La comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen' ha citado para el próximo 13 de diciembre al ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, cuyo interrogatorio pondrá fin a las comparecencias ante este órgano encargado de analizar la trama supuestamente orquestada desde el Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Según han informado fuentes parlamentarias la comisión se ha visto obligada ha reorganizar el calendario que inicialmente había diseñado para la recta final de sus trabajos, que tienen que concluir antes de que acabe el año.

El penúltimo en acudir a la comisión, justo antes de Rajoy, iba a ser el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, pero finalmente será la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, que lo hará el 9 de diciembre.

FERNÁNDEZ DÍAZ, EL 2 DE DICIEMBRE

El órgano que preside la socialista Isaura Leal retomará sus interrogatorios la semana que viene, concretamente el 1 de diciembre, con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

Ahora, López ejerce como interlocutor del PP con el Gobierno para la hasta ahora frustrada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2017, cuando era juez de la Audiencia Nacional, medió entre el entorno del ex tesorero 'popular' y los abogados del PP, pero según señaló cuando se publicó esa información, se limitó a ponerles en contacto sin llevar a cabo ninguna gestión relativa al 'caso Bárcenas'.

En la misma sesión, justo después de López comparecerá José Luis Ortiz Grande, que fue jefe de Gabinete de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha y como secretaria general del PP.

Y COSPEDAL, EL 9

El día 2, en sesión vespertina, será el turno de Fernández Díaz, imputado en el caso por su "participación directa" en la operación que supuestamente organizó desde el ministerio para recabar de Bárcenas documentación pudiera comprometer a dirigentes del PP en casos de corrupción.

También se había programado para el día 2, por la mañana, la comparecencia de Cospedal. La que fuera también ministra de Defensa con Rajoy iba a haber comparecido en el Congreso el pasado 2 de junio, pero su interrogatorio se suspendió en el último momento tras conocerse su imputación en el caso 'Kitchen'. Finalmente, será interrogada el 9 de diciembre.

Y será Rajoy quien cierre las comparecencias la semana siguiente. Tras su interrogatorio los comisionados intentarán acordar un documento de conclusiones que deberá ser aprobado por la comisión antes de que acabe diciembre y que ya en 2022 será elevado al Pleno para su ratificación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la investigación contra la gerente de Podemos Rocío Esther Val, inicialmente acusada por presuntos delitos de administración desleal en el marco del denominado 'caso Neurona'.

En un auto de 17 de noviembre, la Sección 30 ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular ejercida por Prolege contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid de archivar la línea de investigación relativa a Val por la implementación de los dos complementos salariales y respecto al abono de los gastos de desplazamiento de ella y del tesorero del partido Daniel de Frutos.

En concreto, el juez Juan José Escalonilla investigaba los pluses salariales y gastos reembolsados que autorizó Val y que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente describió en su denuncia --de la que partió el caso 'Neurona'-- como posibles sobresueldos. El pasado 18 de junio, sin embargo, dictó el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito.

Escalonilla ya había acordado en marzo archivar provisionalmente esta línea de investigación al concluir que Val podía acordar los supuestos sobresueldos que habría creado para ella y otros cargos de la formación 'morada', pero ante un recurso de forma de Vox reabrió la causa.

En aquel momento, el juez alegó que la nueva documentación aportada por Podemos llevaba a pensar "indiciariamente" que en realidad la gerente no tendría facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, tampoco para modificarla mediante la creación de pluses.

Finalmente, el instructor tuvo en consideración la declaración como testigo del ex gerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón, quien manifestó que Val estaba facultada para implementar complementos salariales al no haber una norma interna que se lo impidiera. También analizó la documentación aportada por Podemos a la causa, incluido el Código Ético de la formación. Concluyó que no se apreciaba delito.

REPROCHA QUE SE INTENTE HACER UNA "AUDITORÍA GENERAL"

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo al considerar que "no queda debidamente justificada la perpetración del delito de administración desleal".

Los magistrados han explicado que la duda que en un principio le surgió al juez instructor sobre si Val tenía o no facultades para aprobar la escala salarial queda despejada por la normativa interna y la propia conducta del partido político, que ni siquiera denunció los hechos ni cesó a Val por ello.

En el marco del auto, los magistrados han parafraseado el escrito de impugnación de Podemos y han destacado que, "en efecto", parece que la acusación popular ejercida por Prolege "está empeñada en poner en entredicho la política retributiva de dicha formación política para considerar que algunos de sus empleados no son mecedores de determinados complementos salariales, como si de una nueva auditoría general se tratara".

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el presupuesto de la Casa del Rey para 2022, dentro del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, con el respaldo de Unidas Podemos, Más País y el PNV, y el rechazo de partidos como Vox o Ciudadanos.

En concreto, el proyecto presupuestario contempla destinar a Zarzuela el próximo ejercicio un total de 8.431.150 euros, un dinero del que el Rey dispone libremente, como establece la Constitución, y que se destina a pagar al personal de la Casa del Rey y a sufragar las asignaciones de Felipe VI, la Reina Letizia y la Reina Sofía --en marzo de 2020 el Rey decidió retirar la asignación a su padre, Juan Carlos I--.

Una partida que ha cosechado 259 votos a favor --una de las cifras más elevadas de todo el proyecto-- emitidos por diputados del PSOE, Unidas Podemos, PP, PNV, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Teruel Existe, Foro Astruias y el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero.

Y han votado en contra los diputados de Vox, Ciudadanos (que han rechazado todos los apartados de los Presupuestos), además de los independentistas catalanes de Junts y la CUP, hasta sumar 66 votos. En la votación ha habido también 23 abstenciones de ERC, Bildu, el PDeCAT y el BNG, según consta en las votaciones nominales.

PODEMOS NO AHORRA CRÍTICAS

Con independencia del sentido del voto, en el debate de las cuentas de Zarzuela Unidas Podemos ha criticado el "brutal" gasto que, según su diputado Roberto Uriarte, supone el mantenimiento de la Casa del Rey, unas cifras que ha contrastado con las que se destina al sueldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha subrayado que cobra mucho menos que muchos presidentes autonómicos, diputados regionales o alcaldes de todo el país.

Y desde el PP y Vox se han vuelto a escuchar argumentos en favor de la institución monárquica. "La mayoría de las democracias plenas son monarquías parlamentarias", ha dicho el 'popular' Vicente Tirado, quien ha confesado que para él es "un honor" defender a la que dirige Felipe VI porque es "muy útil y eficaz" y está "muy bien valorada por los españoles".

A su juicio, "el problema de España no es la Corona" sino el Gobierno que pactar con independentistas que atacan a la Monarquía porque es "el símbolo de la unidad, continuidad y permanencia de España". Además, ha defendido la "austeridad" de la Casa del Rey llegando a decir que es "más transparente" que el Gobierno de Pedro Sánchez.

LA AUSTERIDAD DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

En el argumento de lo "barata" que sale la Corona española frente a otras monarquías o repúblicas europeas ha incidido también José María Sánchez, de Vox, quien ha denunciado que el Presupuesto de la Casa del Rey es ahora menor que el de 2006 y ha señalado que el de la República italiana asciende a 224 millones y el de la francesa a 105.

Unidas Podemos ha rebatido ese argumento subrayando que, además del presupuesto de el Casa del Rey, el Estado dispone de otras partidas de Presidencia, Interior, Defensa y Cultura de las que se beneficia la Corona.

Uriarte se ha afanado en defender que es "radicalmente falso" que la española sea una monarquía "austera" y ha destacado, de entre las "ingentes" cantidades de las que a su juicio se beneficia Zarzuela, el "cajón sin fondo" de Patrimonio Nacional, "con más de cien empleados, incluidos los ayudas de cámara que están en Abu Dabi y las indemnizaciones a la tripulación del yate 'Fortuna'".

ERC SE ABSTIENE Y NI DEFIENDE SU ENMIENDA

La única enmienda presentada a la partida para Zarzuela llevaba la firma de ERC, pero ningún diputado de este grupo ha salido a defenderla. Solicitaba suprimir la partida de 8,4 millones de euros que los Presupuestos reservan para la Casa del Rey y sustituirla por un 'sueldo' para Felipe VI, de manera que cobre "como jefe del Estado" pero no como Rey.

