La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a dos años y seis meses de prisión a J.M.B., acusado de abusar sexualmente de una menor en Puertollano.

La sentencia de conformidad relata que los hechos ocurrieron entre 2014 y 2016, periodo de tiempo en el que el acusado era pareja sentimental de L.M., madre de A. y B., con quienes convivía.

El escrito relata que el acusado «conocedor de la posición de inferioridad en la que se encontraba A. respecto de él, abusó de la situación de superioridad por ser pareja de la madre de la menor, facilitada por la convivencia en el mismo domicilio».

Así, desde que la menor tenía 9 años y hasta tres años después, el acusado, aprovechando que la madre de A. salía a trabajar fuera del domicilio familiar, le obligó en reiteradas ocasiones a realizar actos de contenido sexual a cambio de jugar a un juego de ordenador de pago.

En verano de 2017, a pesar de que la pareja rompió la relación, el acusado llamó a la menor por teléfono para ofrecerle jugar al ordenador, momento en el que volvió a realizar los abusos por los que se le acusa.

El procedimiento ha estado paralizado sin causa que impute al acusado desde el 8 de agosto de 2018 hasta el 20 de julio de 2020, desde esta fecha al 19 de noviembre del mismo año y hasta el 5 de mayo de 2021 y hasta este viernes.

Por estos hechos por los que se acusa a J.M.B., le condenan a 2 años y 6 meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales así como inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión así como libertad vigilada por tiempo de 3 años.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este viernes que ETA está «más viva que nunca» por que «se sienta en las instituciones, en los escaños con los presupuestos de todos los ciudadanos».

Así lo ha manifestado en declaraciones en un acto del PP de Madrid en Torrejón de Ardoz, según ha informado fuentes de su entorno. Para la dirigente madrileña, «está vivo el terrorismo» y «ese terror está trayendo ahora mismo a sus efectos». Ayuso considera que «con el terrorismo no se puede ir a ningún lado, ni porque mate ni por que deje de hacerlo».

«¿No está viva ETA? Pongamos un ejemplo, imaginados que los 300.000 vascos que se han tenido que ir de su tierra, que son votantes del PP, de Vox, del PSOE, deciden volver todos al País Vasco y cambiarle el signo político e imaginaros a un gobierno del Partido Popular. ¿Lo iba a permitir el señor Otegi, iba a permitir esa gente que una persona votante del PP pudiera ir ahora mismo por cualquier municipio del País Vasco, por Rentería, diciendo soy votante el Partido Popular y que se tratara con el respeto con el que tratamos en Madrid a todo el mundo? Mentira», ha sostenido a continuación.

Ayuso ha advertido de que España tiene un Gobierno «sin rumbo que lo único que pretende es hacer un cambio» del país «por la puerta de atrás, que está pactando los presupuestos de todos los ciudadanos con ETA». «Y no le digo yo, lo dice Otegi cuando está negociando los presos y dice ‘nuestros presos’. Serán tus presos», ha lanzado.

En este punto, ha manifestado que «esas personas son con las que el Gobierno España está negociando unos caudales que pertenecen también a Madrid» y que se les están negando, «simplemente porque no se les vota».

«Esta gente está pactando también con los que han hecho de Barcelona, la que era capital económica de España, ahora mismo una región de la que muchas familias se van borrando, se van yendo, van desapareciendo», ha declarado.

Asimismo, ha sostenido que le hace «gracia» cuando tiene que escuchar «al etarra del señor Otegi que ha estado en prisión por ser pistolero, secuestrador y por pertenecer a una banda terrorista, hablar para blanquear lo que ha sido el terrorismo».

El VI Encuentro de Ciudades 2030 de la Dirección General de Tráfico (DGT) que se ha celebrado en Zaragoza entre este jueves y viernes, 21 y 22 de octubre, ha concluido con una declaración de quince puntos que se consideran «esenciales» tras los debates y las distintas intervenciones.

Este evento, que ha contado con la colaboración de FundaciónIbercaja, impulsora del proyecto Mobility City, ha sido clausurado por la consejera municipal de Movilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca; y el director de la DGT, Pere Navarro. También ha intervenido en este foro el lesionado medular en accidente de tráfico y representante de AESLEME ARAGÓN, Francisco Antonio Ureta.

Pere Navarro ha elogiado la calidad de vida de Zaragoza, que «ha pasado de pueblo grande a una gran, gran ciudad». Ha calificado gente prudente, sensata y buena gente a los impulsores del proyecto de Mobility City, que es «estratégico a futuro» y ha brindado el apoyo de la DGT para llevarlo a cabo.

En su intervención, el director de la DGT ha confesado de su paso por las distintas instituciones que, «de largo, la administración más apasionante es el Ayuntamiento» por lo que les ha dicho a los participantes que son unos «privilegiados».

Ha dicho que este foro ha sido una «oportunidad» para abordar aspectos comunes a los ayuntamientos. Ha destacado que España es el país de Europa en el que más se camina, lo que supone un «inmenso activo» que ha pedido cuidar para caminar «seguros y sin emisiones» porque «el peatón es el rey».

Ha concluido al señalar que la Federación Española de Municipios y Provincias ha propuesto que el próximo Encuentro de Ciudades sea en Valladolid que es una ciudad que «está haciendo un gran esfuerzo en movilidad y ha emplazado a los asistentes a volver a verse en la ciudad vallisoletana en 2023.

DECLARACIÓN

El último punto y que es un compendio de los anteriores recoge la necesidad de integrar la seguridad vial en las estrategias locales de movilidad sostenible y hacer de la movilidad sostenible y la accesibilidad universal valores fundamentales en la planificación ygestión de las ciudades.

El listado de epígrafes de la declaración lo encabeza la afirmación de que toda muerte y lesión grave en accidente de tráfico es «prevenible e inaceptable» y que la actuación de todas las administraciones, organizaciones, empresas y profesionales con influencia sobre las condiciones de seguridad de los desplazamientos «debe regirse por este imperativo ético», asumiendo los principios del sistema seguro.

Otro apartado suscribe los principios del denominado enfoque de sistema seguro, impulsado por los principales organismos internacionales, que señalan que el sistema de movilidad debe ser diseñado teniendo en cuenta las limitaciones humanas.

El tercero reafirma el compromiso con la mejora de la seguridad vial, suscribe el objetivo de reducir el número de muertes y lesiones graves en un 50 por ciento en la década 2021-2030 y solicitar al Gobierno de España la aprobación de una Estrategia de Seguridad Vial que aspire a eliminar las diferencias entre las ciudades y el ámbito interurbano, en términos de reducción de la siniestralidad.

El siguiente solicita al Gobierno de España que asegure una adecuada coordinación entre las diferentes estrategias y políticas vinculadas a los ámbitos de la movilidad, la seguridad vial, el medio ambiente o la salud pública; así como a garantizar en todo momento una adecuada gobernanza con las entidades locales.

PLANES DE MOVILIDAD

A continuación se propone impulsar procedimientos efectivos que permitan un mejor conocimiento sobre los datos de accidentes, movilidad e indicadores de seguridad –como velocidad, cinturón, casco y alcohol–, que permitan realizar una adecuada y eficaz gestión basada en riesgos.

Para poder tomar las mejores decisiones, es conveniente conocer bien cuales son, de la manera más objetiva posible, los problemas derivados de la seguridad vial y sus causas. Por ello, la declaración dice que se deberían identificar los indicadores estadísticos que permitan analizar la evolución de la seguridad en cada ciudad –e incluso en cada ámbito o uso de las vías urbanas–, evaluar la efectividad de políticas y realizar comparaciones entre ciudades.

Otro apartado insta a todos los municipios a desarrollar Planes de Movilidad Urbana Sostenibles y Ordenanzas de Movilidad con integración plena de la seguridad vial como elemento esencial de la planificación urbanística, y basados en una pirámide de prioridades en cuya cúspide figuren los peatones, los ciclistas y el transporte público, como principales colectivos vulnerables a proteger yfomentar.

La séptima también insta a todas las administraciones públicas, organizaciones y empresas a elaborar y ejecutar planes de movilidad para los desplazamientos ‘in itinere’ y en misión de sus trabajadores, así como a establecer la seguridad vial como una prioridad en toda la cadena de valor de sus actividades, requiriendo,para sí mismas y sus eventuales contratistas, exigencias de seguridad relativas a las características de las flotas de vehículos y sus condiciones de utilización y mantenimiento.

En octavo lugar se pide implicar a la sociedad en la toma de decisiones, fomentando la participación y el debate ciudadano sobre los aspectos relacionados con la movilidad local y la seguridad vial, mediante los órganos de consulta para crear una clara conciencia sobre los riesgos viales y fomentar un sentido de responsabilidad y respeto hacia las normas de tráfico que garantice la convivencia segura en nuestras carreteras y calles.

Otra demanda es reconocer la necesidad de regular y contar con un diseño urbano adecuado que permita realizar el reparto de mercancías en ámbitos urbanos de forma racional y satisfactoria, actividad que ha venido experimentando un notable crecimiento en los últimos años.

