar hasta 4,9 céntimos/kilómetro, al tener un coste medio sobre las infraestructuras de esta proporción sobre los primeros.

En el primer ejemplo, la recaudación llegaría a 1.172 millones de euros, no lejos de los 1.241 millones de euros recogidos en los Presupuestos para la conservación de carreteras, según apuntan en el informe los expertos, mientras que en el segundo caso la recaudación podría alcanzar casi los 1.400 millones.

Para la tasa sobre los atascos no plantea simulación alguna, pero manifiesta la preferencia de un tributo sobre los vehículos que varíe, según el volumen de tráfico, en función de la localización y hora del día, frente a la solución de zonas de baja emisión, solución habitual por las autoridades locales.

EQUIPARACIÓN DEL DIÉSEL Y SUBIDA GENERALIZADA DE HIDROCARBUROS

Asimismo, el Comité recupera el conocido como ‘impuesto al diésel’, al proponer la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, una propuesta que ya planteó el Gobierno en sus Presupuestos de 2021 y que finalmente retiró ante la exigencia del PNV en el Congreso (de 2.621 millones hasta 6.850 millones).

Los expertos de Hacienda también abogan por un aumento generalizado y «sustancial» de la fiscalidad aplicada a los hidrocarburos, que se combinaría con el futuro Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y el actual sistema de derechos de emisión de CO2.

En el caso del gas natural, prevén una accisa sobre el gas natural para elevar su recaudación entre 634 y 1.960 millones de euros –y reducir un 7,5% las emisiones de CO2–, que podría llegar a 3.236 millones de euros al combinarlo con las herramientas fiscales anteriormente mencionadas.

REFORMA DE IMPUESTOS DE MATRICULACIÓN Y CIRCULACIÓN

En la automoción, los expertos evalúan elevar las accisas españolas sobre carburantes, especialmente en el caso diésel, en el rango alto de la Unión Europea, que combinado con el FNSSE y el impuesto al CO2 llevaría a una recaudación adicional de 4.946 millónes en el diésel residencial, 1.043 millones en Gasolina 95 y 2.515 millones en el transporte profesional.

Un impacto que, apuntan, aconseja una aplicación gradual que limite efectos inflacionistas y la adopción de compensaciones por niveles de renta y ayudas para la adaptación y transformación a vehículos alternativos.

El Comité también contempla en su informe la modificación del impuesto de matriculación y de circulación para adaptarlos al principio de ‘quien contamina paga’, con cambios que provocarían entre 862 millones y 2.2335 millones de euros en el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (IEDMT), y entre 276 y 610 millones de euros en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).

RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

Todas estas reformas del transporte y la energía, se completan con las dirigidas al fomento de la economía circular, para las cuales el Comité tiene en cuenta la tramitación actual de la nueva Ley de Residuos, con dos impuestos, el Impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos (IEDVIR) y el Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables (IEPNR).

La propuesta de los expertos es establecer una senda creciente de los tupos reales del primero para garantizar su aplicación gradual y estudiar la extensión del segundo a más categorías de envases con el fin de reducir la generación de residuos.

También plantea reformular la tributación municipal de residuos para vincularla a sistemas de pago por generación (294 millones), un nuevo impuesto sobre la extracción de áridos (426 millones), otro sobre fertilizantes nitrogenados (280 millones) y extender y armonizar la fiscalidad sobre grandes instalaciones industriales y ganaderas (932 millones).

Enagás ha sido incluida en el ranking mundial de las 100 compañías líderes en igualdad de género de Equileap, que evalúa la gestión de 4.000 empresas de todos los sectores en 19 factores de igualdad de género, entre los que se incluye el equilibrio de género en todos los niveles organizativos, igualdad de oportunidades de desarrollo profesional, conciliación de la vida personal y profesional, igualdad salarial, beneficios sociales, salud y seguridad laboral.

La inclusión por tercer año de Enagás en este ranking es fruto del trabajo que la compañía lleva realizando durante años en materia de diversidad e igualdad de oportunidades, como destaca la empresa en un comunicado.

Así, cita entre otros avances el lanzamiento de iniciativas de formación, coaching, mentoring y networking entre sus profesionales para potenciar el talento y liderazgo femenino, el incremento de la participación de mujeres en puestos de responsabilidad, iniciativas de employer branding con foco en mujeres o la puesta en marcha de más de 100 medidas de conciliación de vida personal y profesional para todos los profesionales, entre las que se incluye la implantación de un modelo de teletrabajo que da respuesta a la flexibilización requerida por el contexto actual, entre otros.

Enagás también posee el Distintivo de Igualdad en la empresa desde 2010, está certificada como Empresa Saludable y es Empresa Familiarmente Responsable (efr) desde 2007, reconocimiento en el que dispone de calificación de excelente nivel A.

