El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) han lanzado el proceso de participación pública del borrador del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS). El periodo de información pública estará abierto hasta el 26 de mayo.

La elaboración del PAEAS tiene como objetivo definir las líneas estratégicas de la educación ambiental y sostenible (EAS) en España para los próximos cinco años, ofreciendo un marco de trabajo consensuado a partir del cual reforzar, con herramientas de influencia social y cultural --comunicación, educación, capacitación y participación-- aquellas políticas que deben hacer frente a los desafíos climáticos y ambientales.

Con la elaboración del PAEAS se busca definir un marco de trabajo participado en el que, partiendo del diagnóstico de la situación actual de la educación ambiental en España, se identifiquen los ámbitos estratégicos de actuación, así como los objetivos, principales medidas y acciones concretas a desarrollar por los diferentes sectores y agentes implicados.

El primer paso para abordar este trabajo de elaboración del PAEAS ha consistido en el desarrollo de un proceso de consulta y participación de más de 300 personas expertas en educación ambiental y profesionales de una serie de sectores que mantienen un estrecho vínculo con la educación ambiental en España. El documento base recoge las visiones e ideas de estos expertos.

En esta primera fase, que se desarrolló desde finales de 2019 hasta el otoño de 2020, se definió un trabajo organizado sectorialmente, tomando como base el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, publicado hace 20 años, durante los cuales los nuevos retos en materia de sostenibilidad han hecho patente la necesidad de coordinar nuevas iniciativas en el ámbito de la educación ambiental para la sostenibilidad, en un contexto en el que la demanda de conocimiento ambiental por parte de la ciudadanía ha aumentado.

Así, se ha definido un trabajo organizado a partir de diez ámbitos de la educación ambiental para la sostenibilidad en España. En este sentido, se recogieron las líneas de acción prioritarias en cada uno de los sectores, incorporando al PAEAS una visión multisectorial y amplia de la educación ambiental que se plantea para hacer frente a la crisis ambiental y a los retos para la sostenibilidad en los próximos años.

Concluida esta fase y partiendo de ese trabajo de participación, un Grupo de Trabajo constituido por ambos Ministerios ha trabajado en la redacción del borrador del Plan.

IMPULSAR UN CAMBIO QUE RESPONDA A LOS RETOS AMBIENTALES

El presente Plan de Acción establece un marco de trabajo consensuado en el que se proponen seis ejes operativos y 61 acciones clave a desarrollar por parte de la Administración General del Estado, distintos organismos del sector público, comunidades autónomas, entidades locales y la iniciativa privada en materia de EAS, en un periodo de 5 años desde su aprobación, así como orientaciones de trabajo y propuestas de acción para otros sectores y agentes implicados.

Los ejes que vertebran el PAEAS consisten en lograr que las políticas públicas incorporen la EAS, mejorar los programas y actividades de la EAS e integrar la sostenibilidad en el sistema educativo y formativo.

Otros ejes serían profesionalizar y consolidar la EAS, impulsar los escenarios y espacios de intervención y poner en marcha procesos de participación, comunicación, divulgación y acción ciudadana.

El objetivo final del Plan es impulsar un cambio cultural y sistémico que permita responder adecuadamente a los retos socioambientales contemporáneos de forma coordinada, participada y con corresponsabilidad institucional y social, acelerando la transición ecológica.

La Comunitat Valenciana suma 173 contagios y cuatro fallecidos desde la última actualización y actualmente tiene 143 personas ingresadas por el virus, cinco menos en un día y 36 de ellas en UCI. Se rompe así la tendencia de este miércoles, por primera vez sin notificar ningún deceso desde el 17 de agosto.

Entre los cuatro muertos, dos corresponden a la última semana, otro al pasado mes de marzo y el último a noviembre de 2020. El número de defunciones desde que comenzó la pandemia asciende a 7.415: 803 en la provincia de Castellón, 2.828 en Alicante y 3.784 en Valencia, según el recuento de la Conselleria de Sanidad.

Los 173 nuevos casos, confirmados por PCR o antígenos, sitúan la cifra global de positivos en 393.079. Por provincias, 33 en Castellón (40.679 en total), 54 en Alicante (147.307) y 86 en Valencia, (205.091). El número total de casos no asignados se mantiene en 2.

Los hospitales valencianos tienen 143 ingresados: 25 en la provincia de Castellón (2 en UCI); 38 en Alicante (11 en UCI) y 80 en en Valencia (23 en UCI). A pesar de la bajada de ingresos, hay dos personas más en camas de críticos que este miércoles.

Desde la última actualización se han registrado 152 altas a pacientes con el virus, con lo que ya hay 395.684 personas que han superado la enfermedad en la Comunitat. Por provincias, las altas se reparten entre 41.206 en Castellón, 147.785 en Alicante y 206.636 en Valencia. El total de no asignadas asciende a 57.

Con todos estos datos, actualmente solo hay 1.452 casos activos en la Comunitat Valenciana, lo que supone un 0,36% del total de positivos.

Entre los brotes registrados, Sanidad informa que solo uno es superior a los diez casos. Se trata de uno de origen de ámbito educativo en Elche (Alicante) con 11 contagiados.

776.287 PERSONAS CON LA PAUTA COMPLETA

En cuanto a la vacunación, la Comunitat lleva administradas un total de 2.383.124 dosis: 276.266 en Castellón, 877.960 en Alicante y 1.228.898 en Valencia.

Hasta 776.287 personas ya han recibido la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca y la monodosis de Janssen) .

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Castellón solicita 12 años de prisión para el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra en la causa abierta por supuestamente ocultar su patrimonio para impedir la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales, al que acusa de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y delito continuado de cohecho.

Además, el ministerio público pide para el exdirigente del PP multas que suman más de 3 millones de euros, así como la suspensión para empleo o cargo público por 3 años.

Así mismo, el fiscal considera cooperadores necesarios del delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución a la mujer de Carlos Fabra, María Desamparados Fernández; a dos de sus hijos -Borja y Claudia-; a su yerno Fernando Castro; a su testaferro Alejandro Lorca; y a los empresarios Fernando Roig Alfonso -presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF-, Miguel Pérez Ferrer y Fernando Roig Negueroles, para los que solicita entre 3 años y diez meses y 6 años de prisión.

Del delito de blanqueo de capitales, la Fiscalía considera también responsables a María Desamparados Fernández, Borja Fabra, Claudia Fabra, Fernando Castro y Alejandro Lorca, por cuyo delito les pide entre 3 y 5 años de prisión.

Finalmente, el ministerio público demanda 9 meses de prisión por el delito de cohecho para Fernando Roig Alfonso, Miguel Pérez, Fernando Roig Negueroles y Enrique Gimeno.

Así mismo, el fiscal se dirige contra las sociedades CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, LIRINLOR SL, MIGUMI SL, PORTOVAN SL por el delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución cometido por persona jurídica, para las que solicita multas de entre 72.000 y 216.000 euros.

Las cuatro primeras sociedades también están acusadas del delito de blanqueo de capitales, por el que el ministerio público demanda una multa de 72.000 euros a cada una, mientras que acusa a MIGUMI SL, PORTOVAN Y Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA) del delito de cohecho, por el que pide multas de entre 36.000 y 72.000 euros.

Además, el fiscal demanda que los acusados Carlos Fabra, María Desamparados Fernández, Claudia Fabra, Borja Fabra, Fernando Castro, Alejandro Lorca, Fernando Roig Alfonso, Miguel Pérez Ferrer, Fernando Roig Negueroles y CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, LIRINLOR SL, MIGUMI SL y PORTOVAN indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con 1.031.457,14 euros, cantidad que resultó pendiente de pago por parte de Carlos Fabra tras ser condenado por cuatro delitos fiscales.

