El Gobierno gallego ha trasladado su rechazo a la nueva Ley de Universidades, un texto que está cosechando críticas de toda la comunidad universitaria "que no reconoce el texto como suyo", valoración que la Xunta comparte.

Así lo ha trasladado el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria, que este miércoles analizó el texto del Ministerio dirigido por Manuel Castells

"Carece de ambición, puesto que no afronta las reformas que, durante décadas, fueron demandados por los más diversos foros. Esto es, una oportunidad perdida", ha lamentado, para reclamar pasos modernizadores en centros y estructuras universitarias, dado que la nueva ley no recoge la evolución de las últimas décadas.

Tampoco recoge realidades como la de los centros de investigación y consorcios de investigación, que quedan en el limbo. "Desde la Xunta apostamos, precisamente, por avanzar hacia la flexibilización de estas estructuras y a la especialización de las mismas", señaló el secretario xeral.

"Si se quiere contribuir a la mejora continua del sistema de I+D+i del sistema universitario, es necesario emprender este camino", insistió, para demandar la puesta en marcha de un procedimiento para la acreditación de las estructuras de investigación, que reconozca su excelencia y sostenibilidad.

En lo que respecta a la financiación de las universidades, lamentó que la ley no fije un marco común para todas las comunidades autónomas y mantengan 17 sistemas diferentes. "Se pierde una oportunidad para retomar el intento serio que hubo en 2010 de conseguir una estructura común estatal para el sistema de financiación", dijo.

Asimismo, destacó la falta de diálogo con los Gobiernos autonómicos a pesar de que son las que sostienen la financiación de las universidades. Díez de Castro destacó que la estructura que propone la ley en su exposición de motivos (financiación estructural, por objetivos y necesidades singulares) ya se está aplicando en Galicia, así como el principio de suficiencia financiera.

GOBERNANZA Y CONSEJOS SOCIALES

En materia de gobernanza a nueva ley vuelve al mismo punto de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) de 2007, lo que supone una "renuncia total" a objetivos ambiciosos. En este sentido, demandó una reflexión sobre el desarrollo de estos procesos en el contexto europeo y sobre los cambios referidos al papel de los consejos sociales, "que van en contra de la racionalidad y de la modernización".

"La dependencia jurídica y de gestión económica de la universidad, así como la presencia mayoritaria de la propia universidad en el Consejo Social que propone la ley anula cualquier labor de supervisión", señaló.

El Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, ha mostrado su rechazo al nuevo texto del anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que vendrá a sustituir la actual ley de 2001, y que precisa de una modificación profunda para adaptarla a los nuevos cambios que ha experimentado el sistema universitario español en los últimos 15 años.

Así lo ha defendido la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, durante su intervención, a través de videoconferencia, en la reunión del pleno de la Conferencia General de Política Universitaria celebrado esta tarde, que reúne a los representantes de todas las comunidades bajo la presidencia del ministro de Universidades, Manuel Castell, y en la que se ha analizado el anteproyecto de la Ley.

Miguélez ha manifestado su "descontento" y su oposición al texto elaborado por el Ministerio, porque, "después de haber presentado un buen número de alegaciones al documento inicial del Ministerio, apenas se han tenido en cuenta y, además, los grandes problemas, como los de la financiación y los del profesorado, quedan sin resolver". "Esperamos que en esta ocasión sí tengan a bien considerar las alegaciones que, evidentemente, volveremos a hacer llegar a este nuevo texto".

En concreto, la consejera ha criticado que el Ministerio "haya hecho oídos sordos" a las reclamaciones de las comunidades sobre la cuestión de la financiación de las universidades, "sin que el Gobierno central se comprometa a dar solución, no solo legal, sino económica, al relevo generacional que se está produciendo en las universidades como consecuencia de la jubilación a corto y medio plazo de un buen número de docentes, a la precarización del profesorado y a la generación y atracción de talento".

Igualmente, ha manifestado su oposición al tratamiento que hace el nuevo texto de Ley sobre la dualidad del régimen de profesorado, con la convivencia, en igualdad de condiciones, del Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario y de PDI laboral; criticó la desaparición de la figura del profesorado Contratado Doctor, ya consolidada, como el paso previo para el acceso al PDI funcionario, así como el régimen de los Consejos Sociales, "órganos fundamentales para la participación de la sociedad en la universidad y la rendición de cuentas, que en la nueva Ley incrementan su politización, al dejar sus nombramientos en manos de asambleas regionales y de la propia universidad, quedando al margen los Gobiernos regionales".

La consejera también ha criticado la forma en la que el Gobierno central está llevando a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley, a través de reales decretos antes de la aprobación de la misma, "ignorando las reclamaciones en este sentido de las comunidades autónomas".

No obstante, Miguélez ha manifestado de nuevo su deseo de "seguir colaborando con el Ministerio en la elaboración de esta Ley Orgánica, pero siempre desde el consenso y el mayor nivel de acuerdo", y recordó la "fuerte oposición que la elaboración de esta Ley está teniendo en los distintos sectores implicados, lo que requerirá más diálogo y debate".

El Rey Felipe VI ha señalado este miércoles que la recuperación económica y social que afronta España pasa por la necesidad de invertir en activos intangibles como son la formación o la innovación e impulsar el talento, concretamente el digital, "que ha sido clave a lo largo de la pandemia y que será decisivo en esta etapa de la recuperación".

"El reto de la recuperación económica y social que afrontamos, presenta muchas variables y su abordaje sectorial es ciertamente complejo", ha añadido el jefe del Estado, al tiempo que ha explicado que "comparte un requisito fundamental" y que este pasa por "la necesidad de una inversión vinculada a activos inmateriales, como la formación, la investigación, la innovación, la estrategia, la reputación o los datos".

Así lo ha pronunciado Su Majestad durante su intervención en la clausura del XIV foro COTEC Europa que se ha celebrado en Málaga y que ha contado con la presencia del presidente de Italia, Sergio Mattarella, del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo-, así como de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, entre otros.

Tras dirigirse a Mattarella y Rebelo para agradecer su compromiso con esta cita, así como "su amistad y complicidad en esta y muchas otras facetas", Felipe VI ha recordado que a principios de marzo de 2020 no sabían que este evento anual se retrasaría tanto y se celebraría en un contexto tan distinto. Sin embargo, ha asegurado que la temática elegida en aquel momento, 'La economía intangible en Europa', "continúa teniendo plena vigencia y, ciertamente, más interés que nunca.

El Rey ha insistido que "sin ese capital intangible, todo despliegue de infraestructuras, tradicionales o modernas, y de otros activos materiales, en ámbitos como la transición digital o ecológica, tendrá un impacto limitado".

Además, ha recalcado que así lo han apuntado las diferentes intervenciones que se han escuchado durante el foro: "Se necesita destinar más recursos a los activos intangibles y, al mismo tiempo, medir mejor los que ya se han destinado, así como evaluar mejor su impacto".

En esta clave, el monarca ha hecho hincapié en que la manera en la que se mide la economía "condiciona su desarrollo y necesita a su vez evolucionar para atender nuevas realidades". Por ello, ha aseverado que es de "vital importancia" el trabajo que desarrollan las tres organizaciones Cotec en Europa. En concreto, ha puesto como ejemplo de esta "colaboración prometedora" el informe que Cotec ha dado a conocer en la jornada de hoy y "que describe la evolución comparada de la inversión de siete tipos de intangibles durante más de dos décadas", así como el compromiso adquirido por las tres entidades Cotec "para trabajar conjuntamente por el talento".

"El informe que se ha presentado evidencia que nuestros países han hecho un intenso esfuerzo de convergencia en las últimas décadas en cuanto a inversión en intangibles. Y es vital que esta tendencia se acelere en los próximos años", ha apostillado el Rey, que también se ha referido a que el análisis también muestra que "el actual déficit en inversión intangible no es homogéneo entre tipos de activo ni entre países". "De hecho, destaca la buena posición de nuestras economías en lo que se refiere a inversión en imagen de marca, publicidad o estudios de mercado", ha concretado.

