El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, ha secundado este jueves a los regantes y los agricultores murcianos en la concentración que han realizado frente a la Delegación de Gobierno como señal de protesta ante el «maltrato» del Estado por el cambio de reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y el incremento de los caudales ecológicos en el río Tajo, propuestos por el Gobierno socialista.

Estas decisiones, «adoptadas de forma arbitraria por parte del PSOE, provocarán que los agricultores tendrán que pagar un 48% más por el agua para riego y un 30% más por el agua para abastecimiento».

Entiende el PP que el Gobierno de Pedro Sánchez, de forma unilateral, «pretende recortar los envíos del trasvase Tajo-Segura y elevar los caudales ecológicos, lo que evidencia su objetivo de ‘secar’ una infraestructura de la que depende el sustento de miles de murcianos».

Al respecto, Navarro ha explicado que «el Gobierno del PSOE quiere rebajar en 11 hectómetros cúbicos al mes la cantidad de agua trasvasada en nivel 2, lo que supondría un ataque que perjudicaría gravemente a los agricultores y los regantes murcianos».

El Tajo-Segura genera 110.000 empleos directos cada año y su agua da de beber a 2 millones de habitantes de Murcia, Alicante y Almería. Esta infraestructura «también contribuye al crecimiento de la industria y el transporte, sectores en los que tiene un impacto positivo, generando hasta 30.000 puestos de trabajo», defiende el PP.

En el Pleno de abril, recuerda, el Ayuntamiento de Murcia aprobó una moción en defensa del trasvase a propuesta del Grupo Municipal Popular.

Para Navarro, «los planes del PSOE demuestran que tiene una hoja de ruta muy peligrosa porque apuesta por cerrar el trasvase, lo que constituye un ataque sin precedentes al consenso en materia hídrica, causando un grave perjuicio para los españoles que residen en el Levante español».

DEPURACIÓN DE LA CUENCA DEL TAJO

El concejal Navarro ha lamentado que «el PSOE prefiere atentar contra el trasvase en lugar de apostar por la depuración y el saneamiento de la cuenca del Tajo, algo que reportaría importantes beneficios medioambientales sin necesidad de acometer otro descenso del volumen de agua a trasvasar».

El Partido Popular, advierte, «no va a permitir que se produzcan más ataques contra el trasvase y siempre abogará por su defensa con argumentos sólidos y ante quien sea necesario para preservar los intereses de los miles de murcianos que dependen de esta infraestructura».

En la misma línea, el PP «no permitirá que se orquesten campañas que vayan en contra del sector agrícola, con el consiguiente perjuicio que producen para los productos de la huerta murciana».

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, se ha ofrecido este jueves a liderar un proyecto «revulsivo» para el PSOE-A, a través de «un gran proyecto regional donde se escuche la voz de lo local», y ha subrayado que unas primarias no suponen «una confrontación entre compañeros, sino un debate de ideas y de propuestas».

«Ahí me van a encontrar. Gracias por haber tenido algunos la paciencia para esperar a que esta decisión se produjera. Pueden contar conmigo para ello», ha dicho Espadas, a preguntas de los periodistas, en el marco de un acto celebrado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tras conocerse que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, va a solicitar este jueves a la Comisión Ejecutiva Regional de su partido que, a su vez, pida a la dirección federal que adelante la convocatoria de primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura de los socialistas andaluces para las próximas elecciones autonómicas, previstas inicialmente para finales de 2022, al tiempo que ha confirmado su intención de concurrir a las mismas.

«Cuando las primarias se convoquen, serán el revulsivo que necesita el PSOE para centrarse en el proyecto para Andalucía. Como dije hace año y medio, los compañeros del partido me tendrán siempre a disposición de construir, de escuchar, de conseguir convertir los proyectos políticos que los socialistas estamos desarrollando desde cada municipio de Andalucía en el gran proyecto regional, para que se escuche la voz de lo local, las necesidades de los ciudadanos, un gran proyecto municipalista que sea el proyecto regional de Andalucía. En ese proyecto va a estar Juan Espadas», asevera, tras incidir en que «la fuerza del cambio es imparable».

En este sentido, ha subrayado su disposición a trabajar con los compañeros, al contar con «la ilusión de conseguir convertir esto en el revulsivo que necesita Andalucía». Además, ha mostrado su satisfacción porque «se haya escuchado a la militancia y el debate que durante estas semanas se ha mantenido» en diversas agrupaciones andaluzas sobre el adelanto de las primarias. «Que se debata no genera ruido, sino que justamente genera ilusión», recalca.

El regidor hispalense pone en valor la «ilusión» que ha visto estas semanas en muchos compañeros, lo que le ha transmitido que «la fuerza del cambio ahora mismo en Andalucía es imparable y el PSOE tiene que liderar ese cambio en la sociedad, un cambio que nos haga adaptarnos a la realidad que se está viviendo y que permita la recuperación económica y social».

«Trabajamos para ser útiles y debatimos para proponer. Hay que abandonar cualquier tipo de confrontación, ya que unas primarias no es confrontación entre compañeros, sino un debate de ideas y de propuestas y ahí me van a encontrar», concluye.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha vuelto a insistir en que no hay justificación técnica que avale la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, de forma que «vamos a patalear hasta la última hora, hasta las últimas consecuencias».

Jiménez, que ha asistido a la protesta del Círculo por el Agua, que se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Gobierno de Murcia, ha criticado también la «ironía cabreante» del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que dice que entiende que hoy en el Levante «estén cabreados». «Llevamos razón y por eso no nos entiende», ha dicho el presidente del Scrats.

Y es que, con esta modificación, «se nos viene encima un recorte al trasvase de aproximadamente el 40 por ciento de los que venimos recibiendo actualmente, lo que significa que los regadíos muchos años no tendrán disponibilidad de agua, los de abastecimiento lo pasarán mal y los precios aumentarán para abastecimiento y regadío».

A su juicio, «lo lamentable es que se hará sin justificación técnica alguna, eso lo sabe el Ministerio y la CHS, saben que la cuenca del Segura no es viable sin aportes de la cabecera del Tajo y se hace por una decisión política que persigue satisfacer los afanes de supremacía de Page y los líderes políticos de C-LM y a esto se enfrenta el Levante».

Los regantes, dentro de su calendario de movilizaciones, tienen previsto concentrarse este sábado en ayuntamientos de Murcia y Almería y el día 24 llevarán su protesta a Madrid en lo que entienden que será «el último sprint para evitar que el Ministerio lleve a cabo una decisión sectárea y política sin ninguna justificación técnica que nos condenará durante una serie de años a una travesía difícil a la que no le encontramos un final razonable».

La Mesa del Agua de Almería ha participado este jueves en la movilización en defensa del trasvase Tajo-Segura que ha tenido lugar en Murcia, frente a la sede de la Delegación del Gobierno.

A la convocatoria han acudido, entre otros, el portavoz del colectivo almeriense y presidente de la Federación de Regantes de Almería, José Antonio Fernández Maldonado; Fernando Rubio, de Aguas del Almanzora; y el presidente de Asaja Almería, Antonio Navarro. También ha participado la delegada territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya.

Fernández Maldonado ha lamentado «la actitud del Gobierno de España de cambiar de manera unilateral las reglas del trasvase, lo que va a perjudicar de manera muy seria a los regantes de la Comarca del Almazora».

La Mesa del Agua de Almería, que participa en el ‘Círculo por el Agua’ que conforman los regantes de la provincia, la Región de Murcia y la provincia de Alicante, ha recordado que el aumento de caudales en Aranjuez (Comunidad de Madrid), pasando de 6 m3/s a 8,52 m3/s de media, y que supondría un aumento de los volúmenes a desembalsar desde Entrepeñas y Buendía de 78 hm3/año, «no está debidamente justificado».

Este incremento de desembalses, advierte, «perjudicaría fundamentalmente a los regadíos, ya que los abastecimientos tienen asegurado un volumen de 7,5 hm3/mes, en los Niveles 2 y 3, a suministrar con prioridad a los regadíos».

«En un escenario optimista de estabilidad en los envíos, con mantenimiento del Nivel 2 durante todo el año, y 27 hm3/mes a trasvasar, los regadíos recibirían en las tomas de las Comunidades de Regantes un total de 210,6 hm3, la mitad de su volumen otorgado por la ley, incumpliendo sistemáticamente los niveles de garantía establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica», ha recordado Fernández Maldonado.

Con este volumen «optimista», los regadíos seguirían estando obligados a pagar las componentes de amortización y gastos fijos de funcionamiento del Tajo-Segura, «con el consiguiente aumento de las tarifas a abonar por metro cúbico finalmente recibido».

Y en el caso de darse situaciones de Nivel 3, los volúmenes para los mismos «se verían reducidos aún más, incrementándose el coste por metro cúbico derivado de la obligación de abonar íntegramente las cantidades fijas de la tarifa».

Este hecho «se agrava por la incertidumbre de los envíos mensuales, pues el regante no sabe a priori el agua que recibirá hasta que finaliza el año hidrológico».

El incremento de caudales ecológicos mínimos que por ahora se propone «de nada servirá para mejorar el estado de las masas de agua en Toledo y Talavera, debiendo por el contrario acometerse las actuaciones necesarias para la regeneración de las aguas que reciben a partir de la confluencia con el Jarama mediante un exhaustivo control y corrección de la calidad de todos los vertidos que reciben, y con especial énfasis sobre los correspondientes a los efluentes urbanos».

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pretende que todos los grupos parlamentarios se pronuncien sobre la presencia de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en un mitin del candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.

El pasado 25 de abril, después de que el Ministerio del Interior denunciara cartas con balas dirigidas a su titular, Fernando Grande-Marlaska, y a la máxima responsable del Instituto Armado, Gámez acudió a un acto electoral de Gabilondo.

De hecho, tomó la palabra para trasladarle su apoyo: «Hoy tenemos que rechazar más que nunca los discursos de odio, hoy más que nunca tenemos que decir que el que siembra vientos recoge tempestades, así que mucho cuidado con jugar con esto. Mucho cuidado con no denunciarlo, con no recriminarlo. Ángel (Gabilondo), presidente, necesitamos palabras y no balas. Necesitamos tu palabra. Tu ejemplo, presidente. Ánimo».

INCUMPLIÓ LA LEY

El partido que capitanea Santiago Abascal considera que estas palabras suponen «un flagrante incumplimiento del principio de neutralidad política» que debe regir en la Guardia Civil y en todos sus miembros y que se recoge en el artículo 18 de la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de este cuerpo.

Es por ello que han registrado una proposición no de ley en la que instan al Gobierno a que adopte «todas las medidas necesarias» para precisamente «garantizar el principio de neutralidad política de todos los miembros de la Guardia Civil, especialmente de los altos cargos que dirigen el Instituto Armado».

En el texto, Vox recuerda que el régimen disciplinario de la Benemérita tipifica como falta muy grave «la violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional» y como falta grave «efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical, pronunciándose o efectuando propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de sus candidatos».