ACCESIBILIDAD

El décimo apartado reconoce el principio de accesibilidad universal como un principio fundamental que debe inspirar la actuación de todas las administraciones públicas para disponer de itinerarios peatonales continuos, accesibles y seguros para todas las personas, con una especial consideración a los niños, las personas de edad avanzada y las personas con movilidad reducida.

El siguiente punto reafirma el papel «fundamental» de la velocidad como parámetro decisivo del riesgo de lesión mortal o grave en caso de accidente, y como elemento fundamental de una convivencia segura entre modos de transporte. Al mismo tiempo, se exhorta a todas las administraciones competentes a adoptar medidas y actuaciones que favorezcan el calmado del tráfico, combinado la gestión del tráfico con un diseño viario adecuado.

El listado continúa al reconocer la importante labor que realizan los municipios en la educación y formación vial de sus ciudadanos. Además de fomentar la educación desde todos los ámbitos posibles de la sociedad y, en general, desde todas las instancias que estén capacitadas para transmitir los valores de la movilidad sostenible y segura.

El apartado número trece destaca la importancia de la vigilancia y control de los comportamientos de riesgo en la mejora de la seguridad vial, manifestando la necesidad de reforzar los recursos disponibles y la capacitación de los policías locales y agentes de movilidad en esta materia.

El epígrafe catorce exhorta a todos los poderes públicos a mejorar la atención y la información a las víctimas de los accidentes de tráfico y a sus familiares, orientándolos sobre los recursos y servicios que las instituciones ponen a su disposición, y a reconocer que una respuesta efectiva después del accidente también incluye una adecuada reinserción social y laboral, así como un apoyo psicológico-mental, social y legal adecuado y suficiente

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado revocar el auto de pase a procedimiento abreviado del ‘caso Dina’, la pieza de la macrocausa ‘Tándem’ en la que se investiga el robo de la tarjeta a la exasesora de Podemos Dina Bousselham, ordenando al juez nuevas diligencias.

En concreto, la Sección Tercera ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha encomendado al juez instructor Manuel García-Castellón que escuche a Bousselham, a su pareja y al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

El Ministerio Público se opuso a la decisión del juez, que resolvió finalizar la fase de investigación de la causa el 7 de octubre de 2020 proponiendo juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, y a dos periodistas por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Además de solicitar la revocación del auto de pase a procedimiento abreviado, la Fiscalía consideraba necesarias las declaraciones de la exasesora, su marido Ricardo Sa Ferreira y del propio Pino. La representación de ambos periodistas se adhirió a esa petición de diligencias mientras que las de Bousselham y el exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias se unieron parcialmente al considerar que la instrucción no había concluido.

La Sala ha resuelto ahora las alegaciones de las partes y ha accedido a la práctica de las diligencias pedidas por la Fiscalía, que considera «procedentes a los fines de la instrucción». En esta línea, señala que a lo largo de la investigación Bousselham ha prestado declaración varias veces sobre las capturas de pantalla de su teléfono publicadas por un medio digital que, en algunos casos, también habían sido divulgadas por ella.

LA DECLARACIÓN DEL MARIDO DE BOUSSELHAM, PARA RESOLVER «LAGUNAS»

Pero para agotar la instrucción, añade la Sala, se hace preciso conocer, en la medida de lo posible, el origen de la divulgación por los medios de comunicación desde enero de 2016 de otra información contenida en el teléfono de Bousselham «que no está en estas circunstancias y a lo que» su declaración «podría contribuir.

En esta línea, la declaración de su marido «podrá servir», según justifica la Sala, para que explique «algunas lagunas en la información que en su día suministró sobre la sustracción del teléfono y recuperación de la tarjeta».

Y en cuanto a la declaración de Eugenio Pino en calidad de testigo, la Sala señala que servirá para «aclarar la consistencia de las declaraciones» realizadas por los periodistas acerca de que la información que suministraron a Villarejo «fue en la creencia de que era en el marco de una investigación policial».

El auto relativo al recurso de Fiscalía recoge que el argumento del Ministerio Fiscal de que la instrucción no está agotada, «lo que cercena los derechos de todas las partes», porque no se ha investigado la supuesta finalidad policial del traspaso de la información del teléfono móvil.

En lo referido a los recursos de Iglesias y Bousselham, la Sala los estima parcialmente accediendo a la declaración del propio Pino, aunque rechaza practicar más testificales. Igualmente, los magistrados descartan pronunciarse sobre la exposición razonada que García-Castellón envió al Tribunal Supremo al no ser de su competencia.

En la misma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicitaba al Alto Tribunal que investigara al entonces vicepresidente segundo del Gobierno por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

RECHAZAN APORTAR LOS CHATS DE CALVENTE

Por otro lado, la Sala desestima el recurso de los periodistas de la extinta Interviú contra el auto de procesamiento, que proponía juzgarlos por revelación de secretos. Solicitaban el sobreseimiento para ellos, pero el tribunal cree que, en contra de su argumentación, el auto describe los hechos relacionados con la tarjeta y la entrega de su contenido a un tercero.

Además, los magistrados rechazan el recurso presentado por Villarejo, en el que solicitaba la reapertura del procedimiento para que se incluyesen en el mismo los chats aportados por José Manuel Calvente, un exabogado de la formación morada, a una causa tramitada en un juzgado de Madrid.

«La incorporación al procedimiento de los chats servirá en su caso para valorar la credibilidad o verosimilitud de lo declarado por el testigo que es propia de la fase de juicio oral y podrá interesarse como prueba a practicar en el mismo», le recuerdan.

EL ORIGEN DEL CASO DINA

En el auto con el que decidió finalizar la fase de investigación, el juez fijaba el origen de la causa en unos archivos encontrados en la entrada y registro del domicilio de Villarejo en 2017 en los que había información personal de la que fuera asesora de Iglesias así como datos sensibles del partido ‘morado’.

Según explicaba, en noviembre de 2015 sustraen en el IKEA de Alcorcón el abrigo de la pareja de Bousselham –Ricardo Antonio Sa Ferreira– en cuyo interior había varios objetos entre los que se encontraba el teléfono móvil de la asesora.

Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecen en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenan unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la tarjeta de memoria mini SD del móvil sustraído a Bousselham.

Y apuntaba el juez en su auto que los archivos de uno de los pendrives fueron copiados el 14 de abril de 2016 mientras que los del disco duro son copia del pendrive realizada en julio de 2016. Sobre cómo llegó a manos de Villarejo esa información, el magistrado indicaba que se sabe que el contenido de la tarjeta de Bousselham llegó a los periodistas.

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Igansi Elena, ha prometido este viernes al cuerpo de Mossos d’Esquadra perseguir «de manera implacable» las agresiones a policías.

En su discurso durante la celebración del Dia de les Esquadres de los Mossos, ha rechazado «las muestras de hostilidad y agresiones por parte de una minoría de delincuentes».

El conseller ha expresado al cuerpo policial su apoyo y también el del Govern a los agentes «por estos ataques inaceptables».

Ha agradecido a Mossos el trabajo para asegurar las restricciones sanitarias a raíz de la pandemia de coronavirus, entre las que ha recordado el cierre perimetral de la Conca d’Òdena (Barcelona) en marzo de 2020.

MÁS AGENTES

Elena ha insistido en ampliar los efectivos del cuerpo, para el que ha dicho que quiere miles de nuevos agentes, y ha llamado a «hacer aflorar una nueva generación de mandos».

Ha avisado de que los próximos años serán complejos: «Los estragos de la pandemia en el estado de ánimo social pedirán mucho acompañamiento y mucha empatía», y ha confiado en que los mossos sabrán hacerlo.

El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha trasladado que el «voto democrático de decenas de miles de canarios está siendo atacado sin base jurídica alguna», en pleno debate sobre si la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilita para el sufragio pasivo comporta la retirada de su escaño.

Así se ha pronunciado en redes sociales para reflexionar sobre la importancia de símbolos como la conmemoración hoy del Día de la Bandera Nacional Canaria, en una alusión implícita a su situación.

«Quien niegue la importancia de los símbolos, miente. En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe», ha proclamado para indicar que esta enseña lleva generaciones usándose «con orgullo en todo tipo de movilizaciones, luchas y eventos culturales o deportivos».

Un comentario en redes que se produce después de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, haya respondido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado y que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria «obligada».

Tras conocer este oficio, Unidas Podemos ha exigido a Batet que no haya una respuesta institucional sobre el futuro de Rodríguez hasta que no se reúna el próximo martes la Mesa de la cámara, como ha trasladado el secretario primero de este órgano parlamentario, Gerardo Pisarello.

El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha opinado que el nuevo escrito de Marchena «deja claro» que el diputado de su formación «no debe perder el escaño» al no aludir a la pérdida del acta, pues hacerlo sería «prevaricar».

CRÍTICAS A MARCHENA

A su vez, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha criticado que Marchena está «forzando una crisis constitucional entre el poder legislativo y el poder judicial sin precedentes», para agregar que en ninguno de los cinco escritos cursados por el alto tribunal se alude a la obligación de quitarle el escaño al diputado, pues «saben que eso sería prevaricar».