El fiscal indica en su escrito de acusación que, con el fin de ocultar su patrimonio ante la Administración Tributaria y la Administración de Justicia, Carlos Fabra urdió y utilizó una amplia trama económica, financiera y contable, contando para ello con la ayuda directa y habitual de su esposa, María Desamparados Fernández, de sus hijos Claudia y Borja, de su yerno Fernando Castro, y de terceras personas como Alejandro Lorca.

Así mismo, indica que se hizo uso de sociedades pantalla como CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, y LIRINLOR SL; y que, de manera no habitual, cooperaron Fernando Roig Alfonso y Fernando Roig Negeroles a través de la sociedad NEROFER SL, sociedad extinguida por absorción por PORTOVAN SL, así como Miguel Pérez Ferrer a través de la sociedad MIGUMI SL.

El ministerio público señala que la aparente situación de penuria económica en la que aparece Carlos Fabra es "notablemente discorde" con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 consta haber utilizado por un montante total de 2.696.994,73 euros y con la intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26.000.000 euros que, a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, han impedido satisfacerla deuda pendiente de ejecución.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 75 casos positivos de Covid-19 confirmados, lo cual supone un descenso frente a los 84 notificados en la jornada anterior.

Este jueves no se ha dado cuenta de ningún fallecimiento en la comunidad por el coronavirus, por lo que el total de víctimas desde el inicio de la pandemia se mantiene en 1.762.

En los hospitales extremeños hay ingresadas 42 personas, tres menos que el día anterior, de los cuáles 14 se encuentran en las UCI, dos más. Asimismo, se han dado 80 altas, lo que equivale a un total de 73.722 desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a la incidencia acumulada, se sitúa en 80,36 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, y en 41,87 a los siete, frente a los 78,67 y 40,37, respectivamente, de este pasado miércoles.

En cuanto a los brotes, se notifican seis nuevos, dos de ellos en Jerez de los Caballeros, con cuatro casos y 13 contactos; y 11 casos y 44 contactos, respectivamente; unos en Monterrubio de la Serena, con cuatro casos y 11 contactos; otro en Don Benito, con cuatro casos y 7 contactos; otro en Arroyo de San Serván, con 11 casos y 100 contactos; y uno más en Losar de la Vera, con seis casos y 21 contactos.

Asimismo, se cierran otros dos, uno en Bodonal de la Sierra y otro en Almendralejo.

ÁREAS DE SALUD

En cuanto a la distribución de casos por áreas de salud, la de Badajoz notifica 33 positivos. Tiene 8 pacientes hospitalizados, 3 de ellos en UCI. Registra 310 fallecidos y ha dado 20.683 altas; mientras Cáceres registra dos positivos. Tiene 7 pacientes ingresados, cinco de ellos en UCI. Acumula 470 fallecidos y ha dado 13.129 altas.

A su vez, Mérida registra 13 casos confirmados. Tiene 10 pacientes hospitalizados por COVID-19, uno de ellos en UCI. Acumula 236 fallecidos y ha dado 13.238 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena notifica ocho positivos. Hay dos pacientes hospitalizados, uno en UCI. Acumula 237 víctimas mortales y ha dado 9.633 altas.

Por su parte, el área Plasencia registra siete casos positivos. Tiene nueve pacientes hospitalizados, cuatro de ellos en UCI. Ha registrado un total de 198 fallecidos y ha dado 5.728 altas; y Navalmoral de la Mata notifica cinco casos positivos. No tiene pacientes ingresados por COVID-19 y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.450 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra siete casos positivos. Tiene seis pacientes ingresados. Ha registrado un total de 122 fallecidos y ha dado 5.625 altas; y Coria no registra casos positivos ni tiene pacientes hospitalizados por COVID-19. Registra un total de 81 personas fallecidas y se han dado 2.236 altas.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA pedirán "con carácter inmediato" la dimisión de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a no ser que se eche atrás en su decisión "sorprendente" de publicar este jueves el proyecto de orden ministerial que pondrá fin a la caza del lobo a más tardar el 25 de septiembre que supone "liquidar el marco de negociación abierto para buscar consenso".

Las entidades critican la decisión de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre) que equipara la gestión de la especie en el conjunto de España y que supone en la práctica que el lobo ya no es considerado especie cinegética tampoco al norte del Duero.

Por ello, exigen la retirada del proyecto de orden ministerial o, de lo contrario, amenazan con movilizarse y exigir la dimisión de Ribera porque, a su juicio, "incumple de forma unilateral" lo expuesto a las organizaciones agrarias en la reunión del pasado 12 de mayo.

En ella, según ASAJA, COAG y UPA, aseguran que el director de Biodiversidad del MITECO afirmó que se vincularía la aprobación de esta orden a una estrategia integral de gestión y control del lobo consensuada previamente con ganaderos y las comunidades autónomas.

Asimismo, consideran que tras este movimiento subyace la "verdadera intención" de Transición Ecológica de "primar" la expansión del lobo mientras ignora las "consecuencias" que esto supondrá para la ganadería extensiva y las zonas rurales más afectadas.

En este contexto insisten en que incluir el lobo en el LESPRE "solo puede ser el resultado o conclusión" a partir de la elaboración de una Estrategia de Conservación del lobo y una normativa que de seguridad jurídica.

Además, acusan al MITECO de "contradicción" si sigue adelante y publica la orden ministerial porque opinan que "no es posible abordar de forma efectiva una Estrategia de Conservación del lobo si no hay una visión integral de la situación".

En ese sentido, exponen que ven "necesario" que después de haber consensuado la Estrategia se adopten las "medidas necesarias" para clasificar al lobo en la categoría que sea más adecuada para su conservación pero sin menoscabar ni poner en peligro a la actividad ganadera.

En definitiva, quieren que antes de emprender acciones para la expansión y el aumento del número de lobos se analice el número actual de manadas y ejemplares que existen para después debatir las medidas más adecuadas que permitan la coexistencia del lobo con la ganadería.

El Gobierno propone la creación de una nueva prestación por crianza de hijos menores de 18 años, que, en un primer momento, se dirija a familias en situación de riesgo de pobreza que no cumplen los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), y después se amplíe después al resto de familias del país.

Así lo pone de manifiesto el documento 'España 2050' presentado este jueves 20 de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que "si no se hacen reformas de calado ni se apuesta por políticas redistributivas más ambiciosas, la desigualdad en España podría estancarse en los niveles actuales o incluso aumentar de aquí a 2050".

Según indica el documento "por su diseño", el Ingreso Mínimo Vital "tendrá un limitado efecto redistributivo, aunque sí será clave en la reducción de la pobreza extrema". Por ello, se propone crear una nueva prestación por crianza de hijos menores de 18 años, así como reformar las prestaciones familiares.

En este sentido, detalla que las políticas de soporte económico de los hogares con hijos e hijas a cargo se concentran, básicamente, en el tratamiento que hace el IRPF de la institución familiar, y destaca que "estas no tienen efecto sobre los hogares con menores y rentas más bajas, que son protegidos de manera claramente insuficiente".

"En concreto, aquellas personas y familias que no presentan declaración del IRPF porque no obtienen rentas no pueden beneficiarse del ahorro fiscal correspondiente a las cargas por descendientes", apunta.

En el medio y largo plazo, el Ejecutivo cree que se debería cambiar el tratamiento fiscal de las cargas por descendientes para que, como ocurre con la deducción por maternidad, pudieran ser devueltas al contribuyente en el caso de aquellos hogares que no tienen obligación de tributar, pero cuyos ingresos anuales están por encima del umbral del IMV.

