El Defensor del Pueblo (e.f), Francisco Fernández Marugán, ha recordado este martes que, «con la Constitución en la mano», no se pueden establecer «criterios» que «restrinjan los derechos» de los menores, como es la escolarización de estos en Melilla.

Fernández Marugán ha comparecido ante la comisión del ramo en el Senado, en donde ha presentado el informe sobre la labor de la Institución durante 2020. En dicha sesión ha sido cuestionado por la diputada de ERC, María Carvalho, sobre la situación de los menores en la ciudad autónoma.

Tras agradecer al Defensor sus visitas a Melilla para preocuparse por el tema, Carvalho se ha referido al último informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que ha determinado que España violó el derecho a la educación de un menor de Melilla.

«Me parece preocupante», ha declarado el Defensor del Pueblo sobre este documento y ha criticado que los menores no hayan sido admitidos en las escuelas porque, según se alega, no cumplen con las «restricciones» que se han impuesto desde el gobierno de la ciudad.

«ESPAÑA TIENE UNAS OBLIGACIONES»

A su juicio, y «con la Constitución en la mano», no se pueden establecer «delimitaciones» a menores que «son residentes habituales» en la ciudad autónoma y ha puesto de manifiesto que esta situación no se vive en una ciudad de características similares, como es Ceuta.

En este sentido, ha recordado que «España tiene unas obligaciones y las tiene que cumplir», entre las que se encuentra, según ha señalado, la integración de estos niños «de forma progresiva». «Ojalá los problemas que ahora están encima de la mesa se puedan resolver hablando entre familias y administración», ha apuntado.

Esta postura no ha gustado al representante de Vox en la comisión, el senador Julio Utrilla, quien ha pedido a Fernández Marugán que en sus próximos viajes a Melilla «hable con los ciudadanos» que, según ha declarado, están «desbordados» por esta situación.

A su juicio, el problema es que si no se pide un empadronamiento a los niños, estos cruzarán la frontera para acudir a colegios españoles, una situación que, según ha apuntado, España no tiene capacidad para soportar.

«Si usted cree que la discriminación se evita poniendo restricciones, me temo que no es así», ha respondido Fernández Marugán, quien ha advertido al representante de Vox sobre el «cuidado» que hay que tener a la hora de «fomentar» ideas sobre «quien se queda dentro o fuera». «Porque detrás de una discriminación puede haber otro tipo de actitudes difícilmente justificables», ha indicado.

En la sesión, el portavoz del PP en la comisión, José Ignacio Landaluce, se ha referido también al tema migratorio, aunque en su caso ha llamado al Defensor a poner el foco en la «actitud extrema» que ha tenido Marruecos hacia España. Del mismo modo, ha pedido a la Institución que se «siga implicando» con Canarias, en donde, tras la crisis de Ceuta, ha indicado, parece que ya no siguen llegando migrantes.

Vox ha emplazado este martes al Partido Popular a registrar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras el «golpe de Estado» que a su juicio ha perpetrado con la concesión de los indultos a los líderes del ‘procés’. En caso contrario, ha sugerido que su líder, Santiago Abascal, volverá a hacerlo.

«Tanto en el pasado como ahora hay motivos más que justificados para que se active el único instrumento que permite desbancar al Gobierno», ha sostenido en rueda de prensa en el Congreso la secretaria general de Vox, Macarena Olona.

A juicio de su partido, es el PP, como primera fuerza de la oposición, el que debería liderar la moción de censura. Vox ya hizo este emplazamiento a los ‘populares’ en el año 2020, cuando finalmente fue Abascal el que lideró la alternativa a Sánchez, perdiendo la moción con el apoyo de solo los 52 diputados de Vox.

Ahora, Olona ha sugerido que Vox volverá a asumir su responsabilidad si el PP no lo hace. «Vox siempre cumple», ha garantizado sin querer ahondar más en el asunto para que no se interprete como una «presión» a los ‘populares’. «Es una simple exhortación a que se pueda poner en marcha el instrumento legal que puede servir para desbancar a este Gobierno», ha asegurado.

Además, ha dicho desconocer si esta moción de censura contaría ahora con más apoyos que en octubre de 2020. «Nosotros siempre estamos en el mismo punto, al lado de los españoles», ha proclamado asegurando que sus pasos no están «al albur» de intereses electorales.

Abascal ha apuntado en la misma dirección con un comentario en su cuenta personal de Twitter. «Este Gobierno merecía aquella moción de censura. Sigue mereciéndola. Cada segundo que pasa la merece más», ha coincidido.

Para Vox, los indultos suponen «un golpe de Estado» por parte del Gobierno desde las propias instituciones. «Un golpe de Estado que no necesita que se celebre con pistolas», ha denunciado Olona, que además cree que se está produciendo «un cambio de régimen» en España y ha celebrado que el líder del PP se haya sumado a esta teoría.

«EL PSOE HA MUERTO»

La dirigente de Vox cree que Sánchez ha decidido «saltar por encima de la ley» para cumplir con unos intereses «espúreos, personales y partidistas», pero le ha señalado a él directamente como responsable y no al PSOE como partido. «El PSOE ha muerto en el día de hoy de manera definitiva», ha declarado

Frente a esto, Olona ha recordado que Vox actuará «con la ley en la mano» porque es un partido «de ley y orden». Recurrirá los indultos ante el Tribunal Supremo y después interpondrá una querella contra cada uno de los ministros que han apoyado los indultos.

Las series de televisión de las plataformas de pago incluyen más al colectivo LGTBIQ+ que los medios tradicionales, según se desprende del informe ‘Nielsen Consumidor Digital LGTBIQ+: la equidad en la publicidad y los medios’ elaborado en colaboración con Dynata.

Asimismo, el estudio concluye que este colectivo y el resto de la población consideran que tanto los medios de comunicación como la publicidad no son lo suficientemente inclusivos, siendo más crítico el colectivo LGTBIQ+ con respecto a su falta de representación en los medios que la población general.

En relación con los diferentes grupos, existe consenso en que los gays (33% según el colectivo frente al 42% de la población total consideran que los medios son muy inclusivos) y las lesbianas (24% LGTBIQ+ y 36% población total) poseen una mayor representación y mejor trato que el resto de las audiencias LGTBIQ+ dentro del contenido y la programación de los medios.

Destaca la infrarrepresentación de las personas transgénero (tanto hombres como mujeres) y las personas de género no binario, que son los grupos percibidos como con una menor inclusión en los contenidos de los medios (entre el 13 y 14%), mientras que las personas bisexuales o pansexuales se sitúan ligeramente por encima, con un 17% de inclusión.

