El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su deseo de que el Gobierno «empiece a acertar» con su plan de reducir los beneficios a las empresas eléctricas con el fin de bajar la factura de la luz, pero se ha preguntado si no supondrá «dar una patada hacia adelante» al problema que se traducirá en pagar más en el futuro y no será «un parche» para tratar de ocultar «inacción» en el último semestre.

«Lo que queremos es que el Gobierno acierte. Nada nos gustaría más», ha manifestado, preguntado por este plan, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha alertado de los problemas que suponen las elevadas tarifas eléctricas no solo para el ciudadanos sino para las empresas, fábricas y el comercio.

«No podemos seguir así», ha admitido, antes de preguntarse si, en todo caso, el plan del Gobierno no supondrá «dar una patada hacia adelante a un problema» y que lo que se «ahorre» ahora se pague «a partir de marzo de 2022». «¿Supone un parche para intentar evitar la inacción del Gobierno el último semestre?», ha añadido, antes de apelar a ver qué ocurre en las próximas semanas.

No en vano, ha vuelto a afear una política energética «desordenada» y ha reivindicado que su Ejecutivo es uno de los que presta más apoyo a los colectivos vulnerables. A modo de ejemplo, ha aludido a la ampliación del bono eléctrico.

Finalmente, ha incidido en que la «situación extraordinaria» que hay evidencia que «cuando gobierna la izquierda no siempre baja la luz», que está ahora «en un precio absolutamente histórico». «Sería bueno que el Gobierno empiece a acertar», ha zanjado.

FACTURA DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO

Por otra parte, preguntado sobre el convenio firmado con la Fundación Catedral para que el Gobierno gallego asuma costes de luz y de otras cuestiones de mantenimiento, ha asegurado no tener información concreta en lo que respecta a la factura eléctrica y a si se asumen costes «de la luz interior o exterior del templo».

En todo caso, ha defendido que a la Xunta le «interesa cofinanciar medidas de seguridad, conservación y mantenimiento» de la Catedral y ha subrayado que no se trata solo de un edificio en el que se celebran actos religiosos, sino de un importante monumento que recibe visitas turísticas «de cualquier ciudadano de cualquier país cualquier día del año».

Un hombre, de 45 años de edad, ha sido detenido este jueves en Vitoria tras agredir a su pareja en el domicilio familiar y huir después con su hijo menor de edad, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la Ertzaintza y la Policía Local han activado los dispositivos de búsqueda y, finalmente, el presunto agresor, junto con el menor, se ha personado en dependencias policiales del centro de la ciudad, donde se ha procedido a su detención. La mujer, víctima de los hechos, ha sido trasladada al Hospital de Santiago.

Los hechos han ocurrido sobre las nueve de la mañana de este jueves, en el barrio del Ensanche de Vitoria. La Ertzaintza ha tenido conocimiento de una presunta agresión de un hombre a su pareja, tras la cual el implicado había abandonado el domicilio con su hijo, menor de edad.

Recursos policiales y sanitarios se han trasladado hasta el lugar de los hechos para atender a la víctima, la cual presentaba varias lesiones al haber sido golpeada, siendo así mismo amenazada por el supuesto agresor.

Patrullas de Ertzaintza y de la Policía Local de Vitoria han puesto en marcha un dispositivo para proceder a la búsqueda del presunto autor y del menor por distintos puntos y lugares de la ciudad.

Hacia el mediodía, al tener constancia de que estaba siendo buscado, el hombre, acompañado del niño, que se encontraba en perfectas condiciones, se ha personado en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Ertzaintza de Vitoria.

Tras su identificación, se ha procedido a su detención acusado de un delito de violencia de género. El detenido se encuentra en estos momentos en dependencias de la Ertzaintza mientras se realizan las pertinentes diligencias hasta que sea puesto a disposición judicial en Vitoria.

La víctima, que se encontraba fuera de peligro pero con signos evidentes de haber sufrido una agresión, ha sido trasladada al Hospital de Santiago para comprobar su estado de salud. En cuando al menor, se encuentra acompañado por familiares mientras la mujer es atendida y se esclarecen los hechos ocurridos.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sale «muy caro» a los ciudadanos y ha difundido un vídeo tirando de hemeroteca en el que se recoge el mensaje que el secretario general del PSOE espetaba hace cinco años a Mariano Rajoy con la subida de la electricidad, el gas o los medicamentos.

«Sánchez le sale demasiado caro a los españoles», ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que acompaña de una cinta con lo que Pedro Sánchez decía en febrero de 2015 en el Pleno del Congreso al entonces presidente del Gobierno.

En aquella fecha Sánchez espetaba a Rajoy: «Los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de Gobierno». A renglón seguido ofrecía varios ejemplos en relación con el aumento del precio de los medicamentos, la factura del gas o la de la electricidad.

El líder de los socialistas recalcaba entonces al Ejecutivo del PP que «la recuperación debe ser justa o no será» y concluía: «Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro señor Rajoy».

EL PP CENTRA EN LA LUZ SU LABOR DE OPOSICIÓN

Casado recupera ahora ese mismo mensaje de Sánchez desde la oposición ante la escalada de la luz, que ha batido un récord histórico de 188 euros/MWh. En el video que ha difundido en redes sociales intercala las noticias de estas últimas semanas sobre cómo esa subida de la electricidad se ha trasladado a la cesta de la compra o cómo la luz y la gasolina «devoran el bolsillo de los españoles».

El PP quiere poner el foco en esa subida y ha preparado una ofensiva contra el Gobierno que incluye la exigencia de explicaciones en el Parlamento y una campaña divulgativa a pie de calle en toda España en la que se verá con colectivos afectados por ese incremento del precio de la luz.

El propio Casado aprovechó este miércoles la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político para espetar al presidente del Gobierno: «Si exigía dimisiones cuando subía un 8% la factura de la luz, ¿por qué no dimite cuando sube un 200%?».

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, Eneko Andueza, ha afirmado que la referencia de los socialistas «nunca será el siglo XIX» después de que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, haya apelado a «retornar a la soberanía foral previa a 1839» y ha advertido de que una reforma del Estatuto «no abrirá el camino a la independencia». Por otra parte, ha asegurado que los ‘ongi etorri’ son «un instrumento de humillación» y corresponde a EH Bildu acabar con estas «prácticas aberrantes»

En su intervención en el Pleno de Política General, Andueza ha indicado que el PSE-EE no va a «eludir ningún debate», ha afirmado que siguen defendiendo «una propuesta de organización federal del Estado» y ha invitado a todos los grupos políticos a que afronten «este debate con claridad».

«Si hablamos de reformar el Estatuto, pongámonos a ello. Eso fue lo que acordamos en el arranque de la pasada legislatura PSE-EE y PNV. Luego, ya sabemos qué pasó. Acuerdo hay, lo hay en torno a un 80% del texto cuando nos centramos en los derechos sociales, en la defensa del autogobierno, en el bienestar y la ampliación de los derechos de los vascos y vascas. Claro que hay acuerdo, pero que estemos de acuerdo en esto no puede servir como excusa para romper el resto de puentes», ha agregado.

En este sentido, ha recordado a los nacionalistas que sus aspiraciones sobre «eso que llaman el Nuevo Estatus» ya condujeron «a un callejón sin salida en la Ponencia de Autogobierno». «Si quieren volver sobre lo mismo, ya conocen el procedimiento, pero también el final del camino», ha advertido Andueza que ha asegurado que se puede volver a constituir una nueva ponencia si algún grupo lo estima necesario y también está en manos de los grupos «presentar un texto articulado que se someta a votación».

Andueza ha indicado que se puede acordar en la Cámara un texto político «que puede contar con una mayoría y atienda al ideario nacionalista», y se puede acordar el derecho a decidir, «su viaje a la autodeterminación para conseguir la independencia», pero ha advertido a los nacionalistas que, si se hace, estarán «fracturando la convivencia, el pluralismo de una sociedad que se verá aislada y estancada social y económicamente». «Ese recorrido ya se ha ensayado en Euskadi, y constituyó un rotundo fracaso», ha manifestado.

El dirigente socialista ha añadido que una reforma del Estatuto «no abrirá el camino a la independencia» y advierte de que los retos que Euskadi tiene como sociedad son «imposibles de abordar desde la fragmentación territorial».

Andueza ha asegurado que el estatus político está «definido, funciona y tiene su expresión vasca, española y europea». A su juicio, facilita el protagonismo y la acción de todas las corrientes políticas, su representatividad, su arraigo y cree que una «buena demostración de ello es esta realidad de gobernanza plural que hay en Euskadi».

En este sentido, en alusión a la apelación del Lehendakari, Iñigo Urkullu, a retornar a la soberanía previa a 1839, ha advertido que la referencia de los socialistas «nunca va a ser el siglo XIX». «Nuestra referencia siempre será el XXI. A nosotros, a Euskadi, se le espera en eso. En la contribución desde lo autonómico a lo local y a lo global», ha añadido.

