El que fuera alcalde de Boadilla del Monte durante las presuntas actuaciones de Gürtel en el municipio, Arturo González Panero 'El Albondiguilla', ha asegurado este martes que recibió directrices desde Moncloa y también del presidente regional del Partido Popular, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la trama en el municipio.

En su declaración en el juicio, Panero ha detallado que el consistorio recibió "llamadas de Moncloa" --durante la presidencia de José María Aznar-- en las que le sugirieron "cosas relacionadas" con el ayuntamiento. "Adjudicaciones no, pero sí nombramientos", ha señalado, afirmando además que esas indicaciones también tenían relación con algunos de los pliegos.

En concreto, ha señalado 'El Albondiguilla', en una concesión a la empresa de limpieza Sufi. "Se nos dijo que lo de recoger las basuras solo tres días en la urbanización que no, que había habido quejas y que lo pusiéramos siete. Francisco Correa me dijo que se tenía que hacer y que, si no, me llamarían para decírmelo", ha explicado.

Y en lo relacionado con García-Escudero, el otrora alcalde ha señalado que fue él el que sugirió el nombre de Francisco de la Torre para ser nombrado como consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). "(García Escudero) es una persona que es arquitecto, y en materia de urbanismo y suelo intervenía activamente", ha sostenido.

CORREA APARECIÓ CON RATO Y CON AGAG

'El Albondiguilla', que presentó un escrito de confesión apenas una semana antes del inicio del juicio, ha aportado luz sobre cómo conoció al líder de la 'Gürtel' y la influencia que éste ejerció en el consistorio. "Desde el primer momento comprobé que tenía una gran ascendencia en el PP. Desde la primera comida no solo presumía, sino que daba muchos datos", ha apuntado.

Así las cosas, y para ejemplificar el poder de Correa, Panero ha explicado que en "alguna ocasión" éste apareció con Alejandro Agag, yerno de Aznar, o incluso con el exvicepresidente del Ejecutivo Rodrigo Rato. "Ahí vi que tenía una influencia importante en el Partido Popular", ha insistido. La figura de Correa era tan grande, según 'El Albondiguilla', que éste "entraba en Génova sin acreditación" cuando él, pese a ser alcalde, necesitaba una.

En su declaración, Panero también ha señalado cómo el cabecilla de la 'Gürtel' le instruyó para "vender" Boadilla del Monte "como un municipio importante". "Me dijo que tenía que vestir mejor de lo que vestía. Le acompañé a una camisería donde compramos camisas para mí", ha revelado, asegurando que Correa quería que dejara de lado la mentalidad "de pueblo".

Al frente del municipio, 'El Albondiguilla' "dejaba hacer" a los dirigentes de la trama y se "beneficiaba" de las adjudicaciones en el municipio. Según ha apuntado, habría dado un trato preferencial a 'Gürtel' tanto desde el consistorio como desde la EMSV, cuyo consejo de administración presidía.

LA INFLUENCIA DE 'GÜRTEL' EN BOADILLA

Por su parte, la considerada como administradora de algunas de las sociedades de la trama 'Gürtel', Isabel Jordán, ha detallado el poder de influencia de Correa y cómo trabajaba la red para conseguir las adjudicaciones. Y lo ha hecho, en concreto, refiriéndose a una cena en la que, frente a otros acusados como Pablo Crespo, Tomás Martín Morales o Alfonso Bosch, se negó a una de las adjudicaciones.

"Yo me opuse a ese contrato, se me habló mal e incluso una persona me dio una patada por debajo de la mesa. El señor Correa me dijo espérate al final de la cena que tengo que contarte una cosa", ha relatado, señalando lo que el líder de 'Gürtel' le explicó a continuación mientras caminaban por el Paseo de la Castellana.

"Correa me dijo: no te preocupes, vamos a poner todos los contratos de Boadilla del Monte porque tengo a Arturo Panero cogido por los huevos. Me dijo que existía el famoso vídeo en que se veía contando dinero a Panero y que con ese se lo podrían exhibir y que lo tenían un poco pillado. Me dijo que le tenían comiendo de su mano", ha aseverado.

Además de detallar su entrada en el círculo de Correa y como pasó a ser administradora, Jordán también se ha referido al que fuera gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, el propio Martín Morales, a la hora de referirse a los pliegos que se aprobaban.

Así, y dejando claro que no quería contradecir la declaración del otro encausado, Jordán ha dejado claro que los pliegos para Boadilla del Monte fueron elaborador por Fernando García Rubio, un abogado que hizo los de Majadahonda por 3.000 euros y al que se le pidió que trasladase eso mismo al Ayuntamiento que lideraba González Panero.

"A Martín Morales nunca le pedí un pliego (en eventos)", ha sostenido Jordán, que ha explicado que el otrora gerente llevaba la parte "administrativa de las empresas" y lo referido a la parte "jurídica" del contrato, dejando claro que, con todo, el todavía no estaba en esa época en el consistorio, sino como asesor externo.

ADJUDICACIÓN "A DEDO" Y SIN CONCURSO PÚBLICO

Además, Jordán ha hablado sobre el sucesor de Martín Morales y exdiputado del PP madrileño, Alfonso Bosch, y cómo se acometía la adjudicación de diferentes contratos, que nunca se sacaba a "concurso público", sino que era una "adjudicación a dedo". "Nos llamaba Bosch y decía tengo 80, 200 viviendas de no se cuánto y nos convocaba", ha señalado.

Jordán también ha aludido a los gastos de la trama destinados a la precampaña del Partido Popular madrileño en el año 2006. Las facturas de la misma, ha detallado, se habrían incluido de forma fraccionada en cada uno de los eventos que la red organizaba para la EMSV, que era quien acababa sufragando los actos.

"Yo no quiero contradecir a nadie, pero como el otro día el señor Bosch dijo que no sabía nada de la campaña* él sabía de estos importes que se metían en sus facturas. Se metían ciertos importes para cobrar actos de la precampaña", ha sostenido Jordán. En su declaración, Bosch negó que tuviera conocimiento de que la dirección de los 'populares' enviase directrices a la EMSV. "No tengo constancia. Si fuera así me lo hubieran pedido porque conocía al presidente regional y al gerente", señaló.

FRACCIONAMIENTO DE LAS FACTURAS

Este martes también ha declarado Javier Nombela, el encargado de la facturación de las empresas de la trama y ex vocal del PP en la Junta del distrito de Moncloa. En su declaración, Nombela ha repasado la organización de eventos y de contratos con el Ayuntamiento y a través de algún concejal como Juan Jesús Siguero, que estaba al frente de Patrimonio y Nuevas Tecnologías. "Los primeros contactos fueron una forma de pedir información sobre un servicio que estaba funcionando en Majadahonda", ha señalado, aludiendo a la Oficina de Atención al Ciudadano.

En esas conversaciones Nombela le habría facilitado los pliegos de la oficina en Majadahonda. "He tenido que hacer un ejercicio de memoria leyendo cosas. Hay un cuaderno que escribe Isabel y en el que pone Javier: pedir pliegos de la OAC. Eso funcionaba así, hay que llamar hoy a Siguero y pedir los pliegos", ha relatado.

Por otro lado, Nombela también ha corroborado que la utilización de las sociedades para pasar las facturas que se fraccionaban en pagos más pequeños --que no excedieran los 12.000 euros-- era una "práctica habitual en la Comunidad de Madrid y en otros sitios" como, por ejemplo, la EMSV.

En la sesión de este martes también ha declarado Javier del Valle, que ha reconocido que ayudó a 'El Albondiguilla' a ocultar comisiones a través de estructuras societarias y financieras en el extranjero. El juicio se reanudará este miércoles a las 10.00 horas con Panero respondiendo a las preguntas de su abogado.

La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la defensa en España del italiano Francesco Arcuri, el padre de los hijos de Juana Rivas, contra el indulto parcial concedido por el Gobierno a esta madre de Maracena (Granada). La medida de gracia rebaja a la mitad la pena de prisión y conmuta la pena de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por trabajos en beneficio de la comunidad.

En la diligencia de ordenación de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencio-Administrativo del Supremo, el alto tribunal acepta el recurso de la defensa que se centrará, según avanzaron, en que se debe mantener la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad puesto que, recuerdan, Rivas ya está condenada en firme en España por sustracción de menores al margen de que el indulto haya reducido la pena de prisión.

EL Supremo, requiere en la diligencia al Ministerio de Justicia a fin de que en el improrrogable plazo de veinte días remita el expediente administrativo correspondiente a la resolución impugnada --el indulto--, y señala que la ponencia sobre este asunto recae sobre el magistrado Wenceslao Francisco Olea Godoy.

Los recursos en lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo a la ley, se admiten siempre que haya legitimación de la parte, como es el caso. Además esa norma recoge también que se da 20 días a la administración competente contra la que va el recurso para que entregue el expediente relativo.

Cabe recordar que el Real Decreto por el que se indulta a Juana Rivas conmuta la pena de cárcel impuesta por el Supremo por otra de un año y tres meses de prisión, y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad respecto de sus hijos por la pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años.

El trámite formal realizado hasta el momento por el abogado de Arcuri es la interposición del recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal --una suerte de anuncio de recurso--, que argumentará ahora que ha sido admitido a trámite y toda vez que tenga acceso al expediente completo del indulto que ha de remitir el Gobierno.

LA DECISIÓN TRAS ESCUCHAR AL SUPREMO

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros el indulto parcial para Rivas, medida tomada en consonancia con la postura de la Fiscalía. Llegaba dos semanas después de que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) enviara un informe al Gobierno sobre la postura de sus magistrados en torno a esta decisión.

El Supremo había reconocido que existe división en esta materia, y en concreto explicó en el informe que ocho de sus magistrados apoyaban el indulto parcial para Rivas, mientras que otros ocho, entre los que se incluía el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se oponían.

Los primeros explican su postura haciendo referencia al "interés superior del menor", a la condena a la expareja de Rivas y padre de los niños por un delito de lesiones en el ámbito familiar o a declaraciones realizadas por el hijo mayor de la pareja en sede judicial en Italia, en las que "manifiesta su deseo de vivir con la madre y los malos tratos del padre".

Además, en relación a la condena de la expareja de Rivas y padre de los menores, recuerdan que en la actualidad la legislación española establece como regla general la supresión, no ya de la custodia, sino de visitas, al maltratador.

Por su parte, los segundos creen que si esta medida de gracia se administra "sin atender a circunstancias verdaderamente distintivas, relacionadas desde luego con criterios de equidad", se vería afectada "la generalidad de la norma y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos".

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha tomado razón de la declaración de emergencia de las actuaciones para el suministro de agua para regadío y otros usos a la zona afectada por la erupción del volcán en la isla de La Palma por un importe máximo de 4 millones de euros y una duración estimada de dos meses.