El estudio indica también que las series vistas en plataformas (Netflix, HBO, Movistar+, Amazon Prime, etc.) se sitúan en el puesto número dos del ranking de medios que mejor tratan la diversidad en su programación, tan sólo por debajo del contenido que publican en redes sociales familiares y amigos.

Por su parte, la televisión convencional se sitúa como tercera en el pódium de los menos inclusivos (según el 35% de los encuestados), tras los programas de radio (40%) y la prensa tradicional, que para el 41% de los encuestados ven esta plataforma como la menos inclusiva.

Sobre los medios tradicionales, más de la mitad de las personas del colectivo LGTBIQ+ encuestadas (59%) cree que la clave para mejorar reside en evitar los estereotipos, aunque la amplia mayoría del colectivo (un 73%) reconoce que los medios han mejorado en su apuesta por la diversidad.

Por otro lado, el colectivo LGTBIQ+ y el resto de la población están de acuerdo en que el contenido de la publicidad es menos inclusivo que el de la programación de los medios (online, tradicionales y redes sociales), considerando que hay muchos anunciantes que no invierten en formatos creativos que les permitan conquistar a las diferentes audiencias, dirigiéndose principalmente a una audiencia más generalista.

En cuanto a los medios donde los anuncios son más inclusivos, según la percepción del colectivo LGTBIQ+, los que obtienen mejor puntuación son las redes sociales, tanto en publicidad de marcas como de ‘influencers’ (según el 18% que dice es muy inclusiva), seguidas por el resto de anuncios online (17%). La parte baja de la tabla la encabezan los anuncios de radio (el 50% los ve como muy poco inclusivos), seguidos de cerca por la prensa tradicional (49%) y las revistas o magazines en formato impreso (45%).

Respecto a la publicidad en medios ‘online’, una de cada cuatro personas LGTBIQ+ encuestadas asegura haber recibido impactos publicitarios dirigidos específicamente a ellas debido a su identidad, y un tercio considera esta forma de targetizar audiencias como una experiencia positiva para ellos.

Por sectores, el de la moda, la ropa y los accesorios sería el que más apuesta por la diversidad LGTBIQ+ (según un 18% de los encuestados que ve la publicidad de este sector muy inclusiva), seguido por el de los viajes y el turismo (17%) y el de los perfumes y cosmética (16%).

Finalmente, el que peor nota obtiene es el sector del automóvil (52% que percibe la publicidad como muy poco inclusiva), los servicios financieros (50%) y el de los muebles (50%).

El comisario general de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida, ha criticado la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal al señalar que el texto actual «no es favorable» a las «pretensiones» de su departamento.

Así lo ha señalado este martes en rueda de prensa en el XIV Encuentro de la Policía Científica que esta semana se está celebrando dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

El anteproyecto fue aprobado el pasado noviembre en Consejo de Ministros tras lo que se abrió el trámite de consulta pública para recoger aportaciones que permitan mejorar el texto.

Mélida ha indicado que el Ministerio de Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, ya ha realizado aportaciones puesto que, según ha dicho, «de momento» el texto «no es favorable» a las «pretensiones» de su departamento.

De todos modos, ha advertido que la ley «tardará» ya que, una vez recogidas las aportaciones y ser revisada, tendrá que emprender al trámite parlamentario.

NO HAY CRIMEN PERFECTO SINO MALA INVESTIGACIÓN

El comisario ha afirmado que «no hay crimen perfecto» sino «mala investigación» o «topes» a esta labor que hacen que haya sucesos sin resolver. En esta edición el encuentro precisamente aborda la pregunta: ‘¿Existe el crimen perfecto?’.

Como ejemplo de las limitaciones a la investigación policial, Mélida ha indicado que, por ejemplo, la actual ley que regula la toma de muestras y la búsqueda de perfiles genéticos de ADN «coarta mucho la investigación» y supone «muchas cortapisas».

Por ejemplo, ha señalado que esta ley obliga a que el presunto autor de un delito tenga que dar consentimiento para que se le pueda tomar una muestra de ADN, con lo que puede negarse.

En esta edición del Encuentro de la Policía Científica, que se celebra esta semana en el Palacio de la Magdalena, se intentan aportar las claves de cómo hay que hacer las cosas en la investigación que no haya crimen perfecto, algo que para Mélida pasa por la calidad y la estandarización de los procedimientos y la metodología.

Además, en el curso, se abordan distintos métodos de la investigación de la investigación policial, como las claves de la inspección ocular tanto de recogida de indicios como en la parte de su recreación videográfica; fórmulas de identificación, como la dactilar, la antropología forense, el reconocimiento e identificación facial o el ADN, el cual, según ha dicho, «cada día se abre más» y ofrece más posibilidades.

En el curso, también se abordan cuestiones, como el trabajo en las grandes catástrofes, la información periodística de sucesos, la investigación de desapariciones o en casos de violencia de género.

Mélida ha indicado que, para la Policía Cientifica, la investigación de delito de violencia de género es, por lo general, «la más fácil que hay». «Sabemos quién es el autor. Lo complicado es hasta que ponemos ese rostro», ha señalado.

El jefe de la Policía Científica ha señalado que la violencia de género es un «problema multidisciplinar de la sociedad» que la Policía sola «no puede abordar».

CONFÍA EN LA RESOLUCIÓN DE UN CRIMEN EN SANTANDER DE HACE CASI 20 AÑOS

Por su parte, el jefe de la Policía Científica se ha referido en la rueda de prensa a un crimen sin resolver en Santander: El de la profesora madrileña que en 2002 apareció muerta a puñaladas después de haber salido tras salir de una boda en el Real Club de Tenis.

Mélida ha confiado en que «tarde o temprano» este caso se podrá resolver.

El comisario jefe de la Policía Científica ha comparecido acompañado del presidente de la Sociedad Española de Antropología Física, el catedrático Miguel Cecilio Botella, quien, en la rueda de prensa, se ha referido al denominado ‘Caso Colmenares’ de Colombia, la muerte en 2010 de un joven estudiante universitario que fue encontrado muerto en Bogotá, como un caso paradigmático en el que se dio, según ha dicho, «la tormenta perfecta de lo que nunca debe pasar».

De hecho, ha indicado que pese a que ya hay una sentencia definitiva sobre este caso, el tema sigue despertando «dudas».

La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, Margarita Valcarce, ha citado a declarar al vecino de Lavapiés que denunció una presunta agresión por parte del líder de Más País, Íñigo Errejón, y a uno de los testigos de los hechos denunciados.

Fuentes jurídicas han informado que la magistrada les tomará declaración este jueves a partir de las 9.45 horas en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

La juez, que ya había pedido al Congreso de los Diputados que acreditara la condición de diputado de Errejón, escuchará a los citados antes de decidir si investiga o no la denuncia presentada a través de atestado policial por presunta agresión.

