La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha descartado este jueves que el Gobierno ceda ante la petición de los independentistas para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación porque, ha enfatizado, que del Ejecutivo de Pedro Sánchez se espera «cualquier cosa mala».

Así lo ha trasladado la líder de la formación ‘naranja’ en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI al ser preguntada acerca de si piensa realmente que el Gobierno va a ceder ante la petición de referéndum de autodeterminación después de que esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, haya asegurado, que el Gobierno llevará a la mesa de diálogo con Cataluña las 40 medidas que Sánchez ya propuso a Torra.

Arrimadas ha asegurado que en esa mesa no están los catalanes constitucionalistas. «Por lo tanto, que ni se les ocurra hablar en nombre de Cataluña a esos señores porque solo representan al independentismo y que ni se les ocurra a los señores del Gobierno de España pensar que en esa mesa está representada Cataluña», ha enfatizado.

«Esa mesa solo representa a sus socios golpistas a los que les van a dar hasta la Giralda para que Sánchez permanezca en Moncloa», ha apostillado la presidenta de Cs.

En este sentido, la dirigente de Ciudadanos ha hecho hincapié en que en la iniciativa de diálogo «solo está representado el separatismo» y que, además, se trata de, a su juicio, «el separatismo que dio un golpe de Estado y que está mas fuerte que nunca».

LOS INDULTOS: «EL PRIMER CAPÍTULO DE LA TEMPORADA»

Así, ha lamentado que los indultos hayan «supuesto un aliciente al separatismo porque están subidos». «Ellos están viendo que les ha salido bien la jugada», ha añadido, al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo que los indultos son «el primer capítulo de la temporada».

«Es el programa piloto. Es que viene la rebaja de la pena del delito de sedición, es que viene atacar al Tribunal de Cuentas, quitar competencias al Tribunal Constitucional, viene el desmantelamiento de las instituciones del Estado con tal de que Sánchez se pueda mantener en Moncloa», ha deslizado Arrimadas.

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid (RTVM) presentada por el PP, gracias a su voto y la abstención de Vox, que cambia el modelo de elección de su Dirección y consejo de administración y permite el relevo de su actual cúpula.

La modificación de la normativa, aprobada en lectura única y que ha contado con la oposición de todos los partidos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), establece que el mandato del director general será de cuatro años, no renovables, contados desde su nombramiento.

Recoge que tres meses antes de que finalice el mandato del director general, el consejo de administración iniciará el procedimiento previsto en el Reglamento de la Asamblea para la elección de su sustituto, quien tomará posesión al día siguiente de la finalización del mandato del cesante.

Y, además, apunta a que si llegada la fecha de finalización del mandato del director general la Asamblea no hubiese podido completar efectivamente el procedimiento, el Gobierno nombrará un administrador provisional, con las mismas funciones y competencias que el director general, y que será sometido a ratificación por parte de la Asamblea. El actual director, José Pablo López, lleva en el cargo desde 2017 por lo que con la publicación de esta ley queda automáticamente cesado.

Asimismo, establece que los miembros del consejo de administración del ente público serán elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los grupos parlamentarios. Las organizaciones profesionales y sociales dejarán de tener representación en el mismo.

Durante la sesión de control de este mismo Pleno, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado necesaria esta reforma porque «un servicio público sin público no es un servicio sino un negocio de cuatro». Ha apuntado a que es su deber ocuparse de la «viabilidad» de RTVM cuando esta cuesta a los madrileños «casi dos Zendales por legislatura».

«NO CORRE NINGÚN PELIGRO», ASEGURA EL PP

Por su parte, en el debate parlamentario de la iniciativa, la diputada del PP Almudena Negro ha justificado la modificación de la normativa, que llevaba seis años en vigor, en que han encontrado «abusos de la propia ley por parte de los órganos directivos de la empresa así como disfuncionalidades derivadas de los sistemas de elección de los miembros de estos».

La parlamentaria del PP ha criticado, entre otras cuestiones, que haya desaparecido casi todo el deporte base de la programación, que se siga sin jefe de Cultura, que no se apoye la producción audiovisual madrileña, que no existan protocolos de ‘fact check’, que se «externalicen» los programas cuando ha aumentado la plantilla, que no se cuente con los profesionales de la casa o que no se celebren elecciones sindicales desde hace diez años. «Estas son algunas de las cuestiones que tenemos que abordar», ha sentenciado.

Negro ha remarcado que «quien quiere a Radio Televisión Madrid no le asusta la reforma» y ha asegurado que con los ‘populares’ el ente público «no corre ningún peligro». «Nosotros hacemos las cosas bien, las traemos al Parlamento», ha remarcado.

«LA NOSTALGIA DE LOS REACCIONARIOS»

La diputada de Unidas Podemos Vanessa Lillo ha indicado que lo que se aprueba es la «condena a muerte» de Radio Televisión Madrid, producto de una «especie de castigo o de que van a iniciar de nuevo una cacería».

«Quieren que Telemadrid vuelva a ser la televisión oscura de la época de Esperanza Aguirre, cuando llamaban al presidente para decirle que manipulase las informaciones. Esta ley representa la nostalgia de los reaccionarios», ha lanzado.

Para la parlamentaria, esto es «una cacicada con todas las letras» y, a su parecer, desde el PP lo saben pero «lo van a hacer porque les dan los números y les da la gana», en base a «intereses particulares» y a convertir el ente público en «una herramienta para hacer propaganda política de cara al 2021».

PSOE: NO HAY «RAZONES OBJETIVAS»

Por su parte, la diputada del PSOE Isabel Aymerich ha indicado que su grupo rechaza esta reforma porque busca que el Gobierno «retome un mayor control de forma única y urgente». «No hay razones objetivas para los cambios, las audiencias son buenas, hay equilibrio presupuestario, los órganos de Gobierno son legítimos y funcionan», ha argumentado.