Las actuaciones, que ya se han iniciado para asegurar la disponibilidad de recursos hídricos a corto plazo en las zonas desabastecidas de El Remo, Puerto Naos y La Bombilla y se ejecutan de forma coordinada con el resto de las administraciones actuantes en la zona, son las siguientes: Aportación de nuevas fuentes de agua, mediante la instalación de desaladoras móviles en el puerto de Tazacorte (Gobierno de Canarias; transporte del agua desalada y de otras fuentes entre el puerto de Tazacorte y la costa de Puerto Naos (Ministerio para la Transición Ecológica); impulsión del agua entre la costa de Puerto Naos y la balsa de Cuatro Caminos (Cabildo de La Palma).

A la propia magnitud de la erupción volcánica se une el alcance de los daños que se están produciendo, como es el caso de dejar sin suministro de agua para riego a unas 600 hectáreas de plataneras, las cuales suponen el 25% de la producción platanera de la isla y el empleo para unas 15.000 personas.

El regadío en La Palma se articula actualmente a través de una serie de canales que van de norte a sur.De esta red de distribución es el canal denominado LP-II el que distribuye el agua para regadío hasta el entorno donde se ha producido la erupción, en sen tido norte-sur, pero sin llegar a completar un anillo hídrico que rodee toda la isla. Su tramo final lo constituye una conducción enterrada que abastece a las zonas de El Remo, Puerto Naos y La Bombilla. Esta conducción enterrada es sobre la que ha pasado la colada de lava, aunque la misma se mantuvo en servicio durante algunos días tras la erupción.

No obstante, con fecha 2 de octubre de 2021 se produjo la rotura de la referida conducción en la zona de El Remo, como consecuencia de la intersección de la colada de lava con la misma, no existiendo posibilidad de repararla ya que la propia lava lo impide. Esta rotura conlleva que las 600 hectáreas de plataneras se encuentren actualmente completamente desabastecidas de agua para riego, por lo que de no actuar de manera inmediata habilitando de algún otro modo el suministro de recursos hídricos alternativos se producirá la muerte por sequía de estas plantaciones.

La reposición definitiva del suministro se materializará mediante la construcción de una conducción alternativa desde el sur de la isla hasta la balsa de Cuatro Caminos, conectando el canal LPII y LPIII, de tal forma que se cree un anillo hídrico en la isla que asegure y flexibilice el suministro de agua para regadío.

Dado que esta conducción no se podrá acometer de manera inmediata, es preciso poner en marcha las medidas extraordinarias y de emergencia autorizadas hoy por el Consejo de Ministros para el suministro a las zonas afectadas que actualmente no tienen posibilidades de abastecimiento de recursos hídricos

Cuarenta y una ciudades de 21 provincias de nueve comunidades autónomas por las que dejó su impronta el Rey Alfonso X El Sabio integran desde este martes la Red de Pueblos y Ciudades Alfonsíes de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), que nace para compartir acuerdos y actividades en distintos ámbitos y con vocación de futuro, pues espera tener "mucho recorrido" más allá de la conmemoración del nacimiento del rey toledano.

Así lo han destacado en rueda de prensa la alcaldesa y vicepresidenta de la FEMP, Milagros Tolón, junto al secretario de la FEMP, Carlos Daniel Casares, tras la constitución de la Comisión de Ciudades Alfonsíes, en la que han participado unos 50 representantes municipales de 35 ciudades de Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha.

Tolón ha destacado que esta Red, que surge justo el día nació el Rey Alfonso X El Sabio hace 800 años, supone la primera reunión de este grupo del que forman parte ciudades grandes y pequeñas relacionadas con la vida y obra de "este importante rey castellano, que en la Edad Media fue precursor, moderno, renacentista" que ahora quieren "alabar su figura y sus acciones".

Esta Red permitirá poner en valor el patrimonio de cada uno de estos lugares, intercambiar experiencias y "dinamizar de forma activa la economía y la actividad cultural de las ciudades", ha apuntado la primera edil toledana, que ha defendido que las ciudades reivindiquen "las figuras históricas que nos hacen también ser protagonistas.

Milagros Tolón ha reseñado las "muchas ganas" de trabajar conjuntamente que existe entre todas las ciudades unidas por la figura de este rey "tolerante" y "moderno para su época", y tras agradecer al Ministerio --aprovechando la presencia de la directora general del Libro, María José Gálvez--, que todo el legado de Alfonso X El Sabio llegue a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt; ha animado a todos los ciudadanos a participar en los actos culturales, académicos y festivos que acogerán estas ciudades.

REY "MUNICIPALISTA"

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario de la FEMP, que ha recordado que la propuesta que hace meses planteó en la FEMP Tolón --que actúa de presidenta de la red, al ser esta la ciudad donde nació el rey-- fue recibida "con muy buen agrado", y ha valorado que con la constitución de la Comisión de Ciudades Alfonsíes "reivindicamos la historia y unir lazos desde el municipalismo".

"Estamos hablando de ciudades y pueblos, nos une la cultura y un recorrido muy largo en torno a la figura de Alfonso X El Sabio", ha indicado Carlos Daniel Casares, que ha valorado el trabajo de Alfonso X El Sabio, un rey "eminentemente municipalista" que, además de poner en valor la cultura y las artes, "puso en valor el de los municipios, pueblos y ciudades, otorgando fueros de libertad, apoyando la celebración de mercados y ferias, creando centros de cultura y universidades, y el Real Concejo de la Mesta", cosas todas ellas que sirvieron "para crear la estructura municipalista.

Por ello, ha indicado que desde la FEMP van a poner en valor "todo lo realizado" pero subrayando que esta no es una "red coyuntural solamente para celebrar eventos durante el VIII Centenario", pues tiene "un objetivo de futuro" y "mucho recorrido", avanzando que los ayuntamientos de la Red de Pueblos y Ciudades Alfonsíes espera llegar a más de 70 integrantes con el tiempo.

De hecho, la Red ya está en conversaciones con la Secretaría de Estado de Turismo para que este proyecto, que tiene que ver con la historia y la cultura, tenga también que ver con el impulso turístico.

Murcia, Ciudad Real, Estepa, Andújar, Villaviciosa, Écija, Villadelmiro, Trujillo, Puebla de Sanabria, Ortigueira, Villalcázar de Sirga, Alcocer, Martos, Cartagena, Valladolid, Alicante, Castrojeriz, Elche, Burgos, Guardamar del Segura, Lebrija, Orihuela, Maceda, Tarifa, Sevilla, Lorca, Ródenas, Carreño, Cifuentes, Segovia y Córdoba han participado de forma presencial o telemática en la reunión de este martes.

ESTRATEGIA COMÚN DE RECUPERACIÓN

Esta intervención se ha producido minutos antes de descubrir --una vez rehabilitada por el Ayuntamiento-- la placa conmemorativa que hace 100 años colocó en el convento de Santa Fe la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de la ciudad (Rabacht) por el VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X, acto en el que la primera edil ha estado acompañada en este acto por el presidente de la Rabacht, Jesús Carrobles.

El proyecto ha sido ultimado de la mano de la restauradora Canto González Pelayo, quien ha sido la encargada de desarrollar el acopio de la documentación gráfica, catas de limpieza, pruebas de preconsolidación, desempolvado, consolidación, relleno de oquedades y reintegración cromática y matérica.

La placa incluye un texto en letras mayúsculas sobre una superficie lisa horizontal en el que puede leerse: 'En estos que fueron alcázares reales nació en 23 de noviembre de 1221 Don Alfonso El Sabio en igual día de 1921 le erige esta lápida la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas'.

Tras ello, se ha celebrado el acto institucional de presentación de la Red de Pueblos y Ciudades Alfonsíes en el Palacio de Congresos El Greco junto a los representantes de las localidades que conforman la Red y que se han dado cita en la capital regional, durante el que Tolón ha destacado que esta estrategia común permitirá promover la recuperación económica y social e incrementar la autoestima de las ciudades.

"En los próximos meses, los municipios aquí reunidos vamos a realizar una intensa puesta al día del legado y de los conocimientos que impulsó el Rey Sabio para el progreso científico, literario y cultural de toda nuestra nación y de Europa", ha destacado, tal y como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

AUMENTAR EL ACERVO CULTURAL

Del reinado de Alfonso X, la alcaldesa ha destacado el impulso a la Escuela de Traductores de Toledo, su tesón y aportaciones a las artes, la cultura, la ciencia, el derecho, la historia y el empuje al castellano como lengua del pueblo, además del valor que le otorgó a la preservación del patrimonio.

De las actividades previstas para celebrarse en Toledo dentro de este Centenario, la responsable municipal ha reseñado la magna exposición que acogerá el Museo de Santa Cruz entre los meses de marzo y junio del próximo año, que como ha indicado, será la columna vertebral de una extensa programación cultural, artística y científica, pero también abierta, popular y diversa, "a la que todos los ayuntamientos alfonsíes y sus ciudadanos "quedan invitados", ha dicho.

El acto ha contado también con las intervenciones del presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez; del delegado provincial de Educación, José Gutiérrez; de la directora general del Libro del Ministerio de Cultura, María José Gálvez, y del secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares.

Gutiérrez ha reseñado que la Diputación acaba de ampliar su colaboración con la celebración del VIII Centenario tras la aprobación de la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento para que la institución financie la elaboración del catálogo de la exposición y la confección del diseño expositivo y proyecto museográfico y la reproducción en altorrelieve de la figura de Alfonso X.

Los representantes municipales que han asistido a este encuentro en Toledo han recibido una medalla conmemorativa y un facsímil de la miniatura de Alfonso X de los Libros de los Privilegios de la Ciudad de Toledo, cuyo original está depositado en el Archivo Municipal, y han tenido oportunidad de degustar un menú elaborado por Adolfo Muñoz, a quien la alcaldesa ha felicitado por su reconocimiento como 'Corazón de la Gastronomía de Castilla-La Mancha'.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado que trabaja en una Estrategia regional para el impulso de la Economía Social que favorecerá la "visibilización" del mundo de las cooperativas en la Comunidad Autónoma.

El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo Del Valle, ha subrayado así el anuncio realizado el pasado viernes por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en sede parlamentaria; en la jornada 'Las Cooperativas de Trabajo como herramienta contra la despoblación en el Reto Demográfico', desarrollada en la Fábrica de Harinas de Albacete, en la que ha avanzado además que próximamente se resolverá una convocatoria para la promoción y difusión de las cooperativas sociales, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante su intervención, Del Valle ha enumerado algunas iniciativas adoptadas por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para favorecer las cooperativas sociales, y ha puesto como ejemplo la Ley de Microcooperativas de Castilla-La Mancha o el incremento en más de 600.000 euros en el presupuesto para la Orden de Promoción, Ayuda y Constitución de Cooperativas, que ha pasado de 400.000 euros a superar el millón de euros actuales.

