La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud formulada por el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal de quedar en libertad provisional con medidas cautelares, al considerar que hay un "elevado" riesgo de que se fugue, dado que estuvo huido de la Justicia casi dos años hasta que finalmente fue detenido en Madrid el pasado 9 de septiembre.

Carvajal pidió que le permitieran salir de la cárcel madrileña de Estremera, donde permanece recluido desde su captura, después de que la Audiencia Nacional decidiese suspender de forma cautelar su extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas, hasta que se resuelva definitivamente su solicitud de asilo.

Lo magistrados de la Sección Tercera se han negado a dejarle libre con medidas cautelares por entender que "existe un elevado riesgo de fuga" y, en consecuencia, han estimado que su estancia entre rejas es "proporcional" y "necesaria" para asegurar el proceso de extradición y su eventual entrega a Estados Unidos.

A este respecto, han recordado que en el caso de 'El Pollo' "ha existido una auténtica fuga desde el momento en que no ha estado a disposición judicial, independientemente de que no haya salido de España".

"Lo que conlleva la necesidad de mantener su situación actual de prisión, una vez ya resuelta judicial y gubernativamente la extradición, y solo pendiente de materializar con la firmeza de la denegación de asilo", ha concluido la Sala de lo Penal.

Ha añadido además que, si bien la suspensión de su envío a Washington es "legítima", se trata de "una maniobra más de dilatar la extradición, que en manera alguna puede favorecer a un prófugo".

EXTRADICIÓN PARALIZADA

Tanto la Audiencia Nacional como el Gobierno dieron luz verde en 2020 a su entrega a las autoridades estadounidenses, pero la extradición ha sido suspendida porque se creía que el asilo que solicitó en 2019 estaba sin respuesta.

El Ministerio de Interior aclaró que denegó el asilo a Carvajal en 2019, si bien la defensa ha recurrido este 'no' ante la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska insistiendo en que se le debe otorgar la protección internacional porque es víctima de una verdadera persecución política.

Asimismo, Carvajal está a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie el próximo 26 de octubre sobre el recurso presentado contra la decisión del Gobierno de extraditarlo. 'El Pollo' pidió al TS unas medidas cautelarísimas que también le fueron rechazadas.

En las medidas cautelares reclamadas al TS cuando interpuso el recurso, advirtió de que, de ser puesto a disposición de Estados Unidos, sería sometido a "tortura" para "obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela". Y ello, continuaba, porque Washington cree "erróneamente" que formó parte del "entorno cercano" de Chávez y Nicolás Maduro.

En el proceso de extradición de Carvajal se ha cruzado un tercer asunto. El 20 de septiembre compareció voluntariamente ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, sobre unas diligencias previas por terrorismo internacional.

Según las fuentes consultadas, habló durante más de una hora de diversos asuntos, incluidas las supuestas conexiones entre ETA, la guerrilla colombiana de las FARC y el Gobierno bolivariano. Fue muy claro y aportó bastantes datos, aunque se comprometió a entregar documentación que respalde sus palabras y, probablemente, tendrá que volver a declarar. El juez decretó el secreto sobre este testimonio.

A todo esto se suma un reciente comunicado donde 'El Pollo' dijo que inicia un "proceso de colaboración" con la Justicia española y la Justicia internacional, unos "aportes" que --según sostuvo-- "son imposibles estando encerrado injustamente y, más aún, en una cárcel americana".

EL CARTEL DE LOS SOLES

El proceso de extradición se reactivó después de que el 9 de septiembre fuera detenido por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, pasadas las 21.00 horas en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid, tras pasar casi dos años prófugos.

La Policía Nacional explicó que vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

El Gobierno municipal de PP y Cs en el Ayuntamiento de Madrid, junto con el apoyo del PSOE, ha aprobado este martes en el Pleno de Cibeles mostrar su apoyo a la ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas, así como instar al Gobierno de la Nación a aprobar "cuanto antes" la inversión de 1.600 millones de euros.

Por su parte, Más Madrid, Grupo Mixto y Vox se han abstenido. Desde este último grupo, Pedro Fernández ha calificado de "poco riguroso" que en la ampliación se recogiera la expresión "aprobar cuanto antes", y ha recordado que se trata de "un proyecto muy complejo". "Vamos a presentar abstención, porque tampoco queremos dejar manos libres al Gobierno de España para invertir tal cantidad de dinero a su libre albedrío", ha expresado a continuación.

El proponente de la moción, Álvaro González (PP), ha destacado el "valor indiscutible en lo económico que tiene para la ciudad" esta ampliación, así como desde el punto de vista turístico y cultural al ser la capital "el puente entre España, Europa e Iberoamérica". Queremos pelear por los madrileños, por Madrid, y que esta inversión llegue aquí", ha manifestado.

Por parte del Grupo Mixto ha intervenido José Manuel Calvo, quien ha afeado al Gobierno municipal que "se haya apropiado de la bandera del progreso y la inversión", y ha criticado que "acusen a la izquierda de rechazar un proyecto que está promovido por el Gobierno de España".

Ha apuntado que "una ampliación no es buena o mala en sí misma, depende del proyecto que lleve detrás". Además, ha afeado que la propuesta presentada por el Gobierno municipal "no es nada" y le ha instado a "sentarse con el Ministerio de Transportes".

El edil socialista Álvaro Vidal ha recordado que fue en 2017 cuando se presentó el proyecto de ampliación del aeropuerto, y se ha aportado por una alternativa más viable. "Esta ampliación no precisará de una nueva declaración de impacto ambiental", y ha destacado que "es una apuesta por la economía sostenible.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha echado en cara a la izquierda que sus "obsesiones sectarias" han hecho que se opongan a "la llegada de turistas, aperturismo y vitalidad". "En Cs pedimos un plan de infraestructuras nacional. Que el Gobierno del Estado mire a Madrid y continúe con las inversiones necesarias", ha finalizado.

La erupción volcánica que se inició hace ya diez días en Cumbre Vieja continúa mostrando el mecanismo estromboliano que ha venido registrando hasta ahora pero con un carácter más efusivo respecto a los días anteriores, sobre todo en el centro de emisión del flanco norte, y la nube de ceniza podría afectar mañana el tráfico aéreo entre La Palma, Tenerife y La Gomera".

Así lo ha informado en rueda de prensa la portavoz del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, que ha comparecido junto al director técnico del Plan, Miguel Ángel Morcuende.

María José Blanco ha explicado que el proceso eruptivo sigue mostrando -y puede mostrar- episodios de incremento y disminución de la actividad, y aunque las explosiones estrombolianas hayan cesado en las últimas horas, advirtió que es posible que se puedan reiniciar de manera brusca en el tiempo.

Asimismo, indicó que ayer lunes comenzó una nueva colada desde el flanco norte con una tasa de emisión más elevada. Detalló que ésta discurre sobre coladas anteriores, por lo que avanza más rápido y ha alcanzado el centro de Todoque, estando a una distancia aproximada de la costa de unos 2 kilómetros. Además, el volumen estimado del cono generado hasta ahora es de 10 millones de metros cúbicos (m3) de lava.

María José Blanco apuntó que desde las 08.00 a las 18.00 horas de ayer lunes se registró un descenso brusco de la señal de tremor volcánico y a partir de las 18.15 horas se empezaron a registrar distintos eventos, primero una intensa desgasificación con columnas de vapor de agua de color blanquecino, seguido por una emisión de cenizas en el cráter principal. A partir de las 19.15 horas comenzó la emisión de coladas de lava desde el flanco norte con la importante aparición de una fuente de lava, lo que es indicativo de una actividad hawaiana.