Las empresas de contact-centers Konecta y Teleperfomance han convertido en indefinido el contrato de 2.897 de sus trabajadores empleados bajo la modalidad de obra y servicio tras la presión sindical, según ha comunicado este jueves CCOO.

El sindicato concreta en un comunicado que los beneficiados son 2.000 trabajadores de Telecoming y 897 de Konecta e insta a las empresas del sector a que sigan este ejemplo.

El sindicato ya llevó a Inspección de Trabajo a una amplia lista de compañías del sector después de que el Tribunal Supremo fallara que los contratos de obra y servicio del contact center eran ilegales.

No obstante, la conflictividad laboral en el contact center no se limita a la modalidad de contratación, ya que los sindicatos denuncian que la negociación del convenio sectorial lleva dos años estancada y sin subidas salariales pese a la inflación.

Los sindicatos han convocado una huelga parcial para el 8 de marzo como forma de presión, después de haber realizado concentraciones en Madrid la pasada semana.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que un pacto de rentas «no puede consistir en medidas que solo sean efectivas para contener los salarios a través de los convenios».

En este sentido, la organización sindical ha recordado en un comunicado que junto a UGT, ha comenzado las negociaciones para el V Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) con las organizaciones empresariales.

Asimismo, ha resaltado que «ante la emergencia de la situación», el sindicato está dispuesto a negociar un acuerdo salarial de forma inminente.

De igual modo, CCOO apuntó que la premura del acuerdo podría obligar a posponer para un fase inmediatamente posterior otros contenidos que difícilmente pueden resolverse en el plazo de pocos días o semanas.

Se refería aquí a recomendaciones para incluir en los convenios colectivos cuestiones tan relevantes como las referidas al trabajo a distancia, los planes de igualdad, la desconexión digital, la estabilización de la contratación y la puesta en marcha de sistemas alternativos de adaptación de jornada, entre otros.

Al respecto, Sordo ha hecho especial hincapié en que el sindicato está dispuesto a abordar este pacto de rentas, pero que la contención temporal de los incrementos salariales «tiene que ir acompañada de cláusulas de revisión a los convenios colectivos». El objetivo, matizó, es que no haya una pérdida de poder adquisitivo de los salarios durante el ciclo de duración del V Acuerdo AENC.

INCORPORAR CLÁUSULAS DE GARANTÍA SALARIAL

Por otro lado, el secretario general se mostró consciente de que plantear ahora subidas de un 6%, un 7% o un 8% «no es muy realista en este momento».

«Pero una cosa –continuó– es que no vayamos con esas posiciones a las negociaciones y otra cosa es que nos resignemos a que los trabajadores vayan a tener pérdidas de poder adquisitivo. Por ahí no podemos pasar».

Sordo incidió en que CCOO irá «con una posición razonable para 2022 siempre y cuando para el ciclo de vigencia del AENC se incorporen cláusulas de garantía salarial en los convenios».

«AQUÍ NO VALE DECIR NOS APRETAMOS TODOS EL CINTURÓN»

«Aquí no vale decir nos apretamos todos el cinturón, pero lo único que al final se aprieta es el salario que va al convenio colectivo y lo demás queda en declaración de intenciones. Es lo que hemos planteado hoy a CEOE y lo que vamos a plantear al Gobierno más adelante», ha observado.

Por ello, ha visto necesario diversas medidas que pasan desde suspender el sistema de fijación marginalista del precio de la electricidad, pasando a otro que remunere los costes reales de generación de cada fuente de energía; hasta crear un mínimo exento de pago para los hogares más vulnerables, elevar la cuantía del bono social eléctrico y término, y rebajar los requisitos de acceso.

De igual modo, Sordo también ha instado a prorrogar la rebaja fiscal sobre la factura eléctrica más allá de abril si fuese necesario.

PRECIOS ENERGÉTICOS

Sobre los precios energéticos, ha considerado que España y Europa no pueden seguir marcando los precios energéticos en base al coste marginalista dentro del mix energético.

«Esta medida –prosiguió– es un disparate. Si la energía que no tiene apenas coste en ese mix se va a pagar al precio del gas, que se va a disparar, lo que hemos vivido el verano anterior se va a quedar corto».

Finalmente, respecto a los resultados de trabajo de la comisión de expertos en materia fiscal que ha dado a conocer el Gobierno este jueves, ha instado a que se haga un recargo temporal en el Impuesto de Sociedades para que durante todo este ciclo una parte mayor de los beneficios de las empresas repercuta en los recursos públicos.

El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha trasladado que estudiarán la propuesta que ha dado a conocer Aloca este jueves por la que busca, mediante «un acuerdo global», acabar con los procedimientos judiciales vinculados a las plantas de A Coruña y Avilés, aunque la ha tachado de «chantaje».