En este sentido, el director general de Economía Social ha subrayado que con la última Orden aprobada se apoyará la creación de 24 nuevos proyectos de cooperativa social en Castilla-La Mancha y a más de 70 personas.

En este acto de inauguración de esta Jornada organizada por la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) y RDCoops, Del Valle ha defendido las posibilidades de las cooperativas sociales, subrayando que "han demostrado ser una figura fuerte y resistente en esta salida de la crisis económica, crean empleo de calidad, están en moviendo y tienen un papel fundamental especialmente en el mundo rural".

Sobre este aspecto, el director general Autónomos, Trabajo y Economía Social ha resaltado la "compatibilidad de favorecer el mundo cooperativo y favorecer el reto demográfico, aspectos en los que trabaja el Gobierno de Castilla-La Mancha al considerar que estas cooperativas sociales tienen un nicho muy importante en estas zonas que luchan contra la despoblación", ha aseverado.

Del Valle ha estado acompañado del presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), Luis Miguel Jurado; el vicealcalde del Ayuntamiento de Albacete, Vicente Casañ y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino.

Esta jornada también ha contado con la ponencia marco del comisionado para el Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique y el desarrollo de tres mesas técnicas; "El rol de las organizaciones representativas en el territorio evitando la despoblación. Experiencias positivas en Castilla-La Mancha", "Los ayuntamientos, agentes estratégicos en la colaboración público-privada para el Reto Demográfico" y "Proyectos innovadores como herramientas de lucha contra la despoblación.

IMPULSO A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO

De su lado, el vicealcalde, Vicente Casañ, ha subrayado el impulso que desde el Ayuntamiento de Albacete, y a través de la Concejalía de Emprendimiento e Innovación, se está dando a las figura jurídica de las cooperativas de trabajo asociado para incentivar el emprendimiento colectivo.

"Creemos que el cooperativismo es una buena opción para emprender y por eso en fechas recientes nos sumamos a la red de asesoramiento del proyecto europeo COOP3RNIC, que precisamente va dirigido a potenciar las cooperativas de trabajo asociado", ha explicado Vicente Casañ, en la inauguración de las jornada.

Precisamente, la primera acción fruto de este convenio será la realización de una jornada Zoom Emprende, en la que intervendrán tres expertos en materia de cooperativas de trabajo asociado. Será este viernes, a las 9.00 horas, y estará abierto a todas aquellas personas interesadas. La sesión formativa, promovida por la Concejalía de Emprendimiento, se realizará a través de la plataforma Zoom.

En el transcurso de su intervención, el vicealcalde ha destacado que "el cooperativismo ha sido, y es, clave para la revitalización económica de nuestros pueblos", pero además ha hecho hincapié en el valor que puede tener esta figura también en la economía urbana.

"En Albacete queremos movilizar todo el potencial de la economía social, fomentando este emprendimiento colectivo y la creación de empleo de calidad, dos aspectos que proporcionan las cooperativas de trabajo asociado", ha recalcado Casañ.

En Albacete ciudad hay 116 cooperativas inscritas en el Registro, si bien en activo se mantienen actualmente 45, y operan en ámbitos tan distintos como el sector industrial, hostelero, agrario o educativo. El cooperativismo, ha recalcado el vicealcalde, encarna valores como "la solidaridad, democracia, igualdad y vocación social", que, en definitiva, son "valores que nos hablan de arrimar el hombro, de trabajo conjunto para salir adelante".

Por eso, a través del Servicio de Asesoramiento para el Autoempleo del Ayuntamiento de Albacete, se promocionará esta figura jurídica en el emprendimiento colectivo. "Cuando una persona o varias personas se deciden a constituir su propio negocio, pueden optar por distintas fórmulas, el autoempleo como trabajadores autónomos o una sociedad limitada, suelen ser las fórmulas más habituales", ha admitido Casañ.

Todo ello desde el convencimiento de las ventajas de la cooperativa de trabajo asociado, se fomentará y promoverá esa figura de las cooperativas de trabajo asociado, como una "fórmula muy eficaz para el autoempleo, pues las personas crean su propio negocio, asociándose con otros, pero además pueden emplear a terceros".

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha advertido sobre los peligros de sancionar penalmente la ayuda que se presta a las personas migrantes que intentan acceder al territorio nacional de forma irregular.

Para Bravo, las políticas de "inmigración cero" son inmorales pues castigan a quienes socorren a personas en peligro y "criminalizan la solidaridad".

La consellera se ha expresado así en la mesa redonda 'Jurisdicción penal e inmigración irregular', en el marco de las 'Jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigración' organizadas por el Consejo General del Poder Judicial en San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas de Gran Canaria.

Bravo ha explicado que la actual regulación europea obliga a los estados miembro a sancionar el favorecimiento de entrada, permanencia y tránsito ilegal de migrantes. Debido a ese marco legal, muchos países de la UE castigan penalmente a quienes prestan ayuda humanitaria, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En ese sentido, la consellera ha recordado casos como el de los tres bomberos sevillanos que fueron procesados por un tribunal griego por acudir al rescate de refugiados sirios que intentaban llegar a la isla de Lesbos.

LOS CASOS DE CAROLA RAKETE Y DOMENICO LUCANO

También ha mencionado el proceso a Carola Rakete, por parte de las autoridades judiciales italianas, por conducir el barco que capitaneaba con 40 personas rescatadas a bordo hasta el puerto de Lampedusa o la persecución penal de Domenico Lucano, alcalde de un pequeño pueblo de Calabria que acogió inmigrantes irregulares a los que cedió las casas abandonadas de su localidad y promovió la creación de empleo para que pudieran quedarse.

"Ningún argumento político dirigido a la salvaguarda del bienestar o el aseguramiento de la identidad e integridad cultural europea puede prevalecer sobre los derechos del ser humano como el derecho a la vida, que no solo se lesiona matando sino también impidiendo que otros salven vidas", ha sostenido

En este sentido, Gabriela Bravo ha relatado que el Código Penal "no castiga el favorecimiento de la entrada o tránsito de migrantes en situación irregular cuando se haga por motivos de ayuda humanitaria". Sin embargo, cuando no concurre esta circunstancia --la ayuda humanitaria-- sí hay una respuesta punitiva, aun cuando se haga sin ánimo de lucro.

Ese fue el caso de 2018 de un hombre condenado a tres meses de prisión y 22 días de multa por intentar traer a su hijo desde Costa de Marfil, ha explicado Bravo. El padre había llegado 12 años antes a España huyendo de la persecución política. Tras regularizar su situación, logró traer a su esposa y a una hija, pero por tres veces le fue denegada la reunificación de su hijo Adu. Desesperado, pagó 5.000 euros para que un individuo trajera a su hijo, motivo por el que finalmente fue condenado a cárcel.

"No es propio de una sociedad democrática, moderna y avanzada que se castiguen conductas que contribuyen a salvar vidas", ha concluido la consellera.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado interrogar como imputados a los ex miembros de ETA Mikel Carrera Sarobe e Itxaso Zaldúa por su presunta participación en el asesinato de dos agentes de la Policía Autónoma Vasca hace hoy 20 años en la localidad guipuzcoana de Beasain.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha dado este paso tras recibir un informe de la Guardia Civil que pone de manifiesto el progreso en técnicas criminalísticas relacionadas con la identificación con ADN que permite, en este momento, avanzar en el esclarecimiento de los asesinatos de los dos ertzainas Ana Isabel Arostegui y Francisco Mijangos Martínez.

Por ello, además de su declaración como imputados, ha acordado realizar un nuevo cotejo de las evidencias de huellas y ADN de ambos y de las restantes personas a las que se ha ido realizando el cotejo en esta causa para poder concretar su participación en los hechos.

La resolución judicial indica que existen indicios de "singular fuerza incriminadora" respecto de la participación de Carrera Sarobe y de Miren Itxaso Zaldúa. Acerca del primero, señala que su ADN fue localizado en unos guantes que se encontraban en una bolsa junto con varios casquillos "percutidos por el mismo arma utilizada para el asesinato de los dos agentes".

Además, añade que ambos eran integrantes del comando 'Basajun' de ETA y que se les atribuye la autoría del asesinato del concejal del PP Manuel Giménez Abad con el mismo 'modus operandi' que el de los dos ertzainas de Beasain.

Iberdrola ha presentado una demanda ante los juzgados de primera instancia de Bilbao en la que reclama la nulidad del acta notarial con la que su ex director de Control de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo buscó protocolizar un 'dossier' formado por distintas facturas, incluida una emitida por la empresa del comisario José Manuel Villarejo, y un escrito donde denuncia supuestas irregularidades.

La demanda, se dirige contra Del Olmo pero también contra Marcos Peña, entonces responsable del área de seguridad general de Iberdrola, y Ángel José Manuel Zarabozo, adscrito al primero que se ocupaba específicamente de la seguridad de las centrales nucleares de la compañía, así como contra el notario Luis Jacinto Ramallo, que firmó el acta.

Los hechos se remontan al 20 de diciembre de 2004, cuando Del Olmo, Peña y Zarabozo acudieron al despacho de Ramallo para entregarle un sobre cerrado que contenía diversos documentos con la intención de que permaneciera en su poder hasta que ellos se lo reclamaran.

"Me requieren, a mí, el notario, para que acepte en depósito un sobre cerrado, firmado por los comparecientes, cuyo contenido desconozco, si bien los comparecientes manifiestan que su contenido no es contrario a las leyes, a la moral o a las buenas costumbres", plasmó Ramallo en el acta formalizada ese mismo día.

Iberdrola esgrime que el fedatario público incumplió sus obligaciones legales tanto en el fondo como en la forma porque, por un lado, no hizo el "control de legalidad" del contenido del sobre y, en consecuencia, tampoco incluyó en su acta una "sucinta descripción" del mismo. "Es decir, existe un incumplimiento legal esencial", afirma la demandante.

Así, la compañía reclama a los juzgados bilbaínos que declaren la "nulidad de pleno derecho" del acta notarial del 20 de diciembre de 2004 y que su contenido "carece de los requisitos legales para determinar la fehaciencia" del mismo.

APROPIACIÓN ILEGÍTIMA

Tras la apertura del sobre cerrado, a la que se procedió el pasado 21 de enero en el contexto de la investigación que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional sobre los trabajos realizado por Villarejo, se vio que contenía un total de catorce facturas emitidas a Iberdrola y anotaciones presuntamente realizadas por Del Olmo sobre la contabilidad de la empresa energética y supuestas irregularidades.