NO HAY PRECEDENTES

Y aunque recalcan que el cargo de Gámez, «de carácter meramente político», no está sujeto a este régimen disciplinario, los de Abascal consideran «de justicia que sea de aplicación analógica los mismos límites que se imponen a todo agente de la Guardia Civil a los altos cargos que dirigen el Instituto Armado y, especialmente, a la Dirección General de la Guardia Civil, al ser esta la cabeza jerárquica de esta institución».

Vox subraya que no existe en la historia del Instituto Armado ningún precedente de que el cargo más representativo del mismo se haya utilizado «con fines partidistas», como ocurrió con su participación en el citado mitin del PSOE, que califica como «una auténtica falta de respeto y decoro» hacia el cuerpo de la Guardia Civil y a sus más de 78.000 subordinados.

«La directora de la Guardia Civil debe dar ejemplo, manteniendo y respetando una de los principios básicos y estandarte del Instituto Armado, como es el principio de neutralidad política», insisten en Vox, que apuntan a que «este mal uso de su cargo» la inhabilita para continuar al frente de la institución.

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha reconocido que el informe de la Fiscalía por el que se rechaza que se decreten confinamientos o se mantenga el toque de queda en Euskadi, más allá del próximo domingo, cuando concluye el estado de alarma, «complica» la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ratifique estas restricciones que se recogen en el borrador del decreto del Ejecutivo vasco.

Uriarte ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación ante el Palacio de Justicia de la capital vizcaína, donde la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJPV delibera sobre las restricciones que contiene el borrador del decreto que le trasladó el pasado martes el Ejecutivo autonómico para solicitar autorización previa a su aprobación.

El magistrado, que no ha querido prejuzgar lo que pueda decir el Tribunal –mañana se conocerá la decisión–, cree «complicado» que este pueda aceptar medidas que puedan vulnerar derechos fundamentales en una situación de fin del estado de alarma. «Si se declaró para poder restringir unos derechos fundamentales, parece muy complicado que, sin él, se puedan mantener esa restricción general», ha añadido.

No obstante, ha apuntado que «hay una situación de pandemia, unos motivos sanitarios y se han puesto sobre la mesa de la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJPV», por lo que serán los magistrados que la integren los que decidan.

Sin querer interferir en la decisión que estos adopten, se ha preguntado: «¿Si se declaró el estado de alarma para algo, ese algo se puede hacer sin estado de alarma?».

Aner Uriarte ha apuntado que el Gobierno Vasco, que pretende mantener unas medidas más allá del próximo domingo, «está haciendo lo que le corresponde». «Si la Sala lo deniega, que yo no quiero adelantarlo porque no sé lo que va a hacer la Sala, la única vía que le queda es recurrir en casación. Y si el Tribunal Supremo lo vuelve a denegar, esas medidas no son posibles», ha añadido.

En todo caso, ha recordado que medidas, como el toque de queda o confinamientos, sin la existencia de un estado de alarma, precisan de un aval judicial. «El Gobierno Vasco ha hecho lo que tenía que hacer, que es pedirlo», ha insistido.

POSICIÓN DE LA FISCALÍA

Uriarte ha admitido que el informe elevado al TSJPV por la Fiscalía vasca, en la que se opone a los confinamientos y el toque de queda, al considerar que vulnera derechos fundamentales, «pone más complicado» la posibilidad de que se ratifiquen estas restricciones por el tribunal.

En este sentido, ha recordado que la Fiscalía es «un órgano público que se pronuncia sobre la legalidad». «Obviamente, si se hubiera pronunciado a favor, sería más fácil (el aval del TSJPV), pero, si se ha pronunciado en contra, lo tiene más difícil, porque ya tiene una opinión cualificada de un órgano público defensor de la legalidad, que dice que esto no cabe sin un estado de alarma», ha remarcado.

Por ello, en todo caso, el Ejecutivo solo podría realizar recomendaciones sobre estas medidas rechazadas por el ministerio público, pero no se podría impedir que los ciudadanos entren o salgan de Euskadi ni se podría establecer de forma obligatoria un toque de queda.

RECURSO EN EL TRIBUNAL SUPREMO

El juez decano de Bilbao también se ha referido a las críticas del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, al decreto del Gobierno Pedro Sánchez por el que deja en manos de la Sala de lo contencioso administrativo del alto Tribunal refrendar o rechazar las medidas de las comunidades autónomas para frenar la covid-19 a partir de que decaiga el estado de alarma el 9 de mayo, si los tribunales superiores de justicia las rechazan. «Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos», aseguró.

Aner Uriarte ha dicho que este es un comentario de Tolosa que tampoco conoce en profundidad, y él considera que la reforma legal impulsada por el Ejecutivo «permite que una eventual denegación» de las restricciones por los TSJ, pueda ser recurrida de manera urgente en casación ante el TS.

«Si esto llega, les tocará a ellos decidir. Obviamente, a los jueces no nos corresponde ser legisladores y tampoco creo que se pretenda esto con ello. Vivimos una situación muy complicada, se acaba la alarma, parece que no se va a renovar, y la situación se complica más», ha añadido.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a un hombre acusado de conducir sin carné, huir «a gran velocidad» de los agentes de la Policía Nacional que le dieron el alto, uno de los cuales tuvo que apartarse para evitar ser atropellado por el vehículo conducido por el investigado, y allanar una vivienda en la capital hispalense, donde fue detenido.

El acusado iba a ser enjuiciado por un jurado popular, pero la vista oral por estos hechos no se celebrará finalmente tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, la defensa y el propio encausado, que ha sido condenado a un año y tres meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad; a seis meses de cárcel y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de un año y seis meses por un delito de conducción temeraria; a tres meses de cárcel por un delito de allanamiento de morada; y a 28 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de conducción sin permiso, señala el auto facilitado por el TSJA.

Por conformidad de las partes, la Audiencia considera probado en la sentencia que los hechos tuvieron lugar sobre las 15,45 horas del día 30 de enero de 2019, cuando el acusado, «pese a carecer» de permiso, conducía un vehículo por una calle de Sevilla hasta que se encontró con un control rutinario practicado por agentes de la Policía, que le dieron el alto.

El acusado aminoró la marcha en un primer momento, pero cuando los agentes se le acercaron, y «con claro desprecio hacia el principio de autoridad que los mismos encarnaban, aceleró bruscamente, viéndose obligado» uno de los policías nacionales a apartarse para evitar ser atropellado.

Seguidamente, y «lejos de obedecer reiteradas órdenes de alto mediante señales luminosas y acústicas que le realizaban los agentes», el condenado emprendió la huida «a gran velocidad» por diversas calles de Sevilla, «saltándose varios ceda el paso, con el consiguiente peligro tanto para el resto de los usuarios de la vía como para varios transeúntes».

Tras acceder a una calle en sentido contrario al de la marcha, el acusado se bajó del coche y continuó la huida a pie hasta que, finalmente, se introdujo en una vivienda aprovechando que la puerta se encontraba abierta, todo ello «sin que conste que tuviera el consentimiento» de las moradoras del inmueble, siendo detenido por la Policía en una de las habitaciones del mismo.

A la fecha de los hechos y desde hacía varios años, el acusado era adicto a diversas sustancias estupefacientes, con varios intentos fracasados de rehabilitación, lo que afectaba de manera moderada a sus facultades intelectivas y volitivas, por lo que se le aplica la atenuante muy cualificada de drogadicción en los delitos de allanamiento, atentado y conducción sin permiso.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha anunciado este jueves que no contestará al Triubnal Supremo (TS) sobre las peticiones de indulto porque cree que no es un trámite preceptivo y que tiene unos intereses detrás: «Lo que quieren es humillarnos».

«Personalmente no voy a responder porque no sé a qué motivo obedece que me hagan a mí esa pregunta cuando en los otros casos no se ha hecho», ha sostenido en una entrevista, después de que el Supremo diera el miércoles cinco días de plazo a los presos del 1-O para que expresen lo que consideren conveniente acerca de las peticiones de indulto formuladas a su favor, de cara a que el TS elabore su informe al respecto.

Forcadell ha afirmado que nunca se había pedido a presos manifestarse sobre peticiones de indulto que han hecho terceras personas, por lo que ha defendido que no contestar es la manera de «no entrar en su juego y en su relato».

«Esto no se hace, ni es preceptivo ni es necesario ni se ha hecho en otros casos. ¿Por qué se hace ahora? Precisamente entiendo que es para humillarnos. Por eso creo que no hay que contestar, no hay que entrar en su relato ni en su juego», ha añadido.

Considera que no contestar no debería obstaculizar el trámite de los indultos, porque cree que está en su derecho y que la decisión de conceder el indulto es del Gobierno central «independientemente de lo que opine el Tribunal Supremo», y ha expresado su respeto por lo que puedan hacer otros presos, como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que sí que ha contestado diciendo que su prioridad no es salir de prisión y que prefiere la amnistía.

De hecho, Forcadell también ha insistido en que lo que debería aplicarse es la amnistía y no el indulto porque es una solución colectiva y no individual, y «demostraría la voluntad del Gobierno de solucionar el conflicto y llegaría a todos los represaliados» independentistas, no solo a los presos del 1-O.

«NO ME QUIERO AVANZAR»

Preguntada por si le gustaría recibir el indulto para mejorar su situación personal aunque considera que no es una solución al conflicto, la expresidenta de la Cámara catalana ha contestado que solo se pronunciará si llega: «No quiero hablar porque también afecta mucho a nuestras familias. Si nos oyen mucho hablar, cuando las llamas se hacen ilusiones, intento ser realista. Cuando llegue me pronunciaré, de momento no ha llegado todavía. No me quiero avanzar».

«El ministro de Justicia dijo que antes de final de año llegaría una propuesta de reforma del Código Penal. Estamos a mes de mayo y no ha llegado nada», ha criticado, de manera que ha rechazado posicionarse sobre el indulto ni otras medidas por el momento.

Además, ha responsabilizado al Supremo y no al Gobierno central el retraso del indulto porque es el tribunal el que se ha demorado con el informe preceptivo que debe remitir antes de que el Ejecutivo de Sánchez dicte el indulto, pero cree que el TS también se ha guiado por criterios políticos y ejemplo de ello es que haya anunciado este nuevo paso de la tramitación una vez se han celebrado las elecciones de la Comunidad de Madrid: «Es un tema político».

MEJORAR EL SISTEMA PENITENCIARIO

Forcadell publicó hace unos meses el libro ‘Escrivim el futur amb tinta lila’ –Escribamos el futuro con tinta lila– (Destino), en el que relata su experiencia en prisión y narra las acciones que ha llevado a cabo dentro de la cárcel para mejorar las condiciones de las mujeres presas, y espera que sirva para que la sociedad conozca la situación de estas mujeres.

A partir de su experiencia en prisión, la expresidenta del Parlament ha apostado por que el sistema penitenciaro sea más abierto, de manera que los internos puedan tener un trabajo en la sociedad durante el día y pasar la noche en la cárcel, ya que considera que esto ayudaría a que estén «más en contacto con la sociedad a la que se tienen que reincorporar».

