La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, son feministas abolicionistas de la prostitución, y tal y como han explicado ambas, en algunas de sus intervenciones públicas, lograr esta medida es uno de los objetivos del Gobierno. La Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual (Ley ‘solo sí es sí) y la Ley contra la trata, será el camino a seguir para lograrlo.

La Ley de ‘solo sí es sí’ nació con el objetivo de proteger a las mujeres de todas las formas de violencia que se ejercen sobre ellas por el mero hecho de serlo y, entre ellas, está la explotación sexual.

Es por eso que en su redacción, tal y como explican fuentes del Ministerio de Igualdad, se han incluido medidas que las feministas abolicionistas llevan pidiendo desde hace años, como la recuperación de la Tercería Locativa y del proxenetismo no coactivo en el Código Penal o el propio reconocimiento de la explotación sexual de las mujeres como una forma de violencia machista.

Con la recuperación de la Tercería Locativa, explicó Irene Montero en septiembre de 2020, se «acaba con la impunidad de los dueños de los prostíbulos». Esta medida, eliminada del Código Penal en 1995, prohíbe que un tercero, que podría ser el proxeneta o quien alquila un local, se lucre con la explotación sexual de una mujer.

En cuanto a la prostitución no coactiva, es una medida que también ha reclamado el Consejo Fiscal en sus informes de 2017 y 2018. Actualmente, solo se pena el proxenetismo coactivo, lo que obliga a las mujeres víctimas de explotación sexual a confirmar que han sido coaccionadas para reclamar ayuda. Tal y como señala Igualdad, esto es algo que la mayoría no se atreve a hacer por miedo a represalias.

FOCO EN LA INDUSTRIA O EN EL CLIENTE

Estas dos medidas entrarían en vigo con la Ley de ‘solo sí es sí’, que actualmente está en elaboración, a la espera del informe que, sobre el texto, debe emitir el Consejo de Estado. La norma ha recibido el informe favorable de la Fiscalía, no así del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pone en duda la definición de consentimiento a una relación sexual que recoge la norma.

Mientras espera el avance de esta norma, Montero ha puesto en valor la labor de su departamento en este tema. «Creo que vamos a ir más lejos que cualquier Gobierno en esta materia», ha declarado, para señalar que la industria proxeneta es, ahora, un sector «poderoso» al que «nadie ha tocado». «Han permanecido en la impunidad siempre», ha denunciado.

En sus declaraciones, la titular de Igualdad ha lamentado que una de las pocas medidas que se han puesto en marcha contra la prostitución en los últimos años es la multa al putero, que el PP incluyó en la Ley de Seguridad Ciudadana. «No es suficiente», ha indicado en este sentido.

Sin embargo, la vicepresidenta primera sí ha abogado en «poner el foco sobre los varones que utilizan la prostitución» y en «perseguir al putero». Lo ha señalado durante una intervención, el pasado mes de marzo, en la que habló de la Ley contra la Trata que prepara el Gobierno.

«SIN PROSTITUCIÓN NO HAY TRATA»

Su postura se mantiene, así, en la que el PSOE registró en un borrado que estaba preparando en 2018, que se basaba en esta penalización del cliente.

Aún así, Calvo ha defendido en rueda de prensa que el Ejecutivo está «en estos momentos» en «el camino correcto» que es el de lograr «una legislación nacional contra la prostitución y la trata». De hecho, ha aclarado, en este sentido, que tanto ella como Montero comparten su visión abolicionista sobre este tema.

Estas declaraciones las hacía, además, unos días después de que Igualdad anunciara que ha empezado con los trabajos de elaboración de esa norma. El Ministerio especificó en un comunicado su intención de «impulsar» un diagnóstico sobre aquellos aspectos a tener en consideración a la hora de abordar una regulación integral del fenómenos de la trata.