Según Blanco, todos estos observables se justifican por una bajada del nivel del magma dentro del conducto del centro eruptivo que ha ocasionado un taponamiento temporal, y el destaponamiento de este conducto ha dado lugar a la emisión de vapor de agua y cenizas y el posterior aumento del tremor volcánico y emisión de lava. A su vez, la morfología del cono sigue cambiando de manera reiterada por los sucesivos procesos de crecimiento y reconfiguración.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS.

En cuanto a las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas, la Aemet prevé que por debajo de 1.000 metros seguirán soplando vientos del noreste con intensidades de entre 25 y 40 km/h, pudiendo ser más fuertes en el litoral sureste y en la vertiente noroeste de La Palma. En la vertiente oeste de la isla continuará la influencia de las brisas en ciclo diurno. Entre los 1.500-3.000 metros, el flujo será de componente norte y, por encima de este nivel, se prevé un viento de componente oeste flojo.

María José Blanco explicó que debido a esta distribución de vientos en altura se ha producido una nube de cenizas y dióxido de azufre (SO2) que se desplaza hacia el sur y el sureste del Archipiélago. Añadió que en su desplazamiento es posible que pueda afectar al espacio aéreo comprendido entre La Palma, La Gomera y el oeste de Tenerife, sin descartar que pueda llegar ceniza fina a La Gomera, principalmente, y al oeste de Tenerife.

Al final del plazo de esta previsión, agregó la portavoz, es probable que la nube de cenizas esté con una disposición norte-sur, pudiendo afectar a la isla de El Hierro, y añadió que la presencia de una marcada inversión térmica y de vientos débiles en niveles bajos son condiciones desfavorables desde el punto de vista de la calidad del aire.

Según la predicción de la Aemet, se descartan precipitaciones en las próximas 24 horas y una baja probabilidad de lluvias débiles al final de la jornada de mañana, tanto en el norte como en el este de La Palma.

SISMICIDAD.

Respecto a la sismicidad, continúa localizándose principalmente a una profundidad de 10 kilómetros y en el entorno donde comenzó la actividad sísmica el 11 de septiembre, pero también se registran algunos sismos superficiales en el entorno del centro de emisión. Las deformaciones siguen manteniendo una estabilización de sus componentes horizontales y una disminución en la componente vertical.

Por otro lado, la tasa de emisión de SO2 a la atmósfera ha sufrido un decrecimiento marcado y ahora mismo está en torno a 567 toneladas diarias, y la emisión de gases y cenizas alcanzan y superan los 5.200 metros de altura.

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia realizar actuaciones de recuperación medioambiental por un importe de 699.999 euros dirigidos a restaurar las zonas afectadas por el gran incendio forestal que este verano afectó a Sotalvo y Navalacruz (Ávila) y que afectó a más de 22.037 hectáreas de superficie.

Este fuego, que comenzó el 14 de agosto es uno de los peores incendios de la historia reciente en España. El perímetro del incendio afectó en un 30% al espacio natural protegido de las Sierras de la Paramera y Serrota, un enclave incluido dentro de la Red Natura 2000.

Desde la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se invertirán 700.000 euros a acometer tratamientos selvícolas para garantizar la pervivencia del bosque, los usos ambientales, paisajísticos y sociales de los terrenos forestales afectados.

La intervención comenzará de inmediato ante el riesgo de que las lluvias de otoño agraven los procesos de erosión de los suelos y la pérdida de valor ecológico de una zona incluida parcialmente en la Red Natura 2000.

Estas actuaciones urgentes pretenden garantizar la pervivencia del bosque, los usos ambientales, paisajísticos, sociales y de recreo de los terrenos forestales y facilitarán la restauración integral, por parte de la comunidad autónoma de Castilla y León, de los espacios dañados a más largo plazo. La ejecución de estas obras de emergencia ha sido encargada al medio propio TRAGSA, con un plazo de ejecución de seis meses.

Para paliar la situación de emergencia provocada por el incendio, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO ha puesto en marcha acciones como trituración de árboles en pie, construcción de cordones de vegetación en las laderas más expuestas, mejora de masas forestales, suministro de paja, plantación de frondosas para protección del suelo en zonas húmedas, obras de drenaje y retirada y sustitución de cerramientos ganaderos en las zonas próximas a carreteras y vía públicas para evitar el riesgo de accidentes de tráfico por colisión con el ganado.

La restauración de la cubierta arbórea conlleva un aumento de la biodiversidad, una mejor protección del suelo contra la erosión y por lo tanto una mejor regulación del ciclo hidrológico, el establecimiento de un sumidero de carbono, la mejora del entorno paisajístico y el impulso del uso social del monte; así como la producción de múltiples beneficios indirectos.

Las llamas del incendio dañaron principalmente zonas de brezales oromediterráneos endémicos, formaciones de Genista purgans en montaña, prados ibéricos silíceos y pastos pioneros en superficies rocosas. Cabe destacar la gran extensión de la superficie arbolada afectada, con un total de 2.738,73 hectáreas quemadas, fundamentalmente de pino silvestre (Pinus sylvestris).

El perímetro del incendio afectó a un 30 por ciento del espacio natural protegido de las Sierras de la Paramera y Serrota, un enclave incluido dentro de la Red Natura 2000.

El incendio comenzó a raíz de que se incendiara un vehículo en la cuneta de la carretera N-502 entre los municipios de Sotalbo y Navalacruz el pasado 14 de agosto. Dadas las adversas condiciones meteorológicas, con episodios de altas temperaturas y la existencia de fuertes vientos, el fuego se propagó con gran virulencia, y llegó a alcanzar una extensión de 22.037,85 hectáreas (ha) de varios términos municipales, convirtiéndose en el incendio de mayor superficie quemada de la historia de la provincia y de Castilla y León, y uno de los más grandes de la historia de España.

El incendio quedó extinguido el 26 de agosto. A partir de esta fecha, y una vez enfriado el conjunto de la superficie afectada, la comunidad autónoma de Castilla y León, como administración responsable inició la evaluación de los daños ocasionados por el incendio, así como los riesgos asociados a la no intervención, determinando las actuaciones a realizar para minimizar dichos riesgos y hacer viable una posterior restauración de la zona afectada.

El 24 de agosto el Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios forestales, contexto en el que se encuentra incluido este incendio.

El presidente del Govern, Pere Aragonès, y la del Parlament, Laura Borràs, han recibido este martes al expresidente del Govern, Quim Torra, al cumplirse un año de su inhabilitación por delito de desobediencia al no retirar una pancarta a favor de los dirigentes independentistas entonces en prisión, pese a la orden de la Junta Electoral.

Borràs consideró conmemorar con esta recepción en el Despacho de Audiencias el aniversario de su inhabilitación, que se ha celebrado poco antes de que Aragonès abra el Debate de Política General, su primero como presidente del Govern.

Aragonès ha tachado de injusta la inhabilitación de Torra, que forma parte de la "causa general de determinados poderes del Estado español" contra el independentismo --que tiene como forma más dura la prisión y el exilio como el del expresidente Carles Puigdemont, en sus palabras--, situación ante la que defiende la amnistía y el derecho a la autodeterminación.

Ha avisado de que alcanzar estos objetivos requiere de generosidad, responsabilidad y unidad de los que se plantean la independencia como horizonte, algo que ha augurado que se abordará en el Debate de Política General: "Aunar fuerzas, unidad estratégica para sobreponernos a un Estado que mantiene la represión como vía de gestionar un conflicto".