Según detalla la demanda, en esas facturas hay una emitida por CENYT, la cabeza del grupo empresarial dirigido por Villarejo, el 16 de octubre de 2014; otras ocho libradas por otra mercantil, Casesa, entre mayo y septiembre de ese mismo año; y cinco procedentes de miembros del consejo consultivo de Iberdrola en Andalucía.

Iberdrola recalca, en primer lugar, que se trata de archivos de su propiedad de los que Del Olmo "se apropió ilegítimamente", tal y como recoge una reciente sentencia de un Juzgado Mercantil de Bilbao.

Y, en segundo lugar, llama la atención sobre el hecho de que, si Del Olmo observó supuestas irregularidades, "lejos" de denunciarlo por "las vías internas de laempresa o a las autoridades judiciales o policiales", optó por hacer un depósito ante notario con "el pretexto" de que le pudiera servir de defensa si esos hechos acababan investigados por la Justicia.

Esta demanda, presentada el 12 de noviembre, acrecenta la batalla legal que mantienen Iberdrola y su ex directivo desde que la empresa se querelló contra Del Olmo en 2020 acusándole, precisamente, de manipular ese 'dossier'.

En una reciente resolución, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal que absorbió la querella, acordó reabrirla, imputar a Del Olmo y devolver a Iberdrola la condición de perjudicada. La compañía ya ha pedido al instructor que interrogue a su otrora empleado sobre esta supuesta manipulación.

Este asunto se enmarca en una investigación mucho más amplia sobre los encargos ilícitos que Iberdrola habría hecho a Villarejo a lo largo de los años. El presidente de la mercantil, Ignacio Sánchez Galán, está imputado por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

La edición 14ª del Festival de Cine Italiano de Madrid, organizada por el Instituto Italiano de Cultura de Madrid y bajo los auspicios de la Embajada de Italia en Madrid, llega a la capital el próximo jueves, 25 de noviembre, con una minuciosa selección del mejor cine italiano contemporáneo, pero también guarda un espacio destacado para su Commedia all'italiana, e incluso para los más jóvenes, en quienes la organización pone el foco en colaboración con el Giffoni Film Festival.

Este año este famoso festival de cine infantil y juvenil viajará a Madrid por un día para compartir con el público del Festival de Cine Italiano de Madrid una muestra de lo que los niños y jóvenes pueden ver en este certamen, el número uno en el mundo. Aquí la cita será el sábado 27 de noviembre, allí se celebra en el mes de julio en la ciudad italiana de Giffoni Valle Piana, en Campania, desde 1971, año en el que Claudio Gubitosi, con tan solo 18 años, decidió crear este evento cinematográfico enteramente dirigido a los más pequeños.

En más de 50 años de historia, han pasado por allí millones de jóvenes procedentes de todo el mundo, siendo testigos de una auténtica experiencia de vida. La evolución de la marca Giffoni es continua y constante, y ha dado lugar a una comunidad que dialoga y se mantiene viva durante todo el año con actividades y oportunidades que conciernen no solo al cine, sino también a la innovación, la formación, la creatividad digital y la sostenibilidad. Desempeñan siempre un papel central los chicos y chicas: de hecho, son ellos −los giffoners− los que constituyen la verdadera fuerza de todo.

PROGRAMACIÓN DEL FOCUS A GIFFONI FILM FESTIVAL. Sábado 27 de noviembre

El próximo sábado, a partir de las 11:00 horas, se proyectarán en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid las siguientes películas en VOSE:

• A las 11.00 horas, GLASSBOY de Samuele Rossi, una película que habla de libertad, valor, riesgo, miedo, crecimiento, comunicación entre jóvenes y adultos. Lo hace a través de una historia real maquillada por ecos de cuentos de hadas. Pino, de once años, no puede salir de casa porque su salud no se lo permite, aunque también está rodeado de adultos que no quieren que alce el vuelo, que tienen miedo de que sufra. Pero un día Pino desafía su fragilidad, los miedos de los mayores y emprende una aventura para salvar de una peligrosa trampa a los SNERD, un grupo de cuatro extravagantes jóvenes a los que observa desde pequeño.
• A las 12.45 horas, LA GUERRA DI CAM, de Laura Muscardin, ambientada en un futuro próximo, en el que una catástrofe ambiental ha destruido las infraestructuras y devuelto al mundo a un estado salvaje. La llamada “civilización” se concentra en pequeñas y cerradas ciudadelas, mientras que en las zonas periféricas bandas de criminales saquean y esparcen el terror. Pocos se atreven a atravesar estos lugares y quien lo hace se encuentra solo para enfrentarse a su propio destino tratando de sobrevivir…
• A las 16.30 horas, L’AFIDE E LA FORMICA de Mario Vitale, descrita bajo la mirada de una adolescente musulmana, cuya determinación y vitalidad contagiará a un ex maratonista tanto que decidirá entrenarla para hacerle ganar su carrera más importante. Vitale pone el foco en las nuevas generaciones de calabreses, que han adquirido una relevancia mayor desde un punto de vista demográfico, pero también económico y ocupacional, tratando de interpretar el fenómeno como momento de crecimiento, no solo social o cultural, sino también, y, sobre todo, humano.

PROGRAMACIÓN DE LA COMMEDIA ALL’ITALIANA

Por las mañanas, a las 12:00 horas, en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid se hará un homenaje al género del que tanto orgullo sienten los italianos, la inigualable e inimitable Commedia all’italiana en VO.

• Viernes 26 de noviembre: Ieri, oggi, domani, de Vittorio de Sica, 1964, con Sofía Loren y Marcello Mastroianni
• Domingo 28 de noviembre: C’eravamo tanto amati, de Ettore Scola, 1974, con Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Nino Manfredi
• Lunes 29 de noviembre: Amici miei, de Mario Monicelli, 1975, con Ugo Tognazzi
• Martes 30 de noviembre: Bianco rosso e Verdone, de Carlo Verdone, 1981, con Carlo Verdone, Elena Fabrizi, Angelo Infanti
• Miércoles 1 de diciembre: Il Ciclone, de Leonardo Pieraccioni, 1996, con Leonardo Pieraccioni
• Jueves 2 de diciembre: Scialla, de Francesco Bruni, 2011, con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Bobulova

UNA SEMANA DEL MEJOR CINE CONTEMPORÁNEO ITALIANO

El festival regresa con una apuesta firme por la presencialidad en esta nueva edición, sin renunciar a la experiencia del streaming en la proyección de sus largometrajes, con el objetivo de permitir que el mejor cine italiano sea accesible a todo tipo de público y llegue también fuera de las fronteras de Madrid.

En esta 14ª edición se proyectarán de forma gratuita (previa reserva de entrada en la web), más de 30 títulos; 6 cortometrajes, 6 documentales y 9 largometrajes formarán parte de las secciones oficiales. Todas estas películas participantes son una selección de las mejores producciones italianas del año que podrán verse en España en preestreno a través de este festival, en VOSE.

Algunos de los creadores de las películas participantes visitarán la capital para presentar sus proyectos, como Valentina Gaia, guionista de UNA RELAZIONE de Stefano Sardo, Alessandro Capitani, director de I NOSTRI FANTASMI, o Paolo Costella, director de PER TUTTA LA VITA. También estará presente Giuseppe Piccioni, el homenajeado de este año, prolífico cineasta al que se le entregará el “Premio a toda una carrera” el 25 de noviembre, durante el acto de inauguración. El director estará presente también en la presentación de LA PREGHIERA DELLA SERA, cortometraje a concurso que fue presentado en la sección Orizzonti de la pasada edición de La Biennale di Venezia. Otro Piccioni, el gran compositor y jazzista italiano, compañero de viaje del mismo Sordi, junto a Nino Rota y Ennio Morricone, que ha contribuido a hacer el cine italiano INOLVIDABLE, será homenajeado durante la inauguración del Festival por el conocido dúo Ceccarelli&Spinetti con el concierto “Ascoltando il Cinema”. La inauguración se podrá seguir en streaming en los canales Facebook y YouTube del Festival de Cine Italiano de Madrid y del IIC Madrid.

Este año la cita cambia de espacio y se traslada al céntrico Cine Paz, el cuarto cine en activo más antiguo de Madrid, que se caracteriza por defender el mejor cine europeo, tanto a través de su cartelera de estrenos como con sus colaboraciones con festivales. Con esta alianza con el Festival de Cine Italiano de Madrid ponen de manifiesto su claro objetivo de difundir y celebrar la cinematografía contemporánea italiana mostrando todo su apoyo a uno de los certámenes más consolidados de la capital.

TITULOS Y SECCIONES

Cortometrajes a concurso:

• IL GIOCO, de Daniele Pini
• IL TURNO de Chiara Marotta y Loris Giuseppe Nese
• L’INCANTO de Chiara Caterina
• LA PREGHIERA DELLA SERA de Giuseppe Piccioni
• BIG de Daniele Pini
• CORIANDOLI de Maddalena Stornariolo

Documentales a concurso: 

• LA MACCHINA DELLE IMMAGINI DI ALFREDO C.de Roland Sejko, Ezio Bosso.
• LE COSE CHE RESTANO de Giorgio Verdelli
• SENZA FINE de Elisa Fuksas
• IL PALAZZO de Federico di Giacomo
• EMPTY MAN de Davide Romeo Meraviglia
• GAME OF THE YEAR de Alessandro Radaeli

Largometrajes a concurso: 

• UNA RELAZIONE de Stefano Sardo, con la presencia de la guionista del film Valentina Gaia
• IL SILENZIO GRANDE de Alessandro Gassmann
• I NOSTRI FANTASMI de Alessandro Capitani, con la presencia del director
• MOTHER LODE de Matteo Tortone
• YAYA E LENNIE de Alessandro Rak
• PER TUTTA LA VITA de Paolo Costella, con la presencia del director
• MONDOCANE de Alessandro Celli
• IL BAMBINO NASCOSTO de Roberto Andò

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este martes hacer un frente común contra la "la soledad", la que considera la "nueva pandemia".

"Esto nos está complicando mucho las cosas porque cada vez vamos a ser menos abuelos, cada vez va a haber menos nietos y menos hermanos porque no estamos enfocando los problemas en el futuro", ha indicado.

Así lo ha expresado durante su intervención en el desayuno sobre Economía de la Longevidad organizado por 65yMás, donde también ha solicitado ayuda a toda la sociedad, y especialmente al considerado talento senior, porque "están cambiando el país, están cambiando España por la puerta de atrás y todos nos tienen ayudar más que nunca a juntos sortear esta situación".

La presidenta madrileña ha explicado algunas de las medidas que pondrá en marcha el Gobierno regional pensando en los mayores de 65 años, como la nueva bajada del abono transporte, a partir del 1 de enero, que pagarán 33 euros por la tarjeta anual.

