El PSOE de Extremadura inicia este miércoles, día 1, con el registro de precandidaturas, su proceso congresual para la renovación de su ejecutiva y la elección del secretario general, y con Guillermo Fernández Vara como único aspirante que de momento públicamente ha anunciado su intención de aspirar al puesto como líder de la formación en la comunidad –en el caso de éste repetiría en el cargo–.

De este modo, si hubiera algún precandidato más –para lo que se requiere la presentación de 189 avales del 1 al 15 de septiembre– se celebrarían primarias en el seno del partido, hasta llegar a la cita final del 22 al 24 de octubre con el 13º Congreso del PSOE de Extremadura, que se celebrará en Mérida para elegir al secretario general y a la nueva Ejecutiva, y con el objetivo de, a partir de entonces, seguir tratando de dar «atenta respuesta» a las necesidades de la comunidad y sus ciudadanos.

No obstante, si sólo hubiera un/a aspirante, entonces el 19 de septiembre –una vez terminado el proceso de recursos– se proclamaría como candidato/a único/a y como secretario/a general.

Así lo ha explicado la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, en una rueda de prensa este martes en Mérida en la que ha desgranado el calendario de la que ha calificado como la cita «más importante» para los socialistas en la comunidad, en concreto el 13º Congreso Regional en el que participarán 9.462 militantes del partido.

De ellos, 8.791 son militantes activos del PSOE, 147 afiliados directos y 524 compañeros de Juventudes Socialistas que podrán participar en la elección del proceso de primarias a la Secretaría General del partido.

Cabe apuntar, igualmente, que la propia Mateos será coordinadora general del comité organizador del 13º Congreso del PSOE extremeño –al que acudirá algún responsable nacional del partido aún sin concretar–, y del cual también formarán parte Lara Garlito (como adjunta a la coordinación general), Juan Ramón Ferreira Alonso, Juan Antonio González, Miguel Piedehierro y Fuensanta Barroso.

PRECANDIDATURAS

Así, preguntada sobre la posibilidad o no de que, aparte de Fernández Vara, algún compañero o compañera más pueda registrar su precandidatura para optar a liderar el PSOE en la comunidad, Marisol Mateos ha señalado que «en principio» aparte del actual secretario general, que ya ha anunciado que este miércoles registrará su precandidatura, el comité organizador del 13º Congreso «no tiene conocimiento de que ningún otro compañero o compañera quiera hacerlo» (aspirar a la Secretaría General).

En este sentido, tras recalcar que cualquier compañero del PSOE estaría en su «legítimo derecho» de aspirar a liderar la formación, ha añadido que este miércoles, día 1, en el registro de precandidaturas se conocerá la voluntad, «si la hay», de si hay alguna otra persona que aparte de Fernández Vara quiera concurrir al proceso de primarias.

DINÁMICA DEL CONGRESO

En cuanto a la dinámica del proceso congresual, se inicia este miércoles, 1 de septiembre, con la formulación de precandidaturas, y llegará hasta el congreso en sí, cuando se elegirá a la persona titular de la Secretaría General mediante el proceso «democrático y transparente» de primarias.

Asimismo, hasta 600 delegados participarán directamente en el 13º Congreso Regional (que se conocerán a partir del 2 de octubre cuando concluirán las votaciones de las asambleas locales para elegir los delegados).

Se presentará también la Ponencia Marco, para lo que a partir de este miércoles, 1 de septiembre, las asambleas locales podrán presentar enmiendas y «mejorar» el texto.

PRIMARIAS

En cuanto al proceso de primarias para la elección de la Secretaría General del PSOE extremeño, se realiza mediante el sistema de doble vuelta, con el voto individual, directo y secreto de los militantes y afiliados y responsables de Juventudes Socialistas.

Este proceso se inicia este miércoles, día 1, con el registro de precandidaturas, y si sólo hubiera un precandidato en ese momento el proceso terminaría con la recogida de avales (sería necesario hasta un 2 por ciento del total de los militantes, es decir, 189 avales), y «probablemente» saldría proclamado secretario/a general una vez terminado el proceso de recursos el 19 de septiembre a las 12,00 horas.