MEMORIA Y CONVIVENCIA

En su discurso, también ha defendido que Euskadi «necesita seguir construyendo convivencia», «en la que no quepa la violencia, de ningún tipo y hacia ningún colectivo».

«Una convivencia en la que no haya resistencias a su condena cuando se produce, en la que no se exalte a quien practicó el terrorismo -en cualquiera de sus expresiones, fueran del tipo que fueran y tuvieran los nombres que tuvieran-, y en la que se avance en la memoria, en la justicia y en la reparación de esas víctimas», ha precisado.

En este sentido, ha advertido de que es «inadmisible cualquier acto de homenaje público a los restos de ETA, a quienes atentaron contra la vida y la libertad, a quienes asesinaron a centenares de ciudadanos y extorsionaron a miles de personas».

A su juicio, los ‘ongi etorris’ se han convertido en «un instrumento de humillación a las víctimas mediante un sucedáneo de glorificación de quienes practicaron el terrorismo». «Acabar con esas prácticas, tan aberrantes, sólo depende de ustedes, señorías de Bildu. Y lo saben», ha advertido.

Andueza ha recordado que ahora, cuando se cumple el décimo aniversario de la derrota de ETA, es un «extraordinario momento para que desde la izquierda abertzale rompan amarras con ese pasado que les persigue» y acompañen al resto en la construcción de una Euskadi más justa y decente». «Sólo depende de ustedes», ha reiterado.

También ha hecho mención a los «episodios de violencia» vividos estos últimos meses y ha apelado a ser «extremadamente contundentes contra esos comportamientos que no caben, en ningún caso» y también contra «aquellos que promueven y los alientan a través de sus discursos de odio, y contra los que, con su silencio, también se convierten en cómplices».

En su discurso, Andueza ha aludido a todos los desafíos que Euskadi tiene y cree que su consecución «depende del concierto de todos», por lo que ha apelado a llegar a acuerdos que permitan «liderar las grandes transformaciones» como la del modelo sociosanitario, la económico y laboral o la medioambiental.

En su intervención, ha aludido a la respuesta dada a la pandemia y cree que Euskadi «ha estado a la altura», y ha indicado que ha habido «aciertos y errores» y nadie puede pretender hacer «un balance triunfalista», pero considera que hay «sentirse orgullosos» de un autogobierno que ha demostrado «toda su fortaleza y capacidad de acción cuando más falta hacía».

A su juicio, se ha dado un «buen funcionamiento» de las instituciones al que, según Andueza, también ha contribuido «el Gobierno de Pedro Sánchez y un modelo de cogobernanza, ejemplo de respeto al modelo institucional y político» vasco.

El dirigente del PSE-EE cree que la realidad demuestra que «hay otra forma de gobernar». Tras recordar el número de conferencias y comisiones sectoriales celebradas, ha sumado las Conferencias de Presidentes. «Aunque parezca que desde Euskadi siempre tenemos que ir a rastras han demostrado ser un espacio útil para el encuentro y la colaboración entre autonomías», ha afirmado.

Según ha indicado, ningún Gobierno central ha demostrado «mayor compromiso por la colaboración mutua y con el cumplimiento del Estatuto, como ocurre con el traspaso de transferencias, pese a las dificultades añadidas de la pandemia», entre ellas, la de prisiones. En este sentido, ha negado que el impulso a los traspasos se haya producido gracias a Unidas Podemos, como ha dicho Elkarrekin Podemos.

«Es con los socialistas como siempre cuando avanza el Estatuto. Y podremos hablar de las distintas interpretaciones que se hacen de los textos legales. Podremos coincidir en las dificultades para negociar algunas transferencias, podremos hablar del afán recentralizador que ha movido al Gobierno de España cuando ha estado en manos del PP. Y de la necesidad de más y mejores foros de encuentro que eviten la excesiva judicialización que ha habido por momentos en torno al autogobierno. Y ahí nos van a encontrar a los Socialistas», ha señalado.

Sin embargo, dirigiéndose al Lehendakari, ha indicado que lo que les «chirría más» es que «para justificar algunas iniciativas en los próximos meses, recurran a presentaciones de libros, con más carga ideológica que jurídica», en referencia a la publicación «La erosión competencial».

Andueza ha defendido «cogobernanza hacia arriba» con Europa y también la «cogobernanza hacia abajo» porque también en Euskadi se ha descubierto «la necesidad de hacer cierta gimnasia federal para el trabajo común con Diputaciones y Ayuntamientos».

El PP llevará a debate el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición de ley para «reforzar la independencia judicial» que incluye la condición que ha puesto al Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace casi tres años: cambiar el sistema de elección en ese órgano para que los vocales de procedencia judicial los elijan directamente los jueces.

Fue el propio líder del PP, Pablo Casado, el que hace poco menos de un año presentaba esta iniciativa, y lo hacía justo después de que el PSOE y Unidas Podemos registraran en el Congreso su propuesta para rebajar la mayoría de tres quintos a mayoría cualificada con el fin de poder renovar el CGPJ sin el concurso del PP.

Y ahora los ‘populares’ han decidido llevar esa propuesta a debate en el Pleno de la semana que viene como forma de presionar al Gobierno, puesto que Casado comenzó el curso político advirtiendo de que sólo actualizaría el CGPJ si antes arrancaba al Ejecutivo el compromiso de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces.

Entonces, como ahora, Casado ya asumió que esa reforma legal –en caso de que finamente el Congreso la tomara en consideración– no podría aplicarse para el actual proceso de renovación del Consejo, que se inició hace dos años. Esto es, que accedería a negociar los nuevos vocales con el sistema vigente.

PROMESA ELECTORAL

Con esta proposición de ley, los ‘populares’ buscan volver al sistema de elección que promovieron los constituyentes para garantizar la separación de poderes, pese a que el partido ya incluyó esta iniciativa en su programa electoral de las generales.

En su reforma, el PP plantea en su propuesta que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por entre los jueces y magistrados que se encuentren en activo y que se descarten perfiles políticos en los ocho juristas que proponen los grupos parlamentarios.

Asimismo, propone ampliar el sistema de mayorías reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del Consejo, que éste redacte informes para cualquier iniciativa que afecte al funcionamiento de la justicia y que las asambleas legislativas autonómicas no puedan designar vocales de los tribunales superiores de justicia.

En su propuesta, los ‘populares’ también apuestan por la «despolitización» de la Fiscalía con una serie de medidas que abrirían la puerta a la recusación de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

EL PP YA RECURRIÓ ANTE EL SUPREMO

El año pasado, los de Casado presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de Pedro Sánchez de situar a la exministra de Justicia en el Ministerio Público alegando que no cumple el requisito de «idoneidad» y por su «falta total de objetividad y de imparcialidad».

Así, los ‘populares’ plantean que el fiscal general del Estado pueda ser recusado y que para acceder a ese cargo se requiera ser jurista de «reconocido prestigio» con al menos 15 años de ejercicio y no haber desempeñado un cargo representativo o de confianza política «en los diez años anteriores». En caso de prosperar la reforma, los ‘populares’ abrirían la puerta a la recusación de Dolores Delgado.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que «se va a mantener» el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que ha calificado de «esencial», pero que se debe «adaptar al nuevo contexto» con una gestión «más inteligente y sostenible», junto a otras alternativas que permitan una menor dependencia del agua trasvasada.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el Foro Alicante que se celebra en la Casa Mediterráneo, donde ha impartido la conferencia ‘Transición ecológica e inclusión: un reto y una oportunidad de país’, tras la que ha tenido que responder a numerosas preguntas de los asistentes sobre este tema por parte de regantes, agricultores, empresarios o políticos como el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que le han reprochado disminuciones en el agua trasvasada que llega a la provincia.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, y la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual,

En la que ha sido su primera visita oficial a la provincia de Alicante, la ministra ha asumido que el trasvase Tajo-Segura es «imprescindible para las necesidades del territorio».

Según ha explicado, una comisión técnica evalúa las condiciones del agua en la cabecera del río e identifica el «volumen razonable» para cada una de las aportaciones mensuales. Este «cambio en las reglas del juego supone mejor gestión sin picos que llevaban a situaciones extremas que a continuación hacían descender enormemente la cuota en cabecera», ha defendido.

Ribera ha argumentado que ahora se «aplanan» estos picos pero «no hay una disminución del volumen de agua trasvasado» en el cómputo anual, ha asegurado, y a su entender esto «ayuda a abordar con responsabilidad y con un enfoque solidario» las inquietudes aguas arriba y aguas abajo.

Para la ministra, «es importante definir un regímenes de caudales ecológicos en la cuenca del Tajo; nos lo piden sentencias Tribunal Supremo y el derecho de la Unión Europa, es imprescindible para una gestión correcta del agua disponible», ha insistido.

Asimismo, ha defendido que la nueva ‘hoja de ruta’ para la gestión del trasvase Tajo-Segura 2022-2026 está «adaptada a los nuevos escenarios climáticos», -con episodios extremos de sequía e inundaciones a consecuencia del cambio climático-, y «previendo las necesidades aguas arriba y aguas abajo, sabiendo que la disponibilidad en cabecera ha ido disminuyendo en los últimos años», ha apuntado.