El socialista Guillermo Meijón ha recordado a ERC que no se puede "modificar el orden constitucional" mediante una enmienda a los Presupuestos y ha recordado que, a diferencia de lo que sostienen los independentistas, Felipe VI no cobra "23.000 euros al día" porque los 8,4 millones que percibe Zarzuela son para mantener toda la Casa del Rey. "Los debate sobre Monarquía-República pueden ser muy sugerentes, pero tales cuestiones no caben en este debate", ha rematado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a "extirpar" la violencia machista de España y el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, vaticina que este Gobierno va a llegar a cifras cercanas a cero de víctimas mortales.

"Son ya 1.118 mujeres asesinadas desde 2003, es una cifra terrible pero es aún más terrible ser conscientes de que esta cifra crecerá y hacerla bajar nos va a costar mucho esfuerzo y compromiso porque cada vez que aumenta esta cifra, baja la calidad democrática y la autoestima y la dignidad de nuestra sociedad. Por tanto, debemos luchar por que no crezca más ese número de víctimas, y reafirmar todos los días, pero sobre todo hoy, nuestro compromiso por extirpar esta lacra de la violencia machista", ha remarcado Sánchez.

Así lo ha indicado este jueves 25 de noviembre, durante un acto del PSOE contra la violencia de género, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el acto, también ha intervenido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha afirmado que "el número de víctimas es una curva tan dura de aplanar como la de la pandemia", pero se ha mostrado "optimista" y convencido de que este Gobierno va a llegar a cifras de víctimas mortales cercanas a cero.

"Anticipo que este Gobierno va a ser capaz prácticamente de llegar a cifras de erradicación de víctimas mortales de violencia de género, es mi pronóstico, a pesar de estos negacionistas insólitos", ha asegurado Zapatero.

Aunque cree que es una tarea "difícil", Zapatero confía en que el Gobierno lo puede lograr porque "está en condiciones para hacerlo" siempre que "la Justicia funcione y responda", si la Policía y la Guardia Civil siguen trabajando en la prevención con los ayuntamientos y si el Gobierno pone la disponibilidad presupuestaria.

"El primer año que logremos que no haya ni una víctima mortal de violencia de género será un gran año, en el que nos acerquemos a una democracia más perfecta", ha enfatizado.

Si bien, Pedro Sánchez ha añadido que "queda mucha tarea" por hacer ya que aún hay un "26% de varones que cree que el feminismo no es necesario y un 24% que piensa que es un movimiento que les excluye y perjudica a los hombres". Frente a ello, ha destacado que "el total de mujeres que se consideran feministas en España ha crecido 21 puntos hasta llegar al 67%".

En este sentido, el presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que "España está caminando por la senda correcta del fortalecimiento de la causa feminista" que no es otra, según ha dicho, que "la causa por los derechos humanos".

Por ello, ha precisado que "los que se autoexcluyen de la causa feminista no son capaces de ver ni entender que se excluyen de una causa justa, la de los derechos humanos, la de la igualdad entre hombres y mujeres".

Finalmente, Sánchez ha dado las gracias a las organizaciones feministas y a los líderes políticos que "han abierto camino" en la lucha feminista como "José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Carmen Calvo".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este jueves a su partido le da igual tener el título de primer o segundo socio del Gobierno y ha llegado a insinuar que, pese a no haber cerrado aún un pacto presupuestario con el Ejecutivo, hasta ahora ya ha conseguido más que "otros" grupos que sí lo han hecho.

Así se ha expresado Esteban en una rueda de prensa en el Congreso cuando se le ha preguntado por unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que mostraba su deseo de contar hasta el final de la tramitación con el apoyo del PNV a los Presupuestos para 2022 y definía a los nacionalistas como "socios prioritarios".

"El objetivo no es estar el primero, el segundo o el tercero, esto de que repitan que somos el socio preferente me da igual, y tampoco estoy muy a gusto cuando lo dicen porque las cosas son hechos", ha confesado Esteban.

En este sentido, ha incidido en que para no haber cerrado un acuerdo sobre las cuentas públicas, el balance de la negociación es muy positivo. A su juicio, "si se hace un análisis" de lo que ha logrado su partido y de los "llevan otros", es "sorprendente" que se diga que el PNV no ha jugado bien sus cartas.

LOS 'FLASHES' NUBLAN LA MIRADA

Esteban ha pedido que no se "pierda la perspectiva" con este asunto. "Yo las he visto de todos los colores y esto da muchas vueltas", ha dicho, antes de deslizar que "muchas veces los 'flashes' le nublan a uno la mirada".

Así, ha vuelto a sacar pecho por haber logrado que le acepten 44 enmiendas y haber conseguido el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. "Estoy contento, tranquilo y satifecho", ha indicado.

Además, ha recordado que queda el trámite en el Senado. "Espero que esto no haya acabado y creo que no ha acabado", ha comentado, admitiendo que en lo que queda de negociación podría incluso alcanzar algún pacto extrapresupuestario con el Ejecutivo, pero garantizando que, en todo caso, lo que se acuerde se hará público.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno sabe que hay un tema que les "preocupa" especialmente y que tiene resolverse antes de que acabe el año y no ha querido adelantar si el PNV podría virar y votar contra la cuentas en el Senado si no cierra un acuerdo sobre el Tren de Alta Velocidad. "No voy a dar la alineacón de mi equipo antes de salir al campo", ha zanjado.

El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas del denominado 'caso Villarejo' se reanuda este viernes con la mira puesta en la respuesta que la Fiscalía Anticorrupción dé a la petición generalizada de las defensas, incluida la del propio comisario, de anular las grabaciones que hacía de sus conversaciones con otras personas y que son uno de los pilares probatorios de esta causa.

La presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, fijó la nueva sesión para el 26 de noviembre con la expectativa de que las defensas terminen de exponer sus cuestiones previas y de que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones contesten a los encausados y planteen las suyas para dar paso ya en la siguiente sesión, prevista para el 1 de diciembre, al interrogatorio de los imputados.

En esta vista oral se juzgan a la vez las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' de la macrocausa 'Tándem', un puzzle formado por más de una treintena de piezas donde se investigan los trabajos privados que Villarejo habría hecho para diversos clientes --desde particulares a empresas del Ibex 35-- siendo comisario en activo y, supuestamente, valiéndose de medios policiales.

En este triple juicio se intenta dilucidar si realizó labores de espionaje para resolver conflictos entre bufetes de abogados, empresarios y particulares, incluido uno en torno a la herencia del fundador de la lujosa urbanización de La Finca (Madrid), por lo cual el Ministerio Público pide que sea condenado a 109 años de cárcel, multas que superarían los 950.000 euros --a las que habría que sumar eventuales indemnizaciones-- y varias inhabilitaciones.

No obstante, hay más de 30 encausados, entre los que destacan el socio de Villarejo, Rafael Redondo, y su mujer, Gema Alcalá, así como el también comisario Enrique García Castaño, que se enfrentan a penas de 102, 86 y 87 años de cárcel, respectivamente.

LOS AUDIOS Y EL CNI

En las primeras sesiones, la mayoría de las defensas, incluidas las de Villarejo y los principales encausados, solicitaron la nulidad de los audios incautados en las entradas y registros que se produjeron en 2017 en el marco de la pieza principal de 'Tándem', 'King'.

Y lo hicieron en base a dos argumentos centrales. En primer lugar, cuestionaron cómo se obtuvieron esas pruebas porque, según denunciaron, no se respetó la orden judicial que permitió las entradas y registros, la cual establecía que si se encontraban dispositivos informáticos debía procederse a un volcado 'in situ' de su contenido siguiendo un protocolo específico y que, de ser necesario llevárselos, debía ser precintados, así como que todo ello debía quedar en manos del juzgado.

Sin embargo, las defensas indicaron que los aparatos electrónicos hallados no se vaciaron en ese momento porque la Unidad de Asuntos Internos se escudó en que no llevaba los dispositivos necesarios para hacerlo, que los elementos incautados no iban precintados y que todo lo decomisado quedó en poder de dicha unidad policial, que tardó unas dos semanas en ponerlo a disposición de la autoridad judicial. En consecuencia, advierten de que los audios podrían estar manipulados.

El abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, también arrojó dudas sobre la verdadera motivación de esas entradas y registros. Así, afirmó que se produjeron en el marco de una "investigación prospectiva" con la que se habría buscado "pescar" al "pez". La defensa del hijo del comisario completó el cuadro al sostener que el CNI habría alimentado estas indagaciones por la "animadversión" hacia su padre.

El letrado de García-Castaño puso sobre la mesa un segundo argumento para anular las famosas grabaciones que se apoya en la doble faceta de Villarejo como policía y abogado. En este sentido, razonó que si se interpreta que son charlas de un agente habría "una clara provocación delictiva", dado que en ellas empujaría a los otros interlocutores a cometer o reconocer delitos; mientras que en el otro escenario serían conversaciones entre un letrado y sus clientes, protegidas por el secreto profesional.