En el caso de Italia y Portugal despunta también, según ha señalado el Rey, "el esfuerzo en diseño", del mismo modo que España sobresale "en activos ligados a la propiedad intelectual". Sin embargo, ha apuntado que la debilidad es manifiesta en los activos que "tienen mayor impacto en la productividad" como el "I+D", la "mejora de la formación de los trabajadores" y la del "funcionamiento de las organizaciones".

IMPULSAR EL TALENTO, OTRO DE LOS ACUERDOS DE COTEC

Por otra parte, Felipe VI ha puesto el foco sobre el segundo de los acuerdos que nacen de este foro y que es el impulso al talento, "el intangible más distribuido de todos, puesto que cada persona -y por tanto toda organización- lo posee en alguna medida". "Hablamos de talento, o quizá debería referirme a los talentos, porque son muchas las habilidades y competencias que engloba el término, como también son muchas las formas de atraerlo y retenerlo en las organizaciones y territorios. Son, por último, también múltiples las formas de aprovecharlo o no. Podría decirse que la conexión entre inversión y talento es tan antigua como el propio término", ha expuesto.

En esta clave, se ha referido a un "particular tipo de talento", el talento digital, "que ha sido clave a lo largo de la pandemia y que será decisivo en esta etapa de la recuperación" y ha hecho alusión a la etapa de confinamiento "en la que sectores completos de la economía tuvieron que operar digitalmente de la noche a la mañana". "Pensemos, en particular, en el reto mayúsculo que supuso para millones de escolares, profesores y familias el salto precipitado a la educación en línea", ha insistido.

Así, ha apuntado a los informes de Cotec que "evidencian que el cierre de escuelas puede haber producido un impacto negativo sobre el aprendizaje de los alumnos, pero que ese impacto será muy superior para los alumnos de entornos desfavorecidos o más vulnerables". En concreto, ha señalado que habla de brecha de acceso, brecha de uso y brecha escolar.

"Esta situación sobrevenida añade dificultad a un panorama que, en España, ya era de por sí complejo. De acuerdo con la macroencuesta demoscópica de Cotec, -en torno a un 40%- de la población activa española no se considera capacitada para desenvolverse profesionalmente en una sociedad digital", ha lamentado el Rey, que ha reconocido que "no es quizás del todo una sorpresa", pero "sí nos debe preocupar y ocupar".

Felipe VI también ha destacado que la formación y el reciclaje profesional "ha de ser incentivada por las instituciones educativas, y apoyada y facilitada en cada puesto de trabajo". En este punto, ha mencionado la creciente penetración de robots y algoritmos en tareas que, hasta hace bien poco, eran típicamente desempeñadas por trabajadores, por personas. "(Esto) nos anima a revisar y reforzar aquellos talentos vinculados directamente con los seres humanos, así como a comprender cómo el factor humano, los sesgos psicológicos y sociológicos, condicionan la manera en la que tomamos decisiones en todos los ámbitos", ha recordado.

Por último, ha dado fin a su intervención con una cita de Pablo Ruiz Picasso: "Otros han visto lo que es y preguntaron por qué. Yo he visto qué podría ser y he preguntado por qué no".

"Es una que bien podría describir el compromiso de Cotec Europa con el análisis de la Economía Intangible, porque en este espacio de innovación sabemos que lo que podemos llegar a ser está mucho más allá de lo que somos y que somos mucho más de lo que podemos ver y medir", ha zanjado.

El juzgado de Primera Instancia número 4 de Logroño ha avalado la legalidad del proceso de primarias de Podemos en La Rioja durante el año 2019 que designó como líder de la formación morada a Arantxa Carrero, al constatar que no existen indicios de fraude ni de vulneración del derecho de participación política.

Así lo establece en una sentencia, para desestimar la demanda de la rival de la coordinadora autonómica y exmilitante de la formación Sara Carreño, quien perdió el proceso por 17 sufragios. De esta forma el fallo, al que se puede presentar recurso de apelación, rechaza anular el proceso de votación.

Carreño demandó al partido al considerar que hubo irregularidades en el proceso de votación y recuento de sufragios, pues sostenía que se impidió a un grupo de personas participar en las primarias y hubo al menos 13 sufragios supuestamente fraudulentos.

Además, en mayo de este año la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos confirmó la expulsión de militancia de Carreño y otros 12 inscritos de la formación, dado que frente al resultado de las primarias se autonombraron como legítimos representantes de la coordinación autonómica del partido, constituyendo un Consejo Ciudadano alternativo.

La formación argumentó que habían vulnerado la voluntad de los inscritos que participaron en el proceso de elección y trataron de suplantar a los órganos legítimos de la organización en La Rioja".

NO APRECIA IRREGULARIDADES EN EL SISTEMA DE VOTACIÓN

Sobre este polémico caso, la sentencia del juzgado ha decretado que "no es posible apreciar indicios de fraude en el cómputo de votos, pues detalla que la demandante no justificó que se hubieran eliminados votos indebidamente ni que fueran favorables a ella".

La demanda de Carreño alegaba que varias personas intentaron ejercer su voto y que hubo problemas para registrarse en el censo de las primarias, cursándose declaración a varios testigos propuestos por ella. Además, aportó un informe pericial que proclamaba que el sistema informático elegido, proporcionado por la empresa nVotes, podría manipularse.

De este extremo, el juzgado recalca que el experto presentado por la demandante había realizado comentarios en chats contra la fiabilidad del sistema y que admitió pertenecer también a Podemos, una situación "poco prudente" al "poner en tela de juicio su imparcialidad".

Es más, detalla que para su informe "ni se puso en contacto con el partido, ni con el equipo informático, ni con la empresa responsable del software empleado por Podemos para la votación.

"Luego las conclusiones del perito no tienen sustento enlos conocimientos sobre el sistema de votación o sus conocimientostécnicos, sino que emite su parecer técnico con base en lomanifestado por terceras personas, o por lo que afirma quedeclararon esas personas en otro juicio, o en el contenido de unapublicación de otra persona", zanja el fallo para determinar que las conclusiones del perito no podían tomar en consideración.

Frente a ello, estipula que el coordinador informático y responsable antifraude en este proceso por parte del partido, Javier Pérez Quevedo, dio explicaciones "coherentes", dado que detalló que primero había una comprobación interna y luego otra de la empresa del software, de forma independiente.

ALGUNOS TESTIGOS ADMITIERON QUE NO ESTABAN INSCRITOS

Por otro lado, la sentencia aprecia las declaraciones de los testigos de la demandante "un tanto confusas", dado que algunos reconocieron que no estaban inscritos o si pertenecían a Podemos.

En contraposición, el magistrado razona que Pérez Quevedo dio "cumplida explicación" de esta incidencia y del resultado de las gestiones para tratar de solventar incidencias.

"El testigo fue explicando uno por uno las razones por las que las personas que se indican en la demanda, no pudieron votar. En este sentido se explica con todo tipo de detalles como hubo personas que perdieron el acceso al correo electrónico con el que estaban registradas, otros no estaban inscritos, otros no pidieron soporte, otros no contactaron para solventar las incidencias, otros después de obtener la contraseña no llegaron a votar , otros no llegaron a concluir el proceso", ahonda la sentencia que respalda el contenido de la declaración.

PODEMOS: LA SENTENCIA RECONOCE LA LEGALIDAD DEL PROCESO

Por tanto, rechaza que se dificultara intencionadamente el derecho a votar y que se perjudicara el derecho de Carreño a ser elegida, recalcando además que se desconoce el sentido del voto de estas personas y si hubiera alterado el resultado.