Si hubiera más de un candidato, una vez concluido el periodo de precandidaturas y recogida de avales, se celebraría la campaña de votación –del 20 de septiembre al 1 de octubre–. Así, la primera campaña de votación sería el 2 de octubre, y si fuera necesario la segunda vuelta sería el 9 de octubre.

RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS

Asimismo, sobre la cita congresual, Mateos ha destacado que «los congresos son los acontecimientos más importantes de la vida interna del partido», donde se elige al secretario general y la Ejecutiva Regional y se marcará la línea de actuación política y orgánica de la formación para los próximos cuatro años, después de una etapa de «renovación» en la estructura interna del PSOE tanto a nivel local, como provincial como regional.

Al respecto, ha incidido en que el objetivo de todo este proceso congresual en el PSOE extremeño «siempre pasa por estar cerca de los extremeños», para lo cual la formación actualizará su proyecto político tras la «terrible crisis» generada por la pandemia de la Covid-19, abordando los «retos y desafíos» que se abren como un partido con «responsabilidad de gobierno», y con el objetivo de dar «atenta, concreta respuesta desde una perspectiva de izquierda, mayoritaria y transformadora».

«Tomaremos el pulso desde nuestro ideario político y revisaremos nuestro ideario», ha defendido la que será coordinadora general del comité organizador del 13º Congreso del PSOE extremeño, una cita de la que según ha recalcado su partido «va a salir más unido que nunca» a través de un ejemplo de «democracia interna y de responsabilidad plena».

«Tenemos millones de razones para estar orgullosos de este gran partido, cuyo denominador es aplicar políticas de progreso a la ciudadanía», ha espetado, buscando la recuperación a través de la inversión y la justicia social, frente a los que hicieron salir de la crisis con «tijeretazos.

En este sentido, Mateos ha ahondado en que los socialistas extremeños tratarán de dar respuesta a las preguntas que se han abierto en estos momentos de crisis. «Somos socialistas para todos los que defiendan la justicia», ha subrayado como «hoja de ruta». «Los hospitales y escuelas están construidos con los ladrillos del compromiso y la responsabilidad», ha añadido, frente a la derecha que «quiso dejar a los trabajadores sin derechos».

Con ello, ha explicado que la Ponencia Política del 13º Congreso Regional del PSOE es un documento político que pone el acento sobre la cita en la que se va a construir el «futuro» de Extremadura con la voluntad de «seguir aportando el trabajo de los socialistas como el mejor instrumento que tenemos desde la organización», en un momento «histórico» en el que Extremadura «tiene una oportunidad histórica» que «no vamos a desaprovechar porque se lo debemos a los extremeños y extremeñas».

«Ahora toca responsabilidad e impulsar la recuperación social y económica de la comunidad autónoma», en un momento en el que «esta tierra aspira a crecer» con un modelo de impulso que «pasa por más industrialización, más empleo, más talento, más crecimiento económico, mejorar las infraestructuras, potenciar la investigación y el desarrollo» en una región que «aspira a ser más ecologista, más feminista y más igualitaria, más socialista», ha añadido Mateos.

«Extremadura y el PSOE estamos convocados a dar lo mejor de nosotros mismos frente a una oposición atascada en el lodazal del bloqueo permanente», ha incidido.

La Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia previa que ordena el desalojo de una vivienda de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) propiedad de una sociedad inmobiliaria y que estaba habitada sin título alguno por unas personas, que alegaban «un contrato de arrendamiento con un tercero de forma verbal» sin aportar «ninguna prueba» de ello. Su argumento es que el derecho a la vivienda no puede afectar a la propiedad privada.

En una sentencia emitida el pasado 20 de abril, la Sección Octava de la Audiencia de Sevilla aborda un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia previa del Juzgado de Primera Instancia número tres, que merced a las acciones judiciales de la sociedad inmobiliaria Aliseda, promovida por el fondo de inversión Blackstone y el Banco Santander, condenó a los ocupantes de un piso de San Juan de Aznalfarache propiedad de la entidad al desalojo de dicha vivienda, «con apercibimiento de que se procederá a su lanzamiento si no abandonan la finca en el plazo legal».

