El exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas ha asegurado este miércoles que no tiene «absolutamente nada» que ver con el ‘caso Kitchen’ que investiga la Audiencia Nacional dentro de la trama relacionada con la detención del comisario jubilado José Manuel Villarejo, de ahí que le «sorprenda mucho» que lo haya citado el juez como investigado dentro de esta pieza.

A preguntas de los grupos parlamentarios en la comisión del ‘caso Kitchen’ en el Congreso, este exalto mando policial ha señalado a la cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía en la época de Mariano Rajoy por su interés por atender a las peticiones que realizaba Villarejo, citando tanto al director de la Policía de entonces, Ignacio Cosidó, como al director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino.

Martín Blas ha recordado que fue Pino en sede judicial quien lo señaló como el mando que había captado como confidente a Sergio Ríos, chófer de Luis Bárcenas, en el intento de sustraer documentación sensible del extesorero del PP. «No tuve absolutamente nada que ver, ni en los seguimientos, ni en los contactos, ni en nada», ha mantenido.

Con continuas referencias a los diferentes procedimientos judiciales, Martín Blas ha sostenido que no es cierto que él participara en una «guerra de comisarios» –también ha negado la existencia de una «brigada política»– por su enfrentamiento con Villarejo, aunque ha dicho que este excomisario fue al juez para apartarle de la investigación sobre el ‘pequeño Nicolás’.

«No es normal», ha añadido, mencionando otras presiones de funcionarios mandados por la DAO o que este joven tuviera información sobre Villarejo.

VILLAREJO Y LAS AMENAZAS AL MINISTRO

Martín Blas se ha referido a las anotaciones y grabaciones del propio Villarejo en las que este último reconoce que «tuvo que amenazar al ministro» para apartarle de su puesto en Asuntos Internos. «No es muy regular», ha apuntado, antes de recordar que también amenazó con detener a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, aunque matizando que es la versión del propio Villarejo.

«Lo que diga Villarejo lo tengo que cuestionar, comprobar e investigar. En principio me lo creo, pero no lo afirmaría. Me extraña que amenazara al ministro, pero en fin», ha añadido.

Sobre su cese en Asuntos Internos, una vez se terminó de distanciar de Eugenio Pino, entre otras cosas, por las órdenes directas del juez del caso ‘pequeño Nicolás’ de que los investigadores sólo le reportaran a él, Martín Blas ha dicho que «aunque le duela no puede objetar nada», al ser el suyo un cargo de libre designación.

Ha relatado que fue Cosidó como director de la Policía quien le dijo que tenía que apartarlo de Asuntos Internos «porque el señor Villarejo no podía seguir en la DAO». A Villarejo lo había conocido personalmente en 2012 en el despacho de Eugenio Pino, ya que le ordenó que «escuchara» la su versión sobre un asunto de supuesta extorsión.

Sobre el que fuera jefe de la Sección de Vigilancias y Seguimientos, su subordinado Jesús Vicente Galán, el compareciente se ha remitido a la declaración ante el juez, tanto como testigo y después como imputado, asegurando que no había recibido ninguna orden suya en relación con la operación ‘Kitchen’. «Solamente que comprobara si había por la calle Príncipe de Vergara un C4 de la Policía, y le advertí que tuviera cuidado porque allí vivía Bárcenas».

A preguntas del diputado de Bildu Jon Iñarritu, ha añadido que la única conexión de su unidad con este operativo es la presencia de uno de sus coches en dicha zona, aunque él considera que es posible que el DAO hubiera hablado con Galán, si bien éste no se lo dijo. «Nunca me dijo nada, y no me entero sobre todo si el señor Galán no quiere que me entere», ha explicado.

COACCIONES POR EL ‘PEQUEÑO NICOLÁS’

Al DAO en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior también lo ha nombrado en su comparecencia en el Congreso por las presiones que ejercieron sobre un subordinado suyo, Rubén Eladio López, de quien el PP ha destacado que actualmente es asesor del ministro José Luis Ábalos. Según la versión de Martín Blas, le «coaccionaron para retirar» la declaración de Francisco Nicolás Gómez Iglesias en sede policial.

