La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes la "legitimidad" y "credibilidad" de las previsiones del Gobierno, al haberse registrado en 2020 un comportamiento económico "mejor de lo esperado" tras caer el PIB un 11,1%, una décima menos de lo previsto por el Ejecutivo, y ha criticado la postura "inútil, destructiva y sin ningún tipo de sentido" del PP.

Así lo ha señalado Montero durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta del senador el PP José Vicente Marí Bosó sobre si pueden verse afectados los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 tras conocer que diferentes organismos nacionales e internacionales rectifican las previsiones de crecimiento de la economía española que contienen.

Montero, que no ha precisado que los PGE se verán afectados por la variación a la baja de las previsiones de distintos organismos, ha destacado que los datos de 2020 evidenciaron que la economía se comportó "mejor de lo esperado" por analistas internacionales y por el propio Marí, recordando que en octubre pronosticó una caída de PIB del 12,8% y finalmente fue del 11,1%.

Asimismo, ha insistido en que la previsión del Ejecutivo fue "más acertada" que la de los organismos y ha acusado al 'popular' de que a su formación "no le gusta" que la economía española se haya comportado mejor de lo esperado porque "el PP lleva desde esta legislatura jugando a cuanto peor, mejor.

En este sentido, ha afirmado que el PP "no está sabiendo hacer oposición de Estado" y "no se comporta como un partido de Estado" tal y como a su juicio demostró al no votar a favor del real decreto ley con la reforma de la Administración para agilizar la ejecución de los proyectos de los fondos europeos.

"No han aceptado los resultados de las elecciones democráticas", le ha espetado Montero a Marí (PP), reprochándole que desde su formación "no arriman el hombro para intentar reconstruir España, y no se puede contar para ningún tipo de alianza ni para algo que posibilite en este país al instalarse en una posición inútil, destructiva y que no tiene ningún tipo de sentido".

EL PP DENUNCIA EL "DRAMA DE LOS ENGAÑOS" DE MONTERO

Por su parte, el diputado del PP ha recordado que desde su formación ya advirtieron de que la previsión de crecimiento del Gobierno de un 9,8% para este año eran un "engaño", después de que distintos organismos hayan rebajado sus estimaciones hasta el entorno del 5,5%.

Marí ha criticado que Montero "pinte una fantasía" y el Gobierno decidiese "engañar" a los españoles juntándose con "quienes engañan a los catalanes", y han dejado a Cataluña con la mayor destrucción de empleo de España.

De igual forma, ha indicado que desde el PP han pedido "por activa y pasiva" ayudas directas y rebaja de impuestos a los sectores productivos para mantener el empleo y al ser "más barato" que "empantanarlos en préstamos y avales que no van a tener tiempo de devolver".

Por ello, ha denunciado el "drama de los engaños" de Montero y ha avisado de que los Presupuestos dejarán un "gran agujero" y "cada vez a más gente atrás".

La familia de Concepción, la usuaria de una residencia de Xove (Lugo) que falleció por covid-19 y fue enterrada con el nombre de otra anciana, continúa "a la espera" de una llamada para poder trasladar su cuerpo a la sepultura correspondiente diez días después de conocer el error.

"De momento no sabemos nada", explica un sobrino de Concepción, Modesto Ben, que relata que todavía aguardan el permiso judicial que les autorice la exhumación del cuerpo y su desplazamiento a otro cementerio que se encuentra en otra parroquia.

La confusión tiene su origen en un brote de coronavirus surgido en diciembre en la residencia San Bartolomeu, en Xove, y que afectó a 11 usuarios. A finales de dicho mes, la Fundación San Rosendo --entidad responsable del geriátrico--, decidió trasladar en ambulancias a todos ellos hasta un centro en Pereiro de Aguiar (Ourense), que dispone de una planta para atender a ancianos con covid.

Entre los mayores desplazados estaban Concepción y Rogelia, cuyas identidades se intercambiaron durante el traslado. Ambas compartieron habitación en la residencia de Pereiro hasta que el miércoles 13 de enero Concepción falleció. Sin embargo, se notificó la muerte de Rogelia.

El entierro se celebró al día siguiente en Xove, pero los protocolos de la pandemia obligaron a que el ataúd permaneciese cerrado, por lo que la familia no pudo darse cuenta del error.

Todo se descubrió a los diez días. El sábado 23 de enero por la mañana, Rogelia, a la que habían dado por muerta, volvió a ser trasladada al geriátrico de Xove tras haber recibido el alta de la covid-19. Ese mismo día, los familiares de Concepción la esperaban ya recuperada, pero en la residencia les comunicaron que ya había fallecido.

Diez días después, ni su sobrino ni la funeraria responsable tienen noticias al respecto de los trámites para subsanar el error. "De momento, lo que queremos es que nos dejen hacer el traslado", expresa Ben, preguntado sobre si ya estudiaron interponer alguna demanda.

"Ni sabemos cómo fue, ni cómo se hizo el cambio ni sabemos nada. No nos dijeron nada, solo nos dijeron que está en el juzgado y, cuando el juzgado mande pues levantar el cadáver y trasladarlo, si se puede", añade.

RECORRIDO JUDICIAL

La Fundación San Rosendo, al tener conocimiento del error el propio sábado 23 de enero, dio cuenta del mismo a los juzgados de Ourense y de Viveiro para tratar de repararlo, tal y como ratificaron posteriormente fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Sin embargo, las mismas fuentes explican que "por el momento" la jueza de guardia de Ourense --la competente en este asunto-- todavía no tiene conocimiento de los trámites que pueden estar en curso en el Registro Civil.

QUEJA DE REDE ANTE LA VALEDORA

Aunque por ahora no hay proceso judicial abierto a raíz del incidente, sí ha movido ficha la Federación de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia de Galicia (REDE), que este mismo martes ha registrado un escrito dirigido al Valedor do Pobo para que "investigue" los más de 100 traslados de ancianos con covid-19 que ha realizado la Fundación San Rosendo al centro Os Gozos de Pereiro de Aguiar.

En su queja, REDE se hace eco de la confusión entre Rogelia y Concepción y reclama al Valedor, institución dirigida por María Dolores Fernández Galiño, que "se pronuncie sobre la legalidad" del funcionamiento de esta residencia como receptora de casos de coronavirus y sobre la actuación de la Xunta, que "ampara" estos desplazamientos.

Y es que la propia Fundación San Rosendo, en un comunicado emitido tras conocer el error, alegaba que estos hechos no tenían "precedentes" en los múltiples traslados realizados, que se producían --según afirmó la entidad-- con "el consentimiento de las familias y las consellerías de Sanidade y Política Social".

Los dos ex directivos del Banco Popular, que han declarado en calidad de investigados ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, han negado tener conocimiento o haber participado en la decisión de que la propia entidad ofreciera financiación a sus clientes para que compraran acciones en la ampliación de capital de 2016.

Estas dos comparecencias tenían lugar en el marco de la causa abierta en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta de la entidad bancaria a mediados de 2017. De hecho, el caso estudia dos fases del proceso, por un lado las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

El primero en declarar este martes ha sido Carlos Fernández, quien en 2016 era el jefe de admisión de riesgo crediticio dentro de la Dirección General de Riesgos del Banco Popular. Calama decidió escucharle como investigado porque como responsable de Riesgos de la entidad, no podría no haber velado por que se llevara a cabo algún tipo de medida para controlar que no se financiara a clientes para esa ampliación.

Hoy, Fernández, según varias fuentes jurídicas presentes en la declaración, ha negado la mayor señalando que no hubo tal financiación, y que lo que sí hubo fueron créditos a clientes pero relativos a otros fines que además se cursaban en su departamento realizando las comprobaciones habituales. Así, a pesar de los intentos del magistrado de que le indicara quién controlaba si esos créditos iban a la compra de acciones, el exdirectivo se ha mantenido en que nunca le hablaron de tal asunto y que nunca lo escuchó.

En esa misma línea se ha movido el segundo de los interrogados, José Ángel Amor, ex directivo que pertenecía a la Dirección Comercial de la entidad. Éste fue el responsable de un correo electrónico relacionado con esa financiación de acciones. Pero este martes ha aclarado ante el juez que ese mail lo envió a modo de propuesta y lo único que interesaba era que se le dieran ciertos beneficios a los clientes que acudieran a la ampliación de capital.

Esos beneficios los habría encuadrado en bonificaciones en tipos de interés y descuentos, pero ha recordado que no tenía nada que ver con financiar la compra de acciones y que además su propuesta comercial fue rechazada de plano por el exdirector de Negocio de Clientes José Ramón Alonso Lobo y por el director de la Dirección de Riesgos José María Sagardoy --también imputados--.

LA OPERACIÓN CON EL FONDO THESAN CAPITAL

Por otro lado, Carlos Fernández también ha declarado en relación a las operaciones de financiación indirecta arbitradas por el Banco Popular y que contaron con la intermediación de 'Thesan Capital SL', una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis. Esa financiación iba destinada a sociedades españolas con una frágil situación económica y que eran clientes del Banco Popular y se canalizaba a través de sociedades que operaban en Luxemburgo, con la mediación de 'Thesan'.

Fernández ha reconocido que participó como ponente en la Comisión de Admisión de Riesgos relativa a Thesan, y que estudió el plan de negocio. Ha indicado además que se hizo con Luxemburgo porque era la manera más rápida de crear sociedades.

Este martes estaba programada la declaración como investigado de una tercera persona, el directivo que estuvo destinado en la Dirección de Banca Minorista del Popular Antonio Pujol, pero se ha aplazado. Este miércoles será el turno del que fuera director de Departamento de Auditoría del Banco Popular, Jesús Arellano Escobar.

Este es uno de los cinco directivos que el juez Calama imputó en su auto de noviembre, cuando además avisó que sobre él extendería la investigación a otros ámbitos, como su conocimiento de la presunta sobrevaloración de las tasaciones de los activos inmobiliarios y su impacto en la provisión de la cartera de créditos del Banco.

Fuentes del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han calificado de "penosa" y "salida de pata de banco" la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de rechazar la petición que le traslado hace unos días órgano de gobierno de los jueces respecto de la reforma planteada por el PSOE y Podemos para limitar sus funciones mientras no sea renovado.

Las fuentes consultadas ha señalado que con su petición, en la que se pedía a la Mesa que reconsiderara su intención de acelerar esta reforma el CGPJ, no pretendían en ningún caso que se le considere legitimado para aplicar el artículo. 31.2 del Reglamento de la Cámara, que ni siquiera cita ni invoca en su acuerdo. "Sencillamente le pedimos que se remediara una grave violación del derecho de la Unión Europea y que se "repiensen" la decisión que han "perpetrado" de no oír a nadie, algo que pueden hacer en cualquier momento sin necesidad siquiera de que se le pida", aducen.

Por ello, este sector del CGPJ considera que los diputados que integran la Mesa se han cogido a un término que tiene un sentido general (reconsiderar), que fue en el sentido que se utilizó por el CGPJ, para atribuirle un sentido específico, el del Reglamento del Congreso. como excusa para no entrar en el fondo de lo que se pide.

ELUDEN MENCIONAR A LA UE

Por otro lado, las mismas fuentes critican que eludan toda mención al derecho de la UE y se limite a justificarse en sus precedentes, lo que en opinión de algunos vocales "parece grave por lo peligroso".