También, dijo, estudiará aquellos aspectos de la legislación vigente en materia penal y de protección de testigos, de publicidad, y de atención social, entre otros, susceptibles de ser reformados.

FRENTE A FEMINISTAS, PROSTITUTAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

La ministra de Igualdad no se libra, tampoco en esta ocasión, de las críticas en este tema, ya que hay una parte del movimiento feminista que es más partidario de la regulación de esta práctica y no de su prohibición.

Esta visión se ha visto reflejada en algunos partidos políticos, como Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC) o En Comú, estos últimos compañeros de Podemos en los grupos parlamentarios de Congreso y Senado. Estas formaciones sí abogan por medidas de persecución y castigo a las mafias y de protección de sus víctimas, pero no aprueban la prohibición del ejercicio de la prostitución.

A pesar de esta situación y que la ‘número dos’ del Gobierno reconoce que «no hay unanimidad» en este tema, sí ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que se sumen a la lucha contra la trata. «Vamos a aprovechar los grandes movimientos de mayoría para sacar esto adelante», ha indicado Calvo.

Finalmente, el Ejecutivo deberá enfrentarse al propio movimiento de las profesionales de la prostitución, agrupadas en el conocido como Sindicato ‘Otras’ y que reclaman sus derechos como trabajadoras sexuales, incluyendo su legitimación.

Este sindicato nació en agosto 2018, cuando su registro fue publicado en el Boletín General del Estado (BOE), provocando un enorme debate político. La entonces ministra de Trabajo socialista, Magdalena Valerio, aseguró que no sabía que su departamento había validado este sindicato y aseguró que le habían metido «un gol por la escuadra». La denuncia a esta situación, acabo con el sindicato ilegalizado por decisión de la Audiencia Nacional. Un sentencia que está recurrida.

El Obispo de Vitoria y responsable del área de Migrantes en la Conferencia Episcopal Española, Juan Carlos Elizalde, ha advertido de que «la mayor preocupación de un político debería ser la exclusión social y económica».

Elizalde ha presidido las jornadas de trabajo que desde este viernes se han desarrollado en la Sala Papa Francisco ubicada en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, para analizar la situación de la inmigración en España con la integración como asunto principal.

Según ha informado la Diócesis de Vitoria, tras las ponencias se han logrado diseñar «líneas comunes de actuación que servirán para orientar en la acogida y en la protección de las miles de personas que llegan a nuestro país huyendo de situaciones de guerra, persecución, hambre y enfermedad».

El Obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, inauguró las sesiones apelando a la responsabilidad de las Administraciones Públicas. «Las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino el no dar solución al fenómeno de la exclusión social y económica que afecta a nacionales e inmigrantes que aquí conviven, con las tristes consecuencias que a ellos afecta: trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, especialmente la prostitución como punta del iceberg, tráfico de drogas y armas, y el terrorismo y el crimen internacional organizado», ha incidido.

Monseñor Elizalde, en calidad de responsable del área de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española, ha apelado así a los Gobiernos de los distintos niveles a «trabajar por la integración, especialmente en estos tiempos de pandemia, para evitar estos efectos» y que lo hagan «como uno de los mayores retos a los que deben plantar cara».

La Junta de Andalucía ha administrado hasta este sábado 17 de abril un total de 2.199.059 dosis de la vacuna contra el covid-19 –10.969 más en 24 horas–, lo que supone el 97,63% de las dosis recibidas.

En concreto, 591.004 personas –1.958 más en un día–, lo que supone el 6,96% de la población, han recibido ya la vacuna completa con las dos dosis, mientras que 1.017.051 solo cuentan con la primera.

Por provincias, según indica la Consejería de Salud y Familias en un comunicado, en Sevilla se han administrado un total de 490.022 dosis –862 más en un día– y 130.780 personas —seis más– han completado ya la vacuna, mientras que en Málaga el total de dosis asciende hasta el momento a 392.885 –503 más– y las personas con ambas ya inoculadas son 102.161 –216 más–.