Una vez recabada la información de la Cámara Baja y de los testigos, la juez deberá decidir si procede o no investigar los hechos denunciados. Puede desestimar la causa por falta de indicios, solicitar nuevas pruebas a los investigadores, citar a más testigos o invitar a Errejón a declarar voluntariamente.

De considerar oportuna la práctica de diligencias contra el dirigente de Más País, la magistrada tendrá que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo –por su condición de aforado como diputado en el Congreso– para que le investigue.

LA DENUNCIA

El atestado policial de la Comisaría Centro de Madrid, adelantado por OKDiario, recoge la denuncia de un vecino de 67 años de Lavapiés que asegura haber sido víctima de una agresión por parte de Errejón el pasado 2 de mayo después de pedirle un ‘selfie’ al dirigente. Según su versión, el diputado le propinó una patada que ha tenido consecuencias en su salud, en concreto, en la hernia inguinal que dice tener por un cáncer de colon.

Durante una rueda de prensa en el Congreso la semana pasada, el diputado de Más País negó haber agredido al vecino de Lavapiés. «La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera», dijo tras reconocer que el denunciante, junto a otras personas, se le acercó aquella noche para pedirle una foto y le «comenzaron a gritar» y a insultarle.

Según ha publicado el diario ABC, el atestado policial incluye imágenes de cámaras de seguridad que sitúan a Errejón junto a un grupo de personas en el lugar de los hechos, así como la versión de dos testigos ajenos al denunciante.

El PPCV exige al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, que haga un frente común con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en la reunión que mantendrán en septiembre por una financiación autonómica justa, mientras el PSPV cree que deberían exigírselo a su líder nacional, Pablo Casado.

En un comunicado, la síndica ‘popular’ en les Corts, Eva Ortiz, ha denunciado que «Pedro Sánchez ningunea a Puig mientras el PP aporta soluciones», en relación a la propuesta del presidente andaluz y del PP-A, y le ha urgido a «dejar de un lado sus intereses de partido y anteponer por una vez la Comunitat».

Tras recordar que ambas comunidades son «las más damnificadas» por el actual sistema de financiación, Ortiz ha insistido en que «es urgente y el acuerdo para unir fuerzas debería producirse cuanto antes porque no se puede aguantar mucho más».

Según ha criticado, la parálisis y la falta de determinación de Puig contrasta con el empuje del presidente andaluz: «Hay que sumar, cuantos más mejor, y estar cohesionados para defender nuestras reivindicaciones ante los incumplimientos de Sánchez».

La ‘popular’ también ha rechazado la «hipocresía» de Puig: «Hace dos meses calificaba de aquelarre la reunión entre Andalucía y Murcia para hacer frente común en defensa del Tajo-Segura. Hoy, cuando Andalucía acude a su rescate para hacer también frente común, en este caso sobre financiación, habla de alianza». «Alianza era entonces, y no se quiso sumar, y lo es ahora. No se pueden utilizar los hechos en función de lo que a uno le conviene», ha rebatido.

Esto demuestra, a su juicio, que PP es el partido que tiene que acudir «al auxilio de Puig para plantar cara a Sánchez ante su ninguneo a todos los valencianos».

Como réplica, el síndic socialista, Manolo Mata, ha lamentado que «el PP se dedique a embarrar y lanzar discursos vacíos en lugar de exigir a Pablo Casado una respuesta contundente sobre la financiación». «Ahora tenemos un gobierno de España sensible con nuestra financiación, lo que nos está permitiendo seguir pagando y cubriendo las necesidades como si estuviéramos bien financiados», ha sostenido en su comunicado.

Tras poner en valor la «gran labor» del gobierno valenciano en materia de financiación, ha destacado que gracias a ella se ha conseguido transmitir al conjunto de la sociedad, al Gobierno y a los servicios de estudio del sistema financiero que la Comunitat es la autonomía peor financiada. Por contra, ha criticado que «el PPCV necesita del embarramiento, la confrontación y el enfrentamiento para poder sobrevivir y decir algo».

También ha defendido el acuerdo alcanzado sobre las reglas de explotación del Tajo-Segura como una solución duradera, estable y justa: «Poco a poco van a ir avanzando los acuerdos con el Gobierno para que los regantes de la Vega Baja y los sectores económicos que necesitan de ese trasvase como agua de mayo vean que sus necesidades están cubiertas con una apuesta de futuro».

Mata, en general, ha cuestionado que los dirigentes ‘populares’ «en vez de poner en valor todas estas cuestiones y exigir a sus coreligionarios de otras comunidades autónomas que nos ayuden, lo único que hacen es embarrar la labor del gobierno valenciano». «En eso van a fracasar, como siempre», ha rematado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el Pleno del Congreso la próxima semana, el 30 de junio, y ahí explicará los indultos de los presos del procés, además de los acuerdos adoptados en el Consejo de la Unión Europea (UE) de fin de semestre, según se acordó este martes en la Junta de Portavoces.

Hace una semana, el Gobierno ofreció la comparecencia a primeros de julio para dar cuenta de las conclusiones de la próxima cumbre de la Unión Europea, pero sobre la mesa también estaba la petición del PP, apoyada por Vox y Ciudadanos, para que Sánchez informara de los indultos.

Ese día, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, garantizó en rueda de prensa que el Gobierno explicara la concesión de esa medida de gracia cuando se resolviesen los expedientes, por lo que en la comparecencia informativa de la Unión Europea se encajaría también este tema.

EL PP QUERÍA UN DEBATE ANTES DE CONCEDER LOS INDULTOS

Al final, y como la concesión de los indultos se aceleró para aprobarlos este mismo martes, el Gobierno comunicó el pasado fin de semana que Sánchez podría comparecer finalmente una semana antes, concretamente el 30 de junio. Y así se ha sellado en la Junta de Portavoces del Congreso, que es la encargada de diseñar el orden del día de las sesiones plenarias.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, se ha quejado de que finalmente la comparecencia de Sánchez sobre los indultos se va a producir después de la aprobación de la medida de gracia y tras la publicación de los indultos en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que a su juicio refleja una deriva «autoritaria».

«HARTOS DE MONCLOA PRODUCCIONES»

Y en la misma Junta de Portavoces, Vox ha pedido que el Pleno de la próxima semana incluya también una sesión de control para poder preguntar a los demás miembros del Gobierno, no sólo al presidente. «Estamos hartos de Moncloa producciones», ha dicho después en rueda de prensa la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona.