VILLAREJO EN EL BANQUILLO

En la última sesión, Villarejo quiso terminar de pronunciar sus cuestiones previas, haciendo valer así el estatus de abogado de su propia defensa que se le reconoció en la fase de instrucción, pero la magistrada Murillo no se lo permitió por haberlas empezado su compañero, García Cabrera. "Los dos al alimón no", espetó.

Se espera que García Cabrera remate sus cuestiones previas en la sesión del próximo viernes, cuando debería quedar superada esta etapa de un juicio que se alargará al menos hasta principios de 2022.

Se trata del primer juicio por 'Tándem' pero no es la primera vez que Villarejo se sienta en el banquillo. Ya fue juzgado --y absuelto-- por los delitos de injurias y denuncia falsa de los que le culpaba el ex director del CNI Félix Sanz Roldán.

Y aún tiene por delante un largo recorrido judicial a causa del universo 'Tándem', algunas de cuyas piezas avanzan ya hacia la fase de juicio oral tras haber concluido años de instrucción.

Galicia, Aragón, Baleares, Murcia, Cataluña y Navarra ya cuentan con el aval de sus tribunales superiores de Justicia para imponer el 'pasaporte' Covid en sus territorios y poder acceder a determinados espacios ante el repunte de casos que se está dando a nivel nacional. Por su parte, La Rioja, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León y Canarias se encuentran a la espera o estudian solicitarlo.

Por el contrario, se desmarcan del resto de comunidades la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura, que no tienen intención de solicitarlo o imponerlo. Por su parte, País Vasco ya lo solicitó al TSJPV pero fue tumbado.

TIENEN EL AVAL DEL TSJ

En concreto, en Cataluña este mismo jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado ampliar el uso del 'pasaporte' Covid en la hostelería, centros deportivos y residencias de ancianos ante el repunte de casos.

También en Navarra el TSJN ha autorizado que se aplique para acceder a restaurantes de más de 60 comensales, establecimientos con licencia de discoteca o salas de fiesta.

En Aragón, ha sido el Gobierno quien ha impuesto desde este jueves el 'pasaporte' Covid para aquellos que quieran acceder a locales de ocio nocturno, celebraciones en establecimientos de hostelería y restauración y eventos multitudinarios. En este caso, El TSJA aseveró en su resolución que su posición no supone "un bloqueo" a la Administración sanitaria. De hecho, el TSJA animó al Gobierno de Aragon a "adoptar las medidas que estime oportunas para cumplir con su función constitucional de luchar frente a la crisis sanitaria".

En Galicia, el TSXG ha avalado al Gobierno para exigir el pasaporte Covid como "medida preventiva de seguridad sanitaria" para acceder a hospitales y, con el aval del Tribunal Supremo, Galicia también ha implantado el certificado en el ocio nocturno. Asimismo, incorporará la petición de la acreditación a restaurantes todo el día y bares desde las 21.00 horas, si lo avala el TSXG.

En Murcia, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), avaló también la prórroga de exigir certificado COVID para clientes de locales que alcancen 100% de aforo. Una medida que estará en vigor hasta el próximo 17 de diciembre.

En Baleares, el TSJIB ya avaló en octubre la decisión del Govern de pedir el certificado Covid en las discotecas. No obstante, la presidenta del Govern, Francina Armengol, se mostró este miércoles partidaria de extender el requisito del certificado Covid a ámbitos como la hostelería y señaló que el Ejecutivo autonómico estudia y trabaja en el modo de extender el uso de esta medida. En todo caso, la ampliación del uso del certificado tendrá que pasar primero por el comité de expertos antes de ser presentada.

ESTUDIAN LA MEDIDA O A LA ESPERA DE AVAL

En otro punto, el Gobierno de La Rioja, aunque al principio anunció que consultaría al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad la posible puesta en marcha del pasaporte Covid, finalmente ha avisado que se irá adaptando "de forma ágil" a la actualización del nuevo Semáforo aprobado ayer por Sanidad, por lo que posterga la decisión de implantar el Certificado Covid.

Asimismo, la Comunidad Valenciana ha pedido este jueves la autorización al TSJCV para implantar esta medida en los establecimientos de hostelería y ocio con aforos de más de 50 personas, como también en las visitas a residencias de mayores y hospitales.

También el Gobierno de Castilla y León está a la espera del informe jurídico sobre el pasaporte Covid en hospitales y albergues, que serían los primeros lugares donde la Junta lo impondría en caso de adoptarlo. Eso sí, la estrategia principal que defiende el Ejecutivo regional es la vacunación por encima de las restricciones.

De igual manera, Canarias ha solicitado este jueves el aval judicial del TSJC para el uso del certificado en locales y espacios públicos, después de que en su momento hicieran esa petición y fuera rechazada por la justicia. Esta medida estará en vigor hasta el 15 de enero.

Por su parte, el Gobierno de Andalucía estudia incorporar "progresivamente" el pasaporte Covid en la comunidad para el ocio nocturno, actividades culturales, deportivas, en residencias de ancianos y hospitales. La propuesta será trasladada este viernes al comité de expertos que analizarán la evolución de la pandemia y las medidas que se van a tomar para frenar el repunte de casos.

SIN INTENCIÓN DE SOLICITARLO

En caso contrario destacan la Comunidad de Madrid que no ve necesario tomar medidas de cara al puente de diciembre y argumenta que están "vigilantes" pero no "preocupados".

De la misma manera, el Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en buscar consensos y pactar y no ve "necesario" adoptar una medida como esta porque la región tiene la mitad de incidencia de la media nacional.

Asimismo, el Gobierno de Asturias ya comunicó que no se plantea "por el momento" impulsar medidas o normas que impliquen la exigencia de exhibir el certificado Covid. No obstante, el Ejecutivo regional deja la puerta abierta a imponerlo en el caso de que los técnicos lo considerasen necesario para limitar la entrada a algún establecimiento.

En esta misma línea se encuentra Cantabria, que no se plantea solicitar el uso del pasaporte Covid para acceder a los lugares de ocio y hostelería pese a que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, defendió su utilidad para controlar a las personas no vacunadas.

Por otro lado, Extremadura, que se mantiene en el nivel 1 de alerta, por el momento también descarta solicitar el uso de la acreditación.

TUMBADO POR LA JUSTICIA

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tumbó la petición del Gobierno vasco de exigir el certificado como condición para acceder a los locales de ocio nocturno y determinados restaurantes. Eso sí, el Ejecutivo regional ha avisado que decretará la Emergencia Sanitaria si empeora la situación y aumenta la presión en las UCIs.

Nevadas que dejarán entre 5 y 15 centímetros, vientos de hasta 80 kilómetros por hora, fenómenos costeros y olas de hasta 5 horas afectarán a una quincena de provincias de la Península mientras que las lluvias que pueden dejar más de 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 litros en 12 pondrán en riesgo a las islas de Tenerife y La Palma, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las nevadas serán motivo de aviso amarillo (riesgo) en las provincias de Asturias, Cantabria, León, Palencia, Burgos, La Rioja y Navarra, donde se podrán acumular a lo largo de la jornada entre 5 y 15 centímetros de nieve según las zonas a partir de los 900 a 1.000 metros.

Además, la AEMET ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos que soplarán con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Zaragoza y de hasta 80 kilómetros por hora en Gerona, Tarragona y Castellón.

Otro fenómeno adverso que afectará este viernes a la Península serán los costeros, por los que la AEMET ha avisado por riesgo importante (naranja) a Gerona, donde se espera que llegue viento del norte y noroeste con fuerza 7 y 8 y deje olas de 3 a 4 metros; y con aviso amarillo (riesgo) a Tarragona --donde llegará del noroeste con intervalos de fuerza 7--; a La Coruña y Lugo, por mar combinada de norte o noroeste de 4 a 5 metros; y a Cantabria y Vizcaya a donde soplará del oeste o del noroeste con fuerza 7.

En cuanto a Canarias, en la provincia de Tenerife las lluvias podrán sumar más de 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumular 60 litros en 12 horas en las islas de Tenerife y de La Palma.

Estos avisos de riesgo, según informa la AEMET, se justifican ante la predicción de lluvias localmente fuertes o persistentes en Canarias, nevadas en cotas bajas en el tercio norte; intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia, Cantábrico, valle del Ebro, Ampurdán y Canarias.