El objetivo, como ha explicado, es que "se muevan, que lo puedan hacer por toda la región y vayan abandonando el vehículo", ha explicado Ayuso, que también les ha detallado el nuevo modelo de residencias, la implantación de la telemedicina para evitar desplazamientos a los centros sanitarios o más programas de cultura.

Esquerra Republicana (ERC) ha confirmado este martes su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 asegurando al Gobierno una mayoría para sacar adelante en el Congreso las nuevas cuentas públicas.

Así lo ha confirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, acompañado por los diputados de EH-Bildu Mertxe Aizpurua y Oskar Matute para informar de un acuerdo para introducir cuotas e incentivos para producciones en lenguas cooficiales en cada plataforma dentro de la futura Ley Audiovisual.

Con el apoyo confirmado de ERC, el Gobierno cuenta con los votos suficientes para sacar adelante las cuentas, ya que a los apoyos de PSOE y Unidas Podemos, a la espera aún del PNV, el Ejecutivo suma a EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro.

UN 20% DE LA CUOTA EUROPEA SERÁ EN LENGUA COOFICIAL

Rufián ha señalado que la directiva europea que justifica la nueva Ley Audiovisual reserva un 30% de todas las producciones europeas, por lo que el 6% reservado a las lenguas cooficiales implica que, de todo el catálogo 'protegido', el 20% deberá ser en catalán, euskera o gallego. Además, en caso de existir contenido doblado o subtitulado, las plataformas estarán obligadas a ofrecerlo.

El acuerdo también contempla incentivos fiscales, de forma que una parte de la recaudación financiará el Instituto de Cinematografía de Artes Audiovisuales y la producción en lenguas cooficiales. Rufián ha asegurado que el acuerdo de la Ley Audiovisual es "de mínimos" y que, en todo caso, espera poder completarlo cuando empiece a tramitarse.

FONDOS PARA LA COMPRA DE VIVIENDA SOCIAL A LA SAREB

Además, Rufián ha señalado que el acuerdo incluye distintas inversiones territoriales en Cataluña por unos 50 millones de euros, una transferencia de 10 millones a la Generalitat para la compra de vivienda a la Sareb, que irá destinada a vivienda social, particularmente alquiler joven, y 11 millones política de vivienda en Barcelona y su área metropolitana.

También ha destacado que otras mejoras conseguidas han sido reformas como la de pensiones, que esta misma semana ha incluido a propuesta de ERC y EH-Bildu medidas como la auditoría del sistema público de pensiones para cuantificar la factura de gastos impropios asumidos la Seguridad Social, o el complemento en la pensión para jubilados que no alcancen los 900 euros y que cuenten con 40 años cotizados.

COMPENSACIÓN DE PEAJES Y TRANSFERENCIA DE CARRETERAS

Por otro lado, también ha destacado la transferencia de hasta 5 millones para mejoras en carreteras y carriles Bus Vao, la transferencia a la Generalitat de infraestructuras de Rodalíes y las carreteras B-23 y B-30 y 1,6 millones para compensar la eliminación de peajes en las autopistas AP-7 y AP-2.

En materia de Interior, el acuerdo con el Gobierno permitirá la equiparación de las condiciones de jubilación en el Cuerpo de Mossos d'Esquadra con las de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza y la eliminación de la partida dedicada a la mejora de la comisaría de la Vía Laietana, para la que se preveían 8 millones hasta 2025.

"TUTELAREMOS LOS ACUERDOS EN EL SENADO"

Durante la rueda de prensa, Rufián ha asegurado que su grupo estará "muy encima" para que estos acuerdos finalmente se cumplan, especialmente en el Senado, Cámara a la que previsiblemente llegarán esta semana las cuentas tras su aprobación en el Congreso.

Aclarando su deseo de que "no sea interpretado como una amenaza", el portavoz de ERC en el Congreso ha dicho que intenta "no vender un triunfalismo" --"Sería absurdo teniendo en cuenta la memoria que tenemos"-- pero que su formación "tutelará los acuerdos" en la Cámara Alta, donde cuentan con "muchísima fuerza".

"Ojalá se cumplan y si no, intentaremos que se cumplan de otras maneras. Estamos convencidos de que todo el mundo será responsable y asumirá lo que firma", ha dicho.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado pronunciarse sobre la petición de algunas comunidades autónomas de reglas comunes respecto al uso del pasaporte COVID, insistiendo en que el Ejecutivo apuesta por el "método" que ha resultado eficaz hasta la fecha para hacer frente a la pandemia y que no es otro que la vacunación y el uso de la mascarilla.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha dicho que el Gobierno es "consciente" de las reivindicaciones de algunas comunidades autónomas ante el "desajuste" entre los distintos tribunales superiores de justicia que "necesitarían de una armonización o una casación del Supremo si se produjeran esos recursos".

En todo caso, ha añadido la ministra portavoz, el Gobierno apuesta por mantener el "método que ya hemos constatado que ha funcionado" y que no es otro que "vacunación y mascarilla", evitando aclarar así si se van a dar directrices respecto a la exigencia del pasaporte COVID para determinadas circunstancias, como ya están haciendo algunas regiones.

"Hemos obtenido un sobresaliente en la vacunación hasta segunda dosis con un 90% de la población vacunada y ahora debemos asumir un nuevo reto que es irnos a esa vacunación de refuerzo y esa tercera dosis hasta ir alcanzando a una población que permita hablar de nuevo de inmunidad colectiva", ha subrayado Rodríguez, que no obstante ha dicho comprender "la preocupación" de las comunidades autónomas y a las que ha prometido que seguirán llegando las vacunas.

Por lo que se refiere a la propuesta de introducir nuevas restricciones en el sector de la hostelería ante el aumento de los casos en algunas regiones, la portavoz se ha remitido a la reunión de esta tarde la Comisión de Salud Pública, insistiendo en todo caso también en que la vacunación y la mascarilla son la respuesta.

Rodríguez ha sacado pecho de que España cuenta con uno de los índices de incidencia más bajos de su entorno si bien el Gobierno esta "con todas las alertas encendidas" respecto al crecimiento generalizado que se está produciendo en otros países, de ahí el que, junto con las comunidades autónomas, ya se esté trabajando en la tercera dosis y la dosis de refuerzo.

El Gobierno andaluz ha convocado una reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como comité de expertos, para este viernes 26 de noviembre, con el objetivo de analizar la situación de la pandemia del coronavirus en la comunidad, donde se está produciendo una subida de la tasa de incidencia, aunque no se prevé la aplicación de "medidas restrictivas" dado que todo el territorio se encuentra en estos momentos en nivel cero.

Así lo ha anunciado este martes, el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha apuntado que la reunión de este viernes se desarrollará a partir de las 11,30 horas en el Palacio de San Telmo de Sevilla y que en ella, en base a los informes técnicos que se han solicitado, se abordará la adopción de medidas de "corte preventivo", como la presentación del llamado "pasaporte Covid" para el acceso a determinados eventos o a centros hospitalarios y residencias de mayores.

El consejero ha expuesto que no se contempla en este momento ningún cambio de nivel en la comunidad, cuyo territorio se encuentra en nivel cero en la actualidad, y que, en este sentido, tampoco se prevé la adopción de "medidas restrictivas" ante una subida de la tasa de incidencia que no es "alarmante, pero sí preocupante", ya que hemos entrado en las fechas del frío y los ciudadanos tienden a hacer más reuniones en el interior.

La única medida que la Junta tiene previsto llevar al comité de expertos del viernes es plantear la presentación del certificado o pasaporte Covid para el acceso a determinados eventos o a centros hospitalarios y residencias de mayores. La aplicación de esta medida tendría que contar antes con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En cuanto a los eventos en los que se podría solicitar el certificado Covid, el consejero no ha entrado en detalle, pero sí ha apuntado a la posibilidad de que se demande en locales de "ocio nocturno", para actividades "culturales en interior", o en eventos "folclóricos y deportivos", siempre y cuando esta medida cuente con el visto bueno del alto tribunal andaluz.

Ha señalado que tampoco se trata de exigir el pasaporte Covid para todas las actividades, sino que sería un proceso "poco a poco" en función de la evolución de la pandemia.

El consejero ha defendido además que la exigencia del pasaporte Covid para el acceso a determinados recintos sería más bien una medida de carácter "preventivo" y ha confiado en que pudiera tener el visto bueno del TSJA, puesto que en este momento la vacuna está a disposición de toda la población diana (de doce años en adelante) y quien no se la ha puesto ha sido porque no ha querido.

No obstante, el consejero andaluz ha mostrado su preocupación por los pronunciamientos distintos que ya se están empezando a producir por parte de tribunales autonómicos en relación con el certificado Covid, ya que por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi lo ha rechazado, mientras que en otras regiones sí se ha aceptado. Esta situación, según Aguirre, debería llevar a que fuera el Gobierno central el que abordara este asunto de manera coordinada con las comunidades y que si fuera necesario, se hiciera una modificación legislativa para que las regiones tengan instrumentos.

Ha insistido, en cualquier caso, en que espera que no haya "ningún problema" en el TSJA cuando desde la Junta se le plantee la medida, sobre todo, teniendo en cuenta la alta tasa de vacunación que hay en la comunidad y que la vacuna está a disposición de todo el mundo.

Ha indicado además que hay unos 25.000 andaluces que no se han podido vacunar por contraindicación con la vacuna, de manera que para esas personas se habilitaría un certificado concreto para justificar su situación.

MEDIDAS ORIENTATIVAS

Sobre las medidas que el Ministerio de Sanidad planteará a las comunidades sobre limitaciones de horarios y de ocupación tanto en restauración como en ocio nocturno ante la subida de la tasa de incidencia, Aguirre ha indicado que ese semáforo no es de "obligado cumplimiento", sino "orientativo" para las regiones y ha insistido en defender que la totalidad del territorio de Andalucía se encuentra en estos momentos en nivel cero y que la administración autonómica tiene establecido su propio semáforo para cada nivel.

"Nosotros tenemos nuestro propio semáforo vinculado a los niveles y es que vamos a seguir", según ha señalado Jesús Aguirre, quien ha apuntado que la Junta se abstendrá o votará a favor de la propuesta del Ministerio de Sanidad porque "no es de obligado cumplimiento". Ha anunciado que la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de la próxima semana se celebrará en Córdoba.

Respecto a la subida de la incidencia acumulada, el consejero ha señalado que no hay una "relación directa" entre la tasa de incidencia y la presión asistencial, básicamente porque el 91,4 por ciento de la población diana está vacunada con la pauta completa.

Ha expuesto, no obstante, que la mayor cifra de positivos en coronavirus y de ingresos se da en la franja de 20 a 40 años, donde hay diez puntos menos de vacunación respecto al resto de franjas de la población diana. "Diez puntos pueden ser una presión asistencial grandísima", según ha alertado el consejero.