Sin embargo, y según ha relatado Olona, su idea sólo ha sido apoyada por PP y Vox y finalmente ha sido desechada. El PSOE ha alegado que el Gobierno ya ha sido objeto de control parlamentario todas las semanas.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a estudiar la puesta en marcha de un teléfono gratuito para la prevención de la conducta suicida.

En concreto, la proposición no de Ley (PNL) presentada por el PSOE, aprobada con 19 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones, insta a «valorar con las comunidades autónomas la posibilidad de poner en marcha una servicio gratuito de atención telefónica coordinada e integrada, atendida por profesionales de la salud mental, con el objetivo de la atención de crisis, ansiedad, depresión y demás problemas de salud mental, así como el abordaje de la prevención de la conducta suicida, en colaboración con colegios profesionales y entidades sociales vinculadas a la salud mental».

De la misma manera, y también en colaboración con las CCAA, el texto pide desarrollar medidas de sensibilización, información y concienciación que visibilicen el problema del suicidio como un problema de salud pública, que reduzcan el estigma social asociado y favorezcan la prevención de la conducta suicida.

Por último, se requiere difundir e impulsar el uso del manual de recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los medios de comunicación, elaborado por el Ministerio de Sanidad con la participación de organizaciones de periodistas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos y Asociaciones de salud mental, a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), «con el fin de lograr una información responsable y contribuir a reducir la conducta suicida.

«El suicidio trae consigo consecuencias devastadoras para el entorno de la persona fallecida, y las implicaciones de la conducta suicida arrasan la vida de estas personas y la de sus familias. Alrededor de un millón de personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo en todo el mundo, siendo la décima causa de muerte en Europa, y con una tendencia ascendente a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada suicidio consumado, hay muchas personas que intentan suicidarse cada año, entre los que se encuentran jóvenes y adolescentes», ha resaltado la diputada socialista Ana Prieto.

En este contexto, ha recordado que desde el año 2008, el suicidio en España se sitúa como la primera causa de muerte no natural, por encima de las muertes por accidentes de tráfico. «El número de muertes por suicidio en España creció en 2019 un 3,7 por ciento respecto al año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, un total de 3.671 personas fallecieron por esta causa en nuestro país, 2.771 fueron hombres y 900 fueron mujeres», ha relatado.

A su juicio, la prevención de la conducta suicida «no se ha abordado apropiadamente, debido a la falta de sensibilización respecto del suicidio como problema de salud pública principal y al tabú existente en muchas sociedades para examinarlo abiertamente». «Por ello, es importante aumentar la sensibilidad de la comunidad y superar el tabú, para que los países avancen en la prevención de la misma», ha insistido.

En los últimos años, la mayor parte de las comunidades autónomas han puesto en marcha planes específicos de prevención de la conducta suicida, han desarrollado programas o procesos, o han incluido acciones preventivas como líneas enmarcadas en sus planes de salud mental.

Actualmente, el Gobierno está trabajando en la actualización de la Estrategia de Salud Mental, para de esta manera proporcionar una herramienta que «permita mejorar la salud mental de la población, y que de respuesta, entre otras cuestiones, a la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, y específicamente de las conductas suicidas desde la infancia y la adolescencia».

Por parte de Ciudadanos, su diputado Guillermo Díaz ha destacado que comparten «de manera muy importante» el espíritu de esta PNL. «Es muy importante superar el tabú del suicidio. Se puede prevenir, hay signos que se manifiestan y conductas que pueden advertir de que se puede producir», ha apuntado, señalando sobre los medios de comunicación que «hay que informar adecuadamente y sin morbo».

Juan Antonio Callejas Cano, del PP, ha recordado que su grupo ya solicitó un plan contra el suicidio en la Comisión de Reconstrucción. Así, ha pedido al PSOE que «copie» el plan de prevención del suicidio que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid.

Junto a esto, ha reclamado incrementar el número de profesionales que atienden el suicidio: «Es urgente ampliar las plantillas, nos hacen faltan más psiquiatras y enfermeros especializados. La falta de profesionales provoca que el tratamiento clínico sea sustituido por el farmacológico, disminuyendo las posibilidades de curación».

El 66,5% de las personas con discapacidad asegura haber necesitado alguna prestación social o servicio durante la pandemia de COVID. Sin embargo, las necesidades del 33,5% de las personas con algún tipo de discapacidad no fueron cubiertas. Además, una de cada dos personas menor de 16 años y el 45% de aquellas que tienen 65 o más años, no recibieron en su totalidad los servicios necesitados durante la crisis sanitaria.

Así lo pone de manifiesto el estudio sobre ‘El impacto de la pandemia COVID-19 en la discapacidad’, elaborado por la Dirección General de Derechos de las personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que analiza las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19 en la población con discapacidad.

Según el estudio, basado en más de 4.300 encuestas realizadas a personas con discapacidad y sus familias entre junio y octubre de 2020, tres de cada cuatro personas con necesidades no cubiertas ha aumentado la ayuda por parte de la familia o las personas cercanas (78,5%), su calidad de vida ha empeorado (76,4%) y ha perdido autonomía (74,1%).

Además, siete de cada diez declaran que su estado de ánimo ha empeorado (70,2%) y cerca del 65% señala que su estado de salud física y mental empeoró por la falta de los servicios que necesitaban. También seis de cada diez no recibe o no puede utilizar los mismos servicios o prestaciones sociales que antes. Estos resultados ponen de relieve que un 51% de los encuestados pida un aumento de los profesionales y un 26% más ayudas económicas.

Con respecto al empleo, el estudio revela que tras seis meses desde el comienzo de la pandemia, el 38,4% ha mantenido el empleo que tenía con anterioridad, aunque el 4,7% pasó a situación de ERTE. Y el 12,9% de los participantes ha perdido el trabajo que tenía durante los últimos meses.

Como consecuencia, la mayoría de las personas con discapacidad trabajadoras afirma que sus condiciones laborales se han mantenido sin cambios. Sin embargo, consideran que la carga de trabajo ha aumentado (26,7%), trabajan más horas que antes (16,5%) y su salario mensual se ha visto reducido (19,9%).

Además, la situación vivida y el confinamiento no ha tenido un impacto positivo en el bienestar psicosocial de las personas trabajadoras y, principalmente, ha afectado a su estado anímico (44,9%) y mental (43,7%).

Entre las propuestas que mencionan, un 39,8% pide medidas de apoyo a empresas para contratar a personas con discapacidad, un 34,4% reclama cambiar las leyes para proteger a las personas con discapacidad en el ámbito del empleo y un 24,5% quiere que se impulsen oposiciones y contrataciones en las administraciones públicas.