"Que un parlamento de un Estado miembro desconozca el derecho de la UE solo tiene dos explicaciones posibles, o la ignorancia o la irresponsabilidad", y las dos son calificadas de "inaceptables".

El PSOE y Unidas Podemos impusieron su mayoría en la Mesa del Congreso para tramitar esta reforma por el procedimiento y para rechazar la petición de la mayoría del CGPJ para emitir un informe sobre el contenido de esa iniciativa.

Días después, el CGPJ, por mayoría de 16 votos frente a cinco, respondió pidiendo al Congreso que reconsidera esa decisión y ahora la Mesa de la Cámara, en su reunión de este martes, ha rechazado tal petición alegando que el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencia para recurrir. En el acuerdo adoptado se alude al Reglamento del Congreso para señalar cuando un diputado o un grupo discrepa de una decisión de la Mesa de la Cámara pueden solicitar su reconsideración. Así lo ha hecho el PP, escrito que está pendiente de decisión.

Pero el CGPJ no tiene competencia para recurrir: "Dicha norma (el reglamento) no contempla ningún otro sujeto legitimado para solicitar la reconsideración de los Acuerdos de esta Mesa, por lo que no procede acceder a la solicitud de reconsideración", remarca el Congreso.

La Cámara insiste en que, conforme a reglamento y a los precedentes, la Mesa tenía la potestad para decidir si pedía o no informe al CGPJ sobre la proposición de ley de PSOE y Podemos, y en este caso decidió por mayoría que no. "Aquí hay división de poderes y el recurso del CGPJ no cabe", subraya el acuerdo, incidiendo en que, si fuera la Mesa del Congreso quien hiciera determinadas juicios sobre decisiones del Poder Judicial, "sería considerado una barbaridad".

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se ha sometido este martes a su primera sesión de control en el Senado como miembro del Gobierno, y lo ha hecho garantizando su trabajo a partir de la Constitución y los Estatutos de Autonomía y expresando su disposición a "mejorar" el Estado de las autonomías.

Así ha respondido Iceta a una pregunta formulada por la senadora del PP Luis Fernanda Rudi, que ha citado un punto del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que hace referencia a las notorias disfunciones, desequilibrios y carencias del sistema autonómico que provocan tensiones entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos.

En este punto, el nuevo ministro ha recordado que ese punto también hace referencia a la apuesta por una España fuerte a partir de la Constitución y los Estatutos de Autonomía. "Esa es nuestra voluntad", ha señalado Iceta.

Eso sí, ha reconocido que hay carencias, y las ha emplificado en la conflictividad competencial, la demora de la revisión del modelo de financiación y una insuficiente cooperación entre administraciones. "El aprecio con el Estado de las autonomías no implica nuestra renuncia a mejorarlo", ha zanjado.

'BIENVENIDA' DEL PP

La senadora del PP encargada de hacer la pregunta también ha querido dar la bienvenida a Iceta al Gobierno y a la Cámara Alta, algo que el propio ministro ha agradecido destacando que su estreno en una sesión de control sea en el Senado.

Con todo, la parlamentaria del PP ha repasado el discurso de Iceta cuando recibió la cartera ministerial y le ha pedido que su gestión esté más cerca de cuando dijo que le gustaba España como es: "diversa, plural y unida".

Aquí, el PP ha reprochado al ministro que el PSC defendiera el derecho a decidir en Cataluña en su programa electoral de 2021 y que dijera que "nación y nacionalidad son sinónimos". Asimismo, los 'populares' han exigido cooperación real entre las CCAA y el Gobierno central en la gestión de la pandemia.

"Quién dijo que nación y nacionalidad eran sinónimos fue Fraga en el Debate Constitucional", ha respondido Iceta a la senadora 'popular'. Por último, el ministro ha defendido la labor de la antigua titular de Política Territorial, Carolina Darias, al frente de la colaboración entre las administraciones.

Castilla y León suma 1.541 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 195.703, al tiempo que registra 35 nuevas víctimas mortales (32 en hospitales y tres en residencias), así como un total de 22.819 altas médicas, de ellas 254 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas este martes registran 32 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 4.792 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.202 y los casos positivos a ellos vinculados aumentan hasta 8.040. De ellos, Ávila contabiliza 115 --tres menos--; Burgos, 65 --seis más--; León, 21 --cuatro más--; Palencia, 79 --uno menos--; Salamanca contabiliza 288, 17 más; Segovia, 328, 21 menos; Soria se sitúa en 123, 17 más; Valladolid en 59 --los mismos-- y Zamora 124, cinco menos.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 195.703 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 1.541 en la última jornada. De esa cifra total, 188.905 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID A LA CABEZA, CON 417 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias, Valladolid es la que más positivos ha notificado en esta jornada, con 417 casos y un total de 44.778; seguida de León, con 266 y un total de 33.394; Palencia, con 255 y un total de 15.981; Burgos, con 156 y un total de 28.837; Salamanca, con 147 para un total de 27.429; Segovia, con 115 y un total de 14.301; Ávila, con 77 y 11.222; Soria, con 76 y 7.762, y Zamora, con 32 y 11.999.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 4.792, 32 más que ayer. La mayor parte se registra en la provincia de León con 973 --siete más--, le sigue Valladolid con 943 --seis más--; a continuación figura Salamanca con 717 --cinco más--; Burgos con 615--tres más--; Zamora anota 381 --dos más--; Palencia se sitúa en 355 --uno más--; Segovia llega a los 322 --uno más--, mientras que Ávila registra 277, uno más, y Soria alcanza los 209 --seis más--.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman 22.819, de las que se han computado 5.575 en Valladolid; 4.018 en León; en Burgos 3.190; en Salamanca, 3.117; en Zamora, 1.598; en Palencia, 1.579; en Segovia 1.459; en Ávila, 1.388 y en Soria 874.

LOS HOSPITALIZADOS SE REDUCEN EN 47

En cuanto a las hospitalizaciones, se reducen tanto en planta como en UCIs al colocarse en un total de 2.373, 47 menos que en el anterior parte. De estos pacientes, 2.053 se encuentran en planta --43 menos que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se sitúan en 320, cuatro menos que en el anterior parte.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 97 por ciento de las camas en unidades de críticos, un punto menos que en el anterior parte emitido.

Así, se informa de 55 hospitalizados en el Río Hortega de Valladolid; 49 en Hospital Clínico Universitario de la misma ciudad; 45 en el Compleo de León; 42 en el Complejo Asistencial de Salamanca; 35 en el de Burgos; 27 en el de Palencia; 21 en el de El Bierzo; 15 en el de Segovia; 13 en el Zamora; 12 en el de Soria, y seis en el de Ávila.

TRECE RESIDENTES FALLECIDOS

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se sitúa en 3.920 --13 más-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.815 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, trece más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.920 finados hasta el momento, 2.133 personas han perdido la vida en su residencia o centro, tres más que en el último parte, mientras que otras 1.787 lo han hecho en hospitales, diez más.

Un total de seis residentes está aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, cuatro menos, y 1.623 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 88 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 293, de ellos 176 con positivo confirmado mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 25 residentes, cinco más, y se sitúa en 1.010, tres menos, el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19; mientras que otros 165 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, tres más que ayer.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado el compromiso del Gobierno de restaurar hasta 20.000 hectáreas de humedales de aquí a 2030 y de iniciar la recuperación de las lagunas de La Janda, Antela y Mar de Campos.

En su intervención en un acto organizado por la Fundación Biodiversidad con motivo del 50 aniversario de la Convención Ramsar (1971) y de la celebración del Día Mundial de los Humedales este 2 de febrero, Ribera ha afirmado que el Gobierno apuesta por lograr un total de 40.000 hectáreas de humedales restaurados a lo largo de esta década, después de que en los últimos 25 años ya se haya recuperado 18.000 hectáreas.

En el acto, celebrado 'on-line', ha explicado la acción del Gobierno para impulsar la recuperación de zonas húmedas a las que ha definido como "esenciales para la vida humana".

En este contexto, ha recordado que España es el tercer país con más humedales incluidos en la lista internacional del Convenio Ramsar, después de México y Reino Unido y ha hecho un repaso pormenorizado de las causas del deterioro de los grandes humedales españoles.

El lema de la efeméride este año es 'Los humedales y el agua' con el fin de subrayar el papel esencial que estos juegan en la supervivencia humana en el marco de la crisis del agua. La ministra ha dicho que España entró con retraso, en 1982, a la Convención Ramsar, pero esto supuso un "punto de inflexión" en la protección d elos humedales españoles y ha manifestado que aquella década fue crucial para el desarrollo de normativa en favor de la protección medioambiental en su conjunto.

La vicepresidenta ha insistido en el que el Gobierno tiene voluntad para emprender acciones "decididas" en el campo de la restauración porque no solo se trata de conservar adecuadamente los humedales, sino de seguiremprendiendo la restauración progresiva de todos aquellos que puedan recuperar la estructura y funciones perdidas por la acción humana.

Así, ha dicho que este objetivo está alineado con las políticas europeas de biodiversidad y ha recordado que la Estrategia 2030 de la UE sobre Biodiversidad especifica la obligación de los países europeos de mejorar al menos el 30% de los hábitats y especies en peor estado de conservación, entre los que se incluyen los de las zonas húmedas.

También ha señalado que el Plan Estratégico de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y la actualización del Plan Estratégico para la conservación y el uso sostenible de los humedales, ambos en fase de redacción, prevén incluir objetivos relacionados con la gestión, conservación y restauración de humedales.

Por otro lado, ha recordado que en 2021 se terminará el tercer ciclo de planficación hidrológica y que está en marcha la Estrategia española para conectar los distintos ecosistemas.

La ministra ha desgranado las medidas de restauración ecológica y ha apuntado que se protegerán especialmente las reservas hidrológicas, por lo que se espera alcanzar una red de más de 3.500 kilómetros de reservas naturales fluviales, al tiempo que se revisará y actualizará la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.

También se ha referido a la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas también será una herramienta esencial para identificar, conservar y recuperar los ecosistemas dañados de todo el territorio español y conectarlos entre sí.

En el acto han participado también la directora de la Fundación Biodiversidad del MITECO, Elena Pita; el presidente de la European Federation of Freshwater Sciences (EFFS) y catedrático de ecología de la Universidad de Valencia, Antonio Camacho, y el director gerente de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel.

Los dos detenidos por agredir a los policías que acudieron a un bar de Oviedo porque uno de ellos no quería ponerse la mascarilla reconocieron este martes los hechos tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía del Principado de Asturias y han aceptado condenas de prisión y multas. El juicio rápido se ha celebrado este martes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo. Los agentes agredidos se reservaron las acciones civiles para reclamar por esta vía las correspondientes indemnizaciones por las lesiones que sufrieron.

Los hechos considerados como probados se sobre las 19.30 horas del día 30 de enero de 2021, los dos acusados se encontraban en un bar de la Plaza de Transcorrales de Oviedo. Un camarero del establecimiento avisó a la Policía Local de Oviedo porque uno de los acusados se negaba a ponerse la mascarilla, por lo que los agentes se personaron en el local. Tras pedirle, sin éxito y en numerosas ocasiones, que se la pusiera, los agentes terminaron por ponerle una sanción administrativa.