Esta es una de las propuestas que ha trasladado a la consellera de Justicia, Ester Capella, y ha afirmado que la Conselleria también está de acuerdo con abrir el sistema penitenciario pero que es una «cuestión de presupuesto» y espera que la nueva cárcel de mujeres que la Generalitat construirá en la Zona Franca de Barcelona para sustituir la de Wad-Ras, donde está actualmente Forcadell, se adapte a este modelo de prisión que propone.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha vuelto a insistir en que no hay justificación técnica que avale la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, de forma que «vamos a patalear hasta la última hora, hasta las últimas consecuencias».

Jiménez, que ha asistido a la protesta del Círculo por el Agua, que se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Gobierno de Murcia, ha criticado también la «ironía cabreante» del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que dice que entiende que hoy en el Levante «estén cabreados». «Llevamos razón y por eso no nos entiende», ha dicho el presidente del Scrats.

Y es que, con esta modificación, «se nos viene encima un recorte al trasvase de aproximadamente el 40 por ciento de los que venimos recibiendo actualmente, lo que significa que los regadíos muchos años no tendrán disponibilidad de agua, los de abastecimiento lo pasarán mal y los precios aumentarán para abastecimiento y regadío».

A su juicio, «lo lamentable es que se hará sin justificación técnica alguna, eso lo sabe el Ministerio y la CHS, saben que la cuenca del Segura no es viable sin aportes de la cabecera del Tajo y se hace por una decisión política que persigue satisfacer los afanes de supremacía de Page y los líderes políticos de C-LM y a esto se enfrenta el Levante».

Los regantes, dentro de su calendario de movilizaciones, tienen previsto concentrarse este sábado en ayuntamientos de Murcia y Almería y el día 24 llevarán su protesta a Madrid en lo que entienden que será «el último sprint para evitar que el Ministerio lleve a cabo una decisión sectárea y política sin ninguna justificación técnica que nos condenará durante una serie de años a una travesía difícil a la que no le encontramos un final razonable».

La Mesa del Agua de Almería ha participado este jueves en la movilización en defensa del trasvase Tajo-Segura que ha tenido lugar en Murcia, frente a la sede de la Delegación del Gobierno.

A la convocatoria han acudido, entre otros, el portavoz del colectivo almeriense y presidente de la Federación de Regantes de Almería, José Antonio Fernández Maldonado; Fernando Rubio, de Aguas del Almanzora; y el presidente de Asaja Almería, Antonio Navarro. También ha participado la delegada territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya.

Fernández Maldonado ha lamentado «la actitud del Gobierno de España de cambiar de manera unilateral las reglas del trasvase, lo que va a perjudicar de manera muy seria a los regantes de la Comarca del Almazora».

La Mesa del Agua de Almería, que participa en el ‘Círculo por el Agua’ que conforman los regantes de la provincia, la Región de Murcia y la provincia de Alicante, ha recordado que el aumento de caudales en Aranjuez (Comunidad de Madrid), pasando de 6 m3/s a 8,52 m3/s de media, y que supondría un aumento de los volúmenes a desembalsar desde Entrepeñas y Buendía de 78 hm3/año, «no está debidamente justificado».

Este incremento de desembalses, advierte, «perjudicaría fundamentalmente a los regadíos, ya que los abastecimientos tienen asegurado un volumen de 7,5 hm3/mes, en los Niveles 2 y 3, a suministrar con prioridad a los regadíos».

«En un escenario optimista de estabilidad en los envíos, con mantenimiento del Nivel 2 durante todo el año, y 27 hm3/mes a trasvasar, los regadíos recibirían en las tomas de las Comunidades de Regantes un total de 210,6 hm3, la mitad de su volumen otorgado por la ley, incumpliendo sistemáticamente los niveles de garantía establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica», ha recordado Fernández Maldonado.

Con este volumen «optimista», los regadíos seguirían estando obligados a pagar las componentes de amortización y gastos fijos de funcionamiento del Tajo-Segura, «con el consiguiente aumento de las tarifas a abonar por metro cúbico finalmente recibido».

Y en el caso de darse situaciones de Nivel 3, los volúmenes para los mismos «se verían reducidos aún más, incrementándose el coste por metro cúbico derivado de la obligación de abonar íntegramente las cantidades fijas de la tarifa».

Este hecho «se agrava por la incertidumbre de los envíos mensuales, pues el regante no sabe a priori el agua que recibirá hasta que finaliza el año hidrológico».

El incremento de caudales ecológicos mínimos que por ahora se propone «de nada servirá para mejorar el estado de las masas de agua en Toledo y Talavera, debiendo por el contrario acometerse las actuaciones necesarias para la regeneración de las aguas que reciben a partir de la confluencia con el Jarama mediante un exhaustivo control y corrección de la calidad de todos los vertidos que reciben, y con especial énfasis sobre los correspondientes a los efluentes urbanos».

Más de 10.000 profesionales del mundo de la música (autores, intérpretes, compositores, etc), tanto a título individual como a través de las distintas asociaciones que les representan, se han sumado a la campaña #soloesmúsica con la que se busca sensibilizar tanto a la ciudadanía como a las administraciones públicas sobre la trascendencia y el peso que la música tiene en las vidas de los ciudadanos, concebida también como una «vacuna emocional».

Como argumentan sus impulsores –la Unión de Músicos (UdM) como partícipe de la Mesa de Federaciones de Músicos, que representan a más de 25 asociaciones profesionales, y con el respaldo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE)– la música es «generadora de emociones y sentimientos, como protección y compañía frente a la adversidad, como elemento de cohesión de toda la comunidad, como banda sonora de nuestros recuerdos, imaginario e ilusiones, como vacuna anímica en estos tiempos tan inciertos». «Porque, sin duda, la música es vida y sin ella todo sería muy diferente», apostillan.

Martirio, Rosendo, Manolo García, Fito Cabrales, Carlos Goñi, Esperanza Fernández, Nacho Campillo, Aurora Beltrán, Jorge Pardo, Nacho Tarrés, Najla Shami, Nacho García Vega, Eliseo Parra, Diego Vasallo, Jordi Savall, Susana Seivane, José María Guzmán, Gerardo Núñez, Max Suñé, Carlos Segarra, Joan Albert Amargós, Pablo Novoa, Gontzal Mendibil o Cantores de Híspalis son algunos de los músicos que se han sumado a la iniciativa.

Con #soloesmúsica se busca poner en valor la música como elemento integrador que forma parte de las vidas de todos. La iniciativa, que propone una reflexión en torno a la figura y el papel del músico, y paralelamente sobre la consideración y el respeto que la sociedad otorga a su trabajo, se canaliza a través de la página web ‘www.soloesmusica.com’ y se desarrollará también a través de las redes sociales.

El manifiesto difundido argumenta que «los músicos no somos ni más ni menos que nadie», para pasar después a enumerar algunos de los motivos por los que se han decidido emprender esta iniciativa: «respirar, trabajar, cobrar lo justo para pagar las facturas a tiempo, disfrutar de buena compañía en la terraza del bar de al lado, ayudar a reconstruir este país extraordinario, emocionarnos y emocionar, sorprender, y llorar de alegría sabiendo que compartimos más de lo que soñamos nunca».

A partir de ahí, el texto se completa con una serie de demandas clave para intentar paliar la terrible situación que atraviesa el sector de la música: desarrollo y aprobación en el menor plazo posible de tiempo del Estatuto del Artista; regulación del ámbito digital para que los creadores musicales reciban una justa remuneración por su trabajo; y, finalmente, apoyos efectivos que cubran las necesidades reales de los músicos mientras los escenarios sigan callados.

TESTIMONIOS

Entre otros materiales, la campaña cuenta ya con vídeos grabados por numerosos músicos en los que estos profesionales desvelan algunos de sus más íntimos recuerdos musicales, apelan a la conciencia ciudadana y gubernamental para que se ayude al sector a superar esta complicada situación originada por la pandemia de la COVID-19 o, incluso, explican lo que la música ha supuesto para sus vidas.

En esa línea, por ejemplo, el compositor e intérprete Diego Vasallo confiesa que tras casi cuatro décadas de trayectoria profesional todavía sigue intentando «descifrar porqué la música nos conmueve tanto y porqué nos acompaña durante toda la vida».

La cantante, guitarrista y compositora Aurora Beltrán, por su parte, desvela cómo su primera guitarra, que le regaló su padre, le salvó la vida tras contraer con sólo siete años una extraña enfermedad que la mantuvo totalmente inactiva durante dos largos años: «Me salvó, me salvó de esos ratos interminables. Quizá sólo fuera música, pero qué no es música».

En otro vídeo, el músico y divulgador Eliseo Parra apunta al meollo de la cuestión: «La música forma parte de la vida del género humano desde tiempo inmemorial. Eso la sabe todo el mundo. Pero habría que recordar que para que haya música se necesita al músico».

Por otro lado, el veterano José María Guzmán aprovecha su intervención para infundir ánimos a sus compañeras y compañeros de profesión que están sufriendo con especial rigor las consecuencias de las medidas sanitarias adoptadas en todo el país contra la COVID-19. Y, en esa línea, concluye categórico: «Un país sin cultura y sin música es un país inerte, un país muerto. Un país sin cultura no es nada».

Najla Shami señala que el suyo es un «sector que teje afectos muy necesarios a través de la música», un sector que atraviesa un momento muy difícil debido a «problemas endémicos que se han intensificado con la pandemia». Por eso, la vocalista y compositora reclama: «Necesitamos con muchísima urgencia que nuestra situación se arregle y que podamos vivir de una forma digna de lo que más nos gusta hacer».

Desde su doble vertiente de intérprete y profesora, Diana Tarín asegura que nada es «más reconfortante que ver a un alumno cuando empieza a volar solo musicalmente», y, a modo de despedida, añade unas notas de optimismo que hoy son más necesarias que nunca: «Esto no va a ser eterno. Todo esto que está sucediendo pronto será historia». Será entonces cuando la música volverá a los escenarios y las salas a vibrar con los aplausos y la emoción del público. Más pronto que tarde, que así sea.

El Defensor del Pueblo ha advertido de la «excesiva demora» de algunas autonomías, como la valenciana, para asumir la tutela de menores extranjeros no acompañados.

Así se desprende del ‘Informe Anual’ de la institución relativo al ejercicio 2020, en el que recoge que según los datos facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a 31 de diciembre de 2020 se encontraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados 9.030 menores –869 niñas–.

Andalucía con 2.507 menores, Canarias con 1.849 y Catalunya con 1.168 eran las tres comunidades autónomas con más menores, seguidas por Melilla, con 798; Ceuta, con 496; y la Comunitat Valenciana, con 473.

En su informe, el Defensor indica que al igual que en años anteriores, han continuado las intervenciones con los distintos servicios de protección de menores en relación con la falta de declaración de desamparo y asunción de la tutela, o la «excesiva demora» en su adopción.

En este sentido, pone el ejemplo de que se ha reiterado a los servicios de protección de la Generalitat Valenciana dicho deber legal de declarar el desamparo y asumir la tutela de los menores a su cargo.

Así mismo, a la vista del «elevado» número de menores afectados en la autonomía por esta situación, se dio traslado de este asunto a la Fiscalía General y se solicitó información sobre las medidas adoptadas por dicho organismo.

Además, el Defensor señala que han sido «numerosas» las quejas recibidas procedentes de jóvenes extutelados en la Comunitat que no han podido acceder a un recurso de la red de apoyo a la emancipación tras su mayoría de edad.

Al respecto, señala que en las actuaciones iniciadas con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, tanto en relación con las medidas adoptadas en cada uno de los casos como sobre la suficiencia de las plazas ofertadas, este órgano valenciano informó de que su red para jóvenes extutelados disponía de un total de 122 plazas en hogares de emancipación que contaban con una ocupación del 100 por cien, así como con jóvenes en lista de espera.

Cuentan también –según se trasladó– con las oficinas mentoras desde las que se realiza acompañamiento a los jóvenes hasta los 25 años, de carácter ambulatorio, que abarca la atención legal y administrativa, residencial, solicitud de la renta valenciana de inserción, orientación hacia otras alternativas habitacionales y recursos, así como apoyo psicológico, asesoramiento y acompañamiento sociolaboral en la búsqueda de empleo.

El Defensor indica que han continuado las actuaciones con la Conselleria «dando cuenta de la insuficiencia de plazas para dar respuesta a las necesidades de estos jóvenes». A 31 de diciembre de 2020, eran 473 los menores extranjeros no acompañados dados de alta en el Registro.

En relación con las cuestiones relacionadas con las autorizaciones de residencia, en el informe se indica que se observa «con preocupación» el elevado número de menores que acceden a la mayoría de edad sin contar con la autorización.

La mayoría de actuaciones por esta cuestión se concentran en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Valencia y Canarias. Durante 2020 se les ha tenido que recordar en varias ocasiones el deber legal de instar la tramitación de la autorización de residencia de los menores a su disposición. Así mismo, se ha dado traslado a Fiscalía de este asunto.

CIE DE VALENCIA

Por otro lado, el informe recoge un aparto al Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia (CIE) y alude al caso del fallecimiento de un joven marroquí que se suicidó en el centro en 2019.

Al respecto, recuerda que la Audiencia de Valencia sobreseyó las actuaciones al considerar que ni el personal sanitario ni de custodia del centro tenían responsabilidad penal por esa muerte. Sin embargo, se señalaba en la resolución que ello no significaba que la atención recibida por el interno fuera intachable ni que pudiera derivarse alguna clase de responsabilidad como consecuencia de esa atención o de su fallecimiento. Por este motivo, se han reabierto las actuaciones, de cuyo resultado se dará cuenta en el próximo informe anual.

Por otro lado, el informe recoge que con motivo de la repatriación de varios internos, el 29 de febrero de 2020 se produjeron varios incidentes. Una asociación formuló una queja en la que exponía que dos de los internos se habían autolesionado, con múltiples cortes en cabeza y barriga, y que su intención era provocar su traslado al hospital y evitar, así, su repatriación.

Sin embargo, alegaban que fueron asistidos por los servicios médicos del CIE y, finalmente, fueron repatriados. En la respuesta recibida, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras comunicó que las lesiones fueron de carácter leve y que los servicios médicos estimaron que no era necesario la derivación de los autolesionados al hospital de referencia por tratarse de cortes superficiales. En el momento de elaboración de este informe no constaba que se iniciaran actuaciones judiciales por estos hechos.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha solicitado este jueves a la Comisión Ejecutiva Regional de su partido que, a su vez, pida a la dirección federal que adelante y active la convocatoria de primarias para, conforme a los plazos y procedimientos que marcan los estatutos, elegir a la persona que encabezará la candidatura de los socialistas andaluces para las próximas elecciones autonómicas, previstas inicialmente para finales de 2022, al tiempo que ha confirmado su intención, «por supuesto», de concurrir a las mismas.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A ha acordado posteriormente por unanimidad este planteamiento de Susana Díaz que la líder andaluza ha enmarcado en un ejercicio de «responsabilidad» y para atajar un debate interno que estaba «erosionando la imagen» del partido en Andalucía, según ha argumentado la propia secretaria general en una rueda de prensa previa a dicha reunión de la dirección de la federación andaluza en la que ha solicitado que el proceso de primarias sea «sobre todo transparente y con garantías».

Esta decisión se produce horas antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocado para este jueves por la tarde, donde está previsto que se convoque dicho proceso de primarias en Andalucía.

Susana Díaz ha dicho no ser «ajena al ruido incesante que se ha generado» en su partido y que «impide» que sus mensajes «lleguen con nitidez a los ciudadanos», así como que ella habría preferido que «primero», antes de las primarias, «se hubiese hecho un debate sobre las ideas, los proyectos, sereno, reflexivo, que hubiese permitido participar a muchos ciudadanos, dirigentes de la izquierda andaluza, y que se incorporaran nuevas ideas», pero «no ha sido posible», según ha lamentado.

La dirigente socialista ha subrayado que «los debates internos interesan muy poco a los ciudadanos, por no decir nada», así como que ella entiende su «militancia y responsabilidad como secretaria general del PSOE-A como vocación de servicio», y durante los últimos meses ha entendido que, «en una situación excepcional» como la derivada de la «pandemia mundial» de la Covid-19, «la única prioridad tenía que ser la gente» y «volver cuanto antes a la normalidad.

De igual modo, ha señalado que ha defendido «respetar los calendarios» aprobados «por unanimidad» en el Comité Federal del PSOE «para renovar las direcciones de todos los órganos del partido».

«He respetado esos tiempos orgánicos», ha remarcado Susana Díaz, quien ha defendido que su «única obsesión es mejorar la vida de los andaluces aportando mi pequeño grano de arena», así como que no le interesa «el poder por el poder, como tampoco ascender en mi trayectoria política», y que su «compromiso es con los andaluces y con Andalucía», y por eso decidió hace ya tiempo que es en esta comunidad donde estaba «ligado» su «futuro político».

Susana Díaz también ha puesto de relieve que ha respetado que el PSOE «afrontara unas elecciones muy complicadas» en la Comunidad de Madrid en las que «nos jugábamos plantear una alternativa de izquierda al gobierno de derechas, y hacerlo además sin distorsionar».

«Lamentablemente no ha podido ser, por más que me pese», ha dicho la líder del PSOE-A antes de agregar que, «mientras unos compañeros hemos mantenido esa posición de respeto, otros compañeros a los que también respeto han decidido plantear un debate para adelantar las primarias al futuro candidato a la Junta cuando ni tan siquiera estaban convocadas las elecciones» en Andalucía.

QUE LOS MILITANTES VOTEN «SIN IMPOSICIONES Y CON AUTONOMÍA»

Al hilo, ha sostenido que ella «nunca» va a negarse «al debate sereno de mi partido, y menos a que sean los militantes, los verdaderos protagonistas, quienes tomen la decisión en libertad, sin imposiciones y con autonomía».

«Son ellos a quienes les toca decidir quién les representa en unas futuras elecciones», ha subrayado Susana Díaz, quien ha defendido que «una decisión colectiva, participativa, compartida, es infinitamente mejor que una decisión personal».

Para Susana Díaz, «seguir con este debate de primarias ya o primarias más tarde sólo está consiguiendo erosionar la imagen del PSOE-A, y eso no debemos permitirlo en ningún caso», porque «no hay más salida que la unión, recuperar ese partido que tiene ser el PSOE de Andalucía, de altura de miras, sin empujones» que «nunca llevan a nada bueno».

Ahora «la última palabra le corresponde ya a los más de 44.000 afiliados del PSOE-A si así lo entiende la Ejecutiva Federal en la tarde de hoy», ha manifestado Susana Díaz, quien confía en que los militantes «tomarán la mejor decisión para el conjunto de la comunidad» autónoma, «a quien le tenemos que dar siempre soluciones y respuestas», según ha subrayado.

A LA ESPERA DE HABLAR CON PEDRO SÁNCHEZ

A preguntas de los periodistas, Susana Díaz ha explicado que se enteró de la intención de Ferraz de activar este jueves el proceso de primarias «por un medio de comunicación que en la tarde de ayer (este miércoles) dio la noticia.

Ha revelado que «por la mañana» mandó un mensaje al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero «no he podido hablar con él», y que recibió «una llamada del secretario de Organización» del PSOE, José Luis Ábalos, «que en ningún momento me habló de convocatoria de primarias en Andalucía», según ha indicado antes de apostillar que espera «en las próximas horas poder hablar con el secretario general del PSOE de España».

Susana Díaz ha opinado que «cuantos más compañeros se presenten, más rico será el proceso», así como que respeta «profundamente a todos» los que «libremente deseen dar ese paso», y ha incidido en que «la votación tiene que ser en libertad, con autonomía y con mucho respeto de unos a otros».

También ha señalado que la convocatoria de la reunión de la Ejecutiva del PSOE-A de este jueves «se hizo el martes por la mañana, mucho antes del cierre del proceso electoral en Madrid y antes del anuncio de que iba a haber una Ejecutiva federal» este jueves.

REGLAMENTO DE PRIMARIAS

El artículo 225 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE, aprobado en febrero de 2018, establece que «el procedimiento de elecciones primarias, ya sean con participación de la ciudadanía o entre militantes y afiliados/as directos/as, es de aplicación a la elección del candidato o candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de España, de los candidatos y candidatas del PSOE a las presidencias de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas, de los cabildos y consejos insulares, de las juntas generales y las alcaldías de los municipios con más de 20.000 habitantes o que sean capitales de provincia».

Se precisa además que «sólo se procederá a la celebración de elecciones primarias» en «el caso de las candidaturas a la presidencia de comunidades autónomas, cuando lo acuerde el respectivo comité autonómico o así lo soliciten la mayoría de sus miembros o más del 40% de la militancia y la afiliación directa del ámbito territorial correspondiente».

El reglamento establece también, en su artículo 227, que «la convocatoria del proceso de elecciones primarias, para cualquiera de los ámbitos donde vaya a celebrarse, es competencia del Comité Federal», pero apostilla que, «sin perjuicio de lo anterior, con carácter excepcional, si las específicas circunstancias políticas, así lo aconsejen, la Comisión Ejecutiva Federal podrá proceder a convocar el proceso de primarias de oficio o a solicitud de la respectiva Comisión Ejecutiva regional o de nacionalidad».

Dicha convocatoria «deberá ser ratificada en la primera reunión del Comité Federal que se produzca», aclara el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE.

El PSOE ha pedido «consenso» para aprobar el Proyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, «una ley transversal, pionera y muy participada» que sí contará con el voto a favor de Ciudadanos, mientras que el PP no ha desvelado su posición.

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que la ley de despoblación de Castilla-La Mancha llega a las Cortes regionales después de «un intenso» trabajo en el que se ha escuchado a expertos, instituciones y organizaciones ligadas al desarrollo del mundo rural.

«Es una ley transveral, pionera y muy participada que marca el punto de inflexión en el objetivo de revertir la actual tendencia demográfica en diversas zonas de nuestro territorio», ha apuntado.

Martínez Guijarro ha pedido a Ciudadanos y al PP que apoyen esta ley porque «no es una ley ni del PSOE, ni de Ciudadanos ni del PP, es la ley que necesita esta región para poner freno al despoblamiento».

Además, ha afirmado que la lucha contra la perdida de habitantes de la que ahora se oye tanto hablar en todos los foros «no es algo nuevo» para el Gobierno de Emiliano García-Page, que, según ha recalcado, desde el año 2015 inició un trabajo de reconstrucción «tras el paso de un gobierno –en referencia a la legislatura del PP– que durante cuatro años se cebó con sus recortes, precisamente con el medio rural».

Ha indicado que la pandemia provocada por el coronavirus «lo ha cambiado todo» y «si en algo estamos empeñados es en cómo convertir esta crisis en una oportunidad para las zonas afectadas por la despoblación». Todo ello reside en el espíritu de esta norma, «para la que hemos tratado de escuchar a todos», ha dicho.

Así, ha explicado que el texto incluye por primera vez en España la política fiscal y contempla conceptos novedosos como la estancia efectiva o el impacto demográfico. También pone el acento en el apoyo a las empresas que se ubican en zonas despobladas y garantiza la sanidad, la educación y la asistencia sociosanitaria a sus vecinos y vecinas. Se trata de una norma –ha apuntado– «con la que Castilla-La Mancha marca el rumbo para legislar en beneficio del mundo rural», convencido que será imitada por otros territorios con desafíos demográficos similares a los de Castilla-La Mancha.

El vicepresidente ha destacado, además, que la implementación de políticas contra la Despoblación exige unidad para poder afrontar la lucha contra la misma toda vez que ha explicado que el principal instrumento será la Estrategia contra la Despoblación cuya elaboración está ya muy avanzada, y que tendrá una vigencia mínima de una década, con revisiones cada cuatro años.

En la misma línea se ha pronunciado la diputada socialista María Jesús Merino, ponente del proyecto de ley, quien se ha mostrado segura de que, «en un asunto de este calado» y cuando se está poniendo sobre la mesa el futuro de una gran parte del territorio de la región y sus habitantes, «hoy si vamos a sumar fuerzas para sacar adelante esta ley».

Por parte del PSOE también ha tomado la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, quien ha aseverado que el texto recoge el 90 por ciento de las medidas que se abordaron en la comisión de despoblación, por lo que se ha mostrado confiada en que pueda ser aprobada con el voto favorable de todos los grupos.

CS PIDE UNA LEY DE TODOS

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha asegurado que durante mucho tiempo «la clase política no ha sabido, no ha querido o no ha podido frenar ese éxodo rural que está condenando a muchos municipios a la desaparición».

Ha celebrado que este jueves se traiga a esta Cámara este proyecto de ley, y que «por fin» Castilla-La Mancha «se tome en serio» este reto demográfico y que «no sea solo un anuncio y un eslogan».

Para Picazo, «lo que hace diez años era un problema, hoy es ya un drama», razón por la cual ha defendido que «desde el consenso pongamos en pie una ley que no sea del PSOE, ni de Ciudadanos, ni del PP, sino una ley de todos». Por ello ha expresado el deseo de que «no sea papel mojado, sino un mecanismo real de cambio».

«Si no actuamos rápido y no nos lo tomamos en serio será el final de muchos de estos municipios. Estamos a tiempo de ponernos de acuerdo y de pactar en igualdad de condiciones porque es necesaria una estrategia que trascienda a una legislatura o un programa de gobierno», ha abundado.

PP: «ALGO NO SE HA HECHO BIEN»

De su lado, el diputado del PP Benjamín Prieto ha dicho que con discursos como el de Martínez Guijarro «poco se colabora» para que estas Cortes hoy lleguen «al consenso que es necesario» en un tema como éste. «Se busca culpar a los otros de lo que ustedes (PSOE) han provocado y han hecho durante años porque usted se sentaba antes del 2011, por tanto algo tendrá que ver en lo que esta pasando en la Castilla-La Mancha de hoy», ha espetado al vicepresidente.

«Hemos escuchado alguna vez que la despoblación está de moda. Espero que éste no sea el motivo por el que hoy las Cortes están trabajando en esta norma», ha añadido Prieto, quien ha advertido de que contra la despoblación «no sirve una varita mágica, pesa más la voluntad política».

Ha recordado que desde el PP se ha venido reclamando durante estos años «mayor sensibilidad» con el mundo rural y «dada la avanzada situación de gravedad y de dificultad de mantener la actividad y la vida en los pueblos, buscar un refuerzo con medidas legislativas que, posiblemente, si desde hace años se hubieran tratado hoy los asuntos serían de otra manera», ha asegurado.

Algo no se ha hecho bien en los casi 40 años de estado autonómico para que hoy en un territorio, eminentemente rural, haya que legislar de manera in extremis para evitar la sangría demográfica y casi la desaparición de muchos núcleos de población», ha afirmado Prieto, quien ha lamentado que no vayan a salir adelante ninguna de las 36 enmiendas ‘vivas’ al pleno de las Cortes. «No estamos por la labor de no contribuir en la mejora de nuestro mundo rural», ha indicado.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso Antón Gómez-Reino, ha interpuesto una denuncia ante la Policía por un presunto delito de odio y amenazas vertidas en redes contra él y otros miembros de la formación morada en A Coruña.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el parlamentario y representante de Galicia en Común ha explicado que, ante recientes casos similares de amenazas, ha acudido a la Policía dado que «no es el momento de dejar ningún tipo de resquicio» a los que «quieren erosionar las libertades, los derechos y la democracia».

«No es el momento de mirar hacia otro lado», ha proseguido Gómez-Reino para recalcar que, en su tarea de cargos públicos, es «visibilizar» este tipo de cuestiones para atajar «esta intolerable escalada de acoso y matonismo» que acomete «la extrema derecha» en España.

Por tanto, espera «contundencia» a la hora de investigar estas amenazas y ha exhortado a «acabar con el clima de tensión que ha generado la extrema derecha en este país desde que ha llegado al ámbito institucional».

«Hay que combatir con firmeza, con calma pero con firmeza democrática esta amenaza», ha insistido el diputado para dejar claro que «no se van a amedrentar» a Unidas Podemos «ni van a dejar de hacer política» que llegan de «forma insistente» a cargos públicos, y que «no hay que frivolizar».

«VIGILAD VUESTRAS ESPALDAS»

Según consta en la denuncia registrada en el Congreso de los Diputados, los hechos se circunscriben en la red social Twitter tras la publicación por parte la agrupación coruñesa de Podemos en la ciudad de A Coruña de una serie de fotografías que reflejaba a varios miembros del partido habían acudido a la manifestación del 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo.

A raíz de ello, recibieron respuesta de una cuenta en dicha red con el mensaje ‘Vigilad vuestras espaldas, puede haber una pequeña sorpresa dentro de poco’, texto al que acompañaba una bandera española cubriendo una mesa en primer plano, un fusil de asalto Cetme modelo C y calibre 7,62, arma que se solía utilizar por las Fuerzas Armadas a inicios de la década de los 90.

También se apreciaban tres cargadores de 30 proyectiles y un cargador de cinco cartuchos para el propio fusil, aparte de tres cajas de munición de la propia arma y otros 20 cartuchos sin percutil del citado calibre. También aparecía un machete o una bayoneta, acoplable al arma y un cinturón reglamentario de determinadas unidades del Ejército.

Por tanto, el parlamentario constata en su denuncia que el texto y las imágenes tienen «una clara y evidente intención amenazante» al instarles a «vigilar sus espaldas», expresión que en el argot común policial alude a una posible agresión o atentado.

En medio de la campaña madrileña el candidato de Unidas Podemos y hasta ahora secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, recibió dos cartas amenazantes con balas. En una de ellas, los proyectiles también correspondían al fusil Cetme.

«El autor pretende demostrar que está en posición del arma y de munición de guerra hábiles para cometer un atentado, mediante disparos de gran potencia, contra la vida e integridad física de los integrantes de la agrupación coruñesa de Podemos, entre los que se encuentran el diputado, y su compañera concejala de A Coruña, representantes públicos con cargo institucional», describe el texto presentado en comisaría.

EL AUTOR TRASLADA QUE ESTÁ DISPUESTO A USAR EL ARMA «CON FIN PATRIÓTICO»

También alude a que se producen en un contexto de anteriores amenazas a cargos públicos de «mayor relevancia institucional», como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, a través de cartas con munición de Cetme «idéntica a la fotografiada».

En el caso presente, prosigue en su denuncia, se pretende demostrar «que el autor está en posesión del arma en condición útil» y «está dispuesto a usarla con fin patriótico» al que «sería contraria, según su percepción la actividad política o institucional de los destinatarios de la amenaza»

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha manifestado que el cobro en autovías «alejaría más a Galicia» del resto de España y ha criticado «mensajes tan poco claros» sobre asuntos «de tanto calado», en respuesta a preguntas de los periodistas tras reunirse con representantes de la patronal coruñesa.

Vázquez consideró que es una propuesta que el Gobierno «no concreta» y que tampoco «dialoga» con el resto de comunidades autónomas que tienen competencia en materia de autovías.

Para la Xunta, la «máxima prioridad» es la bonificación de los peajes en la AP-9, según declaró la conselleira. Afirmó también que «no parece adecuado» incrementar las peajes sin haber abordado todavía el asunto de las bonificaciones.

La conselleira recordó las palabras del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de hace unos días en las que declaró que no había «una propuesta concreta». Vázquez instó, por ello, al Gobierno a «aclararse» y pidió que las comunidades tengan «voz y voto» en este asunto.

Por último dijo que la Xunta «no va a permitir» una alternativa que empeore todavía más «la situación periférica de Galicia». Al hilo de ello, argumentó que esta autonomía está «en el córner de España» y medidas como esta la «alejarían» aún más del resto del país.

POSTURA DEL GOBIERNO

Sobre esta cuestión, y también a preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno, José Miñones, ha dicho que no hay «un posicionamiento ni una declaración» sobre este asunto. «Lo que tenemos es un documento que se manda a Bruselas dentro de un conjunto de un plan de recuperación, no hay ninguna planificacion, ningún proyecto, nada al respecto».

Con todo, ha afirmado que se «tendrá que estudiar en base a los dictamenes de Bruselas», pero ha considerado que «no tiene sentido» hablar sobre ello sin saber «ni cómo ni cuándo ni la estructura del mismo».

RECHAZO DE LA DIPUTACIÓN CORUÑESA

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha manifestado que confía en que no haya «nuevos recargos tributarios en las autovías» y que esta cuestión no deje de ser «un globo sonda».

«Este país lo que menos necesita son globos sonda sobre temas tan sensibles», ha recalcado el también secretario provincial de los socialistas coruñeses, para quien hay que ser «muy cuidadoso con este tipo de anuncios» que pidió también alejar de «localismos».

«El mantenimiento de las carreteras, el establecimiento de peajes y el rescate de concesiones tienen que responder a criterios de lógica de Estado y no a criterios ocasionales y localistas», ha sentenciado.

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo «que se deje de hablar de cañas y de berberechos y que se ponga a trabajar por el interés general», al tiempo que le ha recomendado que «escuche a históricos del PSOE».

Al respecto, ha cuestionado sobre a quien han votado históricos socialistas como Leguina, Redondo o Sabater, señalando que «al PP». «Que lo tenga muy claro la señora Calvo», ha señalado Montesinos, apuntando que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no quiere hablar y se esconde en el búnker de la Moncloa, nos saca a la señora Calvo para insultar a los votantes de centroderecha».

Así, ha indicado que «siempre que hay un mal resultado electoral, y Sánchez lleva unos cuantos, él se va al búnker y saca a Calvo para insultar a media España», apuntando que la vicepresidenta «debe saber que lo que dijeron los madrileños fue no a la gestión del Gobierno de España a la crisis sanitaria y económica, porque lo que hicieron los ciudadanos fue comparar modelos».

En rueda de prensa en Málaga, ha indicado que en Madrid los ciudadanos «le han puesto un suspenso rotundo al Ejecutivo central» y ha señalado que «el gran derrotado el 4 de mayo fue Sánchez», de quien ha dicho que «han pasado 48 horas de las elecciones y ni rastro, nadie sabe dónde está».

Montesinos ha indicado que el líder del PP, Pablo Casado, «está reunificando el voto del centro derecha, mientras Sánchez está dinamitando la izquierda» y ha asegurado que el 4 de mayo ha sido «un punto de inflexión en la política española y se ha dado un paso de gigante en la unión de la mayoría silenciosa en torno al primer partido de la oposición».

«El mensaje que se ha trasladado a nivel nacional ha sido muy poderoso, si vamos juntos a las elecciones, si unimos esfuerzos Sánchez tiene hoy un pie fuera de la Moncloa», ha asegurado, incidiendo en que el PP «es la casa común del centroderecha, con una puerta ancha como no se cansa de repetir Casado, para que también entren los socialdemócratas que estén descontentos de la gestión de Sánchez».

El representante del PP ha considerado que «por la vía de los hechos hemos demostrado que se puede poner fin a este gobierno de la mentira y de la gestión ineficaz» y ha apuntado que «quienes urdieron la fracasada moción de censura en la región de Murcia han sido los grandes derrotados en las urnas». «Y la prueba es que Sánchez se ha vuelto a esconder en el búnker de la Moncloa», ha reiterado.

Ha recordado que este pasado miércoles Casado ya dijo en el Comité Ejecutivo Nacional que han solicitado formalmente la comparecencia de Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación «para que rinda cuentas en el Parlamento» y ha incidido en que el PP tiene «el rumbo marcado».

«Hay que unificar ese voto en torno al PP, si vamos juntos ganamos a Sánchez, por eso está tan nerviosa la señora Calvo», ha dicho Montesinos, señalando que también «hay mucho ministro y socialistas muy preocupados», porque, ha apuntado, «el tic-tac ha comenzado, la cuenta atrás para que un Gobierno de verdad, presidido por Casado, tome las riendas del país».

Asimismo, ha indicado que «la ilusión se palpa en las calles y no solo en Madrid, se nota en todo el territorio nacional» y ha afirmado que «cuando Sánchez decida convocar elecciones generales, el PP está preparado para gobernar, la cuenta atrás ha comenzado».

La vicepresidenta primera del Gobierno y dirigente socialistas, Carmen Calvo, ha defendido este jueves la necesidad de celebrar cuanto antes las primarias del PSOE en Andalucía para que el partido esté preparado ante un posible adelanto electoral, y ha puesto de ejemplo cómo se comportó el PSC ante las catalanas, cuando su líder Miquel Iceta, dio un paso atrás para que el exministro Salvador Illa encabezara la candidatura.

«Esto no va de que cada quien, esto va de que la Ejecutiva Federal tiene que ser responsable nada más y nada menos que de afrontar, no sabemos cuándo, unas elecciones en Andalucía», ha defendido en una entrevista en Onda Cero.

De este modo, Calvo ha defendido la decisión que va a tomar la Comisión Ejecutiva Federal este jueves por la tarde de celebrar en junio las primarias en Andalucía para elegir ya a su candidato a la Junta; una postura a la que ahora se ha sumado la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, con su petición a Ferraz para que las adelante, a pesar de su rechazo las últimas semanas.

Según Calvo, la Ejecutiva Federal tiene la «obligación» de tomar esta decisión porque «en Andalucía puede ocurrir cualquier cosas» y tiene que estar «preparado» y porque, además, el PSOE «es una organización única en toda España. «No somos un puzle de taifas», ha apostillado.

Y este punto, ha recordado «el comportamiento» que tuvo «en plena pandemia» el PSC, su único partido «hermano», «cuando se han acercado unas elecciones catalanas», en clara alusión al cambio de se produjo de Iceta a Illa como cabeza de cartel para afrontar la cita con las urnas con más posibilidades, como argumentaron entonces.

No obstante, Calvo no ha querido posicionarse sobre si el candidato a la Junta debe ser el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quien cuenta con el apoyo de los críticos del PSOE en Andalucía y de Ferraz, pero todavía no ha formalizado su candidatura.

«Yo, como militante andaluza, diré lo que opino», ha asegurado tras defender, eso sí, que la Ejecutiva es neutral porque al candidato le elegirán las bases en primarias.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, ha tramitado en 2020 un total de 28.020 quejas, lo que suponen un aumento del 26,4% con respecto a las 20.616 que se registraron un año antes.

La institución ha presentado este jueves 6 de mayo de forma telemática ante el Congreso y el Senado su informe correspondiente al año pasado, en el que relaciona este aumento de reclamaciones con las medidas políticas y sanitarias tomadas durante la pandemia del Covid-19.

En el documento, se habla de forma concreta de quejas presentadas ante el Defensor contra los decretos del Gobierno de medidas urgentes en materia económica; para la gestión de la situación de la crisis sanitaria; de medidas complementarias en el ámbito laboral (los ERTE); para reducir la movilidad de la población durante la pandemia; para la implementación del Ingreso Mínimo Vital; o sobre la educación no secundaria, entre otras.

En este contexto, el Defensor del Pueblo ha registrado también un gran aumento de las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y amparo que, en 2020 alcanzaron las 909, frente a las 135 que se registraron un año antes.

Según ha explicado, estos recursos de inconstitucionalidad fueron estudiados y, posteriormente, desestimados por entender el Defensor que no se daban los elementos que determinasen la violación de derechos fundamentales que requiriesen la formulación ante el Tribunal Constitucional de las impugnaciones demandadas.

MÁS DE 400 ACTUACIONES DE OFICIO

Por su parte, la Institución ha llevado a cabo 406 actuaciones de oficio (el año anterior realizó 372) y, de ellas, 117 se pusieron en marcha dentro de la labor que realiza el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), recoge en informe.

Una de estas investigaciones se realizó en relación a la puesta en marcha del estado de alarma en España, que entró en vigor en el mes de marzo del año pasado. Según ha explicado Fernández Marugán, esta decisión se tomó ante «la multitud de escritos de ciudadanos» que recibieron sobre esta materia y «bajo la intensa alteración de la vida cotidiana que supuso el confinamiento domiciliario» para los españoles.

Toda esta actividad, según explica el documento, ha culminado en 616 recomendaciones del Defensor del Pueblo y 1.181 sugerencias sobre los diversos temas que se han presentado durante el año pasado.

Fernández Marugán ha indicado que, posiblemente, el de 2020 sea el informe anual «con más singularidades de todos los presentados en los últimos años», ya que se trata de un año que ha estado totalmente marcado por la aparición de «un fenómeno sin parangón en el presente siglo», como es la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

Esta situación de pandemia, ha indicado, ha influido en la forma de trabajar del propio organismo que, además, decidió adelantar parte de la información que este jueves se presenta, ante el Congreso y el Senado, por la peculiaridad de la situación.

Fernández Marugán ha señalado que las principales actuaciones de su departamento se han producido en materia de asistencia sanitaria, medidas socioeconómicas, residencias de mayores y diversos aspectos de la educación, todos ellos sectores muy afectados por el Covid-19.

«Es muy evidente que la pandemia ha sometido al Sistema Nacional de Salud a toda una serie de tensiones, hasta ahora inéditas, dejándole poco margen de reacción y mostrando apreciables debilidades», recoge el informe, antes de llamar a las administraciones competentes a «fortalecer el sistema público de salud, y dentro de él la atención primaria y la estructura hospitalaria».

Del mismo modo, llama a crear una agencia estatal de salud pública con capacidades suficientes de decisión y gestión. «Algunas de estas actuaciones, ya fueron señaladas por esta institución en informes anteriores», apunta Fernández Marugán.

También había llamado anteriormente, señala, en la necesidad de la clarificación del carácter vinculante y normativo que deberían tener los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para evitar, ha indicado, la imagen de «algunas comunidades autónomas manifestando reiteradamente su desvinculación respecto acuerdos adoptados por la mayoría de ellas».

LAS RESIDENCIAS DE MAYORES: UN «ESPECTÁCULO»

En cuanto a la situación vivida por las residencias de mayores durante esta crisis sanitaria, que el Defensor califica de «espectáculo», el informe denuncia el «escaso interés» que ha existido «por la dignidad de las personas que en ellas están internadas. Esto es consecuencia, ha indicado, de «un inadecuado modelo de atención a los mayores» que llama a reformar.

«El fracaso no está solamente en las insuficiencias que se puedan atribuir a los propietarios, empresarios privados o concesionarios de los servicios, sino también en la deriva que desde el establecimiento del actual sistema han incurrido las administraciones competentes, permitiendo un fenómeno generalizado de privatización, agravado por su escasa actividad inspectora sobre las autorizaciones de los centros y las normativas que son de aplicación a sus actividades, personal, instalaciones y servicios», indica.

En materia educativa, Fernández Marugán ha señalado que la pandemia ha dado visibilidad a la situación de «muchas familias» que no tienen «recursos suficientes» para que sus hijos puedan acceder en igualdad de condiciones a la Educación; y ha mostrado la «necesidad de incrementar las ayudas de comedor» y las medidas de «conciliación de la vida familiar y laboral».

El informe del Defensor indica que esta pandemia ha puesto de manifiesto «la necesidad de valorar el protagonismo del Estado y de los servicios y prestaciones públicas».

«Las actuaciones de carácter socioeconómico dirigidas a la protección de trabajadores y autónomos y a paliar el crecimiento de la pobreza, el paro, la precariedad y la desigualdad han buscado suavizar el impacto económico del coronavirus, a la vez que las políticas de bienestar se han enfrentado a la pandemia», asegura.

En este sentido, destaca que con este «esfuerzo de protección de rentas» se ha mostrado una «notable capacidad» de llevar a cabo la recuperación de múltiples sectores y se ha comprobado que «las medidas de austeridad como las aplicadas anteriormente en la Unión Europea, fueron poco adecuadas».

El coronel Diego Pérez de los Cobos ha solicitado en la Audiencia Nacional su petición para reincorporarse a su puesto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cargo del que fue cesado cuando una unidad bajo su dependencia fue requerida judicialmente para investigar la posible relación entre la manifestación feminista del 8-M y el inicio de contagios de coronavirus.

Según ha adelantado eldiario.es y confirman fuentes jurídicas, el coronel ha solicitado este mismo jueves su reingreso en la Comandancia de Madrid, sin esperar al recurso planteado por el Ministerio del Interior que, a través de la Abogacía del Estado, sostiene que el cese fue legal al ser cargo de libre designación y que no hubo «desviación de poder».

El cese del coronel se anunció en mayo, cuando estaba en vigor el real decreto del primer estado de alarma por el Covid-19, y está en la actualidad pendiente de resolución por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, tras el fallo del juzgado número 8 de este órgano judicial que declaraba ilegal la destitución de este mando.

INTERIOR RECHAZA SU REINCORPORACIÓN

Fuentes de Interior han señalado que se opondrán a través de la Abogacía del Estado a la ejecución provisional de la resolución de la Audiencia Nacional que daba la razón a Pérez de los Cobos. Entienden que no cabe aceptar su reingreso al haber sido recurrido y que, como se ha señalado en el recurso presentado, «se considera que el cese fue legal, motivado y ajustado a derecho».

En su recurso, de hecho, Interior justificaba el cese en una pérdida de confianza hacia Pérez de los Cobos, que antes de la Comandancia de Madrid estuvo en la Secretaría de Estado de Seguridad y fue asignado como coordinador del dispositivo para frenar el referéndum del 1-O en Cataluña.

Interior alegó que el coronel, una vez iniciada la investigación del 8-M –luego archivada– en la que se imputó al delegado del Gobierno en Madrid, «cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo», dejando de reportar a la cadena de mando sobre cuestiones relativas a la investigación judicial, algo que sí había hecho hasta en cuatro ocasiones antes, a pesar de que ya existía la orden de reserva por parte de la juez.

El magistrado que ordenó el reingreso de Pérez de los Cobos en su puesto apuntó que, de las pruebas practicadas, la conclusión era que «no es cierto que el recurrente no informase del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento». Por tanto, entendía que «la motivación de la propuesta de cese no es real, o al menos no se ajusta a la realidad».

CRÍTICAS TRAS EL CESE

El cese provocó una fuerte polémica por las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior, con peticiones reiteradas desde PP, Cs y Vox para que Marlaska dimitiera.

En octubre, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó la denuncia presentada por Vox por la destitución al no apreciar delito de prevaricación en la actuación de la directora general del Instituto Armado, María Gámez, ni del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, remitiéndose a lo que decidieran los jueces de lo contencioso-administrativo.

El Ministerio del Interior nombró en junio de 2020 al teniente coronel David Blanes González como sustituto de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid. El coronel cesado, que fue destinado en comisión de servicios a la Intervención Central de Armas y Explosivos en Madrid, trató de ascender a general, algo que rechazó el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado este jueves el recurso planteado por la compañía farmacéutica alemana Bayer contra los límites que la Comisión Europea impuso en el uso de los insecticidas clotianidina e imidacloprid debido a los riesgos que presentan para las abejas.

El fallo del tribunal de Luxemburgo es definitivo y confirma una sentencia anterior del Tribunal General de la UE, la primera instancia, que en mayo de 2018 ya avaló los límites que Bruselas legisló sobre el uso de estos dos plaguicidas y un tercero, tiametoxam, producido por Syngenta.

La decisión solo fue recurrida ante la instancia superior del TUE por el grupo alemán, en referencia únicamente a la clotianidina y el imidacloprid. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha desestimado su recurso y ha avalado los límites que la Comisión Europea impuso en 2013 tras estudiar la opinión científica al respecto de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Ese año, Bruselas prohibió su uso no profesional en el exterior o en el interior y cualquier uso como tratamiento de las semillas o del suelo para los siguientes cereales, cuando se siembren de enero a junio: cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, tritical y trigo,

La decisión también prohibía cualquier tratamiento foliar de la cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, tritical y trigo y su utilización como tratamiento de semillas, del suelo o aplicación foliar, excepto los usos en invernaderos y los tratamientos foliares después de la floración, para un centenar de cultivos, entre ellos la colza, la soja, el girasol y el maíz.

Bayer y Sygenta llevaron esta decisión a la Justicia europea, que en una primera sentencia desestimó sus recursos al considerar que los riesgos señalados por la EFSA justificaban «que las tres sustancias habían dejado de cumplir los criterios de aprobación» y que la prohibición «era la única forma de garantizar el efecto útil de la restricción aplicada» a su aprobación.

Este veredicto ha sido confirmado este jueves en una nueva sentencia en la que la Justicia europea desestima el recurso de Bayer que estaban basados en supuestos errores de interpretación en la sentencia anterior y en una aplicación de las medidas de precaución que el grupo alemán consideraba incorrectas.

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que «querría que Cataluña liderara una ofensiva por una España diferente, diversa», aliándose con otras Comunidades Autónomas, después de los resultados de las elecciones de la Comunidad de Madrid de este martes.

En una entrevista del diario ‘Ara’, ha insistido en que quiere presentarse a la investidura como presidente de la Generalitat ante el Parlament para liderar un Govern de izquierdas: «De momento no lo he probado ni me lo dejan probar», y se ha preguntado qué problema hay con que se pueda dirigir a la Cámara.

«¿Y si sorprendo con mi intervención? ¿Y si hago un ofrecimiento que sorprende?», ha dicho el exministro de Sanidad sin dar detalles, tras lo que ha recordado que el candidato de ERC, Pere Aragonès, se sometió a una investidura sin reunir los apoyos suficientes.

Preguntado por si apoyaría un Govern de ERC en solitario, ha recordado que el partido que ganó las elecciones fue el PSC y que se podría plantear al revés, y ha criticado que ERC y Junts alarguen las negociaciones: «Me dijeron muchas cosas cuando fui candidato, como que era un irresponsable. ¿Y qué están haciendo ellos ahora, en un momento de pandemia?».

REORGANIZACIÓN EN MADRID

Sobre las elecciones de la Comunidad de Madrid, ha señalado que los resultados se deben respetar porque son decisión de los ciudadanos, pero que no comparte la orientación con la que ha ganado el PP, y ha dicho que «plantea un reto muy relevante para el partido socialista de Madrid para reestructurarse y reorganizarse».

Ha descartado que la victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, represente una derrota para el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, porque han sido unos comicios autonómicos: «Madrid forma parte de España, pero España es afortunadamente mucho más que Madrid. Defiendo una España diversa y plural».

Sobre si Sánchez podría acercarse al PP en el Congreso tras su victoria en Madrid, ha garantizado que el presidente respeta la mayoría de su investidura y que no existe la voluntad de cambiar ni alterar los acuerdos que la posibilitaron: «A quien no deben temblar las piernas son a los socios de la investidura», y no al Gobierno.

TRAMITACIÓN DE LOS INDULTOS

Preguntado por si el resultado del 4M puede influir en los indultos de los dirigentes independentistas presos, ha replicado que «ni los aleja ni los acerca», porque el Gobierno debe llevar a cabo su tramitación, que está en el tramo final, con el último informe pendiente del Tribunal Supremo (TS), ha dicho.

Ha descartado visitar a los independentistas encarcelados en prisión: «El reencuentro no es sólo ir a ver a alguien a la cárcel, es escucharnos y respetarnos», también en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, en la que ha asegurado que se puede hablar de todo, aunque no vean encaje legal de la autodeterminación.

LIBERAR PATENTES

Sobre el apoyo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus, el exministro de Sanidad ha dicho estar impresionado por su liderazgo, y ha subrayado que el objetivo es que las vacunas lleguen «a todo el mundo lo antes posible, y es liberando las patentes».

Preguntado por el hecho de que haga sus intervenciones en el Parlament en catalán y en castellano, Illa ha explicado que su lengua materna es el catalán, pero que utiliza también el castellano porque quiere que todos los ciudadanos «sientan suyo el Parlament».

Pablo Cambronero, el diputado que abandonó las filas de Ciudadanos para pasar al Grupo Mixto, ha pedido autorización expresa al Congreso para donar la subvención mensual que recibe, anunciando su intención de dar ese dinero, que ronda los 1.700 euros, a entidades como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) o la Federación Española de Enfermedades Raras.

Tras abandonar Ciudadanos, Cambronero pasó al Grupo Mixto del Congreso y ha seguido percibiendo mensualmente un sueldo de 3.050,62 euros más otros 1.959,62 euros que reciben todos los parlamentarios de fuera de Madrid en concepto de indemnización para gastos de la actividad parlamentaria.

Pero también se le ingresó la subvención de algo más de 1.700 euros brutos mensuales, que era la que el Congreso abonaba a Ciudadanos por cada uno de sus escaños y que con su marcha perdió el partido ‘naranja’. Se trata de un dinero que, como la subvención fija mensual de 30.000 euros que recibe cada grupo parlamentario, se suele destinar a contratar personal de apoyo a sus señorías,

Cambronero ya renunció a la parte de la subvención fija que le correspondería en el Grupo Mixto para no mermar los recursos de los partidos que componen la agrupación parlamentaria, pero ahora ha pedido a la Mesa que le autorice formalmente a ceder esos 1.700 euros a entidades sin fines de lucro.

Cita en concreto a la Asociación contra el Cáncer y la Federación de Enfermedades Raras, pero en todo caso precisa que las donaciones están pendientes del visto bueno de la Mesa y de que las entidades lo confirmen. En todo caso, se compromete a informar a la Cámara «para su fiscalización oportuna», según el escrito.

BATALLA PARA TENER VOZ EN EL CONGRESO

El exdiputado de Ciudadanos tiene abierta una batalla en el Grupo Mixto para poder tener voz en la Cámara en igualdad de condiciones que los demás componentes del grupo, y está dispuesto a llevar su situación ante el Tribunal Constitucional. Con su renuncia a las subvención quire dejar claro que su reivindicación no tiene motivos económicos.

Policía de profesión, Cambronero ocupa actualmente un escaño en la parte alta del hemiciclo del Congreso, donde se encuentran ubicados los integrantes del Grupo Mixto, pero más de un mes después sigue sin despacho ni ordenador de sobremesa para poder acceder al registro telemático del Congreso. En las redes sociales ha ofrecido incluso la cafetería del Congreso para mantener reuniones con los colectivos con los que venía trabajando como portavoz de Interior de Ciudadanos, como las Fuerzas de Seguridad o los funcionarios de prisiones.