Borràs ha agradecido la labor de Torra durante su Presidencia, tanto para "recuperar el autogobierno de Cataluña, que había sido arrebatada por el 155", como a la hora de afrontar la pandemia de Covid-19, haciendo escuchar la voz de Cataluña para exigir medidas y medios para combatir el coronavirus, según ella.

"Este Parlament le votó para que fuese el presidente de la restitución y, para vergüenza nuestra, fue el de la destitución", ha lamentado la presidenta, que ha calificado de arbitrariedad judicial la inhabilitación de Torra, y ha añadido que dejó la Presidencia de manera injusta y dolorosa.

QUIM TORRA

Torra, que ha agradecido a Borràs la invitación y a Aragonès su presencia, ha asegurado que no se arrepiente de nada y que volvería a hacer lo mismo, y ha asegurado que hay una causa contra el independentismo por una "actitud demofóbica y represiva del Estado", en la que ha enmarcado que se procese por pertenencia a organización terrorista a imputados de la 'Operación Judas', a los que ha expresado su solidaridad.

De cara al Debate de Política General, Torra ha pedido que se enfoque hacia la defensa de la vida y la lucha contra el cambio climático, y en que el independentismo "sea capaz de plantear a la ciudadanía un programa, un plan, un horizonte" para lograr la independencia, ante lo que ha descrito como una represión que no se detiene, como cree que evidencia la detención y puesta en libertad de Puigdemont.

Borràs ha recibido a Torra a las puertas del Parlament, donde ha llegado entre aplausos de diputados independentistas, y han caminado hacia la sala de audiencias de la Cámara, en la que le esperaban el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, mientras que Aragonès se ha incorporado después.

También han participado en el encuentro la vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés; la secretaria segunda, Aurora Madaula, y el secretario tercero, Pau Juvillà, todos miembros independentistas de la Mesa, de la que también forman parte diputados del PSC-Units, que no han acudido a la recepción.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, ha explicado a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, la situación administrativa de cada uno de los expedientes de cruces y de vertidos, los cuales se resolverán "en las próximas semanas", según informaron fuentes del organismo de cuenca en un comunicado.

Ambos han mantenido una reunión de trabajo en la que han estado acompañados por el comisario de Aguas de la CHS, Javier García, la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón y técnicos municipales. En el encuentro han tratado temas de interés del municipio en relación con la Confederación Hidrográfica del Segura.

La alcaldesa ha mostrado interés por el estado de tramitación de los expedientes abiertos en materia urbanística en zonas de flujo preferente fuera y dentro de la zona de policía.

Asimismo, se ha interesado por la situación del estudio de caracterización de vertidos elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena en referencia al interceptor de pluviales del Llano de El Beal que evitará inundaciones en el centro urbano y en el colegio.

También se ha interesado por el estado de expedientes abiertos en materia urbanística en zona de flujo preferente, fuera y dentro de la zona de policía, así como de vertidos de pluviales y los de cruces de colectores por cauces. Igualmente ha mostrado interés en que la CHS realice la limpieza de determinados cauces en su término municipal.

En lo que respecta a la limpieza de cauces, Urrea ha informado que la CHS "viene actuando en aquellos puntos que los técnicos indican en cauces no urbanos ni periurbanos, debiendo en ellos actuar la corporación local".

La alcaldesa ha informado del estudio que está realizando la UPCT en relación a los flujos preferentes y que ha sido aportado por el Ayuntamiento en el período de información pública para que la CHS los tenga en cuenta en el futuro Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones.

La CHS ha explicado que se ha analizado el procedimiento que se está siguiendo para la concesión de licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento en zona inundable, fuera de la zona de flujo preferente, y la documentación o estudios precisos para incluir en la futura revisión del plan General a los efectos del artículo 25,4 de la Ley de Aguas.

Y es que en la zona de flujo preferente "existen limitaciones estrictas a la mayoría de usos"; mientras que en la zona inundable "existen limitaciones a las actividades más sensibles y otras condiciones menos estrictas". Todo ello en función de su clasificación urbanística a fecha 29 de diciembre de 2016, según la CHS.

Las rías gallegas padecen 265 vertidos contaminantes en la actualidad, de los cuales 243 no cumplen los límites y 22 están en investigación.

Según datos actualizados de la Xunta, de los 1.648 vertidos detectados en Galicia a 28 de septiembre de 2021, hay 790 dentro de los límites, 593 que ya fueron subsanados y 265 contaminantes.

La ría de Muros-Noia es la que padece el mayor número de vertidos en Galicia (63 contaminantes y seis en investigación), seguida por la Arousa (53 contaminantes y 12 en investigación).

El resto de vertidos confirmados --sin incluir los que están en investigación-- se reparten del siguiente modo por rías: Ferrol (28), Ares-Betanzos (18), Pontevedra (17), Vigo (16), Ortigueira (13), Camariñas (11), Baiona (8), Corcubión (4), A Coruña (3), Barqueiro (3), Corme-Laxe (2), Viveiro (2), Foz (1) y Cedeira (1).

En este contexto, la Consellería de Infraestruturas estima que la mitad de las depuradoras en Galicia en municipios de más de 2.000 habitantes funcionan de forma deficiente --como pueda ser la entrada de agua del mar o pluviales--. Pese a ello, los vertidos contaminantes han descendido en Galicia hasta suponer el 16% del total frente al 40% que representaban en 2010.

FUTURA LEY DE CICLO DEL AGUA PARA ACABAR CON "PRIVILEGIOS"

De tal forma, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, considera que la futura ley de mejora de gestión del ciclo integral del agua --cuyo plazo de consulta pública se ha incrementado en 15 días tras las quejas realizadas por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp)-- supondrá una herramienta "eficaz" para atajar esos vertidos.

Así, expone que actualmente la Xunta asume la gestión de 28 depuradoras en Galicia, en lo que considera "privilegios" para esos municipios. Por eso, se abre ahora, con la nueva ley, la oportunidad a los ayuntamientos que lo soliciten voluntariamente de que la Xunta se encargue de su gestión de servicios del agua, en lo que ve como un "trato igualitario".

Eso sí, los ayuntamientos que soliciten esa gestión tendrán que cumplir la condición de realizar antes una auditoría de la red para detectar y subsanar deficiencias.

Además, el texto recoge que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, deberán actualizarse los convenios vigentes entre Augas de Galicia y los 28 municipios cuya gestión de depuradora lleva la Xunta.

INSISTE EN LOS CÁLCULOS "ERRÓNEOS" DE LA FEGAMP

Ante las críticas de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y de entidades como la Diputación de Pontevedra, que denuncian la creación de nuevos tributos por parte de la Xunta van a disparar las facturas del agua a los usuarios, Ethel Vázquez ha vuelto a defender que no se crean nuevas tasas a los usuarios, sino que se reordenan y se cambia su denominación.

Sobre este punto, la conselleira insiste en que la Fegamp realiza en sus alegaciones "errores de bulto", ya que "suma tasas que son excluyentes entre sí", pues "dos tasas no pueden gravar lo mismo". Además, indica que no aplica "bien" el tramo tarifario, a la vez que considera "incorrecto" tomar como referencia un ayuntamiento que es extrapolable al resto de Galicia.

Y es que justifica que las tasas que pasará a cobrar la Xunta --con los futuros cánones de gestión de depuradoras, gestión de redes y abastecimiento-- sustituyen a las que antes cobraba el municipio, dado que no se puede gravar dos veces por el mismo servicio.