En este momento, el acusado, que se encontraba sentado en una silla, de forma repentina y por la espalda, empujó al uno de los agentes, que estaba levantando acta. Entonces, otros dos agentes lo redujeron, teniendo que emplear la fuerza mínima indispensable para ello, ya que el acusado los golpeaba con los pies y las manos, braceando en todo momento para impedir su inmovilización.

Fue necesaria la intervención de otros dos agentes, dada la agresividad que mantenía el acusado. Mientras se procedía a la detención de este acusado, el otro acusado cogió de manera sorpresiva por el cuello al un agente, le propinó un golpe en la boca y lo tiró al suelo. Tuvo que intervenir otro agente, inmovilizando al acusado.

Una vez trasladado uno de los delincuentes al HUCA, tuvo que precisarse la intervención de los vigilantes de seguridad del centro hospitalario debido a la agresividad que presentaba. Ya de vuelta a las dependencias de la Comisaría de Policía, el acusado continuó con actitud agresiva y violenta hacia los agentes, golpeándose la cabeza con la mampara del vehículo policial, haciendo caso omiso a todas las indicaciones de los policías y llegando a amenazarles.

Como consecuencia de estos hechos, dos agentes sufrieron lesiones, cuya indemnización se dirimirá por vía civil. Durante la detención del segundo acusado, éste rompió la chaqueta del uniforme de un policía, así como las hombreras y la mascarilla de seguridad.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.1 y 2 del Código Penal y dos delitos leves de lesiones previstos y penados en el 147.2 y 4 del mismo texto legal, a penar conforme a las reglas del concurso ideal del artículo 77.1 y 2.

Tras reconocer los hechos, uno de los acusados aceptó una condena de 6 meses de prisión por el delito de atentado y 40 días de multa, a razón de 6 euros diarios, por cada delito leve de lesiones (dos multas). El segundo acusado, una condena de 4 meses de prisión por el delito de atentado y 20 días de multa, a razón de 6 euros diarios, por cada delito leve de lesiones (dos multas). Los policías se reservaron las acciones civiles para reclamar por esta vía las indemnizaciones correspondientes por los hechos.

Varios antiguos responsables del programa económico de Ciudadanos que acabaron abandonando el partido por discrepancias con su entonces presidente, Albert Rivera, como Toni Roldán y Francisco de la Torre, han criticado la visión expresada por Marcos de Quinto, exportavoz económico de Cs en el Congreso, sobre los impuestos que recauda el Estado gracias a las grandes fortunas, tras lo cual De Quinto les ha acusado de "tendencias zurditas".

De Quinto, que dejó la formación naranja y renunció a su acta de diputado el pasado mayo, se marchó porque no compartía la decisión de Inés Arrimadas de apoyar una nueva prórroga del estado de alarma decretado por el Gobierno ante la pandemia del coronavirus. Desde entonces, con sus opiniones en Twitter ha dejado claro que rechaza la estrategia de Arrimadas y su disposición a pactar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En uno de sus últimos tuits, publicado el lunes, el exvicepresidente de Coca-Cola afirmaba que "el verdadero escándalo" no es que el futbolista Leo Messi "se embolse una cantidad impresionante" --más de 555 millones de euros brutos, según el contrato con el FC Barcelona publicado por 'El Mundo'-- "por ser el mejor jugador del mundo y haber generado ingresos para su club".

"CUIDAR" A LOS MILLONARIOS, NO "PERSEGUIRLOS"

Lo que realmente le llama la atención al exdiputado es que "el Estado se lleve, por la cara, la mitad de dichos ingresos sin haber metido un gol". "Ni en mil vidas Messi se beneficiará en servicios del Estado lo que ha aportado a este. Pero, lejos de hacerle una estatua, la izquierda envidiosa y rencorosa prefiere hacerle un traje de sinvergüenza e insolidario", escribió.

Según De Quinto, cabe preguntarse cuál sería el motivo de que el Barça quebrara a raíz de ese contrato multimillonario: "¿Es por lo que 'se lleva Messi' o por la cantidad equivalente que 'se lleva el Estado' en impuestos?". "Si el Estado se lleva la mitad, que cargue también con la mitad de culpa", apuntó.

Frente a las críticas a su discurso, el exdirigente de Cs insistió en su argumento, indicando que "si la gente exitosa --no solo en el deporte, sino también en la ciencia, en el arte, en la empresa o en YouTube-- decide irse" de España, "el Estado se queda sin el chollo de llevarse su mismo sueldo por la cara. "Yo les cuidaría, no les perseguiría", sugirió.

DE LA TORRE RECUERDA LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN

Uno de los que se han pronunciado en contra del enfoque de De Quinto es Francisco de la Torre, inspector de Hacienda que formó parte del equipo económico de Cs encabezado por Luis Garicano, como responsable de política fiscal, y que abandonó la dirección del partido en julio de 2019 lamentando la negativa de Rivera a facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

"Como el Estado no mete goles, ¿no debería cobrar impuestos? 'Por la cara'... comentario curioso. Los médicos, policías, bomberos... tampoco meten goles", respondió De la Torre, también exdiputado, a Marcos de Quinto. Además, añadió un "recordatorio para 'constitucionalistas'", al destacar que el artículo 31 "también forma parte de la Constitución".

El artículo 31 establece que en España "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio" y que el gasto público hará "una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

CONTHE CREE QUE RIVERA NO DEBIÓ FICHAR A DE QUINTO

También ha intervenido en el debate el economista y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe, que, si bien nunca llegó a ostentar un cargo público ni orgánico en Ciudadanos, fue, junto a Garicano, uno de los autores del programa económico que Rivera presentó en 2015, durante la expansión nacional del partido.

Dirigiéndose directamente a De Quinto, censuró su "argumento fiscal libertario" y lo comparó con el "Espanya ens roba" de algunos nacionalistas catalanes. "Muestra el grave error de Rivera al ficharte para Cs y tu gran acierto al abandonar ese partido. Para ricos, pagar muchos impuestos no solo es obligación legal: debe ser fuente de prestigio social", señaló.

Concretamente sobre el contrato de Messi, Conthe considera que es "gravoso para Barça" y que "aumenta la desigualdad en España", pero cree que la parte positiva es que 258 de los 555 millones de euros corresponden a impuestos, entre IRPF, Impuesto sobre Sociedades y aportaciones a la Seguridad Social. "Cuando pagan impuestos, tener muchos ricos es un chollo para los demás ciudadanos. ¡Viva los ricos que tributan!", escribió.

"POPULISMO GASEOSO", SEGÚN ROLDÁN

Tampoco el economista Toni Roldán, exsecretario de Programas de Cs y exportavoz económico en el Congreso que fue la mano derecha de Garicano, comparte la opinión de De Quinto. "Populismo gaseoso", ha dicho al respecto este martes el exdiputado, que dimitió en junio de 2019 por el giro estratégico de Rivera al asimilarse al PP y pactar con Vox.

El exdirectivo de Coca-Cola sostiene que "todos los que exigen que las rentas altas paguen hasta el último céntimo y más", algo que cree que ya hacen, "no son tan escrupulosos a la hora de exigir que los políticos no malgasten luego ese dinero".

Hay que mirar al gasto antes de ir a la solución coercitiva fácil", ha defendido De Quinto, que se ha declarado sorprendido por "la cantidad de gente que se definía liberal y pertenecían a un partido liberal, pero que en realidad escondían tendencias zurditas", en una clara alusión a Ciudadanos y a sus antiguos responsables económicos.

Quienes no han entrado de momento en esta polémica son Luis Garicano, actual líder de la formación naranja en el Parlamento Europeo, y María Muñoz, portavoz en la Comisión de Economía del Congreso.

Marcos de Quinto, al que Rivera fichó para las elecciones generales de abril de 2019, entró en el Comité Permanente del partido como responsable de Talento y Capital Humano, pero un año después Arrimadas le excluyó de ese órgano. En la Ejecutiva que formó al convertirse en presidenta del partido, no asignó funciones específicas a sus miembros y, por tanto, no hay un responsable económico del partido como lo fue Garicano.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, no ha atendido en el Pleno municipal celebrado este martes a un nuevo ruego por parte del concejal del Partido Popular José Antonio de Santiago-Juárez en el que volvía a reclamar que presentara facturas o comprobantes de pago del viaje que realizó en yate en septiembre por aguas de Ibiza y Formentera, al tiempo que ha contestado al portavoz de Vox, Javier García Bartolomé, que ya había contestado a las cuestiones planteadas.

Así ha saldado Óscar Puente este martes, en el Pleno correspondiente al mes de febrero de 2021 --celebrado de manera telemática--, las nuevas iniciativas de estos dos grupos de la oposición sobre la polémica del viaje que realizó Puente, junto a una de sus hijas, en yate el pasado mes de septiembre junto al titular de una empresa a la que el Ayuntamiento adjudicó unos meses antes un contrato de aprovisionamiento de equipos de protección ante el COVID-19.

Se trataba del tercer Pleno consecutivo en el que se trataba el asunto, en el primero, el de diciembre, solo con una mención crítica al inicio de la sesión por parte de la portavoz 'popular', Pilar del Olmo; el segundo fue el de enero con una pregunta presentada por Vox, que fue respondida por el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, y con un ruego formulado por De Santiago-Juárez, al que el alcalde respondió durante más de 15 minutos con críticas a la labor de oposición del PP y sin responder si aportaría la documentación que demuestre que él pagó sus viaje en yate en aguas de las Pitiusas.

En esta ocasión, tanto Vox como el PP han optado por sendos ruegos y el primero en formularlo ha sido el portavoz del partido de derechas, quien ha reprochado que en la pasada sesión el alcalde "endosara" la respuesta al portavoz del PSOE.

Puente ha justificado que "generalmente" las preguntas son respondidas "siempre" por concejales del equipo de Gobierno y no por el alcalde, que solo suele responder a los ruegos y así lo ha hecho hoy para asegurar, muy brevemente, que este planteamiento solo servía, a su juicio, para "esconder" una pregunta que asegura que ya fue respondida "en su día" por lo que no quería "hacer el juego" ni al edil de Vox ni "al medio en cuestión" que ha publicado las informaciones sobre el viaje en yate, OkDiario.

En el caso de De Santiago-Juárez, el debate ha sido algo más prolongado pero ni mucho menos tanto como la respuesta de Puente hace algo menos de un mes, ya que hoy ha dedicado cuatro minutos para asegurar al edil 'popular' que no iba a atender la petición de presentar facturas o medios de pago del viaje y ha mostrado su deseo de que el PP no vuelva a llevar el asunto a una sesión municipal.

El concejal del PP ha censurado la intervención que realizó Puente en el mes de enero en la que se dedicó "durante 15 minutos" a "descalificar" al Grupo Municipal Popular "de manera grosera y torpe, seguramente fruto de los nervios que sufre por estas informaciones". Cabe recordar que De Santiago-Juárez decidió entonces abandonar el salón de Plenos en señal de rechazo por los modos y el exceso de tiempo con el que había respondido el regidor al ruego presentado.

A ello ha añadido que Puente debería presentar "ya" su dimisión y ha asegurado que "un alto directivo" de la empresa Zaiglobal, de la que es titular el "amigo" del alcalde con el que pasó los dos días en el yate, "ha llamado hace 15 días al Grupo Popular para solicitar que dejemos esta línea de trabajo y nos ha anunciado una carta ante notario que no ha llegado".

"Si tiene un poco de dignidad, váyase, queda claro que le han pagado su estancia en el yate", ha aseverado.