Entre los objetivos definidos en el documento, de casi 700 páginas, también se propone reducir la desigualdad de la renta hasta converger con la media actual de la UE-27 en el medio plazo y la de los países de la UE-8 en 2050.

MENOS PERSONAS EN RIESGO DE POBREZA EN 2050

El Gobierno fija también como objetivo reducir la proporción de personas que viven en riesgo de pobreza en España del 22% actual al 18% en 2030, para llegar a un 10% en 2050 dentro de la estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social.

Asimismo, el Ejecutivo apuesta por minimizar el peso que tiene el origen social del alumnado en el rendimiento escolar hasta alcanzar la media de la Unión Europea (UE) en 2030 y converger con la UE-8 antes de mediados de siglo.

En este contexto, considera que habrá que aumentar progresivamente la recaudación del sistema fiscal, pasando del 37% del PIB actual al 43% en 2050, al tiempo que se incrementa el gasto público en protección social hasta converger con la media de la UE-8 y disminuye el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países de la UE-8 de aquí a 2050.

En el capítulo dedicado a reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social, el Gobierno sostiene que, "desde principios de siglo, se detecta un peor funcionamiento" del ascensor social. "En España, nacer en familias de bajos ingresos condiciona las oportunidades de educación y desarrollo profesional en mayor medida que en otros países europeos", añade.

De esta forma, prevé que, "sin mejoras de productividad y empleo, y cambios en el sistema educativo, la desigualdad seguirá aumentando en el futuro, agravada por tendencias como el envejecimiento demográfico o la transformación tecnológica".

Para evitarlo, según detalla el Gobierno, España deberá "cambiar su patrón de crecimiento, reactivar su ascensor social, abordar el problema de la vivienda, y acometer una reforma fiscal paulatina pero profunda que dote de mayor capacidad recaudatoria y progresividad al sistema y permita reforzar las redes de protección social", entre otras cosas.

"Hoy, nuestro país presenta una movilidad social intergeneracional baja y mal distribuida, que afecta sobre todo a las comunidades autónomas menos ricas y a los jóvenes que provienen de los hogares más pobres", insiste el Ejecutivo, que defiende que la educación y la recualificación de la fuerza trabajadora "deben erigirse como las principales palancas que reactiven el ascensor social y brinden más y mejores oportunidades económicas y laborales" al conjunto de la población.

Canarias ha repuntado hasta 179 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 55.183, mientras que suma una muerte que eleva a 763 los óbitos en el archipiélago desde el inicio de la pandemia, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

En cuanto al fallecimientos es una mujer, de 69 años, en la isla de Tenerife, y en su caso estaba asociada a un brote familiar, por lo que permanecía ingresada en el hospital y padecía patologías previas.

Respecto a los casos activos actualmente hay 2.000 (-133), de los que 47 están ingresados en UCI (-2), 230 están hospitalizados (-4) y 1.723 se encuentran en su domicilio (-127). Además 52.420 personas han superado la enfermedad hasta el momento tras recibir el alta 311 canarios.

Por su parte, la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 40,12 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en los 80,52 casos por 100.000 habitantes. Hasta hoy se han realizado un total de 1.107.573 pruebas PCR en las islas, de las que 58.445 han sido positivas, lo que representa el 5,28 por ciento del total.

Por islas, Tenerife suma 97 nuevos contagios y acumula 24.077 casos acumulados, de los que 1.196 casos están activos epidemiológicamente (-120), 422 han fallecido (+1) y 22.459 han superado la enfermedad; mientras que Gran Canaria cuenta con 22.337 casos acumulados (+48), de los que 519 son activos (-17), 268 han muerto y 21.550 recibieron el alta médica.

Lanzarote, por su parte, acumula 5.319 casos (+20), de los que 234 están activos epidemiológicamente (-5), 48 han fallecido y 5.037 superaron el virus; Fuerteventura acumula 2.291 (+5), de los que 27 son activos (+3), 13 han muerto y 2.251 recibieron el alta médica.

Asimismo, La Palma suma nueve casos y acumula 554, de los que 17 son casos activos (+9), siete han muerto y 530 superaron la enfermedad; El Hierro se mantiene con un acumulado de 371 casos, de los que cinco están activos (-3), cuatro han fallecido y 362 recibieron el alta médica.

Finalmente, La Gomera se mantiene que 233 casos acumulados, de los que dos están activos, una persona ha muerto y 230 han recibido el alta médica.

Castilla y León suma 252 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 232.969, al tiempo que registra una nueva víctima mortal, así como un total de 29.891 altas médicas, de ellas 32 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas hoy registran un nuevo fallecimiento en hospitales, con lo que eleva la cifra de defunciones en estos centros hasta 5.742.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 315 --tres más que en la jornada anterior-- y los casos positivos a ellos vinculados, 1.685 --84 menos--. De ellos, Ávila contabiliza 19 brotes --uno más--; Burgos, 55 --tres menos--; León, 58 --uno menos--; Palencia, 21 --los mismos--; Salamanca contabiliza 38, dos más; Segovia, 33 --dos menos--; Soria, diez --uno más--; Valladolid suma 56, cinco más, y Zamora 25, los mismos que el día anterior.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 232.969 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 252 en la última jornada. De ese total, 226.169 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

BURGOS, A LA CABEZA CON 59 NUEVOS CASOS

Por provincias, Burgos es la que más positivos ha notificado en esta jornada, con 59 nuevos casos para sumar 36.047; le sigue Valladolid, con 54 nuevos y 51.368 en total; León, con 42 y 40.532 totales; Salamanca, con 28 y 32.254 globales; Segovia, con 21 y 17.509 en total; Palencia, con 15 y 19.214; Zamora, con 13 nuevos y 13.473 en total; Ávila y Soria, en ambas con diez nuevos para 12.708 y 9.865, respectivamente.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 5.742, uno más, ocurrido en la provincia de Ávila. Así, la provincia vallisoletana es la que suma más muertes, con 1.168; seguida por León, con 1.151; Salamanca, que tiene 837; Burgos, 708; Palencia, 447; Zamora, con 432; Segovia, con 369; Ávila, con 342, y Soria, con 288.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 29.891, de las que se han computado 7.278 en Valladolid; 5.166 en León; en Salamanca, 4.105; en Burgos, 4.136; en Palencia, 2.255; en Zamora, 1.954; en Segovia, 1.914; en Ávila, 1.767, y en Soria, 1.316.

HOSPITALIZACIONES

En cuanto a las hospitalizaciones, a día de hoy hay un total de 294 hospitalizados, ocho menos que ayer. De estos pacientes, 183 se encuentran en planta --siete menos menos que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se sitúan en 111, uno menos.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y suponen un 34 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, dos puntos menos con respecto a la jornada anterior.

Así, se informa de 20 ingresados en el Complejo Asistencial de Burgos; 18 en el Complejo Asistencial Universitario de León; doce en el Clínico de Valladolid; once en el Río Hortega de la misma ciudad; diez en el complejo asistencial de Palencia; nueve en el Hospital de El Bierzo; ocho en el complejo de Salamanca; siete en los de Ávila y Segovia; cinco en el de Soria y cuatro en el de Zamora.

La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Salamanca ha dado por desarticulado el grupo criminal, asentado en Salamanca, que falsificaba documentación para personas que llegaban ilegalmente a España desde Marruecos y que utilizaban las gestiones de esta red para obtener documentación falsa con la que acceder a permisos legales y a solicitudes de ayuda.

Según fuentes de la Comisaría Provincial, la 'Operación ABG' contra el fraude, la falsedad documental y la inmigración ilegal se ha dado por finalizada tras localizar y detener a un ciudadano, de origen marroquí, que era el encargado de captar a ciudadanos de su país y ponerles en contacto con el clan salmantino, quien ha supuesto que el número de detenidos haya llegado a 15 desde que se iniciara la investigación.