Defiende el PSOE que esta reforma responde a «intereses muy concretos, gubernamentales y electorales», que no nace de «modernizar, ni adaptar o armonizar» RTVM, sino para hacer «caducar» al director general y colocar a un administrador provisional nombrado por el Consejo de Gobierno. «Público no quiere decir del Gobierno, sino de toda la sociedad», ha sentenciado la diputada.

MM CREE QUE LE «ASESTAN UN GOLPE LETAL»

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha criticado que el PP lleva a cabo, como primera medida en la legislatura, la «única cacicada» que Ciudadanos le impidió cuando compartían gobierno. «Ustedes hoy pegan un golpe a la libertad», ha lanzado.

Además, Martínez Abarca ha denunciado la «prisa» que han tenido por «tomar el abordaje de Telemadrid» y darle «un golpe letal». «La señora Ayuso va a tener una Telemadrid que no va a ser una Telemadrid muy de derechas, ni siquiera una Telemadrid del PP, va a ser una Telemadrid muy de Ayuso. La va a utilizar para sus intereses particulares como hizo la señora Esperanza Aguirre», ha espetado.

Las tres formaciones de izquierda han criticado la abstención de Vox, que ha permitido sacar adelante la reforma de la normativa, al considerarlos «cómplices» y «pagafantas».

VOX ESTARÁ VIGILANTE

Por su parte, el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha sostenido que la diferencia de su formación con el resto de partidos es que mientras los demás aspiran a poner a su servicio «los chiringuitos que cuelgan de la Administración» es que ellos aspiran «simple y llanamente a cerrarlos», tal y como quieren hacer con Telemadrid.

«El problema de Telemadrid es que para justificar sus apetencias la venden como un servicio público pero no la tratan como tal. La premura y la urgencia con la que se ha impulsado esta proposición de ley es la prueba más evidente que el único afán aquí es la intervención política y la de utilizar este organismo autonómico como un altavoz al servicio de su propaganda», ha declarado dirigiéndose a la bancada ‘popular’.

Así, ha incidido en que el PP quiere hacerles cómplices de su reforma legal porque saben que los actuales «comisarios políticos» que hay en la cadena, a quien más perjudican es a Vox pero ha remarcado que «no todo vale» y les ha recordado que esta es «su ley». «Nuestro voto es la abstención, la abstención militante. Desde nuestra posición vigilaremos que el PP no convierta Telemadrid en correa de transmisión de sus intereses políticos o en campo abonado para el despilfarro», ha zanjado.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este jueves el sobreseimiento definitivo para Indra en el marco de la pieza 9 de la macrocausa ‘Púnica’, en la que se investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid.

Así se desprende de la información enviada por esta compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Señala en el hecho relevante que este mismo jueves ha recibido la notificación del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con fecha de 8 de julio, que «decreta el sobreseimiento definitivo de las actuaciones respecto de la sociedad en el procedimiento de Diligencias Previas 85/2014, pieza separada 9 (conocido como ‘Operación Púnica’)».

La Sala respalda así la decisión del magistrado que instruye esa causa, Manuel García-Castellón, quien ya en marzo acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Indra como persona jurídica en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

En dicho auto, con fecha de 23 de marzo, el magistrado acordaba esta medida al «no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad, respecto de la actuación de sus empleados y además, al haberse constatado la adopción y ejecución, antes de la comisión del delito, de un modelo eficaz de prevención supervisado por un órgano autónomo».

Indra había solicitado previamente el sobreseimiento al entender que, una vez realizadas todas las diligencias necesarias y pertinentes, se había acreditado que las conductas presuntamente realizadas por algunos de sus profesionales no podían ser atribuidas a la persona jurídica en su conjunto, además de que la compañía contaba con un modelo de cumplimiento normativo eficazmente implementado.

Esta decisión del juez, que fue recurrida por varias de las partes personadas, incluida la Fiscalía, fue ratificada de nuevo por auto de 10 de mayo, en el que García-Castellón insistía en el archivo e incidía en que durante la instrucción no ha quedado debidamente acreditado «la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad»

El Ministerio Público había impugnado el archivo al entender que el instructor se estaba «arrogando funciones que corresponde al tribunal al apreciar la existencia de una excusa absolutoria». Pero el juez no compartía esta postura y afirmaba que tiene la misma competencia para pronunciarse sobre el sobreseimiento de cualquier investigado, ya sea persona física o jurídica, «cuando se aprecia que no resulta debidamente acreditada la comisión de la infracción».

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 recordaba en mayo que la citación como investigada de Indra en 2019 por su presunta participación en un delito de cohecho se basó en que la empresa «nunca activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos».

El instructor afirmaba que, tras la práctica de diligencias, no ha resultado acreditado que la empresa careciera de un mecanismo efectivo de prevención de delitos. «Así, se acuerda el archivo, no porque se entienda que no existen hechos delictivos, sino porque se concluye que la entidad tenía instaurado, al tiempo de consumarse los hechos aparentemente delictivos, un programa de cumplimiento normativo eficaz», señalaba.

En este sentido, indicaba, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la responsabilidad penal de la persona jurídica quedará excluida si se acredita la existencia de mecanismos efectivos de exclusión o disminución relevante del riesgo de perpetración de delitos en la empresa.

«No puede exigirse a la persona jurídica la implantación de un sistema de prevención con eficacia absoluta, de suerte que su simple existencia impida la comisión de delito alguno. La eficacia del programa solo puede ser medida desde la capacidad de impedir y reaccionar», añadía el juez, que recordaba que Indra aportó documentación, identificó a los responsables de los hechos aparentemente delictivos y tomó medidas al respecto.