Tampoco aprecia negligencia en la actuación del ComitéElectoral y desecha que la emisión de 13 votos de una misma IP fuera fraudulento, dado que no comporta que se realizarán desde un mismo dispositivo sino que revela que se compartía una misma conexión wifi.

Además, la resolución ve acreditado que se hicieron llamadas para comprobar este extremo y que solo una persona reconoció su voluntad de no votar, por lo que se eliminó su sufragio.

Tras conocer el fallo, fuentes de la Secretaría de Organización de Podemos han explicado que "aunque el partido nunca tuvo duda alguna de que la dirección elegida en primarias era legítima", la sentencia es importante porque "respeta y defiende la absoluta legalidad de la normativa y funcionamiento interno de Podemos".

El portavoz del grupo parlamentario de Vox Andalucía, Manuel Gavira, ha incidido en la necesidad de un adelanto electoral en Andalucía porque uno de los partidos que sustenta el gobierno, Ciudadanos, es "prácticamente inexistente" y Andalucía requiere "un gobierno fuerte".

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas en Punta Umbría (Huelva) Gavira, que ha remarcado la enmienda a la totalidad de su grupo a los presupuestos porque hay puntos "incumplidos" del acuerdo presupuestario, de manera que no pueden respaldar las cuentas.

Del mismo modo, ha recordado que en la reunión del lunes con Hacienda plantearon diversas propuestas y "no hemos tenido respuesta", así como ha precisado que dentro de esos puntos incumplidos se encuentra el relativo al fondo de compensación interprovincial para impulsar las zonas "olvidadas". "Andalucía no es solo Sevilla y Málaga" sino que también están provincias como Huelva o Almería que "merecen la consideración de las administraciones", ha destacado.

Cuestionado por si ve posible la retirada de la enmienda a la totalidad por parte de Vox, Gavira ha señalado que "todo es posible en la vida" pero, a su juicio, "el Gobierno de Andalucía no demuestra la voluntad necesaria" para que se produzca dicha retirada.

"El lunes nos reunimos con ellos y se hicieron propuestas, que están sin respuesta, este martes tuvo lugar la filtración" sobre las palabras de Juan Marín, de manera que "el Gobierno no tiene ninguna voluntad y no quieren dar los pasos necesarios", ha dicho.

"Juanma Moreno es un presidente que sueña en socialista", ha proseguido, porque como ha dicho "el propio Moreno son los presupuestos pedidos por los socialistas y el PSOE y Vox son como la noche y el día", ha explicado.

"Nosotros somos responsables y lo vamos a seguir demostrando hasta el final", ha enfatizado el parlamentario de Vox, que cuestionado de nuevo por si hay posibilidad alguna de acuerdo, ha explicado que duda que ahora se haga lo que no se ha hecho desde hace meses y "no vamos a aceptar migajas", ha agregado.

"La filtración no tiene nada que ver con la enmienda a la totalidad" puesto que desde mayo dijeron desde Vox que Cs "estaba en descomposición con las mociones de censura en Madrid y Murcia", toda vez que considera que este Gobierno "no es de fiar" como se ha evidenciado con las palabras del vicepresidente en la filtración. A su entender, sus palabras son motivo "más que suficiente para que Moreno recapacite porque los andaluces se merecen hablar en las urnas".

"Llevamos desde mayo demandando un adelanto electoral", ha enfatizado Gavira, que cree que los andaluces deben decidir "si quieren un gobierno frágil" con "filtraciones" o por el contrario "uno fuerte y con firmeza".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este miércoles al PSOE y Unidas Podemos de "engañar a la gente" con la enmienda que han presentado a la Ley de Memoria Democrática para supuestamente revisar la Ley de Amnistía y también cuando "venden" un pacto para lograr la reparación económica o patrimonial de las víctimas del franquismo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Rufián ha subrayado que la memoria histórica es un asunto "nuclear" para su formación y que por eso no pueden dejar pasar que desde el Gobierno se "venda humo" y se actúe con un "triunfalismo absurdo" como, a su juicio, ha sucedido este miércoles.

La enmienda registrada por el PSOE y Unidas Podemos determina que "todas las leyes del Estado español", incluida la Ley de Amnistía, "se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

Rufián ha recalcado que España ya se "pliega" a esa legalidad internacional desde la aprobación de la Constitución de 1978 y que, incluso antes, en 1977, el año de la Ley de Amnistía, nuestro país ya se adhirió a la Convención de Ginebra.

Por eso considera que sostener que con la enmienda registrada por los grupos que forman el Gobierno de coalición se "abre la puerta" a que la Ley de Amnistía se pliegue a la legalidad internacional es "engañar al personal".

Rufián ha dejado claro que la única manera de que eso suceda es cambiar la Ley de Amnistía, como proponen en sus enmiendas ERC y otros partidos independentistas, y que sólo así habría garantías para poder juzgar en España a los torturadores franquistas. Pero, desde su punto de vista, el PSOE no quiere cambiar esa ley porque eso supondría "reconocer un error que se cometió hace más de 40 años".

Y LO MISMO CON LA REPARACIÓN ECONÓMICA

El portavoz de ERC también ha cargado contra el PSOE y Unidas Podemos por intentar trasladar que, con sus enmiendas, también abren la puerta a que las víctimas del franquismo o sus descendientes reciban reparaciones económicas y patrimoniales.

Según ha detallado, socialistas y morados han registrado enmiendas "contradictorias" sobre este punto. A su juicio, si bien plantean modificar el artículo que alude "de forma no muy clara" a esas reparaciones, pero sin especificar "ningún mecanismo" para aplicarlas, no tocan "ni una coma" del que entra en el meollo de esta cuestión. "O se están equivocando o alguien está engañando a alguien o a todos", ha sentenciado Rufián.

El PNV quiere que no sea necesaria una denuncia para actuar contra el acoso ante las clínicas que realizan la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Los nacionalistas ven necesario que se actúe de oficio ante la posibilidad de que estos hechos queden impunes por el deseo de las mujeres agraviadas a mantener el anonimato.

Así lo recoge en una de las enmiendas presentadas este miércoles a la proposición de ley impulsada por el PSOE para penalizar esta práctica frente a los centros abortivos.

En concreto, la iniciativa socialista propone un nuevo artículo que castigue con la pena de prisión de tres meses a un año, o de trabajos en beneficio de la comunidad, a quienes "hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho" a la interrupción voluntaria del embarazo, "promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados" para ello.

"Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años", continúa el texto del PSOE, que señala que, "las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso".

INTIMIDAD DE LA MUJER AGRAVIADA

A este texto, el PNV quiere añadir un nuevo apartado redactado de esta manera: "En la persecución de hechos los descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la personaagravada o su representante legal".

En su justificación de esta enmienda, los nacionalistas vascos indican "la persecución penal debe ser de oficio (y no como delitos privados)".

A su juicio, de no ser así "muchos delitos quedarán impunes porque ante todo las mujeres quieren preservar su intimidad y eso se quebraría si la persecución penal requiriese su denuncia y sostenimiento de la acción".

INFRACCIÓN GRAVE

Del mimos modo, PNV propone otra enmienda de adición, en este caso de una disposición final a la proposición de ley que reforma la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la norma más conocida como Ley Mordaza.

En este caso, propone incluir en el artículo 35 de este texto, en el que se recogen las infracciones muy graves, un nuevo apartado que contemple como tal "la participación en concentraciones a menos de ciento cincuenta metros de lugares habilitados para la interrupción voluntario de embarazos, cuando tales conductas no sean constitutivas de delito".

El objetivo del grupo parlamentario vasco es "establecer zonas de seguridad en el entorno de los centros sanitarios acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo" a fin de "garantizar la intimidad y privacidad de las mujeres, de integridad moral, asícomo su derecho a la libre circulación".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, se han reunido este miércoles por la tarde en la Cámara catalana durante unos 25 minutos en un encuentro en el que han constatado sus diferencias ante la tramitación de los Presupuestos catalanes de 2022, han explicado fuentes conocedoras.