También el diputado de Unidas Podemos y secretario tercero de la Mesa de la Cámara Baja, Javier Sánchez Serna, al destacar que Marchena «no se atreve a poner por escrito» que haya que quitarle el escaño a su compañero de bancada, porque la sentencia «no dice eso».

«Pretende que lo haga la presidenta del Congreso para que cuando esta aberración llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda decir que él no es responsable», ha criticado Sánchez Serna.

El exlider de la formación morada Pablo Iglesias también ha aludido a esta cuestión en las redes sociales. «¿Saben por qué el Supremo en ninguno de los 5 escritos que ha hecho ya sobre Alberto Rodríguez dice ‘quítenle el escaño’? Porque Marchena teme que Europa diga que están prevaricando. Prefiere que el marrón se lo coma Batet ¿A cambio de qué?», ha apostillado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado, preguntado por la postura en relación a la retirada de las mascarillas en los patios de los centros educativos, en que se ha formulado una consulta jurídica y, una vez que haya respuesta, si la ley lo permite, la decisión será sometida a análisis de los expertos sanitarios que asesoran al Ejecutivo gallego desde que se inició la pandemia.

«A ver si se puede hacer», ha esgrimido Feijóo, tras reunirse en sevilla con su homólogo andaluz, Juanma Moreno, y antes de aludir a que la directriz está supeditada a «una ley estatal aprobada en Cortes donde se regula el uso de la mascarilla».

De hecho, en la pasada jornada, tras anunciar Madrid que daría el paso, el Ministerio de Sanidad respondió apelando a no agilizar decisiones que deberían ser «multilaterales» y recordando que ese paso solo se puede tomar si se garantiza la distancia personal de 1,5 metros.

«Si la ley lo permite», Feijóo ha afirmado que se someterá la decisión al criterio de los expertos clínicos que asesoran a la Xunta, foro que «siempre» valida los pasos en el ámbito sanitario que se dan en la Comunidad.

CARTA AL MINISTERIO

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha pedido una desescalada «simétrica» y un marco jurídico y sanitario estable para los centros educativos.

En la inauguración este viernes del III Encontro Interreligioso celebrado con motivo del Xacobeo 21-22, Rodríguez ha señalado que lo más importante es contar con una visión jurídica «clara» y que haya un «planteamiento sanitario con una visión de seguridad jurídica y seguridad sanitaria», más allá de que el levantamiento paulatino de medidas en los colegios se haga «hoy, mañana o pasado».

«Los niños, los centros y las familias fueron tremendamente disciplinados, con un coste de adaptación muy grande, por lo que, lo que se haga, debe hacerse bien y lo más coordinadamente posible. Es necesario que haya simetría en los ritmos de la desescalada; que no haya una desescalada asimétrica y el aval de las autoridades sanitarias», ha defendido el responsable de educación.

Román Rodríguez ha informado de que esta semana se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para plantear «la necesidad de establecer un proceso de desescalada». Según ha explicado, se ha dirigido a la ministra a través de una carta para pedir un marco de trabajo que «se vaya adaptando progresivamente». «Un protocolo de transición debería evolucionar según evoluciona la situación sanitaria», ha aseverado.

Además, ha avanzado que hay un grupo de trabajo con Sanidade para «buscar aquellos aspectos en los que se pueda avanzar dentro de los protocolos». Algunas de las medidas en las que Rodríguez actuar es, sobre todo, en cuanto a la presencialidad de las familias en los centros educativos.

«Si la situación sanitaria va mejorando, y todo parece que la sociedad va camino de la desescalada, también se debe desescalar en los centros educativos», insiste, aunque siempre «con la máxima prudencia y responsabilidad». Así, aunque ha asegurado que en interiores, la mascarilla se va a mantener, ha insistido en que son las autoridades sanitarias las que deben marcar ciertas medidas básicas.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha abierto un concurso internacional de méritos para cubrir el puesto de titular de la dirección del organismo.

Según ha informado el Ministerio de Ciencia, este procedimiento de selección se pone en marcha por segunda vez en un proceso abierto, «dando respuesta a la reclamación continuada de la comunidad científica para fortalecer y dotar de mayor independencia a la Agencia». El mandato del actual director, Enrique Playán, expira a principios de 2022.

En concreto, el Ministerio ha detallado que las personas interesadas tendrán que contar con un «reconocido prestigio» en los ámbitos de la ciencia y la gestión. Asimismo, deberán demostrar una experiencia internacional investigadora de más de 10 años, haber liderado durante más de 6 años planes y equipos de investigación y desarrollo, contar con experiencia en la preparación de presupuestos y evaluación de impacto, y tener un profundo conocimiento de la I+D+I a nivel nacional e internacional. Además, deberán dominar el español y el inglés.

La AEI gestiona la mayor parte de las convocatorias de subvenciones del Plan Estatal de I+D+I y es la entidad responsable de promover la excelencia en la investigación española. La creación de la Agencia era un mandato de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 y una demanda histórica de la comunidad científica. Finalmente, su creación se aprobó el 27 de noviembre de 2015.

El organismo tiene como principales objetivos la promoción de la investigación técnica y científica en todas las áreas del conocimiento a través de la asignación competitiva de recursos públicos, el seguimiento de las acciones financiadas y su impacto, y el asesoramiento en la planificación de acciones e iniciativas de los planes y políticas nacionales de I+D.

La Agencia cuenta con personalidad jurídica propia y «un presupuesto creciente», de 825,7 millones de euros para 2021 y de 1.358,1 millones en los presupuestos presentados para el año 2022, «la cifra más alta de la historia de este organismo», según ha destacado el Ministerio.

Las personas que estén interesadas deberán presentar sus candidaturas antes del 8 de noviembre en la siguiente dirección de correo electrónico: presidencia@aei.gob.es. El candidato seleccionado será propuesto para su nombramiento por el Consejo Rector de la Agencia.

La diputada del PPCV y presidenta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Eva Ortiz, ha anunciado que su formación recurrirá la sentencia que ha absuelto al director general de Política Lingüística y Multilingüismo de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, del delito de falsedad documental en ayudas al valenciano concedidas a empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

«Vamos a llegar hasta el fondo del asunto para desenmascarar la trama de los hermanos Puig y sus socios», ha asegurado en un comunicado la diputada del PPCV, que ha apuntado que la Audiencia de Valencia «reconoce en su sentencia que Rubén Trenzano controló las subvenciones» después de la petición formulada por Ortiz.

«Este alto cargo de la Conselleria de Educación sigue imputado por malversación, prevaricación y fraude en subvención pública en el juzgado número 4», ha remarcado la diputada ‘popular’, que ha insistido en que su objetivo es «llegar al fondo de la cuestión y saber por qué las empresas del hermano del ‘president’ y sus socios han estado justificando con las mismas facturas las subvenciones que han recibido tanto de la Generalitat Valenciana, gobernada por Puig, como de la Generalitat de Cataluña».

«En la actualidad esta causa ha sido calificada como compleja por el juzgado y la Guardia Civil ha solicitado más documentación tanto de las cuentas como de los alquileres justificativos a las empresas implicadas», ha añadido Ortiz.

La Audiencia de Valencia ha absuelto este viernes al director general de Política Lingüística y Multilingüismo de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, del delito de falsedad documental en ayudas al valenciano concedidas a empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El órgano judicial absuelve a Trenzano y ordena notificar la resolución a las partes, que disponen ahora de diez días para presentar recurso de apelación.

La causa surgió a raíz de una denuncia de la ex portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relación a la presunta falsedad en algunas de las manifestaciones contenidas en un documento emitido en abril de 2018 por la Dirección General dirigida por Trenzano sobre las ayudas al fomento del valenciano.

Una sentencia del Juzgado de lo Social Nº3 de León ha reconocido a un enfermero pensionista por una incapacidad total permanente del 75 por ciento el derecho a percibir el complemento de pensión de jubilación por sus dos hijos como lo perciben las mujeres jubiladas que están en esa situación.

El enfermero, asistido por los Servicios Jurídicos de SATSE, solicitó el 22 de diciembre de 2020 al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ese complemento por su paternidad de dos hijos, puesto que tenía concedida la jubilación por una incapacidad permanente total del 75 por ciento (por sentencia del Juzgado de lo Social Nº3 de León, confirmada por el TSJ de Castilla y León en enero de 2020).

Según el comunicado de SATSE, el INSS le denegó dicho complemento, por lo que el enfermero presentó demanda contra esa resolución de la Seguridad Social.

En su sentencia, el Juzgado de lo Social Nº3 de León ha considerado que el demandante debe percibir dicho complemento con carácter retroactivo desde el 22 de diciembre de 2020 (cuando lo solicitó al INSS) basándose en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la normativa europea.

Asimismo, ha recordado que la jurisprudencia del TJUE establece que ese complemento está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva europea 79/7 sobre el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

En concreto, como cita el fallo judicial de León, la sentencia del día 12 de diciembre de 2019 del TJUE prevé que «la Directiva 79/7/CEE relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión».