LO QUE MARCA LA LEY

El juzgado avaló la citada demanda, señalando que la Ley respalda a «los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad» que «demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación».

En su recurso de apelación contra dicha sentencia, una de las personas afectadas por la orden de desalojo insistía según la Audiencia en «la existencia de un contrato de arrendamiento, alegando como motivo de recurso error en la valoración de la prueba».

«Se vuelve a alegar la existencia de un contrato de arrendamiento con un tercero de forma verbal, sobre cuya realidad ninguna prueba no sólo no se practica, sino que ni siquiera se propone prueba alguna, por lo que difícilmente puede existir error probatorio alguno por parte de la juez de la primera instancia», indica no obstante la Audiencia.

CUESTIÓN DE DERECHOS

En cuanto al motivo del recurso sobre la «situación de vulnerabilidad social y económica y sobre la primacía del derecho a la vivienda frente al derecho de propiedad, la Sección Octava de la Audiencia determina que «el derecho a una vivienda es un principio de política social y económica dirigida a los poderes públicos, y en un Estado Democrático y de Derecho, como es el nuestro, no puede afectar al derecho de propiedad privada, también reconocido en la Constitución, debiendo la utilidad social de la misma ser declarada y por supuesto para tal fin social, seguir un procedimiento de expropiación y no de expoliación».

Por eso, la Audiencia provincial desestima plenamente el recurso de apelación del afectado y confirma de manera «íntegra» la sentencia inicial de desalojo.

Casi el 73% de los progenitores españoles encuestados consideran «clave» que en los colegios se imparta educación ambiental a la hora de escoger un centro para sus hijos, según el estudio ‘La educación ambiental en el entorno familiar’ realizado por More Than Research para Naturaliza, el proyecto de Ecoembes.

El estudio también recoge que aprender en valores ambientales contribuye a la mejora de la enseñanza y la formación educativa general de los niños, según el 64% de los padres preguntados al respecto. Además, 6 de cada 10 afirma que el aprendizaje de temáticas relacionadas con el medio ambiente «despierta la curiosidad» y la motivación en sus hijos e hijas.

En este sentido, con el objetivo de fomentar que el medio ambiente forme parte del día a día en las aulas del alumnado, Naturaliza ofrece formación a los docentes y una biblioteca de recursos (más de 2.000) para quienes quieran enseñar con «una mirada ambiental».

Estas herramientas educativas se consolidan como una forma de responder a la demanda del 75% de las familias encuestadas que, como recoge el estudio, consideran relevante que las cuestiones medioambientales formen parte del temario de sus hijos.

A su vez, los docentes que deseen formar parte de la red Naturaliza en el próximo curso escolar y sumarse a los cerca de 1.400 que ya llevan el medio ambiente a sus aulas diariamente, pueden apuntarse de forma gratuita a través de la web del proyecto.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres reclaman que la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, tenga en cuenta los abortos coercitivos y las esterilizaciones forzosas de mujeres con discapacidad como violencia sexual.

La entidad ha hecho llegar sus propuestas de enmiendas a la norma a los diferentes grupos parlamentarios que están trabajando en la actualidad en la tramitación de esta norma en el Congreso. En concreto, les llaman a incluir dos nuevos artículos.

El primero de ellos, explica el CERMI, debería incluirse dentro del capítulo de detección de las violencias sexuales, para tener en cuenta los de casos de aborto coercitivo y esterilización forzosos. El segundo, por su parte, plantearía el Derecho a ajustes de procedimiento y apoyo en la toma de decisiones en el acceso a la justicia.

De la misma manera, la entidad propone algunas disposiciones adicionales que tienen que ver con apoyos para la toma de decisiones y con la valoración del grado de discapacidad y agresiones sexuales.

Además, insta a aplicar el artículo 39 del Convenio de Estambul en esta ley que toma en consideración, junto con la libertad sexual, la indemnidad sexual.

En relación al derecho a la asistencia integral especializada y accesible, el CERMI aboga por que los servicios de atención a la salud mental que se presten a las mujeres víctimas de violencias sexuales sean diseñados con perspectiva de género y derechos humanos para que garanticen el consentimiento libre e informado de la mujer para cualquier tratamiento médico.

Y, finalmente, la organización recuerda a los grupos parlamentarios que las leyes deben tomar como referencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para cumplir con lo establecido en la misma y diseñar leyes garantes que no dejen atrás a las personas con discapacidad y en este caso, a las mujeres con discapacidad.

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha reivindicado el papel de la enfermera escolar en los centros educativos para proteger y atender las necesidades de los menores con enfermedades crónicas y sus familias y ha pedido a Sanidad y a las comunidades la implantación de esta figura en todos los colegios públicos de España, de educación infantil, primaria y secundaria.

Así lo ha manifestado la presidenta de la POP, Carina Escobar, coincidiendo con la próxima ‘vuelta al cole’, ya que hay familias que no pueden matricular a sus hijos con enfermedades crónicas en los centros que les gustarían o en aquellos que estén más cercas de sus casas porque no disponen de una enfermera escolar que pueda garantizar la salud y el bienestar del menor en todo momento.

Escobar ha explicado que esta figura desempeñaría labores de prevención y promoción de salud en el ámbito escolar, así como de tratamiento o cuidado de un problema de salud, entre otras funciones.En este sentido, ha explicado que contar con un servicio de enfermería escolar permite, por ejemplo, acompañar al menor en momentos agudos de la enfermedad, así como administrar el medicamento que tenga pautado, si lo requieren, a través de profesionales capacitados, de manera que no tengan que ser los padres quienes acuden al centro escolar, y más en una situación de pandemia como en la que se encuentra España.

Para Escobar los servicios de enfermería en los centros educativos son una necesidad para que el alumnado con enfermedad crónica pueda acceder a una educación plena y en igualdad de condiciones y una oportunidad para la comunidad educativa de introducir la cronicidad como parte de la gestión de la diversidad en los colegios.

Así las cosas, en el estudio ‘Situación actual de la coordinación entre sistemas públicos para la detección y atención a la infancia escolarizada con enfermedad crónica y discapacidad asociada’, elaborado por la POP, ya se ponía de manifiesto las necesidades de las familias en relación a la inclusión de los menores con una patología en el entorno escolar. También se recalcaba la importancia de adecuar el centro escolar a las necesidades de los pequeños para evitar el actual déficit de recursos y de equipos especializados en patologías crónicas, algo que favorece la estigmatización social, reforzada por el carácter invisible de determinados síntomas de algunas condiciones crónicas.

Así, desde la POP piden compromiso y responsabilidad a las administraciones públicas con estos menores para que la enfermedad no interfiera en ningún caso en el proceso de aprendizaje ni en el derecho de los menores a acceder a la educación.

Las ciudades podrían afrontar los riesgos derivados del cambio climático mediante 15 acciones de alto potencial, como la construcción de barreras para proteger las zonas costeras, la plantación de árboles y la aplicación de pintura blanca en tejados, paredes y pavimentos, según un informe elaborado por McKinsey Sustainability junto a C40.

«Dadas las actuales emisiones de gases de efecto invernadero, una parte del cambio climático ya está fijada, lo que hace que estos riesgos sean inevitables. Para proteger las vidas y los medios de subsistencia de los residentes urbanos, es imperativo adaptarse, y comenzar ahora», ha advertido el socio que lidera la práctica de sostenibilidad en McKinsey España, Joseba Eceiza, según un comunicado de la consultora.

En este contexto, McKinsey Sustainability, la plataforma de McKinsey & Company dedicada a ayudar a las empresas a mejorar su impacto ambiental, conjuntamente con C40 Cities Climate Leadership, una red de grandes ciudades comprometidas con la lucha frente al cambio climático, entre las que se encuentran algunas españolas, han elaborado el informe ‘Adaptación focalizada: un enfoque estratégico para la adaptación al clima en las ciudades’ (Focused Adaptation: a Strategic Approach to Climate Adaptation in Cities ), con el objetivo de ayudar a los líderes de las ciudades a desarrollar sus programas de adaptación frente al riesgo climático.

El análisis identifica un conjunto de 15 acciones de alto potencial aplicables a diferentes tipos de ciudades, considerando su potencial de reducción de riesgos, su coste, su viabilidad y la complejidad de implementación. En concreto, cuatro fomentan la resiliencia sistémica, lo que significa que fortalecen ciudades de todos los perfiles; y las otras 11 son específicas, es decir, se dirigen a riesgos climáticos físicos concretos.

El cambio climático aumentará la gravedad y la frecuencia del calor extremo, las inundaciones, sequías e incendios forestales, peligros específicos que se abordan en el informe, ya que suponen un riesgo inminente para las ciudades, que albergan a más de la mitad de los habitantes del mundo, con la previsión de que el porcentaje crezca hasta el 68% en 2050. Así, 1.600 millones de personas podrían ser vulnerables al calor extremo crónico (frente a los 200 millones actuales), y 650 millones podrían sufrir escasez de agua.

Además, las zonas urbanas suelen estar situadas en lugares de especial riesgo climático, como son las costas, las llanuras de inundación y las islas. De hecho, más del 90% de todas las zonas urbanas son costeras, por lo que para 2050 más de 800 millones de residentes urbanos podrían verse afectados por la subida del nivel del mar y las inundaciones costeras.

Por otro lado, las infraestructuras urbanas modernas y sus sistemas de funcionamiento están estrechamente conectados. «Un fallo en una parte de la red puede afectar a otra, multiplicando los daños. Las carreteras inundadas, por ejemplo, pueden dañar los enlaces con el transporte público. Las tormentas y el calor extremo pueden provocar cortes de energía que dejen fuera de juego a los sistemas tecnológicos fundamentales para los hogares, los hospitales y las industrias», ha apuntado Eceiza.

ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y DE COMPORTAMIENTO

Las acciones que propone el informe para afrontar estas situaciones van desde actuaciones en materia de infraestructuras hasta actuaciones en materia de comportamiento. «Algunas de las acciones, como la construcción de barreras para proteger las zonas costeras y la adaptación de las infraestructuras, son complejas y costosas, pero otras, como la plantación de árboles junto a las calles y la puesta en marcha de programas de cambio de comportamiento para conservar el agua, no lo son», ha destacado el responsable que lidera la práctica de sostenibilidad en McKinsey España.

Otra medida poco costosa para combatir el calor puede ser el tratamiento de superficies frías, como la aplicación de pintura blanca en tejados, paredes y pavimentos, para ayudar a reducir las islas de calor urbanas, al adaptar las superficies para que reflejen la luz solar y absorban menos calor. A este respecto, el informe hace referencia al éxito de la instalación en la pescadería de Mercamadrid, el mercado central de Madrid, de un techo impermeable y reflectante con una capa de pintura blanca, ya que gracias a esta medida la temperatura en el interior del edificio bajó 7 grados Celsius.

Dado que las distintas ciudades se enfrentan a diferentes riesgos climáticos y tienen distintos niveles de vulnerabilidad, el informe sugiere empezar por definir los peligros más relevantes y por entender los riesgos que esos peligros suponen para sus comunidades. Asimismo, recomienda a las urbes concentrarse en acciones que aprovechen sus puntos fuertes –en recursos, características físicas y activos, y control jurisdiccional– y ofrezcan un alto rendimiento en la reducción de riesgos.

Según constata, las ciudades tendrán que ser innovadoras a la hora de aprovechar sus propios recursos y experiencias, por ejemplo, mediante asociaciones público-privadas, bonos verdes, seguros y otras estrategias. En este punto, señala el caso del distrito de Zorrotzaurre en Bilbao, donde se ha establecido una asociación público-privada, basada en la participación en la propiedad del suelo, para financiar medidas de resiliencia en la zona, como la ampliación del canal, la elevación del terreno y la construcción de espacios verdes abiertos.

El estudio también revela que las soluciones basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles, la gestión de las cuencas fluviales, y las soluciones de drenaje urbano sostenibles, se encuentran entre las acciones más atractivas por su impacto en la reducción de riesgos y su viabilidad. En esta línea, el ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha el Plan Director de Árboles desde el 2017 para minimizar el efecto de la isla de calor urbana mediante el aumento de cobertura de árboles del 5% al 30% para 2037, destaca.

AUMENTO DE LA CONCIENCIACIÓN

Por otro lado, pone de manifiesto la importancia de invertir en acciones que aumenten la resiliencia de forma sistémica, además de adaptarse a peligros específicos e inmediatos. La resiliencia sistémica incluye el aumento de la concienciación sobre los riesgos climáticos físicos, la incorporación de la concienciación sobre los riesgos y la preparación en los procesos de la ciudad, la optimización de las respuestas de emergencia y la mejora de los programas financieros y de seguros.

Finalmente, el estudio concluye que la adaptación al riesgo climático tiene un importante elemento de equidad. Las poblaciones vulnerables, como los niños, los ancianos, las comunidades de bajos ingresos, algunos grupos minoritarios, las personas con discapacidades y las mujeres, pueden correr un mayor riesgo de sufrir daños relacionados con el clima.

El riesgo climático afecta directamente a la salud, habitabilidad y capacidad de trabajo de las personas; a los bienes, como las empresas, viviendas y hospitales; y a los servicios, como el suministro de energía y alimentos, recalca el informe.

Los concejales Marisa Bermejo y Javier Garijo se desvinculandel partido Ciudadanos en Logroño, ya que entienden que la formación ‘naranja’ «ha dejado de ser un partido comprometido con los intereses reales de la ciudad de Logroño». «Priman las estrategias políticas que marcan la política nacional por encima de los verdaderos intereses de la ciudad» ha añadido.

A través de un comunicado, ambos ediles, que pasarán a ser concejales «no adscritos» en el Ayuntamiento, han señalado que «desde la concurrencia a las elecciones municipales para la ciudad de Logroño, Ciudadanos representaba una ideología de centro, capaz de aunar la regeneración, entusiasmo, moderación y renovación desde un centro integrador para la ciudad de Logroño», que fueron los motivos, que han señalado «les hizo presentarse por esa lista».

Ambos indican que «han entregado su tiempo y capacidad para representarlo. En ambos casos, combinando la dedicación profesional con la de cargo institucional siempre con el objetivo de mejorar la ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos».

Ahora, esgrimen para abandonar la opción política es que Cs La Rioja «ha dejado de ser un partido comprometido con los intereses reales de la ciudad de Logroño». «El origen del partido es un partido de centro con la capacidad de negociar y moverse por los intereses reales de la ciudadanía para conseguir sacar adelante proyectos políticos globales o particulares», ha añadido.

«Ambos concejales queremos trabajar por la ciudad, Logroño y los logroñeses, así como, por La Rioja, aspecto que hemos visto dificultado por la propia organización del partido», han destacado.

Además, han señalado que «somos concejales comprometidos y profesionales». Creemos firmemente en el potencial de Logroño(comercio, crear empleo, cultura, hostelería, turismo) y pondremos todo de nuestra parte para defender sus intereses desde el sentido común, la coherencia política y luchando por los intereses reales denuestra ciudad, no los impuestos desde una formación política desde una perspectiva nacional.

Han recordado, el comunicado que su único objetivo «es sacar proyectos y propuestas adelante para mejorar la ciudad y la vida denuestros vecinos. Aspectos que se veían dificultados dentro del grupo municipal. Tenemos la seguridad que desde esta posición vamos a poder pelear por aquellos valores y proyectos que nos trajeron hastaaquí y que ahora Ciudadanos por su hacer y decir no los representa».

«Sentimos abandonar un proyecto con el que nos hemos mostrado identificados, ilusionados e implicados, pero el deber moral con la ciudad nos lleva a tomar esta decisión. Tras dos años de inoperancia en la oposición, sentimos desaliento y frustración en el tiempo y forma invertido», han reseñado.

PERIODO DE REFLEXIÓN

Bermejo y Garijo han indicado que «tras un periodo de reflexión intenso por ambas partes, queremos un ayuntamiento centrado en laspersonas, con valores de verdad, no escritos sino demostrados cada día, desde la igualdad. Centrados en las personas y en construir un futuro mejor con lo esencial y prioritario para la ciudad».

Dejar claro que esta comunicación consiste en dar a conocer la pérdida de confianza en un proyecto ideológico, orgánico y ejecutivo. Se ha tomado la decisión de permanecer como concejales con el ánimode trabajar y dar continuidad a una coherencia ideológica con los votantes del partido que les ilusionó hace dos años por su proyecto para la ciudad».

Desde esta posición «no adscritos», va a «cambiar sustancialmentela capacidad para sacar proyectos adelante». Existe de fondo «una obligación moral de representar a esos votantes defraudados con el devenir del partido a nivel nacional y en La Rioja».

El director general del de Ordenación del Juego, Mikel Arana, ha comparado el decreto que regula la publicidad de los juegos de azar y apuestas que entra hoy en vigor en su totalidad con el aprobado en su día que prohibía la publicidad del tabaco.

«El tipo de normativa es la misma, por tanto, su objetivo no es perjudicar a nadie, sino defender la salud pública», ha indicado Arana en una entrevista en RNE.

El director general ha recordado que, al igual que ha pasado con el sector del juego, con el tabaco hubo resistencia a la regulación de la publicidad. «Los estamentos que hacían publicidad decían que iba a ser imposible continuar, y a la vista de lo que ha sucedido no ha sido así», ha explicado. En el caso del juego, ha admitido que regularlo tampoco ha sido «fácil» y el Tribunal Supremo ha recibido tres recursos contra el decreto.

Ha reconocido, no obstante, diferencias respecto a la regulación del tabaco. «De la misma manera que la publicidad del tabaco está prohibida en cualquier ámbito, en el del juego existen restricciones pero se permite; el juego no es una actividad inocua pero no puede compararse cien por cien al tabaco», ha comentado.

Ha mencionado, asimismo, que el objetivo del decreto es doble para que, por un lado, quienes han desarrollado ya una patología «no tengan tentaciones permanentes, recordándoles que pueden seguir apostado, y, por otro, que aquellas personas que «están entrando al mundo de las apuestas no desarrollen finalmente una patología al no estar bombardeados permanentemente».

Respecto a las críticas de alguna asociaciones de que no está previsto mecanismos de prevención, Arana ha explicado que el Ministerio de Consumo trabaja ahora en el decreto del juego seguro que «cierra el desarrollo de la ley y que pretende que, quien quiera ir a jugar, lo pueda hacer en un entorno seguro que dificulte los problemas de ludopatías».

Respecto a la proliferación de las casas de apuestas físicas, ha recordado que son competencia de las comunidades autónomas que ya trabajan precisamente para reducir el número de establecimientos. «Las comunidades se han dado cuenta que la proliferación ha sido excesiva y están abordando diferentes medidas para evitarlo».

Finalmente, se ha referido a la publicidad del juego durante la celebración de la Eurocopa y ha admitido el «exceso» registrado, debido a la moratoria en la entrada en vigor de parte del decreto que restringe este tipo de anuncios.

«Con o sin decreto, hubiese entrado el mismo volumen de publicidad salvo que no hubiese un periodo de transición como el que se previó», ha explicado Arana, que ha recordado que se «estaba yendo en una dinámica absolutamente imparable a la que había que ponerle freno».

Cientos de mujeres de más de una veintena de países, en su mayoría líderes políticas y sociales, han mostrado su apoyo a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, cuya situación han denunciado y han pedido su puesta en libertad de forma inmediata.

Entre las más de 260 mujeres que han respaldado a Áñez se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las diputadas españolas Cayetana Álvarez de Toledo, Belén Hoyo (ambas del PP) y Macarena Olona (Vox); la diputada en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio (Vox), y la portavoz de Asuntos Exteriores del PP, Valentina Martínez, entre otras.

A ellas se suman la opositora venezolana María Corina Machado (de Vente Venezuela) y la abogada defensora de los Derechos Humanos Tamara Suju. Todas ellas han lamentado las condiciones en las que se encuentra Áñez, encarcelada desde el pasado mes de marzo por sedición y terrorismo, cargos imputados en su contra a raíz de la salida del poder del expresidente Evo Morales tras las elecciones de 2019.