El encuentro se ha celebrado después de que este miércoles por la mañana Illa haya pedido formalmente al presidente una reunión para explorar la posibilidad de negociar las cuentas, pero Aragonès ya le ha avisado en la sesión de control en el Parlament de que podía anticipar que no acordarán los Presupuestos.

Tras el encuentro, fuentes socialistas han destacado que la reunión ha sido "cordial y provechosa", pese a que han asegurado que tanto Aragonès como Illa se han trasladado lo mismo que se han dicho por la mañana en el pleno.

Han afirmado que no se han dicho "nada sustancialmente diferente" a lo que han dicho públicamente, que se han emplazado a seguir manteniendo una comunicación fluida y que también han aprovechado para hablar de la pandemia y de algún otro tema.

"Estamos donde estábamos", han añadido, por lo que el PSC sigue manteniendo su voluntad de que haya Presupuestos, para lo que considera que Aragonès debe dar por zanjadas las negociaciones con la CUP --que ha registrado este miércoles una enmienda a la totalidad al proyecto del Govern-- y abrirse a negociar con ellos.

Desde Presidencia de la Generalitat han coincidido en que ha sido un encuentro cordial, pero han negado que haya sido provechoso porque no se ha sacado ninguna conclusión nueva.

Según fuentes de Presidencia, Aragonès ha vuelto a reiterar las diferencias que tiene con el PSC y le ha trasladado que lo ha recibido ante su solicitud para reunirse pero que no pactará con ellos los Presupuestos.

Estas fuentes diferencian la reunión que ha mantenido con el PSC de las que ha mantenido con la CUP y los comuns para negociar las cuentas, y han apuntado que es "sintomático" que haya durado menos que las otras dos: con Illa ha durado unos 25 minutos, con la CUP unos 40 y con los comuns un poco más de una hora.

Además, han señalado que no se han emplazado a seguir hablando sobre las cuentas, pero que su voluntad es mantener el mismo contacto que tienen habitualmente para abordar todo tipo de temas, como la pandemia, teniendo en cuenta que es el jefe de la oposición en Catalunya.

Un total de siete provincias y la ciudad autónoma de Ceuta tendrán este jueves activo el aviso amarillo (riesgo) por lluvias localmente fuertes y oleaje, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el nacimiento y campo de Tabernas en Almería, el levante almeriense, el Estrecho (Cádiz), el litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, así como Ceuta tendrán activo el aviso amarillo (riesgo) por lluvias. La precipitación acumulada en una hora podría llegar a los 15 o 20 milímetros.

Además, el norte y nordeste de Mallorca y Menorca tendrán activo el aviso amarillo (riesgo) por viento del norte y nordeste de fuerza 7 y olas de 3 metros.

El litoral gaditano estará en riesgo por vientos de levante de fuerza 7 en la zona de Trafalgar, extendiéndose durante la tarde hasta el sur de la Bahía de Cádiz, este del Estrecho y zona de Algeciras. Habrá mar combinada del este aumentando a 3 a 4 metros en el este de Estrecho y zona de Algeciras. También se espera viento de levante de fuerza 7 en el oeste del Estrecho.

Por su parte, el poniente y Almería capital, así como la costa granadina estarán en riesgo por viento del este de fuerza 7 y olas de 3 a 4 metros. El Ampurdán (Girona) tendrá activo el aviso por viento del norte de fuerza 7 y olas de 3 metros.

En Baleares y el sur del área mediterránea peninsular se esperan cielos nubosos o cubiertos con algunas precipitaciones dispersas, aunque serán más intensas en Valencia y, ocasionalmente acompañadas de tormenta, en Almería y el Estrecho, sin descartar que sean localmente fuertes, según la predicción de la AEMET.

En el Cantábrico oriental y alto Ebro espera cielo nuboso con tendencia a abrirse claros; poco nuboso o despejado en el resto de la Península, aunque con intervalos nubosos al principio en Cataluña, meseta Norte y sistemas Central, Ibérico y cordillera Cantábrica occidental. En Canarias el cielo se espera nuboso, con probables precipitaciones en las islas occidentales.

Asimismo, el organismo estatal no descarta nieblas matinales en el entorno del Sistema Central, norte del Sistema Ibérico, el alto Ebro y, localmente persistentes, en el interior sudeste.

En relación con las temperaturas, las máximas tienden a bajar en el sudeste peninsular y a subir en el extremo nordeste interior. Por su parte, las mínimas bajarán en el norte peninsular y subirán en el sur, con heladas débiles en zonas amplias del interior del norte peninsular y, aisladamente, en zonas del sur. Serán más intensas en Pirineos y pocos cambios térmicos en el resto.

El viento soplará de levante fuerte en el Estrecho y entorno de Alborán, y habrá intervalos de viento fuerte del norte en el Ampurdán y el norte de Baleares, tendiendo a amainar, y del este en el norte de Galicia.

Finalmente, el viento soplará del este en el resto de Andalucía y del Cantábrico, y del noreste en el sur de Baleares y el litoral sureste peninsular. Se espera flojo en el resto, con predominio de las componentes norte y este en la Península.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su deseo de colaborar con Navantia para la futura construcción de un portaviones más grande y posiblemente un submarino durante la VII Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en Ankara.

En rueda de prensa conjunta al término de la misma, Erdogan ha defendido que los dos países pueden seguir profundizando en su cooperación en materia de industria de defensa, recordando que ya está en construcción un portaaviones y manifestando su deseo de "hacer más cosas".

Turquía está construyendo actualmente en los astilleros SEDEF el portaaviones 'TCG Anadolu', diseñado por Navantia sobre la base del portaaviones 'Juan Carlos I' y en virtud de un contrato de transferencia de tecnología que también prevé el suministro de los cinco grupos diésel-generadores así como asistencia técnica.

Erdogan ha subrayado que este portaaviones no es muy grande, por lo que ha confiado que "en un futuro" se pueda cerrar otro proyecto para la construcción de uno mayor y también ha planteado la posibilidad de construcción de un submarino.

Asimismo, el mandatario turco ha aprovechado para agradecer a España el despliegue de una bateria de misiles Patriot que mantiene en el país, socio en la OTAN, para garantizar su defensa. "Otros países se los han llevado pero España los ha dejado", ha agradecido, subrayando que debería servir de "ejemplo".

Por su parte, Sánchez ha reiterado una vez más la "histórica apuesta por que Turquía forme pare de la UE". "No es solo un vecino, sino un socio, un aliado imprescindible para la UE", ha recalcado, animando a Ankara a "perseverar" en su esfuerzo de entrar en el bloque. El mandatario turco también ha agradecido este respaldo y ha aprovechado para pedir a la UE "pasos concretos" entre los que ha citado la exención de visados.

Ambos presidentes han coincidido en que las relaciones bilaterales son excelentes y han puesto en valor la importancia de la cumbre. En este sentido, Sánchez ha incidido en que España celebra RAN con muy pocos países, mientras que Erdogan ha explicado que ambos han acordado en "definir como asociación integral a partir de ahora" la relación, lo que incluirá la creación de un mecanismo de seguimiento.

Además, tanto Erdogan como Sánchez han expresado su deseo de seguir profundizando la relación en materia económica y han celebrado que parece que ya se están comenzando a recuperar los niveles previos a la pandemia.

Así, han recordado que en 2019 se llegó a casi 13.000 millones en intercambios comerciales, frente a los 6.800 en 2010 y Erdogan se ha mostrado convencido de que se podrá alcanzar "el objetivo de 20.000 millones". El presidente turco ha celebrado también la presencia de más de 600 empresas españolas en Turquía y ha animado a invertir más en su país.

Por último, ambos han reafirmado el respaldo de España y Turquía a la Alianza de Civilizaciones, una iniciativa auspiciada por la ONU para fomentar el diálogo intercultural y religioso y que los dos países apoyaron desde sus orígenes.