Los agentes comenzaron a investigar el caso hace 16 meses en Salamanca, a inicios de 2020, cuando tuvieron conocimiento de "una red dedicada a favorecer la inmigración ilegal", con una estructura asentada en Salamanca y cuya actividad se dirigía a promover el tráfico ilegal de ciudadanos marroquíes.

Según la Policía Nacional, "en muchas ocasiones" los ciudadanos extranjeros, no tenían intención de residir en España y, "después de conseguir, por ejemplo, ayudas económicas", regresaban a sus países de origen, desde donde seguían siendo beneficiarios si no se detectaba que estaban cometiendo fraude.

MODUS OPERANDI

El 'modus operandi' consistía en elaborar contratos, facturas de suministro de luz y agua falsos que se utilizaban para que un ciudadano extranjero se inscribiese en el Padrón Municipal y posteriormente, tratar de obtener certificados de empadronamiento que se presentaban en la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, para solicitar autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar, como hijos de padre o madre españoles de origen, y posteriormente "empezar a recibir ayudas de todo tipo", ha explicado la Comisaría Provincial.

Asimismo, la red confeccionaba documentos falsos para que los implicados "consiguieran certificados de empadronamiento que posteriormente presentaban en sus solicitudes de diferentes ayudas".

OPERACIÓN

La investigación policial comenzó con la colaboración de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, que detectó "un número inusual" de trámites administrativos en relación a ciudadanos marroquíes, que además tenían en común que presentaban certificados de empadronamiento en viviendas de "una misma finca urbana".

Tras las "complejas investigaciones", debido a la cantidad de documentos a analizar, la Policía Nacional consiguió identificar a todos los miembros del grupo criminal.

Por ello, en la mañana del día 20 de enero de 2021, comenzó con el operativo de desarticulación, con un dispositivo de localización y detención coordinada, que ha culminado este miércoles, 19 de mayo, con la localización y detención del último miembro del grupo criminal, encargado de captar a interesados en obtener el certificado de empadronamiento y ponerlos en contacto con el clan asentado en Salamanca.

"Se ha llegado tarde como poderes públicos". Con esta frase, la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconocía este miércoles su "especial preocupación" por los últimos asesinatos por violencia de género confirmados esta semana y que, en apenas unos días, sumaban a las estadísticas cuatro mujeres y un menor asesinados y cinco huérfanos por esta lacra.

El último caso confirmado por Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, ha sido en la madrugada de este jueves, la víctima, una mujer de 48 años, no tenía hijos menores con su presunto agresor y tampoco había interpuesto denuncias contra él por maltrato.

Se alcanza así la cifra de 13 mujeres asesinadas por esta lacra en lo que va de 2021, 1.091 en el contador histórico que se realiza desde 2003.

Esta mujer de Asturias es la cuarta asesinada en esta semana. Antes que ella, el 17 de mayo, eran asesinadas dos mujeres y un niño. La primera víctima tenía 52 años y residía en la provincia de Tarragona, tampoco tenía hijos en común con su agresor ni había denuncias interpuestas contra él por violencia de género.

Sí había denuncias, dos, en el caso de la segunda mujer asesinada. De 28 años y residente en Baleares, fue presuntamente asfixiada por su pareja, que fue detenido tras ponerse en contacto con la Guardia Civil para entregarse. Su presunto agresor también asesinó a su hijo de 7 años.

Un día después, el 18 de mayo, se producía el asesinato de una mujer de 42 años en la provincia de Barcelona. Su presunto agresor ha dejado dos huérfanos menores de edad.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Tanto el menor asesinado en Baleares, como estos dos niños de Barcelona se suman también a las estadísticas registradas por el Ministerio de Igualdad. La víctima mortal es la segunda de este año, tras el asesinato de otra menor de 11 años el pasado marzo; la número 39 desde que se tienen datos de menores asesinados por violencia de género, en 2013. Los huérfanos se elevan a 307 en el histórico.

Ante estas cifras, Montero ha llamado a "reflexionar" y a "evaluar" en qué ha fallado y en qué es necesario "mejorar" para "poder ofrecer asistencia y protección integral inmediata a todas las mujeres". En ese sentido se ha comprometido a revisar los protocolos y las herramientas.

La titular de Igualdad ya mostraba su preocupación la semana pasada cuando, en rueda de prensa en la Moncloa, aseguraba que su departamento había "fallado" después de que una mujer fuera asesinada en Sagunto (Valencia) dos días después de acudir al Ayuntamiento a pedir ayuda.

El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este jueves un referéndum de autodeterminación en Cataluña para que la ciudadanía pueda decidir si quiere seguir formando parte de España, tal como se hizo en Escocia en 2014, a través de un referéndum pactado: "Es mi obsesión".

"Quiero hacer como Escocia y me gustaría que el Estado español supiera hacer como el Reino Unido en 2014. Ni más ni menos. Hacer posible un referéndum y trabajar desde el primer día para ganarlo", ha dicho Aragonès en su discurso de investidura.

Ha insistido en que sería de un referéndum en el que cada parte podría defender su posición: "Que dejen de tener miedo a las urnas y expliquen por qué debemos optar a quedarnos en el Estado español. Que nos expliquen qué propuesta tienen para nuestro país. Que se atrevan a ganar un referéndum, pero que también acepten perderlo".

También ha dicho que es la mejor opción para confrontar proyectos, propuestas e ideas sin que nadie tenga miedo a perder: "Se llama democracia y es la mejor manera que tenemos para resolver los conflictos políticos inherentes en toda sociedad".

IMPULSAR UN ACUERDO CATALÁN

Aragonès se ha referido al independentismo como un espacio plural y diverso: "Ha costado mucho. Pero con el Acuerdo de Consenso por la República catalana empezamos a tener un diagnóstico compartido de dónde estamos y qué debemos hacer a partir de ahora".

Así, ha prometido impulsar un "Acuerdo Nacional por la Autodeterminación y la Amnistía para hacer evidente la amplísima mayoría social que sabe que la resolución del conflicto con el Estado pasa por la libertad de los presos y exiliados y el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación".

CULMINAR LA INDEPENDENCIA

Aragonès ha asegurado que quiere ser presidente de la Generalitat para "culminar la independencia de Cataluña" y gobernar para toda la ciudadanía.

"Si una cosa tengo clara, si para mí una cosa es del todo innegociable, es que todos aquellos que hoy rechazan la República catalana deben saber que la República catalana nunca les rechazará a ellos", ha añadido.

La petición del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, socio con Compromís del ejecutivo local, de dedicar una calle a Largo Caballero ha abierto una nueva diferencia en este gobierno y ha provocado este jueves cruce de críticas entre sus integrantes. Mientras Compromís dice que la tramitación está iniciada pero que no hay vías con suficiente entidad para el que fue miembro del Partido Socialista y jefe de gobierno en la II República, PSPV acusa a sus socio de "mentir deliberadamente".

Esta disparidad se ha mostrado en la Comisión de Cultura de esta jornada, en la que los socialistas han planteado por urgencia una moción para asignar una calle a Largo Caballero. La urgencia la ha rechazado Compromís y los tres grupos de la oposición: PP, Cs y Vox.

Compromís ha señalado que el consistorio, "a través de la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales (Compromís)", inició en "octubre la tramitación" para dar ese nombre a una calle, por lo que ha apuntado que "la moción de urgencia con la que ha sorprendido a todos" el PSPV "no ha lugar" y ha expuesto que así se lo "ha hecho ver el resto de la corporación municipal".