Martín Blas, que ha facilitado un pendrive con documentación a los grupos políticos, ha defendido que la investigación sobre el ‘pequeño Nicolás’ fue en todo momento ajustada a la ley, y que la primera petición para seguir la pista de Gómez Iglesias llegó en 2014 a Asuntos Internos a través de la DAO –con la orden de contactar con el CNI–, por exigencia de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Vicepresidencia del Gobierno, entonces a cargo de Soraya Sáenz de Santamaría.

El veterano policía ya jubilado ha defendido su actuación policial, entre otras cosas en la investigación de corrupción en Cataluña por el conocido como ‘caso 3 por ciento’ –ha negado cualquier relación con el ‘pendrive’ de la familia Pujol–, y se ha referido a que a mediados de los años 90 como secretario general de la Comisaría General de Información remitió un escrito de queja ante régimen disciplinario relativo a Villarejo, ya que «no acudía al trabajo».

Martín Blas también ha negado haber recibido jamás ninguna orden relacionada con investigar partidos políticos y ha explicado la petición que su defensa ha realizado en la Audiencia Nacional para que se cite al que fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

«Se le ocurrió a mi abogado, porque Eugenio Pino ha declarado que el señor Cosidó le había dicho que el asunto de Bárcenas se lo encargó a Villarejo, y mi abogado quiere comprobar esta afirmación ya que el señor Pino una vez dice una cosa y otros días otra», ha dicho.

También ha relatado los problemas que tuvo al frente de Asuntos Internos cuando solicitó las diligencias policiales con permiso del DAO sobre la detención de un inspector que resultó ser Miguel Ángel Gómez Gordo, hermano de Andrés Gómez Gordo, un mando que estuvo a las órdenes de la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal y que, según ha recordado, ha comparecido en la ‘comisión Kitchen’ de este miércoles en el turno de mañana.

El líder del PP, Pablo Casado, ha dado instrucciones a todos sus cargos para que dediquen los próximos días a llevar por todas las provincias de España el mensaje de que ha comenzado el «comienzo del fin del sanchismo» tras el gran triunfo de la formación en las elecciones madrileñas de este martes, según han informado fuentes ‘populares’.

«Por un día vamos a permitirnos estar muy felices», ha asegurado Casado en el comienzo de su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde ha puesto en valor la victoria este 4 de mayo de la candidatura encabezada por Isabel Díaz Ayuso, que con 65 escaños ha logrado más diputados que todo el bloque de la izquierda junto.

Casado ha recalcado que el balance es «un centro y una derecha mucho más fuerte y mucho más cohesionado en torno al PP y, por tanto, preparado como alternativa para cambiar el Gobierno de España». «La coalición de Gobierno sale sin duda mucho más debilitada y la única alternativa, el PP, mucho más fortalecida», ha proclamado ante la plana mayor de su partido.

Tras asegurar que el 4M es un «punto de inflexión» y «kilómetro cero de la alternancia política en España», ha pedido a los suyos seguir trabajando en esa unión del centroderecha porque «no basta la apelación al voto útil ni al voto del miedo». «El voto hay que cultivarlo y hay que merecerlo. A eso nos tenemos que dedicar sin descanso», ha demandado.

EL PP, «ALTERNATIVA REAL» Y «PREPARADA»

Por eso, Casado ha encomendado al partido recorrer todas las circunscripciones estos días para «amplificar» por toda España ese mensaje de que se ha iniciado «el comienzo del fin del sanchismo» y que el Partido Popular es «la única alternativa real» a Pedro Sánchez.

Así lo harán estos días los miembros de la cúpula del partido, que visitarán diferentes provincias, pero también los senadores y diputados del Grupo Popular en sus respectivas circunscripciones, según han señalado fuentes de la formación.

En ‘Génova’ quieren extender por toda España esa «ilusión» que ha despertado el triunfo de Isabel Díaz Ayuso, de forma que sirva de revulsivo para reactivar al partido en todas las regiones, han añadido las fuentes consultadas.

INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA CONVENCIÓN NACIONAL

Este proceso coincide con el fin de los congresos provinciales para poner a punto la estructura del partido –finalizarán en verano– y el comienzo de los trabajos de preparación de la Convención Nacional que el PP quiere celebrar en otoño.

«A partir de ahora, pondremos en marcha los trabajos de la convención porque más que nunca es necesaria una simbiosis perfecta entre las necesidades de la sociedad y los objetivos del partido», ha afirmado Casado ante el Comité Ejecutivo Nacional, donde ha recalcado que «las próximas elecciones, sean cuando sean, las perderán los que deben perder».

La dirección federal del PSOE convocará este jueves el proceso de primarias en Andalucía para el próximo mes de junio para elegir al candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas andaluzas, previstas inicialmente para finales de 2022, según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado fuentes socialistas.

Esta decisión se adoptará en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocado para este jueves por la tarde, en la que analizarán la derrota histórica que el PSOE ha sufrido en las elecciones autonómicas de Madrid.

La postura de adelantar a junio las primarias andaluzas, que se iban a celebrar en diciembre, es la que defiende el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en contra de la posición que mantiene la secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz. Ambos se enfrentarán con toda probabilidad en esas primarias, a falta de que Espadas oficialice su candidatura, que cuenta con el apoyo de los críticos en Andalucía y la Ejecutiva Federal.

El descalabro del PSOE madrileño ha servido para que se mueva el patio socialista en Andalucía. De hecho, esta misma mañana, el alcalde de Sevilla ha afirmado que «ahora es el momento de dar el paso» para que el PSOE-A elija un candidato de la formación a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Fuentes de la Ejecutiva federal consideran que los resultados en Madrid avalan esa postura sobre la necesidad de celebrar ya las primarias, porque se ha confirmado que para ganar, hace falta renovar los liderazgos.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A reunirá este jueves a la Comisión Ejecutiva Regional de la federación socialista andaluza para abordar, entre otros asuntos, ese adelanto de las primarias en la región andaluza.

La reunión está convocada a las 12.30 horas en la sede socialista en Sevilla, según confirmaron fuentes socialistas, y se celebrará de forma semipresencial, combinando la asistencia personal con la conexión telemática de los participantes por las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19.

Esta reunión llega después de que en el último mes se hayan sucedido por parte de ejecutivas locales y provinciales del PSOE en Andalucía pronunciamientos en un sentido y en otro sobre cuándo debe celebrar el partido las primarias para elegir su candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

CONVOCATORIA DE PRIMARIAS

El artículo 225 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE, aprobado en febrero de 2018, establece que «el procedimiento de elecciones primarias, ya sean con participación de la ciudadanía o entre militantes y afiliados directos, es de aplicación a la elección del candidato o candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de España, de los candidatos y candidatas del PSOE a las presidencias de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas, de los cabildos y consejos insulares, de las juntas generales y las alcaldías de los municipios con más de 20.000 habitantes o que sean capitales de provincia».

Se precisa además que, «sólo se procederá a la celebración de elecciones primarias» en «el caso de las candidaturas a la presidencia de comunidades autónomas, cuando lo acuerde el respectivo comité autonómico o así lo soliciten la mayoría de sus miembros o más del 40% de la militancia y la afiliación directa del ámbito territorial correspondiente».

Según el reglamento del PSOE, en su artículo 227, la convocatoria del proceso de elecciones primarias «es competencia del Comité Federal», aunque señala que, «con carácter excepcional, si las específicas circunstancias políticas así lo aconsejen» podrá ser la Comisión Ejecutiva Federal la que proceda «a convocar el proceso de primarias de oficio o a solicitud de la respectiva Comisión Ejecutiva regional o de nacionalidad».

Sin embargo, desde el PSOE aclaran que la convocatoria «deberá ser ratificada en la primera reunión del Comité Federal que se produzca». En este punto, según el artículo 228, se fijará «el período para la presentación de candidaturas al proceso, el de realización de las actividades de información y la fecha de realización de la votación». Este proceso, explican, «no podrá exceder de 90 días en el caso de las elecciones primarias de abiertas a la participación de la ciudadanía, ni de 45 en el caso de las elecciones primarias entre militantes y afiliados directos».

A las candidaturas de las primarias podrá presentarse «cualquier militante o afiliado directo socialista o no militante que se comprometa con los valores socialistas». Entre los requisitos, será necesario un número mínimo de avales del 1 por ciento a nivel federal; del 2 por ciento a nivel regional o de nacionalidad; del 3 por ciento a nivel provincial o insular; y del 5 por ciento a nivel municipal del censo de militantes.

Los militantes críticos de Ciudadanos agrupados en la iniciativa Renovadores Cs han defendido este miércoles, tras el mal resultado en las elecciones autonómicas de Madrid, la necesidad de celebrar un congreso extraordinario para «abrir el partido» y atraer a nuevos afiliados.

A través de un comunicado, dicen al resto de militantes que comparten su «enorme decepción» por el hecho de que Cs haya pasado de tener 26 diputados en la Asamblea de Madrid a quedarse sin representación parlamentaria tras perder el apoyo de 500.000 electores y obtener solo un 3,57 % de los votos en los comicios de este martes.

A pesar de que «los resultados son los peores posibles», les piden que no se marchen porque el partido no está ahora ante «un punto y final», sino ante «un punto y aparte». «Tenemos ante nosotros el reto de renovar y refundar Ciudadanos y lo vamos a conseguir gracias a todos los afiliados que aún seguimos convencidos de la necesidad de un proyecto político liberal, social y de centro», sostienen.

«UNOS POCOS» ESTÁN LLEVANDO EL PARTIDO «A LA DESAPARICIÓN»

Para ello, Renovadores Cs propone «abrir el partido a todos, en lugar de cerrarlo para unos pocos que siguen tomando malas decisiones» y que lo arrastran por «una pendiente que lleva a la desaparición».

A su juicio, es el momento de «dar el protagonismo a los afiliados, atraer a nuevos militantes y volver a conectar con los electores», y con ese objetivo reclaman una Asamblea General extraordinaria que se convierta en un espacio de «reencuentro» entre todos ellos y también con personas que dejaron de militar en Cs.

«No hay otro camino, es ahora o nunca», advierten desde este movimiento crítico, cuyos impulsores están, según afirman, en comunidades como Aragón, Andalucía, Murcia, Madrid y Cataluña.

Renovadores Cs puso en marcha una página web el pasado 22 de abril –después de que la formación naranja se hundiera en las elecciones autonómicas en Cataluña y de que la moción de censura que impulsó contra el PP en Murcia le hiciera perder el poder en esa región y enfrentarse a elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid– y entonces ya ofrecía la posibilidad de firmar un escrito para solicitar un congreso extraordinario.

Denuncian el «cúmulo de errores estratégicos, de comunicación, organización y liderazgo» que, en su opinión, han hecho que Ciudadanos pierda la confianza y la credibilidad de los electores y que entre la militancia cunda la «desmotivación» y haya «continuas bajas», y apelan a aquellos afiliados «decepcionados por la falta de participación y la escasa democracia interna.

Les animan a pedir una Asamblea de la que surja «un liderazgo inclusivo e integrador» y un partido «renovado y transformado» en el que se mejoren la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la militancia.

FALTA DE AUTOCRÍTICA TRAS EL FRACASO EN MADRID

El exdiputado en el Parlament de Cataluña Sergio Sanz, uno de los impulsores de Renovadores Cs, considera que Inés Arrimadas y el resto de la Ejecutiva del partido no han hecho autocrítica tras el fracaso electoral en la Comunidad de Madrid.

«Pero es normal, compañeros. Y es porque vamos a mejor: en las catalanas perdimos 30 diputados. En las madrileñas, sólo 26. Mi reconocimiento a la dirección del partido», ha comentado, con ironía, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La presidenta de Ciudadanos ha anunciado este miércoles que va a impulsar un «proceso participativo» en el que el Comité Permanente visitará a afiliados de toda España y después, en el mes de julio, se celebrará una convención política.

Sobre esta cuestión, Juan Carlos Bermejo, un afiliado de Madrid que se enfrentó en primarias a tanto a Albert Rivera como a Ignacio Aguado y que también lleva tiempo pidiendo una Asamblea General, ha declarado que, si la dirección del partido no la convoca, «habrá que pedir amparo a un juez».

De momento, parece que Arrimadas no se plantea esa convocatoria. En su intervención durante la reunión que el Comité Permanente ha mantenido este viernes, ha recordado que hace solo un año que se celebró la V Asamblea General de Cs –que fue de carácter extraordinario, motivada por la dimisión de Albert Rivera como presidente en noviembre de 2019–, en la que se renovaron la estrategia y los Estatutos del partido.

Bermejo, que también lamenta la falta de autocrítica tras los resultados electorales de este 4 de mayo, cree que la convención anunciada por la presidenta de Cs es «una forma de someterse a una moción de confianza». «Me parece adecuado siempre que se cumpla dar voz a la militancia», ha añadido.

Los nuevos Estatutos de Ciudadanos prevén que la Convención Ciudadana se celebre anualmente, pero en 2020 no se hizo a causa de la pandemia del coronavirus. Se trata de «un órgano de participación deliberativa de los afiliados», a través de los coordinadores de las agrupaciones locales, respecto a los asuntos de la actualidad política que el Comité Ejecutivo decida plantear.

EVITAR LA «AUTOCOMPLACENCIA» Y ASUMIR LA CULPA

Entre aquellos representantes de Cs que ocupan cargos públicos actualmente, son pocos los que se han mostrado abiertamente críticos con los dirigentes del partido. Uno de ellos es el portavoz en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, que ha advertido de que la culpa de la caída del partido en Madrid «no es de los votantes».

«Si no nos han elegido a nosotros, es únicamente culpa nuestra», ha concluido, pidiendo a sus compañeros que no traten de buscar «excusas» ni otros «culpables» e instándoles a hacer una reflexión «en clave interna» si quieren mantener «con vida» el proyecto.

Por su parte, el senador Miguel Sánchez ha indicado que el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, «no tiene la culpa» porque «ha hecho una buena campaña», y que probablemente «todo estaba perdido de antemano».

«Lo que sí estoy echando en falta es un poquito de autocrítica. La autocomplacencia, la huida hacia delante y el lisonjeo nunca fueron buenas consejeras. Seguimos», ha dicho en Twitter.

La Mesa del Congreso ha vuelto a rechazar este miércoles, con los votos de PSOE, PP y Vox, la tramitación de una nueva comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos, esta vez por una nueva solicitud cursada por las formaciones independentistas, que ya contaba con el criterio desfavorable de los letrados de la institución.

La petición rechazada lleva la firma de ERC, Junts, PDeCAT, Bildu, CUP y BNG y se centra en las «presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por el ex jefe del Estado y las influencias diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí y Kazajistán».

Los letrados de la Cámara, según el documento, se mostraron en contra de su tramitación «teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional», unos argumentos que han hecho suyos PSOE, PP y Vox. Como en ocasiones anteriores, Unidas Podemos, sí ha apoyado su tramitación.

Como en anteriores ocasiones, los servicios jurídicos y la mayoría de la Mesa aducen los artículos 56.3 y 65 de la Constitución. El primero consagra la figura del Rey como «inviolable» y no «sujeta a responsabilidad» y el segundo establece que el Jefe del Estado distribuye libremente la partida presupuestaria que recibe cada año.

JURISPRUDENCIA EL TC

Para defender la no tramitación de la comisión de investigación, se han amparado también en la interpretación que sobre esta materia ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en los precedentes existentes en la Cámara.

Con estos mismos argumentos, la Mesa del Congreso ya ha rechazado una decena de veces iniciativas similares a la registrada por los independentistas. En esta ocasión los firmantes tomaban como referencia un programa de TV3 en el que un exalcalde de la capital kazaja, actualmente refugiado en Suiza, asegura que en 2002 el presidente Nazarbayev entregó dinero a Juan Carlos I.

Las formaciones independentistas sostienen que este episodio, unido a las investigaciones que se lleven a cabo en Suiza y en la Fiscalía Anticorrupción sobre otros asuntos relativos al padre de Felipe VI, requiere la apertura de una comisión de investigación en el Congreso.

A su juicio, resulta «inaceptable» que no se conozca «la fortuna real de Juan Carlos I, ni si se encuentra en paraísos fiscales o escondida en fundaciones opacas», por lo que piden «investigar las supuestas irregularidades del anterior jefe del estado, así como sus cómplices, y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial con Arabia Saudí y Kazajistán».

En la misma reunión, la mayoría de la Mesa del Congreso ha acordado la inadmisión a trámite de la iniciativa registrada por el PDeCAT para que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas inste al fiscalizador a analizar el uso que ha hecho la Casa del Rey de sus finanzas en la última década ante la posibilidad de que, durante su mandato, Juan Carlos I «malversara» fondos públicos.

Cuando el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, anunció su iniciativa admitido que la Constitución establece que el Rey puede utilizar «libremente» la partida que todos los años recibe de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Libremente, pero no ilegalmente», puntualizó.

El Gobierno confía en que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que arrebatará la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales, actualmente en fase de anteproyecto, quede aprobada en 2022, según consta en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia publicado este miércoles.

Sobre la nueva LeCrim, el Ejecutivo señala que «durante 2020 y 2021 se está trabajando con los distintos agentes involucrados, elevando el conjunto de propuestas normativas con objeto de tenerlas aprobadas en 2022».

Además, destaca que «diseña un nuevo modelo de proceso penal constitucional, más acorde y totalmente coherente con la arquitectura del Estado de Derecho que establece nuestra Carta Magna» porque con los nuevos roles de fiscal investigador, juez de garantías y juez de audiencia preliminar «se consigue distinguir nítidamente en el marco del proceso las funciones de: investigar, tutelar los derechos de los investigados y decidir sobre la conveniencia de abrir juicio oral».

Resalta asimismo que «el anteproyecto refuerza las garantías y, especialmente, el papel central de la víctima en el proceso», a la que «reconoce un estatuto propio, contemplando un amplio catálogo de medidas para evitar la revictimización e incorporando la justicia restaurativa a la norma procesal«. «En la misma línea, la nueva ley contempla nuevos mecanismos de protección para menores y personas con discapacidad», añade.

También ensalza «la incorporación de nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad», puesto que «da regulación a las más avanzadas técnicas de investigación contra el crimen, como son la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática, así como la mejora de la regulación del AND».

OTROS «INSTRUMENTOS NORMATIVOS»

La nueva LeCrim es uno de los «instrumentos normativos» mencionados por el Gobierno como necesarios a fin de desplegar y ejecutar la «reforma para el impulso del Estado de Derecho y la eficiencia del servicio público de justicia».

Apunta igualmente a la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la administración de justicia, ya aprobada; a la ley de eficiencia procesal, en fase de anteproyecto y que espera tener aprobada en 2022; a la ley de eficiencia organizativa, en la misma fase y cuya aprobación sitúa en 2023; y a la ley de eficiencia digital, de la que aún no se conoce borrador y que prevé aprobar en 2023.

Sobre la ley de eficiencia procesal, recuerda que «incluye medidas de agilización en los cuatro órdenes jurisdiccionales» y contempla «la implantación de medios adecuados de solución de controversias, complementarios y alternativos a la jurisdicción».

En cuanto a la de eficiencia organizativa, expone que creará los tribunales de instancias, lo cual supondrá –entre otras cosas– «establecer criterios comunes entre los miembros del tribunal para que su respuesta sea uniforme y, por tanto, predecible»; transformará los actuales juzgados de paz en oficinas de justicia en los municipios y terminará de implantar la oficina judicial, «haciendo un uso intensivo de la tecnología para prestar un servicio público eficiente y de calidad.

Respecto a la ley de eficiencia digital, explica que «contempla la creación de una arquitectura de información basada en datos, para la función de generación de información y conocimiento para la gestión, así como en una arquitectura de información orientada al metadato, para la función de la interoperabilidad de aplicaciones» entre las administraciones de justicia.

UN «PERFIL TÉCNICO» PARA NEGOCIAR

El Gobierno reconoce que se trata de un proyecto ambicioso, ya que «es necesario aprobar varias leyes, lo que siempre es complejo», por lo que avanza que «para solventarlo se intentará mantener un perfil técnico que sea fácil de negociar con los grupos políticos».

Moncloa defiende que «el servicio público de justicia ha de ejercer el papel de palanca para la transformación de país» y augura que «la reforma procesal se realizará entre 2020 y 2023».

No obstante, enmarca este plan en el programa Justicia 2030, una ‘hoja de ruta’ para diez años cuyo objetivo es «la adaptación y mejora de la administración de justicia, para incorporar la transición ecológica y la digitalización y hacerla más accesible y eficiente, mejorando la economía, apoyando en la política contra la despoblación, diseñando modelos de cogobernanza o mejorando la cohesión en coordinación con otros ministerios y administraciones».

El comisario Mariano Hervás, que era el número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía en la etapa de la ‘Kitchen’, ha reconocido este jueves en el Congreso de los Diputados los seguimientos realizados al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y a su esposa que se investigan en la denominada ‘Operación Kitchen’ y ha llegado a justificar el número de 70 agentes que participaron en algún momento en ella porque lo hicieron dentro de su periodo de «prácticas y formación».

Hervás ha relatado ante los diputados de la Comisión que trata de despejar presuntas responsabilidades políticas sobre este asunto que las órdenes sobre el operativo, que en todo momento ha incardinado en la legalidad, como un operativo normal, las daba su inmediato superior, el jefe de la UCAO Enrique García Castaño, y ha rechazado que se le diera el nombre por el que se la conoce en el procedimiento judicial.

Según el compareciente, la operación se inició en el verano de 2013 – cuando él estaba de vacaciones, por lo que las primeras órdenes las recibió un subordinado- y duró hasta enero o febrero del siguiente año, si bien fue esporádica, no se realizaban seguimientos todos los días, y nunca se le dio oficialmente el nombre de Kitchen ya que habitualmente se elegía el nombre de una operación de este tipo con el santoral del día. «Si era Pedro, pues san Pedro», ha comentado ante las insistentes preguntas de los diputados.

Se centraba, según ha explicado, en localizar testaferros y el dinero presuntamente distraído por el extesorero del PP, y ante las preguntas sobre el hecho de que el sumario hable de 30 policías participantes el comisario ha señalado que ello obedece a una «explicación muy sencilla» que nada tiene que ver con un dispositivo de 70 personas que podría verse como exagerado.

«Le voy a explicar un poco el funcionamiento de esta unidad que hace las vigilancias especializadas. Esta unidad lleva un ciclo de trabajo -ha señalado- El periodo de prácticas y formación se hacía real, por eso pasaron 70», pero no estuvieron todo el tiempo dedicados a esa tarea, ha contestado a preguntas del diputado del PSOE Felipe Sicilia.

«PROFESIONALES COMO LA COPA DE UN PINO»

Más tarde, la diputada del Grupo Parlamentario Republicano Pilar Valleguera ha comentado con ironía esta circunstancia refiriéndose a los agentes como becarios, ante lo que el comisario ha saltado: «No perdone, no eran becarios, profesionales como la copa de un pino».

El hecho de que en esta cuestión concreta García Castaño pudiera saltarse mandos intermedios el compareciente también la ha situado en la normalidad de la forma de actuar de la policía, al igual que el hecho de que las órdenes fueran orales. Además, ha señalado que su superior tenía una «personalizar» que le llevaba a «bunquerizar» las operaciones para evitar su filtración, algo que también era habitual.

En cuanto a los resultados de las vigilancias, si había algo de interés se mandaba a Enrique García Castaño según ha señalado este comisario, y era él quien decidía lo que era relevante o no para la investigación, cuyo resultado dijo desconocer.

Lo que Hervás ha afirmado desconocer es la operación que supuso la introducción de dispositivos de grabación en el despacho del ministro Jorge Fernández Díaz. «Ni di la orden ni participé ni se me comunicó». Sí ha explicado, ante las preguntas de varios diputados, que en una ocasión llevó junto a otros agentes un ordenador con un programa especial al despacho del secretario de Estado Francisco Martínez (un dato que la investigación del caso vincula con uso de fondos reservados) si bien «lo que contenía y los programas que tenía no tenían absolutamente nada que ver con el objeto de esa Comisión», ha afirmado.

De hecho, preguntado por el diputado popular Luis Santamaría sobre si se destinaron fondos reservados a esta tarea, Hervás ha respondido: «Ya le digo que no, seguro que no», lo que ha vinculado también al uso normal recursos como los agentes en labores de prácticas.

Según el compareciente, «todos los servicios tenían un componente de formación continua» y esta de seguimientos a Bárcenas y a su esposa, además de esporádico, era una operación sencilla, no tenía nada que ver con causas de terrorismo por ejemplo. Ante la insistencia del diputado vasco Mikel Legarda, ha subrayado que además los seguimientos no se hacían todos los días, sólo se realizaban cuando Enrique García Castaño pedía que «se hiciera algo una mañana o tarde determinada».