Ciudadanos se reivindicará en su convención política del 17 y el 18 de julio como el único partido liberal de España y como «el gran antídoto frente al nacionalismo y al populismo», presentando el centro como un espacio de diálogo y de convergencia frente a «la polarización y la crispación».

Este encuentro, que se celebrará en Madrid, en el Palacio de los Duques de Pastrana, una semana después de que el partido cumpla quince años, contará con la participación de unas 300 personas, entre cargos de la formación naranja y afiliados de base. Comenzará el sábado por la mañana y finalizará el domingo a mediodía con un discurso de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas.

La dirección de Ciudadanos asegura que el objetivo es escuchar la voz de los militantes y de la sociedad civil, pues considera que son los ciudadanos los que deben marcar la agenda a los políticos en función de sus intereses y preocupaciones, y no al revés.

Pero ya hay algunas ideas que marcarán la convención. En primer lugar, que son «el único proyecto político liberal que hay en España»; de ahí la imagen que han preparado para este encuentro: la palabra «Liberales», en naranja, junto a un corazón que contiene la bandera española y la europea.

EL ANTÍDOTO CONTRA EL NACIONALISMO Y EL POPULISMO

El partido liderado por Inés Arrimadas apuesta por «consolidar el espacio de centro liberal en defensa de los valores constitucionales y como el gran antídoto contra el nacionalismo y el populismo».

Al mismo tiempo, busca el entendimiento con «partidos de Estado que valoran la democracia y saben que por delante siempre está la ley» y se ofrece como «garantía de tranquilidad y estabilidad política» frente a «la polarización y la crispación».

Aseguran que son «liberales sin matices», porque defienden la libertad en todos los ámbitos, y resaltan este término frente al concepto de partido «de centro» porque creen que este último ha quedado «denostado» a causa del uso que han hecho de él algunos partidos.

Además, en la formación naranja recalcan su «fuerte convicción europeísta» y sostienen que, tanto en el ámbito europeo como en el nacional, la «alternativa liberal» es una opción clara y diferenciada de los partidos conservadores y los socialdemócratas.

«Otros son los conservadores en España y tienen su público, no hay que avergonzarse de ello», comentan en la dirección de Ciudadanos en referencia al Partido Popular.

DEFINIR LAS PROPUESTAS Y EL RUMBO FUTURO DEL PARTIDO

En la convención habrá, por un lado, mesas de expertos en distintas materias y miembros de la sociedad civil y, por otro, grupos de trabajo conformados por miembros del partido y representantes de la afiliación que tratarán los temas fundamentales que han ido proponiendo los militantes en los dos últimos meses.

De ahí saldrá una hoja de ruta que marcará el rumbo de Cs en los próximos años y definirá las propuestas que defenderá en las instituciones.

Los dirigentes de Ciudadanos, que en las últimas semanas han visitado distintas comunidades autónomas para escuchar a los afiliados, destacan que han recibido más de 2.000 propuestas de unas 1.500 personas y lo ven como una demostración de que la convención «rearmará y fortalecerá» al partido.

Pese a la «situación complicada» que admiten que Cs atraviesa actualmente, tras las fugas de cargos –muchos de los cuales se han unido al PP– y los malos resultados electorales, afirman que la militancia «se ha volcado para dotar de propuestas políticas al partido».

CIUDADANOS ES UNA MARCA «POTENTE»

Sobre la posibilidad de cambiar la marca del partido, en el equipo de Arrimadas dicen que Ciudadanos es una marca «fuerte y potente» y que no se plantean renunciar a ella, pero se muestran abiertos a algún ligero cambio en la imagen corporativa.

Respecto a la asistencia o no del expresidente de Cs, Albert Rivera, a la convención, no consideran que les haya dado un «portazo» por no querer participar.

Aclaran que la invitación siempre estuvo ahí, porque Rivera mantiene una comunicación «muy fluida» con miembros de la actual dirección, pero desde el principio tenían claro que al dimitir, en noviembre de 2019, dejó la política, y por eso no esperaban que acudiera.

Para la convención política de Ciudadanos se han organizado cuatro ponencias, tituladas ‘Ciencia y agenda verde’, ‘El centro necesario, el valor de ser liberal’, ‘Renovar Europa’ y ‘La España de las libertades y los derechos’.

En ellas participarán el economista y experto en energía Isidoro Tapia, el científico y divulgador Eduardo López Collazo, el director de ‘El Español’, Pedro J. Ramírez, distintos líderes liberales de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, el profesor de universidad David Mejía, la periodista Maite Rico y los economistas Maria Blanco, Benito Arruñada y Rafael Domenech.

En cuanto a los grupos de trabajo, los representantes de Cs se repartirán en cuatro: ‘La España de las libertades y la igualdad’, ‘La España de futuro’, ‘La España moderna’ y ‘La España verde’.

La última actualización del mapa de colores que marca los niveles de riesgo por coronavirus en la Unión Europea y que sirve de base para revisar las recomendaciones de viaje dentro del espacio común marca Portugal, Chipre y casi la totalidad de España como únicos destinos en rojo del conjunto de los Veintisiete.

En el caso de España, solo Galicia y Castilla-La Mancha se mantienen un nivel por debajo de alerta, en naranja, mientras que el resto del país aparece colorado de rojo, lo que implica un alto número de contagios en los últimos catorce días, según la última actualización del mapa del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por su siglas en inglés).

España es, además, el único país de los Veintisiete con un índice de positividad superior al 4 por ciento.

El mapa en el resto de la Unión Europea aparece principalmente en color verde, el mejor de los escenarios, a excepción de Países Bajos y algunas regiones por ejemplo en Dinamarca o la capital belga, Bruselas.