Recuerda que el recibo del agua es emitido por los municipios, en los que se incluye la recaudación de diferentes conceptos, de los que solo una parte son gravados por la Xunta.

CÁNONES

De tal forma, la Xunta esgrime que el futuro canon de gestión de depuradoras se trata del llamado "coeficiente de vertido" que actualmente cobra Augas de Galicia en los lugares en los que tiene encomendada la gestión de la depuradora municipal. La tasa cambia de denominación para adaptar mejor su nombre al concepto gravado, indica Infraestruturas.

Sin embargo, el Gobierno gallego eliminará la exención de cobro de los primeros litros de consumo --en el marco del canon de gestión de depuradoras--, los cuales antes eran gratuitos. La Xunta calcula que esta decisión supondrá un impacto de 90 céntimos al mes para una vivienda de consumo medio.

Preguntada por esta cuestión, Ethel Vázquez explica que, "como consecuencia" del Pacto Local da Agua y las directivas europeos, esa explotación hay que gravarla "desde el primer metro cúbico".

En lo tocante al canon de gestión de redes --cuando un municipio le encargue a Augas de Galicia la gestión de un tramo de colectores--, la Xunta expone que sustituirá al que cobraba el municipio por ese servicio en la tasa de saneamiento. Asevera que la tasa municipal de alcantarillado y este cobro que realizará la Xunta son incompatibles.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico aplicará un canon de abastecimiento cuando un ayuntamiento le encargue a Augas la gestión de una infraestructura de abastecimiento, que sustituirá al que cobraba el municipio por ese servicio.

El presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, ha pedido buscar un "punto de equilibrio" entre el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y el derecho de la mujer a que se le practique un aborto, y ha propuesto que, en caso de que se realice un registro sea en positivo, es decir, que en él se apunten los médicos no objetores.

"Regularlo para intentar evitar conflictos, para buscar un punto de equilibrio entre el derecho a una prestación de la mujer y la objeción, la libertad ideológica o religiosa del médico, no me parece mal; pero, si lo que se pretende es limitar la objeción de conciencia, es claramente inconstitucional", ha afirmado Federico de Montalvo.

Para el presidente del Comité de Bioética, hacer un registro de los médicos objetores de conciencia "no tiene sentido" porque "si se quiere garantizar la práctica del aborto habrá que saber quién está dispuesto". "Lo que interesa al Estado es saber quién lo hace, no quién no lo hace", ha precisado De Montalvo.

Además, ha apuntado que no todos los médicos tienen una opinión clara al respecto sino que hay algunos que "tienen dudas". Por todo ello, ha propuesto que se haga "un registro en positivo", es decir, en el que se apunte a los médicos dispuestos a practicar el aborto.

Por otro lado, ha pedido que cuando se elaboren leyes que afectan a los profesionales sanitarios, en las que estos se van a convertir en "los protagonistas", se les consulte y escuche antes de aprobar la norma para llegar a una solución.

En cualquier caso, De Montalvo ha insistido en que hay que "buscar un punto de equilibrio" y "respetar" la objeción de los médicos que no quieran practicar un aborto porque es "una expresión de una de las principales libertades, la libertad ideológica y religiosa".

Voluntarios de la plataforma Derecho a Vivir vestidos con túnicas negras con capucha en representación de "la muerte" han colocado este martes a las puertas del Tribunal Constitucional muñecos de bebé ensangrentados para protestar contra su "silencio" ante el recurso presentado por el PP hace 11 años contra la Ley del aborto.

Los congregados ante el Alto Tribunal han procesionado con cubos de basura y han dejado a las puertas del TC decenas de muñecos ensangrentados con los que querían representar los abortos que se realizan en España que, según la asociación, ascienden a 1,1 millones desde 2010. Asimismo, los voluntarios han coreado lemas como 'No más silencio' o 'Legal o ilegal, el aborto mata igual'.

"Los magistrados del Tribunal Constitucional deben retomar cuanto antes la deliberación del recurso interpuesto hace once años por el PP contra la ley del aborto. Hoy, los grupos proaborto nos quieren hacer creer que estamos 'celebrando' el Día de Acción Global por el acceso al Aborto legal y seguro. Sin embargo, lo único que sabemos es que según las cifras del pasado año, hoy y cada día que pasa, un total de 272 niños serán abortados en España", ha explicado la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia.

Según ha indicado Ribera de Gracia, la escena que han representado este martes ante el TC es "un pálido reflejo del horror que provoca esa ley" sobre la que los magistrados, según ha dicho, "en su cómodo letargo, evitan pronunciarse".

En este sentido, ha anunciado que Derecho a Vivir "no va a parar" hasta que el Constitucional dicte sentencia, tal y como lo han demandado casi 21.000 personas que, hasta el momento, han apoyado una campaña lanzada por la asociación.

Además, los servicios jurídicos de la asociación han presentado en el Tribunal Supremo una querella contra el actual presidente del TC, sus predecesores y contra el ponente del recurso, Andrés Ollero, "por un presunto delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso".

"Señores magistrados, vamos a ser su peor pesadilla. Si les ha parecido dramático que mostraremos bebés destrozados arrojados a las puertas de sus cómodos despachos les ruego que piensen por un momento en el más de un millón de niños a los que su silencio cómplice ha impedido vivir. Espero que no puedan dormir tranquilos mientras un solo niño sea abortado en España", ha concluido Ribera de Gracia.

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha reclamado este martes a los diputados respeto y educación porque, según ha lamentado, "en demasiadas ocasiones" la libertad de expresión de la que gozan se está utilizando para insultar u ofender. "La dureza parlamentaria es compatible con la buena educación", ha dicho.

Así lo ha puesto de manifiesto al inicio del Pleno después del episodio vivido la semana pasada en la sesión plenaria, cuando un diputado de Vox llamó "bruja" a la portavoz de Igualdad del PSOE y luego rechazó desalojar el hemiciclo tras ser expulsado por la Presidencia del Congreso, que en ese momento ejercía el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

La tercera autoridad del Estado ha comenzado su intervención recordando que las decisiones de la Presidencia del Congreso en la dirección de los debates "deben ser acatadas", como así lo contempla el Reglamento de la Cámara Baja.

Batet ha señalado que, como presidenta, ha permitido la expresión de cualquier posición política por parte de "todos" los grupos parlamentarios, pero ha lamentado que "en demasiadas ocasiones" el uso de esa libertad de expresión haya acabado siendo utilizado "de manera inadecuada, proyectando insultos u ofensas a personas e instituciones".

"NO LO PODEMOS PERMITIR"

"Y eso --ha sentenciado--, no lo podemos permitir como representantes de la soberanía popular y de toda la sociedad española" porque "los insultos y las ofensas deben quedar fuera de esta Cámara" para el buen funcionamiento de la institución.

En este punto, ha llamado a sus señorías a hacer una reflexión sobre si lo que se proyecta hacia fuera y si lo que se está trasladando a las nuevas generaciones con este tipo de comportamientos es lo correcto.

"No dudo de que todos llegarán a la conclusión de que no estamos teniendo los debates en los términos adecuados en absoluto ni que proyectamos lo que queremos para la sociedad", esto es, una sociedad "capaz de escuchar y entender las posiciones del otro y cuyos ciudadanos se relacionen con quien piensa distinto".

"Debemos empezar a dar ejemplo", ha clamado la presidenta del Congreso, subrayando que si, como ella, los diputados hacen esa misma reflexión "muchos" cambiarán la manera de expresarse en la tribuna de oradores.