Ribera, que ha asegurado que la nueva planificación busca adaptar el uso de recursos a nuevos riesgos y aprovechar las innovaciones tecnológicas, ha subrayado la necesidad de «pensar en el resto del alternativas de agua» y de hacer un «esfuerzo por aumentar la eficiencia y la circularidad» en el uso del agua.

En este sentido, ha instado a «tener en consideración de todos los volúmenes de agua, procedan de donde procedan», además de «asegurar que la calidad aguas arriba y abajo está garantizada» y de acelerar la inversión en infraestructuras y nuevas formas de energía. De este modo, ha apuntado, se reducirá la dependencia del agua trasvasada y a su vez disminuirán su coste para lograr precios más «asequibles».

Su ministerio, ha dicho, trabaja para proporcionar volúmenes de agua adicionales a las comunidades de regantes de las cuencas receptoras. Buena parte de esos nuevos aportes procederán de la desalación. Ha recordado que se ha multiplicado por dos la capacidad de desalación en la provincia de Alicante. Solo la de Torrevieja es capaz de proporcionar 80hm3 anuales, mismo volumen que las transferencias desde el Tajo, y para finales de año-principios de 2022 ese caudal se elevará a 120 hm3.

Se trabaja además en la interconexión con las plantas de Valdelentisco y Águilas, e inversión en energías fotovoltaicas para abaratar el precio del agua desalada y que sea asumible para los agricultores, ha agregado.

En conjunto, se han planteado inversiones por valor de 668 millones de euros en obras en la cuenca del Segura, que concluirán entre 2023 y 2024, para garantizar la aportación de agua suficiente para todos los usos requeridos.

90 MILLONES PARA UN PARQUE FOTOVOLTAICO EN TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ

Ribera ha hecho hincapié también en la contribución de las energías renovables a este nuevo esquema de gestión hídrica. En este sentido, ha anunciado la inversión de 90 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la dotación de energía fotovoltaica a las tres elevaciones del trasvase Júcar-Vinalopó.

Estas nuevas instalaciones fotovoltaicas permitirán «reducir costes» de funcionamiento de esta infraestructura, ampliando la disponibilidad de agua a precios asumibles y «aliviando la sobreexplotación insostenible sobre los acuíferos de la zona», ha resaltado.

IMPULSO A LA DEPURACIÓN

Entre las medidas previstas para impulsar la reutilización de agua depurada, la ministra también ha detallado una inversión de 11 millones del PRTR destinada a adecuar la EDAR del Valle del Vinalopó, junto con el trabajo en otras estaciones depuradoras que permitirán un aumento significativo de los recursos hídricos disponibles.

«Lo importante es disponer de agua, considerada como un recurso único para poder hacer las cuentas correctamente, y no necesariamente un solo tipo de concreto de agua», ha dicho en alusión a quienes critican el nuevo modelo de explotación del Trasvase Tajo-Segura (ATS).

En relación a esta infraestructura, el Ministerio estudia distintas fórmulas para adecuar la repercusión de los costes del ATS a la realidad actual, de modo que pueda aliviarse el llamado ‘tasazo’, a fin de abaratar el coste del agua para regadío en las cuencas receptoras.

La ministra ha ensalzado el compromiso y actitud dialogante de la administración autonómica, municipios, comunidades de regantes y demás actores en el ciclo del agua para adaptarse de manera constructiva a los nuevos escenarios definidos por una menor disponibilidad natural hídrica. «Entre todos debemos garantizar que no sólo haya agua hoy, también mañana», ha apostillado.

RIESGO DE INUNDACIONES

Ante los asistentes al foro, Ribera ha subrayado también el apoyo del MITECO al Plan Vega Baja-Renhace impulsado por la Generalitat a raíz de la DANA de septiembre de 2019, con el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Segura de definir las obras necesarias para reducir el riesgo de inundación, actuaciones contra avenidas por valor superior a los 132 millones de euros, y de restauración ambiental por otros 5 millones de euros.

En conjunto la inversión pública total en el sector del agua en Alicante allegará a la provincia fondos por valor de 485 millones de euros en los próximos seis años a cargo del MITECO y diversas sociedades estatales, y otros 310 millones del PRTR entre los años 2022 y 2023.

IU, a través de su Red Federal de Medioambiente, ha realizado un llamamiento «a la ciudadanía y a los municipios a que defiendan con firmeza de manera práctica una movilidad sostenible que contribuya a hacer frente a los retos medioambientales».

Además y con motivo del inicio de la ‘Semana Europea de la Movilidad’, quiere que esa movilización sirva como «advertencia y respuesta ante las continuas maniobras que la derecha y la ultraderecha ejecutan allí donde tienen capacidad de gobierno».

«Buscan echar por tierra cualquier avance que se haya podido conseguir, mucho más si se ha demostrado su éxito durante años», ha señalado la responsable federal de Ecología de IU, Eva García Sempere.

EJEMPLO, LA «INSUFICIENTE» ORDENANZA DE MADRID

Concretamente, ha puesto como ejemplo la aprobación de la «remozada e insuficiente» ordenanza de Movilidad aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, que sustituye a Madrid Central tras «años de ataques políticos y en los juzgados por parte del PP y Vox».

La Red Federal de Medioambiente de IU ha rememorado que «el transporte urbano es uno de los más importantes núcleos de emisión de gases efecto invernadero, junto a otros tóxicos para la salud como el monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (Nox), hidrocarburos no quemados (HC) o los compuestos de plomo».

Y ha constatado que «son muchas las razones para renunciar a la irracionalidad de un modelo antieconómico, profundamente segregador, peligroso e ineficiente».

CAMBIOS «REALES» PARA TERMINAR CON EL «ABUSO» DEL COCHE PRIVADO

Por tanto, ha reclamado que cualquier iniciativa que se ponga en práctica «debe acompañarse por cambios reales de las ideas dominantes en materia de movilidad para terminar con el abuso del vehículo privado».

«No es de recibo hacer llamamientos a la conciencia de la gente que no vayan acompañados de actuaciones que restrinjan de verdad el tráfico de automóviles y estimulen los medios alternativos», ha ahondado.

La Red de Medioambiente de IU ha detallado que «la credibilidad de las jornadas sin coche y muchos discursos institucionales que las soportan depende de que sean visibles los pasos prácticos que dan esas mismas administraciones».

En consecuencia, ha demandado un «nuevo reparto del espacio urbano que priorice los desplazamientos a pie, la bicicleta y el transporte público colectivo, acompañado de actuaciones de disuasión y restricción del vehículo privado».

La Fiscalía de Pontevedra solicita cuatro años y medio de prisión para un padre acusado abusar sexualmente de su hijo de nueve años en un bar situado en el partido judicial de Caldas de Reis.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia este juicio, que se celebró este jueves a puerta cerrada.

El representante del Ministerio Público considera a este padre es autor de un delito de abuso sexual a un menor de 16 años agravado por el abuso o prevalimiento de la relación de parentesco y, además de la pena de prisión, pide otros cinco años y medio de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad.

El fiscal también pide a la Audiencia que le imponga la medida de libertad vigilada de siete años tras salir de prisión, que implicará la prohibición de aproximarse a la víctima y de comunicarse con él y la obligación de participar en un programa de educación sexual.

Con ánimo de proteger al menor, el juicio se celebró a puerta cerrada y también se evitó el contacto directo del niño con el acusado.

Los hechos que se juzgaron este jueves ocurrieron en septiembre de 2019, según recoge el fiscal en su escrito de acusación, cuando este hombre introdujo su mano por debajo de la ropa interior de su hijo.

Además de realizar una serie de tocamientos, el padre de la víctima le dio besos «constantes» a su hijo en el cuello por espacio de unos 20 minutos «con el evidente ánimo de satisfacer sus deseos lúbricos o de naturaleza sexual», relata el escrito de acusación.

Añade la Fiscalía que el procesado actuó «sin importarle el menoscabo que tal acción pudiera suponer para la indemnidad sexual de su hijo» y que solo paró al darse cuenta de que estaba siendo observado por las personas que se encontraban dentro del bar en el que padre e hijo se habían sentado.

El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, ha solicitado a la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) y al resto de federaciones europeas movilizaciones de cazadores en Bruselas en 2022 ante los «continuos ataques» de la Comisión Europea (CE) a la actividad cinegética.

Según ha señalado, la entidad federativa se siente «agredida» por las «nefastas imposiciones» de la Directiva hábitat, la directiva aves, la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030, la prohibición de la tórtola común, la prohibición del uso del plomo «sin dar ninguna alternativa», el silvestrismo «e incluso el intento descarado de prohibir la caza de la perdiz roja», según indica la Federación Extremeña de Caza en nota de prensa.

En un encuentro mantenido con FACE y otras federaciones de caza europeas, la RFEC ha criticado «nuevamente» que la Comisión, «en su deriva conservacionista y anticaza», ha llevado al centro del debate a la actividad cinegética, «cuando la caza no es la mayor causa de la deficiente situación de las especies, ni la pérdida de biodiversidad se solucionará prohibiendo o limitando la actividad».