El centro europeo reúne los datos facilitados por los propios Estados miembro sobre su situación epidemiológica y los traslada a la escala de colores que en el mapa común indica el número de contagios por cada 100.000 habitantes en los catorce días anteriores.

El mapa se actualiza cada semana porque es la base que siguen los Veintisiete a la hora de revisar las recomendaciones que se han comprometido a seguir en su gestión de los viajes dentro del espacio común durante la pandemia.

El objetivo es asegurar una mejor coordinación que en los primeros meses de la crisis, cuando muchos países optaron por cerrar sus fronteras y suspender la libre circulación entre países de la UE por miedo a la propagación del virus.

La Unión Europea cuenta desde el 1 de julio con el Certificado Covid con el que espera reactivar el turismo dentro de los países del bloque porque permitirá a los viajeros viajar sin restricciones si han sido vacunados, tienen anticuerpos o presentan una PCR negativa antes del viaje.

Con todo, los Veintisiete tienen libertad para aplicar restricciones más severas para entrar en su territorio porque las competencias de frontera son nacionales, lo que ha permitido a países como Francia o Alemania con amagar con desaconsejar los viajes a España y Portugal o exigir otras medidas como cuarentena a los turistas que regresen de destinos en rojo.

Unidas Podemos se ha reivindicado este jueves como factor clave para que Andalucía pueda tener un gobierno progresista y se ha conjurado para fortalecerse como espacio «unitario», «cohesionado» y «abierto» a la sociedad civil que la ciudadanía de izquierdas espera de cara a las próximas elecciones.

Así lo han puesto de manifiesto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el coordinador de IU en Andalucía, Toni Varelo, y el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, tras participar en la mesa confederal de Unidas Podemos por Andalucía, a la que también ha asistido la coordinadora autonómica de la formación morada en esta región, Martina Velarde.

Belarra ha destacado la importancia de la confluencia entre las tres formaciones y ha destacado que en los próximos dos años el espacio progresista tiene que sumar cuestiones «absolutamente claves» para el país y Andalucía, como garantizar que la recuperación económica que se va a producir «sí o sí» llegue al conjunto de los andaluces y no se quede «en manos de unos pocos».

FORTALECER LAS ALIANZAS DENTRO DE UNIDAS PODEMOS

Para ello, la también ministra de Derechos Sociales ha subrayado que es necesaria una «recuperación justa, social, verde y feminista», lo que requiere trabajar «desde ya» para «tejer y fortalecer» las alianzas entre las organizaciones que conforman el espacio de Unidas Podemos en Andalucía.

«Este espacio es clave para poder tener el día de mañana en Andalucía un gobierno progresista, que se preocupe de verdad por la gente», ha reivindicado Belarra para enfatizar que, a partir de ahora, tienen que emprender una tarea organizativa para esta «en cada barrio».

También ha subrayado que Unidas Podemos tiene que ser un espacio abierto «permanentemente» a la sociedad civil y al conjunto de la ciudadanía que «quiere cambiar las cosas».

«Necesitamos estar muy cohesionadas y organizadas para que este espacio sea lo más fuerte posible. Somos conscientes de que si solo Unidas Podemos está muy fuerte, hay cuestiones que van a cambiar en Andalucía», ha remachado.

ANDALUCÍA TIENE QUE SALIR DEL «ENCLAUSTRAMIENTO DE LA ULTRADERECHA»

Por su parte, Toni Valero ha señalado que Andalucía, a pesar de ser una tierra de trabajo y de gente entregada por el futuro, «siempre se ha visto en una situación de desigualdad» y «ha llegado la hora» de que esto cambie.

Sobre todo cuando hay un «proceso político de cambio en el país» al que se tiene que incorporar Andalucía, pero que «las derechas reaccionarias» en la región están impidiendo a la hora de plasmar «un progreso en igualdad», la «justicia social» y de «cambio de modelo productivo necesario».

Y es que Valora ha confrontado que mientras a nivel nacional se habla de «reindustrialización verde», el actual Gobierno autonómico impulsa una ley del suelo que «vuelve a depredar el medio ambiente» y retorna a «la cultura del pelotazo.

Además, el líder regional de IU ha lamentado que mientras se producen los avances de derechos sociales, como la ley trans o de eutanasia, en Andalucía se fragua un pacto con Vox para tratar de introducir el ‘pin parental’. Lo mismo ocurre en materia fiscal, dado que cuando se debate una reforma de carácter progresivo, la actual Junta de Andalucía sigue poniendo «privilegios fiscales» a las grandes fortunas.

Por tanto, Valero ha proclamado que la comunidad tiene que «salir del enclaustramiento de la ultraderecha» y para ello es «fundamental» Unidas Podemos, pues es el «espacio de unidad» para llegar a cada rincón de Andalucía y la «esperanza de cambio.

ANDALUCÍA SERÁ «FOCO PARA TODO EL PAÍS DEL CAMBIO»

De esta forma, ha remarcado que quedan dos años hasta las próximas elecciones y el objetivo es que Andalucía sea el «foco para todo el país del cambio» mediante la izquierda. En consecuencia, ha garantizado que IU, Podemos y Alianza Verde van a construir un espacio «unitario, potente y fuerte» que espera la ciudadanía progresista.

Mientras, López de Uralde ha destacado que la crisis ecológica global está «azotando» especialmente a Andalucía y para combatir sus efectos es necesario Unidas Podemos, que tiene como eje las políticas verdes.

Al respecto, ha mostrado su preocupación por la recuperación en Andalucía del «urbanismo especulador», el riesgo de que la región pueda convertirse en un «receptor universal de residuos tóxicos y peligrosos», la falta de cuidado del medio ambiente o la «vuelta al ladrillazo».