Compromís ha estimado "tan increíble como difícil de entender que se use esta circunstancia para acusar" a esta coalición "de estar en contra de dar una calle a Largo Caballero" y ha destacado que las calles que planteó el servicio de planimetría (PSOE) se han visto "por parte de Patrimonio y Recursos Culturales sin la suficiente entidad para otorgarlas" a este político y sindicalista.

"Por ese motivo, se ha decidido esperar a una serie de nuevas calles que estarán disponibles en breve en nuevas zonas de expansión de la ciudad" y así "homenajear a Largo Caballero con una calle como la que él merece", ha añadido este grupo municipal.

El PSPV ha expuesto que hizo su propuesta en octubre "a través de la vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez", que "pidió en el Debate del Estado de la Ciudad que el Ayuntamiento iniciara los trámites para darle una calle tras los hechos protagonizados por la ultra derecha en Madrid en contra de la memoria de Largo Caballero e Indelancio Prieto".

Los socialistas han añadido que "Compromís rechazó por nota interior" esa idea "aduciendo que no había calles disponibles" y ha censurado que "no se ha dado ningún paso" para "dar cabida a Largo Caballero o Prieto" aunque desde Patrimonio "se han ido realizando desde octubre otros anuncios o cambios de calles como Vicente Guillot Illo o Semana Santa Marinera" que el PSPV "a apoyado".

Esta formación ha explicado que a partir de "las continuas noticias de cambios de nombres de calles desde octubre y tras el homenaje" dado "en el congreso de UGT ayer a Largo Caballero", frente a "recientes ataques de la ultraderecha a su memoria", ha decidido repetir su petición en la Comisión de Cultura, también porque este mes se cumplen años de su salida como presidente de la Republica.

"Hoy el Ayuntamiento tenía de nuevo la oportunidad de dar respuesta a la ola de ciudades gobernadas por la derecha donde se está borrando el nombre de dirigentes como Largo Caballero y demostrar que València es una ciudad abierta, acogedora, plural y diversa" que "pone en valor a personajes ilustres que lucharon por los derechos sociales y laborales", ha manifestado el PSPV.

"NOS HA SORPRENDIDO"

"Nos ha sorprendido que Compromís haya decidido no votar a favor de nuestra propuesta sin dar una explicación o razón", han añadido los socialistas, que ha lamentado que se diga que se apuntan calles "sin suficiente entidad". "Tal afirmación es absolutamente falsa. Se hace la solicitud pero respetando las competencias de Patrimonio. Se deja a su criterio hacer la propuesta concreta" de calle, ha matizado el PSPV, que espera que su socio rectifique cuando presente de nuevo su idea.

Desde la oposición, el PP ha criticado que el ejecutivo local sigue "politizando la ciudad" y ha señalado que no entiende la urgencia de la moción socialista "cuando siguen pendientes la calle a Miguel Ángel Blanco, aprobado hace dos años en pleno; el reconocimiento al arquitecto Guastamino en la plaza de la Reina o Javier Goerlich".

"Si primero fue Compromís dedicando la plaza del Ayuntamiento al 15-M, ahora es el PSOE quien quiere dar nombre de un socialista a una de las calles de la ciudad. Con el enfrentamiento hoy de Compromís y PSOE en la comisión de Cultura dejan bien claro que utilizan el Ayuntamiento para politizar las calles y plazas, en un intento por ideologizar a los vecinos de València", han declarado los 'populares'.

El PP ha rechazado que gobernar sea "tomar las calles de la ciudad con sus consignas y su politiqueo", ha pedido acabar con el "sectarismo" y ha destacado que "la ciudad es de todos". "Al PP no le parece serio ni dedicar una calle por urgencia a Largo Caballero ni la principal plaza de la ciudad al movimiento del 15-M", ha indicado la portavoz 'popular' María José Catalá.

"CON RENCOR"

El portavoz de Cs, Fernando Giner, ha opinado que el callejero de València "debería estar consensuado y alejado de cualquier intención política" y ha dicho que "la nueva polémica entre Compromís y PSPV nada tiene que ver con una calle" sino que es "el ajuste de cuentas que Compromís le hace al PSOE por el monolito al 15-M". "Compromís, incapaz de dialogar, se la guarda con rencor cada vez que se le dice que actúa de forma sectaria", ha apuntado. Ha lamentado que los "perjudicados" sean "los valencianos".

El portavoz de Vox, Pepe Gosálbez, ha asegurado que se ha visto la "ruptura" en el equipo de gobierno. "PSPV ha pretendido devolverle a Compromís la jugada con el monolito del 15-M. Ha presentado, sin avisar a sus socios y por la puerta de atrás, una moción por urgencia en la que están de acuerdo en el fondo, pero no en la forma", ha indicado, además de censurar que no se piense "en los valencianos y en la degradación institucional".

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves que alcanzar un acuerdo con Junts no ha sido fácil, pero que es un buen acuerdo: "Nos asegura un Govern fuerte, cohesionado y con todas las energías renovadas".

"Hemos invertido mucho tiempo en un contexto en el que la crisis exigía un acuerdo rápido. Por eso quiero agradecer la paciencia de una ciudadanía agotada, con la que tenemos el deber de recuperar la confianza", ha añadido en el debate de su investidura en el pleno del Parlament.

Aragonès ha subrayado que pretenden con este acuerdo "poner en marcha de forma inmediata la Generalitat republicana", y ha remarcado que se debe trabajar buscando las formas de superar las diferencias y construir consensos.

El dirigente republicano ha asegurado presentarse a la investidura con la seguridad de contar con la complicidad de la mayoría de diputados progresistas e independentistas: "Por primera vez en lo que llevamos de siglo, Cataluña tendrá un presidente independentista y a la vez de izquierdas".

OTROS APOYOS

Así, ha prometido gobernar dando respuesta a la mayoría de progreso del Parlament y a la "mayoría a favor de la amnistía y la autodeterminación", y gobernar teniendo en cuenta estas mayorías pero siempre con la mano tendida a aquellos con los que se deberán entender y con los que comparte ideas y voluntad transformadora, ha dicho.

"Por eso, más allá de la complicidad de Junts y la CUP, pido el apoyo de todos aquellos con los que compartimos la misma idea de progreso y compromiso con la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados y el derecho a la autodeterminación", ha pedido en referencia implícita a los comuns.

Aragonès ha destacado que los republicanos les han dado confianza en otras ocasiones, "asumiendo costes y riesgos, pero siempre con la voluntad de no frenar los cambios", por lo que ha pedido que ahora hagan lo mismo.

"Si tiene la voluntad de ayudarnos a hacer avanzar el país, hoy tienen la oportunidad de demostrarlo no oponiéndose a mi investidura", y ha pedido que le ayuden a hacer posible una transformación social, verde, democrática y feminista.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) recomendará a los alrededor de 93.000 gallegos menores de 60 años --de los cuales unos 60.000 pertenecen a colectivos esenciales-- que elijan la segunda vacuna de Astrazeneca para completar la pauta de inmunización. Sin embargo, Galicia no tiene asegurado el suministro para todas las personas que, de forma voluntaria, quieran el fármaco británico. Habrá que firmar un consentimiento informado, sea cual sea la vacuna elegida para la segunda dosis.

Para conocer la disponibilidad de vacunas que tendrá Galicia, el Sergas ha solicitado al Ministerio de Sanidad que se aclare cuál es la llegada de dosis prevista a corto plazo.

Como no se esperan vacunas de la británica en próximas semanas (el suministro ha caído a unas dosis 90.000 semanales --ninguna de Astrazeneca-- y hasta principios de junio no volverán a recibirse unas 150.000, fundamentalmente de Pziter), la "prioridad" del Sergas será la de completar las dos dosis de Astrazeneca para el colectivo de entre 60 y 69 años (entre los que se encuentran los de 59 años que cumplen 60 este año).