UN 20% NO PUDO SEGUIR LAS CLASES EN CASA

En el ámbito de la educación, el estudio desvela que al 79,5% de las personas con discapacidad estudiantes de más de 6 años, su centro educativo les posibilitó seguir las clases y estudios desde casa. Por el contrario, el restante 20% no tuvo ese respaldo. Así, la gran mayoría de los estudiantes con discapacidad que ha continuado sus estudios realizan una valoración positiva del apoyo ofrecido desde el centro de estudios o centro de formación (70,3%).

Según los encuestados, el método para continuar los estudios ha sido: envío de apuntes, ejercicios y tareas por correo electrónico (72,9%), comunicación por teléfono o videollamada (62,4%) y clases virtuales (62%).

Del mismo modo, seis de cada diez estudiantes consideran que las medidas de seguridad y protección adoptadas por el centro frente al COVID son las necesarias (67,5%) y se sienten seguros y protegidos en el centro (65,8%).

Si bien, para el 27,6% de los participantes les ha resultado bastante difícil la educación durante la pandemia y el 4,3% afirma que le ha sido imposible seguir el curso con los materiales, la tecnología y los dispositivos disponibles en el hogar. En este sentido, el 16% del alumnado no tenía ordenador o no podía utilizarlo y el 8,4% no disponía de Internet o tenía problemas de conexión. Asimismo, cerca de la mitad del alumnado reconoce que estudiar desde casa ha afectado a su concentración y a sus calificaciones (48,1%).

Por todo ello, el 45,2% pide más profesores, un 16,3% más inversión en materiales adaptados, un 14,1% más ayudas a los Centros de Educación Especial y un 11% medidas para proporcionar información accesible sobre el COVID a personas con discapacidad.

EL 70,1% CONSIDERA QUE LA ATENCIÓN MÉDICA FUE PEOR

Con respecto a la salud, el 49,9% de los encuestados asegura que las consultas que tenían no fueron realizadas, bien porque se retrasaron, se atendieron por teléfono o directamente fueron anuladas.

No obstante, el 62,3% ha necesitado atención sanitaria y el 70,1% de estos considera que la atención ha sido peor o mucho peor que la recibida anteriormente. De hecho, un 35,7% considera que las personas con discapacidad han tenido dificultades para recibir atención médica por su discapacidad.

De este modo, el 68,1% apunta que la situación vivida por el coronavirus ha tenido un efecto negativo o muy negativo para su salud y bienestar: más de la mitad considera que su estado de ánimo (52,3%), su calidad de vida (47,7%) y su estado de salud mental (47%) han empeorado, y el 59,9% reconoce que ha estado con más nervios e intranquilidad que habitualmente.

Entre las demandas de los participantes, destacan: más profesionales de la salud (40,7%), ayudas que faciliten la comunicación con el personal sanitario (22,7%), asegurar servicios de terapia y rehabilitación (22,1%) e igualdad de trato en atención médica (15,7%).

UN 9,5% SINTIÓ DISCRIMINACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO

El estudio también pregunta a las personas con discapacidad sobre si han visto vulnerados sus derechos básicos durante el confinamiento. Según los resultados, el 69,4% ha realizado salidas terapéuticas, pero el 14,5% no ha podido salir a la calle acompañado de otra persona; el 7,7% recuerda que en alguna ocasión le paró la policía y le pidieron el certificado de discapacidad o informe médico; el 6,4% ha sido insultado o le han gritado por haber salido a la calle; y el 5,4% ha llevado un brazalete u otra señal para indicar que era una persona con discapacidad.

Así las cosas, aunque el 42,4% dice que no se ha sentido discriminado, un 11,5% señala que ha sentido discriminación para recibir prestaciones y ayudas económicas; un 9,9% sintió discriminación en la atención y tratamientos médicos; y un 9,5% en el espacio público así como para conseguir o mantener un empleo. Además, un 8,5% se sintió discriminado a la hora de poder estudiar o seguir estudiando y un 6,8% en el acceso a la información y las nuevas tecnologías.

La recaudación de Obras Misionales Pontificias (OMP) en España en 2020 fue de 17,2 millones de euros, casi 2 millones menos que el año anterior cuando se recolectaron 19 millones, un descenso que atribuyen a la pandemia de la Covid-19.

«Ha bajado y eso es triste. Nuestro principal interés no es recaudar mucho pero lo que se deja de recaudar se deja de ofrecer a los territorios de misión. Es verdad que en la situación concreta de la pandemia del Covid, estando encerrados, me doy con un canto en los dientes este año», ha subrayado el director nacional de OMP, José María Calderón, este martes en rueda de prensa para presentar su Memoria anual.

En todo caso, ha precisado que no se pueden hacer comparaciones con otros años por la «peculiaridad» de este y espera que «no sea una tendencia sino un pequeño susto».

Además, tal y como ha señalado el presidente de OMP Internacional, Giampietro Dal Toso, esta bajada también ha afectado a nivel mundial –aunque algunos países han conseguido aumentar su recaudación–.

«Claro que la pandemia nos ha afectado aunque en algunos países ha subido la recaudación, pero puedo decir que la aportación de España sigue siendo muy importante, claro que ha habido una pequeña bajada pero no es nada comparado con otras situaciones», ha subrayado Dal Toso.

Si bien, ha precisado que la pandemia no solo ha afectado a la recaudación sino sobre todo a los propios misioneros y territorios de misión donde «hubo muchas dificultades» ya que «la única fuente de financiación era la misa dominical» y esta se tuvo que suspender durante el confinamiento.

«Como no había colecta, muchos curas se quedaban sin nada, por eso quisimos hacer ese fondo con el Papa para sostener a las Iglesias locales en situaciones muy difíciles», ha explicado, refiriéndose al Fondo de Emergencia que abrió Francisco en abril de 2020 y al que España contribuyó con más de 452.000 euros.

EL DOMUND, EL BUQUE INSIGNIA

En cuanto a la recaudación obtenida en España por jornadas, en la de Infancia Misionera se obtuvieron 2,5 millones de euros; en Vocaciones Nativas, 1,9 millones; y en el Domund, el «buque insignia» de OMP, un total de 12,8 millones de euros.

Del total de 17,2 millones de euros recaudados, tras restar los gastos de administración y pastoral, OMP España puso a disposición de la Santa Sede un total de 13,7 millones de euros. Del total de fondos, 7,7 millones procedieron de la recolecta en las parroquias; 3,8 millones de las herencias y 1 millón de euros, de los colegios.

El presidente internacional de OMP ha destacado la aportación de España a los territorios de misión, donde «hay una presencia de la Iglesia mucho más fuerte», con un crecimiento de los bautismos y de las vocaciones a la vida religiosa, algo que achaca a la población más joven que hay en África y Asia, así como a la «inversión» que se hizo el siglo pasado en vocaciones nativas.