La reunión del espacio confederal se produce en un momento clave y en un territorio marcado por la fragmentación del espacio progresista, tras la escisión dentro de Unidas Podemos del sector que abandera la diputada autonómica Teresa Rodríguez, que recientemente presentó la refundación de Adelante Andalucía, tras una serie de desencuentros. Además, en la región también se ha constituido la marca Más Andalucía, proyecto referenciado a la formación que lidera Íñigo Errejón, Más País

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este jueves a la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, el compromiso de España con un futuro democrático para Bielorrusia ante la represión llevada a cabo por el presidente, Alexander Lukashenko, cuya reelección para un sexto mandato en agosto de 2020 no reconoce la UE.

Sánchez ha cerrado su visita a Lituania con un encuentro con la opositora bielorrusa, ganadora según la oposición de las elecciones del verano pasado y que vive exiliada en el país báltico desde poco después.

El encuentro, según ha informado Moncloa, les ha permitido intercambiar puntos de vista sobre la evolución de los recientes acontecimientos en Bielorrusia, la necesidad de una transición democrática en el país y la situación de los presos políticos.

En este sentido, Sánchez «ha reiterado el compromiso y solidaridad de España con la sociedad civil para lograr un futuro democrático, su llamamiento al cese de la violencia del régimen de Lukashenko y a la liberación inmediata de las personas arbitrariamente encarceladas, junto al establecimiento de responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos».

Asimismo, el presidente del Gobierno ha expresado su apoyo a las sanciones impuestas contra Lukashenko y su régimen por los Veintisiete, a raíz de la represión de las protestas contra la reelección del presidente y la persecución de la oposición y con motivo de la intercepción de un avión de Ryanair que viajaba a Lituania para detener a un opositor.

Además, ha trasladado a Tijanovskaya su «más profunda solidaridad personal» dado que su marido el activista Sergei Tijanovski –quien iba ser candidato a las presidenciales y cuyo testigo tomó luego ella– está encarcelado desde mayo de 2020.

«Feliz de reunirme con el presidente de España en persona», ha escrito por su parte Tijanovskaya en su Twitter, que durante una visita a España hace unos meses no pudo verse con Sánchez porque este estaba en cuarentena por un contacto con un positivo de COVID-19.

«Le he informado sobre la represión contra los medios libres en Bielorrusia», ha indicado, precisando que han acordado «desarrollar programas de rehabilitación de prisioneros políticos y familias» así como «ayudar a empresas y start-ups a trasladarse de Bielorrusia a España».

ENCUENTRO CON SABONIS

Antes de este encuentro, Sánchez se ha reunido también el presidente de la Federación Lituana de Baloncesto, Arvydas Sabonis, quien jugó hace años en el Real Madrid.

El deporte tiene un papel clave en el acercamiento y conocimiento mutuo entre naciones y sociedades», ha reivindicado el presidente en su Twitter, destacando que Sabonis es «todo un referente lituano en el mundo del baloncesto.

«Su desempeño profesional constituye un puente en las relaciones entre nuestros países», ha subrayado el presidente, que con su visita a Lituana pone fin a una gira que le ha llevado también a Estonia y Letonia.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recomienda evitar una serie de actuaciones en su nuevo Código de Buenas Prácticas Científicas (CBPC) a la hora de difundir y divulgar resultados científicos a los medios de comunicación.

Por ejemplo, insta a evitar «exagerar la importancia y la aplicabilidad práctica de los resultados», la omisión de «información relevante» o «circunstancias que pudieran generar confusión, crear falsas expectativas o hacer concebir la existencia de soluciones inmediatas o inexistentes».

El nuevo Código, que se ha presentado este jueves y sustituye al anterior (de 2011), dedica un capítulo a la difusión de resultados, a cómo debe prepararse esta fase y qué debe tenerse en cuenta a la hora de publicar los resultados de la investigación, con especial énfasis en las cuestiones de autoría y con recomendaciones importantes a la hora de difundirlos a través de los medios.

«Se evitará exagerar la importancia y la aplicabilidad práctica de los resultados, así como omitir información relevante, circunstancias que pudieran generar confusión, crear falsas expectativas o hacer concebir la existencia de soluciones inmediatas o inexistentes», reza el documento.

EL PERSONAL INVESTIGADOR EN LOS MEDIOS

La guía también dedica un apartado al personal investigador en los medios. Según recoge el texto, el personal del CSIC que participe en actividades de docencia, difusión y divulgación no deberá comprometer la imagen ni la credibilidad del CSIC.

Con respecto a las redes sociales, señala que la información científica que se difunda a través de ellas, así como en portales de Internet, deberá estar «contrastada, verificada, actualizada y contextualizada» como requiere la comunicación científica.

Además, se utilizará un «lenguaje accesible y aséptico, de manera que resulte inteligible por el público no especializado y se eviten distorsiones y exageraciones sensacionalistas, así como la divulgación indebida de datos de carácter personal».

Asimismo, cuando se viertan opiniones personales se enfatizará en que lo manifestado no tiene por qué reflejar la postura o criterio institucional. Precisamente, el Código recalca que el personal del CSIC no podrá arrogarse representación institucional cuando realice actividades de divulgación a título particular.

Tal y como ha asegurado el presidente del Comité de Ética del CSIC e investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Lluis Montoliu, que ha presentado este jueves el nuevo Código junto a la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, «los investigadores del CSIC, cuando exponen sus opiniones y análisis científicos sobre los temas de los que son expertos reconocidos, hablan a título personal, y no en nombre de la institución, a no ser que hayan sido invitados a ello por la propia institución».