Esto se debe a que para este grupo de edad, la estrategia nacional de vacunación --actualizada en seis ocasiones-- mantiene la pauta con Astrazeneca, aunque recientemente se autorizó Pfizer para los mayores de 65 años también.

ENVIARÁ UNA COMUNICACIÓN Y PEDIRÁ CONSENTIMIENTO

De esta manera, solo en el caso de que haya suministro suficiente para todas las personas que recibieron la primera dosis, Galicia también administrará la segunda de Astrazeneca a los menores de 60 años que así lo quieran. Para conocer cuál es la voluntad de los ciudadanos, el Sergas enviará una comunicación por teléfono móvil que deberá ser respondida por los vacunados (si quieren recibir o no la segunda dosis de Astrazeneca).

En el caso de que pidan recibir el mismo fármaco, se les pondrá si hay disponibilidad. Al ser preguntado al respecto de que no haya suministro, Feijóo ha indicado que todavía hay tiempo hasta el 10 o 12 de junio --cuando espera empezar el proceso-- para conocer la posibilidad de remesas que lleguen a España y Galicia, sumado a que hay expertos que indican que puede retrasarse la segunda dosis hasta "21 semanas" desde la primera, por lo que se estaría en plazo.

Es decir, si una persona solicita Astrazeneca y no hay, se esperaría entre las 12 y las 16 semanas que recoge la ficha técnica. Si se llega a ese tope, se volvería a consultar al ciudadano, pero teniendo también en cuenta que se habla de poder retrasarla hasta la semana 21. "No me gustaría a mí improvisar porque ya hay bastante improvisación", ha expresado Feijóo, para rechazar se más concreto en este momento en el que todavía se desconocen las dosis que podría recibir Galicia.

Dicho esto, Feijóo ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad", puesto que tienen el "convencimiento" --científico-- de que tanto Astrazeneca como las otras vacunas tienen un riesgo "absolutamente infinitesimal".

El mandatario autonómico ha reconocido que "entre las autoridades del Ministerio y las comunidades autónomas" se ha "montado un lío" sobre la situación en la que han quedado las personas vacunadas con una primera dosis de Astrazeneca.

Por ello, Feijóo ha pedido "disculpas" a la ciudadanía. "Esto no lo ha generado la ciudadanía, lo han generado las autoridades sanitarias españolas y dado que nosotros somos los responsables últimos, y que se ha abierto la doble posibilidad, vamos a aconsejar que la segunda dosis sea también de Astrazeneca", ha apuntado Feijóo, quien ha reclamado que "se garantice el suministro".

DOBLE CONSENTIMIENTO

Para los dos supuestos, tanto se elija la segunda de Astrazeneca como otra fórmula, Pfizer --es la que más suministra a España-- o Moderna, el Sergas pedirá a los ciudadanos que firmen un consentimiento informado.

En este sentido, Feijóo expresó que es "sorprendente" que se requiera un consentimiento informado para la segunda dosis de Astrazeneca (por parte del Gobierno central), pese a que esto tiene el aval científico y está incluido en la ficha técnica del propio medicamento, pero no para un cambio de marca de vacuna el Ministerio no entienda que es necesario.

"HAREMOS OTRA PROPUESTA, PERO NO POR CRITERIO SANITARIO"

La posición de Galicia, que mostró su "disconformidad" --en palabras de Feijóo--, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) fue la de mantener la segunda dosis de Astrazeneca, frente a la defendida por el Ministerio de Sanidad. La postura gallega viene avalada, dijo el presidente autonómico, por la evidencia científica, la ficha técnica del fármaco, el pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento y las voces que asesoran al Sergas, una de ellas, manifestada públicamente por el investigador Federico Martinón, que dijo que lo "lógico" era mantener la misma.

Sin embargo, el recorte de suministro de Astrazeneca y la rotura del contrato por parte de la Unión Europea con la farmacéutica británica ha supuesto y supondrá una merma en la recepción de dosis para toda la Unión Europea.

Feijóo se ha referido al conflicto contencioso abierto de la UE y España para señalar que el Gobierno no ha aclarado las dosis que se van a recibir, "probablemente no lo sabe o está negociando los términos". Dicho esto, ha insistido en que la "prioridad" son los gallegos de entre 59 y 69 años y la idea es "garantizar la libre elección" de volver a vacunarse con Astrazeneca.

Así las cosas, Feijóo ha indicado que pedirán al Ministerio de Sanidad que aclare a Galicia de cuántas dosis de Astrazeneca dispondrá para vacunar. "Si no (si Galicia no cuenta con el suministro suficiente), haremos una propuesta distinta. Pero no por criterio sanitario, sino por no tener la vacuna", ha sentenciado Feijóo.

La Comunidad de Madrid espera que no haya "efecto contagio" tras admitirse a trámite una denuncia de trabajadores del Hospital Severo Ochoa contra la dirección del mismo por "homicidio y sus formas" durante la primera ola del virus.

"No nos gustaría eso. Han sido momentos muy difíciles, tanto los trabajadores como los equipos directivos han dado lo mejor de sí mismo para dar respuesta a una situación muy dura sobre todo durante la primera ola", ha indicado el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, al ser preguntado por esa demanda tras una visita al Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Asimismo, ha indicado que saben que se ha producido la denuncia, que no quiere valorar un proceso que está "en manos de la Justicia" y que colaborarán con lo que se "dictamine".

La denuncia fue interpuesta por la 'Plataforma por los trabajadores del Severo Ochoa' y la Agrupación Sanitaria Española (ASAES) debido a "la gestión negligente con resultados de lesiones y muerte", ya que consideran que la gestión de la crisis sanitaria en el hospital leganense pudo derivar en una veintena de fallecimientos, incluido el de un enfermero de quirófano del centro.

La denuncia se fundamenta en la gestión de un hospital que, según los denunciantes, "carecía de un Plan de contingencia", lo que habría derivado en "una total improvisación, un descontrol y una ausencia de actuaciones por parte de los responsables a la hora de afrontar las duras condiciones".

De hecho, en lo referente a los traslados de pacientes entre UCIs, la denuncia asegura que los médicos de este departamento del Severo Ochoa desconocían los "criterios", y aseguran que "el chat del WhatsApp de los Jefes de Servicio de la UCI permanecía inactivo a partir de las 22.00 horas, no funcionando por las noches".

"Y esto --argumenta el documento-- tuvo graves consecuencias para los pacientes, pues se estima entre los médicos de la UCI que de haber estado activo el WhatsApp por la noche, se podían haber salvado al menos 20 vidas de pacientes del Hospital, con nombres y apellidos".

RECORTES

La denuncia arranca con los denunciantes apelando al recorte de medios y personal durante los "últimos años" en el Severo Ochoa. Así, recuerda que fue uno de los primeros del país en colapsar por la pandemia y que el complejo hospitalario "no tenía ni siquiera los medios para atender a sus pacientes en un día a día normal", una responsabilidad que atribuyen a los "cargos de dirección que debieron haber actuado --alega la denuncia-- y no lo hicieron, dejando a la deriva a todos los trabajadores".

Y tras recordar que "en la UCI no existió ningún tipo de planificación o anticipación" y que "no se transmitió ningún tipo de instrucción por vía reglamentaria", revela que en marzo hubo un brote entre profesionales que participaron en una intervención quirúrgica (4 enfermeros, dos auxiliares de enfermería y un médico) ya que "ni se llevaban Equipos de Protección Individual completos (EPI) y la mascarilla que se utilizaba era la quirúrgica".