Corbacho ha matizado que se trata de una propuesta, no de un acuerdo, y ha lamentado la «prepotencia» con la que, dice, actúa la multinacional, «que hace lo que le da la gana porque el Gobierno se lo permite».

Ha apuntado hacia la compañía como «la gran culpable», dado que «ellos licitaron a quienes entraron en la planta». «Tendríamos que tener una planta moderna y se despreocuparon», ha criticado. Ha aseverado además que los trabajadores no van a «blanquear cualquier delito que haya podido acometer la multinacional sin más», que «debería asumir todas las consecuencias».

Este mismo jueves, día en el que Alcoa ha hecho pública esta propuesta para acabar con los procedimientos legales de sus antiguas plantas gallega y astuariana, los trabajadores se han manifestado en A Coruña para, «una vez más, pedir una solución para la fábrica» y «la intervención por parte de la SEPI».

Respecto a la propuesta de la multinacional, la compañía espera que «permita una solución rápida y razonable» para todas las partes involucradas.

LA PROPUESTA DE LA MULTINACIONAL

La propuesta planteada está condicionada a que se alcance un acuerdo global que sea aceptado por todas las partes interesadas. Para lograrlo, Alcoa y las dos administraciones concursales de Alu Ibérica Avilés y Alu Ibérica A Coruña (cuyos trabajadores han vuelto a manifestarse este jueves) llevan semanas negociando el acuerdo de despido masivo que deberá ser aprobado por los trabajadores de las dos empresas.

«Un acuerdo global beneficiaría a todas las partes y, en el caso de Alcoa, permitiría centrar sus esfuerzos en su negocio actual en España», han señalado desde la aluminera.

Las plantas fueron vendidas a Parter en 2019, en un proceso avalado por el Gobierno español y respaldado por los representantes de los trabajadores.

«Alcoa siempre actuó con total transparencia y de conformidad con la legislación española en el proceso de venta. Sin embargo, las acciones de los posteriores propietarios han tenido un impacto negativo en los exempleados que permanecen en las plantas, lo que ha resultado en varios procedimientos judiciales», han asegurado desde Alcoa.

En cualquier caso, Alcoa tiene la intención de continuar adoptando todas las medidas legales que procedan contra los compradores de las plantas, ya que son sus actuaciones las que han creado la situación perjudicial que afrontan Alcoa y sus exempleados. Si no se logra un acuerdo, la compañía cree firmemente que su recurso actual ante el Tribunal Supremo debería prosperar.

COLABORACIÓN Y DIÁLOGO CONSTRUCTIVO

Alcoa confía en la «colaboración» con las partes interesadas y en que se mantenga un «diálogo constructivo». En este sentido, Alcoa llegó a un acuerdo con sus trabajadores el 29 de diciembre de 2021 para promover la viabilidad de la planta de aluminio de San Cibrao.

La intención actual de la compañía es centrar todos sus esfuerzos en España en el futuro de la fábrica de San Cibrao, realizando las inversiones necesarias, colaborando con todas las administraciones implicadas y, sobre todo, manteniendo el compromiso con los trabajadores, «cuya implicación es fundamental».

La firma de inversión Schroders no invertirá en renta variable rusa o bielorrusa en el futuro próximo, si bien ha señalado que actualmente su exposición a Rusia, Bielorrusia y Ucrania es «mínima», con menos del 0,1% de los activos gestionados.

Actualmente, los mercados rusos han sido suspendidos de negociación y Schroders se está centrando en analizar sus participaciones no rusas para entender cómo están gestionando sus negocios en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, sus cadenas de suministro y las participaciones que puedan poseer o gestionar.

«Estamos colaborando con esas empresas para asegurarnos de que responden adecuadamente a la crisis actual», ha destacado en un comunicado.

La gestora ha añadido que la situación tendrá implicaciones empresariales a largo plazo y que «es probable que el suministro de energía en Europa cambie drásticamente», en tanto que el aumento del precio del petróleo ha afectado a las expectativas de inflación y habrá que reorientar las cadenas de suministro mundiales en numerosos sectores.

Asimismo, la firma ha hecho una «importante» donación para apoyar a la Cruz Roja, en su intento de proporcionar alimentos, medicinas y refugio a la población de Ucrania y ha anunciado que duplicará las donaciones realizadas a través de su programa de donaciones benéficas de empleados.

Miogroup, la consultora de los hermanos Arbeloa, ha comprado el 51% de la consultora catalana especializada en datos Datarmony por 403.682 euros, según ha notificado a BME Growth este jueves.

La compañía se reserva una opción para a partir de 2026 hacerse con el 49% restante por un precio de entre el 5,75% y el 8,5% del resultado operativo (Ebit) de Datarmony en ese momento.