UN DOCUMENTO PARA FOMENTAR LA CONDUCTA RESPONSABLE

El nuevo Código, que alcanza a todo su personal investigador, desarrolla los aspectos del trabajo científico, entre los que destacan los que atañen a la investigación con seres humanos, con animales y a la seguridad y la salud de los investigadores y del resto de la sociedad, así como la protección del medio ambiente.

«El nuevo Código de Buenas Prácticas Científicas del CSIC persigue fomentar la conducta responsable y la excelencia en la investigación y es de aplicación a todo el personal investigador de la institución, incluidas las personas en formación y las que desarrollan labores técnicas y de apoyo conexas a la investigación», afirma Montoliu.

El Código de Buenas Prácticas Científicas del CSIC promueve la integridad científica, y subraya valores como la honestidad, la imparcialidad o la independencia. El documento recuerda que los experimentos y observaciones deben estar cuidadosamente diseñados, con rigor e inteligencia, con el fin último de asegurar la obtención de información veraz y completa, y el mejor uso de los recursos disponibles.

El nuevo Código subraya que en las tareas de evaluación debe actuarse de forma rigurosa y se desarrolla la labor del investigador como formador y supervisor, ejerciendo liderazgo. Además, se recuerdan las obligaciones que adquieren los tutores con respecto a sus discípulos o personal investigador en formación. También se resaltan las obligaciones de estos últimos en relación con sus supervisores, el grupo y el trabajo de investigación que realizan.

El respeto a los acuerdos adoptados en cualquier colaboración científica, interna o externa, también está desarrollado en el nuevo Código, con menciones expresas a la actividad científica contratada y a las labores de asesoramiento que realizan los científicos. De igual manera, se aborda la gestión de los resultados de investigación susceptibles de protección.

CIENCIA ABIERTA E IGUALDAD DE GÉNERO

El Código también aborda las vulneraciones de la integridad científica y las malas prácticas en investigación que deben evitarse en todo momento, en especial las que revisten mayor gravedad y resultan claramente fraudulentas, como la fabricación, falsificación o plagio de resultados, entre otras. El nuevo Código también se refiere a la gestión de los conflictos de intereses, aunque están desarrollados más extensamente en el Manual de Conflictos de Intereses del CSIC.

El nuevo Código termina con una sección de compromiso institucional en la que se subraya que el objetivo de esta institución es perseguir la excelencia en el desarrollo de la investigación científica, con el compromiso de producir y comunicar resultados de la más alta calidad, además de consolidar la apuesta por la ciencia abierta.

El CSIC se compromete a fomentar la cultura de la honestidad en el entorno científico y a promover la conducta responsable en investigación, la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación y, en particular, la perspectiva de género en la ciencia, con acciones que permitan avanzar hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres en la institución, con un firme compromiso por la diversidad y la inclusión», ha concluido Montoliu.

Asociaciones provida han mostrado su rechazo al anuncio de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de eliminar el periodo de reflexión de tres días obligatorios antes de abortar pues consideran que esto «no es dar libertad a la mujer» sino «abocarla directamente al aborto».

«Eliminar los tres días de reflexión obligatorios antes de abortar no es dar libertad a la mujer, es abocarla a someterse directamente al aborto cuando tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su vida, es sentenciarla al drama que supondrá para ella la muerte de su hijo», ha subrayado la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera, en declaraciones.

Si bien, precisa que «a los que se lucran con la muerte y a los que legislan en torno a ella no les interesa que la madre pueda pensar, igual que no les interesa que pueda recibir una información completa para decidir a través de una ecografía en la que vean a su hijo y escuchen su corazón».

Frente al anuncio de Montero, la portavoz de Derecho a Vivir pide a la ministra que «ayude a las madres». «Efectivamente estas mujeres no necesitan su tutela, necesitan su ayuda, la ayuda de la Administración para sacar adelante a sus hijos», precisa. Asimismo, considera que «no se puede eliminar la objeción de conciencia de los médicos».

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha calificado el anuncio de Montero como «una vuelta de tuerca más» y, en todo caso, ha dicho que el periodo de reflexión de tres días, en el fondo, es «un paripé».

«Los tres días no son algo maravilloso porque es bastante paripé ya que en ese tiempo las mujeres siguen recibiendo presión para abortar, incluso les dicen a veces que no hablen con nadie que pueda hacerles reconsiderar el tema, pero quitarlos es dar una vuelta de tuerca más para que no se les escape ni una sola cliente a los abortorios», ha remarcado Latorre.

Según ha explicado, «los tres días de reflexión ya se han suprimido en algunas comunidades autónomas durante el Estado de Alarma, contribuyendo a asegurar los ingresos de los centros abortistas que hacen negocio con el dolor ajeno y con la muerte de los inocentes».

«No ha habido ningún otro beneficio para nadie y lo que se quiere impedir es que las mujeres puedan recibir ningún tipo de ayuda o se vuelvan atrás», ha añadido.

Para Latorre, la ley del aborto «necesita ser completamente renovada para devolver a todos los seres humanos el derecho a la vida, que se les ha arrebatado» y se ha mostrado convencida de que, con el trabajo de las organizaciones provida, «esta locura que ha supuesto un holocausto para millones de seres humanos inocentes, terminará más pronto que tarde».

UN TIEMPO «INSUFICIENTE»

Por su parte, la directora general de Fundación REDMADRE, Amaya Azcona, ha puesto de manifiesto que el periodo de reflexión de tres días que es obligatorio en la actualidad, es ya «insuficiente», tal y como les han manifestado algunas mujeres que recurren a su ayuda.