Sobre cómo prevé la situación de cara a las navidades y si podría haber ya restricciones, el consejero ha dicho que ahora mismo es una proyección difícil de hacer, porque vamos semana a semana. "El tiempo lo dirá, me da tranquilidad que tenemos el 91,4 por ciento de la población vacunada", según ha apuntado el consejero, que ha confiado en que podamos vivir unas navidades "tranquilas, felices y en familia".

El consejero ha vuelto a hacer un llamamiento a los andaluces que no han decidido vacunarse para que lo hagan, porque de ello depende también la salud de los familiares que están a su lado. Ha dicho que la tercera dosis de la vacuna ya se ha suministrado a 802.000 andaluces y que desde ayer ya se comenzó con la franja de 65 a 69 años, mientras que ha pedido a los mayores de 70 años que aún no se han puesto la tercera dosis, que pidan cita para hacerlo a "la mayor brevedad posible" porque es "muy importante" que la tengan.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha negado que se haya paralizado la aprobación de la Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el medio Rural con el Lobo y su conservación, después de que la Junta de Castilla y León haya anunciado esta paralización, gracias a la presión ejercida junto con Asturias, Cantabria y Galicia.

Fuentes del Ministerio han asegurado que en la reunión del Comisión de Patrimonio Natural y Biodiversidad de este lunes solo se acordó posponerla hasta una próxima cita que tendrá lugar en los primeros días de diciembre, con la intención de recoger algunas sugerencias planteadas por las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias y las organizaciones ecologistas.

En todo caso, recuerdan que a pesar de este aplazamiento sigue sin estar permitido cazar lobos en el conjunto de España porque la especie ya está incluida en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que supone que ya no es cinegética. Y esta orden está vigente desde finales de septiembre, cuando fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Así, aseguran que los planes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la conservación del lobo siguen adelante.

Según estas fuentes ministeriales, en la reunión de este lunes el departamento que dirige Teresa Ribera pidió posponer el debate sobre el borrador de la estrategia del lobo porque no dio tiempo de llegar a la reunión con un texto integrado que recogiera algunas de las sugerencias planteadas a última hora --algunas el mismo lunes-- por las comunidades autónomas, las organizaciones ecologistas y las organizaciones profesionales agrarias durante la ronda informativa y de contactos mantenidos con todos los interlocutores desde que les fuera remitido el borrador.

La intención que traslada el MITECO es la de buscar el máximo consenso posible para aprobar la Estrategia antes de final de este año con el objetivo de que a partir del 1 de enero esta sea la herramienta de gestión de la especie de modo que se logre vertebrar la coexistencia con la ganadería extensiva en todas las comunidades autónomas con presencia de lobos.

Dicha estrategia desarrollará para todas las comunidades autónomas cuestiones como los baremos de tasación de daños, los procedimientos para agilizar las reclamaciones y el pago de las compensaciones, entre otras cuestiones que resolvía cada comunidad autónoma.

Igualmente la estrategia dejará constancia del compromiso de la Administración General del Estado para ayudar a los ganaderos a proteger sus explotaciones, y para corresponsabilizarse del pago de las indemnizaciones de los daños por ataques para mejorar el apoyo y el trato que ahora reciben los ganaderos de extensivo en toda España.

Sin embargo estas cuatro comunidades autónomas, que agrupan el 98 por ciento de la población de lobo ibérico en España, reclamaron la retirada de ese documento al considerar que "carecía del mínimo rigor técnico" y que "se construyó sobre una decisión unilateral adoptada por el Ministerio y sin contar con el consenso de las comunidades que albergan a la especie". Para las cuatro, el borrador partía de la premisa de un estatus legal de la especie que está actualmente en litigio, al tiempo que sus contenidos podían vulnerar el régimen competencial autonómico.

El Gobierno ha aprobado este martes, durante la reunión del Consejo de Ministros, un real decreto por el que se modernizará y actualizará con 32 millones el servicio de atención a víctimas de violencia machista Atenpro. Tal y como ha indicado la ministra de Igualdad, Irene Montero, los teléfonos que se facilitan a las víctimas para su atención y seguimientos se han quedado "viejos" y se prevé que la actualización del servicio culmine en 2023, llegando a unas 50.000 mujeres víctimas de esta lacra, frente a las 16.500 actuales.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, Montero ha valorado la labor de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) que es la que gestiona este servicio y la que recibirá, a través de una subvención, la cuantía aprobada por el Gobierno.

Este servicio consta de la entrega de un dispositivo telefónico a mujeres que ya se encuentran dentro de los programas de atención integral a víctimas de violencia de género y que les permiten tener contacto con esa atención --psicológica, especializada o de emergencia-- las 24 horas del día, los siete días de la semana.

POCA BATERÍA, MUY GRANDES O CON APENAS COBERTURA

Sin embargo, según ha reconocido la responsable de Igualdad, estos dispositivos se han quedado "viejos" y, en algunos casos, tienen baterías que "duran poco", o son "demasiado grandes" y dificultan su uso a mujeres en contextos en los que necesitan discreción; o en el ámbito rural, cuentan con poca cobertura.

La modernización que busca el nuevo real decreto, ha indicado Montero, tratará de mejorar la cobertura y que estas mujeres usen dispositivos de "última generación" no solo en matera de terminales, sino también relojes o "cualquier dispositivo de última generación que facilite el contacto" de estas mujeres con el servicio de atención y que "el código postal" o el "lugar de residencia" no convierta a algunas mujeres en "víctimas de segunda".

Pero además, la ministra ha explicado que esta modernización consiste también en la ampliación de este servicio a todas las víctimas de violencias machistas y no solo, como ahora, a aquellas que sufren violencia de género, es decir, la que se produce en el seno de la pareja o expareja.

Así, si en la actualidad, según ha apuntado Montero, las usuarias del servicio Atenpro son unas 16.000, la actualización del servicio prevé alcanzar una cifra de entre 49.000 y 50.000 mujeres, incluyendo a víctimas de violencia sexual o trata con fines de explotación sexual, entre otras, y que todas reciban atención especializada.

Esta medida está financiada con cargo a los fondos europeos pues, como ha detallado la responsable de Igualdad, entra dentro del Plan España te Protege contra las Violencias Machistas que el Gobierno ha incluido dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia tras la pandemia.

EL VALOR DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Esta iniciativa se aprueba en la misma semana en la que se celebra, este jueves 25 de noviembre, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que el Gobierno ha aprobado también en esta reunión una declaración institucional.

Sobre esta declaración, Montero ha explicado que hace un "repaso breve" sobre las "principales medidas legislativas" y "políticas públicas" desplegado por el Ejecutivo y que, según ha indicado, señala la postura del Gobierno en relación a que esta materia es un asunto de Estado. Y también, según ha declarado, recoge el "absoluto compromiso unitario" del Ejecutivo contra esta lacra.

Montero ha puesto en valor, "desde la humildad", la importancia de hacer políticas públicas en esta materia señalando "el aumento de denuncias" por agresiones sexuales que, a su juicio, da "mayor visibilidad" y "concienciación" sobre este tema. Además, ha señalado que "a mes de noviembre" de 2021, es el año con menos mujeres asesinadas por violencia de género de la serie histórica, que comenzó en 2003.

Para la ministra, estos datos hablan de que "las políticas públicas y la inversión del Gobierno", que ha calificado de "histórica" en relación a la lucha contra la violencia machista, permite "salvar vidas" y tener "efectos positivos" en este sentido.

También en relación a la declaración institucional, la dirigente morada ha destacado la labor del Ejecutivo, y junto a los grupos parlamentarios, para lograr la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de genero y "blindar" sus medidas y su financiación. Finalmente, ha enviado un mensaje a las mujeres víctimas de esta lacra y a sus familiares para señalar que "no están solas" y que las instituciones trabajarán "juntas" para erradicar esta violencia.

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha considerado que el Gobierno central "debe ejercer su responsabilidad" y convocar "de una vez por todas a todas las comunidades" para poner sobre la mesa "propuestas concretas, debatirlas y avanzar en la reforma de un modelo de financiación autonómica que está agotado y que nos está tratando de forma injusta a muchos españoles, sobre todo, a los ciudadanos de la Región de Murcia".

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la cumbre de presidentes autonómicos celebrada en Santiago de Compostela, López Miras ha considerado que el encuentro responde a "una línea también en un sentido muy parecido al que defiende la Región de Murcia" consistente en que "no haya infrafinanciación" y que el Gobierno de España "cubra las necesidades como establece nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución y su desarrollo normativo".

El objetivo, añade, es que "el Estado cubra las necesidades de Educación, de Sanidad y de políticas sociales de todos los españoles con los mismos recursos vivan donde vivan".

A su juicio, "es injusto, es insolidario y discrimina a unos españoles frente a otros que en algunas comunidades autónomas como la de Murcia estemos recibiendo hasta dos millones de euros menos al día y 800 millones de euros menos cada año para pagar la Sanidad, la Educación y las políticas sociales frente a otras comunidades que reciben mucho más".

Ha remarcado que este martes también se ha reunido en Alicante los consejeros de Hacienda de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana para hablar de financiación autonómica y hacer "propuestas concretas". Por encima de todo esto, lamenta que está "la inacción del Gobierno central y del presidente Sánchez".

Así, el presidente murciano ha considerado que las comunidades no tendrían que estar haciendo reuniones "día sí y día también" si la ministra de Hacienda hubiera convocado a las todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como lleva pidiendo "meses", y si hubieran empezado a "consensuar y trabajar sobre un modelo de financiación autonómica que cubra las necesidades de todos los españoles por igual".

Ha señalado que los presidentes reunidos en Santiago de Compostela "abogan por que se cubran todas sus necesidades y los servicios del Estado del Bienestar, que es lo mismo que pide la Región de Murcia". "Cuando no vamos a llegar a un acuerdo es, desde luego, si no nos sentamos todos juntos y si el Gobierno central no ejerce la responsabilidad de coordinación estatal que tiene".

"En el momento que nos sentemos todos, vamos a empezar a ver soluciones comunes", según López Miras, quien recuerda que es algo que "ya se vio con el Gobierno de España anterior", cuando se empezaron a legar a acuerdos como el relativo al que el sistema de financiación autonómica "tenía un déficit de 16.000 millones de euros".

Ha lamentado que "se rompió esa forma de trabajar" y el nuevo Gobierno de Sánchez no siguió convocando a las comunidades para trabajar en ese sentido. "Y así estamos, teniendo que quedar unas comunidades autónomas con otras, teniendo que hacer propuestas en solitario o con otras autonomías por la dejación de funciones del Gobierno central", ha aseverado.