En Cádiz son 306.986 –1.237 más en un día– las vacunas ya administradas y las personas con las dos dosis suman 77.134 –587 más–; en Granada, son 260.598 –486 más– las administradas y 68.985 –151 más– las personas con las dos, y en Córdoba, 247.322 –5.609– las administradas y 72.837 –539– las personas con la pauta completa de la vacuna.

Por último, el total de dosis administradas en Jaén asciende a 186.669 –203 más en un día–, con 53.921 personas con ambas –45 más–; en Almería, a 176.557 –1.956 más– y 47.904 –2.413 más– han completado las dos dosis, y en Huelva, la vacunas puestas son 138.020 –110 más– y 37.282 personas –una más– ya tienen puestas las dos.

Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que pretende que el Gobierno regule por ley la homogeneización de los policías locales en toda España con el fin de homologar uniformes, medios y plantillas y así poner fin a las desigualdades que asegura que existen en la actualidad entre los agentes municipales y en la protección a la ciudadanía.

En su proposición no de ley los de Santiago Abascal reseñan que las características y los medios con los que cuentan los cerca de 70.000 agentes locales que hay en España difieren en función del municipio donde trabajen y de la comunidad autónoma a la que pertenezca.

Así las cosas, en Vox consideran «fundamental» que, debido al alto número de efectivos locales, exista coordinación y cohesión entre las policías municipales para que las desigualdades en la protección de la seguridad pública no afecte a los ciudadanos de los municipios con menos medios.

UN AÑO PARA PRESENTAR UNA LEY

Para ello, en su iniciativa, instan al Gobierno a remitir al Congreso en un plazo máximo de un año una Ley nacional de coordinación de las policías locales que regule de forma armonizada sobre diferentes aspectos para lograr que éstos estén cohesionados y coordinados.

En concreto, el partido de Abascal reclama una estructura de los cuerpos policiales locales y criterios unificados de proporcionalidad entre las diferentes categorías para racionalizar plantillas.

También aboga por regular desde el uniforme hasta el armamento, los medios técnicos, pasando por promover un régimen estatutario específico para, entre otros aspectos, regular sobre la prevención de riesgos laborales o proporcionar a sus afectos un seguro de responsabilidad civil.

Asimismo, sugiere establecer un régimen de formación, incluida la definición y creación de centros públicos de formación de policías locales en España; integrar a sus agentes en las bases de datos policiales dependientes de la Secretaría de Estado; y regular la movilidad, provisión de puestos, accesos y promoción interna.

«La seguridad pública, competencia del Estado, pasa por que los distintos cuerpos de policías locales tengan una homegeneización para llegar al máximo nivel de protección ya no sólo de los ciudadanos sino también de sus agentes», reza la iniciativa de Vox.

El comisario Enrique García Castaño y el que fuera su jefe en la Comisaría General de Información, Enrique Barón, comparecerán el próximo jueves en la ‘comisión Kitchen’ del Congreso de los Diputados para someterse a las preguntas de los grupos sobre la etapa en la que se montó el operativo para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

García Castaño, que está investigado en la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez Manuel García Castellón, fue cesado de su cargo al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información a las pocas semanas de la llegada de Juan Ignacio Zoido (PP) al Ministerio del Interior.

Su papel fue clave durante años para operaciones de la lucha antiterrorista, coincidiendo en la Comisaría General de Información bajo las órdenes de Enrique Barón, que llegó a este cargo en 2012, poco después de las primeras elecciones ganadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este último comisario declaró como testigo en la Audiencia Nacional, asegurando que no tuvo conocimiento del operativo bautizado como ‘Kitchen’.

El nombre de Enrique García Castaño es uno de los que más se repite en el sumario de la macrocausa abierta tras la detención en 2017 del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El juez ha tenido la oportunidad de escuchar su relato sobre cómo se llevó a cabo el clonado de los móviles sustraídos a Luis Bárcenas: se realizó en una cafetería Vips y todos los datos fueron almacenados en un pendrive que, posteriormente, se entregaron al ‘número dos’ del Ministerio del Interior, Francisco Martínez.