En declaraciones a los medios con motivo de la celebración en Badajoz de la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza (Feciex), Manuel Gallardo ha considerado que «ha llegado el momento de decir basta ante los continuos ataques de la CE a la actividad cinegética».

«Hace pocos días anunciábamos que la gran batalla está cada vez más cerca y no lo decíamos en vano», ha señalado, para apuntar: «tenemos un enemigo muy poderoso que, desde la distancia, nos somete cada vez más a la dictadura ecoanimalista y no lo podemos permitir. En 2022 nos veremos en Bruselas si Europa no cambia su postura».

Tanto FACE como todos los países que forman parte de la federación europea consideran que «ha llegado el momento de demostrar que los cazadores no están dispuestos a doblegarse ante la dictadura conservacionista venida de Europa» y que el próximo año deberá realizarse una «gran» manifestación a las puertas de la Comisión Europea en Bruselas, ha concluido.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha eliminado 80 kilómetros de motas y recuperado 16 kilómetros de tramos de río, en más de cincuenta actuaciones de restauración fluvial y protección frente a las inundaciones llevadas a cabo en la cuenca, en los últimos catorce años (2007-2021).

Así lo ha destacado hoy la Comisaria de Aguas, Diana Martín, en la Jornada de presentación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de las distintas demarcaciones hidrográficas, organizada por el Ministerio, a la que ha asistido la presidenta del Organismo, Cristina Danés.

Un cambio de paradigma consistente en eliminar las protecciones innecesarias y recuperar la llanura de inundación para dar espacio al río y aumentar así el efecto laminador frente a las crecidas.

Además de los 80 kilómetros de motas eliminadas, se han retranqueado otros 10 kilómetros más fruto de las actuaciones desarrolladas por el Organismo.

En la Jornada celebrada hoy, la Comisaria de Aguas ha expuesto las distintas medidas desarrolladas por la CHD desde 2007, con el objetivo de anticiparse y minimizar los efectos de las avenidas en la cuenca.

Entre ellas, destaca el caso del Órbigo, la primera actuación que aborda el río de forma global, en su conjunto, con soluciones innovadoras basadas en la naturaleza para incrementar la conexión entre el cauce y sus riberas.

En estos momentos, la mejora del conocimien inundación es una de las prioridades del PGRI del Duero 2022-2027, actualmente en consulta pública.

Un plan que incluye derivados del cambio climático y establece inversión alcanza los 143 Los mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación del Duero se concretan en la identificación de 26 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), divididas en 216 subtramos que afectan a una longitud total de 473,21 kilómetros de masas de agua.

A nivel europeo, los planes de gestión del riesgo de inundación y los planes hidrológicos son elementos de una gestión integrada de la cuenca y de ahí la importancia de la coordinación entre ambos procesos guiados por de Inundaciones y la Directiva Marco del Agua respectivamente.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado finalmente el recurso de casación interpuesto por el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla que le condena a dos años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos en la gestión de la citada entidad, participada por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa, concretamente por una beca concedida de manera «arbitraria».

En una sentencia del Supremo emitida este pasado miércoles, difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dicha instancia aborda un recurso de casación formalizado por el que fuera director general de Mercasevilla, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de fecha 25 de marzo de 2019, derivada del juicio celebrado contra un total de 14 personas por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

En la sentencia impugnada, la Sección Cuarta de la Audiencia impuso al exdirector general de la lonja dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por seis años, así como el pago de una indemnización de 16.412,12 euros a la Fundación Socio-Asistencial de Mercasevilla en relación con el pago de una beca a la entonces acusada Carmen Vela, –hija del entonces presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado Antonio Vela–, que deberá «responder conjunta y solidariamente» de dicha cantidad «en su condición de partícipe a título lucrativo» de los hechos.

EL ERE DE 2007

De otro lado, la Sección Cuarta absolvía a Mellet y a otros dos acusados de delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación en relación con el contrato suscrito con Hermes Consulting, mientras que también absolvía al exdirector general de Mercasevilla y otros nueve acusados por malversación de caudales públicos en relación con las prejubilaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por Mercasevillla en 2007 merced a la financiación autonómica previamente negociada.

El tribunal también absolvía a Mellet y a otro acusado más de un posible delito de malversación por los pagos a la Asociación de Mayoristas de Pescados El Barranco y absolvía a Carmen Vela de un delito de malversación en relación con la beca.

LA BECA

Sobre la beca, clave de la condena a Mellet, la Audiencia considera que el exdirector de Mercasevilla «decidió personalmente conceder a cargo de la fundación socioasistencial de la entidad una ayuda de 24.000 euros» a Carmen Vela, –hija del presidente de los mayoristas de pescado, también juzgado en este caso y absuelto–, «pese a conocer que, no obstante su nombramiento como gerente, no se le habían otorgado poderes para adoptar tal decisión y que la ayuda concedida, por su destino y por las características de su destinataria, no se ajustaba a los fines estatutarios de la entidad».

A través de dos transferencias formalizadas en julio de 2008, Carmen Vela habría recibido 7.112 euros de la Fundación Mercasevilla, ordenando Mellet en enero de 2009 otro pago más de 3.000 euros en favor de Carmen Vela, si bien para «evitar que constara cualquier dato que lo pudiera relacionar con el pago», según la Audiencia, Mellet hizo anular este último abono y días después hizo que un becario del Departamento de Caja y Contabilidad transfiriese otros 6.500 euros a la cuenta de la acusada Carmen Vela, que entre 2008 y 2010 cursó estudios en Londres.

Mellet, ya condenado por un delito de cohecho derivado de solicitar una ‘mordida’ de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo; tiene pendiente un nuevo juicio en la Sección Tercera de la Audiencia por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al haber encargado a una empresa la gestión de la escuela infantil de Mercasevilla, supuestamente «sin respetar» los principios de publicidad, concurrencia y transparencia y «excediéndose en las funciones» y limitaciones económicas del cargo que ostentaba.

Frente al recurso de casación de Mellet, el Supremo expone ve «acertado» el criterio de la Audiencia, según el cual «aún admitiendo que se hubiese realizado una delegación de facultades» en Mellet como gerente, «no se diluiría el carácter delictivo de los hechos que pivota fundamentalmente, no sobre un exceso formal en sus facultades realizando actos de disposición a los que no estaría autorizado, sino en la disposición a propia voluntad, sin ajustarse a los fines fundacionales; en el desvío consciente y por una decisión personal arbitraria de unos fondos de los fines de la fundación».

A tal efecto, el Supremo precisa que la propia Audiencia «no niega» que desde la entidad se concediesen «otras ayudas», considerando que dicha instancia «explica» debidamente los motivos por los cuales la citada beca «invadió el campo penal» y que la documentación aportada por el condenado «no puede servir para acreditar que la comisión ejecutiva tuvo conocimiento de una beca que se daría varios meses después», por lo que no accede a la idea de que Mellet contase con facultades para conceder la beca en cuestión.

EL «SALTO ACROBÁTICO» DEL RECURSO

Respecto al motivo del recurso que alega que la beca «se ajustaba de manera plena a la praxis y a los fines fundacionales y, por tanto, no fue una decisión caprichosa» de Mellet, el Supremo señala el «salto acrobático» de la argumentación seguida por el recurrente, pues «la Audiencia no se aparta ni un ápice de lo que afirman los documentos invocados» por Mellet, como los estatutos de la fundación o la concesión de otras becas y ayudas recogidas en las cuentas» de la misma.

En cuanto al argumento de que en las cuentas figuraban expresamente «los pagos efectuados a Carmen Vela; así como en la Memoria de la Fundación de 2008 figura la concesión de esa beca», el Supremo indica que «ninguna de esas dos cuestiones está contradicha por la sentencia, que ha contado con ellas y las explica mostrando cómo ambos datos son compatibles con el carácter delictivo». «Los documentos son la excusa para introducir la propia versión exculpatoria, que no se deduce de forma directa del documento», avisa el TS.

Además, expone que «de poder afirmarse que el acusado informaba de actuaciones de la fundación a asegurar que informó de la beca concedida a Carmen Vela media un abismo que la lógica no autoriza a soslayar».

UNA BECA «ARBITRARIA»

«La Audiencia no condena porque se concediese una beca no siendo posible; sino por hacerse de forma arbitraria y al margen de los condicionantes y objetivos que derivan de los estatutos y de los fines fundacionales que especifican cuál debía ser el objetivo de esas ayudas, quiénes debían ser los principales beneficiarios y otras circunstancias. La beca concedida a Carmen Vela se otorgó dando las espaldas a esas determinaciones: ni pertenece a un sector desfavorecido (más bien parecen haber pesado otros factores particulares); ni la formación que pretendía seguir guarda relación alguna con los fines sociales de Mercasevilla; ni podía estimarse, como razona la sentencia, que era una forma de retribuir unos trabajos realizados para la fundación», resume el Supremo, que desestima así el recurso de casación de Mellet y le impone las costas del recurso.