Los consejeros de Hacienda de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, Vicent Soler y Luis Alberto Marín, han coincidido este martes en plantear una propuesta conjunta de reforma del modelo de financiación autonómica que sea "urgente e inaplazable" y esté basada en el consenso y en el criterio de población ajustada, junto a un fondo transitorio hasta que sea realidad.

En una reunión en Alicante, Soler (PSPV) y Marín (PP) han plantado esta reforma en los mismos términos que la acordada por los dos gobiernos autonómicos con la Junta de Andalucía el pasado mes de septiembre, al considerar que el modelo actual es "discriminatorio, insuficiente, complejo y poco transparente".

Ambos han coincidido en "acercar posturas" en torno a la financiación y en que el nuevo modelo sea equitativo y garantice la suficiencia financiera al conjunto de las autonomías, además de abordar el problema de la deuda histórica y estar diseñado con mayor transparencia y sencillez.

La reunión se ha celebrado tras la triple manifestación unitaria contra la infrafinanciación que tuvo lugar el sábado en la Comunitat y en el mismo día de la cumbre de Santiago donde representantes de ocho CCAA --Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias-- han sellado un documento que aboga por que el nuevo sistema sea fruto del "consenso multilateral" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), teniendo en cuenta todas las necesidades y posiciones.

En esta línea, los consejeros valenciano y murciano han coincidido en que sus principios son asumibles por el resto de las comunidades, con independencia de siglas políticas.

Soler ha defendido que la infrafinanciación "ni es un problema solo de los valencianos ni una cuestión partidista, sino un problema de Estado que urge solventar". Por eso ha confiado en que desde el diálogo y el consenso podrán sumar los apoyos necesarios para lograr una reforma que es "más perentoria que nunca para afrontar la recuperación en igualdad de condiciones".

"Nuestra bandera es la evidencia de la infrafinanciación de algunos territorios y la necesidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su lugar de residencia, tengan las mismas oportunidades para disfrutar de un escudo social fortalecido, público y de calidad", ha aseverado.

Aunque el conseller valenciano ha reiterado el "apoyo sin precedentes" del Gobierno a las comunidades durante la pandemia, ha insistido en que urge mantener para seguir atendiendo las necesidades sanitarias y socio-sanitarias derivadas de la covid sobre todo en las regiones infrafinanciadas.

Por su parte, el consejero murciano ha señalado que la Región dejó de recibir solo el año pasado cerca de 800 millones de euros como consecuencia del sistema de financiación, lo que supone "140 centros de salud o 385 centros educativos menos". También ha apuntado a la insuficiencia de recursos como "responsable directa del 90 por ciento de la deuda" de Murcia.

"Si no encontramos una salida a esta deuda injusta estaremos lastrando la recuperación y el futuro de las comunidades infrafinanciadas", ha avisado, y ha pedido que el debate sobre la financiación se aborde desde una perspectiva "amplia e integradora".

FONDO TRANSITORIO Y "DESDRAMATIZAR" LA REFORMA

Por todo ello, ambos han vuelto a instar al Ministerio de Hacienda a crear un mecanismo transitorio hasta la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación, con el objetivo de hacer frente a la pandemia en igualdad de condiciones y de mejorar tanto la sanidad como la educación y los servicios sociales.

A su juicio, este fondo de nivelación también es necesario para impulsar las políticas industriales, el empleo y la inversión. Además de reivindicar el artículo 156 de la Constitución, han advertido que se ha consolidado una insuficiencia global del sistema que se cifró por expertos ya en 2017 en 16.000 millones de euros.

Con todo, los consejeros se han congratulado con el compromiso del Gobierno de que el nuevo sistema contará con mayores recursos y, aunque se han mostrado prudentes hasta conocer la propuesta del Ministerio, creen que es un primer paso para "desdramatizar" la reforma y lograr avanzar.

Patronales del sector de residencias de Catalunya han aplaudido este martes la voluntad del Govern de aplicar el certificado Covid para el acceso a centros residenciales, entre otros sectores económicos y sociales, ante el incremento de los indicadores de la pandemia.

La portavoz del Ejecutivo catalán, Patricia Plaja, ha detallado que ahora el Procicat elaborará una nueva resolución con los detalles de la medida para pedir al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que autorice esta ampliación del certificado que el Govern quiere que sea vigente a partir de la medianoche del jueves a viernes.

Fuentes de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) han explicado en declaraciones que hacen una valoración positiva del anuncio porque "servirá para proteger todavía más" a un colectivo vulnerable al Covid-19.

Desde Acra, además, han recordado que ya propusieron a la Generalitat aplicar dicho documento para la prevención en un sector "muy afectado por la pandemia".

Por su parte, el presidente de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir), Vicente Botella, ha explicado que el pasaporte Covid es "mucho más claro" y genera menos problemas y conflictos que las pruebas diagnósticas a la hora de acceder al local.

Botella ha destacado que la cobertura vacunal de los trabajadores roza el 100%, mientras que desde Acra también han subrayado que es "muy elevada", con un 95% de personal vacunado frente al Covid-19.

"NO CAMBIA MUCHO"

El presidente de Upimir ha aclarado que la aplicación del certificado "no cambia mucho" el protocolo actual con las visitas.

En cambio, fuentes de Acra creen que aplicar el pasaporte Covid a los centros residenciales es "anticiparse a lo que pueda venir" y han abogado por actuar con toda la prevención posible para que la afectación sea la mínima.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que el líder de la formación, Pablo Casado, acudió a misa el pasado 20 de noviembre en la catedral de Granada por "sus convicciones religiosas" y que no tenía "ni idea" de que se realizaría allí un homenaje al dictador Francisco Franco.

"Lo digo también como católico practicante que acude a misa los domingos y fiestas de guardar como manda la Iglesia a los que somos practicantes. Y fue una misa, simplemente fue a cumplir precisamente con sus convicciones y sus creencias. Pero vamos a ver, ¿de verdad alguien piensa, salvo aquellos que quieren desviar la atención, que Pablo Casado fue a una misa en la que se homenajea a Francisco Franco?", ha expresado ante los medios de comunicación al ser requerido por esta cuestión a su llegada a las XIX Jornadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Escuela de Postgrado de la Universidad Camilo José Cela.

La Fundación Francisco Franco agradecía este lunes a Casado que asistiera a la misa celebrada en honor al dictador en la capilla del Sagrario de la Catedral de Granada. En un comunicado, aclaraba que no invitó "expresamente" a Casado a asistir a la misa celebrada el 20 de noviembre, por lo que "no puede responsabilizarse ni atribuirse su presencia en la misma".

Para Martínez-Almeida "lo importante no es que Pablo Casado fuera a una misa que se hacía en conmemoración de Francisco Franco sin tener ni idea de que se hacía un misa en conmemoración de Francisco Franco, lo importante es que Pedro Sánchez ha pactado con Bildu los Presupuestos".

En este punto ha reiterado que Casado "fue a misa en aplicación de sus principios y de sus convicciones religiosas y a partir de ahí que la misa fuera en conmemoración de Francisco Franco pues oiga". "Yo ya el 20N ni siquiera sabía que era el sábado", ha indicado, para apuntar a renglón seguido que "el problema es que algunos viven demasiado obsesionados con el 20 N".

"Pues nosotros, perdonen que les diga, tenemos un problema para la izquierda que es que no vivimos obsesionados con el 20N, que vivimos obsesionados con el futuro de los españoles", ha lanzado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido el valor de la "colaboración" por encima de ideologías que se ha plasmado en el Documento de Santiago rubricado por ocho comunidades con el fin de "mejorar" el Estado de las Autonomías y de garantizar la "cohesión" territorial con una financiación justa como base de la "justicia social".

Así lo ha manifestado Fernández Mañueco en Santiago de Compostela, donde ha rubricado el documento junto con los presidentes de Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias. Un texto que contiene un total de 35 puntos en el que los dirigentes autonómicos han fijado una posición común en materia de financiación autonómica y despoblación, entre otras materias.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha insistido en que estos puntos desvelan la apuesta clara de los ocho presidentes por el Estado de las Autonomías y avanza su voluntad de "consenso" al servicio de las personas y con el fin de poner el "desafío demográfico" como prioridad institucional vinculada al modelo de financiación autonómica con especial incidencia en la despoblación.

El presidente de Castilla y León ha insistido en que la "justicia social" empieza por "garantizar" una financiación que "cubra" la prestación de servicios básicos como son la sanidad, los servicios sociales, la educación o la dependencia.

De este modo, Fernández Mañueco ha defendido que el objetivo de este documento es avanzar en "igualdad" y en "cohesión territorial", al tiempo que ha reseñado que los ocho presidentes presentes en este acto comparten como objetivo la "colaboración" por encima de "ideologías" para avanzar en los servicios de las personas.

"Somos leales con el Estado de las Autonomías y damos un paso al frente para mejorarlo, también somos leales con el Gobierno con propuestas constructivas y esta declaración como instrumento de trabajo que sirva para lograr el consenso y mayor cohesión territorial", ha explicado.

De este modo, Fernández Mañueco ha señalado que la reforma del modelo de financiación deberá ser aprobado de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera siempre teniendo en cuenta las necesidades y las posturas de las autonomías. "Nos jugamos mucho las personas de Castilla y León con el nuevo modelo de financiación, el dinero no es para las administraciones públicas sino para servicios públicos", ha aseverado.

Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León ha incidido en que el coste de los servicios no es igual en todos los territorios, por lo que ha defendido, como figura en el documento rubricado este martes, que se tenga en cuenta la superficie territorial, la dispersión, la baja densidad de población y el envejecimiento para calcular el coste real de estos servicios.

Así, ha detallado que Castilla y León cuenta con el cinco por ciento del total de la población de España, pero, dada su extensión y dispersión, cuenta con el 38 por ciento de los consultorios sanitarios rurales, el 17 por ciento de las carreteras autonómicas o el 18 por ciento de la superficie forestal. "Tres variables que necesitan un esfuerzo por parte de toda España".

"Todas las personas deben recibir los mismos servicios vivamos donde vivamos y espero demos pasos decididos en este sentido", ha zanjado.

Andalucía registra este martes 23 de noviembre un total de 425 contagios de coronavirus en 24 horas, menos que los del martes pasado (487) y de hecho menor cifra desde el lunes previo (338), así como contabiliza dos nuevos fallecidos, los mismos que ayer y menos que hace siete días (cinco).

Así lo detallan los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el que se indica que la incidencia en 14 días aumenta 2,2 puntos en 24 horas y se encuentra en 73,3 casos por cada 100.000 habitantes, superior también a los 48,9 del mismo día de la semana pasada. Es el dato más alto desde el 18 de septiembre (75,5).

Los 425 contagios de este martes se notifican tras los 782 del lunes y domingo, los 741 del sábado, los 718 del viernes, los 737 del jueves, los 564 del miércoles y los 487 del martes pasado.