En su declaración explicó que habían contado con la colaboración de otro investigado en el caso, el que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que luego ingresó en la Policía Nacional y que también está siendo investigado por participar en un operativo supuestamente parapolicial. Además, habló de un ordenador portátil que se compró con fondos reservados para volcar la información recogida de los dispositivos del extesorero del PP.

En el procedimiento, no obstante, García Castaño –que ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia– ha tratado de desvincularse de la actividad privada de Villarejo. En junio de 2020, presentó un recurso de apelación en el que alegaba «clarísima indefensión», en concreto por la pieza ‘Iron’, asegurando que él desde su puesto en la UCAO no fue fuente de información para los negocios privados del comisario jubilado.

RAJOY, FERNÁNDEZ DÍAZ O EL FALSO CURA

El testimonio de García Castaño ante el juez también ha sido clave en el intento de esclarecer el enfrentamiento del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ‘número dos’, Francisco Martínez, después de que este último entregara ante notario un mensaje que atribuye a su superior en el que le comunicaba que «la información se hizo con éxito», en referencia al volcado de la información que contenían varios teléfonos que presuntamente serían del extesorero del PP Luis Bárcenas.

En su declaración el 26 de marzo de 2019, García Castaño aseguró ante el juez que el presunto cabecilla de la trama, el excomisario José Manuel Villarejo, «tenía línea de comunicación política» e «informaba al presidente del Gobierno.

También confirmó que él despachaba directamente con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y contestó que «sí» a la pregunta de si otro comisario relacionado con ‘Kitchen’, Andrés Gómez Gordo, se implicó en este operativo, principalmente como el encargado de captar al chófer de Bárcenas, con previo conocimiento de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

García Castaño aseguró con rotundidad, según el sumario, que la persona que le transmite la importancia que tenía el operativo de 2013 sobre Bárcenas es Francisco Martínez, en un principio por el patrimonio oculto del que fuera senador del PP: «Se me transmite a mí desde el Ministerio del Interior que el señor Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del Partido Popular en el que aparecía la financiación que había recibido el Partido Popular en donaciones y los pagos en B».

El comisario se molestó cuando le preguntaron en sede judicial por la intervención del falso cura en la casa de los Bárcenas. «Eso es una ilegalidad», sostuvo, y cuando le interroga el juez si él hubiese entrado en la vivienda aprovechando que estaba vacía, añadió: «No, no por Dios; yo soy un profesional».

«Usted como juez, si me lo permite, no entiende cómo es la calle, las cosas no son tan fáciles», prosiguió García Castaño. El comisario dijo que no sabía nada de quién eligió al falso cura. «Yo estaba en mi despacho y me llaman los míos, que había entrado un tío disfrazado de cura. Es que eso es demencial». Y subiendo el tono, concluyó: «¡Esto es una chapuza, esto es una película de Alfredo Landa!».

El jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Francisco Javier Migueláñez, declarará el 22 de abril en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid por la querella presentada por el inspector Rubén Eladio López contra él y otros mandos policiales por las supuestas represalias que sufrió en el marco de la llamada ‘guerra de comisarios’.

La juez Josefa Bustos continúa así con la ronda de declaraciones de los investigados por la querella presentada en 2018 por López contra altos cargos policiales durante la época de Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior a los que acusa de haberle acosado por sus pesquisas en torno al entonces comisario José Manuel Villarejo a raíz del llamado caso ‘Nicolay’ sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, ‘El Pequeño Nicolás’.