Pasaron los días y se hicieron públicos los vídeos de los pasillos de Urgencias llenos de pacientes. El Hospital, según los denunciantes, llegó "a rechazar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando era evidente que era necesaria" porque, según esgrimen, desde la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ordenó esperar a que estuviera habilitado el hospital provisional del Ifema.

La denuncia apunta que, desde marzo hasta junio del pasado año, "hubo momentos en los que se llegó a triplicar el número de pacientes en Urgencias y el 27% del personal fue contagiado por Covid"

"La dirección se encerró en su despacho, no dio órdenes (salvo las de no hacer PCR, no dar material, aceptar pacientes de manera descontrolada y rechazar la ayuda de la UME) no se remitió a protocolos porque no existían, no atendió a su equipo de trabajadores y desoyó las peticiones de ayuda desesperadas, de quienes se encontraban bajo su orden y mando", esgrime.

El Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid ha decidido archivar la investigación sobre el supuesto cobro por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de las costas procesales en casos donde era el partido quien pagaba a abogados y procuradores, al considerar que no hay indicios delictivos.

Según han informado fuentes jurídicas, la juez Luisa María Prieto aceptó la causa, que le venía derivada del caso 'Neurona', y, tras un primer análisis, ha ordenado el sobreseimiento provisional al no ver delito, algo en lo que coincide la Fiscalía de Madrid, de acuerdo con las mismas fuentes.

La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona fue quien llevó este asunto a sede judicial. En un escrito enviado al juez de 'Neurona', contó que Iglesias se habría embolsado los 7.730 euros de la condena en costas dictada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona por una demanda de Unión del Pueblo Navarro sobre derecho al honor, cuando fue el partido quien pagó los honorarios de la abogada, Marta Flor, y la procuradora, Isabel Afonso, en este caso.

Este es uno de los tres asuntos desgajados de 'Neurona' a raíz del testimonio escrito de Carmona. El titular del Juzgado de Instrucción Número 46, José María Escribano, ha optado, en cambio, por incoar diligencias previas contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por, presuntamente, haber usado a una asesora del Ministerio, Teresa Arévalo, como niñera de sus hijos.

La ex jefa de 'compliance' detalló que Arévalo, empleada del partido y estrecha colaboradora de Montero en aquella época, acompañó a la entonces candidata y su hija en un viaje que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 a la ciudad de Alicante para participar en un acto electoral y que la dirigente 'morada' dejó a la niña al cuidado de Arévalo mientras intervenía en el mismo.

De momento, Escribano solo ha citado como investigada a la hoy consejera de Igualdad, ya que la ministra es aforada ante el Tribunal Supremo. Así, Arévalo deberá declarar el próximo 14 de julio. Como testigos, el juez ha llamando para el día 19 de ese mismo mes a la gerente, al tesorero y al responsable de seguridad de Podemos, Rocío Esther Val, Daniel de Frutos y Víctor Martins, respectivamente.

El tercer asunto se refiere a una donación efectuada por Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la Fundación 25-M y a las donaciones realizadas por el partido a dicha fundación, de la que es director el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. El caso está en el Juzgado de Instrucción 1, dirigido por Pedro López Jiménez, que aún debe decidir si investiga, archiva o lo devuelve a 'Neurona'.

'NEURONA', LA MATRIZ JUDICIAL

El origen de las tres causas es el caso 'Neurona', donde el Juzgado de Instrucción 42 investiga la presunta financiación ilegal de Podemos con la lupa puesta en el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El juez Juan José Escalonilla sospecha que fue un contrato simulado que habría servido para desviar dinero de las cuentas 'moradas', de ahí que la actividad probatoria se centre en determinar si la empresa hizo el trabajo.

De los demás asuntos que constaban en la denuncia original presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, el juez ha cerrado las investigaciones relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede del partido y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor.

Escalonilla también cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.

Las ONG de infancia han celebrado la aprobación este jueves de la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, "un paso enorme" en la protección de los niños y niñas que pone a España "a la vanguardia" mundial en esta materia.

En declaraciones a los medios a las puertas del Congreso de los Diputados, la directora de Incidencia Social y política de Save The Children, Catalina Perazzo, ha subrayado que es "un paso fundamental" que se da casi 10 años después de que el Comité para los Derechos del Niño de la ONU recomendase a España adoptar una ley para proteger de manera integral a la infancia contra cualquier forma de violencia.

"Esta ley va a poner a España a la vanguardia en protección de la infancia en todo el mundo", ha asegurado Perazzo, al tiempo que ha añadido que ahora "el reto que queda por delante es la transformación social, para que la violencia contra la infancia no se tolere", al igual que tampoco se tolera la violencia de género.

"Nosotras hemos visto cómo se paran conciertos por un maltrato de un hombre a una mujer. Eso todavía no ocurre con los niños y niñas, se considera que está en el ámbito de lo privado, de la familia", ha advertido la portavoz de Save The Children.

Por su parte, la responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, ha valorado que "más allá del mensaje rotundo que esta ley manda a padres, madres, profesores y administraciones, del rechazo a la violencia", esta ley lo que va a aportar al sistema son "herramientas para prevenir, identificar y proteger a niños víctimas de violencia".

"Hoy es un día en el que vamos a dar un paso enorme pero vamos a seguir trabajando, pues ahora la ley tiene que ser desarrollada autonómicamente, hace falta una estrategia y es necesario ese cambio social", ha explicado Escorial.

Entre los avances que va a suponer la ley, ha destacado que los niños podrán denunciar directamente a la Policía sin la presencia de su tutor; el aumento del plazo para la prescripción de los delitos sexuales contra menores, que comenzará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18, como ocurre ahora; o el mandato para trabajar en una ley que pueda hacer una especialización de los juzgados que evite la revictimización de los niños.

También ha puesto de relieve que la ley identifica como forma de violencia el ciberacoso y ha destacado el mandato que se dirige a las escuelas a la hora de "cuidar las relaciones entre iguales" y de contar con "personal específico para abordarlo". En todo caso, ha precisado que la mejor forma de acabar con la violencia hacia la infancia es prevenirla y, por ello, ha instado a enseñar a los niños a ser "cero tolerantes" con la violencia de cualquier forma.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a las administraciones autonómicas y al Gobierno central que refuercen los recursos públicos destinados a atender a los menores no acompañados, ante la previsión de nuevas llegadas en los próximas semanas y meses.

Tal y como ha explicado el sindicato a través de un comunicado, el Ministerio de Derechos Sociales ha enviado un informe a las autonomías en los que reclama la acogida de estos niños basándose en criterios de renta per cápita. Así, de momento, tanto la Comunidad de Madrid, como Galicia, van a recibir cada una a 20 menores no acompañados de Ceuta.

Sin embargo, advierten, "no se descarta que esta cifra aumente según pasen los días" y que, llegado el verano, "se incremente aún más, ya que con el buen tiempo los flujos migratorios aumentan".

CSIF cree que, tanto las comunidades autónomas, como el Gobierno, "están a tiempo de diseñar una estrategia que contemple un aumento de plazas y de recursos humanos" para que los centros repartidos por toda España "no se vean desbordados y sus profesionales sobrepasados por unas ocupaciones que en muchos casos triplican la capacidad de los centros".

Esta postura, señalan, la comparte también el Defensor del Pueblo que, en respuesta a una queja del sindicato, ha rechazado también la sobreocupación de los centros que acogen a estos niños no acompañados y ha llamado a las autoridades pertinentes a realizar una atención individualizada de los menores, tal y como exige la ley.