En concreto, apunta a que este viernes el cielo esté nuboso o cubierto con precipitaciones localmente persistentes en el norte de Galicia, Cantábrico y norte de Navarra, que se podrían extender, de forma más débil, al resto del extremo norte peninsular.

En el resto de la Península, habrá intervalos nubosos, esperándose lluvias y chubascos ocasionales en zonas montañosas, tendiendo a remitir a lo largo del día. En Baleares, extremo noreste de Cataluña, Estrecho, Alborán y puntos del litoral sureste, se esperan intervalos nubosos con probabilidad de chubascos y tormentas durante la primera mitad del día.

A lo largo de la jornada, la nubosidad irá disminuyendo en gran parte de la mitad sur y sur del área mediterránea y podría llegar a quedar poco nubosos.

En cuanto a Canarias, espera un día nuboso o cubierto con precipitaciones acompañadas de tormenta, que podrán ser localmente fuertes o persistentes, sobre todo en las islas occidentales.

Las precipitaciones se producirán en forma de nieve a partir de una cota de 700 a 1.000 metros en el norte de la Península; desde 900 a 1.200 metros en la zona centro y a partir de 1.200 a 1.400 metros en el sur y en Baleares.

Respecto a las temperaturas, en general no espera cambios o, en su caso, descenderán ligeramente y ese descenso sí será algo más acusado en Canarias. Las heladas serán débiles en todos los sistemas montañosos y en ambas mesetas y algo más intensas en Pirineos, donde podrían ser localmente fuertes.

Los vientos soplarán moderados del noroeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en el litoral de Galicia, Cantábrico, valle del Ebro y Ampurdán; mientras en Canarias se prevén vientos del este que girarán a noreste y que soplarán con algún intervalo de fuerte.

Antonio Amate ha sido reelegido este jueves como secretario general de la Federación de Enseñanza de USO (FEUSO), que ha celebrado este jueves en Madrid (aunque de forma telemática) su VIII Congreso.

Al encuentro, cuyo lema ha sido 'Libres para educar. Educar para ser libres', han asistido más de un centenar de congresistas en representación de todas las comunidades autónomas. En él, se han aprobado los Estatutos federales, la Resolución General, el Plan de Acción y las Resoluciones Especiales, además de votar la composición del nuevo secretariado federal.

Durante el Congreso, han intervenido la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría; el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio; la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca; y el secretario general de la Confederación USO, Joaquín Pérez da Silva.

"Defendemos el binomio inseparable que estableció el artículo 27 de la Constitución: el derecho a una educación de calidad al alcance de todos y el derecho a poder recibir esa educación en el centro educativo que prefieran las familias, que también debe estar al alcance de todos", ha asegurado el secretario general de FEUSO, Antonio Amate, durante su intervención.

Según Amate, esto sólo es posible mediante una financiación pública justa, principalmente a través del concierto educativo, pero también mediante fórmulas de ayuda directa a las familias que eligen también la enseñanza privada, pues para Amate, el Estado debe trabajar para que exista "una amplia pluralidad de escuelas" en el país.

En el documento aprobado, FEUSO vuelve a subrayar una de las principales señas de identidad de su organización: la defensa de la complementariedad de las redes educativas pública, concertada y privada, evitando cualquier forma de exclusividad o exclusión entre ellas.

Para el secretario general de FEUSO, "quienes defienden un modelo educativo único para todos, e impuesto mediante el monopolio de la financiación pública, son también, a la larga, los que defienden el modelo único y obligatorio en otras importantes cuestiones sociales, cercenando la pluralidad y las libertades de los ciudadanos, rebajando la participación y la iniciativa social".

Además, con el lema elegido para este Congreso ('Libres para educar. Educar para ser libres'), la Resolución aprobada profundiza en la idea de que el sindicato apuesta por "ser libres para educar y hacerlo en empresas (tanto de titularidad pública como privada), donde se promueva una experiencia de libertad en todos sus órdenes y manifestaciones, particularmente en lo laboral, y más concretamente, en la consideración justa del trabajo".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Navalcarnero ha acordado la puesta en libertad de Nieves R. y su pareja, detenidos ayer en la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios tras haber sustraído a los tres hijos de la mujer que se encontraban en un centro de acogida en Aranjuez, han informado fuentes jurídicas.

Los dos detenidos serán investigados por la supuesta comisión de un delito de sustracción de menores y se les ha impuesto la medida cautelar de la obligación de firmar en sede judicial cada quince días.

No obstante, la mujer ingresará en prisión dado que el magistrado ha ejecutado un mandamiento de ingreso en recinto penitenciario que pesaba sobre ella por una sentencia anterior de un Juzgado de lo Penal de Madrid por la comisión de un delito con robo con fuerza.

Al término de la declaración, el magistrado se ha inhibido en favor del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción nº 2 de Aranjuez (Madrid), el órgano que conoce del asunto, pues el que incoó las diligencias previas al conocerse la desaparición de los menores.

Los tres hermanos ya se encuentran en el mismo centro recuperando la normalidad de sus vidas, según han confirmado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, que detenta la custodia.

Han sido diez días en los que los tres hermanos, Adán, de 5 años, Izan, de 7, y Jonathan, de 9 años, han estado fuera de la Residencia Infantil Madre Teresa de Aranjuez y de su entorno. Sus educadores y profesionales decidirá cómo abordar la situación vivida para que puedan recuperar sus estudios y la normalidad lo antes posibles. También revisarán el régimen de visitas.

La madre se llevó a los niños en una visita programada el día 14 y no volvió con ellos. Apagó sus teléfonos móviles, por lo que tanto el centro como el padre de los pequeños denunciaron los hechos ante la Policía, que comenzó a revisar posibles localizaciones y llamó a la colaboración ciudadana.

Tardó pero esta llamada surgió efecto. Fue una vecina de Cadalso de los Vidrios la que reconoció a la madre, cuya foto habían publicado ya algunos medios de comunicación. Entonces llamó a la Policía, que ha estado buscando por Madrid, Toledo y Córdoba a las pequeños, y elaboraron un plan para detener a los implicados sin poner en peligro a los niños.

Hasta el lugar se desplazaron miembros de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de Aranjuez y la Unidad Adscrita de Policía Nacional a los Juzgados de Plaza de Castilla, que se han encargado de investigación, para confirmar las sospechas. De hecho, en el pueblo, de poco más de 3.000 habitantes, otra vecina vio hace unos días por una de las calles a Nieves con uno de los pequeños al que chilló que no se apartara de ella en ningún momento.

Con toda la planificación oportuna, procedieron a la entrada al lugar, practicaron las dos detenciones y se llevaron a los niños, que ya han recibido en el centro de menores la visita de su padre, que ha señalado que ellos sabían que les estaban buscando.

El padre, Miguel, que está rehabilitado de los problemas por los que perdió la custodia de sus críos, seguirá con el régimen de visitas actual.

Los cancilleres de los 22 países que componen la llamada comunidad iberoamericana están citados este viernes en Santo Domingo para, entre otras cosas, tratar de elegir al nuevo titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), aunque a priori parece que el nombramiento se hará esperar.

El puesto está vacante desde que la costarricense Rebeca Gryspann completó su mandato el pasado septiembre y pasó a convertirse en la nueva secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En total son cuatro los candidatos al puesto: el ministro de Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo; el de Chile, Andrés Allamand; el excanciller peruano José García Belaunde; y la exvicepresidenta ecuatoriana Rosalía Arteaga.

Según las fuentes conocedoras del proceso de elección, todo apunta a que ninguno de los cuatro candidatos gozaría del respaldo necesario para ser elegido, máxime cuando en la comunidad iberoamericana la norma que impera es el consenso y por tanto se espera que el nuevo secretario general no sea vetado por ningún país.

A priori, Arteaga es vista como la candidada con más opciones, al ser mujer y no haber habido nunca ningún secretario general andino --el primero en ocupar el cargo fue el uruguayo Enrique Iglesias, del Cono Sur, y luego Grynspan, de Centroamérica--, bazas que ella misma ha puesto en valor, pero hay quien considera que su trayectoria política no es muy fuerte, pese a que llegó a ser temporalmente presidenta de su país.

En el caso de García Belaunde, cumple con el requisito de proceder de un país andino pero en su contra juega su edad, 73 años, ya que hasta ahora el secretario general ha encadenado dos mandatos de cuatro años.

Por lo que se refiere a Allamand, el ser ministro de un Gobierno, el de Sebastián Piñera, ya de salida y con seguro giro político en Chile --hacia izquierda o derecha-- garantizado, tampoco se considera que sea el mejor candidato.