La consultora, cotizada en BME Growth, ha ejecutado la operación a través de su filial Mio Consulting Inteligencia de Negocio.

Datarmony prevé facturar 1,25 millones de euros en 2022 con un margen del beneficio bruto de explotación (Ebitda) del 9%. La firma cuenta con 22 empleados en plantilla, 35 clientes y contratos firmados por 600.000 euros.

La compañía ha reorganizado recientemente su cúpula para situar al anterior consejero delegado, Francisco Jiménez-Alfaro, al frente de la internacionalización de la firma.

El Ibex 35 ha vuelto a desplomarse con una caída del 3,72%, lo que le ha llevado a caer a mínimos de mediados de febrero de 2021,al cerrar en los 8.011 enteros, con el foco de atención puesto en la invasión rusa de Ucrania.

Este nuevo desplome se produce después de que ayer el selectivo español repuntase un 1,62%, horas antes de que el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, anunciara que mantenía la intención de subir tipos de interés, si bien de forma más moderada que lo inicialmente previsto por los mercados.

Los analistas de Renta 4 señalan que Powell «moderó su discurso», al apuntar una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión del 16 de marzo. «Continúa así adelante la normalización, lógico en la medida en que la inflación supera por mucho los objetivos de la Fed, pero de una forma más pausada de la que se preveía antes de la guerra de Ucrania».

Aun así, Powell se habría mostrado «firme» en su compromiso de controlar la elevada inflación, por lo que se mostró dispuesto a subidas de 50 puntos básicos más adelante «si es necesario», según detallan los expertos.

Sin embargo, el tono bajista ha vuelto hoy al Ibex 35, que ha cerrado con todos sus valores ‘en rojo’, destacando Siemens Gamesa (-9,20%), Meliá (-7,75%), Grifols (-7,53%), Inditex (-6,95%), Fluidra (-6,43%) e IAG (-6,10%).

Además, el Ibex 35 ha sido el más castigado entre los principales índices europeos, que también se han teñido de ‘rojo’. Así, Londres ha cerrado con una caída del 2,58%, París, del 1,84%, Fráncfort, del 2,16% y Milán del 2,35%.

Cabe destacar que la London Stock Exchange Group (LSEG), el operador de la Bolsa de Londres, ha suspendido la negociación de los títulos depositarios representativos de acciones extranjeras (GDR) de 27 compañías rusas o fuertemente vinculadas a este país, incluyendo los certificados de compañías como Gazprom, Sberbank, Lukoil o Rosneft.

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 112,99 dólares, tras ceder un 0,07%, mientras que el Texas se colocaba en los 110,18 dólares, tras caer un 0,4%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1056 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 97 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,999%.

Mango ha anunciado su decisión de «cesar temporalmente» sus operaciones en Rusia y cerrar todas sus tiendas y el ecommerce, además de frenar sus envíos al país, según un comunicado de la empresa este jueves.

La cadena cuenta con 120 tiendas en Rusia, de las que 65 son franquicias, que podrán continuar operando y distribuyendo prendas de Mango en función de su disponibilidad actual de stock.

Mango ha iniciado el acompañamiento a los equipos locales de trabajadores y sus familias en Ucrania y les ha dado apoyo legal y económico.

Además, ha dado apoyo económico a los colaboradores que están en Ucrania y a los trabajadores ucranianos y rusos que se encuentran en la central.

Por otro lado, ha realizado una donación de 100.000 euros al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

De esta forma, Mango sigue la estela iniciada por otros ‘retailers’ como H&M, Asos, Burberry o Ikea, que han suspendido sus ventas en Rusia o los envíos a este país a raíz del conflicto bélico.

La Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA) ha aprobado la compra de las torres de telecomunicaciones de CK Hutchison por Cellnex con la condición de que se desprenda de 1.100 emplazamientos.

La aprobación permitirá así al grupo español culminar una operación con el grupo asiático valorada en alrededor de 10.000 millones de euros y que significará la entrada de CK Hutchison en su accionariado.

La empresa española se hace así con 6.000 torres de telecomunicaciones construidas y 600 por construir en las islas y con una cartera total de 24.600 emplazamientos repartidos en seis países más otros 5.250 que serán construidos durante los próximos ocho años con una inversión de 1.150 millones de euros.

El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, ha destacado que el acuerdo no solo fortalece la posición de la firma como principal operador paneroeuropeo, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades y perspectivas de colaboración.

«En esencia, esta racionalización de la infraestructura gestionada por un operador neutro como Cellnex creará los incentivos necesarios para acelerar, mejorar y ampliar la cobertura móvil, incluida la del 5G, en estos mercados clave», ha apuntado.