La sentencia concreta que el complemento por maternidad «no se vincula a la maternidad biológica, el embarazo o el parto sino a la crianza de hijos/as y la práctica de cuidar, por ser un factor que redunda negativamente en la carrera profesional e ingresos salariales de las personas trabajadoras».

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al director general de Política Lingüística y Multilingüismo de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, del delito de falsedad documental en ayudas al valenciano concedidas a empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El órgano judicial absuelve a Trenzano y ordena notificar la resolución a las partes, que disponen ahora de diez días para presentar recurso de apelación. El director general se sentó a finales del pasado mes de septiembre en el banquillo acusado por el Partido Popular –que ha ejercido la acusación popular– de supuesta falsedad documental, por la que pedía seis años de prisión. La Fiscalía, por su parte, no veía delito y reclamó el sobreseimiento de las actuaciones, al igual que la defensa.

En la sentencia, datada el 19 de octubre, los magistrados mantienen que, en este caso, «en modo alguno resulta acreditada de forma absolutamente indubitada, la concurrenciaen la conducta del acusado de todos los elementos objetivos y subjetivos que el tipo del delito de falsedad documental o, subsidiariamente, un delito de falsedad en documento oficial cometido por imprudencia grave».

En este sentido, aseguran que de las pruebas practicadas no resulta que el contenido del escrito que se envió a Eva Ortiz «se realizará una mutación de la verdad por alguna de las conductas tipificadas en la norma penal» ni «tampoco concurre el dolo falsario».

La sentencia recuerda los diversos testimonios aportados y concluye que «consta acreditado que se realizó la comprobación administrativa de la concesión de la subvención en cada una de sus fases (solicitud, justificación y pago) y la comprobación material se realizó en el trámite de justificación en el que además de la documentación correspondiente se aportó el disco duro».

«Y que tras el escrito de Doña Eva Ortiz –prosigue– se comprobó de nuevo toda el expediente de la subvención respecto de las empresas a las que se refería la síndica del grupo parlamentario popular. Y posteriormente, se aprobó un nuevo Plan de Control estableciéndose el criterio del riesgo para poder comprobar de nuevo a las citadasempresas».

Consecuentemente, apunta, «no se ha acreditado que en el escritode fecha 6 de abril de 2018 se recojan hechos inveraces. Noconcurre, respecto del delito que se imputa al acusado elelemento objeto de cometer la falsedad. Es decir, la alteración o mutación de la verdad en un documento público u oficial». Por todo ello, considera que debed dictarse la absolución.

La causa surgió a raíz de una denuncia de la ex portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relación a la presunta falsedad en algunas de las manifestaciones contenidas en un documento emitido en abril de 2018 por la Dirección General dirigida por Trenzano sobre las ayudas al fomento del valenciano.

En concreto, en el escrito de la representante ‘popular’ se denunciaba que el director general habría faltado a la verdad al afirmar que las empresas valencianas nombradas y beneficiarias de una subvención en 2015 y 2016 de ayudas al valenciano «presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias».

Aunque inicialmente el juzgado acordó el sobreseimiento de la causa al entender que correspondía al ámbito contencioso-administrativo y no ver indicios de ilícito penal, la Audiencia revocó esa decisión y acordó continuar el procedimiento.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 9 de València abrió juicio oral y Trenzano se sentó a finales del pasado mes de septiembre en el banquillo acusado por el Partido Popular –que ha ejercido la acusación popular– de un delito de falsedad documental por el que pedía seis años de prisión. La Fiscalía, por su parte, no veía delito y reclamó el sobreseimiento de las actuaciones, al igual que la defensa de Trenzano.

«CONFIANZA PLENA»

En su declaración, Rubén Trenzano negó haber cometido irregularidades en las ayudas concedidas a las empresas vinculadas a Francis Puig, y aseguró que no lo conocía. También explicó que él firmaba lo que decían sus técnicos, con quienes tenía «confianza plena», y aseveró que se revisaron las subvenciones y no se vio nada ilegal.

Por su parte, el ministerio público apreció «mala fe» en la diputada popular Eva Ortiz. «Dar relevancia jurídico penal a esto me parece ridículo. Si Trenzano tuviera que revisar todas las actuaciones de los técnicos no tendría tiempo, tiene que poner a gente de confianza. No es un técnico en derecho», expuso el fiscal en sus conclusiones, en las que insistió que no había delito, sino una «persecución con fines políticos» probablemente «ilícitos».

De hecho, el Ministerio Fiscal –y también la defensa– había solicitado la condena en costas a la acusación popular, atribuyéndole haber actuado con temeridad o mala fe. Sin embargo, la sala estima que no procede.

Un total de 69 internos de la cárcel malagueña de Archidona han dado positivo en coronavirus hasta el momento, según han informado desde Instituciones Penitenciarias.

Así, las fuentes han indicado que se realizaron 120 pruebas PCR, en las que han dado positivos esos 69 internos, «todos del mismo módulo y todos asintomáticos o leves». Asimismo, han señalado que «se está a lo que se determine desde Salud de la Junta de Andalucía».

Al respecto, desde el Gobierno andaluz han indicado que se están haciendo las pruebas que se van requiriendo para determinar los contagios, pero por el momento no está previsto un cribado masivo, «lo que no quiere decir que si se ve la necesidad se haga».

El brote se localizó en el módulo que alberga a los llamados «destinos», que son personas internas que desempeñan actividades en otras zonas de este centro penitenciario.

Así, los sindicatos con representación en la prisión han solicitado que la realización de pruebas para detectar los casos de COVID-19 se extienda también a los funcionarios.

En este sentido, desde CSIF han considerado «inadmisible que se deje fuera de los cribados a los funcionarios que han estado en contacto con los casos confirmados», por lo que han remitido un escrito a la dirección del centro exigiendo que «a través del servicio de salud público de Andalucía se realice un cribado entre la plantilla del centro».

Así, tanto desde CSIF como desde Acaip-UGT han indicado que «pese a haber tenido contacto, no se han realizado pruebas a los trabajadores del módulo afectado, obviándose la gravedad de la situación».

Desde Acaip-UGT han instado a «una interpretación extensiva de los protocolos» en cuanto a los contactos, señalando que los trabajadores que han estado en ese módulo «se están haciendo ellos por su cuenta pruebas de antígenos porque no se les ha considerado contacto estrecho».

Por otro lado, según CSIF «se ha detectado al menos un caso positivo también en el Centro de Inserción Social (CIS) ‘Evaristo Martín Nieto’ de un interno proveniente del centro penitenciario Málaga II, y una interna que había estado en contacto estrecho se encuentra en cuarentena tras resultar negativo el test de antígenos realizado».

El 28,1% de los ciudadanos ha mejorado su relación con la familia durante la pandemia, según se desprende del V barómetro de resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) monográfico sobre ‘Efectos y consecuencias del coronavirus’. Esta cifra representa seis puntos más que hace un año, con un 22,3% de los españoles que aseguraba que esta relación había mejorado, debido principalmente al confinamiento, al ser preguntados en noviembre de 2020.

El estudio de este año –basado en más de 3.097 entrevistas y realizado del 11 al 30 de septiembre– detalla el impacto de la pandemia en las relaciones personales: para el 28,1% mejoró su relación de familia; para el 18,7%, su relación con los amigos (empeoró para el 12,8%); para el 18%, su relación de pareja; para el 17,2%, su relación con los vecinos y para el 13,9%, su relación con el entorno profesional, académico o laboral (empeoró para el 13,1%).

Por el contrario, el año pasado, durante el confinamiento empeoraron las relaciones con los amigos (para un 15,3%) aunque la relación que más sufrió durante este periodo fue la laboral, pues un 17% asegura que empeoró la relación con su entorno profesional o académico. En el resto de supuestos, apenas hay variaciones.

Por otro lado, preguntados si durante la pandemia algunas personas han cambiado costumbres o formas de pensar, el 82% de los ciudadanos afirma que se ha interesado más por la gente que le importa; el 78,7% dice haber aprendido a valorar más los beneficios de las actividades al aire libre; el 78,3% ha aprendido a valorar más las relaciones personales; el 61,7% ha disfrutado más de actividades lúdicas con sus familiares; el 60,5% ha cambiado sus valores y ahora valora y aprecia cosas que antes no; y el 52,7% se ha interesado por el futuro más que antes.

Además, para un 30,3% la pandemia ha cambiado mucho su forma de vivir y para un 35,4%, bastante; y para el 32,1% ha cambiado mucho sus hábitos sociales y de comportamiento social, y para un 35,1% bastante. Principalmente, para el 36,5%, ha cambiado su forma de vivir en la reducción, evitación o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social; y para el 24%, ha cambiado en la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes).

Sobre el impacto en la forma de pensar, un 11,3% dice haber tenido que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos y sobre el impacto en hábitos sociales, un 48,4% ha reducido o limitado las relaciones sociales y familiares, mientras un 30,1% ha limitado o disminuido las salidas (actividades, paseos, ocio, viajes). En cuanto al impacto en la salud, un 21,1% dice tener ahora hábitos más saludables y cuidarse más (alimentación, deporte, caminar).

AUMENTAN LOS CONTACTOS Y LAS VIODEOLLAMADAS

Respecto a las actividades más realizadas en casa con más frecuencia de lo que lo hacían habitualmente antes de la pandemia, el 81,3% ha estado más pendiente de los miembros de su familia (contactando más por teléfono con su/s padre/madre, supervisando las tareas escolares de su/s hijos/as, etc.); y el 80,7% se ha conectado más por videollamada con sus familiares o amigos.

En la misma línea, el 74,5% ha seguido más las noticias de los distintos medios de comunicación social; el 72,3% ha visto más series, películas, documentales o eventos deportivos, etc. (en TV, tablet, PC, móvil, etc.); el 71,6% ha intercambiado más mensajes, fotos, vídeos, chistes en sus grupos de chats y el 51% ha estado más pendiente de sus redes sociales. Para el 35,2%, la realización de estas tareas hizo que se sintieran en unas cosas mejor y en otras peor.

Además, un 58,6% afirma que, a lo largo de estos meses de pandemia han estado reflexionando o pensando sobre su salud, al tomar decisiones o hacer propósitos para mejorar en este sentido; un 54,4%, su actividad física; un 46,9%, su relación con la familia; un 45,9%, sus hábitos de alimentación y un 42,1%, sus amistades y relaciones sociales.

En cualquier caso, un 78,5% de los encuestados afirma no haber hecho en estos meses algún propósito de cambio frente a un 21,2% que sí asegura haberlo hecho. De este último porcentaje, la mayoría (22,6%) detalla que está relacionado con cuidados personales, hábitos saludables, mentales y físicos; un 13,1% sobre cambio de trabajo, profesión, mejora laboral, búsqueda de empleo, ideas de negocio; un 12,2%, empezar o seguir con estudios, cursos, formación, oposiciones y un 11,9%, ser mejor persona, ser autosuficiente, dar prioridad a lo importante.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 14 años y medio de prisión por un delito de homicidio con la agravante de superioridad a una mujer que apuñaló a un joven en su domicilio, en la localidad de Cabo Blanco (Arona), en 2018.

La Sala estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la mujer contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, al igual que la dictada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, le impuso una pena de 17 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía.

El tribunal dicta una condena por un delito de homicidio, no de asesinato, al considerar que en este caso no se ha producido plenamente la alevosía, por lo que sustituye esta agravante por la de abuso de superioridad, lo que conlleva una rebaja de la pena.

Según los hechos probados, el 4 de agosto de 2018, sobre las 10.00 horas, la acusada, con el ánimo de acabar con la vida del joven, lo apuñaló con un cuchillo de grandes dimensiones, en el domicilio de este, donde la mujer había acudido junto a su hija menor de edad.

La primera puñalada se produjo en la zona alta de la espalda de la víctima, que había ido al baño y estaba desprevenida, pero después le propinó muchas otras.

La acusada, despreocupándose del estado de la víctima, se fue a su casa donde se duchó y cambió de ropa y, posteriormente, se marchó al aeropuerto y compró un billete para el día siguiente con intención de abandonar el país con destino a Cuba, siendo detenida por la Guardia Civil antes de que pudiera conseguirlo.

La víctima fue trasladada al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, de Santa Cruz de Tenerife, donde fue intervenida quirúrgicamente, falleciendo a consecuencia de un shock hemorrágico hipovolémico producido por múltiples heridas de arma blanca infligidas por la acusada.

La Sala considera que el hecho probado, a tenor del veredicto del jurado, es que se produjo una primera puñalada en la zona alta de la espalda estando la víctima, que había acudido al baño, desprevenida, que después siguieron muchas otras y que algunas de ellas determinaron el fallecimiento.

La sentencia añade que declaró probado un comienzo alevoso de la agresión pero no que ese inicio marcase ya una irrecuperable –total o casi totalmente– capacidad de defensa o generase un desequilibrio determinante y anulatorio de las posibilidades de defensa, ni tampoco que el componente alevoso persistiese.

«Lo que podía haber sido un resultado mortal producido con alevosía acabó –o pudo acabar– transformado en una muerte dolosa en un marco ajeno a una alevosía que se había desvanecido. Al comportamiento alevoso siguen concatenadamente nuevos actos agresores despojados ya del elemento alevoso; aunque persistiendo una superioridad –basada tanto en el arma, como también en esos preliminares alevosos–. El hecho probado es compatible con esa hipótesis que empujados por la presunción de inocencia tenemos que barajar como posible», concluye la Sala.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, espera que «cuanto antes se proceda a la renovación» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dentro de la senda del «acuerdo de Estado» iniciada entre PSOE y PP, «para evitar que su bloqueo impacte negativamente en las vidas de la ciudadanía», tras la advertencia del Tribunal Supremo (TS) de que habrá mil sentencias menos al año si no se renueva dicho órgano.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba antes de clausurar el XXXV Congreso de la Unión Progresista de Fiscales ‘Reencuentro Progresista’, acompañada de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, Llop se ha mostrado «muy satisfecha de que haya sido posible que las fuerzas políticas mayoritarias hayan llegado a un acuerdo sobre las personas candidatas a ocupar puestos en órganos constitucionales».

Y es que, según ha subrayado, «se estaba sufriendo una situación de parálisis y bloqueo institucional en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas y en el Defensor del Pueblo, que no se podía aguantar».

Sin embargo, considera que «este acuerdo de Estado, de las fuerzas políticas mayoritarias, debe trasladarse también al CGPJ», algo que cree que «es posible», después de que «hasta ahora es el PP el que ha estado bloqueando la posibilidad de acuerdo», ha apostillado.

Al respecto, la ministra ha manifestado que este viernes «el propio CGPJ ha hecho una publicación diciendo que no renovar el Consejo supone un retraso de más de mil sentencias al año». «Imaginad cómo impacta ésto en las vidas ordinarias de los ciudadanos», ha exclamado.

Así, Llop ha lamentado que «los ciudadanos van a ver retrasos en la resolución de sus asuntos porque existe el bloqueo y el incumplimiento de la Constitución».

Por todo ello, ha pedido «estar a la altura de las circunstancias y que se pueda renovar el CGPJ cuanto antes», dado que «estamos en la senda de diálogo y reencuentro institucional de los grandes acuerdos de Estado que hay que llevar y hacer en el país», ha defendido.

El Supremo ha avisado así de la situación a la que tendrán que enfrentarse las diferentes salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del CGPJ. Se da la circunstancia de que PP y PSOE han desatascado la negociación para renovar órganos constitucionales con un acuerdo que cristalizó este jueves, pero de momento han dejado fuera al CGPJ.

Unidas Podemos ha exigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no haya una respuesta institucional sobre el futuro del diputado Alberto Rodríguez hasta que no se reúna el próximo martes la Mesa de la cámara ante la «gravedad» del nuevo escrito del Tribunal Supremo, que alude a que su inhabilitación es obligada.

Así lo ha trasladado en Twitter el secretario primero de este órgano parlamentario y diputado del espacio confederal, Gerardo Pisarello, tras reprochar al presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, de ser consciente de que «dejar por escrito» que Rodríguez pierda el acta «sería prevaricar y «por eso no lo dice».

«Dada la gravedad del caso, exigimos que no haya ninguna respuesta institucional antes de que la Mesa se reúna el próximo martes» ha aludido Pisarello en referencia al escrito remitido por el alto tribunal tras la petición de aclaración que decidió remitir la propia Batet ante el debate sobre si la inhabilitación del sufragio pasivo comportaba también la pérdida del escaño para Alberto Rodríguez.

«ESTÁ FORZANDO UNA CRISIS ENTRE EL LEGISLATIVO Y EL JUDICIAL»

A su vez, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha criticado que Marchena está «forzando una crisis constitucional entre el poder legislativo y el poder judicial sin precedentes», para agregar que en ninguno de los cinco escritos cursados por el alto tribunal se alude a la obligación de quitarle el escaño al diputado, pues «saben que eso sería prevaricar».

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha opinado que el nuevo escrito de Marchena «deja claro» que el diputado de su formación Alberto Rodríguez «no debe perder el escaño».

«Dos veces habla de inhabilitación para sufragio pasivo (no poder presentarse a las elecciones) y ninguna de la pérdida del acta. No puede escribir lo segundo porque eso sería prevaricar y lo sabe», ha lanzado en Twitter.

Junto a Echenique también se ha pronunciado el diputado de Unidas Podemos y secretario tercero de la Mesa de la Cámara Baja, Javier Sánchez Serna, al destacar que Marchena «no se atreve a poner por escrito» que haya que quitarle el escaño a su compañero de bancada, porque la sentencia «no dice eso».

«Pretende que lo haga la presidenta del Congreso para que cuando esta aberración llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda decir que él no es responsable», ha criticado Sánchez Serna.

CRONOLOGÍA DE LA POLÉMICA

El nuevo oficio se produce después de que Batet solicitara al Alto Tribunal que aclarara el alcance de la pena al diputado por delito de atentado a la autoridad en lo concerniente a si la inhabilitación supone retirarle el acta, dado que el parlamentario ya ha abonado la multa sustitutiva por los 45 días de prisión decretados en la resolución.

Todo ello tras el escrito del miércoles del Supremo en reacción al acuerdo de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos suman mayoría, concluyera el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.

El grupo confederal respaldó esta nueva petición de aclaración al TS dado que en el fallo condenatorio no existe «nada» en el que se infiera que debe perder el escaño. Y en este sentido, advirtió al alto tribunal que esclarecer no puede comportar «inventar algo que no está en la sentencia».

De esta forma, Unidas Podemos subrayó que privarle de su condición de parlamentario hubiera implicado tener que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dado que se habría incurrido en una clara «prevaricación», una «barbaridad» y una «vergüenza» para España.

Un total de 7.835 incendios forestales se han contabilizaddo en España desde el 1 de enero hasta el 17 de octubre, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que señala que la cifra es un 25 por ciento menor a la media del último decenio, que se sitúa en 10.496 siniestros.

Sin embargo, pese a reducirse el número de fuegos, la superficie total quemada en el conjunto de España ha crecido un 5 por ciento respecto a la media decenal, hasta las 85.959,88 hectáreas, una cifra que para el Miteco está «muy influenciada» por el gran incendio que ocurrió este verano en Navalacruz (Ávila), que fundamentalmente afectó a superficie e pastos.

En total, de los 7.835 siniestros, el 67 por ciento (5.227) fueron conatos, con una superficie quemada menor a una hectára y el 33 por ciento restante, 2.608, fueron incendios, con más de una hectárea afectada, de los que 20 enengrosan la categoría de grandes incendios, al haberse calcinado en ellos más e 500 hectáreas.

De acuerdo con los datos, el año 2021 –hasta la fecha– se sitúa como el tercer mejor año de la última década por número de incendios, por detrás de 2020 y 2018. De ellos, el 41,37 por ciento de los fuegos se contabilizó en la zona noroeste, el 36,77 por ciento en las comunidades interiores, el 21,31 por ciento en la región Mediterránea y el 0,55 por ciento en Canarias.

Por tipo de vegetación, las más afectadas fueron las comunidades interiores (Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura) que asumen casi la mitad (48,19 por ciento) de la superficie forestal quemada y el 39,33 por ciento de la superficie arbolada quemada.

Otro de los aspectos que marcan este 2021 es el repunte en el número de grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas de superficie afectada y que, hasta el 18 de octubre, asciedenden a una veintena. Entre ellos, cabe recordar el de Navalacruz (Ávila) que arrasó 21.312 hectáreas y se ha convertido en el segundo mayor de esta década; seguido por el de Jubrique (Málaga), con 7.664 hectáreas quemadas.

De hecho, solo estos dos incendios copan el 61 por ciento del total de la superficie forestal afectada por GIF en el verano (47.844,53 ha.) y un 34 por ciento de la superficie forestal afectada por el total de los incendios producidos en España hasta el momento.

Precisamente, el MITECO valora que el incendio de Navalacruz ha contribuido a que a pesar de que 2021 está siendo un año con un 25 por ciento menos incendios, la superficie quemada es un 5 por ciento mayor.

Por otro lado, informa de que el Gobierno ha prestado ayuda a las comunidades autónomas con 1.030 intervenciones en 329 incendios forestales de los 7.835 totales.

De cara al otoño y el invierno, que tienen menor riesgo de incendios que el verano, el MITECO mantendrá un dispositivo fuera de estos meses que pueda prestar ayuda en cualquier punto del territorio nacional. En concreto, informa de que a partir del 31 de octubre permanecerán operativos 2 aviones anfibios de gran capacidad, todos los días del año; 5 helicópteros de gran capacidad, entre los meses de febrero a mayo; 1 avión de coordinación y observación, entre los meses de febrero a junio; 5 BRIF con helicóptero de transporte y extinción, entre los meses de febrero a abril y 10 brigadas disponibles todos los días del año.

Por otro lado, tras la campaña de verano el MITECO activa como medios de prevención 10 Brigadas de Labores Preventivas (BLP) y 21 Equipos de Prevención de Incendios Forestales (EPRIF).

Finalmente, recuerda que España colabora activamente en el programa ResceEU de la Comisión Europea en la extinción de incendios con dos aviones anfibios de gran capacidad que están disponibles desde el 15 de junio hasta el 31 de octubre para dar apoyo a los países que lo soliciten. Durante esta campaña, los medios aéreos del MITECO han realizado 17 intervenciones internacionales para apoyar a Grecia, Turquía y Portugal en la extinción de los incendios declarados durante este verano.

Los cerca de 500 participantes del XV Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre han concluido que educar en ecología a la población es una «necesidad urgente» para transferir los conocimientos científicos a la sociedad y de esta manera, concienciarla.

El congreso, que se ha desarrollado durante 4 días, del 18 al 21 de octubre, se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Plasencia (Cáceres) para compartir conocimientos y buscar respuestas para frenar las alteraciones del cambio global.

Los impulsores del Congreso son la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), que forman más de 800 profesionales de la ecología y el medioambiente, apoyada por la Universidad de Extremadura, el Instituto de Investigación de la Dehesa (Indehesa), la Junta de Extremadura y las entidades Fundecyt PCTEX y AllGenetics.

En el congreso se han compartido 450 trabajos científicos sobre los diferentes cambios detectados en la naturaleza y los participantes analizaron cómo la ecología ayuda a afrontar los retos derivados del cambio social entre ellos la pérdida de biodiversidad o la degradación de los ecosistemas.

Por último, la AEET ha galardonado con los ‘Premios Luis Balaguer’ que reconoce la trayectoria de los investigadores a la investigadora especializada en el estudio del impacto de plantas invasoras, Montse Vilà, y el profesor investigador del CSIC que dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Fernando Valladares, premiado por la transferencia de conocimientos a la sociedad.

El presidente de la AEET, Ignasi Bartomeus, asegura que la ecología da «señales muy claras de que es el momento de actuar y tenemos claroqué podemos hacer para revertir o atenuar los efectos negativos del cambio global, por eso demandamos que se ponga en práctica el conocimiento ecológico generado», ha dicho.

Por su parte, la investigadora del Departamento de Medio Ambiente y Agronomía del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Marta Goberna, señala las dificultades que encuentran a la hora de transmitir a la sociedad que hay determinadas prácticas humanas que rompen los equilibrios naturales, lo que frena el impulso de actividades que respeten este equilibrio».

Unas 100 personas se han manifestado ante las puertas del Liceo Caracense de Guadalajara, a raíz de que desde este centro educativo se haya comunicado a una alumna de 12 años, de padres de religión musulmana y de nacionalidad española, que no puede entrar con el velo en clase.

Según la madre, Sana Mahir, desde que su hija decidiera, hace varias semanas, ponerse el velo «por su propia voluntad», la dirección del centro le advirtió que no podía llevarlo en el aula porque estaba infringiendo las normas de convivencia, organización y funcionamiento (NCOF) del propio centro, advirtiéndola de que había que respetar estas normas y que en caso contrario, el no hacerlo podría conllevar la suspensión, de momento, del derecho a asistir a clase por un periodo de quince días.

Para Sana, «esto es solo es una norma, no una ley», y ha asegurado que, desde entonces, toda la familia «está sufriendo mucho porque la niña lleva dos semanas sin asistir a clase. La dejan fuera», ha asegurado, versión que se contradice con la que ha ofrecido la Consejería de Educación tras hablar con el centro.

Pero la familia ha insistido en que niña entra cada día en el instituto pero que no la dejan acceder al aula y es que, aunque no ha sido expulsada, si ha sido advertida de que si no se pone el velo no puede entrar en el aula. «Este rechazo le hace mucho daño», ha dicho Sana.

Aunque desde la Delegación de Educación se ha ofrecido a la familia la opción de que su hija siga los estudios en otro centro educativo donde no rigen las mismas normas, ya que cada uno tiene las suyas, la familia no quiere que se marche a estudiar a otro instituto porque este les gusta.

«Es un centro público y en España no hay ninguna ley que prohíba llevar el velo», ha apostillado tras insistir en que su hija «es más española que árabe y sabe hablar español aunque es también musulmana», ha subrayado.

La Delegación de Guadalajara está tratando de mediar para que no salga perjudicado el centro pero tampoco la alumna, a la que se ha ofrecido acudir a otro instituto pero ni la familia ni ella quieren esa decisión.

Desde la Consejería de Educación, pese a admitir que este tipo de normas dependen de cada centro y no de la Consejería, han apuntado que la alumna puede asistir a clase pero que como el Liceo tiene unas normas de funcionamiento, si no se cumplen, se da un aviso previo para que se cumplan. De momento, ya ha recibido una amonestación por la cual, si se reitera en no cumplir las normas, no podrá asistir a clase en quince días.

Unas normas de convivencia que la Delegación de Educación, en coordinación con el centro educativo, están analizando pero que han sido aprobadas en un Consejo Escolar.