EL PROBLEMA DE LA SOBREOCUPACIÓN

Para CSIF, la sobreocupación es el origen de conflictos como los registrados en el Centro de Primera Acogida 'Hortaleza' de Madrid, uno de los que más menores extranjeros no acompañados reciben de toda España, según apunta el sindicato.

La situación de estos menores en la capital fue denunciada a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, que respondió al sindicato señalando que es "fundamental" que "se reduzcan las plazas para garantizar la atención individualizada que exige el ordenamiento jurídico".

Según ha explicado CSIF, la institución estatal que dirige en funciones Francisco Fernández-Marugán indica en su informe que pasar a 90 plazas en Hortaleza en julio de 2020 "supone casi multiplicar por tres las 35 plazas para las que fue diseñado el centro" sin que haya noticia de que se haya aumentado el número de educadores en la misma proporción.

Juan Carlos Bermejo, el afiliado de Ciudadanos que demandó al partido por las primarias en las que Ignacio Aguado fue elegido candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas de 2019, ha desistido del procedimiento tras llegar a un acuerdo con la dirección de Cs, de manera que el juzgado ha sobreseído el proceso y suspendido el juicio que se iba a celebrar este mismo jueves.

Bermejo interpuso una demanda por "vulneración de principios democráticos", dirigida contra el partido y, en particular, contra Aguado, contra Fran Hervías, entonces secretario de Organización nacional, y contra César Zafra, que era el secretario de Organización en Madrid.

El militante argumentaba que Aguado, como "candidato oficial" de la dirección del partido, entonces liderado por Albert Rivera, tuvo más facilidades que sus rivales en las primarias para dar a conocer su proyecto. La demanda fue admitida por el juzgado de primera instancia número 61 de Madrid y fue aplazada de mutuo acuerdo en dos ocasiones, tras lo cual se fijó una nueva vista para el pasado 20 de mayo 2021.

BAL LE HA PROMETIDO CAMBIOS INTERNOS EN CIUDADANOS

Pero, según ha explicado el afiliado, "bastaron unas horas de conversación el pasado fin de semana" con Edmundo Bal, nombrado recientemente vicesecretario general de Ciudadanos, para que ambas partes enviaran al juzgado un comunicado conjunto exponiendo un acuerdo y la petición de desistimiento.

"El acuerdo alcanzado no supone ninguna contraprestación ni prevenda a mi persona", sino que "se ha producido única y exclusivamente por el mensaje claro, honesto y sincero que he recibido del vicesecretario general garantizando un nuevo periodo de transformación del partido donde prevalezca la participación de los afiliados, aprender de los errores, premiar la meritocracia y construir entre todos la mejor alternativa política para los españoles", ha señalado.

Bermejo considera que la conversación que ha facilitado este pacto "hubiera sido impensable antes", con la anterior dirección de la formación naranja. Pero "aquellos que usaron el partido en beneficio propio y traicionaron nuestros valores y a los ciudadanos que nos votaron son historia" y "ahora vamos todos en la misma dirección", ha destacado, convencido de que "el cambio en Ciudadanos es real".

QUIENES USARON LAS PRIMARIAS "PARA SU BENEFICIO" YA NO ESTÁN

Así se ha referido a Albert Rivera y a las personas a las que demandó, ninguno de los cuales continúa actualmente en Cs, tras la dimisión de Rivera en noviembre de 2009, la salida de Hervías el pasado marzo y la despedida de Aguado y Zafra esta misma semana.

Bermejo sostiene que "utilizaron las primarias como coartada para su beneficio personal" y, de esa manera, vulneraron el derecho fundamental de asociación de los militantes del partido. "Formaban parte de una estructura clientelar de la que se consideraban dueños y los afiliados simplemente éramos comparsas", pero finalmente "todos ellos han fracasado y la sociedad los ha puesto en su sitio", ha celebrado.

El Gobierno prevé que, en las próximas tres décadas, el número de personas mayores de 65 años beneficiarias de ayudas a la dependencia en España podría duplicarse, pasando de las 806.963 actuales a más de 1.600.000 en 2050.

Así lo pone de manifiesto el documento 'España 2050' presentado este jueves 20 de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que el escenario más plausible de gasto en cuidados para mitad de siglo estará entre el 2,2% y el 3% del PIB.

De este modo, cree que el sistema de cuidados cambiará "drásticamente en las próximas décadas". En este sentido, señala que la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la "enorme importancia" de los cuidados y el "margen de mejora" que presenta el modelo de atención en residencias.

"Lo más probable es que las residencias se transformen, evolucionando del modelo "institucional" actual a un modelo "hogar". En paralelo, emergerán nuevas opciones, como las fórmulas de autocuidado basadas en innovaciones tecnológicas (telemedicina, apps, supervisión por Internet, adaptaciones domóticas), la cohabitación con apoyo intergeneracional entre miembros que no sean de la familia, el denominado senior cohousing en sus múltiples formas (viviendas colaborativas, cooperativas,colectivas), o los bancos de tiempo o voluntariado de acompañamiento orientados a evitar la soledad no deseada y fomentar la participación de estas personas en la sociedad", prevé.

El Ejecutivo entiende que el "reto notable" del incremento de cuidados es también una "oportunidad magnífica" para la creación de empresas y empleo, cuyo ámbito podría extenderse "incluso más allá del de la población nacional". "Nuestro país podría convertirse en un referente europeo y mundial en la prestación de servicios a personasmayores y generar en torno a ella una actividad económica notable", asegura.

2,5% DEL PIB DE GASTO EN 2050

Por ello, entre los objetivos del plan recoge ampliar la cobertura y mejorar la calidad del sistema de cuidados de larga duración, elevando su financiación hasta cotas próximas al 2,5% del PIB en 2050, y prestando especial atención a su coordinación con el sistema sanitario, así como reducir el tiempo de espera que existe entre el reconocimiento de la situación de dependencia en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la concesión de las prestaciones.

Por ello, plantea avanzar hacia una mayor profesionalización y calidad de los CLD, con una Estrategia Nacional de Formación en materia de CLD; el incremento del peso de las prestaciones en especie (centros de día, centros de noche, teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros residenciales), y un acuerdo para establecer un porcentaje mínimo de las prestaciones totales destinadas a servicios de promociónde la autonomía.

Asimismo, considera que habrá que establecer condiciones claras para acceder a prestaciones económicas asociadas al cuidado en el hogar (presupuestos, inspección de la atención), y priorizar los servicios en especie.

Igualmente, plantea eliminar barreras de acceso a los servicios de CLD, a través del establecimiento de plazos máximos explícitos para la evaluación y prestación del servicio requerido, y la transmisión a la ciudadanía de información que les permita elegir el proveedorde cuidados, en función de la calidad asistencial, los servicios ofrecidos y el precio.

A la vez, propone una mejora de la coordinación entre el Sistema Nacional de Salud y los CLD, a través de un desarrollo organizativo adecuado y con miras en modelos de atención a la cronicidad y centrados en la persona.

Por otro lado, plantea cuidar a las personas que cuidan, dedicando un porcentaje de los recursos del sistema a su formación, impulsando servicios de "respiro y apoyo a las personas cuidadoras", creando programas de apoyo psicológico y revisando la normativa laboral para proteger a las personas cuidadoras, entre otras medidas.

Además, ve necesario impulsar cambios en las formas de cuidados favoreciendo la elección de la ciudadanía sobre el lugar idóneo de cuidado (domicilio, institución, formas mixtas), fomentando la inclusión de nuevas tecnologías en el hogar de personas con limitaciones en su autonomía, impulsando el desarrollo de nuevas formas de vivienda (tuteladas, viviendas colectivas autogestionadas) y reinventando la atención residencial a modelos más pequeños y modulares, como las unidades de convivencia, con ambientes y entornos más hogareños y personalizados.