Un profesor de Primaria de un colegio concertado del centro de la capital acusado de abusos sexuales a cuatro alumnas se ha limitado en el juicio a pedir perdón a las familias, si bien ante el juez instructor reconoció haber realizado «nalgadas» a las menores en un contexto de acercamiento cariñoso dentro del ámbito escolar pero sin ánimo libidinoso.

El juicio ha arrancado esta mañana a puertas cerradas en la Audiencia Provincial de Madrid en aras a la protección de las niñas y a petición de la Fiscalía de Madrid. La fiscal ha solicitado una condena de dieciséis años de cárcel y que indemnice 3.000 euros a cada una de las víctimas, siendo responsable civil subsidiario el colegio. El centro escolar está ubicado en el distrito Centro.

Los hechos se produjeron entre septiembre de 2017 y enero de 2018. La fiscal sostiene que durante esos cinco meses, el docente mantuvo un comportamiento de relación con cuatro alumnas basado «de forma reiterada» en tocamientos en diversas partes del cuerpo, caricias en la espalda por debajo de la camiseta o en susurrarles palabras al oído y besarlas cerca de la boca, en la nuca o en el cuello.

El abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Rubio Sánchez, ha solicitado en las conclusiones cuatro años de cárcel para el acusado por cada una de las dos niñas a cuyas familias representa por un delito de abusos sexuales continuado. El docente se encuentra en libertad provisional a la espera de la sentencia, que se dictará en las próximas semanas.

El letrado entiende que concurre una circunstancia agravante por la continuidad de los hechos en el tiempo. En las cuestiones previas, ha solicitado en virtud del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se libere a los jóvenes de declarar en sala para evitar su doble victimización reproduciendo las declaraciones en instrucción.

En instrucción, el docente admitió un acercamiento con las niñas, a las que daba «nalgadas» (cachetes en las nalgas) pero nunca con un ánimo sexual ni libidinoso, descontextualizando los hechos de los que se le acusa.

El testimonio de las chicas constituye la principal prueba de cargo contra el acusado, unas manifestaciones corroboradas por los informes psicológicos realizados a las niñas que certifican las secuelas sufridas.

«Su evolución a la adolescencia ha sido complicada por la relación que existe causa efecto con los hechos traumáticos que vivieron con 11 y 12 años. Algunas de las secuelas son miedo, ansiedad y sentimiento de culpa», ha dicho el letrado.

Las familias tienen actualmente un sentimiento de desazón por el transcurso del tiempo que ha pasado, más de tres años. Según el abogado, no se sintieron arropadas por el colegio por el tiempo en el que se tardó en reaccionar y despedir al docente.

Los supuestos abusos se pusieron en conocimiento del centro en febrero de 2018 pero no es hasta diciembre de ese año cuando el colegio toma medidas contundentes contra el profesor con su despido. Fue entonces cuando se interpuso una denuncia ante la Fiscalía.

En la vista oral, la sala ha reproducido las grabaciones de las declaraciones de las afectadas y los psicólogos que examinaron a las menores han ratificado sus respectivos informes, confirmando las secuelas que padecen actualmente por los hechos vividos.

El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar pero sí ha hecho uso de su derecho a la última palabra, pidiendo disculpas a las familias afectadas.

HECHOS

El escrito de acusación señala que el docente estuvo destinado en el centro entre los meses de septiembre de 2017 y enero de 2018 donde desempeñó la labor de profesor y tutor de alumnos de entre 11 y 12 años.

La Fiscalía sostiene que durante esos cinco meses, el docente mantuvo un comportamiento de relación con cuatro alumnas basado «de forma reiterada» en tocamientos en diversas partes del cuerpo, caricias en la espalda por debajo de la camiseta o en susurrarles palabras al oído y besarlas cerca de la boca, en la nuca o en el cuello.

A una niña de 11 años llegó a sentarla sobre sus rodillas aprovechando la corrección de ejercicios en clase y «sirviéndose de idéntica circunstancia para asirla por la cintura, acariciarle la mano y el pelo y susurrarle al oído». La misma conducta mantuvo con otra niña de la misma edad «siendo habitual que le diera palmadas en el trasero».

A lo largo de esos cinco meses, pero en fecha no determinada, se acercó a otra alumna también de 11 años de edad a quien arrinconó en un pasillo del colegio «tratando de obligarla a que le abrazara, logrando ella zafarse».

A una cuarta alumna le hizo sentarse también sobre sus rodillas y en otras ocasiones le tiró de la falda, «metiendo y pasando su dedo por la goma de la cinturilla de la misma, siendo habitual que le diera palmadas en los glúteos». Asimismo, en otra ocasión se acercó a ella y le susurró al oído que «sabía que era una rompecorazones».

Todos estos actos eran públicos, bien en clase, bien en el patio, bien en los pasillos del colegio, lo que determinó que fuera despedido por el centro escolar.

El Rey Felipe VI ha puesto en valor el «pasado común» que define tanto a España como a Colombia en presencia del presidente de este país, Iván Duque, que también ha defendido los «vínculos indisolubles» que existen entre los dos países.

Durante el brindis en honor de Duque, de visita oficial en España, Don Felipe ha resaltado los fuertes vínculos entre los dos países que «arrancan de una historia compartida de tres siglos, que fueron decisivos para forjar las identidades y la rica cultura de nuestros pueblos».

«Ni España ni Colombia pueden comprenderse sin ese pasado común que nos define y que dio origen a un legado conjunto de valores, a visiones afines del mundo en las que españoles y colombianos nos reconocemos como miembros de la gran familia iberoamericana», ha defendido.

Ese pasado compartido se manifiesta en el «patrimonio histórico compartido», que Duque ha sabido «reconocer y proteger», y que incluye «desde nuestra lengua común hasta la huella histórica que nuestros distintos pueblos han ido dejando a través de los siglos».

En la actualidad, «se manifiesta en el flujo constante y mutuamente enriquecedor de intercambios entre nuestros artistas, escritores o cineastas», ha añadido, resaltando que Colombia es en esta edición el país invitado en la Feria del Libro de Madrid.

APUESTA POR LA ‘ECONOMÍA NARANJA’

En este punto, el Rey ha hablado de la llamada «economía naranja», en referencia al libro publicado bajo el título ‘La economía naranja: una oportunidad infinita’ por Duque y Felipe Buitrago Restrepo en 2013. Dicha economía, ha resaltado citando a Duque, «vincula estrechamente a las actividades creativas y a todos los productos y servicios que resultan de ellas», por lo que en su opinión «representa una dimensión de nuestra actividad económica con enorme proyección».

Así, y tomando prestadas las palabras del presidente colombiano, Don Felipe ha apostado por «aprovechar la ‘oportunidad infinita’ que nos ofrecen las industrias culturales y creativas».

Los lazos que nos unen, ha agregado el monarca, «no miran únicamente hacia el pasado, sino que se proyectan decididamente hacia el futuro, marcando un camino conjunto a la hora de afrontar los grandes desafíos de la actual era global».

España y Colombia, ha incido, «comparten enfoques tan importantes como la necesidad de una reconstrucción verde, la apuesta por las energías renovables, o la igualdad entre hombres y mujeres como norte de las políticas públicas».

También coincidimos «en la determinación por afrontar la agenda global desde el diálogo y la cooperación entre naciones, apostando por la vía multilateral», ha agregado, reiterando el compromiso tanto de las autoridades como las empresas españolas con Colombia.

DUQUE APUESTA POR CONSOLIDAR LOS LAZOS

Duque, que ha expresado su deseo de «consolidar, fortalecer y proyectar en el tiempo» las relaciones bilaterales, ha coincidido con el Rey en que a Colombia le ha definido en su historia «esos vínculos indisolubles que hoy más que nunca tenemos que recordar para entender nuestro propio valor como sociedad».

El presidente colombiano ha puesto en valor la importancia de las relaciones empresariales y económicas –«España es el mayor inversionista europeo» en Colombia– y ha incidido que a los dos países les une igualmente la defensa de valores compartidos y de los Derechos Humanos, así como la lucha contra el cambio climático.

También ha celebrado que Colombia sea país invitado en la Feria del Libro y ha confiado en que la «grandeza inmensa de nuestro idioma castellano» permita «hacer de la cocreación, la codistribución, la coprotección de la propiedad intelectual uno de los grandes patrimonios que sirva no solo para edificar sino para crear nuevos espacios».

ESTATUTO DE PROTECCIÓN A VENEZOLANOS

Por otra parte, Felipe VI ha aprovechado para reconocer «el gran paso admirable» que ha supuesto la decisión de Colombia de otorgar el estatuto de protección temporal a los venezolanos que han buscado refugio en el país huyendo de la crisis que atraviesa Venezuela. Con ello, ha destacado, Colombia se ha convertido » en un referente en Iberoamérica».