Con respecto a los datos provincializados, Málaga es la provincia que más positivos contabiliza con 104, seguida de Córdoba con 96, Sevilla con 61, Cádiz con 54, Almería con 48, Huelva con 29, Jaén con 19 y Granada con 14.

Esta jornada se registran tres muertos, dos en Málaga y uno en Almería; no obstante, se corrige el dato acumulado en Jaén y se resta uno, por lo que Andalucía suma dos nuevos fallecidos y son ya un total de 11.391 las bajas causadas por el covid.

CASI 250 HOSPITALIZADOS

Andalucía registra este martes 23 una subida de 39 hospitalizados por Covid-19 respecto al lunes, la mayor desde el 31 de agosto (45) para situarse en un total de 247, lo que supone un aumento de 45 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) suben en siete hasta 48, 17 más que la semana pasada.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 76 y 18 pacientes UCI, seguida de Sevilla con 41 y cinco en UCI, Jaén con 29 y tres en UCI, Cádiz con 22 y tres en UCI, Granada con 21 y tres en UCI, Córdoba con 20 y tres en UCI, Almería con 20 y once en UCI y Huelva con 18 y dos en UCI.

De acuerdo con los datos del comunicado diario de la Consejería de Salud y Familias sobre la situación del Covid-19 en la comunidad, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 817.432 casos confirmados --425 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 11.391 muertos --dos más--. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 57.718, 55 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.315, --nueve más-- y el número de curados es de 800.319, después de añadirse 318.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 11.391 fallecidos desde el inicio de la pandemia --dos más en 24 horas--, Sevilla con 2.336 se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Málaga con 2.007 --dos más--, Granada con 1.884, Cádiz con 1.621, Jaén con 1.092 --uno menos por una corrección en los datos--, Córdoba con 1.095, Almería con 935 --uno más-- y Huelva con 421.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 817.432 desde el inicio de la pandemia --425 más--, liderados por Sevilla con 178.416 --61 más--, seguida de Málaga con 158.082 --104 más--, Cádiz con 113.872 --54 más--, Granada con 109.890 --96 más--, Córdoba con 73.829 --96 más--, Almería con 71.701 --48 más --, Jaén con 64.914 --19 más-- y Huelva con 46.728 --29 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 57.718 --55 más--, con Sevilla a la cabeza con 13.039 --17 más--, seguida de Málaga con 10.646 --siete más--, Granada con 9.242 --dos más--, Cádiz con 6.733, Córdoba con 5.392 --ocho más--, Jaén con 5.262 --siete más--, Almería con 4.511 --ocho más-- y Huelva con 2.893 --seis más--.

LOS CURADOS SUPERAN LOS 800.000

De ellos, 6.315 personas han pasado por la UCI en Andalucía --nueve más-- con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.264, seguida de Granada con 1.180, Málaga con 1.027 --dos más--, Almería con 778 --cuatro más--, Cádiz con 689, Córdoba con 663, Jaén con 494 --dos más-- y Huelva con 220 --una más--.

La cifra de curados alcanza los 800.319 en toda la región, 318 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 174.418 --43 más--, seguida de Málaga con 155.393 --85 más--, Cádiz con 111.110 --36 más--, Granada con 107.842 --28 más--, Córdoba con 71.973 --31 más--, Almería con 70.272 --35 más--, Jaén con 63.810 --26 más-- y Huelva con 45.501 --34 más--.

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 73,3 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Córdoba a la cabeza con 120,8. Detrás se sitúan Huelva con 101,5; Málaga con 86,4; Almería con 83; Jaén con 74,3; Sevilla con 58,1; Cádiz con 56,7 y Granada con 39,3, que es la única provincia que ve reducida su tasa.

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha reafirmado que el acto en Valencia que compartió con la vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, no fue el "pistoletazo de salida de nada" y que su presencia en esta cita no ha generado reticencias en su formación.

Así se ha pronunciado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum por el revuelo que suscitó este evento que compartió también con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, al producirse en pleno debate sobre la posibilidad de reagrupamiento de la izquierda.

García ha explicado que ese acto simplemente persiguió reivindicar una "política bonita" que están protagonizando las mujeres frente a otra dinámica "envilecida" plagada de "barro".

En definitiva, en ese evento pudieron dialogar diferentes líderes progresistas e ilustrar que son "activas y coherentes a la hora de defender el noble arte de la política".

No obstante y preguntada sobre su visión del frente amplio de fuerzas de izquierda, ha reiterado que el acto no fue el "pistoletazo de salida de nada" y no ha generado "ninguna reticencia" en Más Madrid.

De hecho, ha recalcado que el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, expresó su orgullo de que Madrid tuviera una "embajadora" que mostrase que en la Comunidad no solo se "confronta" o se "insulta", en alusión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Por el contrario, García ha destacado que pudo ilustrar que en Madrid hay políticas que son capaces de reunirse con otros territorios sin una actitud de "constante confrontación" con el resto de comunidades.

La administración judicial del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha vendido por valor de 41,3 millones de euros inmuebles y otros bienes intervenidos a sociedades vinculadas al principal condenado en la causa, Juan Antonio Roca, y que se publicitaban en una web. De ese dinero, 40,7 millones ya han sido entregados a organismos o instituciones como pagos.

Así consta en los datos registrados a fecha de noviembre de este año, tras las ventas realizadas por dichas sociedades con la intermediación de la administración judicial de las mismas y contando con la autorización de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que fue la que enjuició y sentenció el caso.

Estas enajenaciones han sido tanto de bienes muebles como inmuebles que estaban publicitados en la página web que se puso en marcha en 2016 con el fin de obtener la cantidad máxima posible en estas operaciones de ventas; un portal de Internet que para Roca ya se ha cerrado.

De este dinero, obtenido con el fin de hacer frente a distintos pagos a los que el exasesor urbanístico fue condenado en diferentes procedimientos judiciales, más de 31,3 millones de euros ya han sido abonados al Ayuntamiento de Marbella, principal perjudicado, quedando pendiente la entrega de casi 600.000 euros por otra finca.

Asimismo, otros 8,2 millones han ido a la Agencia Tributaria y 496.668,17 euros fueron al pago de responsabilidades civiles ante ese mismo organismo fiscal pero en concreto por el caso 'Malaya'. Además, otros 621.000 euros fueron a multas de otros imputados.

En abril de 2016 se puso en marcha el primer portal para contribuir a la difusión de los bienes que fueron incautados en el caso 'Malaya', inicialmente solamente a sociedades vinculadas a Roca, para incrementar el número de potenciales licitadores a tales bienes y poder, así, venderlos en las condiciones más favorables posibles.

Más de 75,2 millones de euros era la valoración de los bienes muebles e inmuebles de Roca incluidos inicialmente en la web. Se han vendido relojes, inmuebles, entre ellos viviendas y hoteles, como el de La Malvasía, por 2,1 millones de euros; además de armas, parcelas, puntos de atraques, caballos, obras de arte e, incluso, un autobús y una colección de carruajes.

Pero la venta principal fue la de la Finca La Loma, ubicada en Murcia, formada por varias parcelas, en la que se venía desarrollando una explotación agrícola de cítricos por un precio de 18,5 millones de euros.

Andalucía registra 40 usuarios y 49 trabajadores de residencias de mayores con casos confirmados de coronavirus Covid-19, según el último informe de la Consejería de Salud y Familias sobre el estado de los centros sociosanitarios de la comunidad presentado este martes 23 de noviembre al Consejo de Gobierno.

Diez de los 1.107 centros que se mantienen en seguimiento proactivo en toda Andalucía presenta algún caso positivo en usuarios, lo que supone el 1% del total, de forma que el 99% restante está libre de Covid-19 en usuarios. Por su parte, 21 centros contabilizan casos sólo en trabajadores.

En total, en las residencias de mayores se contabilizan 40 usuarios positivos, de los que uno se encuentra ingresado; mientras que entre los trabajadores hay 49 casos confirmados.

Desde abril de 2020 y hasta la fecha se han realizado 984.691 test a residentes y empleados, con un total de 11.995 positivos. Ese global de pruebas incluye los test de antígenos realizados a todos los trabajadores cada siete días desde el 24 de septiembre y cada 14 días al 20% de todas las residencias: 125.784 a residentes y 581.979 a empleados. En total, 707.763 test de antígenos.

Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.

Desde el inicio del primer estado de alarma hasta la actualidad se intensificó el control habitual que se venía realizando en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19 en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales.

En la actualidad, no se encuentra medicalizada ninguna residencia. Por su parte, se han habilitado diez centros de evacuación: centro residencial El Zapillo de Almería; Hospital San Carlos de Cádiz y HARE de Vejer, en la provincia de Cádiz; Doctor Olóriz, en Granada; Asociación Frater de Huelva; Doctor Sagaz de Jaén; Hospital Civil de Málaga y Hospital Vithas de Sevilla capital, HARE de Lebrija y Hotel Pirula de Écija, en la provincia sevillana.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este martes que la implantación del pasaporte Covid para acceder a determinados espacios se debe realizar a nivel nacional y ha reiterado su reclamación de liderazgo al Ministerio de Sanidad para impulsar una normativa homogénea.

"Que la utilidad del pasaporte Covid es real, eso lo conocemos todos. Pero se debe tomar una decisión como Sistema Nacional de Salud que somos que se aplique de manera igual en todo el territorio español", ha indicado durante la visita el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital de Fuenlabrada.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que la Comunidad de Madrid "desde luego" no lo va a pedir pero ha incidido en que sí espera "que el Ministerio lidere, como piden otras Comunidades Autónomas y que tome una decisión en ese sentido".

Varias regiones como Andalucía, Castilla y León o Aragón, entre otras, han pedido ya la intervención de la ministra Darias para que elabore una estrategia nacional en torno al certificado Covid, y que, de esa manera, las Comunidades Autónomas eviten tomar otras medidas relacionadas con las restricciones de horario o aforo.

"Cuando es una decisión complicada estamos acostumbrados a que el Ministerio no tome la decisión en el sentido correcto, que es liderar para tratar de coordinar y cohesionar a todas las Comunidades Autónomas y no ocurra lo que está ocurriendo", ha señalado Ruiz Escudero.

En este sentido, ha recordado las últimas decisiones judiciales de los tribunales superiores de justicia de Galicia y País Vasco en sentidos contrario para recalcar la "confusión" que se genera en la población con este tipo de medidas.

Igualmente, ha incidido en que en otros países esa estrategia de pedir el pasaporte Covid "ha permitido incrementar esa vacunación por una cuestión lógica de movilidad o una cuestión social". "Entendemos que esa vía es la buena pero desde luego el Ministerio tiene que liderar la decisión de una vez por todas porque no podemos esperar la decisión que adopte cada tribunal de justicia", ha zanjado.