Batet ha destacado que una de las principales funciones de la Presidencia del Congreso es la defensa no sólo del decoro de la Cámara sino también de su dignidad para apuntar a sus señorías que no le queda más remedio que solicitarles "más respeto y más educación" a la hora de tomar la palabra.

DICE "NO SERÁ NEUTRAL" EN LA DEFENSA DEL PARLAMENTO

"Ojalá piensen, cada vez que toman la palabra, que quieren respetarse a ustedes mismos y a los demás", ha manifestado la presidenta, antes de recalcar que la "dureza" parlamentaria es compatible con "la buena educación" y que ésta no tiene por qué derivar en ofensa.

"Desde la máxima imparcialidad en el ejercicio de mis funciones les digo que no voy a ser neutral en la defensa de este Parlamento, en la defensa de las instituciones españoles y, en definitiva, en la defensa de la democracia porque creo que la sociedad española se lo merece y creo que es lo que debemos ofrecerles todos en su conjunto --ha concluido--. Para ello, cuento con su colaboración". Las palabras de Batet han cosechado el aplauso unánime de todo el hemiciclo

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha responsabilizado de los últimos episodios broncos vividos en el Pleno del Congreso al vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cuando le toca presidir la sesión, pues cree que con la presidenta titular, Meritxell Batet, u otros miembros de la Mesa, no ocurren esas cosas.

El último incidente tuvo como protagonista al diputado de Vox José María Sánchez García, juez en excedencia, que llamó "bruja" a la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja, que estaba en la tribuna. Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión, le conminó a retirarlo y, ante la negativa del diputado, le llamó al orden y acabó ordenando su expulsión. Al final, y tras una suspensión del pleno durante diez minutos, el parlamentario retiró sus palabras.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, este incidente provocó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llamara a su despacho al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, para dejarle claro que no se podía consentir que en el hemiciclo se cuestionase la labor de la presidencia, la ejerciese quien la ejerciese.

Pero la polémica ha seguido y, en la reunión de la Mesa del Congreso de este martes, los representantes de Unidas Podemos han pedido a la Presidencia más 'dureza' contra Vox e incluso aplicar sanciones "contundentes".

En rueda de prensa, Espinosa de los Monteros ha subrayado que, bajo la presidencia de Batet "no suele haber grandes polémicas", y en cambio, los casos más graves, se han producido "siempre con la misma persona" de presidente, en referencia a Gómez de Celis. "Qué casualidad. A ver si el problema va a ser ése --ha comentado--. Yo creo que sí".

A su juicio, el diputado socialista andaluz ejerce la Presidencia del Pleno "de manera sectaria y poco proporcional", y "siempre interrumpe al orador del mismo partido".

Y, en el episodio de "bruja", cree que Gómez de Celis aplicó "erróneamente" el Reglamento al tratar de expulsar al diputado de Vox, y de hecho no aplicó la misma medida minutos después al representante de Compromís, Joan Baldoví.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación de los dos Conciertos para el trienio 2022-2024 que garantizaránla cobertura sanitaria a través de distintas entidades aseguradoras afuncionarios que prestan su servicio en España y a los destinados en 123países.

Este acuerdo está integrado dentro de la planificación estratégica de la Secretaría de Estado de Función Pública, dirigida a modernizar y mejorar el servicio que presta la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), señala el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Se trata de un concierto a tres años con la finalidad de garantizar la asistencia sanitaria y poder afrontar situaciones como la provocada por la pandemia generada por la COVID-19 y la incorporación del nuevo colectivo derivado de las últimas ofertas de empleo público. El volumen total del colectivo cubierto asciende aproximadamente a 1,5 millones de mutualistas, mientras que la cuantía total de la contratación alcanza los 3.571 millones de euros.

El Gobierno resalta que "este concierto supone una garantía de suficiencia presupuestaria con la incorporación de una prima incremental que alcanza el último año de vigencia el 10%".

"Con ello se recuperan los niveles de calidad que demanda el colectivo y se incorporan los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud --prosigue--. Se incluye también por primera vez la financiación de gastos derivados de la situación actual de la pandemia".

Desde Ministerio de Hacienda resalta que los nuevos conciertos apuestan decididamente por la calidad con la inclusión de un protocolo de asistencia COVID; la creación de un Comité Interdisciplinar de Expertos para la valoración de los tratamientos de protonterapia; o las plataformas de telemedicina para complementar la asistencia sanitaria, entre otras novedades.

Finalmente, desde la óptica de la sensibilización, destaca también laintroducción de nuevas prestaciones para funcionarias víctimas deviolencia de género, como sesiones de psicoterapia ilimitadas o laequiparación de las lesiones derivadas de actos de violencia de génerocon las derivadas de accidente en acto de servicio o enfermedad aconsecuencia del reciente Convenio firmado entre MUFACE y laDelegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El Rey Felipe VI ha ofrecido este martes el apoyo de España, y en particular de sus empresas, a la apuesta por diversificar su economía que ha emprendido Angola, un país que ofrece "grandes posibilidades" y que "será un honor" poder visitar tras la invitación trasladada por su presidente, Joao Lourenço, ha señalado.

Durante el brindis con motivo del almuerzo en honor del mandatario angoleño, de visita oficial en Madrid, Don Felipe ha subrayado que España es un país prioritario en la política exterior de Angola al igual que este país africano también es prioritario para el Gobierno, como ha quedado reflejado en el Tercer Plan África y en el Programa de Acción 'Foco África 2023'.

España, ha recordado el Rey, "fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Angola" a raíz del encuentro mantenido en Madrid entre el entonces primer ministro angoleño, Lopo do Nascimento, y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en 1976. Pero en realidad, "los vínculos hunden sus raíces en siglos pasados" como lo demuestra la fortaleza de San Miguel, construida para defender la bahía de Luanda en el siglo XVII.

En opinión de Don Felipe, la apuesta del presidente "por una mayor diversificación económica favorecerá el desarrollo de la economía. "Angola cuenta con la confianza de España y de la comunidad internacional en su determinación por impulsar el mayor bienestar de sus ciudadanos" gracias a dicha diversificación, ha subrayado.

Para ello, ha añadido el monarca, el país cuenta con "grandes posibilidades en muchos sectores económicos, no solo el petrolífero, sino también la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo o su gran riqueza mineral".

"España estará a vuestro lado para lograr esa diversificación, no solo desde el ámbito financiero sino también a través de nuestras empresas, muchas de las cuales trabajan desde hace años en Angola" y que "realizan un trabajo de calidad" que ya ha sido reconocido tanto por las autoridades como por sus socios angoleños.

Por último, ha agradecido la invitación que le ha trasladado Lourenço para visitar Angola, "cuando su calendario lo permita", según el mandatario. "Será un honor para la reina y para mí visitar su país y poder sentir la vitalidad y cordialidad de querido pueblo angoleño".

SOLIDARIDAD POR LA PALMA

Por su parte, Lourenço ha arrancado su brindis trasladando su "solidaridad por el momento difícil" que vive La Palma por la erupción del volcán Cumbre Vieja y recordando que su visita se produce apenas cinco meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajara a Angola.

Con esta visita, ha explicado, lo que busca es "establecer una verdadera asociación estratégica con España", país que es una de las mayores economías de la UE y con el que ha contado "para movilizar la inversión europea en distintos sectores de la economía angoleña.