El presidente de la Generalitat, Pera Aragonès, ha pedido este viernes al Gobierno que mantenga los fondos Covid o un instrumento equivalente» en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras advertir de que la pandemia del coronavirus aún no ha terminado.

«El fondo Covid permitía un refuerzo para la sanidad pública, y no está previsto que este fondo tenga continuidad en los próximos PGE. Es importante que este fondo o un instrumento equivalente se puede incorporar», ha reclamado en rueda de prensa acompañado de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, con quien se ha reunido en el Palau de la Generalitat.

Y es que, según Aragonès, aún hay personas enfermas y hospitalizadas por Covid y ha advertido de que se acerca el invierno y tocará «gestionar la pandemia, con la esperanza de que se mantenga en los niveles actuales».

Aragonès y Armengol han repasado la situación sanitaria en ambas comunidades y han abordado las medidas que han llevado a cabo para combatir el virus, pero también han constatado que comparten intereses «en materia cultural, de historia y de futuro, especialmente en retos como el económico, ambiental, social y mediterráneo».

Sobre los PGE, la presidenta Balear ha defendido que son «buenos en términos de políticas sociales, auque hay algunas cuestiones que hay que replantear», pero ha celebrado que por primera vez haya una partida que reconoce el factor de insularidad de las Islas Baleares para equilibrar el déficit.

Armengol ha recordado que se aprobó un decreto ley en 2019 sobre un régimen fiscal especial para Baleares, y que quedaban por implementar el factor de insularidad que se ha conseguido en estos PGE y «queda la parte del régimen fiscal», para lo que se ha emplazado a trabajar con el Gobierno en las comisiones bilaterales y se ha mostrado convencida de que conseguirán un acuerdo.

Preguntada por si ha intentado convencer a Aragonès para que ERC apoye las cuentas, Argmengol ha asegurado que habla como presidenta de la Islas Baleares: «No soy nadie para valorar lo que hacer ERC en el Congreso», ha zanjado.

FINANCIACIÓN

En materia de financiación, Aragonès ha asegurado que ambos territorios quieren ser responsables de los recursos fiscales que generan y poderlos administrar, pese a admitir que los horizontes políticos de futuro que plantean son «diferenciados».

Por su parte, la presidenta Armengol ha asegurado que Catalunya y Baleares tienen similitudes en cuanto a perjuicios en la financiación autonómica, y ha añadido que «desde el respeto absoluto del planteamiento del Govern catalán, es importante trabajar conjuntamente» en este asunto.

«Compartimos con Cataluña esta infrafinanciación histórica», ha insistido la presidenta balear, que ha defendido que tanto Cataluña como las Islas son territorios que han aumentado su población, y ha pedido que el Gobierno tenga la mirada puesta en los territorios que tienen un mayor crecimiento poblacional a la hora de fijar la financiación.

Ha apostado por un nuevo sistema de financiación, con «criterios de ordinalidad y mayor corresponsabilidad fiscal», y ha reconocido que cada gobierno tienen sus propias estrategias pero ambos quieren las mejores garantías para los ciudadanos que representan.

VISITA A PALMA

Tras la visita de Armengol al Palau de la Generalitat, Aragonès ha anunciado que a finales de noviembre será él quien viaje a Palma de Mallorca para reunirse con la presidenta del Govern balear con voluntad de «fortalecer las relaciones» entre ambos territorios.

«Somos dos territorios hermanos, tenemos muchos intereses compartidos, un pasado y sobre todo un futuro compartido que tenemos que trabajar conjuntamente», ha zanjado.

La presidenta balear, que ha celebrado que a finales de noviembre Aragonès vaya a Mallorca a reunirse con ella, ha asegurado que siempre ha habido la misma voluntad de diálogo y colaboración institucional con Cataluña, ya que son territorios con «muchos lazos comunes», al ser preguntada por si ha notado cambios en la relación con la Generalitat catalana respecto a cuando la presidía Quim Torra.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén, dictada en marzo de este año, y en la que se condenaba a 27 años de cárcel a un hombre, de 56 años, por abusar sexualmente durante seis años consecutivos de las dos sobrinas de su entonces pareja, cuando las niñas tenían seis y nueve años.

En concreto, la sentencia, según ha informado el TSJA, le condena por dos delitos continuados de abusos sexuales y otro de corrupción de menores. Además de la pena de prisión, se le condena a indemnizar a cada una de las dos menores en 50.000 euros, y al pago de todas las costas.

Los hechos sentenciados y ahora ratificados por el TSJA, se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2017. Durante estos años, las dos menores, que declararon a puerta cerrada durante el juicio celebrado en la Audiencia de Jaén, padecieron numerosos episodios de abusos sexuales con y sin acceso carnal por el que consideraban su tío. Además, en el teléfono móvil del acusado se encontraron vídeos y fotografías de una de las menores en situación de alto contenido sexual.

De esta forma, el tribunal considera como hechos probados que el procesado sometió a la menor a sesiones fotográficas donde «aparecía desnuda o le decía que se hiciese ella fotografías, indicándole como tenia que hacerlas y se las enviase a él, realizándole también al menos siete videos». Además, recoge la sentencia que «cuando la menor se negaba doblegaba su voluntad con regalos», y además da por probado que el procesado envió estas fotos y videos a terceras personas.

Como consecuencia de estos hechos, las dos menores han visto»afectado seriamente su desarrollo emocional y presentan sintomatología depresiva, agresividad, desconfianza generalizada, sentimientos de vergüenza y culpabilidad», además de haber repercutido negativamente en su rendimiento académico.

Fue durante un estudio que estaba realizando la UJA en un centro escolar donde una de las menores acabó respondiendo en un cuestionario que había sido víctima de violencia sexual. A partir de aquí se informó a los padres que acabaron denunciando el caso.

El acusado, durante el juicio celebrado en febrero de este año, señaló que las acusaciones de las menores eran «inauditas» y negó su veracidad, pero el tribunal entiende que «las declaraciones de las menores reúnen todos losrequisitos exigidos por la jurisprudencia para la destrucción de lapresunción de inocencia del procesado con respecto a los delitos» por los que finalmente se le condena.

Las dos niñas, primas entre sí, pasaban tiempo en la casa de su tía, en Jaén capital, donde desde 2009 y hasta 2016 residió también el acusado mientras duró la relación sentimental.

Cuando se destaparon los vídeos, fue el propio acusado el que en enero de 2019 entregó su móvil en la comisaría donde a pesar de haber borrado archivos, la Policía localizó los archivos y fotos, así como conversaciones con una de las menores donde el acusado, entre otros términos, se dirigía a ella como su «amor».

La sentencia todavía no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo (TS).

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), ha anunciado este viernes que aspirará a recuperar la alcaldía en 2023 para que la ciudad «vuelva a tener el alcalde que quiere la mayoría».

Lo ha dicho en una comparecencia después de que esta mañana los grupos de la oposición –PSC, Guanyem Badalona, ERC, Badalona En Comú Podem y Junts– hayan registrado la moción de censura para desplazarlo de la alcaldía por su aparición en los ‘Pandora Papers’, y que con toda probabilidad prosperará y hará alcalde al socialista Rubén Guijarro en un pleno previsto para el próximo 8 de noviembre.

«Si alguien cree que a medio plazo seguirá ganando en los despachos lo que no gana en las urnas es que no conoce a esta ciudad y no me conoce a mi, los vecinos lo dejarán claro en las próximas elecciones municipales del 2023″, ha dicho.

El líder popular también ha tachado de «tremendamente injusta» la moción de censura, y ha admitido visiblemente emocionado que está viviendo momentos duros a nivel familiar, personal y político, así como que esta era la comparecencia más difícil de su vida.

Asimismo, ha dicho que la moción encabezada por el PSC y la CUP, según él, no es por una decisión que se adoptó hace 16 años, sino que se sustenta en la «incapacidad y en la impotencia política» de ver cómo el proyecto del PP en la ciudad cada día tiene más apoyo, tanto en la izquierda como en la derecha.

También ha destacado que cuando en 2015 el PSC regaló la alcaldía a la CUP y en 2019 la CUP se la regaló a los socialistas –en sus palabras– no había sobre la mesa ningún poder mercantil como excusa a la que acogerse.

El popular también ha destacado la labor de su equipo durante el tiempo que ha sido alcalde y que «no ha pasado ni una sola semana» en que la oposición no reclamase una moción de censura.

Además, ha dicho que según él, la gran tragedia de Badalona es la desconexión y alejamiento que los partidos de la oposición tienen con el sentimiento real y mayoritario de sus vecinos y que la ciudad no puede seguir en manos «del odio y el resentimiento del partido socialista y la CUP».

También ha insistido en que los barómetros muestran la confianza que los vecinos tienen en su proyecto y ha reprochado a la oposición que ellos no la tienen, al igual que tampoco disponen de un proyecto de ciudad ni de horizonte de futuro, según él.