A este respecto, Óscar Puente, en una respuesta en la que ha utilizado un tono sarcástico ha lamentado la "coordinación" que mantiene el Grupo Popular con el medio "de tanto prestigio que dirige el señor Inda", que este martes ha publicado una nueva información sobre el asunto.

Los positivos en covid-19 de algunas defensas de los acusados por pertenecer a la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 obligará a retrasar el momento en el que el juicio, que comenzó el pasado 10 de noviembre en la Audiencia Nacional, quede visto para sentencia.

El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha informado este martes a las partes personadas en el procedimiento que al positivo por coronavirus que comunicó este lunes la defensa de Mohamed Houli Chemlal se suma el abogado de Driss Oukabir.

Durante la celebración del juicio oral, la compañera del abogado Luis Álvarez Collado ha informado a la Sala que se había hecho la prueba y que de momento le habían dado la "baja laboral". A la espera de conocer el resultado, esta letrada ha señalado al tribunal que ella será la encargada por parte de la defensa de Oukabir de asistir al juicio para que la exposición de los informes finales de las acusaciones no se vieran interrumpidos.

El tribunal, que ha aceptado la sustitución, ha recordado que, tal y como trasladó este lunes a la abogada Mari Carmen González, que defiende a Houli Chemlal, se pondrá a su disposición todas las grabaciones de las sesiones y ha recordado que el juicio puede seguirse por 'streaming', ya que se está emitiendo en directo por Youtube.

En este sentido, el magistrado Guevara ha explicado que su intención es retomar la vista oral este miércoles, a partir de las 10.00 horas, para que las acusaciones que faltan por informar de sus conclusiones puedan hacerlo. Si no todas las acusaciones toman la palabra, está previsto continuar el jueves.

Ha añadido que, una vez concluyan todas las acusaciones particulares y populares, el juicio se interrumpirá hasta que las defensas de Mohamed Houli Chemlal y Driss Oukabir se encuentren en "plena disposición" para exponer sus propios informes junto al del abogado de Said Ben Iazza.

En caso de que haya que suspender las sesiones previstas de esta semana, el tribunal se ha comprometido en ponerse en contacto con las partes y con instituciones penitenciarias para evitar el traslado de los acusados desde el centro penitenciario, tal y como hizo con las intensas nevadas provocadas por la borrasca 'Filomena', que no sólo dificultó el acceso a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde se celebra el juicio, sino también el desplazamiento de la mayoría de letrados desde Cataluña, donde residen, hasta la Comunidad de Madrid.

DEPENDERÁ TAMBIÉN DE LA DISPONIBILIDAD DE LA SALA

En cualquier caso, el final del juicio, que llegará una vez que las defensas informen y que los acusados hagan uso de su turno de la última palabra, si así lo desean, no tendrá lugar esta semana si se tiene en cuenta los, al menos, 10 días de aislamiento que las autoridades sanitarias recomiendan mantener a aquellas personas que presentan síntomas o que han obtenido un resultado positivo en una prueba de covid-19.

Algunos de los abogados presentes en este juicio, habían previsto que el juicio concluiría esta semana o a principios de la que viene. De ello, también dependerá la "disponibilidad" de la sala de vistas, ha añadido el presidente del tribunal.

Tras conocer esta noticia, algunas acusaciones han preguntado al tribunal si en el caso de que el abogado de Driss Oukabir diera positivo se acordaría suspender el juicio por el riesgo de contagio en la sala. Guevara ha afirmado que, "en principio" la vista seguirá adelante esta semana, como estaba previsto, debido a que, tal y como ha explicado, se considera contacto directo con un positivo cuando se está con esta persona sin mascarilla más de 15 minutos.

Aún así, ha recordado que, como ya se viene haciendo a lo largo de los tres meses que se lleva celebrando la vista oral, los abogados pueden decidir si acuden a la sede judicial o no, siempre y cuando no tengan que intervenir.

DISCREPANCIAS ENTRE LA FISCALÍA Y LAS ACUSACIONES

Tras el parón por las fechas navideñas y por los efectos de la borrasca 'Filomena', el juicio se reanudó el pasado 17 de enero con los últimos informes periciales. Cuatro días más tarde se inició el trámite de conclusiones, cuando la Fiscalía anunció que mantenía su petición de pena de prisión inicial para los tres acusados, a los que rechaza atribuir el delito de asesinato.

Por su parte, las acusaciones particulares y populares mantienen un criterio distinto al del Ministerio Público y consideran que los acusados sí deberían ser condenados como responsables de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017, que dejó 16 víctimas mortales y centenares de heridos.

La Fiscalía expuso su informe final el pasado 25 de enero, en el que afirmó que Mohamed Houli --para quien se piden 41 años de cárcel--, Driss Oukabir --que se enfrenta a 36 años de prisión-- y Said Ben Iazza --para quien sólo se interesan 8 años de cárce-- no participaron, ni pudieron hacerlo, en los atentados de Cataluña. Explicó que los dos primeros pertenecían a la célula yihadista que atacó y que Ben Iazza simplemente colaboró con ella prestando una furgoneta y documentación personal para adquirir los precursores de explosivos.

Sin embargo, ninguno de los tres acusados estaban presentes cuando los miembros de la célula, que fueron abatidos tras los atentados, decidieron cambiar sus planes y dirigirse hacia La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils tras conocer que la vivienda de Alcanar (Tarragona), donde se preparaban los explosivos liderados por el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, saltó por los aires.

Las acusaciones particulares comenzaron a exponer sus informes este lunes y se han manifestado totalmente contrarias a esta tesis, pues creen que los acusados eran plenamente conocedores del único plan que había: "matar y dañar", dijo la abogada de los mossos d'Esquadra que resultaron heridos en Alcanar. Una afirmación que han compartido el resto de acusaciones que han informado hasta el momento.

PETICIÓN DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Entre las acusaciones particulares, aún quedan por informar el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, que han aumentado su solicitud de pena de prisión al introducir delitos de muerte en grado de tentativa con carácter terrorista.

También tendrá que informar las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo --esta última también representa a 73 víctimas de los atentados--, que reclaman para Mohamed Houli Chemlal y para Driss Oukabir la pena de prisión permanente revisable por 15 víctimas mortales.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha puesto como ejemplo de la "ineficiencia" del estado de las autonomías las diferentes medidas adoptadas por Alberto Núñez Feijóo y por Isabel Díaz Ayuso en Galicia y en la Comunidad de Madrid respectivamente para contener la propagación del coronavirus, aún perteneciendo al mismo partido político.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso, Espinosa de los Monteros ha subrayado que la epidemia es "única en todo el país" y por tanto "hay que dar respuesta en todo el país", aunque ha aceptado que "mirando zona por zona".

A su juicio, las diferentes medidas adoptadas en cada territorio demuestran que España cuenta con un Estado administrativo "muy ineficiente", ya que para ofrecer una respuesta única "teóricamente" estaban el Ministerio de Sanidad o el estado de alarma.

El portavoz parlamentario de Vox se ha referido así a las comunidades autónomas como "reinos de taifas" muy ineficientes en la prestación de servicios, aunque "los más eficaces del mundo" para recaudar impuestos.

MAROTO, "ASÍ NO SE HACE"

En este contexto, ha reconocido también que la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, intentara "echar un cable" al sector del turismo apuntando la Semana Santa como posible fecha para el regreso de los viajes nacionales, pero le ha advertido que "así no se hace".

A su juicio, lo que es necesario es que todo el sector del turismo y la hostelería sea compensado "por las durísimas condiciones de cierre que se les ha impuesto" desde el inicio de la pandemia hace ya casi un año.

Además, Espinosa de los Monteros ha celebrado que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el reconocimiento del coronavirus como enfermedad profesional para los sanitarios y ha recordado que Vox ya propuso esta medida en abril del pasado año. "El Gobierno en este caso acierta, es una pena que lo haga tan tarde y con tanto retraso", ha reprochado.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) acogerá el jueves y el viernes el III Women Business & Justice European Forum, que reunirá a autoridades como la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la presidenta del Senado, Pilar Llop; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová; la exvicepresidenta de Comisión Europea Viviane Reding y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

En un comunicado este martes, el colegio ha destacado que el objetivo es "mostrar su firme compromiso con la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres", y se hará de forma telemática a causa del coronavirus.

Ha explicado que organiza el evento "con el objetivo de visibilizar el talento femenino", y ha expresado la necesidad de mostrar las desigualdades entre hombres y mujeres.

El Icab ha destacado que el congreso es una apuesta para "crear una red europea que permita avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en igualdad de género".

La decana del Icab, Maria Eugènia Gay, inaugurará el foro a las 15 horas del jueves, en una mesa redonda titulada 'Mujer y liderazgo' en la que participarán Meritxell Batet, Ada Colau, Ester Capella y Dita Charanzová.

En el congreso están programadas otras cuatro mesas redondas: 'Mujer y doble discriminación'; 'Mujer y derechos civiles'; 'Mujer, dirección y empresa' y 'Mujer y entorno laboral', con las que el Icab quiere homenajear a la jurista fallecida en septiembre de 2021 "en reconocimiento a su trayectoria profesional, ya que hizo de la igualdad el eje vertebrador de su esplendorosa carrera".

OTRAS AUTORIDADES

Entre otras, intervendrán en el foro la senior Ethics Officer de Naciones Unidas Thi Kim Xuan Nguyen; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul Muro; la abogada especialista en derechos humanos en Venezuela Tamara Sujú; y la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Rosario Silva de Lapuerta.

También participarán la presidenta de la Sala Social del Tribunal Supremo (TS), María Luisa Segoviano; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la vicepresidenta del Banco Santander y exministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino; la delegada contra la violencia de género, Victoria Rosell; la presidenta de Red eléctrica España y exministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

Asimismo, serán ponentes la directora general de la Guardia Civil, María Gámez; la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente Santiago; la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán García; y la jueza y exconsellera de Trabajo Mar Serna.

El III Women Business & Justice European Forum se cerrará el viernes a las 13 horas con la presencia de Pilar Llop, Margarita Robles, Viviane Reding y Anne Hidalgo.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 398 casos positivos de Covid-19 confirmados y 17 personas fallecidas, lo que supone un total de 1.508 desde el inicio de la pandemia.

En concreto, el Área de Salud de Badajoz ha comunicado el fallecimiento de un varón de 86 años de Alburquerque, tres varones de Badajoz de 82, 83 y 88 años y un varón de 91 años de Talavera.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado las muertes de un varón de 76 años, una mujer de 88 años y un varón de 67 años, los tres de Cáceres, mientras que la de Mérida ha notificado los fallecimientos de dos mujeres de 90 y 86 años de Mérida y una mujer de 88 años de La Zarza.

Asimismo, el Área de Salud de Llerena-Zafra ha comunicado cuatro fallecidos, que son un varón de 66 años de Llerena, un varón de 87 años y una mujer de 75 años, ambos de Los Santos de Maimona, y una mujer de 88 años de Fuente de Cantos.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha registrado el fallecimiento de una mujer de 91 años de Peñalsordo y el Área de Salud de Navalmoral ha notifica el fallecimiento de un varón de 52 años de Jarandilla de la Vera.