«Por eso, hay que subrayar el rol importantísimo de la obra de San Pedro Apóstol, no solo porque financian a los seminarios sino porque detrás de eso está la idea de favorecer las vocaciones locales. Si tienes vocaciones locales la Iglesia se fortalece automáticamente. En el último siglo se ha invertido mucho en esto y ahora se ven los frutos», ha enfatizado.

En cuanto a los misioneros españoles, según la Memoria, hay un total de 10.629, de los cuales 7.180 están en activo y el resto, en España colaborando en animación misionera o esperando un nuevo destino. El 54% de ellos son mujeres y la media de edad es de 74 años.

El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha confiado este martes en abrir un «espacio de cooperación» con Andalucía a partir de la reunión que mantendrá en septiembre con su presidente, Juanma Moreno, tanto para unir fuerzas por una financiación autonómica justa como para los intereses compartidos.

«Estamos alineados en la posición andaluza», ha afirmado en rueda de prensa sobre las críticas del gobierno de la Junta (PP-Cs) por la infrafinanciación. De momento ha avanzado que en los próximos días se reunirán los consejeros de Hacienda de las dos autonomías para preparar la reunión de septiembre.

Puig, también líder del PSPV, ha destacado este encuentro como un paso importante para avanzar hacia el nuevo modelo de financiación, para el que el Ministerio todavía no ha puesto fecha, así como que «dos comunidades tan importantes trabajen juntas para avanzar en soluciones conjuntas».

Eso sí, ha remarcado que su objetivo no es «solo una solución para Andalucía o para la Comunitat», sino una solución de la financiación en España. Esto pasa, a su juicio, por exigir al Gobierno que vele por la suficiencia financiera de las CCAA y distribuya los recursos de forma justa.

Al margen de la infrafinanciación, ha reiterado que desde que gobierna Pedro Sánchez la Comunitat recibe más fondos, como los recursos para paliar la crisis repartidos «de forma muchísimo más lógica y justa que el sistema de financiación», los Presupuestos Generales del Estado (PGE) más cercanos al peso poblacional o la relajación de los objetivos de déficit.

EL GOBIERNO «NO HA SIDO INSENSIBLE»

«Hay un cambio. No se puede decir que el Gobierno ha sido insensible a la realidad valenciana, no sería justo», ha asegurado, para garantizar que seguirá reivindicando una financiación justa porque es «irrenunciable» para la Comunitat.

El presidente valenciano también ha valorado positivamente la reunión que compartirá en septiembre con Moreno Bonilla en Sevilla para abordar los intereses comunes, ante la cantidad de empresas con vínculos en los dos territorios.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado que, a su juicio, es el momento de dejar «nuestros espacios de confort y dar pasos adelante» para «avanzar como país y como pueblo».

«Corremos el peligro de quedarnos atrás en términos de país, pero también tenemos oportunidades de crecer y avanzar como país y como pueblo», ha asegurado.

Iriarte ha realizado estas afirmaciones en un acto en Zarautz, junto a la nueva coordinadora de EH Bildu en Gipuzkoa, Nekane Zinkunegi en el que ha afirmado que no le cabe duda de que «los catalanes van a poder decidir su futuro libre y democráticamente y lo harán también en otros países como Escocia, las Islas Feroe, Groenlandia, Flandes. En Europa las naciones sin Estado están inmersas en procesos de autodeterminación que los van a llevar a decidir su futuro», ha afirmado.

Por ello, se ha preguntado «¿qué vamos a hacer los vascos ante el escenario que se nos presenta? ¿Cuál va a ser nuestro futuro?» y ha insistido en que en EH Bildu está dispuesta a trabajar para que «todos los vascos puedan decidir su futuro».

Así, ha considerado que «son tiempos de oportunidades desde muchos puntos de vista» y ha destacado que la pandemia «nos ha dejado a las claras muchos de los retos que había que llevar adelante antes de ahora».

«Tendremos que hablar de pensiones, de la ley de reforma laboral, de fiscalidad y necesitamos instrumentos soberanos para poder proteger a la gente», ha defendido la portavoz parlamentaria de EH Bildu, quien ha señalado que la coalición soberanista no ve por parte del Estado español que «vaya a darse un proceso democratizador en ese sentido».

Iriarte ha reiterado que el régimen del 78 «está en crisis claramente» y se ha referido a los indultos a «los presos políticos catalanes cuyo único delito es haber puesto urnas para que la gente vote». «Nunca debieron estar encarcelados, pero el de hoy es un paso más», ha apuntado.

En esa línea, ha recordado que el Consejo Europeo dictó este pasado lunes «unas directrices muy claras sobre lo que había que hacer». Además, ha destacado que este martes Estrasburgo «ha condenado al Estado español por haber castigado a Tasio Erkizia de manera injusta».

Respecto a Cataluña, ha señalado que pese al indulto a los políticos encarcelados por el procés, personas que «han pasado muchos meses en la cárcel», el problema de fondo «sigue intacto». Además, ha remarcado que el PP y el PSOE «no han estado en la democratización del Estado español» y ha subrayado que será la coalición soberanista la que tenga que dar «pasos en este sentido».

Para EH Bildu, el PP y el PSOE «no han estado en la democratización del Estado español y seremos nosotros los que tengamos que dar pasos en este sentido». «Hoy indultarán a unas personas que han pasado muchos meses en la cárcel, pero el problema de fondo sigue intacto», ha remarcado.

Tras recordar que en el Parlamento Vasco «dos tercios de sus componentes son favorables al derecho a decidir» y que en la pasada legislatura «EH Bildu y PNV, y en parte Elkarrekin Podemos, alcanzaron un acuerdo en la ponencia de autogobierno», se ha mostrado convencida de que «es el momento de quitar el freno de mano y empezar a transitar ese camino y no quedarnos atrás y hacerlo junto con todos esos países que lo van a hacer».

EH Bildu está «comprometida para hacer este camino firmemente, con ilusión y con todos los hombres y mujeres de este país que son absolutamente necesarios para hacerlo», por lo que ha hecho un llamamiento a todos los agentes políticos, económicos, sindicales, sociales y a la ciudadanía en general que «defiende el derecho a decidir de vascos y vascas a aunar fuerzas, a ponernos a caminar unidos y aprovechar la oportunidad que se nos presenta».

«MIRADA ESTRATÉGICA»

Por su parte, Nekane Zinkunegi ha defendido que, «además de dar respuestas con responsabilidad a las necesidades derivadas de la pandemia», EH Bildu «ha puesto y pondrá en marcha varios proyectos con una mirada estratégica». «Hemos interiorizado como reto las transiciones de la energía, el medio ambiente y la digitalización, y estamos incorporando la visión comunitaria en los proyectos de cuidados», ha señalado.

En ese sentido, ha resaltado que «el estilo de trabajo de EH Bildu es el modelo de municipalismo popular», el cual prevé extender «a más pueblos desde las alcaldías actuales y que nos llevará a ganar Guipúzcoa».

«No somos una fuerza política al uso, estamos abiertos al consenso y a la colaboración. Colaboramos con las instituciones públicas, con otros partidos políticos y con los agentes sociales. Siempre con la condición de mejorar la vida de los ciudadanos», ha asegurado.

El 88 por ciento de los españoles y el 80 por ciento de la superficie nacional estuvieron expuestos a aire insalubre en el año 2020 a pesar de que a consecuencia de las restricciones a la movilidad derivadas del coronavirus la contaminación atmosférica cayó al mínimo de la década, según ha informado Ecologistas en Acción.

La ONG ha publicado este martes su informe anual de la calidad del aire que refleja que la COVID-19 conllevó una mejora general «sin precedentes» en la cal ida del aire pero aún así, 42 de los 47 millones de habitantes siguieron respirando aire contaminado y esta contaminación se extendió a 402.000 kilómetros cuadrados de superficie.

Pese a la mejora en los niveles de contaminación, Madrid siguió incumpliendo los límites legales de dióxido de nitrógeno y otras 30 zonas superaron los objetivos en ozono.

El informe recoge datos de 800 estaciones oficiales de medición instaladas en toda España, algunas de ellas en los principales puertos y aeropuertos y concluye que durante 2020 mejoraron «sustancialmente» con una reducción «notable» de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico, y más matizada de los de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), en sus mínimos de la última década y seguramente también desde que existen mediciones, en 1990.

De ese modo, menos población y menos territorio soportaron la contaminación de acuerdo con los valores máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con los objetivos a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea.

Ecologistas en Acción precisa que si se tienen en cuenta los estándares de la normativa europea, que son más laxos que las recomendaciones de la OMS, fueron 8,5 millones de personas en España las que respiraron aire contaminado, lo que significa una quinta parte del total y que son 4 millones de afectados menos respecto a 2019. Mientras, la superficie expuesta a niveles de contaminación dañinos para la vegetación alcanzó a 210.000 kilómetros cuadrados, el 42 por ciento del territorio y unos 40.000 kilómetros cuadrados menos que el año anterior.

Para la ONG el factor «esencial» que explica esta mejora de la calidad del aire en 2020 fue una reducción general de la movilidad y la actividad económica derivada de los dos estados de alarma declarados para combatir la COVID-19 además del cierre de la mayoría de las centrales térmicas de carbón que «también parece haber contribuido localmente a la drástica disminución de las emisiones».

El informe responsabiliza al tráfico motorizado de ser la principal fuente de contaminación en las áreas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población y señala que en determinadas áreas fabriles y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire. El transporte aéreo y marítimo tiene gran repercusión en la calidad del aire del entorno de aeropuertos y puertos.

Por otro lado, expone que las bajas precipitaciones y la estabilidad atmosférica de los primeros meses del año han activado los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África.

Sin embargo, la primavera resultó inestable y húmeda, lo que favoreció la dispersión y deposición de los contaminantes típicamente invernales (NO2 y partículas). El intenso calor estival no se ha traducido en un aumento de las concentraciones de ozono.

En cuanto al ozono, el estudio de la organización refleja que «un año más» presentó una mayor extensión y afección a la población. No obstante, la frecuencia de las superaciones de los estándares legal y de la OMS ha fue «muy inferior» a la de años precedentes, con un descenso del 55 por ciento y del 41 por ciento, respectivamente, en relación con el promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del Estado, y una caída drástica en las superaciones del umbral de información.

Por otro lado, analiza también las partículas (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire, que en 2020 afectaron a «algo más de la mitad» de la población. Pese al desplome general del NO2 en un 27 por ciento respecto al nivel medio entre 2012 y 2019, Madrid siguió incumpliendo los límites legales de NO2, por lo que Ecologistas en Acción recuerda que el Tribunal Europeo de Justicia sigue instruyendo un proceso contra España, que podría derivar en multas millonarias.

Sin embargo, las partículas aumentaron en algunas comunidades, debido a la mayor frecuencia de los episodios de intrusión de polvo africano, en especial durante el primer trimestre del año.

En este contaminante destaca Canarias, que registró el peor episodio de contaminación de la década durante enero y febrero y la ONG afea que «sin intervención alguna por parte de las administraciones», hasta que al final del episodio la población fue confinada a consecuencia de la pandemia.

Para la ONG la contaminación del aire debe «abordarse como un problema de primer orden» ya que cada año se registran unas 30.000 muertes prematuras en España por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

El Instituto de Salud Carlos III indica que 10.000 de ellas fallecen en episodios de alta contaminación. Por ello, para Ecologistas en Acción la mejora de la situación en 2020 es «una excelente noticia».

De este modo, considera que la COVID-19 ha «demostrado» que reducir de forma estructural el transporte y la descarbonización de la industria son «las únicas herramientas» para mejorar la calidad del aire en ciudades y zonas rurales. «La dramática situación creada por la pandemia corrobora que la reducción de las emisiones urbanas mejora la salud pública y la vida ciudadana», defiende la organización que desarrolla la campaña europea ‘Clean cities’, para reclamar a las administraciones medidas en este sentido.

El informe recuerda que según el Banco Mundial, los costes sanitarios derivados de la contaminación suponen al menos unos 50.000 millones de dólares al año, el equivalente al 3,5 por ciento del PIB español sin tener en cuenta el coste de los daños a cultivos y ecosistemas.

Finalmente, Ecologistas en Acción recuerda que los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente pero en «muchos» casos no existen y en otro son «inefectivos» por falta de voluntad política.

En la actualidad, diez comunidades autónomas incumple con su obligación de elaborar planes de lucha contra el ozono en las zonas donde se exceden los objetivos legales, una negligencia administrativa que ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo.

La solución que propone la organización para mejorar la calidad del aire pasa por disminuir el tráfico motorizado, potenciar el tránsito peatonal, la bicicleta y el transporte público limpio, así como promover el ahorro energético, central térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésemos, reducir el uso del avión y declarar sin dilaciones un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el Mediterráneo, como las existentes en el Mar Báltico y el Mar del Norte.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, han cargado contra los indultos a los políticos presos del ‘procès’ y su «golpe de Estado» y han cuestionado «cuánto costarán» estas medidas de gracia en términos económicos.

Así lo han hecho en sendas intervenciones durante la asamblea general de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) que ha han clausurado esta mañana.