Los hechos denunciados se remontan a octubre de 2014, cuando la Unidad de Asuntos Internos dirigida entonces por Marcelino Martín Blas empezó a investigar a ‘El Pequeño Nicolás’, tras conocerse que se hacía pasar por un alto cargo, para determinar si había contado con la colaboración de efectivos policiales. La ‘Operación Nicolay’ se encomendó al Grupo IX, encabezado entonces por López.

Tras la detención de Gómez Iglesias, –conforme al relato de la querella– sus declaraciones, la documentación intervenida y el desarrollo de la investigación permitieron acreditar el nexo entre ‘El Pequeño Nicolás’ y Villarejo y la vinculación de ambos a «hechos de naturaleza criminal junto a terceros».

Entonces, Villarejo se habría servido de una serie de miembros de la cúpula policial, entre los que estaría Migueláñez, para intentar sabotear las investigaciones de López, «boicot que con el tiempo se revelará como una acción conjunta realizada por quienes se constituyeron en organización o grupo criminal destinado a presionar, coaccionar y, en definitiva, acosar y represaliar al inspector».

Sobre Migueláñez, López cuenta que en abril de 2015 le pidió que le informara sobre el caso ‘Nicolay’, le avisó de que la investigación se iba a cerrar y le recriminó que hubiera indagado sobre un amigo suyo. Después, hacia mediados de año, habría ordenado colocar fotos del inspector y otros miembros de la comisión judicial en los accesos a Asuntos Internos para controlar sus entradas y salidas, «hecho que no ocurría con el resto de funcionarios de esa unidad».

UN REGRESO DENEGADO

En concreto, señala a Migueláñez como uno de los responsables, junto al ex titular de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Florentino Villabona, de que no se le concediera la plaza de jefe de grupo de Asuntos Internos, cargo que había estado desempeñando en comisión de servicios antes de incorporarse a la comisión judicial del caso ‘Nicolay’.

Y eso, «pese a tratarse del candidato más cualificado por méritos, capacidad y antigüedad en la Unidad de Asuntos Internos», por lo que la querella achaca esta negativa a que a partir de 2015, «cuando la Dirección de la Policía le presiona para que dé carpetazo a la investigación y Rubén no sucumbe a dichas coacciones, no recibe más condecoraciones».

Este episodio fue precisamente uno de los ejes de la declaración de Villabona. Según fuentes jurídicas, dijo a la juez que cuando se le denegó la plaza a López él aún no era el jefe de la DAO, asegurando que se limitó a dar curso a una decisión ya tomada que –apuntó– se basaba en la recomendación de Miguelañez de que el inspector no volviera a Asuntos Internos porque las investigaciones sobre Villarejo podrían verse contaminadas.

Además de Villabona, también han comparecido en la sede judicial el ex DAO Eugenio Pino y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que han negado cualquier acoso o animadversión hacia López. En total, hay casi una veintena de imputados en este caso, entre ellos el propio Villarejo y ‘El Pequeño Nicolás’, por presuntos delitos de acoso laboral, organización criminal y ocultación de pruebas, entre otros.

REACTIVACIÓN DEL CASO

La Audiencia Provincial reactivó el caso, que prácticamente estaba estancado desde la presentación de la querella, en un auto del pasado 1 de febrero con el que ordenó a la juez Josefa Bustos citar a los querellados como investigados, estimando así un recurso de apelación interpuesto por López, actual director de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Fomento.

La instructora se había amparado en la «complejidad» de la querella y en «la existencia de numerosos procedimientos judiciales» sobre los hechos referidos en la misma, esgrimiendo que era necesaria «una minuciosa delimitación» para evitar una «doble instrucción», así como en el colapso provocado por la pandemia de coronavirus.

La juez había acordado, «una vez recibidos los distintos testimonios de los varios juzgados», citar a López para «prestar declaración en calidad de perjudicado y para que concrete determinados extremos de la querella». Sin embargo, la Audiencia de Madrid urgió a escuchar a los querellados: «No parece razonable que, bajo la alegación de concretar los hechos, hayan transcurrido más de dos años».