Cellnex había propuesto al regulador desinvertir hasta 1.300 emplazamientos en lugares donde las torres que ya tiene en el país se solapaban con las adquiridas.

El regulador considera «probable» que la desinversión se complete con éxito y que el receptor de los ‘remedies’ pueda ser un competidor efectivo de Cellnex en la región.

Durante el proceso de investigación, cuatro partes no identificadas enviaron peticiones sobre los futuros ‘remedies’, lo que podría dar pistas del número de compradores potenciales para este paquete de torres.

Esta desinversión se unirá a la obligación de ventas de otras 3.200 torres de telecomunicaciones en Francia para el grupo español, dos operaciones que le darán más liquidez para sus planes de crecimiento.

En la presentación de resultados, Martínez subrayó los 8.600 millones de euros que el grupo tiene disponibles en caja y aseguró que cualquier oportunidad de entrada en Alemania, el principal mercado europeo en el que no están presentes, se afrontaría «con todas las ganas, ilusión y recursos que hagan falta».

Con la operación, el número de emplazamientos de Cellnex superará los 14.500 en Reino Unido.

LA INVESTIGACIÓN BRITÁNICA

La autoridad de la competencia británica dio comienzo a la investigación el pasado abril y abrió una investigación en profundidad en julio después de que BT se opusiera a la misma, ya que comparte sus torres con CK Hutchison en una ‘joint venture’.

Debido a los acuerdos entre estos operadores, Cellnex no tendrá plena disposición de los activos incluidos en esta sociedad hasta 2031, si bien gozará de sus derechos económicos.

No obstante, a medida que avanzaba la investigación, el antiguo incumbente británico ha suavizado su postura y finalmente se ha abierto a la operación con la condición de que el servicio prestado por Cellnex no pierda calidad en las torres desinvertidas.

En paralelo, la empresa británica y la española renovaron la pasada semana su acuerdo multidécada de prestación de servicios hasta 2040.

Cellnex es proveedor independiente de infraestructuras neutras de telecomunicaciones inalámbricas y de radiodifusión y cerró 2021 con unos ingresos de 2.536 millones de euros, un 58% más que el año anterior, aunque aumentó sus pérdidas hasta 351 millones, frente a los 135 de 2020.

El éxito de la operación tiene implicaciones paralelas para otra compañía española, Telefónica, que tiene el 50% de la otra gran empresa de torres del país, Cornerstone, y estaría interesada en vender esta parte para financiar el despliegue de fibra óptica a través de Virgin Media O2.

Amadeus IT ha anunciado que no firmará ningún contrato nuevo en Rusia y continuará evaluando su cartera de trabajo existente en Rusia por el conflicto militar en Ucrania.

La compañía ha decidido comenzar a suspender la distribución de tarifas de la aerolínea rusa Aeroflot en sus sistemas. Además, ha informado de que valorará el impacto potencial de las sanciones internacionales impuestas a Rusia, así como cualquier contramedida por parte del país ruso.

Sabre, uno de los principales proveedores a escala mundial del software que gestiona los contactos entre aerolíneas y agencias de viaje (GDS), junto con Amadeus, también ha decidido poner fin al acuerdo de distribución con Aeroflot.

En este sentido, el director ejecutivo de Sabre, Sean Menke, ha señalado que la compañía ha estado monitorizando la evolución de la situación en Ucrania con «gran preocupación» y, por ello, tomarán una posición en contra de este conflicto militar: «Estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo las sanciones impuestas a Rusia».

El ‘Global Distribution System’ (GDS) es una plataforma en la que se reagrupan datos de distintas compañías sobre horarios de vuelo, plazas disponibles y precios de billetes.

La metalúrgica ArcelorMittal ha decidido paralizar por completo su producción de acero en Ucrania para asegurar la seguridad de sus empleados y de sus activos, según ha indicado este jueves en un comunicado.

La fábrica de ArcelorMittal está situada en la ciudad de Krivói Rog, a unos 200 kilómetros al Norte de la frontera con Crimea.

La compañía ha indicado que ha estado evaluando la situación «a diario» y que ya había reducido la producción con anterioridad hasta el mínimo posible, equivalente a un tercio de sus niveles de producción habituales.

«El proceso de paralizar los altos hornos ha comenzado hoy. El proceso para paralizar con seguridad estos activos al tiempo que se mantienen en su integridad llevará entre siete y diez días», ha apostillado Arcelor.

En este sentido, la compañía ha expresado estar «profundamente preocupada» por la situación en el país tras la invasión por parte de Rusia y por la amenaza bajo la que están no solo sus empleados, sino la totalidad de la población ucraniana.

La junta de accionistas de Catalana Occidente someterá a votación, previsiblemente en su primera convocatoria el próximo 28 de abril de 2022, la aprobación de un dividendo de 0,4463 euros por acción que se repartiría el 11 de mayo, según el orden del día remitido por la aseguradora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la junta deberá decidir sobre la aprobación de un dividendo con cargo a los resultados de 2021 del grupo asegurador de 0,4463 por acción que hace un total de 53,5 millones de euros y cuyo pago se hará efectivo el próximo 11 de mayo de 2022. BBVA actuará como entidad pagadora.

La aseguradora señala que los dividendos totales acordados y repartidos desde la celebración de la pasada junta general, celebrada el 29 de abril de 2021, ya sea contra reservas de la sociedad o resultado del ejercicio, han ascendido a 113,56 millones de euros, es decir, 0,9464 euros brutos por acción.

En 2021, Grupo Catalana Occidente obtuvo un beneficio neto de 468,2 millones de euros, siendo 427,2 millones de euros el resultado atribuido a la sociedad dominante.

Además, se someterá a votación el nombramiento de Álvaro Juncadella de Pallejá como consejero dominicial y de Beatriz Molins Domingo como consejera independiente, así como la reelección de Hugo Serra, actual consejero delegado de la compañía, como consejero ejecutivo.

CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se han emplazado a una nueva reunión el próximo miércoles, día 9, para concretar sus propuestas salariales de cara a la consecución de un futuro acuerdo interconfederal por el empleo y la negociación colectiva (AENC).

Las partes han celebrado este jueves por la mañana una primera reunión formal para iniciar las negociaciones de este acuerdo de rentas, como lo denominó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha explicado la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, la reunión de este jueves ha servido para «intercambiar impresiones» sobre el «conflictivo» tema de los salarios y para situar las diferentes materias a tratar en el marco de este acuerdo, entre las que ha citado la formación, la digitalización, las transiciones energéticas y las que la reforma laboral circunscribe a la negociación colectiva.

«El tema más conflictivo, como era de prever, es el relacionado con los incrementos salariales. Nos hemos limitado a cambiar impresiones, analizando la situación económica y lo que repercutirá en la economía la invasión de Ucrania y teniendo también en cuenta el impacto que esto va a tener en la inflación», ha señalado Vicente, que ha añadido que «no se ha entrado» aún en cifras y porcentajes concretos.

De este modo, el compromiso que han asumido hoy la partes ha sido el de llevar a la reunión del próximo día 9 por la tarde «algo más concreto» en materia de incrementos salariales y a presentar textos sobre el resto de los puntos que podrían incluirse en el acuerdo.

La exigencia de UGT en esta primera reunión ha sido «recuperar la pérdida de poder adquisitivo que han venido sufriendo las personas trabajadoras» y ha insistido también en que se tenga en cuenta la subida de la inflación, «que ha repercutido devaluando el poder de compra», como han informado desde el sindicato tras la reunión.

Además de insistir en la necesidad de un pacto de rentas que se desarrolle junto a la reforma laboral, UGT ha recalcado la importancia de este posible acuerdo para dar «seguridad y garantías de estabilidad» ante el momento que vive España y el contexto internacional.

GARAMENDI AVISA: SUBIR LOS SALARIOS UN 5% «NO ES RAZONABLE»

Aunque sindicatos y empresarios no han abordado este jueves porcentajes concretos de alzas salariales, UGT llegó a proponer en su día una subida salarial del 5% ante la escalada de la inflación, que ya va por el 7,4%, mientras que CCOO se ha mostrado partidaria en alguna ocasión de atender a la inflación subyacente, que ronda el 3%.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, no ve «razonable» una cifra del orden del 5% y ha apostado por hacer un ejercicio de «contención y moderación» de los salarios ante la elevada tasa de inflación y el impacto que puede tener la guerra en Ucrania sobre la economía española.

Garamendi no ha querido cifrar cuánto deberían subir los salarios en España, pero considera que la negociación con los sindicatos «debería estar cerrada antes del 31 de marzo, con acuerdo o sin él».

Pese a que no ha concretado qué subida salarial estaría dispuesta a aceptar la CEOE como guía para la negociación de los convenios colectivos, el dirigente empresarial sí ha querido hacer un apunte: el alza salarial que se ha aplicado desde enero al personal de CEOE es del 2,5%. «Pensamos que somos los primeros que debemos dar ejemplo», ha dicho al respecto.

ANTES, REUNIÓN EL LUNES CON EL GOBIERNO

Tal y como afirmó ayer Pedro Sánchez, desde el Gobierno se quiere impulsar un «gran pacto de rentas» entre los agentes sociales para evitar una espiral inflacionaria que «mine el poder de compra de las familias y ponga en riesgo la recuperación económica».

A tal fin, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado hoy que el Gobierno se reunirá el próximo lunes con patronal y sindicatos para tratar de impulsar este acuerdo, que servirá como factor de «confianza y estabilidad» para ciudadanos y empresas.