El encuentro también les ha permitido hablar sobre la OTAN y cumbre que acogerá Madrid en 2022, así como las relaciones de la Unión Europea con Turquía y la situación en el Mediterráneo Oriental, Oriente Próximo y Norte de África, ha precisado Moncloa.

Sánchez ha viajado a Ankara acompañado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Ambos presidentes han suscrito una declaración conjunta que pone demanifiesto el excelente estado de las relaciones entre ambos países, y que recoge en detalle la cooperación en las áreas tratadas en las reuniones bilaterales sectoriales.

Asimismo, se ha procedido a la firma de cinco memorandos de entendimiento sobre energías renovables, agua, deporte, ciencia y colaboración en la lucha contra los desastres naturales, y una declaración de intenciones sobre trabajo.

La consejera de Hacienda del Gobierno asturiano, Ana Cárcaba, ha insistido este miércoles en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómico porque el actual resulta "insuficiente". Así, en una comparecencia parlamentaria solicitada por la diputada de Ciudadanos Laura Pérez Macho, Cárcaba ha dicho que en Asturias, como en otras regiones, los recursos que llegan del actual sistema no sirven para cubrir el coste de los servicios públicos que se proporcionan a los ciudadanos.

Sin embargo, cuando ha sido preguntada insistentemente por los diputados acerca de cuánto dinero haría falta para cubrir esa diferencia, Cárcaba ha evitado dar una respuesta concreta.

Ha argumentado que primero va a esperar a que desde el Ministerio de Hacienda se le remita un borrador con el nuevo modelo. Es en ese documento, ha alegado, donde se ha de definir y precisar lo que es el coste efectivo de los servicios y cómo calcularlo sea cual sea el territorio.

"De poco serviría que nosotros diésemos ahora una cifra cuando no sería comparable con las que se pudiera alcanzar en otros territorios", ha comentado.

NIEGA SOBREFINANCIACIÓN

Ha mostrado su malestar Cárcaba acerca de informes, también de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que incluyen una serie de 'ranking' que indicarían que Asturias recibe más de lo que aporta.

La dirigente asturiana ha dicho que resulta "imposible" hablar de regiones sobrefinanciadas y que ese tipo de cálculos se hacen sobre "bases perversas", como cuando se compara a comunidades autónomas en función de su capacidad recaudatoria.

REUNIÓN EN GALICIA

Se ha referido en su intervención Cárcaba a la "estrategia" del Gobierno de Asturias en todo lo que se refiere a la reforma del sistema de financiación autonómica, que pasa por identificar propuestas compartidas con otras regiones.

Así, ha recordado que la próxima semana tendrá lugar en Galicia un encuentro donde ocho comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha) con "realidades similares" a través de sus presidentes podrán poner en común, debatir y analizar las características que han de definir un sistema de financiación "justo, en el que todos los territorios puedan prestar los servicios con la misma calidad, independientemente de dónde se encuentre el ciudadano que los reciba".

Cárcaba ha reconocido que el proceso de reforma es "tremendamente complejo" y las dificultades para alcanzar un acuerdo son evidentes. "Es lógico y comprensible que cada territorio defienda sus legítimos intereses", ha manifestado.

Por ello, en esa reunión en Galicia el Principado pondrá encima de la mesa, ha dicho Cárcaba, los planteamientos que fueron consensuados por todos los grupos con representación parlamentaria en el parlamento asturiano, a excepción de Vox.

De esta forma, Asturias defenderá, entre otras cuestiones, que a la hora de repartir los recursos se tenga en cuenta el coste real de los servicios y que para determinar su cuantía se tengan en cuanta los costes fijos, el impacto del envejecimiento, las dificultades orográficas, o la baja natalidad y los problemas de despoblamiento.

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

Buena parte de las críticas de los parlamentarios llegaron a la consejera por su falta de concreción a la hora de referirse a las necesidades del Principado. El diputado del PP Pablo González le ha recordado que el documento que firmaron en su día no es un cheque en blanco y ha mostrado sus dudas sobre la capacidad negociadora del Gobierno asturiano.

Desde Ciudadanos, Laura Pérez Macho, ha criticado a Cárcaba por no haber ofrecido datos concretos a los parlamentarios acerca de los recursos que necesita. "Es para salir muy preocupados; o cabreados", ha lamentado.

Por parte del PSOE ha intervenido Luis Ramón Fernández Huerga y ha dicho que tampoco otras comunidades autónomas están precisando lo que cuestan sus servicios, algo que ha atribuido a que aún no ha empezado la negociación.

Un policía nacional fuera de servicio socorrió ayer a dos ancianos atrapados en su coche lleno de humo tras un aparatoso accidente en la autopista A-5 con varios vehículos colisionados. Al ver que no había ningún servicio de emergencia in situ, ni coches parados para socorrer a las posibles víctimas, aparcó su vehículo y cruzó la vía haciendo señas a los coches que circulaban para que aminoraran la marcha.

Según explican fuentes policiales, el agente adscrito a la Comisaría General de Información circulaba ayer sobre las 19.40 horas en compañía de su familia cuando observó a la altura del kilómetro 9 de la A-5 un accidente múltiple con varios coches colisionados.

De entre todos los vehículos accidentados, observó que uno se encontraba en peor estado, cerrado y lleno de humo, y con dos personas dentro que apenas se movían. En concreto, había dos personas de avanzada edad en los asientos delanteros en estado de shock, casi inconscientes e impedidas para quitarse el cinturón de seguridad.

Al valorar el riesgo para su salud por el abundante humo que estaban inhalando, así como el riesgo de impacto de otro vehículo, el agente sacó a las personas del vehículo y las situó en una zona segura fuera de la autopista, a la espera de los equipos de emergencia.

En el momento del rescate, además, una tercera persona intentó parar el tráfico mientras el actuante les evacuaba de la autovía. Una vez comprobado que no había más personas vulnerables o en estado grave como consecuencia del accidente, procedió a evaluar de nuevo de forma más relajada a estas personas de edad avanzada, por si tenían alguna herida que requiriera un tratamiento inmediato de estabilización.

Al ver que no requerían de una asistencia inmediata, procedió a llamar al 112, identificándose como funcionario de la Policía Nacional fuera de servicio, informando a los sanitarios del accidente y del estado de las víctimas.

Se dio la circunstancia de que, a la misma hora, los servicios de emergencias tuvieron que asistir a otro accidente producido unos 600 metros más adelante, lo que en un primer momento dificultó la localización del punto kilométrico del siniestro.

La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha reclamado este miércoles en la Conferencia General de Política Universitaria la retirada de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) hasta "alcanzar un mínimo de consenso".

La consejera del Partido Popular ha participado este miércoles de forma telemática a la Conferencia, según han informado fuentes de la Junta en un comunicado.

Tras analizar el último borrador, la Junta de Castilla y León ha señalado que no ve sus demandas "satisfechas" ni "cambios significativos que mejoren los primeros textos".

Por ello, ha solicitado la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que, además, "mantiene el rechazo de toda la comunidad universitaria".

Así, durante el encuentro, la consejera ha manifestado que el debate sobre esta nueva norma debería plantearse una vez alcanzados los grandes consensos con toda la comunidad universitaria. Un acuerdo necesario también con las comunidades autónomas, puesto que la reforma supone para ellas un incremento presupuestario importante, principalmente en materia de personal.

Finalmente, Rocío Lucas ha insistido en la necesidad de una EBAU única y ha reclamado la participación de las comunidades autónomas en el diseño de la nueva prueba de acceso a la universidad que anuncia la ministra de Educación y Formación Profesional y para la que, según sus declaraciones, únicamente estarían contando con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

En este sentido, Castilla y León ha recordado que aún no se ha publicado la orden ministerial que debe regir la organización de la EBAU de este curso 2021-2022 y que cualquier cambio que se incorpore será difícil de asumir con las programaciones en marcha.