En cuanto a Brolo, tiene en su contra que procede de un país centroamericano, lo que supondría el segundo secretario general para esta región, además de su falta de experiencia ya que es canciller de Guatemala desde enero de 2020. En su caso, su mejor baza sería la edad, ya que con 40 años es el candidato más joven, puesto que Arteaga tiene 64 y Allamand 65.

Así las cosas, la elección del nuevo titular de la SEGIB podría quedar aplazada, a falta de acuerdo, a la primera mitad de 2022, algo que ya ha pasado en otras ocasiones y que no debería entenderse como un fracaso. Lo que está por ver es si, puesto que el plazo para presentar candidaturas se cerró ya, los cancilleres deciden reabrirlo para incluir nuevos nombres, opción que algunos consideran que sería la ideal.

OTROS TEMAS EN LA AGENDA

Al margen de esto, la reunión de los cancilleres de los 22 países tiene también como objetivo la preparación de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en República Dominicana en noviembre de 2022.

Según ha informado el Ministerio de Exteriores dominicano, en calidad de Secretaría Pro Témpore, la cita permitirá continuar "el diálogo regional con miras a la recuperación post pandemia de la COVID-19" y está previsto que de ella salga una declaración con "propuestas e iniciativas que busquen fortalecer la integración de los países de Iberoamérica, el multilateralismo, la democracia y el bienestar de las personas".

Los cancilleres también tendrán ocasión de discutir propuestas que han realizado los ministros de Hacienda para hacer frente a la crisis económica, así como lo tratado por los ministros de Salud en un reciente encuentro, en el que se reclamó garantizar el acceso universal a las vacunas y suministros médicos de manera justa, equitativa y solidaria.

Asimismo, según ha indicado el Ministerio dominicado en un comunicado, también se procederá a declarar 2022 como el Año Iberoamericano de la Cultura y el Desarrollo Sostenible como acordaron previamente los ministros de Cultura.

ASISTENCIA NUMEROSA

Otro de los focos de interés de estos cónclaves iberoamericanos es el de la asistencia, si bien en sus 30 años de historia las cumbres iberoamericanas han permitido reunir a representantes de todos los países independientente de las circunstancias internas de los mismos o el signo político de sus dirigentes, aunque para ello la representación haya sido a menor nivel.

En esta ocasión, habrían confirmado su presencia en Santo Domingo hasta quince cancilleres entre los que está el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y los cancilleres de Venezuela, Félix Plasencia, y de Cuba, Bruno Rodríguez.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 306 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas, en las que no se ha registrado ningún fallecimiento por esta causa.

Por provincias, Toledo ha registrado 101 casos, Ciudad Real 63, Albacete 61, Cuenca 48 y Guadalajara 33. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 242.478.

Según ha informado la Junta en un comunicado, por provincias, Toledo registra 91.260 casos, Ciudad Real 56.513, Albacete 38.182, Guadalajara 32.594 y Cuenca 23.929.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 107. Por provincias, Toledo tiene 43 de estos pacientes (39 en el Hospital de Toledo, 4 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real tiene 26 (16 en el Hospital Mancha Centro, 7 en el Hospital de Tomelloso, 1 en el Hospital de Ciudad Real, 1 en el Hospital de Manzanares y 1 en el Hospital de Valdepeñas), Albacete 26 (14 en el Hospital de Albacete, 9 en el Hospital de Almansa, 1 en el Hospital de Hellín y 2 en el Hospital de Villarrobledo), Guadalajara 7 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 5 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 10. Por provincias, Ciudad Real tiene 4 de estos pacientes, Toledo 3, Cuenca 2 y Guadalajara 1.

En las últimas 24 horas no se han registrado fallecimientos por COVID-19 en Castilla-La Mancha. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.371.

Por provincias, Toledo registra 2.427 fallecidos, Ciudad Real 1.791, Albacete 918, Guadalajara 663 y Cuenca 572.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un centro sociosanitario de Castilla-La Mancha tiene casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes, concretamente en la provincia de Toledo.

Los casos confirmados son 5. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.140.

EL nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, ha puesto fecha ya a la celebración del primer Pleno jurisdiccional, la convocatoria será los días 15 y 16 de diciembre. Se trata del primer plenario al que asistirán los nuevos magistrados después de su toma de posesión de la semana pasada y tras un pleno gubernativo que celebraron para elegir presidente.

Según informa en un breve comunicado el tribunal de garantías aun está por determinar el orden del día de esa primera sesión, si bien éste se hará público en el portal del TC próximamente.

Asimismo, informan de que González-Trevijano ha acordado para el lunes 13 de diciembre la celebración de la Sala Primera y Sala Segunda, cuyos órdenes del día también se publicarán en la página web del Tribunal.

Fue el pasado 19 de noviembre cuando el Pleno del Tribunal Constitucional, ya con la presencia de los cuatro nuevos magistrados, eligió por unanimidad como nuevo presidente de la corte de garantías al magistrado Pedro González-Trevijano. Por delante tiene un mandato que se antoja corto en el tiempo dado que en junio de 2022 su periodo en el Constitucional llega a su fin tras nueve años.

Con su elección, se ha cumplido la norma no escrita, pero que se sigue a rajatabla durante los últimos 40 años, que dicta que la presidencia, la vicepresidencia y las presidencias de las secciones Tercera y Cuarta deben recaer sobre los magistrados más veteranos del tribunal.

La vicepresidencia la ostenta desde esta semana pasada, también tras ser elegido por unanimidad, el magistrado Juan Antonio Xiol. Fuentes del TC consultadas inciden en que esta nueva etapa que se abre se prevé sea mayores acuerdos en el seno del plenario, en parte gracias a la buena sintonía que tienen presidente y vicepresidente.

El Pleno de las Cortes de Aragón han rechazado este jueves, por unanimidad, "cualquier tipo de gravamen" sobre el uso de autovías y han pedido que no se apliquen en la comunidad autónoma.

Con esta iniciativa, la cámara ha emplazado al Gobierno de Aragón a oponerse a cualquier propuestas de gravamen de este tipo "de forma efectiva" y a realizar "las acciones oportunas con los medios competenciales de que disponga para que no se aplique en las autovías que discurren por la comunidad".

El diputado del PP Joaquín Juste ha recabado el apoyo unánime del hemiciclo para la que ha calificado de "injusta" propuesta impositiva estatal y que ha sido aprobada tras una transacción con la enmienda presentada por PSOE-Podemos-CHA-PAR.

En su intervención, Juste ha dicho que cobrar peaje en las autovías sería "una carga más que soportar en un momento de enorme dificultad económica para millones de españoles y que lastrará aún más la necesaria recuperación social y económica".

Ha añadido que un gravamen sería "otra preocupación social más a añadir al fuerte incremento del precio de la energía eléctrica para familias y empresas, al aumento del coste del gas, del combustible para vehículos y, en general, de la cesta de la compra".

"LA PUNTILLA"

Pero además, ha señalado, "desde el tejido productivo también se criticó esta decisión del Gobierno Sánchez y tanto los transportistas a título individual como las asociaciones que los representan afirman que este impuesto encubierto sería la puntilla para el sector", tras el incremento del gasóleo en más del 28 por ciento durante el último año.

Otro aspecto negativo del pago por el uso de autovías manifestado por Joaquín Juste en su intervención es el empeoramiento de la seguridad vial "porque obliga a los conductores a buscar vías alternativas, las secundarias, mucho más peligrosas" ya que acumulan el 78 por ciento de los accidentes mortales en España. Una cuestión de especial incidencia en las carreteras aragonesas puntuadas como "muy deficientes" en su mantenimiento y en la señalización, "¿cómo van a soportar más tráfico?", ha preguntado.

Asimismo, Juste ha aseverado que "no es un impuesto a los ricos, esto es un lastre para el conjunto de los aragoneses", añadiendo que "se quiere hacer pagar por algo que ya se paga. Entre los impuestos directos e indirectos, se contribuye en 30.000 millones de euros a las arcas del Estado".

"Se perjudica a los autónomos, a las empresas, se perjudica la recuperación económica y se lastra la competitividad de todos", ha asegurado el diputado del PP.

También han participado en el debate el socialista Fernando Sabés, Carlos Ortas por Ciudadanos, Marta Prades desde Podemos, los portavoces de CHA y VOX Joaquín Palacín y Santiago Morón, respectivamente, Esther Peirat por el PAR y Álvaro Sanz desde IU.