«Muchas mujeres embarazadas piden apoyo en REDMADRE habiendo abortado anteriormente. Estas mujeres nos expresan que no tuvieron tiempo suficiente para informarse, que la información que recibieron fue incompleta y no del todo veraz y que, en algunos casos, fueron presionadas por su entorno (familia o pareja) para que tomasen la decisión de abortar de manera inminente», ha explicado Azcona en declaraciones.

Para el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, el nuevo anuncio de la ministra de Igualdad «es lamentable» pues, a su juicio, demuestra que «está más centrada en una batalla ideológica que en ayudar verdaderamente a la mujer».

«Lo que realmente necesita la mujer son ayudas para seguir adelante con su embarazo. Somos uno de los países con menos ayudas a la maternidad de Europa», declara Ortega.

Según precisa, «cuando una mujer se queda embarazada de manera inesperada, la única salida que se le ofrece desde la Administración Pública, si se encuentra en desamparo social, es el aborto». «Es un drama al que el Gobierno debe poner soluciones reales y efectivas», ha zanjado.

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que insta al Gobierno a permitir que se siga utilizando fotografías hechas por profesionales para el nuevo DNI 4.0, en lugar de restringir su realización a las comisarías. «Hay 8.000 puestos de trabajo en juego», ha advertido.

En su iniciativa, los ‘populares’ reseñan que el Gobierno ha empezado a implantar el que será el DNI electrónico europeo 4.0 en lugares como Castilla y León o Ceuta con el objetivo de reforzar la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la UE y la libre circulación.

Sin embargo, cuestiona que el Ejecutivo persista en que se implante la fotografía solo en comisarías, una decisión que provocaría el cierre de «innumerables» comercios y cabinas «Fotomatón», además de llevar al paro a muchas personas del sector de la fotografía. En concreto, el colectivo afectado, según el PP, «supera los 3.500 establecimientos y hay 8.000 puestos de trabajo en juego».

UTILIZAR FONDOS EUROPEOS Y HUNDIR UN SECTOR

En el texto registrado, el PP pone de manifiesto que el Gobierno cuenta con un presupuesto de 6,5 millones que proceden de los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia para implantar el DNI exprés, por lo que cree que sería una «contradicción» utilizar fondos de recuperación para «hundir» un sector y enviar al paro a miles de personas.

Añade que, según responsables policiales, la fotografía ‘in situ’ en las comisarías «no es imprescindible» para el nuevo DNI, ni tampoco aporta un extra de seguridad en el proceso, ya que los funcionarios siguen verificando la foto y los datos con la persona. Además, apunta que otros países están abordando el proceso de digitalización sin necesidad de excluir al sector de la fotografía profesional.

El primer partido de la oposición también se hace eco de las reivindicaciones de los profesionales de la fotografía, que vienen recalcando que disponen de los medios necesarios para hacer fotografías para DNI y transferirlas «con total seguridad» a las aplicaciones que diseñe la Administración, y que ésta puede perfectamente verificar su autenticidad.

MÁS CARGA DE TRABAJO Y RETRASOS

Asimismo, precisan que la fotografía en papel cumple «con todas las exigencias» del Reglamento Europeo correspondiente y aporta niveles de seguridad que la fotografía digital, según advierten, todavía no puede garantizar.

Finalmente, el PP señala en defensa de la fotografía profesional que varios sindicatos policiales han denunciado ya que si las fotografías las tuviesen que realizar los funcionarios en comisarías, tendrían una carga de trabajo adicional, «provocando más colas y retrasos en la expedición o renovación del DNI».

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la directriz de cerrar parques y playas que son zonas de ‘botellón’ como medida de contención de la pandemia y ha recordado que se trata de una actuación de «obligado cumplimiento» con su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Así, ha pedido a los gobiernos locales «un poco de interés, sabiendo que es un esfuerzo» para tratar de «blindar la salud pública de los gallegos» haciendo cumplir la medida.

Son las palabras del mandatario autonómico después de que el comité clínico que asesora a la Xunta haya marcado el cierre de zonas de ‘botellón’ como una nueva medida dentro de la estrategia para placar la pandemia y después de que el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y el edil de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños, advirtiesen de las dificultades de la medida planteada y de que la capital gallega no cerrará cada uno des los espacios públicos planteados más allá de los perímetros que ya establece, como el de Bonaval.

Feijóo ha hecho ver que «si las ciudades gallegas» tienen «dificultades», la Xunta también. «No les cuento las que tenemos nosotros desde el punto de vista sanitario», ha apostillado, antes de mostrarse «convencido» de que «todos harán un esfuerzo».

Feijóo, que ha recordado que el consumo de bebidas alcohólicas en la calle ya estaba prohibido antes de la pandemia y es competencia de las entidades locales velar por el cumplimiento de esta normativa, se ha referido precisamente a la ciudad compostelana. «Siempre que se le pidió un esfuerzo fue capaz de conseguirlo», ha remarcado en relación tanto al control del consumo de bebidas en las calles como de fiestas en pisos.

ZONAS CONCRETAS

Precisamente, la Xunta ha convocado otra vez este viernes a los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad para explicar las nuevas actuaciones previstas.

En este sentido, Feijóo ha observado que en ciudades de 150 o 300.000 habitantes se «sabe cuáles son los puntos de botellón». «Puede haber 15 o diez, a qué hora se producen. Con un poco de interés, sabiendo que es un esfuerzo, y con el respaldo de la Policía Nacional, podemos tratar de blindar la salud pública de los gallegos», ha esgrimido.

De hecho, ha manifestado que Galicia «considera que puede gestionar sin cerrar de forma generalizada el ocio nocturno». «Estamos jugando con cosas importantes: con la salud de la gente; con las cuarentenas de los jóvenes; con la imagen reputacional del turismo, con algo conseguido; que Galicia sea un uno de los lugares más seguros de la Unión Europea».