Albiol recuperó la alcaldía de Badalona en mayo de 2020 tras dimitir el anterior alcalde, el socialista Álex Pastor, y después de que los grupos municipales no lograran cerrar un acuerdo para articular un gobierno alternativo –Albiol fue investido al haber sido el más votado en las elecciones–.

El Ayuntamiento de Badalona cuenta con 11 concejales del PP; seis del PSC –liderado en la ciudad por Rubén Guijarro–; cuatro de Guanyem Badalona; tres de ERC; dos de Badalona En Comú Podem, y uno de Junts.

El 65% de los españoles ha pensado alguna vez que podría morir por coronavirus, lo que supone que ha aumentado este miedo en la población española con respecto a noviembre del 2020 cuando un 58 por ciento admitía haber tenido este temor, según se desprende del V Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) monográfico sobre ‘Efectos y consecuencias del coronavirus’.

El estudio, basado en más de 3.097 entrevistas y realizado del 11 al 30 de septiembre, muestra que el 61,6 por ciento ha tenido miedo a enfermar desde que se declaró la pandmeia; un 52 por ciento iedo por no recuperar su vida tal como era antes de la pandemia; y el 40 por ciento ha sentido dolor por la pérdida de algún familiar, amigo o conocido a causa del coronavirus.

Nuevamente, muy centrado en la salud mental de los españoles durante la pandemia, observa que el 56 por ciento de la población no está deprimido aunque sí, a veces, se siente triste; del mismo modo, un 60 por ciento no se siente solo nunca, aunque sí se siente preocupado a veces.

Un 54% afirma sentirse a veces tenso o ansioso frente al 25 por ciento que no se siente nunca así y el 14% que dice estar casi siempre en esta situación; mientras que a veces el 34 por ciento se siente deprimido, mientras un 28 por ciento se siente solo. Es positivo que solo el 9 por ciento afirme sentirse siempre preocupado, un 4 por ciento triste y un 3 por ciento deprimido.

Preguntados por estos mismo sentimiento durante la última semana, un 62 por ciento afirma que en ningún momento o casi en ningún momento se ha sentido deprimido, un 72 por ciento no se ha sentido solo y un 53 por ciento no ha estado triste; mientras que en algún momento la mitad de la población se ha sentido preocupado, y el 36 por ciento triste o estresado.

En el lado positivo, todo o casi todo el tiempo, o buena parte del tiempo, el 66,6 por ciento afirma haberse sentido feliz; relajado (61%), ha tenido la sensación de disfrutar de la vida (59%); se ha sentido lleno de energía y vitalidad (56%); y se ha sentido realmente descansado al levantarse por las mañanas (52%).

La crisis del coronavirus ha tenido efectos en la salud emocional de toda las personas, según afirma el 80 por ciento de la población; mientras que el 17,5 por ciento considera que solo se han visto afectados los que la han sufrido directamente.

No obstante, solo el 11,4 por ciento ha pedido ayuda de un profesional debido a su estado de ánimo o situación emocional; el mismo porcentaje de población que ya recurria aun especialista antes de ser declarada la pandemia. De estos, un 58,6 por ciento ha acudido al psicólogo, un 31,7 por ciento ha acudido al médico de cabecera, un 22,4 por ciento al psiquiatra y un 2,3 por ciento al terapeuta.

Preguntados por si algún familiar ha tenido que recurrir a alguna ayuda profesional debido a su estado de ánimo o situación emocional, el 22 por ciento ha contestado afirmativamente. Siendo nuevamente el psicólogo el profesional más demandado (75%), seguido del psiquiatra (26%) y el médico de cabecera (12%).

El portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha asegurado que su formación no descarta una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque aboga por la vía del diálogo con el Gobierno para llegar a acuerdos en beneficio de Cataluña.

«Nosotros no descartamos nada en estos momentos. Tenemos unos días para negociar hasta que tengamos el tiempo de presentar o no la enmienda a la totalidad. No es nuestra intención evidentemente», ha avisado Cleries en una entrevista en el programa Parlamento de ‘RNE’.

El portavoz de Junts ha asegurado que su partido tiene la voluntad de negociar los presupuestos «desde la exigencia y responsabilidad» aunque critica que el contexto «no ayuda mucho», refiriéndose a la ejecución presupuestaria del Gobierno en Cataluña que, asegura, «deja mucho que desear».

«Yo no sé qué opinan hoy los que ayudaron a aprobar los presupuestos del año pasado, porque quien lo haya hecho se ha de sentir muy defraudado. Ha sido un engaño en toda regla», se ha expresado Cleries.

Con todo ello, Cleries avisa de que Junts intentará negociar con el Gobierno diversos puntos como un acto de «responsabilidad» con las inversiones en Cataluña pero con unas «condiciones clarísimas». «No estamos dispuestos a que nos engañen. Abiertos al diálogo, sí, pero ningún compromiso a cambio de nada», ha insistido.

En otro orden de cosas, ha celebrado el «cambio de actitud» por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que, asegura, «se acerca más a nuestro planteamiento» y son «bienvenidos a esta forma de ser exigentes en los presupuestos».

En este sentido, ha subrayado que Junts sigue pidiendo hacer una «negociación conjunta» con ERC en «unos cuantos puntos», pero que aún Esquerra no lo ha aceptado: «En estos momentos Esquerra no ha aceptado, no ha dicho que sí, pero nosotros estamos abiertos en esta recta final de negociación a hacerlo conjuntamente», ha manifestado.

El tiempo libre educativo ha tenido «un papel clave» y ha mejorado la gestión emocional que los adolescentes y jóvenes han hecho de la pandemia, según un estudio que dibuja por primera vez un mapa del ocio educativo en España y que ha detectado al menos 1.259 entidades.

El informe ‘El tiempo libre educativo en España: un impulso para la promoción de la infancia y la juventud’ es un encargo de la Federación de Entidades Cristianas de Ocio Didania y la Fundación Promesa, y se ha presentado este viernes en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de Barcelona, responsable del estudio y vinculada a la Universitat Ramon Llull (URL).

El estudio enumera los beneficios y aportaciones del tiempo libre educativo en el desarrollo y aprendizajes en cuatro ejes: la construcción de identidad y personalidad de niños y adolescentes, la participación social y ciudadana, las competencias académicas y de empleabilidad, y la cohesión social.

Estas líneas de trabajo se han relacionado con 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la educación de calidad.

El director de la Fundación Promesa, Jesús Poudereux, ha afirmado que la presentación del estudio este viernes es el «pistoletazo de salida del siguiente escalón» de su estrategia, que es comunicarlo a todas las partes implicadas, porque ha considerado que todo aquello que ni se conoce ni se ve no existe.

AFECTACIÓN POR LA PANDEMIA

Las principales dificultades de las entidades durante la pandemia han sido la adaptación al formato virtual; la falta de recursos a la hora de recuperar la presencialidad; y también mantener el contacto, sobre todo con los niños más pequeños, por lo que algunas entidades optaron por incrementar sus actividades superado el confinamiento para llegar al mismo número de participantes.

Algunos de los aprendizajes por parte de las entidades, recogidos en el estudio a raíz de la pandemia, han sido la superación de la brecha digital con recursos tecnológicos, «muy beneficiosos si se les da un buen uso», y una alta capacidad de adaptación de las entidades.

Al mismo tiempo, se ha evidenciado la necesidad de formar a los profesionales para mejorar la gestión de los temas psicológicos y la salud emocional, o de ofrecer ayudas económicas a las familias para garantizar la equidad.

MENOS FRACASO ESCOLAR Y MÁS EMPLEABILIDAD

Sobre las aportaciones del ocio educativo, la investigadora Eva Palasí ha destacado la «calidad de las relaciones que se generan en este tipo de programas»: el grupo comparte experiencias y retos que generan lazos y vínculos estrechos que estimulan, entre otros, la autoestima, los hábitos saludables, la capacidad crítica y la tolerancia de los participantes.

También ha explicado que, según el estudio, el ocio educativo fomenta la reducción del fracaso escolar y también mejora la empleabilidad de los participantes porque adquieren competencias como el trabajo en equipo; además, compensan el posibles déficit en un ámbito familiar o escolar.

En cuanto a los beneficios sociales, Palasí ha destacado que el ocio educativo plantea la diversidad como «fuente de creatividad y no de conflicto», a la vez que fomenta dinámicas de intercambio y cooperación en ambientes de diversidad comunitaria.

El equipo de investigadores ha planteado 12 retos de cara al futuro del sector, entre ellos garantizar la equidad en el acceso al ocio educativo e implicar a las entidades del sector público y privado para mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

ALCANCE MUNICIPAL Y VOLUNTARIADO

Sobre la actividad del ocio educativo en España, «una amplia mayoría» –superior al 88% de las entidades encuestadas– tiene un alcance municipal, el 40% de ellas cuenta con más de 150 participantes, un 74,2% no dispone de personas asalariadas y, además, más del 39% cuenta con al menos entre 11 y 25 voluntarios.

Estas conclusiones se han extraído de una encuesta realizada a 271 entidades sin ánimo de lucro, de las 1.259 identificadas, además de cuatro grupos focales de estudio.