Según Calviño, la intención del Ejecutivo es facilitar e impulsar el encuentro entre los agentes sociales para cubrir varios temas fundamentales: la evolución de salarios, de los beneficios y de los dividendos empresariales y las medidas de apoyo a los colectivos vulnerables.

«Confío en que sigan actuando con la responsabilidad que han tenido desde el principio de la pandemia, porque están teniendo un papel muy importante en la vertebración de nuestro país», ha afirmado Calviño en una entrevista en Telecinco.

De llegar a un acuerdo, sería el quinto AENC que firman patronal y sindicatos. Se trata de acuerdos plurianuales que sirven de guía a los negociadores empresariales y sindicales a la hora de pactar los contenidos de los convenios colectivos.

El último acuerdo de convenios que alcanzaron las partes estuvo vigente de 2018 a 2020, y para su último año planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Trabajo, los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,01% el pasado mes de enero, por encima de lo registrado en 2021 (+1,47%), pero lejos del IPC.

La Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana (Coincopesca) denuncia que con el actual precio del gasóleo, la actividad pesquera profesional deja de ser rentable para los armadores, los patrones y los marineros, principalmente de las modalidades de arrastre y cerco.

En la actualidad, según sus cifras, entre el 75% y el 80% de los gastos diarios de un pesquero son para pagar el gasóleo. Por ejemplo, una sola barca de arrastre de tamaño mediano puede gastar al día entre 700 y 1.100 euros en llenar el depósito de gasóleo.

Y es que el precio del gasóleo está subiendo sin cesar en los últimos años y a la vez el precio del pescado baja cada vez más, una situación que «ahoga» al sector pesquero profesional. «En este panorama tan negro, el armador y también el marinero son los más perjudicados, este último por el sistema de cobro a la parte», denuncia la entidad.

Es más, el precio del gasóleo y otros gastos se descuenta de las ganancias por las capturas diarias de pescado. Por lo tanto, cada vez que el gasóleo sube de precio y no lo hace el precio del pescado, los patrones y los marineros pierden dinero «hasta el extremo que a estas alturas salir al mar se está convirtiendo en una actividad insostenible porque muchas barcas ya van a pérdidas».

Al respecto, Coincopesca recuerda que en 2005, hace 17 años, el elevado precio del gasóleo provocó una parada histórica de toda la flota pesquera profesional española.

Por todo ello, reclama a las autoridades competentes en la materia, tanto autonómicas como nacionales, que implementen un paquete de medidas urgentes que ayuden a contrarrestar las pérdidas del sector y evitar el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

CCOO y UGT han convocado manifestaciones silenciosas ante los centros de trabajo el próximo 9 de enero, entre las 12.00 y las 12.05, en solidaridad con Ucrania y para pedir el alto al fuego y la retirada de las tropas rusas del país, como han anunciado este jueves en un comunicado.

Ambos sindicatos han expresado su «más enérgica condena a la invasión rusa de Ucrania» y han calificado el conflicto como un «cobarde e ilegítimo acto bélico» y la consecuente guerra deben parar de inmediato.

También han mostrado su apoyo a los trabajadores ucranianos, a las víctimas y a todos los ucranianos que residen en España «y que viven con dolor el drama de la guerra en la distancia».

«CCOO y UGT hemos exigido que se tomen todas las medidas necesarias para que la acción bélica pare de manera urgente y las tropas rusas se retiren del territorio ucraniano, que han ocupado violando la legalidad internacional, y se restituya la paz», han recalcado en su comunicado.

Del mismo modo, los dos sindicatos han reconocido el valor del pueblo ruso «que reclama el fin de la guerra y que de manera valiente se manifiesta contra las actuaciones de su gobierno».

En este sentido, CCOO y UGT han denunciado las represalias contra los manifestantes por ejercer su derecho a la libertad de opinión o manifestación y han lamentado el impacto de la guerra contra la clase trabajadora de Rusia.

«Llamamos la atención sobre el vergonzoso e irresponsable juego de fuerzas políticas disruptivas y de tinte autoritario que han emergido en todo el mundo y significativamente en Europa, y que han pasado del coqueteo a Putin, a bramar con más fuerza sus mensajes antieuropeístas y golpear los tambores de guerra con la bandera nacional», añade el comunicado.

CCOO y UGT también han pedido al Gobierno de España y a la Unión Europea que estén «a la altura que requiere esta situación» y han ofrecido su apoyo a ambas para acoger y reubicar a las personas desplazadas como consecuencia de la guerra.

La bodega española Familia Fernández Rivera, que impulsa su apuesta por la innovación, avanza en el proyecto de investigación de I+D Optiferm, que inició hace dos años, para la optimización de procesos fermentativos para potenciar la singularidad de los vinos de su bodega Tinto Pesquera, según ha informado en un comunicado.