Lourenço ha sacado pecho de que la paz es "irreversible" en el país y también de su lucha contra la corrupción y la impunidad, con vistas entre otras cosas a ofrecer seguridad para la inversión privada, así como su apuesta por seguir fortaleciendo la democracia y promover el desarrollo de Angola.

El presidente angoleño también se ha referido a la pandemia, reivindicando la necesidad de "solidaridad" para superarla y haciendo en particular un alegato en favor del "acceso universal a las vacunas" para que pueda inmunizarse el mayor número de personas posible en todo el mundo.

En este sentido, ha felicitado a España por el "éxito" de su campaña de vacunación, que le sitúa a la "vanguardia" a nivel mundial y la convierte en un "ejemplo a seguir".

Al almuerzo han asistido Sánchez, así como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como el presidente del Senado, Ander Gil, el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el del Supremo, Carlos Lesmes.

Entre los invitados, además de algunos empresarios con vínculos con Angola, también había dos misioneras, así como varios médicos y expertos en medicina y el karateca Damián Quintero, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los grupos de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) piden que se pueda garantizar el aborto en la sanidad pública mientras PP y Vox han señalado que no se puede obligar a los médicos a llevarlo a cabo si está en contra de su código deontológico.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha trasladado que el derecho de las mujeres a abortar es "necesario" y que se garanticen los estándares internacionales. Por eso, ha tachado de "inadmisible" que haya centros sanitarios públicos donde no se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo.

"Es un derecho individual de los sanitarios que quieren ejercerlo pero no puede soslayar ni colisionar con el derecho de las mujeres que tienen la necesidad de practicar la interrupción voluntaria del embarazo", ha defendido.

Por su parte, Más Madrid ha registrado una iniciativa para que se garantice que la interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, así como un protocolo para casos en un centro donde los médicos del SERMAS hagan transferencia de pacientes al centro público más cercano. Según ha indicado la portavoz de Más Madrid, Mónica García, "el SERMAS se tiene que hacer cargo de esas interrupciones voluntarias del embarazo y no se están garantizando".

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado también una iniciativa mediante la que pide recuperar y actualizar el Plan Integral de Abordaje de los Embarazos no Deseados y que se haga desde una perspectiva transversal con el resto de las Consejerías y contando con la participación de todos los actores implicados, incluyendo a las entidades feministas y a la ACAI.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha indicado que no se pueden hacer "listas negras" a aquellos profesionales que no quieran practicar el aborto, cuando ya "hay clínicas que funcionan para eso". "Si no se puede obligar a los médicos a practicar a eutanasia en el tema del aborto tampoco", ha sostenido.

El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha trasladado su máximo respeto al aborto pero ha defendido que en la Comunidad de Madrid hay mecanismos para ello y ha lamentado que haya partidos que pongan el foco en la Comunidad de Madrid.

"Existen mecanismos para que se haga, pero lo que no va a hacer la Comunidad es obligar a un médico que lo haga cuando se hizo médico para salvar vidas y que su código deontológico le impide hacerlo", ha finalizado.

El diputado regional del Partido Popular, Víctor Martínez-Carrasco, ha criticado que, con la denominada Ley Celaá, el Gobierno de Pedro Sánchez "fomenta y, a la vez, tapa el fracaso escolar al permitir pasar de curso con suspensos".

Martínez-Carrasco ha contestado de esta forma al diputado regional socialista, Antonio José Espín, quien ha afirmado que la "desastrosa gestión" del Gobierno regional "ha provocado que el fracaso escolar sea la mayor lacra del sistema educativo de la Región".

En este sentido, Martínez-Carrasco ha apuntado que "en cambio, el Gobierno regional trabaja para reducirlo", y al respecto ha recordado que "la Región de Murcia lideró en 2020 el descenso de abandono y fracaso escolar a nivel nacional, un 18.7 %, y más de un 50% en los últimos diez años".

"Son datos que nos indican que estamos en el buen camino en esta área, la que indudablemente seguiremos potenciando, ya que es fundamental que los más jóvenes no abandonen el estudio a edades tempranas", ha afirmado el diputado 'popular', que al hilo ha explicado que "para lograrlo existen programas específicos como el PRE (Programa de Refuerzo Educativo), PROA+ (Programa de Refuerzo y Acompañamiento Escolar) y o la ampliación de la oferta en FP".

"En concreto, el Programa PRE consiste en la adquisición de hábitos de organización en el trabajo, a través de formas eficaces de trabajo, la integración a través de la integración de las familias en el proceso de aprendizaje y aumentar la tasa de promoción y titulación del alumnado", ha explicado Martínez-Carrasco, que ha añadido que "este programa está orientado al alumnado que presenta dificultades para alcanzar las competencias propias de su edad".

"Desde el Partido Popular y el Gobierno de Fernando López Miras abogamos por una enseñanza de calidad, en el que el esfuerzo tenga su recompensa, no un modelo desincentivador que premie la ausencia de trabajo, como es el de la nefasta Ley Celaá", ha concluido Víctor Martínez-Carrasco.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que establece que los policías que prestan servicio de paisano, en destinos en los que a pesar de pertenecer a un cuerpo uniformado están eximidos de su uso por exigencias reglamentarias, tienen derecho a una compensación económica por vestuario al igual que los policías destinados en servicios de protección dinámica a determinadas personalidades --escoltas--.

En su sentencia, que sienta jurisprudencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima los recursos de casación interpuestos por cuatro policías destinados en Brigadas Provinciales o Locales de Policía Judicial y en Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras que reclamaron la percepción de una indemnización por vestuario. Tras la negativa de la Dirección General de la Policía, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que tampoco les dio la razón.

El Supremo considera que la sentencia recurrida quebranta el principio de igualdad al no reconocer el derecho a este complemento a otros funcionarios exentos de la obligación del uso del uniforme por exigencias del servicio que desempeñan.

LAS NORMAS QUE REGULAN LA UNIFORMIDAD

Recuerda en su sentencia, ponencia de la magistrada Celsa Pico, que la Orden INT 430/2014 de 10 de marzo, que regula la uniformidad del Cuerpo Nacional de Policía, establece en su artículo 9 las excepciones y particularidades en el uso del uniforme. En concreto, exceptúa de su uso a los funcionarios dedicados a la investigación que presten servicios en áreas de Información, Policía Judicial y Extranjería, en Protección de Personas o en Unidades o Grupos de Seguridad Ciudadana.

También se refiere a la Orden INT/2122/2013 que regula la indemnización por razón de vestuario de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que prestan servicio de protección dinámica a personalidades, que deban utilizar vestimenta de paisano, generalmente traje o americana y corbata, distinta de la que con habitualidad utilizan los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que no visten uniformidad.

Según recuerda la ponente, los policías en su recurso al alto tribunal indicaban que puesto que deben emplear ropa de paisano en la totalidad de su tiempo de trabajo, "necesariamente se ven obligados a incurrir en un gasto muy superior en tal concepto con respecto a quien solo tiene que utilizarla en su tiempo libre". "Alega que los recurrentes se ven obligados a utilizar, desgastar y, por ende, comprar, casi un tercio más de vestimenta de paisano que cualquier otrofuncionario uniformado del Cuerpo Nacional de Policía", indica.

La Sala concluye que si la exención del uso del uniforme comprende esos servicios enumerados, "no se evidencian razones, ni en las resoluciones administrativas objeto de impugnación ni en la argumentación de la Abogacía del Estado, para que mientras los funcionarios adscritos al servicio de Protección de Personas perciban una indemnización por vestuario, no la reciban los funcionarios integrantes de los otros servicios eximidos reglamentariamente, por razones de seguridad, del uso del uniforme en un Cuerpo que tiene como regla percibir vestuario para realizar su normal función".

"Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestan servicios en destinos obligatorios del uniforme, eximidos del uso por exigencias reglamentarias tienen derecho a la compensación económica por razón de vestuario al igual que los policías destinados en servicios de vigilancia dinámica de personalidades", subraya la sentencia.

Y añade que todo lleva a considerar que "el criterio de la sentencia impugnada podría ser contrario al derecho fundamental a la igualdad" porque discrimina injustificadamente no ya entre funcionarios uniformados y de paisano "sino sobre todo entre dos grupos de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están obligados a prestar servicio de paisano, por el simple hecho de que la ropa de paisano que han de emplear unos sea de uso menos frecuente o de mayor precio que la vestimenta de paisano que han de emplear otros".

PERCEPCIÓN DE INDEMNIZACIÓN

Además, explica que la percepción de la indemnización de vestuario a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 950/2005 (anteriormente prevista en el artículo 5 del derogado Real Decreto 311/1988, de 30 de marzo) "pretende compensar a todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que, por razón de servicio están obligados a utilizar una vestimenta de paisano acorde con la naturaleza de ese servicio y la entidad de las situaciones y circunstancias que rodean el servicio".

La Sala admite que no puede establecer la cuantía a percibir ya que, ante la ausencia de normas específicas, no puede fijar arbitrariamente una cantidad, ni tampoco realizar una declaración accediendo a la cifra indicada en la demanda, 45.714 euros para los ocho demandantes, cuando solo cuatro han recurrido ante el Tribunal Supremo, sin especificar la cuantía que correspondía a cada uno de ellos ni tampoco el periodo concernido.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que el Gobierno andaluz propondrá este miércoles la recuperación de la presencialidad al 100% en los estadios de fútbol y de baloncesto en la reunión del Comité Interterritorial de Salud, órgano de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas convocado este miércoles.

"La propuesta de Andalucía será la normalidad en los estadios de fútbol a partir de la semana que viene", ha afirmado Aguirre en la rueda de prensa.

Presencialidad al 100% de los aficionados al fútbol y baloncesto sustentada en medidas como "las mascarillas, la higiene de manos e intentando mantener la distancia de seguridad".

El consejero de Salud ha defendido que "se va hablando menos del Covid y se hace con una perspectiva positiva" por cuanto ha esgrimido que "las cifras son positivas", que ha sustentado en datos como que los ingresos hospitalarios comunicados este martes ascienden a 378, pero "representan un 25% menos que la cifra de la semana pasada".

"La Junta de Andalucía está expectante, vigilante de cualquier cepa, de cualquier cambio epidemiológico, aunque haya cifras positivas", ha sostenido el consejero de Salud en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, al tiempo que ha seguido esgrimiendo datos como que la presión hospitalaria es de un 2,15% y de un 5,66% en la UCI, para señalar que "son datos por debajo de la media nacional".

De igual forma, Aguirre ha apuntado que la tasa de incidencia acumulada a quince días por cada 100.000 habitantes es de un 54,85, que a 7 días es de 22,5, por lo que ha proyectado que la tasa de incidencia oscilará entre un 44 o 45 dentro de una semana, así como ha puesto de manifiesto que la tasa de incidencia acumulada es de 86 en la franja de cero a doce años. "El resto va bajando", ha apostillado.

Tras apuntar que con los ocho fallecidos comunicados en la jornada, la cifra total es de 11.182 pacientes muertos por Covid, el consejero de Salud ha esgrimido que "la esperanza de vida en hombres y mujeres ha bajado un 1,5 como consecuencia de los fallecimientos por Covid".

Aguirre ha defendido que "la solución son las vacunas" tras blandir las 12.773.094 dosis inyectadas hasta ahora y que el 89% de la población diana mayor de 12 años tiene la pauta completa, ha informado de que el 75% de las personas en residencias de mayores ya cuenta con la tercera dosis y ha anunciado que "iremos aumentando a otros grupos para conseguir la máxima inmunidad a quienes más trabajo les ha costado desarrollar su sistema inmunogénico".

El consejero ha detallado que serán los comités territoriales de salud los que ubiquen el nivel de alerta de cada área y distrito sanitario, cuyas reuniones se producirán entre este miércoles y jueves, mientras que ha indicado que los items que empleará el Comité de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto Territorial sobre las medidas de restricción contra el coronavirus serán parámetros como la incidencia acumulada en la población mayor de 65 años, la presión hospitalaria y en UCI y el índice de vacunación.

Aguirre ha precisado que "el nivel cero es normalidad".

El Paraninfo de la Universidad de Alcalá (UAH) ha acogido este martes el acto de investidura como doctor honoris causa de José María Pérez González 'Peridis', en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito de la cultura y, en concreto, de la arquitectura.

El acto ha comenzado con la laudatio a cargo de Enrique Castaño, profesor de Arquitectura y actual director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, ha informado la UAH en un comunicado.

"Es un personaje polifacético de titulación es arquitecto, pero es más que eso, es dibujante, humorista, escritor, divulgador del patrimonio cultural, formador y quizás una faceta de la que pueda estar más orgulloso, es un innovador social', ha señalado Castaño, quien ha hecho mención a los numerosos proyectos profesionales y de vida que ha desarrollado 'Peridis'.

Posteriormente, desde la Cátedra del Paraninfo, José María Pérez 'Peridis' ha pronunciado su discurso de ingreso al Claustro de la UAH titulado 'Donde hay un maestro hay una escuela'.

En su intervención, ha mencionado a figuras como el Cardenal Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá, y ha destacado la importancia del modelo universitario que gestó, que sirvió posteriormente de inspiración para otros centros de España y de América Latina y le valió a la UAH el título de Patrimonio de la Humanidad, concedido por la UNESCO en 1998.

Por su parte, el rector de la UAH, José Vicente Saz, ha destacado que 'Peridis' "con imaginación, tesón y dedicación, ha sabido convertir cada proyecto vital en una fiesta de la solidaridad y la convivencia, en un desafío al olvido de nuestra historia, nuestra riqueza, nuestra cultura y, sobre todo, de los más débiles, de quienes pierden.

Además, ha añadido que su incorporación al Claustro de doctores supone un gran honor para la Universidad de Alcalá porque se necesitan luchadores "capaces de innovar, ilusionar y aportar soluciones que nos lleven".

La Red Vigía Canarias ha analizado las causas de la muerte de 767 ejemplares de fauna silvestre de 85 especies diferentes y ha realizado 467 necropsias en menos de dos años, según informa la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

Precisamente el responsable regional del área, José Antonio Valbuena, visitó este martes las instalaciones del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) y del Laboratorio de Toxicología del Departamento de Ciencias Clínicas de la ULPGC en Gran Canaria, desde donde colaboran con dicha red.

El proyecto, cuya puesta en marcha ha supuesto una inversión de 734.015,46 euros entre los ejercicios de 2020 y 2021, implica al Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, que coordina y supervisa las actuaciones; a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan), que le presta apoyo en estas funciones; y a la ULPGC, que realiza los análisis forenses, patológicos y toxicológicos necesarios para determinar la causa de mortalidad de los ejemplares de fauna silvestre que les son derivados .

Valbuena destacó que "la implicación de organismos e instituciones de todas las islas está siendo fundamental para el éxito en la detección, recogida de restos y muestras y el traslado al IUSA para su estudio".

"Estudiar y conocer las causas de mortalidad de la fauna silvestre nos permitirá mejorar la preservación de nuestra biodiversidad y determinar, por ejemplo, la incidencia de la mortalidad no natural vinculada a actividades humanas, como el uso de veneno, la caza furtiva, la electrocución en tendidos eléctricos o las colisiones y la presencia e incidencia de enfermedades infecciosas significativas para las poblaciones humanas y animales asociadas al cambio climático", indicó.

767 ENTRADAS EN EL IUSA Y 961 ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS

En menos de dos años se han producido en el IUSA un total de 767 entradas de 85 especies diferentes vinculadas a la Red Vigía Canarias, en las que no se incluyen los casos vinculados a la Red de Varamientos de Cetáceos en Canarias. De estas, 708 se corresponden con aves, 20 son reptiles, 36 mamíferos, 2 peces y una especie de crustáceo.

Hasta la fecha se habrían realizado un total de 496 necropsias que han permitido avanzar en la determinación de las causas de muerte de distintas especies y la evaluación de la incidencia de distintos factores de riesgo, especialmente en especies amenazadas.

Además, en el Laboratorio de Toxicología del Departamento de Ciencias Clínicas de la ULPGC, entre enero de 2014 (año de aprobación de la Estrategia para la erradicación del uso ilegal de veneno en el medio no urbano de Canarias) y junio de 2021 se analizaron muestras de sangre e hígado de 961 animales para el diagnóstico de 104 posibles intoxicaciones. Durante ese período también se recibieron 84 cebos.

Cabe destacar que 424 animales pertenecían a especies o subespecies endémicas de Canarias, como 307 aves rapaces y 74 reptiles. Los animales investigados pertenecían a 63 especies diferentes, incluyendo perros y gatos.

Finalmente, la metodología empleada, que permite la búsqueda de entre 351 y 360 compuestos altamente tóxicos para los animales, y los análisis realizados, han permitido identificar el veneno como la causa de la muerte en 251 animales y su presencia en 61 cebos.

Al respecto, el carbofurano destaca como el principal veneno utilizado en Canarias y también se ha podido detectar una tendencia creciente a utilizar mezclas de varios pesticidas en la preparación de cebos envenenados.

Las residencias de mayores andaluzas han contabilizado 114 usuarios positivos, de los que nueve se encuentran ingresados, mientras que entre los trabajadores de estos centros hay 33 casos confirmados.

Según un nota de prensa de la Consejería de Salud y Familias tras la reunión del Consejo de Gobierno, se mantienen en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía, de los que 14 (1,3%) presentan algún caso positivo en usuarios. El 98,7% está libre de Covid-19 en usuarios. Por su parte, diez centros contabilizan casos solo en trabajadores.

En relación con las pruebas practicadas, desde abril se han realizado 941.725 test a residentes y trabajadores, de los que 11.963 han resultado positivos.

Ese total de pruebas incluye los test de antígenos que se realizan a todos los trabajadores cada siete días desde el 24 de septiembre y cada 14 días en el 20% de las residencias: 124.420 a residentes y 540.377 a trabajadores. En total, 664.797 test de antígenos.

Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, en centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.

Desde que comenzó el primer estado de alarma hasta la actualidad se intensificó el seguimiento habitual que se venía realizando en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19, en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales. En la actualidad, no se encuentra medicalizada ninguna residencia.

Por su parte, se han habilitado diez centros de evacuación: Centro Residencial El Zapillo de Almería, el Hospital San Carlos de Cádiz, el HARE de Vejer (Cádiz), Doctor Olóriz (Granada), la Asociación Frater de Huelva, Doctor Sagaz de Jaén, Hospital Civil de Málaga, el Hospital Vithas de Sevilla, el HARE de Lebrija (Sevilla), y el Hotel Pirula de Écija (Sevilla).

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido "tranquilidad" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por que "Madrid seguirá siendo la capital de España" aunque el Ejecutivo traslade instituciones y organismos públicos a otras comunidades autónomas.

Así lo ha respondido la Portavoz del Gobierno al ser preguntada por el anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien adelantó que el Ejecutivo prevé deslocalizar sedes de instituciones y organismos públicos y trasladarlas a otras regiones, fuera de Madrid.

Esta decisión responde, según Isabel Rodríguez, a un planteamiento del Gobierno para afrontar el reto demográfico, con el objetivo de que en todos los territorios "haya oportunidades para desarrollar proyectos vitales": "Que familias jóvenes quieran vivir en medios con menor población puedan tener oportunidades para desarrollarse también, de manera plena en el ámbito profesional, y dedicándose también al desempeño de la función pública en el ámbito de la Administración General del Estado".

Según ha dicho la Portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "ese es el objetivo de esa medida". Por lo tanto, ha añadido que no puede compartir "ni la preocupación y ni quizás el alarmismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Todo el mundo tranquilo, la capital de España sigue siendo Madrid, así está contemplado en nuestro esquema institucional y desde luego no es voluntad del Gobierno ningún agravio con la Comunidad autónoma, ni con la ciudad de Madrid", ha recalcado.

En su opinión, lo que trata de hacer el Gobierno es "todo lo contrario", es decir, tener un país "mucho más cohesionado" desde el punto de vista territorial y "de ahí, la voluntad del Gobierno que está en el objetivo de desarrollo sostenible".

Según Isabel Rodríguez, este planteamiento se puede materializar en la puesta en marcha de algunas iniciativas como las que ya han emprendido algunas empresas públicas como Renfe, que según ha precisado, "están llevando a territorios de nuestro país con especial afección o con problemas de despoblación nuevos recursos para dar oportunidades de empleo en estas zonas".

CENTROS DE RENFE EN MIRANDA, MÉRIDA, LINARES, TERUEL Y CIUDAD REAL

La ministra se refería al anuncio realizado por Renfe el pasado mes de mayo, cuando dio a conocer los nuevos centros de competencias digitales que la compañía está abriendo en distintas localidades españolas para descentralizar sus servicios tecnológicos e incentivar la economía de los entornos rurales permitirán la creación de hasta 400 nuevos puestos de trabajo hasta 2024 en varios municipios de baja densidad demográfica.

El ya exministro Ábalos anunció que uno de los centros de competencias digitales se instalaría en Miranda de Ebro (Burgos), con 120 profesionales y estará especializado en el mantenimiento y la evolución tecnológica de los sistemas informáticos de gestión, así como en las plataformas de venta y en las aplicaciones móviles de la compañía.

En Extremadura y Andalucía, Renfe localizará el centro para la atención y gestión de clientes, con una instalación en Mérida que reutiliza una antigua nave de uno de sus talleres y otra en Linares especializada en tecnologías digitales para un total de entre 175 y 250 empleados en ambos municipios.

Renfe adelantó que también abriría en junio en Teruel un centro para la gestión y mantenimiento de infraestructuras, desde el que trabajarán entre 50 y 60 personas y desde el que se prevé crear un entorno que sirva para atraer a esta provincia otras empresas tecnológicas.

Y ya está activo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el centro para el desarrollo de robótica e inteligencia artificial, en la que ya trabajan 16 personas en un antiguo taller de la operadora con el objetivo de acometer la transformación digital de la compañía.

La ministra Portavoz ha señalado que, además del ejemplo de Renfe, el Gobierno está pensando en "nuevos elementos que puedan surgir en el desarrollo del Estado y que permitan oportunidades de vida y profesionales en otras partes del Estado". Eso, ha insistido, "no es un agravio, ni un atentado contra ningún territorio sino todo lo contrario, conformar una cohesión territorial a nuestro país".