En los hospitales extremeños hay ingresadas 654 personas, 29 menos que las notificadas este lunes, 97 de ellas en UCI, dos menos, según ha informado la Junta en nota de prensa, que añade que se han dado 1.018 altas, lo que equivale a un acumulado de 52.681.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz ha notificado 126 casos confirmados, tiene 224 pacientes hospitalizados, 34 de ellos en UCI, y registra 247 fallecidos y 15.037 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha notificado 41 casos positivos, tiene 107 pacientes ingresados, de los que 17 están en UCI, y acumula 426 fallecidos y 7.633 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 94 casos confirmados, tiene 99 personas hospitalizadas, de las que 16 están en UCI, y acumula 199 fallecidos y 10.789 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 34 casos positivos, tiene 98 pacientes hospitalizadas, de los que 18 están en UCI, y acumula 190 víctimas mortales y 6.954 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado 55 casos positivos, tiene 49 pacientes hospitalizados, de los que 12 están en UCI, y ha registrado un total de 174 fallecidos y ha dado 3.388 altas desde el inicio de la pandemia.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado siete casos confirmados, tiene 11 pacientes ingresados y ha registrado 103 fallecidos y 2.981 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 23 casos positivos, tiene 55 pacientes ingresados y acumula un total de 100 fallecidos y 3.850 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha registrado 18 casos positivos, tiene 11 pacientes hospitalizados y, desde el comienzo de la pandemia, han fallecido 69 personas y se han dado 2.049 altas.

La presidente del Consejo Directivo de la UCAV, Lydia Jiménez, ha subrayado a Santa Teresa como "maestra de vida y de humanidad" en una conferencia que ha mostrado a la mística abulense como "ejemplo de vida de Teresa de Jesús como referente en la actualidad".

Más de 70 personas han asistido a la conferencia virtual '¿Qué dice Teresa de Jesús a la mujer de hoy?', enmarcada en las actividades del Servicio de Extensión Universitaria de la UCAV.

"Cuando acudimos a una mujer como Santa Teresa de Jesús, enseguida nos damos cuenta de que es un referente, pero no solamente porque sea santa, también porque es una mujer que ha sido valiosa y ha sabido descubrir todas las potencialidades de su ser de mujer", ha explicado.

"Y después, eso no se lo ha quedado para sí misma, sino que lo ha volcado en los demás, contribuyendo a que muchas personas a lo largo de los siglos se hayan beneficiado de esa riqueza que ella tuvo como mujer, como literata, como mística y como santa", ha añadido.

Asimismo, Jiménez ha destacado la "llamada a la interioridad" que realiza Santa Teresa, que "se debe aplicar también en la actualidad porque permite conocerse a uno mismo. "Nos convertimos en seres que no vivimos, sino que nos viven desde fuera con todas las demandas y nos impiden esa interioridad que lleva al conocimiento de nosotros mismos".

"REFLEXIÓN Y SILENCIO"

"Ese conocimiento sobre uno mismo también necesita reflexión y silencio", tal como ha indicado la presidenta del Consejo Directivo de la UCAV, "porque no es tan fácil conocer a la persona humana o conocerse a uno mismo en toda su realidad y complejidad".

"Tenemos --ha afirmado-- que entrar dentro de nosotros mismos, ser personas reflexivas y dedicar un tiempo a pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué queremos hacer con ella, cuáles son nuestras cualidades, condiciones, posibilidades y limitaciones. Y todo eso no se improvisa, hay que hacer un parón".

Según Jiménez, el conocimiento sobre uno mismo permitirá a su vez la elaboración de un proyecto de vida acorde a la persona, pero requiere "fuerza de voluntad". "La educación de la afectividad también son lecciones de Santa Teresa porque cada uno es libre de hacer su vida, ya que a pesar de pedir ayuda o consejos, la decisión final siempre dependerá de uno mismo", ha apostillado.

"El centro de la persona no pueden ser los sentimientos", ha continuado la presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), sino que se debe buscar "un equilibrio emocional que libere del emotivismo".

Jiménez ha ejemplificado lo que Santa Teresa diría a una mujer actual que se encuentra perdida, diciendo que "se conozca en su inmenso valor, en sus capacidades y en sus defectos, que eduque su voluntad porque solo así será libre y contribuirá a hacer una sociedad feliz".

Los centros gallegos han superado de nuevo este martes las cifras máximas de incidencia de la pandemia sanitaria. En total, el sistema educativo suma 3.952 casos, unos 227 más que este sábado, situándose como el punto con mayor número de positivos por COVID-19 desde el inicio de curso.

Los casos que permanecen en activo siguen aumentando en todas las áreas sanitarias gallegas y cada vez son más los centros que superan la veintena de positivos e incluso la treintena.

Asimismo, las aulas cerradas ascienden a las 198, unas 14 más que en el balance facilitado por la Xunta el sábado, y los centros clausurados se mantienen en ocho.

Uno de ellos es el centro de educación especial Miño, del municipio de Ourense, que cuenta con la menos diez casos en sus instalaciones y sigue registrando nuevos positivos desde hace días.

El resto son la escuela infantil Colexio Jorge Juan de Fene, la Praia Xardín de Boiro, el PAI de Friol, el de Taboada, la EI de Viveiro, la Unitaria de Forcarei y la infantil Cáritas-Tui.

A CORUÑA, POR ENCIMA DEL MILLAR

Los centros del área de A Coruña son los que concentran el mayor número de positivos, con 1044 contagios y al menos 42 aulas cerradas. Los más graves son el centro privado plurilingüe Liceo La Paz con 32, el CPR Eiris con 28 o La Grande Obra de Atocha 25, en la ciudad herculina.

También destacan, en el municipio de Arteixo, el CEIP del mismo nombre y el IES Manuel Murguía, ambos con 25 positivos, o el CEIP Ponte dos Brozos con 28.

Asimismo, los del área de Vigo ascienden a unos 731 contagios, que obligan a mantener 61 aulas y 1 centro cerrados. Entre ellos, el CPI da Cañiza con 23 positivos y dos aulas cerradas, el CEP Altamira en Salceda de Caselas con 24 casos y un aula cerrada o el IES San Paio de Tui, con 18 positivos.

El área de Santiago, además, suma 559 contagios, 19 aulas cerradas y 1 centro clausurado, especialmente en el CPR Plurilingüe San José de Cluny (18), el CEIP Monte dos Postes y el La Salle, ambos con 15; el IES Antón Fraguas con 15, o el IES de Valga, con 16.

Por otro lado, el área de Pontevedra alcanza los 520 positivos, con 20 aulas y 1 centro cerrado, entre los que destacan el CEIP Plurilingüe Cruceiro de Sanxenxo (29 contagios y 1 aula cerrada), el CPR Santiago Apóstol de Soutomaior (18), el IES Sánchez Cantón de Pontevedra (19), el IES de Poio o el CEIP Álvarez Limeses, ambos con 17

OURENSE, LUGO Y FERROL

Asimismo, los centros del área de Ourense alcanzan ya los 421 positivos y las 27 aulas cerradas, además de una escuela de educación especial. Los puntos con más casos son el CEIP A Ponte y el IES Blanco Amor, con 20 y 13 contagios.

El área de Lugo cuenta con 374 positivos, 9 aulas y 3 centros cerrados, aunque entre ellos destacan el IES Rio Cabe de Monforte (30 positivos) y el IES Santiago Basanta de Vilalba, con 20 positivos.

Finalmente, el área de Ferrol cierra el balance con 303 positivos, 20 aulas y 1 centro clausurados, entre los que destacan el Cruceiro Freijomil de Pontedeume con 16, el CPR Santiago Apóstol o el A Solaina, ambos situados en Narón y que presentan 14 positivos.

TENDENCIA A LA MODERACIÓN

Ante el nuevo balance de casos, la Consellería de Educación ha valorado que se empieza a observar una moderación en la subida de positivos en comparación, sobre todo al comparar el total de casos diarios respecto a las cifras de la pasada semana.

En este sentido, las autoridades educativas y sanitarias permanecerán a la espera de ver si se consolida esa tendencia hacia la moderación en próximas fechas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 831 nuevos casos por infección de coronavirus, lo que representa la mejor cifra desde el 3 de enero, jornada en la que se registraron 498 positivos.

Asimismo, los hospitalizados en cama convencional se sitúan en 1504, setenta menos en relación a este lunes, y 237 ingresados en UCI, cinco menos que la jornada anterior. Los fallecidos se sitúan en 44 este martes.

En cuanto a los nuevos positivos, por provincias, Toledo ha registrado 290 casos, Albacete 217, Ciudad Real 29, Cuenca 117 y Guadalajara 78. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 159.469. Por provincias, Toledo registra 57.308 casos, Ciudad Real 40.472, Albacete 26.226, Guadalajara 18.704 y Cuenca 16.759.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 1.504. Por provincias, Toledo tiene 628 de estos pacientes (429 en el Hospital de Toledo y 199 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 393 (167 en el Hospital de Ciudad Real, 132 en el Hospital Mancha Centro, 41 en el Hospital de Valdepeñas, 27 en el Hospital de Puertollano, 21 en el Hospital de Tomelloso y 5 en el Hospital de Manzanares), Albacete 229 (112 en el Hospital de Albacete, 43 en el Hospital de Villarrobledo, 41 en el Hospital de Almansa y 33 en el Hospital de Hellín), Guadalajara 138 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 116 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

El número de ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador es 237. Por provincias, Toledo tiene 98 de estos pacientes, Ciudad Real 69, Albacete 34, Guadalajara 26 y Cuenca 10.En las últimas 24 horas se han registrado 44 fallecidos por coronavirus, 25 en la provincia de Toledo, 8 en Albacete, 6 en Ciudad Real, 4 en Cuenca y 1 en Guadalajara.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 5.200. Por provincias, Toledo registra 1.836 fallecidos por COVID-19, Ciudad Real 1.558, Albacete 815, Guadalajara 511 y Cuenca 480.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

101 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus. De los 101 centros, 35 están en la provincia de Toledo, 18 en Ciudad Real, 23 en Cuenca, 11 en Albacete y 14 en Guadalajara.

Los residentes con caso confirmado son 848. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 1.921.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en la importancia de las denuncias en los casos de violencia de género, tanto por parte de las víctimas como de terceras personas, y ha pedido confianza en las instituciones para acabar con esta lacra.

"El 80 por ciento de los asesinatos machistas eran de mujeres que no habían denunciado. Decir la importancia de la denuncia y seguir trabajando en la confianza de las instituciones", ha señalado Grande-Marlaska.

Así lo ha manifestado este martes el ministro del Interior durante su intervención en el Pleno del Senado, al ser preguntado por la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, Nieves Hernández, sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno para incrementar la protección de las mujeres víctimas de malos tratos que no han cursado denuncia y/o que por diversas razones no colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este contexto, Marlaska ha explicado que uno de los ejes de actuación del Plan de Seguridad 2030 del Gobierno "constituye garantizar la convivencia y erradicar cualquier tipo de dominación, entre ellas la dominación machista".

El ministro ha recordado que el protocolo policial de valoración del riesgo, reformado por el Ejecutivo, se aplica "a todas las víctimas de violencia de género, independientemente de que hayan interpuesto o no denuncias". "Siempre es mucho más complicado cuando no son ellas o terceras personas las que interponen denuncias", ha dicho.

En este punto, ha añadido que los delitos en este ámbito "son delitos públicos", por lo que no necesitan para su persecución denuncia de parte porque, en sus palabras, "la dominación y el maltrato son conductas inaceptables, digan lo que digan". "Estamos hablando de derechos humanos. La lucha contra la violencia machista es uno de los objetivos prioritarios en este Gobierno", ha sentenciado.

La aplicación del protocolo, según ha asegurado Grande-Marlaska, "previene cualquier tipo de agresión y mejora de forma notable la protección de las mujeres". "Tenemos que seguir trabajando, estamos trabajando de una forma firme. La importancia de las denuncias, la confianza de las instituciones, estamos trabajando de una forma firme en ese sentido", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado que están trabajando en el 'Formulario Cero', para que los primeros agentes "tengan conocimiento, tomen datos, cuando hay conocimiento de unos hechos de ser violencia machista". "Estas patrullas de seguridad ciudadana pueden aportar datos. Estamos trabajando en esas medida y en otras muchas", ha apostillado.

EL PSOE CRITICA EL "NEGACIONISMO" DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por su parte, la diputada socialista Nieves Hernández ha celebrado que en los últimos años se hayan producido avances legislativos contra la violencia de género, aunque ha advertido de que, con la "aparición de la ultra derecha en ambas Cámaras", también se ha asistido a la "ruptura del consenso y al negacionismo de la violencia de género".

Negar la persistencia de la desigualdad es negar la evidencia de una cultura que ha legitimado durante siglos la idea de la superioridad del varón, hasta el punto de llegar a justificar los comportamientos violentos con las mujeres. Basta ya de bulos sobre este tema, hay vidas en juego", ha alertado.

Además, ha hecho referencia a Sandra, la mujer que "sigue luchando por su vida en un hospital de Sevilla tras las quemaduras que le causó el ácido y que no había denunciado a su novio por miedo". "No lo normalicemos. Debemos aspirar como sociedad a erradicar la violencia de las vidas de las mujeres", ha sentenciado.

En este sentido, ha lamentado que de las 45 mujeres asesinadas en 2020 "solo siete había denunciado sufrir violencia". "La mayoría de mujeres no se atreve a denunciar o acaba retirando la denuncia", ha apuntado.

Al comienzo del Pleno, la presidenta del Senado, Pilar Llop, ha pedido un minuto de silencio a los diputados por las víctimas de violencia de género y ha mostrado su "firme rechazo" por los últimos cuatro asesinatos machistas ocurridos en Madrid, Las Palmas y Ciudad Real desde el pasado 22 de diciembre.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de cárcel a dos jóvenes, Galder Barbado (1992) y Aitor Zelaia (1993), por un delito relacionado con depósito de elementos para la confección de aparatos explosivos e incendiarios. Guardaban en un bidón de plástico, a las afueras de Álava, objetos para la confección de artefactos explosivos que debían ser colocados en la vía pública.

En la sentencia se recuerda en los antecedentes del hecho que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaba para cada uno una condena de ocho años de cárcel como autores de un delito de depósito de armas y municiones y de depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos y de sus componentes con finalidad terrorista.

En los hechos probados, el tribunal explica que el 4 de octubre de 2018 se encontró por un particular, en un descampado próximo al antiguo depósito de agua de Durana, Álava, en el interior de un tubo de hormigón, un bidón de plástico de color azul y cierre de ballesta, y apuntan que en su ocultación en 2014 "intervinieron los acusados".

Explica que en el interior de ese bidón se hallaron cinco cajas y un bote de clorato potásico en pastilla, siete cohetes pirotécnicos en una bolsa de tela, cuatro botes de plástico con disolución de ácido sulfúrico concentrado, cable eléctrico en su caja original, siete botes de gas propano, cinco bombonas pequeñas de camping gas, una caja con tuercas y tornillos, mecha de yesca, una caja de cartón con tornillería y una bolsa de deportes con cuatro tiragomas.

"El material era susceptible de servir para la confección de artefactos caseros de tipo incendiario (de iniciación química) y artefactos explosivos de tipo mixto (explosivo e incendiario), similares a los que habitualmente usaba la denominada violencia callejera", advierten los magistrados, que añaden que el depósito o 'zulo' había servido como lugar de almacenamiento para la realización de actos de 'kale borroka' en torno a los años 2014 y 2015.

LAS HUELLAS DE LOS ACUSADOS

En el lugar donde se localizó ese bidón se obtuvieron evidencias, como cuatro huellas dactilares positivas (una de Galder Barbado y tres de Aitor Zelaia) y un resto biológico de Zelaia en la caja que contenía el cableado. La sentencia detalla además que en el registro de los domicilios de ambos, realizado en febrero de 2019, se halló diverso material que se procedió a intervenir.

En concreto, en la casa de Galder Barbado se halló un calendario con el anagrama de ETA, pegatinas y llaveros de la banda terrorista y a favor de sus presos, tallas de madera con el anagrama del hacha y la serpiente, bastones extensibles, un spray de defensa y hasta un inhibidor. También se halló un listado de matrículas que pertenecían tanto a Policía como Guardia Civil, y en dispositivos electrónicos se encontraron varios archivos con fotografías de anagramas y de actos en favor de presos por terrorismo.

En el domicilio de Aitor Zelaia encontraron pasamontañas, guantes, cinta americana negra, talkies, gas pimienta, una navaja y un botiquín. Además, de una de las mochilas que contenía el material se obtuvo su perfil genético, y de la cinta americana el de los dos jóvenes condenados. En su declaración ambos negaron tener relación con ese bidón y Zelaia explicó que el material que poseía en casa se debía a que trabajaba en festivales de música.

En sus fundamentos jurídicos, la Sala recoge las declaraciones de los acusados en la vista en las que manifestaron que se enmarcaban ideológicamente en la izquierda abertzale, estando en contra de la vía violenta, compartiendo la decisión de ETA de abandonar las armas y añadiendo Aitor Zelaia que rechaza la violencia y que nunca había pertenecido a dicha organización terrorista, ni había colaborado, ni había tenido relación y que nunca había sido detenido por acciones enmarcadas en la Kale Borroka, contando con la edad de 17 años cuando ETA cesó la lucha armada.

MATERIAL PARA KALE BORROKA

"A pesar de esas manifestaciones, los hallazgos en el zulo en cuya ocultación participaron los acusados no responden a lo que preconizan dadas las características de los elementos detectados para la confección de explosivos empleados comúnmente en la violencia callejera en el País Vasco. Respondiendo a ello, los efectos localizados y cuyo empleo propicia una alteración de la tranquilidad social por el ataque a bienes y personas que acompaña el resultado", explica.

Para los jueces, "la atribución a los acusados de esos efectos y teniendo en cuenta, además, los encontrados en el domicilio de Aitor, revela que disponían de los útiles propios, o un kit como dijo de estos últimos uno de los agentes, dispuestos para la realización de actos de sabotaje habituales en la Kale Borroka, con un atuendo destinado a provocar la impunidad, pero con el mismo el objetivo que presidía la actividad de ETA, con la alteración de la paz pública o la atemorización ciudadana, aun cuando se haya considerado un terrorismo de baja intensidad".

Y subrayan que el delito se enmarca más en el de depósito de explosivos del artículo 568 del Código Penal en relación con el artículo 577, que en el 573. Esto es así porque para eso deberían pertenecer, colaborar o actuar al servicio de organizaciones terroristas. Recuerdan en relación al 568 que es un delito de peligro abstracto que no requiere acreditar peligro concreto para terceros, y la pena la ubican en los cuatro años porque si bien queda demostrado que ambos colaboraron para nutrir ese bidón con materiales, no se puede demostrar que sean los promotores y organizadores del depósito.

Los principales grupos del Congreso, salvo, Vox, han apoyado este martes la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento gallego para traspasar a la Xunta la titularidad y las competencias de la Autopista del Atlántico AP-9.

La ley, a la que los grupos del Congreso podrán ahora presentar enmiendas para modificar su redacción, plantea la transferencia a Galicia de la titularidad y las competencias sobre el régimen de concesión y las funciones y servicios ejercidos hasta ahora por la Administración General del Estado.

En su defensa de la iniciativa, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero ha subrayado la necesidad de rebajar el "inadmisible" peaje de 22,90 euros que los gallegos pagan cada vez que usan la AP-9, lo que, a su juicio, supone "un auténtico expolio" para los gallegos que es prioritario "aliviar". Pero también ha urgido a que el Estado transfiera esta infraestructura tan importante para Galicia como ya ha hecho con otras autopistas de comunidades autónomas, como Cataluña o País Vasco.

La misma demanda ha hecho la líder del BNG, Ana Pontón, quien cree que el traspaso de la gestión de la AP-9 es "el primer paso" para acabar con una "discriminación histórica" con Galicia que lastra la economía de sus ciudadanos, que cada día son víctimas de "una estafa legalizada. Ha aprovechado, además, para reprochar al Gobierno que no esté cumpliendo con el acuerdo de investidura suscrito con el BNG y que recogía una bajada "histórica" de los peajes de esa autopista.

Por el PP, el vicepresidente del Parlamento gallego, Diego Calvo Pouso, ha añadido que los gallegos no piden nada que no se haya hecho antes ni que atente contra el orden constitucional establecido, sino que sólo aspiran a gestionar una infraestructura básica para la comunidad. "Hoy pedimos la transferencia de la AP-9 con ánimo de unir, y no separar", ha dicho el diputado 'popular', incidiendo en que la Xunta de Galicia puede . gestionar esa infraestructura de manera "más eficiente" que el Estado.

VOX Y Cs ADVIERTEN DE QUE EL ESTADO ASUMIRÍA LOS COSTES

Durante el debate parlamentario, únicamente Vox se ha mostrado en contra del traspaso por rechazar "el aumento constante de poder de las taifas autonómicas", pero también ante el riesgo de que la rebaja de peajes que impulse la Xunta, ha dicho su diputado Francisco José Contreras, sea asumido en forma de consecuencias contractuales por la Administración General.

Unas dudas también planteadas por Cs, que tras abstenerse en la última tramitación de esta ley ha decidido ahora apoyar su toma en consideración. Su diputada María Muñoz ha advertido de que el traspaso no implica por sí solo ni la rebaja de peajes, ni el rescate de la concesión ni la reducción del coste operativo de la infraestructura, cuestiones que podrían abordarse sin la transferencia.

PP PIDE "GESTIÓN DIRECTA" Y PSOE RECUERDA QUE AMPLIÓ LA CONCESIÓN

Tanto Galicia en Común como el BNG han reivindicado la gestión pública de la autopista y su circulación "libre de peajes", recordando además que, de cumplirse la concesión, esta se alargará hasta más allá de los 75 años. Para Nestor Rego (BNG), esta autopista supone "una fechoría, un expolio y una discrriminación", mientras que Antón Gómez-Reino (Galicia en Común) ha asegurado que las vías de peaje "van a ser una anomalía en el Estado".

El PP ha lamentado "los peajes desorbitados" mantenidos por la concesionaria Audasa, con la subida más alta entre las únicas vías que han encarecido sus tarifas, tal y como ha recordado su diputado Celso Delgado, que ha defendido una "gestión directa" de esta infraestructura.

Sin embargo, Guillermo Meijón, del PSOE, ha recordado que fue un Gobierno 'popular' el que amplió hasta 2048 una concesión que, en caso contrario, estaría a dos años de caducar, y ha reivindicado las partidas de los nuevos Presupuestos para financiar la rebaja en los peajes de esta vía. Ante las críticas de otras formaciones por la aplicación de la gratuidad en tramos de la autopista, como el comprendido entre Vigo y Redondela, ha justificado que "no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana".

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha sugerido que "puede haber razones muy distintas" a la esencia del decreto de fondos europeos por las que Junts per Catalunya no mostró su apoyo en el Congreso.

Así lo ha afirmado Calviño en respuesta a una pregunta que le ha formulado la senadora de Junts Assumpció Castellví i Auví en la sesión de control al Gobierno en el Senado sobre la valoración que hace el Gobierno del respaldo de Vox que permitió la aprobación del citado decreto.

"¿Se sienten cómodos?", le ha preguntado la parlamentaria, a lo que la titular de Asuntos Económicos le ha respondido diciendo que hay que hacer de 2021 "el año de la recuperación" y, para ello, es "absolutamente fundamental" centrar los esfuerzos en "luchar contra la pandemia, apoyar el tejido productivo y el empleo y en desplegar de la forma mas eficaz posible el plan de recuperación".

Calviño también ha explicado en su primera intervención que, para esto, hay dos instrumentos "clave", los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y este decreto. Por ello, ha señalado que para ella su pregunta es la siguiente: "¿Cómo es posible que haya grupos políticos que no hayan dado apoyo a un decreto ley fundamental?".

Por su lado, la senadora ha insistido diciendo que se trata de un decreto "para poder controlar todo", que ha sido elaborado por el Consejo de Ministros si negociar con los grupos o pasar por comisiones, ha asegurado.

"FESTIVAL DEL FAVORITISMO"

"Muchos nos tememos que la adjudicación de proyectos estratégicos para la recuperación pueda convertirse en un festival del favoritismo para las empresas del Ibex", ha apostillado Castellví, a lo que ha añadido que con este "estilo se entiende su complicidad con Vox".

Asimismo, ha señalado que Cataluña tendría que recibir en torno a un 20 por ciento de los 140.000 millones, pero temen "quedarse con las migajas". Así, ha advertido que esta actuación refuerza el deseo de muchos catalanes de independizarse. "En Cataluña el próximo 14 de febrero, por orden judicial, las urnas hablaran", ha zanjado la dirigente catalana.

Tras su intervención, Calviño ha asegurado que el texto se consultó con la Comisión Europea y se han establecido mesas para trabajar con las autonomías, por lo que "la vocación de diálogo del Gobierno está clara", ha afirmado.

En este sentido, ha argumentado que estos son unos fondos de carácter nacional, mientras hay otros fondos que se han asignado ya entre las comunidades que tienen un carácter territorial. "Pero este tenemos que conseguir que tenga un carácter anticíclico y que impulse la recuperación en todo el territorio nacional, también en Cataluña", ha insistido.

Por otra parte, Calviño ha recordado la urgencia por "poner en marcha todas las medidas posibles". Eso sí, ha concluido diciendo que "el Gobierno ha estado, está y estará por el diálogo y trabajar juntos" y ha mostrado su confianza a poder contar con el apoyo de Junts para desplegar el plan.

La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) ha hecho entrega este martes de una mención especial y medalla al director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, concedidas por su trabajo en protección animal durante la pandemia generada por el Covid-19.

Representantes de la asociación que integra a jefes y directivos de policías locales, encabezados por su presidente nacional, Pascual Martínez Cuesta, se han dado cita en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, del que depende la dirección general, para hacer entrega de este galardón.

El departamento que dirige Pablo Iglesias ha señalado que, en un primer momento de la pandemia, las restricciones de movilidad no tuvieron en consideración las necesidades de los animales de compañía y sus responsables, ni las necesidades sanitarias o de alimentación de aquellos que no conviven directamente en los hogares.

Por ello, el 19 de marzo, tres días después de declararse el estado de alarma, se decretaron como actividades esenciales de salud pública la alimentación, cuidado y rescate de animales, y se establecieron los servicios veterinarios, los paseos de perros y la alimentación de colonias felinas como una cuestión esencial.

CONCIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN

Estos mecanismos legales, así como el trabajo de coordinación que se estableció con las administraciones locales por parte de la Dirección General de Derechos de los Animales, garantizaron el bienestar de los animales de nuestro país durante el primer confinamiento y sus restricciones de movilidad, indica el Ministerio.

El vicepresidenta segundo, Pablo Iglesias, ha intervenido en el acto señalando que, "antes de la llegada del Gobierno de coalición no existía una Dirección General como esta en España" y que el hecho de que ahora exista este departamento es "un síntoma de que se empieza a comprender desde las administraciones públicas la conciencia y la sensibilidad que existe en la sociedad española hacia el bienestar animal".

Iglesias ha destacado, además, la importancia de que esta Dirección General que se ocupa del bienestar animal dependa de la Vicepresidencia encargada de coordinar la política social del Gobierno.

"Hay quienes plantean que preocuparse del bienestar animal implica no preocuparse lo suficiente del bienestar de las personas, como si fueran dos elementos incompatibles o contradictorios", ha indicado. En su opinión, es "todo lo contrario" y cree que ambas cosas "muchas veces van de la mano".

"Cuidar a los animales es cuidar a toda la sociedad, porque los animales también son miembros de nuestras familias, de nuestras comunidades y de nuestras vidas, y su bienestar muchas veces es condición de posibilidad para el bienestar de todos, tanto en términos de salud pública como emocional de las personas con las que conviven", ha insistido.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, de conformidad con el acuerdo alcanzado entre las partes, ha condenado al falso médico de Ferrol, José Manuel López Pérez, conocido como 'Coté', a seis años de cárcel, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Ha sido por los delitos de intrusismo profesional, estafa y falsedad de documentos oficiales, así como cuatro delitos de lesiones por imprudencia grave, uno de ellos con deformidad. La mujer del acusado aceptó ser sentenciada a un año de cárcel como cómplice del delito de estafa.

La Audiencia tuvo en cuenta, en ambos casos, la atenuante cualificada de dilaciones indebidas y de reparación del daño, así como la de reincidencia en el delito de intrusismo profesional respecto al condenado.

Además, el investigado deberá abonar más de 3,2 millones de euros en indemnizaciones a las más de cien víctimas por los honorarios que les cobró, los gastos en pruebas y los desplazamientos, así como por las lesiones, las secuelas y los daños morales que les causó.

EJERCIÓ SIN TITULACIÓN

El tribunal indica en la sentencia que, tal y como admitió el sospechoso, durante al menos los cinco años anteriores a su detención, en febrero de 2008, ejerció como médico y osteópata pese a no contar con la titulación necesaria.

"A tal fin, a largo de los años, y desde al menos 1998, se dotó de numerosos títulos y certificaciones de diversos centros docentes y sanitarios, tanto españoles como extranjeros, que después exhibía públicamente".

"Bajo tal amparo y aprovechando además el nombre, crédito y firma de otros auténticos profesionales de la medicina, consiguió atraer a su local de Ferrol, al que después sumó otro en Viveiro, a centenares de personas", relatan los jueces en la resolución.

"FALSOS TRATAMIENTOS"

A sus pacientes, según el fallo, les cobraba "importantes sumas de dinero" por aplicarles "falsos tratamientos dirigidos supuestamente a sanar enfermedades reales preexistentes, en algunos casos, o enfermedades inexistentes que él mismo ideaba y decía diagnosticar, en otros". El condenado llegó a realizar operaciones quirúrgicas, "con el consiguiente quebranto de la integridad física de sus víctimas".

El tribunal indica que las cantidades cobradas por el acusado a sus pacientes oscilaban entre los 20 y los 100 euros por consulta; y los 500 y los 15.000 euros por intervenciones. "Todas esas cantidades eran pagadas en metálico y en casi ninguna ocasión se extendía factura ni recibí de ninguna clase", destacan los jueces.

Más País-Equo y Compromís, integrantes del Grupo Plural en el Congreso, han registrado este martes junto al Grupo Mixto una iniciativa para que una comisión de investigación estudie posibles irregularidades en la gestión de las vacunas contra el coronavirus y el plan de vacunación que España comenzó a aplicar a finales de 2020.

En rueda de prensa, los diputados de Más País-Equo, Íñigo Errejón, y de Compromís, Joan Baldoví, han avanzado que con esta comisión lo que pretenden es conocer al detalle los protocolos de vacunación que se están llevando a cabo, sobre todo a raíz de saberse que diferentes políticos, cargos públicos y altos cargos de la Administración del Estado han recibido "indebidamente" la primera dosis de la vacuna.

"QUEREMOS LLEGAR HASTA EL FINAL"

El objetivo de esta comisión es reforzar y mejorar esos protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y saber quién se los ha "saltado" a fin de que asuman "todas las consecuencias políticas". "La vacunación es el primer reto y no estamos dispuesto a que nadie lo enturbie. Queremos llegar hasta el final", ha resumido Errejón.

Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, los proponentes abogan por que el Poder Legislativo investigue los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para no repetir estas prácticas "irregulares" en lo que resta del proceso de vacunación.

Y es que, en plena tercera ola, denuncian que sigue habiendo fallos en la ejecución del plan de vacunación, "con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento".

Así, en la iniciativa, los grupos Plural y Mixto plantean abrir una comisión para que durante el presente periodo de sesiones --que culmina en julio-- investigue "las irregularidades, los fallos y los retrasos en la gestión de las vacunas" así como el plan de vacunación en España. Ese plazo, no obstante, puede ser ampliado si así lo acuerdan los grupos parlamentarios.

¿EXISTEN ESTRUCTURAS DE TRAFICO DE INFLUENCIAS?

En concreto, quieren que se analice la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, y que se investigue a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo.

Asimismo, sugieren averiguar las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido este martes un escrito a todos los centros penitenciarios con nuevas recomendaciones en las que suspende al menos durante 15 días las comunicaciones y permisos de salida ante el repunte de positivos de Covid-19 entre internos y trabajadores.

Según la última actualización de datos del jueves pasado, un total de 572 personas privadas de libertad se encontraban afectadas por Covid-19, "la inmensa mayoría (507) asintomáticas", según ha subrayado el organismo dependiente del Ministerio del Interior. El número de trabajadores penitenciarios afectados en esa misma fecha era de 339.

A la suspensión temporal de los traslados no sanitarios, judiciales o aquellos que sean imprescindibles, y de las visitas de alumnos en prácticas, investigadores y personal análogo, decretada por la Secretaría General para todas las prisiones, este martes se suman otras medidas, entre ellas la suspensión de comunicaciones orales y especiales.

También se propone "aplazar o suspender" los permisos de salida, aunque participando la propuesta al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en los términos previstos en el artículo 157 del Reglamento Penitenciario, así como la suspensión de la entrada del personal de entidades colaboradoras/ONG para la realización de actividades culturales, deportivas, ocupacionales y programas formativos específicos.

Debido a la tercera ola dentro de las prisiones, Interior propone suspender la entrada de profesionales externos y la restricción de la entrada de los monitores de empresas externas "al mínimo indispensable". También se interrumpen las salidas programadas y de las salidas regulares al exterior para internos de segundo grado (artículo 117 del Reglamento Penitenciario).

Entre las medidas, se contempla la suspensión de la entrada de profesionales para la actividad docente de enseñanza reglada no universitaria, acordando dicha medida con la administración educativa de cada Comunidad Autónoma, así como con la UNED.

"Aquellos centros que adopten estas medidas", recuerda Instituciones Penitenciarias, "deberán comunicarlas al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria". Tendrán una validez temporal de 15 días, transcurridos los cuales se revisarán en función de las tasas de infección de las comunidades autónomas y de la situación COVID-19 en los centros penitenciarios.

Unidas Podemos ha indicado que se debe "ser cuidadoso" a la hora de fijar horizontes temporales para recuperar la normalidad en la movilidad entre comunidades autónomas, como en el caso de Semana Santa, y ha recalcado cualquier medida debe ir "contrastada" con las cifras epidemiológicas de la pandemia.

Por tanto, ha asegurado que el Gobierno y las autonomías van a tomar las medidas sanitarias que dicte en cada momento la situación sanitaria, dado que todos han aprendido de lo ocurrido en Navidad.

Así lo han indicado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, en sendas ruedas de prensa en la Cámara Baja.

Echenique ha dicho que está convencido de que se van a tomar las medidas restrictivas que haga falta para frenar la incidencia del Covid-19, pues la dicotomía entre salud y economía "es mentira.

"Sin salud no hay economía, van de la mano. La salud y la economía juegan en el mismo bando y primero hay que proteger la salud", ha desgranado el portavoz parlamentario de la formación morada.

Por otro lado, ha criticado que la oposición acusara, en la primera ola, al Gobierno de generar una "dictadura constitucional" cuando asumió el mando único y después, cuando se activó la cogobernanza, pedir lo contrario al demandar al Ejecutivo homogenizar las medidas contra el coronavirus.

En opinión de Echenique, la cogobernanza funciona y se ha comprobado en el caso de la isla de Tenerife. De este modo, Unidas podemos respeta la soberanía que tienen los gobiernos autonómicos para aplicar su estrategia apegada su propia situación, estén o no de acuerdo con ella.

Por tanto, la Semana Santa queda "lejos" y hay que ver cómo evoluciona la pandemia, para insistir de nuevo en que las autonomías tienen medidas "efectivas" para combatir su incidencia.

Mientras, Pisarello ha subrayado que "está bien" plantearse "horizontes de esperanza" para recuperar viajes y actividad económica, pero con los "datos en la mesa" de la epidemia "hay que ser cuidadosos". "Esto va de salvar vidas", ha subrayado.

AYUSO "ES LIBRE" DE HACER ANUNCIOS SIN COMPETENCIA PARA ELLO

Sobre la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de incluir a los camareros en la estrategia de vacunación tras inmunizar a los colectivos de riesgos, Echenique ha dicho le parece bien que la dirigente popular "es muy libre de hacer anuncios si tener capacidad para ello", pues esa decisión compete a las autoridades sanitarias.

El portavoz de Unidas Podemos ha apuntado que le parece "sensato" analizar si los trabajadores que están "de cara al público" deben incluirse en la segunda fase de vacunación, pero ha insistido en que queda tiempo para alcanzar ese horizonte y que la decisión debe adoptarse en el plano técnico.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha reclamado este martes un PSC "con las cosas claras" para poder entenderse con ellos tras las elecciones del 14 de febrero y también ha llamado a evitar que pacte con los independentistas.

En una entrevista, ha erigido a Cs como los únicos que pueden forzar "un gobierno de centro y moderado, y para ello se necesita un PSC que no se vaya con los independentistas".

"Y para que no se vaya con los independentistas necesitamos que no sumen, porque si no lo harán. No tardarán ni 48 horas, como tardaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en ponerse de acuerdo. En 24 horas se sentarán y lo cerrarán, porque este acuerdo está escrito", ha sostenido.

Según Aguado, el único Govern que puede acabar con el proceso independentista es uno que encabece Cs "y en el que PSC muestre su apoyo y forme parte de él".

Al preguntársele si ve posible que Cs entre en un Ejecutivo catalán que encabecen los socialistas, Aguado cree que deberían dejar claro "qué se quiere hacer" en Cataluña en ámbitos como la política lingüística y la lucha contra la corrupción, entre otras cuestiones.

"Si llegamos a un acuerdo con el PSC sobre lo que queremos hacer, ya se hablará del resto", ha apuntado el dirigente de Cs, que también ha alertado del riesgo de que haya un nuevo tripartito en Cataluña, aunque los socialistas y los republicanos lo nieguen.

Así, ha acusado al cabeza de lista socialista, Salvador Illa, de ser el "muñidor de acuerdos como el de la Diputación de Barcelona con formaciones como la de Carles Puigdemont, y en diversos ayuntamientos donde gobiernan con unos separatistas o con los otros".

"¿Alguien duda de que pactarán con ellos? Si tienen un escaño más, pactarán y reeditarán los acuerdos de los Presupuestos Generales del Estado y de la investidura", ha exclamado.

INDULTOS

Aguado ha tachado de "aberración" la posibilidad de conceder indultos a los presos del 1-O, y cree que es un despropósito y una falta de respeto hacia la ciudadanía que se les haya concedido el tercer grado para dar mítines, en sus palabras.

"Han cometido delitos muy importantes y graves, y ahora se están paseando y saliendo de las cárceles para dar mítines, mientras hay comercios y hostelería cerrada", ha criticado.

Para él, es inaceptable que tanto el Govern como el Gobierno central estén más pendientes de indultar a diez delincuentes --en sus palabras-- que de los problemas de los catalanes, y dice que "esta es la foto del 'procés' con privilegios, nepotismo y corrupción".

Sobre la mesa de diálogo entre Cataluña y el Gobierno, Aguado ha dicho que se pueden hablar muchas cuestiones, pero que de lo que se no va a hablar es de "romper la convivencia, romper el Estado de derecho, saltarse la Constitución y de indultos".

EMPRESAS Y FISCALIDAD

Aguado ha asegurado que las empresas se van de Cataluña porque "huyen del infierno fiscal, del separatismo y de la falta de seguridad jurídica", y entiende que se instalen en otras regiones como la Comunidad de Madrid.

"Pero yo no quiero que Madrid crezca a costa de Cataluña, yo quiero crecer juntos, pero entiendo a las empresas", ha añadido, y ha puesto sobre la mesa que si Cataluña quiere copiarlo, él está dispuesto a reunirse el 15 de febrero con el próximo Govern.

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga, José Antonio Víquez Ruiz, ha informado este martes de que el 30 de enero se desarrolló en la localidad malagueña de El Burgo una batida de jabalíes, actividad cinegética que "cumplía con la normativa actual en materia de caza y que se desarrolló con todas las medidas de seguridad que requiere la actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19".

Esta actuación situó en el término municipal de Ardales (Málaga) la junta de carnes, autorizada por la Delegación territorial de Salud y Familias, como lugar de reunión final para el control veterinario de los ejemplares, han apuntado a través de un comunicado.

Así se ha referido el delegado territorial de Desarrollo Sostenible a "la críticas con fines partidistas realizadas por el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, cuya información no se ajusta a la realidad y de las que se ha servido para pedir explicaciones sobre una actividad regulada, que contribuye a garantizar nuestra agricultura en los momentos más duros de la pandemia".

El delegado territorial ha mostrado su "asombro ante el desconocimiento manifiesto del dirigente socialista y exdelegado de la Junta", aclarando que la caza, en su acepción de herramienta de control de poblaciones y daños, "ya fue considerada como una asimilada a una actividad esencial durante los meses en los que se declaró el estado de alarma".

El objetivo es "garantizar el abastecimiento alimentario de la población y el mantenimiento de las cadenas de producción agro-alimentario y ganadero", según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga ha recordado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, regula los períodos y modalidades permitidos para desarrollar estas acciones durante la campaña 2020-2021 por la que se declara en Andalucía el área de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdo asilvestrado.

Víquez ha explicado que la colaboración de los cazadores en el control de densidades poblacionales de estos animales "es una muestra más del carácter sostenible de la actividad cinegética", de manera que contribuyen "a garantizar la buena salud de la cabaña ganadera al reducir las posibilidades de contagio de enfermedades y a evitar los daños que pueden ocasionar jabalíes y cerdos asilvestrados en el ecosistema, en la actividad agrícola e incluso el medio urbano cuando existe una sobrepoblación local.

En este sentido, ha hecho referencia a la instrucción de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos relativa a la aplicación del decreto del presidente 4/2021, de 30 de enero, que regula la caza como actividad "con una vertiente claramente definida como herramienta de gestión de los equilibrios biológicos y ecológicos en los ecosistemas naturales, cumpliendo una imprescindible e insustituible función para con el medio natural".

En dicha instrucción, ha apuntado, se define la caza como medio de control del tamaño poblacional de las especies cinegéticas; para reducir los efectos de la herbivoría sobre los recursos vegetales naturales, a través de dicho control del tamaño poblacional, los daños en cultivos y aprovechamientos así como sobre especies de flora y fauna amenazada.

También para reducir los riesgos de trasmisiones de enfermedades tanto animales como de trasmisión a humanos y disminuir la probabilidad de accidentes de tráfico con especies cinegéticas involucradas, que dado su tamaño pueden suponer las de mayor riesgo para la seguridad de las personas.

Por todo esto, Víquez ha asegurado que "es imprescindible que los cazadores ejecuten, en la medida de los posible, los planes técnicos de caza respecto de estas especies de caza mayor y algunas de menor productoras de daños en la agricultura y la ganadería, que tienen establecidas en sus cotos, ya que son garantía de mantenimiento de ese equilibrio y sostenibilidad de las poblaciones y el medio, y para ello deben poder desarrollar todas las modalidades previstas en el mismo".

Para concluir, el delegado territorial ha tachado de "actitud irresponsable ofrecer informaciones erróneas que arrojan incertidumbre sobre una actividad que no sólo evita daños al ecosistema y la agricultura, sino que además colabora con la Administración en el control de la población de estos animales para garantizar la sanidad animal y reducir la inversión pública necesaria para lograr este fin".

RIESGO DE CONTAGIO DE ENFERMEDADES

Desde el Gobierno andaluz han explicado que la situación general de la población de jabalíes y cerdos asilvestrados continúa siendo complicada en toda Europa por lo que sigue considerándose necesario el mantenimiento de una situación de emergencia que permita reducir la probabilidad de transmisión de enfermedades y los riesgos sanitarios y ambientales asociados a las altas densidades de estos animales.

En el caso concreto del jabalí y el cerdo asilvestrado, se considera a estas especies como el principal reservorio de tuberculosis bovina en España. Su comportamiento, la extensa ocupación de territorios y su gran densidad de población en numerosas áreas de Andalucía, sumado a las especiales condiciones epidemiológicas que se observan en la Comunidad autónoma, hacen que la Consejería "considere prioritario adoptar medidas de control para reducir su densidad y limitar así las posibilidades de contacto entre estos ejemplares y el ganado extensivo".

"La importancia de evitar un posible contagio radica en que algunas de las enfermedades de estos animales pueden afectar también a las personas y suponer, por tanto, un riesgo de salud pública", han manifestado.

Las actuaciones propuestas en el área de emergencia en materia de caza y de sanidad animal, persiguen también la erradicación del cerdo vietnamita, una raza genéticamente distinta, catalogada como especie exótica invasora, que, además, es capaz de hibridar con los jabalíes silvestres, con efectos secundarios como el incremento de crías por camada.