La Audiencia de Barcelona sospecha que el exdirector administrativo del Palau de la Música Jordi Montull ocultó que cobraba 1.500 euros al mes alquilando una de las fincas que se le intentaron embargar al ser condenado por el caso Palau, y ha enviado el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona para que decidan si abrir una causa por estos hechos.

En el auto, el tribunal rechaza el recurso de Montull y su esposa, Mercedes Mir, contra la decisión de valorar posibles responsabilidades penales por presuntamente ocultar que cobraban este alquiler de 1.500 euros por una finca que tienen en El Masnou (Barcelona) y que debía ser embargada.

La ejecución de la sentencia del caso Palau fijó embargar 22,3 millones de euros a Montull y otros 281.701 euros a Mir por el desfalco a la institución musical, y él también fue condenado a siete años y medio de prisión.

Tras la condena, Montull declaró que solo tenía su pensión de jubilación como ingresos para pagar la responsabilidad civil que le impuso la sentencia, y su defensa afirma que "no se incluyó este alquiler porque los arrendamientos de inmuebles embargados han servido para abonar Ibis, impuestos y tasas municipales, gastos de comunidad y mantenimiento", y niega que quisiera ocultarlo.

Ahora, la Audiencia de Barcelona ha constatado que desde que en mayo de 2020 se declaró firme la sentencia del caso Palau no se han podido embargar estas cantidades, "y no se ha podido embargar por la única y exclusiva razón de que se ha ocultado por el señor Montull y la señora Mir la existencia de esta fuente de ingresos".

Los jueces detallan que Montull y Mir han cobrado 1.500 de este alquiler desde diciembre de 2019 "y han seguido percibiendo las rentas a pesar de conocer que la sentencia es firme desde el 12 de mayo de 2020, ocultando la existencia del propio arrendamiento".

Por eso, los magistrados ven indicios de un presunto delito de frustración de la ejecución de la sentencia --ocultar patrimonio para evitar un embargo por responsabilidades civiles de una condena--, y acuerdan enviar el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona para que decidan si abrir una causa por estos hechos.

El Govern catalán y los comunes se han emplazado a seguir negociando este jueves para desencallar los Presupuestos para 2022, después de haber tenido una primera reunión en el despacho del Parlament del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, este miércoles por la tarde.

El encuentro, que ha durado algo más de una hora, ha ido "bien", según han explicado fuentes de los comunes, que han encontrado predisposición en el Govern para abordar las demandas que ellos solicitan para modificar el proyecto del Ejecutivo.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat han destacado que ha habido "buena sintonía" y que ha sido una primera toma de contacto positiva.

En la reunión han estado Aragonès y la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca, y también han asistido la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach; el portavoz de la formación, David Cid, y los diputados Joan Carles Gallego y Marc Parés.

Las comunes, que habían avisado al Govern de que presentarían una enmienda a la totalidad si no les llamaban a negociar, han concretado que no saldrán de esta posición por el hecho de haber recibido la llamada, sino que lo harán si llegan a un acuerdo con el Ejecutivo: "Dependerá de su rapidez para aceptar nuestras propuestas".

Las mismas fuentes han recordado que los plazos son ajustados: el 22 de noviembre es la fecha límite para presentar enmiendas a la totalidad y ese mismo día por la tarde se celebrará el debate a la totalidad en el hemiciclo.

Las peticiones de los comunes han ido orientadas a pedir una mayor "ambición y transformación" en las cuentas, y en concreto, que apuesten por las infraestructuras ferroviarias, la salud mental y dental pública, impulsar una ley de barrios verdes y la reindustrialización.

Han insistido en que no tramitarán los Presupuestos "gratis", y al ser preguntados por las posibles reticencias de Junts a pactar con ellos, han replicado que esto son problemas internos del Govern.

PRÓXIMAS REUNIONES

Los de Jéssica Albiach han destacado que quien pilotará las negociaciones por parte de los comunes será el diputado Joan Carles Gallego, y que definirán su posicionamiento de cara al debate a la totalidad en función de cómo avancen las conversaciones.

De hecho no esperan volver a reunirse con Aragonès en los próximos encuentros y recuerdan que en los pasados Presupuestos que se acordaron con los comunes, ni el presidente ni el conseller de Economía ni Albiach participaban de todas las reuniones.

En la misma línea, fuentes de Presidencia han subrayado que en los próximos encuentros serán los equipo técnicos los encargados de avanzar en las negociaciones.

Los comunes también han añadido que aún no han concretado hora y lugar para la reunión de este jueves, pero se han comprometido a celebrarla, y han reprochado al Govern que haya tardado en llamarles: "Nos habría gustado que nos hubiesen llamado antes".

Desde el Govern, defienden que llevan dos meses negociando las cuentas, pero que lo han hecho con su socio prioritario: la CUP, que lo sigue siendo, aunque ahora ven la posibilidad de ampliar el acuerdo con los comunes con los que ven "buena sintonía".

La Comunitat Valenciana ha notificado diez fallecidos y 1.092 contagios en los últimos dos días, ya que un problema informático del Ministerio impidió actualizar los datos el martes, mientras sube la presión hospitalaria y hay ocho ingresados y seis camas UCI ocupadas más que el lunes, según la Conselleria de Sanidad.

Así, se han registrado 404 contagios correspondientes al martes y 688 casos de este miércoles. Con esta actualización, la cifra total de positivos se sitúa en 521.430 personas.

En dos días, se han registrado 10 fallecimientos, nueve de ellos del martes, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 7.885: 867 en la provincia de Castellón, 3.028 en la de Alicante y 3.990 en la de Valencia. Las personas fallecidas tenían entre 61 y 94 años.

Los nuevos casos del martes son 88 en Castellón, 137 de Alicante y 179 de Valencia. Los de este miércoles son 161 en Castellón (55.907 desde el inicio de la pandemia), 198 en Alicante (190.956) y 329 en Valencia (274.566). La cifra de casos no asignados se mantiene en una.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 246 personas ingresadas, 52 de ellas en la UCI: 55 en la provincia de Castellón, 13 en UCI; 91 en la provincia de Alicante, 23 de ellas en la UCI; y 100 en la provincia de Valencia, 16 en UCI.

En los dos días, se han registrado 409 altas a pacientes con coronavirus, 94 el martes y 315 hoy. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 519.956 personas.

Por provincias, 55.408 altas son en Castellón, 190.157 en Alicante y 274.335 en Valencia y el total de altas no asignadas se mantiene en 56. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 5.033 casos activos, lo que supone un 0,94% del total de positivos.

La tercera sesión del juicio con jurado popular contra Bernardo Montoya, el hombre acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años, en la localidad de El Campillo (Huelva), ha concluido este miércoles pasadas las 16,30 horas, tras la comparecencia de nueve peritos en la sesión de tarde. Así, al término de la misma, el abogado de Montoya, Miguel Rivera, ha asegurado que en la sesión "no ha habido ninguna cosa que lo incrimine en la violación".

Así, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de los nueve peritos, cinco pertenecen al Instituto Nacional de Toxicología --los cuales han comparecido conjuntamente en sala-- y los cuatro restantes --que han comparecido por videoconferencia-- a distintos departamentos de la Guardia Civil.

En declaraciones a los medios al término de la tercera sesión, el abogado de Montoya, Miguel Rivera, ha aseverado que "no se han encontrado restos de semen en el cuerpo", pero "sí restos biológicos" que, según ha apuntado, "pueden proceder de cualquier fuente", lo que considera que les da "la esperanza de someterlo a contradicción".

En este sentido, ha indicado que "había una manta por medio" --en referencia a la manta que se halló cerca del cuerpo de la joven-- por lo que cree que se pudo "contagiar" de restos biológicos, toda vez que ha reiterado que "no ha habido ninguna cosa que lo incrimine en la violación", lo que le da "cierto optimismo" para "someterlo a contradicción" con respecto a la violación, por lo que seguirá basando su línea de defensa en este extremo "y por tanto contradecir este aspecto de todas las imputaciones".