«Es una apuesta decidida y valiente por la dignidad y los derechos de cientos de miles de refugiados y migrantes que España reconoce y apoya», ha añadido, prometiendo que España seguirá «liderando o contribuyendo a las iniciativas» para que «realmente haya una respuesta solidaria, potente y sostenida de ayuda a Colombia y los demás países de la región en su gran esfuerzo para atender las necesidades de estos refugiados y migrantes».

El presidente colombiano también se ha referido a esta cuestión en su intervención. Según ha indicado, de los más de 6 millones de venezolanos que han huido de la «dictadura oprobiosa» en su país, 1,8 millones se encuentra en Colombia.

El estatuto temporal de protección busca darles «la posibilidad de tener esperanza y tener afincado un proyecto de vida», ha señalado, apostando por «construir una solución definitiva» a esta crisis, en la que España ha tenido un papel de «liderazgo» en la comunidad internacional.

AYUDA DURANTE LA PANDEMIA

Asimismo, el Rey ha celebrado que «por fin» se haya podido realizar la visita de Duque, que tuvo que postergarse por la pandemia, y ha celebrado que España haya podido donar a Colombia más de un millón de vacunas contra la COVID-19, que «esperamos contribuirán a acelerar la salida de la crisis socio-sanitaria en este país tan querido».

En este sentido, Duque ha agradecido la ayuda de España durante la pandemia. «En los momentos más difíciles se ve presente a los amigos», ha resaltado, agradeciendo no solo el envío de vacunas sino que también España compartió «información epidemiológica que nos permitió ayudar a proyectar el crecimiento de las unidades de cuidados intensivos y eso se traduce en salvar vidas».

Al almuerzo en el Palacio Real han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha recibido previamente a Duque en la Moncloa, así como los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

También han estado los presidentes del Congreso, Meritxell Batet; Senado, Ander Gil; el Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el del Supremo, Carlos Lesmes; así como el jefe del Estado Mayor, Teodoro López Calderón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Igualmente ha habido una nutrida representación de empresarios, entre ellos el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, así como presidentes de empresas con presencia en Colombia como Repsol, Sacyr, Telefónica o BBVA. Entre los invitados también ha estado Eva Moral, medalla de bronce en triatlón en los Juegos Paraolímpicos de Tokio.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprobado un acuerdo, por dos votos a favor y uno en contra del presidente del organismo, Roger Loppacher–, que insta a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a que los documentales de autor o de tesis relacionados con la relación política entre Catalunya y el resto de España «respondan a más de un punto de vista y ofrezcan los diversos posicionamientos» de la sociedad catalana.

La entidad Federalistes d’Esquerres presentó en julio de 2020 una queja que pedía la intervención del CAC alegando que TV3 incumplía un acuerdo anterior del CAC sobre la emisión de ‘Federal’ y tenía una «negativa fáctica» a emitirlo, informa este jueves el organismo regulador en un comunicado.

Para evaluar el cumplimiento, ha elaborado un informe sobre emisión de documentales y programas de reportajes en relación al debate político entre Catalunya y el resto del Estado para analizar la presencia de documentales o reportajes sobre la materia.

Entre el 7 de marzo de 2018 –fecha del acuerdo del que se quejaba la entidad– y el 23 de abril de 2021, TV3 ha emitido 22 documentales o programas de reportajes que tratan, de manera central o colateral, aspectos relacionados con el debate, básicamente en los espacios ’30 minuts’ y ‘Sense ficció’.

De los 22 espacios, 17 se ocupan de forma central en el proceso político sobre el 1-O, con nueve que analizan hechos sobre el 1-O, cinco del juicio, dos sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución y uno sobre el papel de la ultraderecha.

Otros cuatro abordan la vertiente histórica de la relación entre Catalunya y el resto de España, y uno, precisamente ‘Federal’, es sobre el modelo de organización política, que se emitió por Canal 33.

El acuerdo del CAC insta a TV3 a que, en cumplimiento de las misiones de servicio público, los documentales de autor «respondan a más de un punto de vista y ofrezcan los diversos posicionamientos» de la sociedad catalana.

El CAC advierte a la CCMA sobre la necesidad de cumplimiento de las misiones de servicio público sobre la «necesidad de garantizar el pluralismo político y el respeto de las diversas opciones y manifestaciones políticas existentes en la sociedad catalana» en los documentales.

El acuerdo también insta a TV3 a «corregir, con la mayor diligencia posible, la situación de desequilibrio generada» mediante la producción propia, la coproducción o la compra de derechos de emisión de documentales para dar cumplimiento al pluralismo político y la diversidad de opciones de la sociedad catalana.

VOTO PARTICULAR DE LOPPACHER

En su voto particular, el presidente del CAC, Roger Loppacher, ha señalado que el organismo regulador no tiene competencia para determinar «qué documental concreto» ha de emitir un prestador, y ha recordado que ‘Federal’ se emitió por el Canal 33.

Loppacher ha lamentado que el acuerdo propuesto y aprobado por los dos consellers «se aparta y distorsiona intencionadamente» del informe técnico del CAC para acabar en una conclusión basada en percepciones ideológicas y/o personales que no se sustentan técnicamente.

El paro ha marcado récord del año como primer problema de España en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de septiembre, una encuesta en la que se ha ‘colado’ en la lista de principales preocupaciones nacionales la subida del precio de la luz.

En concreto, el desempleo aparece mencionado en el 41,3% de los cuestionarios, 4,3 puntos porcentuales más que el pasado mes de julio, cuando a la cabeza de los problemas de los españoles se situaban los problemas económicos, que en septiembre se han desplazado al segundo puesto, con un 35,5% de las respuestas, cayendo cinco puntos.

En tercera posición se mantiene el Covid-19 aunque con una importante caída. Si en julio la preocupación por el virus se situaba en el 35,4%, dos meses después, con el 75% de la población española vacunada, ésta sólo es citada en el 24,7% de las entrevistas, lo que supone 10,7 puntos porcentuales menos.

Mucho más abajo figura la subida de las tarifas energéticas, que se anota un 3,8% de menciones en el listado de problemas que el CIS elabora en función de las respuestas espontáneas de las personas a la que entrevista. La encuesta se realizó entre el 1 y el 13 de septiembre, en plena escala del incremento de la luz. En el barómetro de julio sólo se mencionaba este asunto en el 0,3% de los cuestionarios.

Según el estudio, hecho público este jueves, la sanidad figura en la cuarta posición de las preocupaciones nacionales, con un 20,2% de menciones, escalando con fuerza dos puestos respecto a julio (12,6%) y anotándose su mayor registro del año.

RÉCORD DE LOS PROBLEMAS POLÍTICOS

En el quinto puesto se mantienen los problemas políticos, citados por un 18,1% de los encuestados, tres puntos más que en julio (14,9%) y también récord en este 2021, y desciende dos plazas, colocándose en el sexto lugar, el mal comportamiento de los políticos, que pasa del 16,8% de menciones en julio a 13,9% en septiembre.

En la séptima plaza repite la preocupación por la falta de acuerdos y la inestabilidad política, con un 9%, algunas décimas más que en julio, y la educación se cuela en la octava, con un 7,6% de menciones, tres puntos menos en el último barómetro.

En el listado de problemas también es reseñable el aumento que registra la inmigración, que sube dos puntos porcentuales en dos meses, pasando del 3 al 5%; el leve aumento de la preocupación por la Monarquía (del 0,3 al 0,5%), tras las últimas informaciones que afecta al Rey Juan Carlos I; o el importante descenso de la preocupación por la independencia de Cataluña (de un 4,9 a 1,9%).

PROBLEMAS PERSONALES

La lista de problemas personales la encabeza la crisis económica, con un 30,5%, seguido del paro (21,7%), la sanidad (19,1%) y el coronavirus (18,4%). Ya en la quinta posición figuran los problemas relacionados con la calidad del empleo y en la sexta, la educación (7,9%)

El barómetro de septiembre también revela que el porcentaje de españoles que descalifican la coyuntura económica alcanza el 71,6%, frente al 15,9% que la considera «buena o muy buena». Respecto a la economía personal, es buena para el 59% y mala para el 15,8%.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete individuos, de nacionalidad argelina y con edades comprendidas entre los 25 y 37 años de edad, encargados presuntamente de tripular embarcaciones desde África hasta las costas murcianas repletas de personas. Estos individuos se ocultaron entre las más de 200 personas que llegaron a las costas.

Según informa la Policía en un comunicado, este segundo fin de semana de septiembre «se ha vuelto a percibir un incremento en la llegada de pateras».

La UCRIF de Murcia advierte que este fenómeno «se ha dado también en otras comunidades, tanto en las costas andaluzas, como en las valencianas e incluso en Baleares».

Los investigadores estiman que tal acción «no se debe a un evento fortuito fruto de la casualidad o de otras circunstancias análogas, sino que se debe a una acción perfectamente planificada, coordinada y ejecutada por las mafias argelinas dedicadas al tráfico de personas, que pretenden lograr el colapso de las instituciones por saturación».

De esta forma, la Policía Nacional establece de nuevo un dispositivo especial para «hacer frente a la numerosa llegada de embarcaciones, e investiga tanto las embarcaciones interceptadas como las personas que desembarcan y son interceptadas en tierra, a fin de identificar y poner a disposición judicial a todas las personas que formen parte de este tipo de organizaciones criminales».

MODALIDADES DE EMBARCACIONES: DESECHABLES Y TAXI BOAT

En la actualidad, dos son las modalidades principales de introducción ilícita de personas por parte de estos presuntos delincuentes. Por un lado, embarcaciones que «aúnan baja calidad, un tamaño limitado, motores de escasa potencia y sobrepeso provocado por el exceso de tripulación y combustible, que posteriormente son abandonadas a su llegada a costas europeas, tras largas travesías que superan habitualmente las 15 horas».

Y, por otro lado, la modalidad conocida como ‘pateras taxi’ o ‘taxi boat’, cuyo ‘modus operandi’ consiste en «la utilización de embarcaciones de mayor calidad, normalmente lanchas neumáticas semirrígidas equipadas con motores de gran potencia (generalmente más de cien caballos), en las que los traficantes consiguen acortar los tiempos de trayecto y rebajarlos a cuatro o cinco horas». Todo ello con el objetivo de desembarcar la carga humana que transportan hasta la costa, y emprender el viaje de regreso a Argelia.

Al despliegue de este segundo fin de semana de septiembre, se ha sumado el Grupo de Extranjería de la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena, que realizando investigaciones simultaneas consiguieron detectar y detener a otros dos ‘pateristas’.

Los agentes se hicieron cargo especialmente de la investigación sobre una embarcación tipo ‘Taxi Boat’ interceptada por Salvamento Marítimo en la que viajaban hacinadas 21 personas procedentes de Siria. Entre estas personas que iniciaron un «tortuoso» viaje desde Alepo, pasando por Irak, Libia y cruzando a pie la frontera con Argelia, se encontraban varios niños de menos de cinco años de edad, mujeres e incluso dos personas de avanzada edad.

Todos ellos realizaron el viaje en esta embarcación, no sabiendo nadar gran parte de ellas y sin contar con las mínimas medidas de seguridad, como chalecos, bengalas o radiobaliza.

Todos los detenidos, siete varones de nacionalidad argelina de edades comprendidas entre los 25 y 37 años, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que ordenó prisión provisional para tres de ellos.

En el mismo Juzgado de Cartagena que ha ordenado el ingreso en prisión de los ‘pateristas’, se han desarrollado pruebas testificales en relación a otra embarcación tipo patera interceptada en las costas de la Región el pasado mes de agosto.

Intervención que se saldó con la identificación y detención de sus dos responsables, que ya ingresaron en prisión provisional. Esta embarcación, en la que había dos niños, estuvo a la deriva más de cuatro días y sus integrantes en el momento de rescate relataban hechos de extrema crudeza sufridos durante la misma, e incluso presentaban evidentes síntomas de deshidratación y fuertes quemaduras en la piel provocadas por las largas horas de exposición al sol.

La delegada de Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, considera positiva la creación de una ley europea contra la violencia de género a nivel comunitario, pero cree que no tendría un gran impacto en España ya que tiene «una de las legislaciones más avanzadas» en dicha materia.

El pleno del Parlamento europeo ha reclamado este jueves que la violencia de género sea incluida en la lista de delitos que deben ser perseguidos en toda la Unión Europea, como el terrorismo, la trata de personas y el narcotráfico, lo que en la práctica supone definir los delitos penales y sanciones mínimas comunes así como reforzar la protección de las víctimas. El pleno cree que definir la violencia de género (contra la mujer y niñas pero también contra personas del colectivo LGTBIQ+) es fundamental para crear la base legal necesaria para diseñar después una directiva específica.

Es un poco pronto para hacer esta previsión como si existiera esta letra de la norma», ha respondido la delegada del Gobierno al ser preguntada sobre cómo impactaría la futura norma europea en España, durante su comparecencia mensual ante los medios de comunicación para actualizar los últimos datos de la violencia machista.

Según ha explicado Rosell, la normativa «no impactaría tanto en España» debido a que tiene «una de las legislaciones más avanzadas» y que sumará la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que está ahora mismo en trámite parlamentario y «que completará la protección a todas las violencias machistas».

En este sentido, la delegada del Gobierno ha afirmado que la «trascendencia» de esta futura ley sería para «los países que se encuentran en una peor situación o que incluso están en franca regresión por movimientos negacionistas o ultra derechistas, que están tratando de incidir en el retroceso en los derechos de las mujeres».

Además, Victoria Rosell cree que «hay un ámbito muy importante» y es la consideración de la violencia machista «como crimen comunitario, como delito europeo». «Simbólicamente, políticamente y socialmente eleva la violencia machista al lugar donde debe estar, como una de las prioridades de la Unión Europea, como espacio civilizatorio democrático del que estamos tan orgullosas», ha manifestado.

Por otro lado, la delegada del Gobierno ha puesto de relieve que «la globalidad de la persecución en el Espacio Schengen, desde el punto de vista de la actuación policial y judicial, sí tiene trascendencia».

«Realmente, puede tener un impacto positivo inmediato en la persecución de un presunto agresor que decida a huir dentro del espacio de la Unión Europea y la facilidad tanto de órdenes europeas de detención como de protección y la comunicación inmediata, como si se tratara la Europol de una sola policía a los efectos de los delitos comunitarios, ofrece ventajas a los casos donde hay un elemento que traspasa una frontera dentro de Europa», ha concluido.

El juez de Instrucción 28 de Madrid interrogará mañana en calidad de investigados a seis agentes de la Policía Nacional que el pasado 21 de marzo echaron con un ariete abajo la puerta de un piso turístico en el barrio de Salamanca en el que se celebraba una fiesta ilegal.

El proceso penal arranca después de que el instructor admitiera a trámite la querella que interpuso el morador de la vivienda, defendido por el despacho penalista Ospina Abogados, por un delito de allanamiento de morada y de daños.

La citación llegaba después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez investigar a los agentes al considerar que se produjo «un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio».

Los hechos se produjeron el pasado 21 de marzo cuando los agentes acudieron al inmueble de la calle Lagasca comprobando que se escuchaba música a un volumen excesivo, constantes gritos provenientes de un grupo muy numeroso de jóvenes, lo que estaba prohibido por el estado de alarma.

Los agentes comenzaron a llamar al timbre de la puerta requiriendo a las personas que se encontraban dentro del domicilio que salieran a identificarse para ser multados por cometer una infracción a la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana.

Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista del morador del inmueble, defendió desde el inicio de la causa que los jóvenes se acogieron a su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio para no abrir la puerta.

Según el atestado policial, los agentes de la Policía Nacional procedieron a intentar abrir la puerta del domicilio por sus propios medios, llegando a intentar hasta dos técnicas antes de recurrir al uso de un ariete para tumbar la puerta y proceder a la detención de los jóvenes que se encontraban dentro del domicilio por un supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad.

Tras la detención de los jóvenes, el juzgado de instrucción 4 de Madrid incoó un procedimiento de diligencias previas en contra de los jóvenes por un supuesto delito de desobediencia grave.

Frente a ello, el abogado defensor solicitó el archivo libre la causa e interpuso un recurso de apelación directa para que fuese la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de resolver sobre el fondo de la cuestión.

De forma paralela, Ospina presentó una querella en contra de los seis agentes de la Policía Nacional que irrumpieron en el domicilio de la calle Lagasca.

En una resolución, la Audiencia no solo archivó directamente el caso de los jóvenes por desobediencia, sino que ordenó deducir testimonio en contra de los agentes de la Policía por su probable participación en hechos delictivos.

«Se ha producido por parte de los agentes de la policía, un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio, y por ello resulta procedente que por el Magistrado Juez de Instrucción, tras la inadmisión de la denuncia a trámite, por no ser constitutivos de infracción penal, los hechos narrados en el atestado, se proceda a deducir testimonio, por si la actuación de la fuerza pública, pudiera ser constitutiva de infracción criminal», señaló la Audiencia.

En octubre, también están citados en otro juzgado, en el número 4 de instrucción, doce policías que la madrugada del pasado 9 de diciembre irrumpieron a la fuerza en una vivienda de Villaverde en la que se estaba celebrando una fiesta a pesar de la prohibición de reuniones en domicilios por la pandemia.

Los hechos se produjeron en una vivienda situada en el número 14 de la calle Pan y Toros, situada en Villaverde. Una vecino alertó de ruidos y de la presencia de un niño llorando, desplazándose al lugar una patrulla policial.

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha afirmado este jueves que la fase «unilateral» del procés «se ha acabado» y «no tiene recorrido» y solo queda abierta «la vía del diálogo» y por eso el Gobierno ha retomado el instrumento de la mesa con Cataluña que este miércoles se reunió en Barcelona.

«Yo creo que hay un convencimiento cada vez más extendido de que la vía unilateral no tiene recorrido y que por lo tanto solo hay una vía abierta que es la del diálogo», ha señalado en declaraciones a La Sexta.

Así, Iceta ha apuntado el procés «se ha acabado» tal como lo han entendido hasta hace «relativamente poco», lo cual no significa que haya desaparecido el proyecto independentista ni que los independentistas se vean obligados a renunciar a sus ideales.

Iceta se suma así a las palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que este jueves ha asegurado que «el proceso soberanista ya está terminando» y que ahora se ha iniciado «una nueva etapa, que es la de la búsqueda de soluciones», y eso solo se puede conseguir, a su juicio, «por el diálogo».

ADVERTENCIA EXAGERADA DE RUFIÁN

Cuestionado sobre la advertencia del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que dijo que si la mesa de diálogo fracasaba, PP y Vox llegarían a La Moncloa; Iceta ha afirmado que la considera «exagerado» y que si la mesa fracasa, lo harán quienes han creído y apostado por él aunque en las próximas elecciones generales se valorará, a su juicio el conjunto de la acción del Gobierno.

Para Iceta, no tiene por qué volver la derecha al Gobierno si para entonces se ha vencido a la pandemia, la economía se ha recuperado de forma «justa y sostenible» y se han aprovechado los fondos europeos para «modernizar» la economía.

LA MAYORÍA PIENSA QUE ESTAMOS MEJOR

Por otro lado, Iceta ha indicado que el país está mejor que hace seis meses y la mayoría de ciudadanos lo piensa, al ser cuestionado sobre la credibilidad que le merece el barómetro del CIS, publicado este jueves, que arroja una ventaja de 9 puntos al PSOE sobre el PP en estimación de voto.

A este respecto Iceta ha añadido que, a su juicio, la ciudadanía piensa que el Gobierno está acertando en el «enfoque de fondo» de atacar en primer lugar la pandemia, luego la recuperación económica y en tercer lugar usar bien los fondos europeos como «palanca de modernización» y eso está «dando sus frutos» y cuando lleguen las elecciones los ciudadanos «valorarán ese esfuerzo». Por el contrario ha opinado que el tema de Cataluña tendrá «su influencia» pero no será decisivo.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado no prohibir el homenaje del próximo sábado al preso de ETA Henri Parot, responsable de 39 asesinatos, al determinar que no existen en este momento datos y elementos necesarios para determinar si los hechos denunciados podrían llegar a constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Numero 4 ha pedido a las Fuerzas de Seguridad del Estado que procedan al seguimiento y control del acto y adopten las medidas necesarias para evitar que se realicen actos de enaltecimiento o justificación del delitos terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, así como actos de desprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o sus familiares.

Calama considera que a la jurisdicción corresponde únicamente la persecución de hechos ilícitos una vez que se hayan producido, pues carece de competencias preventivas. «Es decir, no puede actuarse el Derecho penal con carácter preventivo pues tal proceder implica asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos», añade.

En el escrito, Calama recoge la doctrina sobre el contenido de los límites del derecho de reunión, así como la vinculación de la libertad de expresión con la de reunión. De esta forma, señala que «es a la autoridad gubernativa a quien corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación».

Esto es porque es a la autoridad gubernativa «a quien está encomendado el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la prevención de la comisión de actos delictivos y sus decisiones sobre el particular son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa».

El magistrado toma esta decisión después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional viese «acreditada la humillación a las víctimas» de la organización terrorista en la marcha. Consideraban además que la marcha está concebida «como un acto organizado con fines estrictamente políticos» y no considera que la manifestación tenga la intención de «un acto que humille a alguna de las víctimas».

La Asociación Dignidad y Justicia había pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón suspendiera el homenaje por considerarla un «acto de enaltecimiento a un preso de la organización terrorista ETA» por parte de personas que, señalaban, justifican «sus asesinatos» y «entienden que no debe seguir en prisión y cumplir su condena».

Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictó un auto en el que aclaraba que manifestaciones como la convocada este sábado en Arrasate (Guipúzcoa) en favor de Parot no están sujetas al régimen de autorización sino al de comunicación. Así, consideraba que no cabía recurso ni suspender «un acto inexistente», tal y como habían solicitado la Asociación profesional de la Guardia Civil Justicia Guardia Civil (Jucil) y del sindicato de la Policía Nacional Justicia Policial (Jupol).

39 MUERTES Y RESPONSABLE DEL ATENTADO DE LA CASA CUARTEL DE ZARAGOZA

Parot, de 63 años de edad, cumple condena debido a decenas de atentados con 39 víctimas mortales. Formó parte del comando itinerante ‘Argala’ y fue detenido en abril de 1990 en Sevilla mientras transportaba una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos. De origen francés, fue uno de los principales objetivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El rastro de terror de Parot incluye atentados como el de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once víctimas mortales –cinco de ellas niñas– mediante la colocación de un coche bomba cargado de explosivos. Cometió una decena de atentados en Madrid, varios contra militares, o los que acabaron con la vida de Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto en 1986 y el de la fiscal Carmen Tagle en 1989.

Los atentados de Parot se extendieron por otras localidades como Granada, donde asesinó a Conrada Muñoz Herrera, que recibió una carta bomba dirigida a su hijo, funcionario de prisiones. El primero por el que fue condenado lo perpetró en Irún en 1978, matando al empresario José Luis Legasa Ubiría.

Parot ingresó en prisión el 7 de abril de 1990 y cumple condena acumulada de 41 años por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, anunció el pasado 26 de marzo su acercamiento a la cárcel de León.

La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona considera que fue un «fraude de ley» que la Generalitat concediera la semilibertad a los presos del 1-O al aplicarles el artículo 100.2 del reglamento penitenciario en febrero de 2020, que les permitía salir de prisión durante el día para trabajar o hacer voluntariado.

Se les otorgó «en unos términos tan amplios que suponía ‘de facto’ una clasificación inicial en tercer grado en fraude de ley, por lo que todas esas resoluciones fueron recurridas», manifiesta el servicio de vigilancia penitenciaria de la Fiscalía en su memoria de 2020.

En el mismo documento, afea que todos ellos progresaron a tercer grado «con escasísimo tiempo de cumplimiento en relación a la gravedad y a la entidad de las penas impuestas», que oscilaban entre los 9 y los 13 años de cárcel, lo que Fiscalía tacha de reinterpretación de la sentencia.

Sostiene que los líderes independentistas, ahora indultados, no estaban «en situación de hacer vida en semilibertad con evidente incumplimiento de los fines de la pena», y que por eso insistió en los recursos contra su semilibertad.

En ese sentido, se refiere a su propia memoria de dos años antes, y mantiene que «las condiciones de tranquilidad e imparcialidad por parte de los funcionarios y de las autoridades penitenciarias de la administración catalana no son las óptimas» para evaluarles.

«Se detecta por la administración catalana una cada vez menor exigencia en el cumplimiento de los fines de la pena, en especial el retributivo y la prevención especial y general», y destaca las prisiones de Lledoners (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona).

Al exponer su trabajo a lo largo de 2020, la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria valora que, aunque hubo menos presos que otros años, fue «más arduo que nunca», especialmente por la incidencia de la causa de los presos del 1-O.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde López-Brea, ha sido confirmado presidente de la comisión sectorial CRUE-I+D+i por la Asamblea General de CRUE Universidades Españolas, en sustitución de Rafael Garesse, rector de la Universidad Autónoma de Madrid (2017-2021).

Durante asamblea, celebrada en línea para debatir el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de agosto en primera lectura y estudiar alegaciones al texto normativo, se aprobaron también los nombramientos propuestos para cubrir las vacantes existentes en el Comité Permanente de CRUE.

José Julián Garde López-Brea es licenciado y doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Producción Animal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la UCLM y durante dos años ocupó el cargo de secretario ejecutivo de la comisión sectorial Crue I+D+i que ahora presidirá, ha informado la UCLM en nota de prensa.

La actividad investigadora del profesor Garde está centrada en la aplicación de la inseminación artificial y otras tecnologías reproductivas en el ciervo, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, de la Real Academia Nacional de Doctores de España y de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, Garde ha desempeñado numerosos cargos de gestión en la UCLM, entre ellos, el de vicerrector de Investigación y Política Científica de diciembre de 2011 a marzo de 2020, y desde diciembre de 2020 es rector de esta institución académica.

La comisión sectorial CRUE-I+D+i se creó en 1997 con el objetivo de ofrecer un foro de diálogo entre los diferentes responsables de I+D+i de las universidades españolas así como proporcionar una adecuada coordinación entre las políticas científicas de las universidades, promoviendo el intercambio de experiencias de gestión, promoción y evaluación de la investigación universitaria y con la voluntad de fomentar actividades conjuntas y establecer mecanismos de representación de las universidades ante los responsables políticos españoles y europeos de ciencia, investigación y tecnología.

Entre sus actividades, CRUE-I+D+i se reúne periódicamente con el objetivo de analizar, debatir y proponer recomendaciones y protocolos de actuación sobre las cuestiones clave de los planes y estrategias que afectan a la investigación del conjunto universitario español.