La XVIII edición del Congreso sobre la Violencia contra la Mujer de la Diputación de Alicante ha celebrado este jueves en el ADDA su primera jornada de 'Realidades Confinadas', que ha reunido a medio centenar de personas para analizar las consecuencias producidas por el confinamiento sufrido a causa del Covid-19 en las víctimas.

Durante dos días, hasta este viernes 26, el auditorio alberga este congreso que invita a reflexionar, debatir, cuestionar y aportar soluciones que permitan mejorar los servicios, los recursos y la intervención con víctimas de violencia de género.

El acto ha arrancado con un minuto de silencio en apoyo y solidaridad a las familias de las víctimas, 37 mujeres y 5 menores asesinados en lo que va de año, informa la institución provincial en un comunicado.

"La pandemia ha provocado una situación sin precedentes y el impacto del confinamiento obligatorio sobre las víctimas de la violencia de género ha sido especialmente duro", ha aseverado en la inauguración la diputada de Servicios Sociales, Mari Carmen Jover, insistiendo en la importancia de la coordinación entre administraciones y en el papel fundamental de los ayuntamientos para canalizar ayudas y ofrecer apoyo directo.

Entre las intervenciones, la magistrada de Primera Instancia e Instrucción en Valencia Lara Esteve ha abierto la ronda de conferencias con 'La situación de la violencia de género durante el confinamiento'. Ha señalado que ha sido "un periodo extremadamente complicado para las víctimas" y ha puesto sobre la mesa los datos de la realidad actual en España, donde solo se denuncia entre un 8 y un 33 por ciento de los casos.

A continuación ha tenido lugar una mesa temática sobre la respuesta institucional y los planes de contingencia en la crisis sanitaria y una charla a cargo de la psicóloga experta en maltrato y abuso infantil del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Laura Rodríguez.

Como presidente de la Diputación, Carlos Mazón se ha dirigido a los asistentes a través de un vídeo, destacando la importancia de este encuentro que supone "un refuerzo muy importante, especialmente este año, para reclamar mayor efectividad y recursos en la lucha contra la violencia machista tras su agravamiento por la pandemia".

Este viernes, tras la sesión de apertura de la mano de los abogados especialistas en derecho penal, Juan Ospina y Beatriz Uriarte, se celebrará otra mesa redonda sobre la ciberviolencia de género con la presidenta de la Asociación STOP Violencia de género digital, Encarni Iglesias, la capitán de la Guardia Civil Mª José Garrido y la técnica en Márketing Digital de la Fundación Aprender a Mirar, Anna Plans. Finalmente, el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, impartirá una conferencia en torno a la delincuencia sexual online.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la conclusión del sumario y la apertura de juicio oral contra el ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', por el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, que dejó once muertos, incluidos cinco niños.

En un auto fechado este lunes, la Sección Segunda ha rechazado la solicitud de la defensa de Ternera, que pidió el sobreseimiento libre y archivo de la causa para su representado o, como alternativa, la práctica de nuevas diligencias.

Los magistrados consideran que su letrado solo trata de "suscitar en el estrecho y preciso margen que concede el trámite de la instrucción, cuestiones que exceden a lo que tiene que ser la decisión judicial sobre la procedencia o no de la apertura del juicio oral".

Además, recuerdan a la defensa de Ternera que "la fase intermedia no es un cajón de sastre en el que quepa todo lo que no ha cabido o lo que no ha obtenido en la fase anterior". "Ni se puede convertir en una extensión de la fase de instrucción (...) como tampoco de un anticipo de lo que necesariamente debe ser debatido en la fase de enjuiciamiento", han apuntado.

DETENIDO EN MAYO DE 2019

Fue el pasado mes de septiembre cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno puso fin a la fase de instrucción y acordó enviar el sumario, "junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y/o ocupadas y las piezas separadas correspondientes, si las hubiere", a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En julio, la Sección Tercera de esa misma sala confirmó el procesamiento de 'Josu Ternera' por este caso al rechazar un recurso donde éste alegó que en sentencias anteriores se establece que quien ordenó el atentado fue el etarra histórico Francisco Mújica Garmendia, 'Pakito'; que el informe firmado por la Guardia Civil que obra en la causa quiebra el principio de imparcialidad porque el ataque se dirigió contra este cuerpo; y que no hay indicios suficientes en su contra.

El procesamiento del ex jefe de ETA por parte de la justicia española llegó después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por este atentado. El tribunal galo rechazó así otro recurso presentado por la defensa de 'Josu Tenera' contra un fallo de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París que ordenaba repatriarlo.

Urrutikoetxea, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le requiere por varias causas.

AEGC NO "CESARÁ HASTA LOGRAR EL RESARCIMIENTO" PARA LAS VÍCTIMAS

Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) celebrado a través de una nota de prensa la decisión de la Sala de lo Penal a través un auto que supone el "paso definitivo para sentar a Ternera en el banquillo".

"Desde AEGC nos mostramos satisfechos con esta decisión de la Audiencia Nacional ya que recoge los argumentos expuestos por nuestro letrado Jorge Piedrafita y desestima las alegaciones de la defensa del cabecilla etarra, el letrado (Gonzalo) Boye, que había solicitado el sobreseimiento", han celebrado.

Para la asociación, la apertura de juicio oral supone la "culminación de un largo proceso que se cerrará el día que la Justicia condene" a un "sanguinario terrorista por sus crímenes y se resarza a sus victimas". Es por eso que la acusación de AEGC "seguirá trabajando sin descanso".

En concreto, han explicado, para "desactivar las artimañas de la defensa" y que "se condene al jefe de ETA como autor intelectual del brutal atentado que costó la vida de 11 personas, cinco de ellas hijose hijas de guardias civiles y dejo heridas a 88 personas". Un ataque que AEGC atribuye a Ternera, que habría dado la orden al comando Argala "que provocó una de las peores masacres de ETA".

"AEGC, como ya anunció cuando se personó como acusación popular, no cesará hasta lograr la máxima condena y el resarcimiento para los guardias civiles y sus familias, que llevan demasiado tiempo esperando que por fin se haga justicia. Víctimas que deberían haber sido protegidas recibiendo esa justicia y a las que se está exigiendo olvidar y perdonar", han lamentado.

La nueva oleada de COVID-19 en Aragón sigue manteniendo la tendencia ascendente, con una tasa de 166 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días --99 la pasada semana--.

Por provincias, en estos momentos Zaragoza acumula una incidencia a siete días de 139 casos; Huesca de 281; y Teruel, 162 casos por 100.000 habitantes. En lo que se refiere a las capitales, Teruel se sitúa en 115 casos por 100.000 habitantes a 7 días, Zaragoza en 144 y Huesca en 281.

En números absolutos, la comunidad autónoma acumula desde el inicio de la pandemia un total de 168.219 casos confirmados de COVID-19, de los que 159.439 han recibido ya el alta epidemiológica, según ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Respecto a la mortalidad y tras la revisión semanal, en Aragón se han registrado desde el inicio de la pandemia 3.900 fallecidos. En cuanto a otros indicadores, el índice de reproducción básico se sitúa en 1,2, cifra igual a la de la semana pasada y que revela también la tendencia creciente en el número de contagios.

HOSPITALIZACIÓN Y CONTACTOS

La hospitalización global también ha aumentado en la región en los últimos siete días, si bien la cifra de hospitalizaciones en UCI se mantiene estable. En la actualidad, se registran 187 pacientes COVID ingresados en los centros aragoneses --118 la pasada semana--. Del total, 25 se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos --24 la pasada semana--, lo que supone el 11,4 por ciento de las camas UCI disponibles, y 162 en hospitalización convencional.

La cifra de contactos en seguimiento desde Atención Primaria es de 4.319 personas. Durante el pico de la sexta oleada --22 de julio--, la anterior a esta última se llegó a realizar seguimiento a 18.423 personas.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

En estos momentos, en las residencias de personas mayores de Aragón hay 15 brotes abiertos, que afectan a 79 personas: 49 residentes y 30 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus. En dos centros solo hay afectados residentes; en 9 solo hay trabajadores positivos, y en 4 hay trabajadores y residentes.

A día de hoy, hay 3 personas hospitalizadas. Desde que comenzó esta sexta onda epidémica, el 28 de junio, han fallecido 90 personas en residencias aragonesas.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha reivindicado este jueves la "agenda azul" frente a la invisibilidad del impacto del cambio climático en el medio marino y su contribución a la adaptación y mitigación de sus consecuencias.

En ese sentido, ha destacado el trabajo del departamento autonómico que ha impulsado un decreto de protección de la posidonia, ha incluido por primera vez en la historia una partida presupuestaria específica para el medio marino y creará un Servicio de Vigilancia Marina que estará operativo el próximo verano.

Mollà ha participado en una mesa redonda enmarcada en el seminario 'El carbono azul en el corazón de un clima saludable', organizado por el Centro de Cooperación del Mediterráneo en Málaga, junto al conseller de Medio Ambiente del Govern de las Islas Baleares, Miquel Mir, y la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López.

"La protección marina precisa políticas activas destinadas a enmendar las acciones del pasado, asumir las responsabilidades conjuntas y abrir una fuente de oportunidad", ha señalado la titular de Transición Ecológica, en referencia a la pérdida del 1% anual de la posidonia, una fanerógama endémica del Mediterráneo con una gran capacidad de captura de CO2 y liberación de oxígeno.

Del mismo modo, ha valorado las alianzas territoriales como la establecida entre la Comunitat Valenciana y las Islas Baleares, aunque ha abogado por sumar aliados en una escala supraestatal que debe verse reflejado también en las inversiones: "Necesitamos inversiones a escala global en ciencia del conocimiento, diagnóstico, evaluación y políticas activas".

En este sentido, se ha referido a la fuente de oportunidad que plantea la economía azul en materia de ocupación, que debe responder al choque entre la transición ecológica necesaria y la presión de la actividad económica sobre el medio marino.

Una transición inaplazable en "una de las zonas que va a sufrir con más virulencia los efectos del cambio climático", en palabras de la consellera, que ha hecho un llamamiento a asumir la responsabilidad de la interacción y a colaborar para ser parte de la solución.

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, ha culminado hoy jueves el proceso de entrega de llaves de sus viviendas provisionales en el municipio de Tazacorte a doce familias que perdieron su único hogar a causa de la erupción del volcán en La Palma.

Se trata del segundo lote de viviendas adquiridas por la empresa pública Visocan, después de las de Fuencaliente, y que ahora son entregadas a las familias seleccionadas por el comité técnico tras una lista de candidatas elaborada por el equipo de trabajadoras sociales desplegado en el Valle de Aridane para atender a los afectados.

Los adjudicatarios y nuevos inquilinos de estas viviendas acudieron esta mañana a la Casa de la Cultura a recoger las llaves de sus nuevas casas, culminando así el procedimiento previo habitual en este tipo de entregas, es decir, visita a los inmuebles, aceptación de los mismos y firma del documento administrativo de contrato con Visocan.

Las viviendas son pisos de uno, dos y tres dormitorios, y una de ellas es accesible para personas con discapacidad. Se trata de viviendas de entre 60 y 90 metros cuadrados, con cocinas instaladas y ubicadas en el casco del municipio de Tazacorte.

Los nuevos inquilinos ya tienen firmado su contrato de alquiler y ya son libres de comenzar a habitar las viviendas cuando lo estimen oportuno. El alta en la instalación de luz y agua corresponde, como es habitual en cualquier alquiler, al adjudicatario. Desde Visocan se le están facilitando todas las gestiones, pero deben ser los inquilinos quienes formalicen el acto administrativo, ya que son ellos los adjudicatarios y residentes. No obstante, desde la empresa pública se les hará un seguimiento, por si tuvieran alguna dificultad para darse de alta.

Así mismo, el Gobierno de Canarias se ha comprometido a ayudar a las familias que justifiquen que no tienen recursos a pagar las facturas de luz y agua de estas nuevas viviendas mientras las habiten.

Para las familias que perdieron sus muebles con la erupción, el Gobierno de Canarias sufragará su compra mediante una transferencia a esas familias con un mínimo de 10.000 euros que entregará la Consejería de Derechos Sociales, aunque esta cantidad podría aumentarse en razón del número de componentes de la unidad familiar o necesidades especiales que se pudieran tener.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ya ha comprado 18 viviendas en los municipios de Fuencaliente y Tazacorte para hacer frente a la emergencia habitacional por la que atraviesan numerosas familias de La Palma afectadas por la erupción volcánica, y ultima la compra de otras 75 viviendas en los municipios de Tazacorte y Los Llanos en las próximas semanas.

A estas viviendas compradas por Visocan se añadirán una decena más de pisos propiedad del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI), con lo que se estima llegar a fin de año con más de cien viviendas disponibles para estas familias. A estas habrá que añadir también las viviendas modulares que está adquiriendo la Consejería y cuyas primeras 30 unidades comenzarán a instalarse en el municipio de El Paso en las próximas semanas.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado desde el pasado jueves un total de 398 casos positivos de Covid-19 y tres personas fallecidas (dos varones de 78 y 77 años, ambos de Aceuchal y vacunados, y una mujer de 69 años de Villar del Rey, no vacunada).

Asimismo, en los hospitales extremeños hay en este momento 22 personas hospitalizadas, dos de las cuales están en UCI. Con los tres últimos fallecimientos, el número total de víctimas es de 1.956 desde el inicio de la pandemia.

Igualmente, se han dado 254 altas epidemiológicas desde el pasado jueves, lo que equivale a un total de 102.692 altas, según informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Con ello, la incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa en 70,15 casos por cada 100.000 habitantes, y a los 7 días en 36,25 casos por cada 100.000 habitantes.

Por otra parte, en los últimos siete días se han declarado 14 brotes. En concreto, en Santa Marta de los Barros, con 5 positivos y 40 contactos; 5 en Badajoz con 3, 3, 3, 9 y 3 positivos y 6, 5, 24, 19 y 7 contactos, respectivamente; en Reina con 7 positivos y 33 contactos; y tres en Cáceres con 5, 3 y 7 positivos y 31, 45 y 67 contactos, respectivamente.

También, en Almendralejo, con 9 positivos y 40 contactos; en Orellana la Vieja, con 6 positivos y 13 contactos; en Olivenza con 4 positivos y 22 contactos; y en Alburquerque con 6 positivos y 19 contactos.

Asimismo, se han cerrado cinco brotes desde el jueves: el 854 de Badajoz, el 856 de Campanario, el 851 de Cabezuela del Valle y los números 850 y 860 de Don Benito.

ÁREAS DE SALUD

De este modo, como datos de esta jornada, día 25, el Área de Salud de Badajoz notifica 39 casos positivos. Tiene seis pacientes hospitalizados, ninguno de ellos en UCI. Registra 328 fallecidos y ha dado 27.147 altas.

Mientras, el Área de Salud de Cáceres notifica 11 casos positivos. Tiene cinco pacientes ingresados, dos de ellos en UCI. Acumula 535 fallecidos y ha dado 17.486 altas.

De su lado, el Área de Salud de Mérida registra 12 casos positivos. Tiene seis pacientes hospitalizados por Covid-19, ninguno de ellos en UCI. Acumula 251 fallecidos y ha dado 17.404 altas.

Igualmente, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica siete casos positivos. Tiene un paciente hospitalizado. Acumula 267 víctimas mortales y ha dado 14.018 altas.

También, el Área de Salud de Plasencia registra un caso positivo. Tiene un paciente hospitalizado, ninguno en UCI. Ha registrado un total de 232 fallecidos y ha dado 10.465 altas.

Mientras, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata notifica un caso positivo. No tiene pacientes ingresados por covid-19 y ha registrado 115 fallecidos. Ha dado 4.835 altas.

A su vez, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra un caso positivo. No tiene pacientes ingresados. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 8.105 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria registra dos casos positivos. Tiene tres pacientes hospitalizados por Covid-19. Registra un total de 96 personas fallecidas y se han dado 3.252 altas.

Castilla y León ha notificado este jueves 524 nuevos positivos de COVID-19 --once más que ayer y 181 más que el jueves de la pasada semana--, para sumar 312.944 desde el inicio de la pandemia, con dos fallecidos más en hospitales que los registrados en el anterior parte, con lo que la cifra acumulada se eleva a 6.248, y 10 nuevas altas médicas, 33.742 en total.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, en total se han diagnosticado ya en la Comunidad 312.944 positivos de COVID-19, incluidos los reinfectados, en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 524 nuevos casos más en la última jornada. Del total, 306.547 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

Por provincias, donde más positivos se han notificado en la última jornada ha sido en Valladolid, con 142 nuevos casos y un total de 69.176; seguida por León, con 129 y 53.068; Burgos, con 80 y 53.773; Salamanca, con 49 y 40.721; Zamora, con 38 y 18.542; Palencia, con 28 y 25.403; Ávila, 27 y 17.919; Segovia, con 19 y 21.675; y Soria, con 13 nuevos para un total de 12.667.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se eleva a 6.248, tras registrarse dos nuevas muertes en la última jornada, en las provincias de Salamanca y Ávila. Del total, 1.294 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.222; Salamanca, que tiene 887; Burgos, 810; Palencia, 504; Zamora, con 469; Segovia, con 384; Ávila, con 382, y Soria, con 296.

En cuanto a las altas hospitalarias, estas suman un total de 33.742, 18 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 8.304 en Valladolid; 5.730 en León; en Burgos, 5.030; en Salamanca, 4.398; en Palencia, 2.575; en Zamora, 2.216; en Segovia, 2.079; en Ávila, 1.984 y en Soria, 1.426.

16 HOSPITALIZADOS MÁS

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 216 pacientes con COVID-19, 16 más que en el anterior parte. De ellos, 25 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI), tres más que en el anterior parte, mientras que en planta se encuentran ingresados 191, 13 más.

Los pacientes con COVID-19 en unidades de críticos se encuentran repartidos en nueve hospitales de la comunidad y ocupan un ocho por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, un punto más que en la jornada previa.

Así, se informa de seis ingresados en el Río Hortega de Valladolid; cuatro en el Complejo Hospitalario de León y en el de Burgos; dos en el Hospital de El Bierzo, en el Clínico de Valladolid y en los complejos de Ávila, Salamanca y Segovia; y uno en el de Zamora. Mientras tanto, siguen sin pacientes en UCI los complejos de Palencia y Soria.

Canarias ha sumado este jueves un total de 323 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas que elevan el acumulado desde el inicio de la pandemia a 101.848 casos, mientras que no se han registrado nuevos fallecimientos.

Según informa la Consejería de Sanidad, en la actualidad hay 2.853 pacientes activos, de los cuales 29 están ingresados en UCI y 197 permanecen hospitalizados.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 83,78 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 150,55 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife ha sumado este jueves 136 casos con un total de 48.410 casos acumulados y 1.196 casos activos epidemiológicamente; y Gran Canaria cuenta con 38.877 casos acumulados, 124 más que el día anterior y 1.197 activos.

Lanzarote ha registrado 19 nuevos casos con 7.440 acumulados y 147 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.988 casos acumulados, con 29 casos nuevos, y 251 activos.

Por su parte, La Palma ha contabilizado 13 nuevos positivos por lo que tiene 1.212 acumulados y 47 activos. El Hierro no suma nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 469 y un activo. La Gomera suma dos nuevos casos, por lo que tiene 451 y sus activos son 14.

Finalmente, hasta este jueves se han realizado un total de 2.372.552 de pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 7.415 se corresponden al día de ayer.

Diferentes asociaciones y administraciones han salido a las calles de València este jueves para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los actos se han sucedido como anticipo de la manifestación convocada para las 19 horas de la tarde y han animado a la participación en esta marcha.

Por un lado, desde el Ayuntamiento de València, la concejala de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI, Lucía Beamud, el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, la concejala de Gestión de Recursos, Lluïsa Notario, el concejal de Turismo, Emiliano García, y el de Hacienda, Borja Sanjuán, se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento con motivo de esta efeméride.

Este año la campaña municipal, impulsada bajo el lema 'La Violencia Machista: Verla para Vencerla', ha incluido distintas actividades desde diferentes concejalías, como el festival 'Igualment-Fest', que recuperará el domingo su presencialidad, en la plaza del Ayuntamiento.

Este año, desde las 11 hasta las 14.30 horas, actuarán Dómisol Sisters, "uno de los pocos grupos valencianos de swing de los años treinta, cuarenta y cincuenta que reivindica las grandes voces femeninas de la época y aporta una escenografía y coreografía con una gran variedad de cambios y ambientada en cada momento", ha explicado Beamud; Maluks, grupo de reggae, dancehall y cumbia, "formado por jóvenes y antifascistas, declaradas abiertamente feministas y supervivientes", y Nonaisound, DJ valenciana y socióloga, "que con su presencia, planteará un cambio de paradigma y una ruptura escénica en un ambiente en el cual las cuotas de representación femenina dejan mucho que desear".

También actuarán la Joven Muixeranga de València, Paloma Orts Pascual y Batucada Tymbals Dipercusión, que reúne un grupo de personas, la mayoría mujeres, con diversidad funcional e intelectual.

Por su parte, la Diputación de Valencia ha presentado por la mañana una campaña reivindicativa bajo el lema 'Contra les violències masclistes, ACTUA!'. Esta iniciativa, impulsada desde el área de Igualdad de la corporación provincial que hace especial hincapié en el papel del hombre y en su movilización para la erradicación de la violencia contra la mujer, ha sido presentada este jueves por la mañana por la diputada de Igualdad, Eli García.

La responsable de Igualdad ha incidido en la necesidad de "reivindicar el papel del hombre en esta lucha". "Por ello hacemos este llamamiento, para que participen, se impliquen, empaticen y actúen".

La campaña cuenta con un audiovisual que se ha proyectado durante la mañana y que pretende hacer una llamada a la acción a todas las personas para la eliminación de la violencia machista. Este minidocumental está estructurado en torno a reflexiones de mujeres y hombres de referencia en la sociedad valenciana sobre su visión de la violencia machista, y los resortes que se deben activar para eliminarla por completo.

A continuación, el presidente de la Diputación, Toni Gaspar; la vicepresidenta Maria Josep Amigó; la diputada de Igualdad, Eli García, y los diputados provinciales Pilar Sarrión, Dolors Gimeno, Modesto Martínez y Rocío Gil han leído un manifiesto que fue aprobado a través de una moción en el pleno de la corporación. El acto ha contado también con la presencia de otros diputados, diputadas y miembros de la corporación.

Mediante este manifiesto, la corporación ratifica seguir impulsando y reforzando la Red de Municipios Protegidos contra la violencia de género de la Diputación de Valencia e insta al gobierno de España a la actualización y renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en las Cortes para buscar el mayor consenso político y social y de esta manera continuar mejorando la coordinación institucional, así como la implementación de los Fondos del Pacto de Estado de manera óptima.

LATIDO MARIPOSAS

La segunda parte del acto ha estado protagonizada por Latido Mariposas, entidad compuesta por Isabel Gallardo e Itziar Prats que tienen como objetivo la concienciación de la sociedad en la igualdad real y la erradicación de la violencia. Para ello, elaboran mariposas formadas por palabras relacionadas con la solidaridad y la igualdad que se han repartido entre los asistentes a la presentación.

Asimismo, se ha expuesto el mural de una mariposa humana, que se mostró en la apertura del congreso del V Feminario Valencia 2021 celebrado el pasado 29 y 30 de octubre.

Por la mañana ha tenido lugar también la lectura de un manifiesto y una concentración en la plaza de Manises por parte de integrantes de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valenciano, de la Asociación Alanna y de la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana.

La programación de la Diputació por el 25N finalizará con el VI Certamen de los premios Celia Amorós, que tendrá lugar el 17 de diciembre en la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència.

Por su parte, CCOO PV ha organizado un acto homenaje a las asesinadas por el machismo y una asamblea de delegados y delegadas para abordar las violencias que se ejercen hacia las mujeres, especialmente en el ámbito laboral. "Uno de cada cinco casos de acoso sexual se produce en los centros de trabajo", ha destacado la secretaria de Mujeres e Igualdad, Cloti Iborra.

La secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, se ha comprometido en la asamblea a luchar por la igualdad de derechos y la erradicación de todas las brechas de género. "Combatir las violencias que padecen las mujeres, no es más que defender derechos humanos", ha dicho.

Después, las delegadas y delegados sindicales se han concentrado en la plaza, donde se han nombrado a cada una de las mujeres asesinadas, "porque no queremos inmunizarnos antes esta barbaridad, no queremos que sean solo un número, no queremos que pase más", ha dicho Iborra. De forma simbólica se han quemado 30 frases con lo que las mujeres estamos #hartas de aguantar, sumándose así a la campaña estatal del movimiento feminista.

Asimismo, la asociación Por ti Mujer ha leífo un manifiesto en la estación de metro Xàtiva y ha llevado a cabo la acción 'Tomamos las calles por una denuncia segura'. Ha exigido la seguridad y protección de todas las mujeres y la renovación de un sistema judicial que no discrimine a las mujeres migrantes. Además han reclamado más campañas informativas y de prevención de violencia de género para que las mujeres conozcan la totalidad de los recursos y derechos que velan por su protección.