Cabe recordar que el abogado del acusado por este crimen indicó en la mañana de este miércoles que "confiaba" en que las pruebas de ADN "exculpen" a su defendido de la agresión sexual. En este punto, explicó que si su defendido fuera responsable de una agresión sexual, así como del asesinato "cabría la prisión permanente revisable", por lo que para evitar esta condena la defensa se basa en excluirla.

Por otra parte, en declaraciones a los periodistas tras concluir la sesión de mañana, Francisco Luelmo, tío de la víctima y abogado de la acusación particular, ha incidido en que "se deje trabajar al tribunal".

En la misma, que concluyó a las 14,00 horas, comparecieron los seis médicos forenses citados y también, en calidad de peritos, dos guardias civiles de Criminalística --ambos por videoconferencia--.

El juicio continuará este jueves a partir de las 10,00 horas con periciales de médicos forenses y de la Guardia Civil. Una vez concluya la práctica de la prueba, las partes personadas en el procedimiento presentarán sus informes finales, tras lo que el magistrado-presidente del juicio entregará el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, que se retirarán entonces a deliberar antes de hacer público su veredicto.

En este juicio están personados la Fiscalía; la acusación particular que ejerce la familia de la víctima, la acusación popular ejercida por la Junta de Andalucía, y por otro lado, la defensa de Montoya.

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha criticado el último episodio de "discriminación" del Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunidad de Murcia al dejar a la Región "sin acceder a un fondo que es esencial en el itinerario del Ingreso Mínimo Vital (IMV)".

López Miras ha contestado de esta forma al portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Francisco Álvarez, quien le ha preguntado en la sesión parlamentaria celebrada este miércoles por la tarde en la Asamblea por "cómo va a afectar a la situación de pobreza en la Región que el Gobierno haya dejado fuera de la financiación los proyectos piloto de itinerario de inserción previstos para el Ingreso Mínimo Vital".

En este sentido, López Miras ha lamentado este "nuevo episodio de sectarismo con el que Sánchez está acostumbrado a tratar a la Región". Sin embargo, ha aclarado que Sánchez y el PSRM "se equivocan si creen que a quien está maltratando es al Gobierno de la Región", ya que "lo están haciendo con el millón y medio de los ciudadanos que viven en la Región".

Ha reconocido que el Ingreso Mínimo Vital "fue anunciado a bombo y platillo por el afortunadamente olvidado Pablo Iglesias", pero ha lamentado que ese proyecto "se ha convertido en un auténtico desastre y ha evidenciado la incompetencia del Gobierno que lo puso en marcha".

Y es que ha señalado que solo "el 8% de los españoles" que viven por debajo del umbral de la pobreza lo acaba percibiendo y tres de cada cuatro solicitantes "no han conseguido beneficiarse" de las mismas. Así, ha señalado que más de 100.000 personas están "ahora mismo pendientes de que se resuelva su resolución".

"Esto es el Ingreso Mínimo Vital que anunció tanto el PSOE como Podemos, Sánchez e Iglesias, abrazándose, y que iba a terminar con aquellas personas en riesgo de exclusión social o bajo el umbral de la pobreza", ha señalado.

Ha recordado que el Gobierno de España se puso en contacto con el Ejecutivo regional a finales de abril y en una reunión posterior, el 13 de julio, planteó a la Comunidad la posibilidad de un convenio para desarrollar hasta finales de 2023 y poner en marcha un proyecto piloto de inserción con una horquilla de entre 5 y 10 millones de euros.

"El Ministerio no dio más información, ni remitió el modelo de convenio a suscribir, ni comunicó absolutamente nada", según el presidente murciano, quien ha recordado que la Vicepresidencia del Gobierno regional procedió a la posibilidad de implementar un proyecto piloto para ponerlo en marcha precisamente con esos fondos., "Pero de pronto, sin motivo alguno, el Ministerio dejó de responder", ha aseverado.

Así, ha señalado que "sin ninguna comunicación previa, el 27 de octubre se publicó el Real Decreto que regulaba la concesión directa precisamente de subvenciones a determinadas comunidades. Preveía, añade, "110 millones de euros que se repartieron de forma sectaria a los de siempre: las comunidades gobernadas por el PSOE o por sus socios", según López Miras.

"Una vez que el PSOE ha dado la espalda a la Región y a las personas en situación de vulnerabilidad, les diré que tienen a su lado al Gobierno de la Región y a la Vicepresidencia que destina cada día un millón y medio de euros para ayudar a los que más lo necesitan", ha señalado.

"ENÉSIMA DISCRIMINACIÓN"

En su intervención, Álvarez ha lamentado que, una vez más y "muy a su pesar" se ha visto en la obligación de preguntar por la "enésima discriminación" a la que la Región se ve sometida por el Gobierno de España. Ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital fue anunciado "a bombo y platillo" por el Gobierno de Sánchez, pero "resulta que apenas el 8% de los españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza lo acaba percibiendo".

Lo ha achacado "a los trámites a cumplimentar, la presión sobre los servicios locales, el colapso existente y los requisitos que hay que cumplir", entre otras cosas. "Para parchearlo", ha recordado que el Gobierno de Sánchez aprobó un Real Decreto para la regulación de subvenciones para proyectos de inserción social con más de 109 millones.

El criterio para su asignación, según Álvarez, ha sido el de "premiar las comunidades autónomas fines y a castigar a las que, según ellos, han votado mal como la nuestra".

"Esto resta las posibilidades de los beneficiarios del IMV, que permanecen en situación de desventaja social", según Álvarez, quien ha asegurado que estará vigilante para denunciar este "trato discriminatorio las veces que haga falta".

El que fuera comisario General de Policía Judicial entre julio de 2012 y octubre de 2013, José García Losada, ha negado este miércoles haber presionado al inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama Gürtel, Manuel Morocho, para que eliminara el nombre de dirigentes del PP de sus informes relativos a esa operación.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación que se desarrolla en el Congreso relativa a la 'Operación Kitchen', Losada ha respondido con un tajante "no" al diputado del Grupo Socialista Felipe Sicilia, después de que éste preguntara si dijo al inspector que quitara de los informes algún nombre de dirigente del PP.

"Si se refiere a la declaraciones de Morocho ante el juez en el que habla de esas presiones, incluso diciendo que yo no quería que apareciera el nombre de Rajoy. Eso no es asi. Sería absurdo total", ha indicado, para luego añadir que lo que dijo a Morocho es que "no puede concluir que Rajoy es fulanito, fulanito, fulanito de tal, presidente del Gobierno".

Según ha advertido, le comentó que esas aseveraciones tenía que demostrarlas por otras vías "entre otras cosas porque no se habían hecho peritajes de esos papeles de Bárcenas".

Morocho, en junio de este año indicó durante su declaración ante el juez de la pieza 'Kitchen', Manuel García-Castellón, la veracidad de uno de los apuntes realizados por el comisario investigado José Manuel Villarejo en sus agendas personales donde habla de "problemas" por un informe que llevaba su firma.

En el audio de su declaración, explicaba que el problema es que había situado a Ignacio López del Hierro, marido de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como donante de la 'caja b', conforme a los 'papeles' de Bárcenas y su análisis.

Al día siguiente de enviar ese informe a la Audiencia Nacional, indicó que le llamó el que era jefe de la UDEF en aquel momento, Manuel Vázquez. "Me dice: 'Manolo, has cometido un gran error, te has equivocado y eso hay que rectificarlo'", recuerdó, confesando que se puso "nervioso" porque "podía haber cometido un error, es humano". Pero el fallo es que había señalado a López del Hierro. "Yo le digo: Si estaba, se puso y se anotó como otros muchos", aun así le insisten en cambiarlo.