Por tanto, el mandatario autonómico ha incidido en que «hay intereses sanitarios y económicos para pedir un esfuerzo especial a los ayuntamientos» y que las autoridades sean capaces de hacer cumplir las «prohibiciones» que las propias autoridades establecen.

Los dos magistrados que han emitido voto particular en el fallo de la Audiencia Nacional (AN) que rechaza obligar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a fijar plazo para limpiar el suelo radiactivo de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), critican la «falta de información y transparencia» en la gestión del área de más de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.

Al tiempo, certifican la existencia de «zanjas con residuos radiactivos» que no reconoce el tribunal como hechos probados, así como que la contaminación es por «plutonio» y por «americio».

Durante el procedimiento contencioso-administrativo, y de acuerdo a las instrucciones dadas por el Ministerio de la Presidencia, la Audiencia Nacional blindó el acceso al Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 que pidió al Consejo de Ministros que desclasificara y lo puso bajo custodia del letrado de la Administración de Justicia a efectos de que no trascendiese su contenido hasta limitar el acceso temporal y presencial a las partes.

En la sentencia, los magistrados Carlos Fernández de Aguirre y Helmuth Moya Meyer, quien ya mostró su discrepancia cuando se decidió instar al Consejo de Ministros a desclasificar el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 para aportarlo al procedimiento apostando por instar ya a la descontaminación sin esperar a EEUU, sostienen que el CSN sí tiene la competencia como «autoridad competente» en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para «impulsar la adopción de medidas efectivas de intervención en el área contaminada».

A partir de esta premisa, sí entran en el fondo del asunto para concluir que la demanda debió estimarse «en parte» y abogan por que el regulador atómico impulse primero «la culminación del proyecto de rehabilitación» para, posteriormente, impulsar los «trabajos para el tratamiento de las tierras contaminadas, fijando a tales efectos un plazo razonable para la ejecución de estos cometidos» y el cese, según remarcan, «de una situación que lleva soportando la población de Palomares durante más de 55 años».

Consideran ambos magistrados en la demanda de Ecologistas en Acción que la no disponibilidad actual de un Almacén Temporal (ATC) ni la falta de compromiso vinculante de EEUU para asumir el traslado de las tierras contaminadas a un almacenamiento definitivo «puede justificar la demora en la culminación del proyecto de rehabilitación y, una vez efectuado esto, el inicio del tratamiento de las tierras contaminadas».

«El Estado español tiene la obligación de intervenir en las situaciones de exposición perdurable, cuando sea conveniente y prudente para preservar la salud de la población, y la conservación del medio ambiente, en cumplimiento de los deberes impuestos en el Derecho comunitario y en la legislación nacional de velar por dichos valores», subrayan para añadir que «todo ello sin perjuicio de las negociaciones diplomáticas que se lleven a cabo con EEUU, responsable del desastre nuclear».

«LOS TERRENOS HAN SIDO UTILIZADOS COMO ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN»

Los votos particulares, que recuerdan que la ejecución de la limpieza ha sido «recomendada reiteradamente» por la Comisión Europea (CE), a la que España debe rendir cuentas sobre los avances al respecto a finales de 2021, recogen que se «tienen evidencias» de que los terrenos contaminados «han sido han sido utilizados desde el accidente como escenario para la investigación del comportamiento de radionucleidos en el medio natural, sin la debida transparencia e información al público en general, y a la comunidad científica en particular».

«Un elemental principio de precaución en materia ambiental exige que, por encima del interés que pueda tener para la investigación científica la no transformación de la situación de hecho, en especial en referencia a los isótopos del americio, se priorice el de salvaguardia de la salud pública y del medio ambiente, a pesar de que se considere que el riesgo de exposición radiológica no es alto, y aunque esté próximo a cumplirse el período en el que podrá observarse la máxima actividad del isótopo 241 Americio».

Los dos magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Nacional, cuyo tribunal ha prolongado la deliberación sobre el asunto más de un mes, ponen el foco, asimismo, en dos hechos que el fallo da como no probados pero que, según destacan, están «ampliamente documentados en el Plan de Rehabilitación, en la Memoria Palomares e informes de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea».

Por un lado, la existencia de dos zanjas de 1966 con «desechos radiactivos, cuya posición exacta fue determinada en el Mapa Radiológico Tridimensional» y que permanecen en la zona con «restricción total de usos» y, por otro, que la fuente de radiación se compone de isótopos de Plutonio: 238 Pu, 239 Pu, 240 Pu y 241 Pu y de Americio: 241 Am todos ellos transuránicos». «Lo que se duda es sobre la presencia de uranio (U) en las bombas y su enriquecimiento en 235 U, aunque se dice que, caso de existir, su impacto radiológico será menor», apuntillan.

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PARA LIMPIAR

Los dos magistrados comparten, asimismo, que cuando se retomaron los contactos diplomáticos entre España y EEUU, en 2015 el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio, aceptó la propuesta del Departamento de Energía estadounidense (DOE) de modificar los criterios de intervención en Palomares, «acuerdo cuyo contenido permanece clasificado».

«Casi inmediatamente después, se firmó el 19 de octubre del 2015 una declaración de intenciones» por el Ministro de Asuntos Exteriores y el Secretario de Estado de EEUU sobre Palomares, sin que se conozca ningún avance posterior», concluyen.

En su día y en el marco de procedimiento, el CSN aportó un documento que «no era copia certificada» del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a «todo el proceso relativo a Palomares» desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.

Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se ha producido «a instancias» del DOE de EEUU y asegura que, para ello, se «han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a», lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.

El objetivo, según mantiene el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría «únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada», lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU.