SEO/BirdLife se ha personado en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Zafra (Badajoz) por la comisión de un delito contra la fauna que afecta a una especie en peligro crítico de extinción y declarada extinta en la península ibérica, el ibis eremita.

Los hechos se remontan a septiembre de 2019 cuando el Seprona y agentes de medio ambiente de Andalucía y Extremadura investigaron a un vecino de Montemolín por un presunto delito contra la fauna, por abatir con una carabina de aire comprimido cinco ejemplares de ibis eremita.

La especie está clasificada como «extinta» en el catálogo regional de especies amenazadas de esa comunidad y es objeto de un programa de reintroducción en Andalucía, el Proyecto Eremita, que se ocupa de la liberación y seguimiento de ejemplares nacidos en cautividad y en libertad en el sur de la Península Ibérica.

Así, como ha explicado SEO/BirdLife en nota de prensa, la pérdida de estos cinco especímenes jóvenes supone una «importante merma» para la consolidación de la especie en España.

Fueron los técnicos del citado proyecto, quienes avisaron a la Guardia Civil, al detectar la inmovilidad de la señal del GPS que portaba para su seguimiento vía satélite, justo cuando un grupo de seis especímenes jóvenes, habían realizado un vuelo de dispersión desde la provincia de Cádiz hasta Montemolín.

Los agentes iniciaron la búsqueda con otros del Medio Natural de la Junta de Extremadura, localizando tres cadáveres de dichas aves en las inmediaciones de un edificio de Montemolín y, con posterioridad, agentes andaluces recuperaron otros dos, todos con signos de haber sido heridos por disparos.

EL PAPEL DE LA ONG

SEO/BirdLife actuará en este caso como acusación popular en los tribunales, con el objetivo de conseguir una sentencia que permita reflejar las consecuencias legales que tiene la caza ilegal de especies protegidas y disuadir de su comisión.

Este es uno de los objetivos específicos del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para mejorar la eficacia de las acciones dirigidas a luchar contra los delitos ambientales.

BirdLife International lleva trabajando en la recuperación de la última población silvestre viable de esta especie desde 1994. En el marco de un programa de seguimiento a cargo de las autoridades del Parque Nacional de Souss-Massa (Marruecos)SEO/BirdLife se hizo cargo del programa a partir de 2000 y en la actualidad, GREPOM, miembro de BirdLife en ese país ha tomado el relevo, siempre con el apoyo de la ONG española.

Por su parte, la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez iniciaron en 2004 un proyecto independiente encaminado al establecimiento de una población reproductora y sedentaria en Cádiz.

Este proyecto cuenta con la colaboración de numerosos zoos europeos comprometidos con la cría en cautividad de esta especie. Desde que se iniciaron las liberaciones se han establecido un total de 25 parejas que crían en libertad, algunas ya de cuarta generación, totalizando unos 110 ejemplares en total, por lo que se trata del más importante programa de reintroducción de ibis eremita en Europa.

IE University ha celebrado la graduación de 600 alumnos de más de 70 países de programas master de IE Business School y IE Law School con un evento digital e inmersivo difundido desde el campus de Segovia que ha contado con la participación de la astronauta de la NASA Cady Coleman.

Así lo ha dado a conocer este viernes la institución educativa, que ha destacado que Coleman, astronauta de la NASA que ha participado en dos misiones espaciales, ha pronunciado la lección magistral y ha recordado en su intervención con los graduados que «este año habéis aprendido más de lo que nunca hubierais podido imaginar».

La ceremonia ha contado además con la asistencia de los alumnos de grado y postgrado de la institución, que proceden de 140 países, así como los profesores y miembros del staff.

«Es para mí un honor formar parte de la familia de IE University hoy y celebrar la graduación de los alumnos de las escuelas de IE Business School y de IE Law School de IE University. Habéis dado pasos importantes para llegar donde estáis. Y creo que compartís la misma sensación que tenemos nosotros, los astronautas, cuando de pronto estamos sentados en la nave preparados para despegar y volar al espacio. Creo que hay muchos paralelismos entre nuestros mundos», ha destacado Coleman.

Asimismo, Coleman, veterana en dos misiones espaciales que trabajó seis meses en la Estación Espacial Internacional (ISS), ha señalado que «este año ha sido duro para todos. «Y vosotros habéis aprendido más de lo que nunca hubierais podido imaginar», ha subrayado.

«Creo que esta pandemia ha resaltado la importancia de la innovación, de la humanidad, y da respuesta a una misión clara para todos nosotros: tenemos que protegernos por nuestras familias y nuestra comunidad, y debemos trabajar juntos en la búsqueda de soluciones globales para construir un futuro mejor. Y sé que cada uno de vosotros puede marcar la diferencia», ha manifestado.

El presidente de IE University, Santiago Iñiguez de Onzoño, ha agradecido a los alumnos su «compromiso, sentido de la responsabilidad y comprensión en este tiempo de desafíos». «Espero que para todos nuestros alumnos haya sido también una oportunidad de aprender y crecer como ciudadanos globales», ha apuntado.

Durante su intervención, ha recordado que IE University es una de las instituciones educativas más innovadoras del mundo. «La pandemia nos ha impulsado a explorar nuevos formatos y metodologías de aprendizaje, y este año hemos puesto en marcha nuestro modelo de liquid learning», ha recalcado.

IE University ha recordado que ha puesto en marcha este curso académico «su apuesta estratégica por el liquid learning, un modelo de formación único en el mundo que supone una transformación de la experiencia educativa».

Los programas cuentan con un diseño innovador que integra sesiones presenciales en el campus; sesiones híbridas con alumnos presenciales en clase y alumnos conectados online a las aulas en directo con la misma experiencia inmersiva, y sesiones asíncronas para impulsar el trabajo individual, según ha destacado.

La celebración de la graduación de la Clase del 2020 de IE University cuenta además con distintas actividades entre las que destaca una sesión sobre mindfulness con el Dr. Mario Alonso Puig, presidente del IE University Center for Health, Well-being and Happiness.

A lo largo de la tarde, los alumnos resolverán los misterios ocultos en un escape room virtual, podrán cocinar su cena de graduación en un encuentro digital con la chef y emprendedora Cristina Oria, aprenderán a preparar un cocktail con Diego Cabrera y disfrutarán de una sesión exclusiva de música en directo con Carl Cox, DJ reconocido a nivel mundial.

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería (UAL) ha mostrado su «preocupación» ante el «elevado riesgo de contagio» que, según sostienen, supone hacer los exámenes finales del primer cuatrimestre de manera presencial, «justo a la vuelta de Navidad».

Los estudiantes se han mostrado «molestos» ya que «desde hace más de un mes no se están dando clases presenciales» toda vez que «se han recortado las clases entre un 50 y 75 por ciento, aunque fueran por vía telemática, en la Universidad», pese a lo cual, ahora «se les obliga a que acudan a realizar sus exámenes de manera presencial».

Tras conocerse la instrucción por la que daba a elegir a los docentes en qué modalidad examinar a sus estudiantes, el órgano estudiantil solicitó una reunión entre la vicerrectora de Ordenación Académica y la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión con las delegaciones de Centro y el CEUAL, en la que «no se consiguió esclarecer en base a qué criterios sanitarios se ha tomado esta decisión».

«Solo hemos obtenido respuestas de diversos docentes que optan por la presencialidad con el único afán de vigilar que los estudiantes no se copien, mostrando así una cerrazón de objetividad, interés propio y carencia en busca de adaptación a la situación actual y buscar mejores métodos», han trasladado en un comunicado.

Con ello, creen que esta decisión culminará en un «hacinamiento de los estudiantes» en las distintas instalaciones de la Universidad, así como en los espacios comunes «y, seguramente, también provocará un desplazamiento de los universitarios masificando el transporte público». Para los estudiantes es «el cóctel perfecto para que haya un gran rebrote por covid-19 entre la comunidad estudiantil almeriense».

Así, afirman que desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica «no se ha solicitado ningún informe o recomendación a la Consejería de Salud y Familias» para adoptar dicha decisión, de igual forma que «se desconoce si existe algún aval técnico por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la propia Universidad.

«La decisión de realizar los exámenes presenciales, según las vicerrectoras, se debe al cumplimiento estricto de las recomendaciones que ha realizado la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Junta de Andalucía (DEVA) a las autoridades académicas», han añadido.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estudiantes ya ha solicitado formalmente tener acceso a los documentos de carácter técnico de las autoridades sanitarias, si los hubiere, que avalan la decisión de retomar la presencialidad para realizar los exámenes finales del primer cuatrimestre, así como esas recomendaciones que ha emitido la DEVA. «No queda claro tampoco en base a qué escenario de las guías docentes deben evaluar los docentes a los estudiantes», han apostillado.