«A estas horas se está golpeando gravemente la unidad nacional y la marcha económica de toda España. El Gobierno central deja sin castigo a los condenados por dar un golpe de Estado», ha lanzado Lasquetty, quien augura que no traerán «más estabilidad, sino menos» y que hará que los «golpistas no sean menos golpistas, sino más».

Entiende el consejero madrileño que además va a tener «costes para todos» y prevé que «se va a perder más» crecimiento económico a raíz de esta decisión y que va a «dañar más» el clima en Cataluña.

En este contexto, se ha preguntado «cuánto más va a costar a todos los madrileños» el «nuevo ciclo de independentismo» que a su juicio abre el presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, con la concesión de los indultos.

En esta misma línea se ha expresado el alcalde capitalino, quien ha afirmado que se aprueban «bajo una falsa concordia» porque Sánchez «no busca eso, sino quedarse en Moncloa», mientras que los partidos independentistas «buscan independencia y no concordia».

«Esto es el prólogo de una nueva insurrección que separará aún más a Cataluña de Madrid (…) Estos indultos suponen una ruptura del Estado de Derecho y solo generarán más inestabilidad», ha reprochado el regidor.

Martínez-Almeida se ha dirigido a los empresarios para garantizarles que tendrán su «apoyo» y que cada medida contra las competencias de Madrid será «respondida desde lo político y lo jurídico desde Madrid». «Ese es nuestro compromiso», ha añadido el regidor y portavoz nacional del PP, quien ha asegurado que ellos no usarán «políticamente» a los empresarios «ni de atrezzo» en actos para «mayor gloria de quien los protagoniza», en referencia a la conferencia que dio Sánchez en El Liceu sobre esta medida de gracia.

La defensa del bróker Javier Biosca, en prisión provisional desde el pasado 8 de julio tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por ser el responsable de una presunta estafa piramidal valiéndose del interés suscitado por el mercado de las criptomonedas, ha solicitado su puesta en libertad alegando que no concurren en su caso «los indicios suficientes» para considerar que los hechos delictivos que le imputan sucedieron.

En un recurso, señala asimismo que tampoco hay indicios de que Biosca fuera el responsable de los delitos de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público. Además, resalta que no consta que Biosca no se presentara a requerimiento judicial cuando fue requerido o cuando tuvo conocimiento, y añade que tampoco consta que hubiera más de una requisitoria contra su persona en los dos últimos años.

Cabe recordar que contra Biosca pesaba una orden de búsqueda y captura cuando fue detenido en un control rutinario de la Guardia Civil, pero ahora su defensa, señala que el hecho de que cambiara de domicilio no obedecía a querer obstruir la acción de la justicia sino a motivos familiares. Y apunta que hasta el momento de ser detenido desconocía que la existencia de un procedimiento contra él.

A esto suma su defensa que Biosca carece de antecedentes penales y policiales, que tiene arraigo suficiente en España y que ha señalado domicilio fijo. Alega que hay falta de vínculos con el extranjero que permitan suponer una fuga y que pro otro lado tiene medios lícitos para ganarse la vida como informático y está en una cooperativa agrícola.

PRISIÓN SIN DECLARACIÓN

Fuentes jurídicas consultadas el día de la vistilla, que se celebró por videoconferencia desde Málaga, explicaron que la cautelar de prisión se adoptaba para evitar que pudiera fugarse, que destruyera pruebas o que pudiera entrar en contacto con los perjudicados.

Como argumento de peso, la defensa recuerda que se ha decretado la prisión provisional sin haberle tomado declaración al detenido, por lo que no se ha podido conocer la versión exculpatoria de Biosca por lo que se ha vulnerado su derecho fundamental a la defensa, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

Añaden que estando en prisión sus comunicaciones se ven limitadas y no puede preparar su defensa con garantías, ya que no tiene acceso a un ordenador y por tanto no puede recabar pruebas que demuestren su inocencia. Por todo esto, insisten en que debe revocarse al auto de prisión provisional comunicada dictado por Pedraz y en su lugar decretar libertad provisional sin más obligaciones.

Este recurso ya cuenta con la oposición de una de las acusaciones personadas, la de la Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins o Criptodivisas –bajo la dirección letrada de Emilia Zaballos–. Indican que los delitos que se le imputan comprenden penas superiores a los dos años, por lo que es coherente la prisión provisional.

Añade que en la querella se presentan indicios suficientes para entender que Biosca puede ser responsable criminalmente de los hechos y que se ha presentado prueba suficiente como contratos firmados y conversaciones de mensajería que no dejan duda de que la autoría es del preso, de su mujer y de su hijo, también investigados.

Además, indica que se han producido más de dos requisitorias contra Biosca por lo que se cumple con la ley de enjuiciamiento criminal para decretar su prisión, y apunta que los cambios de domicilio han sido constantes y que ha viajado al extranjero. «El riesgo de fuga es altísimo y durante todo este tiempo ha tenido que ser conocedor de haber sido denunciado, y sin embargo no ha comparecido en dependencias judiciales», asevera.

En el recurso de esta asociación, se dice además que existe un riesgo de destrucción de pruebas en caso de que salga en libertad porque tendría acceso a las mismas y podría contactar con terceros que le pueden ayudar en ese propósito. «Es una persona con habilidades para la embaucación y el engaño», señala, para luego explicar que además si sale de prisión puede realizar movimientos de cantidades en criptomonedas y tener acceso a monederos electrónicos a los que en la actualidad no puede entrar.

Incide además en el riesgo de fuga, ya que Biosca ha ido «de hotel en hotel» según el informe de la UDEF, y se ha movido por diferentes países como Guinea Bissau o Portugal viajando en vuelos no regulares y con compañías de aviación privadas.

INVERSIONES DE PARTICULARES

En esta causa, de la que se declaró competente Pedraz en mayo, se investiga a la mercantil Algoritmhmics Group, una empresa que en 2019 captaba inversiones de particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas.

Tras montar ese ‘chiringuito financiero’, Biosca, su mujer e hijo comenzaron a captar clientes que debían entregarles su dinero, ellos garantizaban una rentabilidad del 20 o del 25 por ciento semanal –al menos al inicio–. Dado que los primero inversores comenzaron a recibir beneficios, se corrió la voz entre familiares de estos alabando la figura de confianza de Biosca y el negocio pasó rápidamente de los 30 inversores a los 500.

Pero durante la pandemia y el confinamiento se produjeron las primeras situaciones de irregularidad con incumplimiento por parte de Biosca, que dejó de pagar a casi todos los inversionistas, lo que produce la primera situación de desconfianza. Y es a finales de octubre de 2020 cuando desde Algoritmhmics Group se dejó de hacer abono de cantidad alguna.