A diferencia de los otros exdiputados del PP y del PSOE que en legislaturas anteriores pasaron en silencio al Grupo Mixto, Cambronero ha decidido emprender una batalla para defender sus derechos dejando claro que no piensa abandonar el escaño ni adscribirse a otro grupo parlamentario, aunque desde el PP o Vox ya le han ofrecido ayuda.

El Defensor del Pueblo valora «positivamente» la reforma del marco regulatorio de las comunicaciones comerciales de las actividades de juego, realizada por el Gobierno en 2020.

«Aunque no aborda la prohibición absoluta de su publicidad, cuyo estudio la Administración llegó a aceptar en su día, presenta, respecto a la situación jurídica anterior a su publicación, evidentes mejoras en la garantía de los derechos de los colectivos más sensibles a la problemática del juego», sostiene la institución en su Informe Anual relativo al ejercicio 2020 que ha presentado de forma telemática este jueves ante el Congreso y el Senado.

El informe de la institución, que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, detalla que «la proliferación en la Comunidad de Madrid, de establecimientos de apuestas, así como su proximidad, en muchos casos, a colegios y centros educativos dio lugar a la correspondiente investigación».

En este sentido, señala que, de los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, referidos a septiembre de 2019, por lo que se refiere a los locales específicos de apuestas de Madrid capital, se deduce que la ratio de locales por cada cien mil habitantes alcanzaba su máximo en el distrito de Usera (0,73), seguido de Villaverde (0,48) y Puente de Vallecas (0,39). Los distritos de Retiro, Salamanca y Barajas no tienen establecimientos de este tipo en su territorio y Chamberí y Centro presentan ratios inferiores a 0,10.

La regulación y «estricto» funcionamiento de los establecimientos de juego, «alejándolos en lo posible de los centros educativos», es, a juicio de esta institución, «un asunto de gran importancia, por cuanto afecta a los derechos de los menores de edad, susceptibles de especial protección, y a los de los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad ante las adicciones, lo que exige que los órganos administrativos competentes en la materia dispongan de la mayor información posible sobre la magnitud del problema».

El Defensor añade que en otra queja se trasladó también a la Comunidad de Madrid, la preocupación de una ciudadana con el funcionamiento, en numerosas cafeterías y bares, de tragaperras que entendía que, «dado el acceso normalizado a este tipo de establecimientos de menores de edad, a veces sin compañía de adultos, el cumplimiento de la prohibición de que ellos hagan uso de estas máquinas depende, en última instancia, del celo del titular del establecimiento en la comprobación de su edad».

Se señalaba también, como indica el Defensor, que «las luces, música y ruidos que producen estas máquinas, especialmente en el pago de premios, constituyen un poderoso reclamo de la atención de los menores, estímulo susceptible de ayudar al desarrollo de futuras conductas adictivas con relación al juego».

La respuesta del Gobierno regional dio cuenta de que en la Comunidad de Madrid existen 15.680 máquinas de este tipo instaladas en bares y establecimientos análogos, sin que, en los últimos tres años, se hayan producido denuncias ni abierto actas de infracción por su funcionamiento.

Por su parte, la Consejería de Sanidad informó del proyecto de creación de un observatorio para el abordaje transversal del problema de la adicción al juego, iniciativa que actualmente se encontraría paralizada por razón de la pandemia, así como de la próxima puesta en marcha de una tercera unidad de tratamiento de adicciones comportamentales en el Hospital Gregorio Marañón, que vendría a sumarse a las ya existentes en los hospitales Ramón y Cajal y 12 de Octubre de Madrid.

Por otro lado, explica en el informe que, ante la falta de desarrollo reglamentario de la disposición adicional sexta de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego, que prevé una participación de los clubes no profesionalizados en los ingresos generados por las apuestas deportivas, se formuló un recordatorio de deberes legales a la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo, que informó de la previsión de abordar dicho desarrollo reglamentario en el segundo semestre de 2021, por lo que se suspendieron las actuaciones hasta que se comunique la modificación anunciada o transcurra el referido plazo.

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja que suprime los aforamientos políticos y limita a dos los mandatos de su presidente, entre otras medidas.

En abril de 2019, antes de la llegada del PSOE al Gobierno regional, el Parlamento riojano aprobó por unanimidad su nuevo Estatuto de Autonomía, que modifica el original de 1982, como un paso más en el autogobierno de la comunidad. Pero su debate en el Congreso no se ha podido sustanciar hasta ahora, entre otras cosas porque ese año hubo dos citas electorales y porque en 2020 había otras reformas estatutarias a la cola.

DOS AÑOS DESPUÉS DE SU APROBACIÓN

Finalmente, el martes esta iniciativa aterrizará en el Pleno del Congreso, donde una delegación del Parlamento riojano, integrada por portavoces del PSOE, el PP y Ciudadanos, defenderá la ley en representación de toda la Cámara autonómica, como suele ser habitual en este tipo de debates.

Teniendo en cuenta el apoyo unánime que cosechó en su día, previsiblemente la Cámara Baja aceptará el martes la tramitación de esta reforma estatutaria riojana, comenzando así su andadura parlamentaria.

PRINCIPALES NOVEDADES

En concreto, esta reforma contempla la eliminación de los aforamientos para los miembros del Gobierno regional y los diputados autonómicos, sumándose así a la lista de comunidades que han suprimido esta prerrogativa, entre ellas Murcia, Baleares o Cantabria.

El texto también limita a dos los mandatos del presidentes riojano –no podrá superar los ocho años en el cargo–, recupera la figura del Defensor del Pueblo de La Rioja, crea una nueva figura para la luchar contra la corrupción y realza el papel del Consejo Consultivo, entre otras cuestiones.

El Defensor del Pueblo ha denunciado, en el Informe Anual 2020 que ha hecho público este jueves, las dificultades que existen en España para identificar a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como para condenar a los autores de este delito.

Tal y como señala el documento presentado este jueves ante el Parlamento de forma telemática, en 2020 se identificaron a 1.038 víctimas de explotación sexual, frente a las 830 que, según los datos de la Fiscalía General del Estado, se registraron un año antes.

A pesar de este ligero aumento de detección de este víctimas de este delito, la Institución ha mostrado su preocupación por los datos facilitados por la Fiscalía en cuanto al número de condenas, que califica de «escaso».

El Defensor denuncia que en estos casos se producen «una larga instrucción» que, «en muchas ocasiones no acaba con la condena de los autores» por «la compleja estructura típica del delito que no se identifica con un hecho simple»; «su vinculación con el crimen organizado»; o «las especiales características de las víctimas», normalmente extranjeras, que rara vez colaboran.

PIDE UNA RESPUESTA «ÁGIL Y RÁPIDA»

En este sentido, señala que «la urgencia de lograr su liberación» impide en ocasiones «aplicar todas las técnicas proactivas de investigación». Además, reconoce que la necesidad de una cooperación internacional que, en relación con algunos países de procedencia de las víctimas, es prácticamente imposible, también dificulta esta situación.

En este contexto, al que, recuerda el Defensor, hay que sumar la situación de pandemia, la Institución ha alertado de la necesidad de asegurar que aquellas víctimas que entran en contacto con las autoridades reciban «una respuesta ágil y rápida, asegurando que se tomen todas las medidas necesarias para su identificación y protección».

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se ha despedido este jueves de su cargo de síndica en Les Corts, y ha anunciado que además deja el acta como diputada en la cámara valenciana. Sí mantendrá la presidencia hasta el Congreso regional para «evitar un vacío legal»: el cónclave se convocará esta tarde y será el comité organizador quien lo dirija.

«Me voy porque no cuento con la confianza de la dirección del PP», ha admitido, pero por «respeto» a la institución, a las siglas del partido y a los votantes y militantes, ha decidido dar «un paso al lado» y no presentarse a las primarias.

Así lo ha indicado en una de prensa convocada de urgencia, previa a la Junta que convocará el próximo congreso regional, y en la que se ha mostrado emocionada y con lágrimas para asegurar que lo hace «a su pesar» y «con pesar» porque le hubiera gustado volver a tener una «segunda oportunidad» de recoger el fruto de un trabajo que ha defendido y del que se encargó en los momentos más duros. Bonig ha afirmado que así se lo manifestó al secretario general del PP, Teo García Egea, y al propio presidente del partido, Pablo Casado.

Así, ha insistido en que quería presentarse: «Creía que tenía la confianza, pero se me dijo que no. Entendrían que hay un mejor candidato». Por ello, para «huir de esos egoísmos y pensando en las siglas y en la situación tan complicada y difícil» no se podía «ir a un choque y una guerra». «No ha sido una decisión fácil, ha sido muy difícil, pero creo que ha sido coherente», ha agregado.

«Soy una persona que he dado la cara siempre, no me he escondido nunca», ha dicho, se ha definido como «española, buena valenciana, orgullosa de ser del PP», del que «ha sido, soy y seré militante».

También ha agradecido a la dirección nacional que le hayan ofrecido «cosas»: «Pero no entré en política por cargos. Entré por convicción y por principios», ha aseverado, al tiempo que ha indicado que entró «consiguiendo cargos porque la gente ha confiado» en ella. «No pido absolutamente nada», ha agregado.

Libre fui para entrar y libre soy para salir«, ha manifestado. En este sentido, ha indicado que ahora «tomará distancia», pero ha apuntado: «Hay muchas formas de hacer política, en primera línea o en segunda, en las fundaciones o en la sociedad civil». «No tiene porqué ser exclusivamente en cargos públicos», ha agregado.

SEIS AÑOS COMO PRESIDENTA

Bonig ha repasado su carrera desde que en 2007 accediera a la alcaldía de la Vall d’Uixó, con «dos mayorías absolutas consecutivas»; luego, la conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente «que ahora son tres consellerias en el Gobierno de Puig» y desde 2015, síndica en Les Corts y presidenta del PPCV, la primera mujer en ostentar este cargo.

«Me ha sucedido prácticamente de todo», ha señalado, y ha destacado la «alegría» y el «trabajo extraordinario» de su equipo, pero también el «bochorno y la vergüenza» por la conducta de «algunos que han empañado el inmenso trabajo de tantos cargos del PP y que hemos tenido que pagar todos». «Me han avergonzado, me avergüenzan y me seguirán avergonzando», ha indicado.

Además, ha destacado que estuvieron a «4.311 votos» de conseguir gobernar con Vox y Ciudadanos en esta legislatura y que le hubiera gustado «demostrarle al pueblo valenciano este proyecto». No obstante, ha abogado por «dejar paso a las personas que gozan del beneplácito de Génova» para que tengan la «misma oportunidad» que tuvo ella.

También ha apuntado que la Comunitat Valenciana ha sido la «avanzadilla» del gobierno de izquierdas, así como la de «la defensa de la libertad». «Yo hablé de la defensa de la libertad, de que quería un PP que recuperase el alma perdida de tanto gestionar», ha asegurado, y ha insistido en defender un PP «sin complejos».