Asimismo, Morocho sostuvo que en otro informe le obligaron a quitar el nombre de la exdirigente del PP Ana Mato. "Se nos conminó a que quitáramos el nombre del cuerpo", recordó, para añadir que además Losada le insistía en que no se trataba de una 'caja B' y que no se dejaba aconsejar.

Pero hoy, Losada a pesar de loar el trabajo del inspector Morocho ha negado que fuera así, y ha recordado que cuando él se hizo cargo en 2012 de la comisaría general "la Gürtel llevaba ya 5 años sobre la mesa, se habían hecho cosas ya". Al hilo, ha recordado que Morocho, cuando él llegó, lo que hacía era "analizar esa información" recabada y plasmarla en "informes monstruosos de 500 páginas".

SU RELACIÓN CON VILLAREJO

Por otro lado, y sobre su relación con el principal encausado en 'Tándem', el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha indicado que le conoció en el 74 en Guipuzcoa, pero no le volvió a ver hasta que en 2000 cuando le nombran comisario le visitó para decirle que era agente encubierto. "No he vuelto a verlo hasta que me citó Pino a su despacho y allí estaba Villarejo que proponía asesorarme sobre un tema", ha recordado para luego añadir que no le permitió abrir la boca.

Sobre el conocimiento que pudiera llegar a tener a cerca del operativo parapolicial Kitchen, destinado a hacerse con material sensible relativo al PP que estaba en poder del extesorero de la formación Luis Barcenas, Losada ha jurado por la vida de sus hijas que no tuvo conocimiento del mismo.

"Me enteré cuando se levantó el secreto de sumario, me entero de lo que pasó y que se inició en el mes de julio de 2013, que coincide temporalmente con el ingreso en prisión de Bárcenas. Durante ese tiempo yo estaba de comisario general. Les juro por los que ustedes quieran que ningún mando político ni el Director Adjunto Operativo --Eugenio Pino--, se dirigió a mi para informarme de esta operación", ha afirmado.

Un vecino de Oviedo ha reconocido formalmente en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo que almacenaba e intercambiaba por Internet cientos de archivos de pornografía infantil. El acusado ratificó este miércoles su conformidad con los hechos y delitos que le atribuye la Fiscalía del Principado de Asturias.

El acusado reconoció que entre los días 19 de octubre de 2018 y 17 de marzo de 2019, el acusado, desde su domicilio de Oviedo, intercambió a través de la red hasta 285 archivos de contenido pornográfico con menores, los cuales estaban completamente en su poder y desde ese momento los estaba poniendo a disposición del resto de usuarios.

Estos archivos contenían vídeos en los que aparecían imágenes de niños desnudos de diferentes edades, pero todos claramente menores de edad, con planos explícitos de sus genitales y manteniendo relaciones sexuales con adultos

En el registro realizado en el domicilio del acusado el 1 de diciembre de 2020, se encontraron, en uno de los ordenadores incautados, 965 archivos audiovisuales y, por otro, otros 37, todos con títulos que suelen usarse en el entorno pedófilo, que indicaban de forma inequívoca el contenido pornográfico con menores.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito relativo a la explotación sexual de menores, en la modalidad de distribución de pornografía infantil, previsto y penado en los artículos 15.1, 189.1.b) y 192 del Código Penal.

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de 1 año y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por 4 años e inhabilitación especial para cualquier empleo, profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 6 años y la medida de libertad vigilada durante 3 años. Abono de las costas

El Fiscal no se opone a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, durante 3 años, condicionada a que el acusado se someta a un programa de educación sexual.

La Fiscalía de Madrid se ha opuesto en un escrito al ingreso en prisión provisional de Cristóbal L. C., alias 'El Toba', un vecino de Valdeavero detenido hace un año acusado de catorce delitos de abusos sexuales a menores de entre 3 y 13 años.

En el escrito, el fiscal del caso impugna los recursos de apelación y reforma interpuestos por las familias contra el auto de puesta en libertad dictado por la juez de Alcalá de Henares que instruye la causa al considerar que no concurren los requisitos legales para su reingreso en prisión preventiva.

Destaca que las medidas ya acordadas de prohibición de entrada en el municipio, así como de aproximación a las víctimas son suficientes para preservar a los menores afectados. De igual modo, entiende que son adecuadas para garantizar la presencia del investigado en el procedimiento.

El pasado domingo, vecinos de este pequeño municipio madrileño se echaron a la calle para reclamar bajo el lema 'los niños no se tocan' la protección de los menores tras la puesta en libertad de 'El Toba'.

El acusado quedó en libertad el pasado 18 de octubre al considerar la jueza que no había riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, dos de los requisitos previstos en la ley para mantener la situación de prisión preventiva.

Además de dejarle libre, le impuso una orden de alejamiento de al menos 500 metros de los niños y se le prohibió de salir de este pequeño municipio.

El presunto pederasta fue detenido el pasado diciembre a raíz de una denuncia presentada meses antes por la madre de una víctima, que confesó los abusos pese a que el hombre amenazaba a los niños afectados. A raíz de esta denuncia han ido apareciendo nuevos casos, todos niños varones de entre 3 y 13 años.

Cristóbal L. C. aprovechaba que los menores entraban a la tienda donde les ofrecían golosinas, refrescos y bolsas de frutos secos gratis para así tocarles sus zonas íntimas metiéndole la mano dentro del pantalón.

Un contingente de voluntarios de SAMU ha partido este miércoles desde la Escuela SAMU de Gelves (Sevilla) con destino a la frontera de Polonia con Bielorrusia, con el objetivo de poner en marcha un dispositivo de atención a los refugiados afectados por la crisis migratoria que azota esa zona de Europa.

En un comunicado, SAMU señala que en los últimos días miles de personas de Medio Oriente y África estén agolpándose en la frontera de Bielorrusia tratando de ingresar a territorio polaco. Hasta el jueves pasado se habían registrado más de 30.000 intentos de cruzar la valla con alambre de espino que separa ambos países.

La Misión Polonia, como ha sido denominada por SAMU, se puso en marcha el pasado lunes día 15. El martes se activó un gabinete de crisis, y finalmente este miércoles se ha producido la salida de la expedición. Tendrá como objetivo brindar apoyo y colaboración a las autoridades, principalmente locales, así como a las entidades que estén prestando sus servicios en zona a los colectivos atendidos, elaborando informes diarios que recojan aspectos sanitarios y sociales de la situación y, si fuera preciso, prestar asistencia sociosanitaria con la debida autorización.

La expedición ha partido este miércoles, a las 12,00 horas, desde la Escuela SAMU de Gelves (Sevilla), donde han sido despedidos por sus familias y diversas autoridades. Se espera que esta noche lleguen ya a Varsovia, y permanecerán en tierras polacas hasta el próximo día 29 de noviembre.

En esta misión, SAMU volcará toda su experiencia en la gestión de misiones de cooperación. Sólo en el último año, SAMU ha coordinado tres misiones humanitarias internacionales en los países de Dominica, El Salvador y Costa Rica. Asimismo, recientemente desplegó un dispositivo de atención a los afectados por el volcán de La Palma, y está participando activamente, desde el inicio de la crisis migratoria, en la atención a los menores que llegaron desde Marruecos en mayo de 2021, gestionando actualmente varios de estos centros de atención a los menores.

Durante los momentos más críticos del Covid-19 en España, dirigió varios dispositivos sanitarios entre las regiones de Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha, siendo uno de los más destacados la medicalización del Hotel Ilunion Alcora, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Asimismo, SAMU viene llevando a cabo desde hace más de treinta años proyectos de carácter humanitario en numerosos lugares del mundo, y desde 2018 cuenta con presencia en Washington DC (EEUU) a través de Samu First Response, cuyo objetivo es captar fondos y recibir donaciones corporativas y a título individual para llevar a cabo dichas misiones.