Las guías docentes de las asignaturas recogen distintos criterios de evaluación dependiendo si la docencia se imparte de manera presencial (Escenario A) o no presencial (Escenario B). Así, han recordado que el rector, Carmelo Rodríguez, mediante una resolución del 9 de noviembre suspendió la presencialidad de las clases «cumpliendo así con la Orden que emitió Sanidad un día antes y acatando las medidas restrictivas que impuso la Junta de Andalucía debido al avance de la pandemia en nuestra comunidad autónoma».

«Los estudiantes somos los primeros que desean una vuelta a la normalidad y a la presencialidad de nuestra docencia y evaluaciones pero, no podemos tolerar esta falta de interés y comprensión por parte de la Universidad hacia los estudiantes, arriesgando su integridad y salud en venir a realizar múltiples exámenes, tener que realizar un gasto económico en transporte y alquiler de viviendas o residencia, cuando ni siquiera sabemos si de verdad podremos volver a la presencialidad tras los exámenes», han recalcado.

Desde el Consejo de Estudiantes han pedido al Rectorado de la Universidad de Almería que, «en coherencia con la impartición de las clases llevadas a cabo de manera no presencial y recortadas muchas de ellas hasta la mitad, se haga de la misma manera la convocatoria de los exámenes finales del primer cuatrimestre y se evite así un contagio masivo y, quien sabe si pudiera derivar en circunstancias mayores».

De igual forma, han solicitado que se manifiesten las autoridades competentes en materia sanitaria para que determinen si es posible que se puedan realizar los exámenes de manera presencial justo después de las fiestas navideñas, «provocando así un desplazamiento de estudiantes desde todas partes del país».

La vicepresidenta primea del Gobierno, Carmen Calvo, ha enviado este viernes un mensaje a las personas que sufrieron represión durante el franquismo por su condición LGTBI para agradecerles su «sacrificio» y su «trabajo» para alcanzar «los derechos y libertades propias de una democracia».

Ha sido furnate su intervención en la inauguración de la mesa redonda ’42º Aniversario de la reforma de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social: La represión del colectivo LGTBI durante el franquismo’ celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

En el acto también han participado la directora del CEPC, Yolanda Gómez; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, Guillermo Portilla; la presidenta de FELGTB, Uge Sangil; el fundador de la ‘Asociación de Expresos Sociales’, Antoni Ruiz; el presidente honorífico de la ‘Coordinadora Gay-Lesbiana de Catalunya’, Jordi Petit y el presidente de la ‘Fundación 26 de Diciembre’, Federico Armenteros.

En su intervención, Calvo ha querido destacar, además, su presencia en esta mesa «también en clave de Memoria Democrática», porque, según ha señalado, implica el «reconocimiento y la reparación de las víctimas» que sufrieron el «sacrificio y el dolor inmenso de ser considerados delincuentes».

UN HOMENAJE

La vicepresidenta se ha dirigido a estas víctimas para agradecer «este sacrificio que hicieron en la dictadura para llegar a donde ahora estamos», que es un régimen de «derechos y libertades sobre el que hay que continuar trabajando».

Desde la Vicepresidencia, han señalado que, con la presencia de Calvo en esta jornada, el Gobierno, ha querido conmemorar el 42º aniversario de la desaparición de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, como un «homenaje» al colectivo y a su «condición de víctimas».

Por otra parte, la ‘número dos’ del Ejecutivo ha declarado que «el futuro está lleno de hombres y mujeres jóvenes que viven con libertad su opción sexual en un país que ha ido avanzando en responsabilidad y en conciencia de lo que esto representa».

En este sentido, ha indicado que la reflexión jurídica y política del Gobierno «solo camina en una dirección» que es «la ampliación de derechos» de las personas LGTBI, así como «la garantía» de los mismo, en un país donde, ha asegurado «caben todos».

REBROTES «MINORITARIOS»

Sin embargo, ha advertido Calvo, este país sufre «pequeños rebrotes minoritarios» de los que aun piensan que «ser homosexual es una enfermedad que se puede corregir» y soportar que tengan «algún tipo de altavoz en la conversación pública». «No lo vamos a consentir», ha sentenciado.

En este sentido, la vicepresidenta ha apuntado que es la «inmensa mayoría de hombres y mujeres» en España quienes están «capitaneando una sociedad que se dirige a las libertades y protección de los derechos LGTBI de tantos compatriotas que tienen que vivir en el mismo plano de igualdad y dignidad sus propias vidas».

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han visitado este viernes en la localidad madrileña de Brea de Tajo el Centro de atención a mayores dependiente de Cáritas Diocesana ‘Santa Catalina de Alejandría’, en el que se atienden a vecinos de 14 localidades de la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de la Comunidad de Madrid afectados por el despoblamiento rural.

Sus majestades fueron recibidos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; el alcalde de Brea de Tajo, Rafael Barcala; la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro; y el director del CGR, Enrique García, entre otros.

Tras acceder a una salón del centro «para una reunion informativa», los Reyes realizaron una visita por las instalaciones, donde visitaron la cocina, los almacenes y la zona de carga, donde las voluntarias preparan el reparto de las cajas térmicas con la comida, ha explicado la organización.

Don Felipe y Doña Letizia prosiguieron su visita dirigiéndose a la vivienda de un matrimonio beneficiario con los que mantuvieron un breve encuentro.

UN NUEVO EDIFICIO

Tal y como destaca Cáritas, este centro gerontológico nació con el objetivo garantizar que las personas mayores de la comarca tuvieran cubiertas sus necesidades básicas y que pudieran tener también cierta calidad de vida sin abandonar su entorno. En el centro se elabora un menú diario para más de un centenar de usuarios, todos mayores de 65 años.

Aunque este programa, explica la entidad, no trata solo de garantizar una buena dieta a los ancianos de Brea del Tajo y de los otros 13 municipios de la comarca (como Orusco, Carabaña, Valdaracete, Valdilecha, Valdelaguna o Tielmes), sino también de combatir la soledad que muchos de ellos sienten.

Este Centro Gerontológico Rural estrenó e 2019 un nuevo edificio financiado por una donación privada y por Cáritas Diocesana. Junto a la nueva cocina, más grande y mejor adaptada a las normas de sanidad, el nuevo edificio cuenta con una sala multiusos donde se centralizan los talleres de memoria y se realizan proyecciones de películas o clubes de lectura.

El nivel del mar podría aumentar por encima de las estimaciones actuales para 2100 si no se combate el cambio climático, según una nueva evaluación publicada en la revista ‘One Earth’.

Sus autores dicen que comprender la forma en que el fuerte calentamiento global afecta las capas de hielo polar será crucial para proyectar el aumento del nivel del mar durante el próximo siglo.

Sin embargo, persisten las incertidumbres y el conocimiento actual sobre las capas de hielo sugiere que el aumento del nivel del mar bajo un calentamiento fuerte y continuo podría ser más alto que el rango ‘probable’ del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) para 2100.

Los autores del estudio también sugieren formas en que los científicos pueden hacer predicciones más certeras, mejorando nuestra comprensión de la dinámica de las capas de hielo, como la forma en que interactúan con los océanos que se calientan y cómo se fracturan y rompen.

El autor principal, el profesor Martin Siegert, del Instituto Grantham – Cambio climático y Medio Ambiente del Imperial College de Londres, recuerda que «las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, y el fuerte calentamiento, de más de 4°C para 2100, está dentro del ámbito de lo posible si las emisiones continúan sin cesar».

«En la actualidad, cientos de millones de personas viven en regiones susceptibles a las inundaciones costeras, y la probabilidad de inundaciones aún peores aumentará significativamente con el aumento severo del nivel del mar –prosigue–. El aumento del nivel del mar que ya hemos enfrentado se ha mitigado de alguna manera por barreras contra inundaciones y otras medidas, pero no estamos preparados para tasas de aumento más altas que podrían superar estas medidas. Si no hacemos más para evitar el calentamiento global peligroso, es posible que lleguemos a un punto en el que ya no podamos proteger a las personas», advierte.

El equipo revisó los modelos actuales del efecto del calentamiento en las capas de hielo en los que se basa el informe del IPCC de 2019 sobre el aumento del nivel del mar. Para el escenario de fuerte calentamiento de más de 4°C de aumento de temperatura para 2100, el informe dio un rango ‘probable’ para el aumento del nivel del mar de entre 0,61 y 1,10 metros por encima de los niveles de 1950.

Sin embargo, el análisis del equipo mostró que los modelos de la capa de hielo no incluyen suficientes detalles sobre los procesos clave que pueden conducir a una pérdida de masa significativa bajo un fuerte calentamiento, lo que significa que el aumento del nivel del mar por encima del rango probable del IPCC es mucho más posible que por debajo de él.

El coautor John Englander, presidente y fundador del Rising Seas Institute, alerta de que «el aumento del nivel del mar será uno de los problemas más desafiantes que enfrentará la sociedad en las próximas décadas. Debemos reconocer que no podemos quedarnos al margen y esperar claridad sobre el aumento real del nivel del mar para comenzar a planificarlo», recuerda.

«Esperar una mayor confianza en las predicciones no es una razón para retrasar la creación de un margen de seguridad, por ejemplo, en los códigos de construcción y la zonificación, reconociendo la inevitabilidad del aumento del nivel del mar y sus consecuencias catastróficas», añade.

Hay dos formas principales en las que el nivel del mar puede aumentar sustancialmente a nivel mundial. A lo largo del siglo XX, el aumento ha estado dominado por la expansión térmica: el calor agregado separa las moléculas de agua y expande el volumen del agua del océano. En el siglo XXI, sin embargo, el segundo mecanismo se ha vuelto dominante: la adición de agua procedente de la fusión de las capas de hielo y los glaciares.

Si bien el aumento del nivel del mar debido a la expansión térmica se puede predecir utilizando relaciones relativamente simples entre la temperatura y la expansión, las capas de hielo y los glaciares responden al aumento de las temperaturas de formas complejas e interconectadas que hacen que la predicción sea más tensa.

Los investigadores que miran hacia el próximo siglo de cambio climático y su creciente impacto en la sociedad humana, la naturaleza y el medio ambiente a menudo miran hacia atrás en episodios anteriores de cambio climático natural en busca de pistas sobre cómo reaccionarán varios sistemas terrestres.

Al final de la última edad de hielo, hay evidencia de que las capas de hielo respondieron al calentamiento perdiendo rápidamente masa a tasas que en ocasiones fueron más altas que las observadas actualmente, lo que lleva a varios metros de aumento del nivel del mar por siglo.

El equipo explica que esto significa que las proyecciones actuales de aumento del nivel del mar pueden estar subestimadas, ya que las capas de hielo pueden perder masa más rápido durante el próximo siglo de lo que predicen nuestros modelos actuales.

Para mejorar los modelos y las predicciones, los autores identifican áreas clave de investigación que se necesitan para llenar nuestros vacíos de conocimiento. Estos incluyen un mejor mapeo del suelo debajo de los glaciares y las capas de hielo, la recopilación de datos en el margen donde los glaciares se encuentran con el océano y un mejor acoplamiento de los modelos de la atmósfera, los océanos y las capas de hielo.

Si bien la red de observaciones existentes de la dinámica de las capas de hielo ya da a los científicos una señal de alerta muy fuerte y es motivo de preocupación, los autores dicen que estas mejoras podrían dar lugar a un «sistema de alerta temprana» de próxima generación centrado en las señales de cambios rápidos en el nivel del mar, como el aumento de la temperatura del agua del océano a lo largo de los márgenes de las capas de hielo.

El profesor Siegert resalta: «Ya tenemos un buen comienzo en un sistema de alerta temprana para la peligrosa subida del nivel del mar, con satélites, plataformas aéreas, dispositivos robóticos, investigadores de campo y conocimientos expertos. Si bien esta red está creciendo y fortaleciéndose, tiene grandes debilidades en los límites de las capas de hielo que requieren una acción urgente».

Por ello, advierte que es necesario «desarrollar una serie de dispositivos robóticos en las partes clave de la Antártida y Groenlandia que son más vulnerables y capaces de un rápido aumento del nivel del mar en el futuro».

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha trasladado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que es una cuestión «urgente de derechos humanos» abordar la regularización de 600.000 migrantes sin papeles, tal y como le ha propuesto su formación.

Así lo ha indicado en Twitter al responder directamente a un comentario del propio Escrivá del Día Internacional del Migrante, en el que recordaba el «dinamismo y prosperidad» que han traído las migraciones a lo largo de la historia.

«Hoy quiero felicitar a todos l@s migrantes y celebrar sus progresos, sus logros, sus trabajados éxitos. Hacen que seamos un país mejor #MigrantsDay», exponía el titular del Ministerio, a lo que Echenique respondía que estaba de acuerdo pero le recordaba esta propuesta de regularización masiva.

«Por eso desde Unidas Podemos te mandamos la propuesta de regularizar a las alrededor de 600.000 personas migrantes sin papeles. Es una cuestión urgente de derechos humanos y es bueno para los ingresos del Estado y la economía«, ha agregado el portavoz de la formación morada.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, también ha subrayado en redes que España «debe desplegar una política migratoria que garantice los derechos humanos y cumpla con la Agenda 2030».

«Necesitamos acabar con las muertes en las fronteras, abrir vías legales y seguras y facilitar la regularización que da acceso a derechos», ha enfatizado.

YA LO PROPUSO EN JULIO

En julio Unidas Podemos reclamó al Gobierno, que comparte con el PSOE, realizara una regularización extraordinaria de inmigrantes que incluya a todas aquellas personas que, independientemente de su situación administrativa, se encontraba en suelo español el 14 de marzo, desde que se instauró el estado de alarma.

Concretamente, calculaba que los beneficiarios de esta iniciativa serían unas 600.000 personas, según los datos de diferentes estudios realizados en la materia. En esta cifra se incluirían, además, a los solicitantes de asilo, que sí cuentan con permiso de residencia, aunque sólo mientras se resuelve la solicitud.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado desde 2018 un total de 319 expedientes sancionadores en el entorno del Mar Menor por el uso privativo de aguas sin autorización, esto es, regadío en zonas sin derechos inscritos en el Registro de Aguas o fuera del perímetro aprobado.

La Comunidad Autónoma ya ha comunicado que en 54 de esos 319 expedientes se inicia ya el proceso de restitución de cultivos, según el informe del MITECO sobre las actuaciones urgentes y estructurales proyectadas para lograr la recuperación integral del Mar Menor, en el ámbito de sus competencias.

La superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora es de 2.724,62 hectáreas, mientras que la superficie denunciada, pero todavía sin resolución, es de 2.231,18.

Asimismo, los agentes medioambientales continúan las inspecciones en la cota 120 de la comunidad de regantes Campo de Cartagena, que tienen en riego 1.000 hectáreas más de las 11.220 autorizadas. Ya se ha revisado una superficie superior a las 11.100 hectáreas, de las que el 85% dispone de sistema de riesgo, y el resto no.

Por otro lado, el plan de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para la inspección y control de aprovechamientos sin derecho aparente ha permitido ajustar a la baja las 9.500 hectáreas identificadas en el Campo de Cartagena inicialmente por teledetección y que no están inscritas en el registro.

Tras haber revisado un 75% de esa superficie, se calcula que son 8.460 hectáreas –el resultado de restar a las 9.500 hectáreas detectadas inicialmente las correspondientes a secanos y otros cultivos sin sistema de riego–. De ellas, los agentes medioambientales han emitido boletines de denuncia por 6.251 hectáreas.

VERTIDOS Y DESALOBRADORAS

Igualmente, el MITECO ha potenciado la acción inspectora sobre los vertidos potencialmente contaminantes, así como redoblado el esfuerzo de inspección sobre las desalobradoras que no cuentan con autorización.

En lo referente al control de vertidos, el número de expedientes sancionadores abiertos al cierre de 2019 por vertido contaminante de agua residual al Dominio Público Hidráulico fue de 135. Desde principios de 2020 y hasta el momento se han iniciado 64 expedientes adicionales por vertidos a cauce público.

Los expedientes abiertos por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor, al cierre del año 2019, se elevaron a un total de 93, lo que prácticamente duplicaba la cifra de 2018.

Hasta ahora se han precintado un total de 186 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena y se han iniciado 81 expedientes sancionadores a las que no han realizado el mismo. Adicionalmente, los agentes medioambientales han informado que 52 desalobradoras han sido retiradas/desmontadas.

ACUÍFERO DEL CAMPO DE CARTAGENA

La Hoja de Ruta del MITECO recoge, por otro lado, la declaración el pasado 16 de julio del acuífero del Campo de Cartagena «en riesgo de no alcanzar el buen estado químico» por la elevada presencia de nitratos en su agua, lo que supone la activación de los trámites para que el organismo de cuenca elabore un plan de ordenación de esta masa de agua.

Además, el pasado 16 de octubre, la Junta de Gobierno de la CHS ratificó las medidas cautelares adoptadas en el mes de julio y acordó la ampliación del perímetro de la zona afectada desde el punto de vista cuantitativo por la declaración del acuífero del Campo de Cartagena «en riesgo de no alcanzar el buen estado químico». La ampliación afecta a una superficie de 4.218 hectáreas.

Para valorar la eficacia que supone la aplicación de las medidas cautelares, se ha encargado a la Universidad Politécnica de Valencia la realización de los trabajos de asistencia técnica para la simulación de la evolución del contenido en nitratos de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena.

Asimismo, se ha licitado el servicio de asistencia técnica para la recopilación, análisis y efectos de las medidas de protección de la calidad de las aguas en la comarca del Campo de Cartagena, relacionadas con el uso agrario de regadío.

ATAJAR LA ENTRADA DE NUTRIENTES A LA LAGUNA

Asimismo, se recogen las conclusiones del informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO), elaborado a solicitud de la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO, que analiza el estado actual del Mar Menor, las causas de su deterioro y las posibles soluciones.

El informe apunta a los aportes de nutrientes y materia orgánica como principal motor de eutrofización, a lo que se unen otros factores que contribuyen a la degradación del ecosistema lagunar: la contaminación metálica (metales pesados y metaloides); la contaminación química orgánica; las respuestas y efectos biológicos asociados a la contaminación química; y las obras costeras, puertos, dragados y mantenimiento de playas.

En este sentido, el informe del IEO concluye que su recuperación pasa por atajar la entrada de sedimentos y nutrientes a la laguna.

HOJA DE RUTA

La Hoja de Ruta prioriza aquellas actuaciones inmediatas que permiten reducir los aportes de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas en origen y/o que contribuyen a evitar modificaciones de los ecosistemas litorales.

Estas actuaciones consisten esencialmente en la vigilancia y labores de policía de las actividades que, o bien no tienen autorizaciones o derechos concesionales de uso de agua, o bien generan vertidos no autorizados, y en la vigilancia y control del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).

Con este objetivo, se han incrementado en varias áreas los efectivos dedicados a estas labores, lo que se ha traducido en un aumento de los expedientes sancionadores. Dichos expedientes se envían puntualmente a la Comunidad para su conocimiento, y al efecto de que lleve a cabo las actuaciones necesarias en el marco de sus competencias.

Desde hace unos meses también se comunican los del resto de la cuenca y los expedientes se trasladan también a la Fiscalía Superior de la Región. En conjunto, se han remitido a la Comunidad 168 expedientes sancionadores en toda la cuenca, de los que 138 corresponden al Mar Menor.

DESCONTAMINACIÓN DE LA BALSA DE ‘EL LIRIO’

Asimismo, el documento recoge la aprobación en Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre de un Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad para la ejecución de obras de seguridad minera y clausura en la instalación de residuos mineros abandonada denominada ‘El Lirio’, por valor de cuatro millones de euros.

El objetivo de estas ayudas es financiar los trabajos necesarios para la clausura de la instalación y la recuperación integral de la zona.

El Parlamento de Cataluña ha aprobado este viernes el nuevo mandato marco del sistema público audiovisual catalán que se expresa el compromiso de los medios audiovisuales públicos con los objetivos de calidad democrática y defensa del pluralismo, de promoción del catalán y el aranés, y de la exigencia de calidad en los contenidos.

La propuesta, presentada por JxCat y ERC, se ha aprobado con el voto favorable de los comuns, JxCat, ERC y la CUP, y en contra de Cs, el PSC-Units y el PP.

El texto destaca la «misión de servicio público» de los medios de comunicación catalanes y remarca su importancia como generadores de valor democrático, social, cultural, económico y tecnológico, así como la voluntad de mejorar las condiciones de los trabajadores y que puedan hacer su trabajo dentro de la independencia y estabilidad.

También urge a los medios de comunicación públicos a ofrecer una información territorialmente equilibrada, rigurosa y que garantice la pluralidad de la sociedad, y dar impulso al desarrollo de la industria audiovisual catalana.

El diputado de ERC José Rodríguez ha destacado la calidad de la información de los medios públicos –concretamente de TV3, Catalunya Ràdio y el InfoK–, que cree que no se puede tener en medios privados, y ha expresado la voluntad de establecer las bases para estos medios públicos como principal bastión de la lengua catalana «en un panorama hostil».

Josep Riera (JxCat) ha recordado que el último mandato marco audiovisual de Catalunya es de febrero de 2010 y tenía una vigencia de 6 años, por lo que había que aprobar el segundo, y critica que si no se ha hecho antes no ha sido por dejadez, sino porque a su juicio hace años que se está haciendo parlamentarismo de forma excepcional.

La diputada de los comuns Marta Ribas ha reiterado que los medios de comunicación son los garantes de un servicio público de calidad, comprometido con los principios democráticos, y que había que renovarlo, pero cree que las formas de hacerlo no son «dignas» porque se ha tramitado de urgencia y en el último pleno de la legislatura.

David Pérez (PSC-Units) ha reprochado a los socios del Govern que haya presentado su propuesta pero que no haya un consenso con los grupos, y ha asegurado que no es lo mismo que se aprobó en 2010, cuando el acuerdo marco obtuvo el ‘sí’ de la inmensa mayoría del Parlament: «Por lo tanto, vamos fatal».

David Mejía (Cs) ha acusado a JxCat y ERC de haber hecho esta propuesta de forma poco transparente y les ha dicho que si quieren su apoyo deberán quitar a «sus comisarios políticos de la dirección de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y levantar cualquier sospecha de corrupción, fraude o amiguismo que haya en los medios».

La ‘cupaire’ Natàlia Sànchez ha pedido no exigir solo a los medios la pluralidad ideológica, sino también la pluralidad social, sexual y racial, y se ha referido a los analistas de TV3: «Se lo hemos dicho muchas veces al director de TV3, los falsos analistas: Pilar Rahola y Sergi Sol no son analistas, son personas que defienden el discurso de unos partidos en concreto».

Manu Reyes (PP) ha criticado que en Catalunya se destinen un total de 300 millones de euros para financiar los medios públicos catalanes, cuando es la comunidad autónoma con más presión fiscal, y cree que esto se debe a que es «el principal medio con el que se dice lo mal que se vive en España y lo bien que se viviría en una Catalunya independiente».

El Parlamento de Cataluña ha aprobado este viernes la propuesta de resolución conjunta presentada por JxCat, ERC y la CUP para instar al Congreso a aprobar una ley de amnistía «por todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña» desde el 1 de enero de 2013.

En el último pleno de la legislatura, la iniciativa ha prosperado con el apoyo de los grupos impulsores, la abstención de los comuns –que había presentado enmiendas al texto– y el voto en contra de PSC-Units, Cs y PP.

La propuesta defiende que la amnistía debe conllevar la «extinción de cualquier tipo de responsabilidad penal y administrativa, incluida la del Tribunal de Cuentas, por todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa».

La iniciativa señala que la ley de amnistía «debe partir de entender como intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña o a los hechos derivados de la crítica de la actuación de las autoridades gobernativas o jurisdiccionales que hubieran sido perseguidos penalmente o administrativa desde el 1 de enero de 2013».

En este sentido, detalla los delitos que debería incluir: rebelión y sedición; malversación de caudales públicos cuando esté en concurso con el delito de sedición, y los delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos, así como los delitos vinculados a la organización del 9N de 2014 o el 1-O de 2017.

También se incorporarían los actos de expresión y opinión que hayan sido valorados como delitos de incitación al odio vinculados al conflicto catalán; los delitos contra el orden público «cometidos en el marco de la lucha democrática por la autodeterminación y/o de las protestas y acciones de crítica de la actuación de las autoridades gubernativas y/o jurisdiccionales sobre el conflicto» en Cataluña, y otros actos que hayan sido mediados por la realización de los actos amnistiados.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Desde los comuns, Lucas Ferro ha argumentado la abstención de su grupo porque, en su opinión, no se puede renunciar a vías como la reforma del delito de sedición del Código Penal y a los indultos, y ha llamado a los partidos independentistas a ser capaces de dialogar y llegar a un acuerdo: «No compartimos que las propuestas antirrepresivas compitan entre ellas».

El socialista Ferran Pedret también ha defendido la vía del diálogo, la negociación y el pacto para alcanzar una solución política que genere consenso entre los catalanes y pueda asumir el conjunto del resto de españoles, y tras ver connotaciones electorales en que JxCat, ERC y la CUP hayan llevado la propuesta por la amnistía en el último pleno de la legislatura, ha dejado claro que a la mitad de catalanes que no son independentistas «no se les puede pedir el olvido» de lo que ocurrió.

Tras lamentar la «crispación» existente en Cataluña, Nacho Martín Blanco (Cs) ha llamado a generar un clima y un debate público más constructivo en la próxima legislatura porque, en su opinión, seguir con el debate independentista genera división y no permitirá gestionar la crisis sanitaria del coronavirus, y sus consecuencias económicas y sociales, con las garantías que se necesita.

Para el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, los independentistas han aplicado «un realismo mágico populista» también cuando abordan cuestiones como la amnistía, y ha querido subrayar que la malversación y la sedición no son ideologías políticas.

JXCAT, ERC Y CUP

Desde JxCat, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha reconocido que saben que el Estado «no aceptará ninguna amnistía, y si lo hiciera, al día siguiente no terminaría la represión», tras no percibir ningún cambio en el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos en relación al conflicto catalán, que cree que sólo se podrá solucionar con la independencia.

El diputado de ERC Ferran Civit ha pedido «empatía, amnistía y política» a la hora de defender la propuesta de resolución porque, a su juicio, el conflicto sólo se puede resolver políticamente.

Además, la ‘cupaire’ Natàlia Sànchez ha advertido de que seguirán con su lucha pese a que no se apruebe la amnistía –«no es un punto y final»–, y ha replicado a los comuns que la reforma del delito de sedición es una solución parcial para que salgan los presos independentistas pero no una opción global para poder hacer política en libertad.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la anulación parcial del decreto del Gobierno valenciano por el que se aprobó el Reglamento de Conciertos Educativos en la Comunitat Valenciana tras decisiones emitidas en el mismo sentido recientemente, según recoge en una providencia dada a conocer por el PP.

En esta ocasión, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que estimó en parte el recurso presentado contra dicho decreto por tres representantes del PPCV.

El Alto Tribunal adopta esta medida tras no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra la sentencia de la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV, de fecha 25 de mayo de 2018, que estimaban parcialmente el recurso planteado por los ‘populares’ Rubén Ibáñez, Luis Santamaría y Juan de Dios Navarro contra el decreto autonómico de conciertos educativos en la Comunitat Valenciana y anulaba algunos preceptos del documento.

Así, el TS alude a las resoluciones que ha emitido sobre este mismo tema y en el mismo sentido que este último y señala que «las cuestiones jurídicas objeto de controversia han sido ya resueltas por la sección cuarta de esta sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en sus sentencias de 14 de octubre de 2020″ y de 21 de octubre de 2020» a partir de otros recursos de casación y «en sentido contrario a la tesis que sostiene la parte recurrente».

En esta línea, apunta que se ha fijado «como doctrina de interés casacional, en primer término, que el régimen de conciertos generales resulta de aplicación a la renovación de los conciertos singularesfirmados por las comunidades autónomas en los niveles educativos noobligatorios, quedando sujetos al régimen previsto en el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos aprobado por el artículo único del Real Decreto 2377/1985».

Asimismo, apunta, «en segundo término, que el régimen del silencio a observar en los procedimientos de renovación de los conciertos ha de ser el previsto por la ley».

«ILEGAL Y CONTRARIA»

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, que se ha referido a la resolución del Supremo en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para hablar de temas de actualidad, ha indicado que este muestra que «el gobierno de Puig, limitó y coartó la libertad de los padres al elegir la educación de sus hijos».

Bonig ha añadido que también señala que su «política educativa en materia lingüística y de conciertos, ilegal y contraria a la normativa estatal». «Puig no respeta ni la ley ni la Constitución. Eso dice la sentencia del alto tribunal, que ratifica la que ganamos en el TSJCV».

«Ahora entendemos las ansias de Puig, el PSPV, Compromís, el gobierno socialista y comunista, de controlar también el poder judicial», ha declarado, a la vez que ha valorado «la labor y la independencia de la justicia sin fisuras».

La responsable ‘popular’ ha agregado que el jefe del Consell se ha situado «a la cabeza del laboratorio de la izquierda» en cuanto a lo que pretende la Ley Celaá».

Tratan, a través de la ley, de vulnerar lo que los ciudadanos han ganado en los tribunales«, ha apuntado. Igualmente, ha expuesto que «la Ley Celaá se salta todas esas sentencias igual que ha hecho Puig en la Comunitat Valenciana con el plurilingüismo» y con los fallos que «declaraban contrario a derecho su sistema educativo».

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Isabel Bonig ha aseverado que «ahora hay una responsabilidad patrimonial». «Se habla de 20 millones de euros para indemnizar los conciertos que quitó por sectarismo», ha apuntado, tras lo que ha preguntado «quién va a pagarlos» y ha planteado si «lo va a pagar Puig de su bolsillo por el perjuicio que ha causado a los colegios y a los padres por su sectarismo».

La también portavoz del PP en las Corts Valencianes ha asegurado que estos son «20 millones que no van a ir a sanidad, a dependencia o a proteger al personal sanitario». «Seguiremos el tema. Queremos saber quién lo va a pagar», ha insistido.

Tras ello, Bonig ha subrayado que el PP «ha defendido la libertad de los padres» y ha valorado que haya «acudido a los tribunales» para ello. «Ese es el dinero mejor invertido, el de la defensa de la libertad educativa», ha apostillado.

El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai), ha presentado 20 enmiendas a la ley Celáa de Educación, que se debatirá el próximo martes en la Cámara Alta.

Las enmiendas presentadas por Martínez se centran en «la necesidad de incluir la asignatura de ética», así como medidas que «garanticen la protección y bienestar de la infancia más vulnerable, como reconocer su derecho a una plaza fija en la educación infantil de 0 a 3 años, y la extensión de programas de prevención e identificación de la violencia contra la infancia y la educación afectivo-sexual en todas las etapas escolares».

El senador autonómico por Navarra ha hecho suyas las enmiendas propuestas por Save the Children, la ONG internacional especializada en la defensa de los derechos de la infancia.

«Las enmiendas de Save the Children buscan dar un mayor contenido social a la nueva reforma educativa y garantizar la igualdad real de aquellas niñas y niños en situación vulnerable y desde Geroa Bai nos ha parecido importante trasladar esas peticiones e incluirlas en el debate para mejorar la ley en el Senado», ha destacado Martínez.

En este sentido, ha incidido en «la necesidad de incorporar la asignatura de ética en el currículo y también de forma concreta la educación en valores cívicos y éticos». Creemos necesario trabajar la educación para la salud, incluida la educación afectivo-sexual, la formación ética, la igualdad de género y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales», ha defendido.

Según ha indicado, «son aspectos que contempla el programa Skolae que se ha implantado con éxito en Navarra y que consideramos que deben recogerse expresamente en la nueva ley».

Las enmiendas presentadas por Koldo Martínez también incluyen el derecho del alumnado a la participación, a través de la Junta de Delegados y de asociaciones de alumnos.

Otra de las iniciativas contempla que los centros educativos que concentren alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en proporción mayor a la establecida con carácter general no se vean obligados, además, a reservar plazas para incorporaciones de alumnos cuando ya se ha iniciado el curso, ya que la gestión de lo que se llama «matrícula viva» es un factor que agrava la segregación.

También se recoge en una enmienda la obligación de los centros de dar a conocer el carácter voluntario de la oferta de actividades complementarias y extraescolares y de servicios escolares de cada centro que conllevan una cuota para evitar así que tengan un efecto disuasorio entre los padres y madres con menos recursos a la hora de elegir centro.

Un cargo del Gobierno belga ha desvelado en la red social Twitter los precios de las vacunas que la Comisión Europea ha acordado con los seis grupos farmacéuticos con los que ha cerrado acuerdos en el marco de su estrategia de vacunación contra la Covid-19 y que la institución europea mantenía en secreto por razones de confiencialdad.

Aunque posteriormente borró el mensaje, la secretaria de Estado de Presupuesto y Protección de los Consumidores, Eva De Bleeker, anunció en esta plataforma que la UE ha comprado este año 33,5 millones de vacunas por 279 millones de euros y acompañó el texto con una imagen en el que se detalla el precio por unidad de cada candidato a vacuna.

Así, informaba de que se han adquirido 7,7 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la Oxford y AstraZeneca a un precio por unidad de 1,78 euros y casi 5,2 millones del prototipo de Johnson & Johnson por un precio de 8,50 dólares cada uno (6,95 euros). Las 7,7 millones de dosis de la vacuna de Sanofi y GSK habrían costado a la UE un precio unitario de 7,56 euros.

Con respecto a la vacuna de BioNTech y Pfizer, que puede ser la primera que es autorizada en la UE si obtiene una recomendación favorable de la Agencia Europea del Medicament (EMA) el próximo lunes, el precio por dosis es de 12 euros y la UE ha adquirido un lote de 5 millones de unidades.

Por último, según la información desvelada por este cargo del Gobierno belga, la UE ha pagado 18 euros por cada una de las 2 millones de dosis de la vacuna de Moderna y 10 euros por unidad de la vacuna de CureVac, a quien ha comprado 5,8 millones de dosis.

La Comisión Europea se niega a desvelar esta información de forma oficial y aduce razones de confidencialidad. Según Bruselas, son los grupos farmacéuticos los que exigen incluir estas cláusulas en los contratos, pero además defiende que Bruselas está en mejor condición de negociar con las compañías si no se conocen los precios acordados con otros laboratorios.

El portavoz de Salud del Ejecutivo comunitario, Stefan de Keersmaecker, ha evitado detallar cuáles serán las consecuencias después de que se hayan incumplido estas cláusulas de confidencialidad y se ha limitado a afirmar que «hay buenas razones» para respetarlas, también para el «interés general.

El portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha añadido que los Estados miembros disponen de la información sobre el precio pagado por cada candidato a vacuna. Además, ha subrayado que «no hubiera habido contratos si no hubieran existido estas cláusulas de confidencialidad».

Fundación Affinity ha lamentado la interpretación de la Real Federación Española de Caza (RFEC) sobre los datos de su estudio ‘El Nunca lo haría’ y considera que se trata de una «mala» interpretación con la que «ni están de acuerdo» ni respaldan «en absoluto».

En un comunicado remitido a Europa Press, Fundación Affinity precisa que de hecho su estudio sobre abandono, pérdida y adopción de animales de compañía en 2019, apunta a que «cada año la caza aparece entre los tres principales motivos de abandono».

En este sentido, la fundación considera que algunas entidades del sector de la caza han hecho un uso «incorrecto» del estudio en el que se indicaba que alrededor de 306.000 perros y gatos fueron recogidos por refugios y protectoras en España en 2019.

Entre las principales causas de abandono, el informe reveló que en primer lugar eran los nacimientos de camadas no deseadas (21%), seguido de problemas de comportamiento del animal(13,2%) y en tercer lugar el fin de la temporada de caza (11,6%).

Para RFEC, estos datos «desenmascaraban y desmontaban» las afirmaciones de las organizaciones ecologistas y animalistas «radicales» que «manipulaban» las cifras de abandono de los perros de caza y resaltaban que los perros del entorno urbano suponen el 88,4 por ciento de los abandonos, lo que implica que «los perros de caza son los menos abandonados» (11,6%), lo que además reducía la cifra respecto al informe anterior (12,6% en 2019).

Por ello, Fundación Affinity mantiene que los datos facilitados en el estudio sobre los motivos del abandono «hacen referencia a los casos en los que la persona lleva personalmente el animal a la protectora» algo que ocurre en el diez por ciento de los casos mientras que el 90 por ciento restante, añade la fundación, son animales encontrados en la calle y llevados a las protectoras por la policía o personas que los han encontrado, por lo que conocen el verdadero motivo de abandono.

Igualmente, insisten, en que tampoco conocen los datos sobre los animales abandonados y que no han llegado a una protectora o los que han sido sacrificados.

Asimismo, se desmarcan del dato citado por RFEC acerca de los perros del entorno urbano, que según la organización de caza era del 88,4 por ciento de los abandonos, así como «tampoco el estudio indica que los perros de caza sean lo menos abandonados. «Creemos que estos datos y afirmaciones malinterpretan los datos del estudio y no estamos de acuerdo», subraya Fundación Affinity en el comunicado.

Por último, añade que tampoco considera cierto que el mes de febrero sea el mes que menos perros llegan a las protectoras porque afirma que el abandono de animales es estable a lo largo del año «sin variaciones significativas».

España seguirá optando a ocupar puestos en organismos internacionales y a acoger sedes de estas instituciones pese a no haber conseguido su objetivo con las últimas candidaturas porque, en opinión del Gobierno, el verdadero fracaso en política exterior es no postularse.

Este jueves se anunció que la presidencia de la Agencia Espacial Europea (ESA), a la que aspiraba el ministro español de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, la ostenta a partir de ahora el científico austriaco Josef Aschbacher, y la semana pasada León fue descartada por la UE como sede del Centro Europeo de Ciberseguridad, que se ubicará en Bucarest.

Previamente, en verano, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se quedó sin la presidencia del Eurogrupo al perder la votación frente al irlandés Paschal Donohoe, y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, dijo por aquellas fechas que no sería candidata a dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC), pese a que su nombres estaba en las quinielas.

Fuentes diplomáticas defienden el trabajo hecho con las candidaturas presentadas y explican que el hecho de que prosperen o no depende de muchos factores, distintos para cada caso. Así, en relación con la candidatura de León sostienen que se pudo ver perjudicada frente a Bucarest porque Rumanía no acogía hasta ahora ninguna institución de la UE mientras que en España tiene ya varias agencias en su territorio.

A VECES SE GANA Y A VECES SE PIERDE

Pese a los últimos fracasos, desde Exteriores aseguran que España continuará siendo «ambiciosa y valiente» y tratará de aumentar su representación en las instituciones o atraer nuevas sedes, en línea con el compromiso del Gobierno con la agenda internacional y con demostrar «liderazgo» en este ámbito.

Por ello, la idea es seguir presentando candidaturas y compitiendo en esos procesos «sin mayores complejos» y siendo conscientes de que a veces se gana y a veces se pierde, pues consideran que «el verdadero fracaso» en política exterior es no postularse y eso sí que llevaría seguro a una disminución del peso de España.

Aun así, las citadas fuentes subrayan que actualmente hay una «muy buena representación» de españoles en instituciones internacionales, acorde con la que tienen otros países, y de sedes de organismos en su territorio.

Por ejemplo, Josep Borrell como Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Miguel Ángel Moratinos como Alto Representante de la ONU para la Alianza de las Civilizaciones, Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo y distintos cargos medios y medios altos en «prácticamente todas» las organizaciones internacionales, según indican.

En cuanto a las oficinas, España acoge seis agencias de la UE y la sede de la Organización Mundial del Turismo, de la Secretaría General Iberoamericana, de la Organización de Estados Iberoamericanos y del Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la ONU.

El Parlament ha aprobado este viernes por unanimidad el proyecto de ley del Govern por la igualdad de trato y la no discriminación por razón de religión, discapacidad, edad, origen racial y étnico, sexo y orientación sexual.

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, presentó el jueves los ejes de esta ley en el pleno del Parlament, y se mostró orgulloso de haber tirado adelante un texto que promovió la exconsellera Dolors Bassa, encarcelada por el 1-O.

Para El Homrani, se trata de una ley «necesaria y obligatoria, y ahora más que nunca porque hay una sociedad diversa, ya sea por origen, orientación sexual, identidad de género, capacidad, edad, creencias y gustos», tras dejar claro que es una característica estructural de la sociedad catalana y no un fenómeno pasajero.

«No podemos aspirar a construir una sociedad cohesionada mientras sus ciudadanos no puedan expresarse en libertad y no sienta la plena ampara de las instituciones a la hora de defender sus derechos», sostuvo.

Así, explicó que la ley prevé proteger a las víctimas, pero por encima se quiere reparar el daño que han sufrido, más allá de las indemnizaciones económicas, con medidas como la mediación y la formación y el trabajo.

«Es una ley de país», defendió el conseller, que presentó la defensa de la igualdad y la no discriminación como uno de los grandes retos que debe afrontar la sociedad catalana.

La diputada de ERC Najat Driouech afirmó que «se hará historia» con esta ley, al asegurar que es pionera y que será un referente, y lamentó que se haya tardado tanto en aprobarse después de que decayera en la anterior legislatura por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

PRECIPITACIÓN Y DÉFICITS

Desde Cs, la diputada Blanca Victoria Navarro no compartió que se haya dado un paso adelante en igualdad y no discriminación con este texto porque, «pese a tener una apariencia fabulosa, tiene déficits que impedirán su finalidad», en ámbitos como la lengua, y consideró que se ha querido aprobar con prisa y, en consecuencia, con un desarrollo legislativo precipitado.

La diputada del PSC-Units Marta Moreta lamentó que se haya tardado «cinco años en aprobarse una ley necesaria e imprescindible» desde que prosperó la Ley del colectivo LGTBI –en octubre de 2014–, por lo que afirmó que no ha sido una prioridad para el Govern, además de opinar que tiene carencias.

En la misma línea se pronunció la diputada de los comuns Susanna Segovia, que consideró que «es una ley necesaria pero va con mucho retraso» y que, en su opinión, no ha contado con el suficiente acompañamiento por parte del Govern, y la situó como un punto de partida para la no discriminación.

Desde la CUP, Natàlia Sànchez pidió al Govern no cometer el error de apropiarse de una ley que, en su opinión, viene de lejos, se aprueba tarde y es insuficiente, y más teniendo en cuenta que la Constitución «niega derechos y no potencia la igualdad, y esto tiene consecuencias en forma de violencia».

Manuel Reyes (PP) coincidió con el resto de grupos en que la ley llega de forma precipitada al pleno del Parlament, y tras defender que «la igualdad real es poner el dinero en las prioridades de las personas, no en crear nuevas estructuras, mal llamadas de estado, o en embajadas de fantasía», argumentó su apoyo sólo a las propuestas que combatan la discriminación y apuesten por la igualdad.

Desde JxCat, Saloua Laouaji aseguró que es una ley «necesaria ante los centenares de casos diarios de discriminación que se producen, ante la amenaza de la extrema derecha y ante la presencia de políticos que banalizan el nazismo», además de destacar que muchas casos son invisibles porque tienen lugar en el ámbito privado y familiar.

Agentes de la Policía Nacional han liberado a una menor que estaba siendo explotada sexualmente por miembros de su familia y han practicado un total de trece detenciones, entre las cuales se encuentran parientes de la víctima y algunos clientes que contrataban sus servicios, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

La menor era narcotizada para ejercer la prostitución a cambio de dinero y sustancias estupefacientes, a las cuales se había tornado adicta a causa del continuo suministro por parte de uno de sus parientes. Algunas de las relaciones sexuales fueron llevadas a cabo en presencia de un familiar que incluso grababa las escenas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia por parte de la hermana de la víctima, manifestando que su hermana menor de edad estaba siendo prostituida por sus propios familiares. La denunciante hizo entrega del teléfono móvil de la menor y de una sustancia narcotizante que presuntamente estaba siendo suministrada a la víctima por sus parientes.

Tras diversas gestiones localizaron el paradero de la menor y consiguieron liberarla y ponerla a disposición de las entidades de protección de menores.

Los agentes pudieron constar que la menor había estado siendo víctima de diversos delitos contra la libertad sexual por parte de miembros de su familia y que además se estaban cometiendo diversos delitos contra la salud pública al serle facilitadas sustancias estupefacientes.

Para identificar y localizar al pariente implicado, los agentes establecieron un dispositivo en diversos puntos del distrito de Villaverde, tratándose de narcopisos y puntos negros de consumo y venta de droga. Finalmente los investigadores lograron localizar y arrestar a la principal responsable de las explotaciones sexuales.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Las pesquisas permitieron averiguar la identidad de otras doce personas, algunas de ellas clientes que eran conseguidos por parte de la familia de la menor para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero y sustancias estupefacientes, siendo estas igualmente detenidas por los agentes.

Los trece arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de corrupción de menores, de abuso sexual a menor de 16 años, de provocación sexual y contra la salud pública.

La operación continúa abierta ya que no se descartan nuevas detenciones, ha indicado la Policía.

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha calificado con un «sobresaliente» el comportamiento con el que, ha señalado, la comunidad educativa ha desarrollado el primer trimestre del curso académico ante la pandemia del COVID-19.

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha señalado en Marbella (Málaga) que «si los colegios pueden transmitir algo a la sociedad es el ejemplo de toda la comunidad educativa». En este sentido, ha destacado que el 99,2 por ciento de los centros educativos de Andalucía está libre de COVID.

«Riesgo cero no existe en ningún sitio, pero con la responsabilidad compartida, la colaboración de todos y las medidas de seguridad que se han tomado, la realidad ha sido que los colegios han funcionado razonablemente bien», ha apuntado el consejero, que ha hecho un llamamiento a la «prudencia y la responsabilidad» de cara a las fiestas de Navidad.

En este sentido, ha indicado que «uno siempre espera estos datos con la respiración contenida» y ha asegurado que, ante el inicio del curso académico, «uno sufrió todo tipo de presiones». «Parecía que se producía el Apocalipsis y hoy a la comunidad educativa hay que darle un sobresaliente por cómo se ha desarrollado en el primer trimestre», ha añadido.

En esta línea ha querido recordar además que, tras la época navideña y el reinicio del curso, el personal docente y no docente se realizará test para detectar el COVID. «Será un trabajo logístico muy complejo, muy difícil. Estamos hablando de 150.000 profesionales de la docencia. Ya están trabajando los equipos de Educación y Salud para ver cómo podemos desarrollar esos test para que tengamos esa vuelta a las aulas presencial, segura, responsable y con la colaboración de todos».

ANPE, tras más de diez años luchando por el reconocimiento del derecho al cobro de los Sexenios para los Docentes de Religión de la Región de Murcia, ha conseguido mediante sentencia judicial del Tribunal Supremo, el reconocimiento de este derecho para todo el colectivo de Docentes de Religión, formado por más de 600 docentes, entre Maestros y Profesores de Religión.

El sindicato independiente, representa mayoritariamente a los Docentes de Religión a nivel nacional y en la Región de Murcia, con 13 de los 17 Delegados que forman el Comité de Empresa del Personal Laboral Docente de la CARM, esto es, un 77%.

Durante todos estos años de reivindicación por parte de ANPE, la Consejería de Educación «se ha negado sistemáticamente a llegar a un acuerdo para el pago del Complemento de Formación Permanente Sexenios a los Docentes de Religión. Esta actitud por parte de la Administración, hizo que ANPE no viese otro camino, que el de recurrir a la vía judicial para conseguir el reconocimiento de este derecho. Este complemento fue reconocido por la Administración, primero a los Funcionarios de Carrera en el año 1991 y, posteriormente, a los Funcionarios Interinos en el año 2014», explican.

El profesorado de religión está equiparado a nivel retributivo con los Funcionarios Interinos, tal y como viene detallado en el Convenio Colectivo de los Docentes de Religión, en su artículo 10 sobre Retribuciones, en la LOE y la LOMCE.

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de mayo de 2020 (Sala de Lo Social) dirigido por el Departamento Jurídico de ANPE Murcia, falló a favor de los Docentes de Religión, subrayando la equiparación a efectos salariales de los Docentes de Religión de la Región de Murcia con los Funcionarios Interinos empleados por dicha Administración, lo que conlleva, que se establezca que el Profesor de Religión de la Región de Murcia tiene derecho al cobro de los Sexenios.

El pasado viernes día 4 de diciembre de 2020 se reunió el Pleno del Comité de Empresa, acordando por unanimidad, presentar a la Consejería de Educación la propuesta de Acuerdo de ANPE Murcia, para hacer efectiva la sentencia que los servicios jurídicos de ANPE ganaron en el Tribunal Supremo.

El acuerdo alcanzado hoy por ANPE supone reconocer a los Docentes de Religión el derecho al cobro de los Sexenios; que también cobren este complemento todos los Docentes jubilados con posterioridad al 1 de junio de 2019; que se reconozcan las horas totales de formación que cada Docente de Religión tiene en su Expediente de formación en Educarm; y que los pagos de los Sexenios en la nómina mensual se hará como muy tarde en la nómina de Junio de 2021.

Igualmente, durante los 10 meses siguientes a junio de 2021, a cada Docente se le efectuará una liquidación única y complementaria de atrasos con efectos económicos de 1 de junio de 2019, procediendo por orden de antigüedad en el servicio.

Desde ANPE valoran «muy positivamente el acuerdo alcanzado con la Consejería, puesto que supone un paso más en el reconocimiento de la figura del Docente de Religión, así como una mejora en sus condiciones laborales».

Con este acuerdo, se viene a reconocer la labor docente del Profesorado de Religión, y su equiparación con los Funcionarios Interinos. Los 600 Maestros y Profesores de Religión van a ver incrementada su nómina mensual entre 61 euros (1 sexenio) y 423 euros (5 sexenios), según los Sexenios (6 años trabajados) que tengan cumplidos.

«ANPE se congratula por este acuerdo transcendental, que reconoce la labor de estos profesionales durante tantos años», han concluido.

El Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, conocido como COVAX, un mecanismo propuesto por la alianza GAVI y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha anunciado que ha alcanzado acuerdos para poder acceder a unas 2.000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus.

Para la gran mayoría de estos acuerdos, COVAX ha garantizado el acceso a una parte de la primera partida de producción, seguida de escalas de volumen a medida que haya más oferta disponible. Los acuerdos anunciados permitirán que todas los países que participan en el fondo tengan acceso a las dosis en la primera mitad de 2021.

Asimismo, se prevé que las primeras entregas comiencen en el primer trimestre de 2021, si bien esto va a depender de las aprobaciones regulatorias y la preparación de los países para la entrega de las mismas. Además, se van a entregar en 2021 unas 1.300 millones de dosis de vacunas, financiadas por los países donantes, a 92 regiones con ingresos medios y bajos.

En concreto, los nuevos acuerdos anunciados hoy incluyen la firma de un acuerdo de compra anticipada con AstraZeneca por 170 millones de dosis del candidato a vacuna desarrollada junto a la Universidad de Oxford, y un memorando de entendimiento (MoU) con Johnson & Johnson por 500 millones de dosis del candidato Janssen, la cual está siendo investigada como una vacuna de dosis única.

«Nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo han comenzado a dar sus frutos. Ahora tenemos vacunas seguras y efectivas que pueden proteger contra el CoviD-19 y un camino claro para asegurar 2.000 millones de dosis para las poblaciones de mayor riesgo en todo el mundo», ha dicho el director ejecutivo de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI), Richard Hatchett.

Por otro lado, este viernes se han publicado también los principios de reparto de las dosis de las vacunas, los cuales proporcionan un marco para que los países de ingresos más altos aseguren dosis adicionales para las regiones de bajos recursos. Estos principios describen que dichas dosis deben ser seguras y efectivas, estar disponibles y en volúmenes sustanciales lo antes posible en el año 2021.

Las primeras entregas de dosis vacunas se realizarán en el primer trimestre de 2021 para proteger a los trabajadores de la salud y la población más vulnerable. A esto le seguiría una nueva entrega de dosis a todos los participantes en la segunda mitad del año, con el objetivo de suministrar dosis que equivalgan al 20 por ciento de la población de los participantes. En 2022, estarán disponibles dosis adicionales para alcanzar niveles de cobertura más altos. Todas las entregas dependen de varios factores, como las aprobaciones regulatorias y la preparación del país.

«La llegada de las vacunas nos permite a todos vislumbrar la luz al final del túnel. Pero solo terminaremos realmente con la pandemia si la ponemos fin en todas partes al mismo tiempo, lo que significa que es esencial vacunar a algunas personas en todos los países, en lugar de a todas las personas en algunos países. Las vacunas complementarán, pero no reemplazarán, las muchas otras herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas para detener la transmisión y salvar vidas. Debemos seguir utilizándolos todos», ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Don Felipe y Doña Letizia, acompañádos por la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otras personalidades, han inaugurado este viernes la escultura ‘El Árbol de la vida’, realizada como homenaje a todos los profesionales sanitarios de España, y en reconocimiento a su labor, esfuerzo y compromiso durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

La iniciativa de este monumento, que ha sido donado por la Fundación A.M.A., está impulsada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y refrendada por todas las profesiones sanitarias (Dentistas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Ópticos-Optometristas, Podología, y Veterinaria).

La Plaza de los Sagrados Corazones, vertebrada por la avenida de Concha Espina, es el lugar cedido por el Ayuntamiento de Madrid para ubicar el monumento-escultura donado por la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.), mutua especializada en profesionales sanitarios. La obra la realizará el reconocido artista Jaume Plensa, autor, entre muchas obras, de la Cabeza de Julia, escultura blanca de doce metros de altura que se exhibe en la Plaza de Colón.

‘El árbol de la vida’ es una escultura de acero inoxidable, con más de 7 metros y medio de altura y 6 toneladas de peso, que presenta un corazón situado en lo alto de una columna formada por letras de diferentes alfabetos, y es una propuesta solidaria del internacionalmente reconocido Jaume Plensa que ha donado su idea creativa de forma altruista.

Tras un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, el presidente de honor de A.M.A. y presidente de su Fundación, Dr. Diego Murillo, ha resaltado durante su discurso que a los profesionales sanitarios les debemos «su abnegado compromiso con la sociedad, sin duda alguna merecedor del mayor de los reconocimientos». «Donamos este gran monumento al Ayuntamiento de Madrid para que las generaciones venideras sean conscientes de lo que significó esta pandemia en nuestro país», ha añadido.

Igualmente Serafín Romero, presidente de la OMC, ha tenido palabras de reconocimiento y admiración para los profesionales sanitarios que han luchado en primera línea, en ocasiones sin los equipos de protección adecuados.

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos se reúne este sábado de forma telemática para analizar la situación política actual y la labor realizada desde el Gobierno de coalición, que precisamente en enero cumple un año desde su constitución.

La apertura del máximo órgano de dirección de Podemos, con un total de 89 miembros, correrá a cargo del secretario general y vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias.

La última reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos tuvo lugar en septiembre y entonces Iglesias fijó como «tarea política fundamental» de Podemos para los «próximos tiempos» avanzar hacia un «horizonte republicano», un objetivo en el que ha incidido reiteradamente desde entonces.

ACUERDO ANTIDESAHUCIO

La cita de este sábado se produce tras el acuerdo para tratar de aprobar el martes en Consejo de Ministros el decreto que prohibirá desahucios de población vulnerable sin alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma por el coronavirus.

Una medida que incluye la opción a los grandes tenedores de pedir una compensación económica a la administración en caso de que pasados tres meses no se ofrezca al inquilino una vivienda alternativa. Un punto en el que Podemos no se siente cómodo aunque ha subrayado que esta medida solo se activará cuando puedan demostrar que sufren un perjuicio económico.

Esta medida para ampliar el denominado ‘escudo social’ ha generado tensiones con el PSOE y la secretaria de Estado para Agenda 2030 y dirigente de la formación, Ione Belarra, admitía que en estos asuntos había «dos almas» en el Gobierno.

También queda la incógnita de si el decreto incluirá también la suspensión de cortes de suministros energéticos, elemento también que ha suscitado reproches por parte de la formación morada, que exigía a Transición Ecológica a poner sobre la mesa cuanto antes una propuesta que abarcara tanto electricidad como agua y gas.

De hecho, el grupo parlamentario de Unidas Podemos firmó con otros siete partidos un manifiesto que apremiaba al Gobierno a recuperar esta medida de protección social que dejó de aplicarse a finales de septiembre.

RETOS

Además, Podemos defiende también acometer una subida del Salario Mínimo Interprofesional para el año que viene. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, admitió que había diferencias en el seno del Ejecutivo.

Precisamente el 5 de diciembre se reunió el Consejo Confederal de Unidas Podemos (compuesto por Podemos, IU y En Comú Podem) y destacó la conformación de una mayoría plurinacional conformada en los Presupuestos Generales del Estado, desdeñando cualquier intento de «geometría variable» en los apoyos parlamentarios del Gobierno.

También aludió a las discrepancias públicas con su socio en la coalición y dijo que «bienvenidas las discusiones» en el seno del Gobierno de coalición si conseguían regular el precio de los alquileres o se prohíban los desahucios.

La derogación de la reforma laboral del PP y la aprobación de la Ley de Libertades Sexuales son otros retos de futuro para la formación morada, que esta semana se ha congratulado de la aprobación de la Ley de Eutanasia.

El líder de Más País, Íñigo Errejón; el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, y la coportavoz de Compromís Àgueda Micó han mantenido este viernes una reunión en la que han valorado como «imprescindible» su trabajo conjunto y la «fructífera» confluencia de ambas formaciones, al tiempo que han manifestado la voluntad de «ampliarla» y sumar otras formaciones políticas con las que comparten «visión».

Así lo han manifestado, en declaraciones a los medios, tras celebrar en Valencia una reunión de trabajo en la que han participado también la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la coportavoz de Iniciativa del Poble Valencià-Compromís y consellera de Agricultura, Mireia Mollà, entre otros.

Los representantes de ambas formaciones han valorado la alianza surgida en las elecciones del 10 de noviembre de 2019 bajo el paraguas de Més Compromís y su trabajo común en el Senado y el Congreso.

Errejón ha señalado que, aunque 2020 ha sido «un año durísimo para la ciudadanía», su valoración del trabajo conjunto entre ambas formaciones es «muy positiva». «Creemos que la cooperación nos ha permitido sumar, abriendo debates que son absolutamente fundamentales», ha señalado.

«MARCARLE RUMBO AL GOBIERNO»

A su juicio, la alianza de Más País y Compromís supone una «cooperación política imprescindible» y ha jugado un «papel que nadie más hace», el de «marcarle rumbo al gobierno, decirle cuándo no hace las cosas bien y pincharle o estirarle o arrastrarle a que las transformaciones sociales no se queden en titulares, sino q lleguen a la gente que peor lo está pasando.

El dirigente de Más País ha destacado como «el mejor ejemplo» de la labor de Més Compromís la defensa de la reducción de la jornada laboral a cuatro días o 32 horas, una medida en la que, según Baldoví, han sido «pioneros».

Errejón ha indicado que «es absolutamente imprescindible que haya voces inequívocamente progresistas, inequívocamente democráticas y verdes que defiendan con valentía una transformación social que haga que lo que ya era débil antes se fortalezca y que lo que no funcionaba se transforme».

«Para nosotros, la reconstrucción no debe ser volver a lo de antes sino que tiene que ser una transformación social y verde y, para esa transformación, la cooperación entre Más País y Compromís es absolutamente impredecible y, por tanto, acordamos seguir trabajando en esa línea porque, además, estamos muy cómodos y muy contentos en le trabajo compartido».

«METER EN EL DEBATE POLÍTICAS NOVEDOSAS»

Por su parte, Joan Baldoví ha señalado que la intención de Más País y Compromís era celebrar un «gran acto» en València y Madrid cuando se cumple un año de las elecciones generales.

Para el portavoz de Compromís, ha sido un año de colaboración «fructífero» en el que han «conseguido meter en el debate políticas probablemente novedosas» como la reducción de jornada y «muchísimos temas de transición ecológica» y transparencia.

Baldoví ha anunciado que han acordado crear una comisión estable «no solo este las instituciones sino también desde las militancias» para «compartir experiencias» y enriquecerse un partido del otro, «desde el absoluto respeto a cada una» de las formaciones.

En la misma línea, Micó ha señalado que sus vías de colaboración deben «profundizarse» y ampliarse «con otras formaciones políticas que tienen la misma visión», porque «la construcción de un estado plural e inclusivo pasa por que se tenga en cuenta todo el trabajo político» de todas las formaciones «más allá de las estrictamente estatales».