En concreto, este proyecto cuenta con la aprobación del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y está cofinanciado con fondos Feder de la Unión Europea, dentro del marco del Programa Operativo Plurirregional de crecimiento inteligente.

La bodega ha explicado que el objetivo de Optiferm es caracterizar sensorial y molecularmente las percepciones singulares de los vinos tintos de esta bodega, a partir de la variedad tempranillo, mediantefermentación espontánea.

Asimismo, este proyecto también ha puesto en marcha herramientasmicrobianas que permitirán llevar un control más estricto del proceso fermentativo de las levaduras utilizadas para la elaboración de este vino tinto.

De esta forma, una vez superado el ecuador de su desarrollo, el proyecto de I+D Optiferm ha presentado unas primeras conclusiones quepermiten confirmar que esta iniciativa avanza satisfactoriamente.

Gracias a la implementación de este proyecto, Familia Fernández Rivera ha podido realizar un examen detallado de los vinos que Tinto Pesquera correspondientes a las añadas 2017 y 2018, además de la uva recién cosechada, perteneciente 2019.

Entre las recientes conclusiones, respecto a la caracterización sensorial y molecular de los vinos de Tinto Pesquera, cabe destacar que se han analizado vinos que generan diferentes sensaciones en nariz, tanto positivas como negativas, y se ha logrado encontrar los compuestos químicos presentes de manera significativamente diferente en ellos.

Tras estos avances el proyecto encara una tercera etapa, por lo que la bodega espera que los resultados obtenidos a lo largo de su desarrollo le «permitan diseñar un protocolo para el desarrollo de las fermentaciones en bodega en función de variables como la procedencia de la uva o el tipo de vendimia utilizada, con el que conseguir minimizar el impacto de aromas herbáceos y potenciar la singularidad de los vinos de Tinto Pesquera».

El Mobile World Congress (MWC) 2022 de Barcelona, que ha tenido lugar hasta este jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L’Hospitalet de Llobregat, ha confirmado sus mejores previsiones superando los 60.000 visitantes presenciales.

En un comunicado este jueves, la GSMA ha celebrado las cifras y ha calificado de «vibrante» el evento, que en esta edición recuperaba sus fechas habituales y más presencialidad.

El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, ha asegurado que nada supera celebrar el MWC de forma presencial: «Es emocionante volver a juntar a nuestra comunidad para discutir las oportunidades que se avecinan».

Del lunes al jueves, más de 1.900 empresas y 160 delegaciones de países e instituciones internacionales han participado en el evento, que ha tenido lugar solo siete meses después de la edición de 2021.

Unos 500.000 espectadores únicos han participado de forma virtual cada día para escuchar a los más de 1.000 ponentes, de los que el 97% ha impartido sus conferencias de forma presencial –con un 36% de mujeres–.

La GSMA también ha cifrado –como estaba previsto– en más de 240 millones de euros el impacto del evento en la economía de Barcelona, con la creación de más de 6.700 puestos de trabajo a tiempo parcial este año.

En cuanto al ‘4 Years From Now’ (4YFN), que este año ha ocupado el Pabellón 6, ha acogido más de 500 empresas emergentes internacionales y más de 300 ponentes.

PREVISIONES CUMPLIDAS

El director general de la GSMA, Mats Granryd, ha destacado que en la edición de este año se ha vivido un impulso que se palpaba en el ambiente: «Se ha cumplido».

El salón llegaba a Barcelona de nuevo con la previsión de reunir a entre 40.000 y 60.000 visitantes, en una edición que pretendía recuperar la normalidad, tras la reinvención de la anterior en junio y la suspensión del evento de 2020 debido a la pandemia.

También se ha visto marcado por la invasión rusa en Ucrania, que tuvo lugar pocos días antes del salón, y a la que la GSMA reaccionó eliminando el pabellón de Rusia e instando a las empresas rusas a «quedarse en casa».

APOYO «INQUEBRANTABLE»

La GSMA ha agradecido la participación a todas las personas que han acudido al evento y todas las administraciones públicas, así como a la Mobile World Capital por su apoyo «inquebrantable y su creatividad, hospitalidad y perseverancia».

El evento ha tenido un impacto en Barcelona de más 5.500 millones de euros en la economía local desde su llegada en 2005 y ha supuesto la creación de más de 147.000 empleos temporales.

El próximo evento será el MWC de Shanghái, que tendrá lugar del 29 de junio al 1 de julio, y luego llegarán el MWC inaugural de Las Vegas (del 28 al 30 de septiembre) y el MWC de África (del 25 al 27 de octubre), que volverá en persona a Kigali por primera vez desde 2019.