El manifiesto defiende que Áñez, que se proclamó presidenta interina del país para llenar el vacío de poder después de que Morales dimitiera el 10 de noviembre en el marco de las fuertes protestas que se registraban en el país, «condujo el proceso de sucesión del poder como establece la Constitución de Bolivia».

«Esa sucesión constitucional y legítima en la Presidencia de Bolivia tuvo el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), así como de varios países que, adicionalmente, rechazaron el fraude electoral que trajo como consecuencia la renuncia del señor Evo Morales».

Así, han recalcado la inocencia de Áñez y han reivindicado su derecho a «defenderse en libertad y dejar de permanecer detenida preventivamente». En este sentido, han recordado que ha sufrido un deterioro de su estado de salud y han solicitado que sea trasladada a un centro para ser atendida.

Además, han expresado su apoyo a aquellos que «luchan por defender la democracia y la libertad, sobre todo en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde también regímenes autoritarios y criminales están sometiendo a los ciudadanos a la represión, a la violencia y a la persecución judicial».

Tres personas de origen extranjero han sido detenidas en Santa Cruz de La Palma al recibir a pedradas y amenazar a los agentes de la Policía Nacional cuando intentaban identificarles y dispersarles al estar concentrados, junto a otras tres personas, sin respetar las medidas higiénico-sanitarias.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para la identificación de las cuatro restantes que se dieron a la fuga y en la intervención, dos de los agentes sufrieron lesiones de las que necesitaron asistencia médica.

En total, la semana pasada la Policía Nacional abrió 131 propuestas de sanción en los dispositivos de control para cumplir con las medidas de prevención de la Covid-19.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, los agentes propusieron para sanción a 34 personas por diferentes incumplimientos a la normativa sobre la covid-19, especialmente por practicar ‘botellón’ en plena calle.

Además, en La Laguna se tramitaron 80 actas, en el Puerto de la Cruz se realizaron 4 y en el sur de Tenerife, concretamente en Adeje y Arona, 10 actas por infracción administrativa.

En todas las localidades la Policía Nacional realizó presencia policial activa, si bien, salvo incidentes aislados, fue significativo el respeto a las medidas sanitarias tras el cierre de los establecimientos de ocio.

En general, más del 80 por ciento de las propuestas lo han sido por no hacer uso de la mascarilla cuando era obligatorio.

Las actuaciones han sido realizadas por policías nacionales de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con agentes del Cuerpo de la Policía Local de las diferentes localidades afectadas.

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha avisado este martes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de que el diálogo «nacerá cojo» si no se reúne con los partidos catalanes de la oposición para llegar a puntos de consenso antes de sentarse en la mesa con el Gobierno, prevista para la tercera semana de septiembre.

En una entrevista de Ser Catalunya, el exministro ha afeado a Aragonès que «se niegue a sentarse con los que piensan diferente» a pesar de que hace bandera del diálogo, en sus palabras.

En ese sentido, ha afirmado que el expresidente de la Generalitat Quim Torra sí celebró encuentros previos antes de acudir a la reunión de la mesa del diálogo con el Gobierno en 2020 –en la que Illa participó entonces porque era ministro de Sanidad, ha recordado–.

El jefe de la oposición en Cataluña ha asegurado estar decepcionado ante la actitud del líder del Ejecutivo catalán: «No entiendo que una persona que con sinceridad defienda el diálogo, cuando hay un ofrecimiento diga: ‘No, de estos no quiero saber nada'».

«También le digo algo: habrá diálogo en Cataluña. No encontraremos solución en Cataluña si no nos sentamos y dialogamos. Lo que está en discusión es si lo liderará él o encontraremos otra forma de articularlo», ha añadido.

SÁNCHEZ, PRESUPUESTOS Y REFERÉNDUM

Sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe estar en la mesa de diálogo, ha dicho que eso le corresponde determinarlo al líder del Ejecutivo, y se ha mostrado sorprendido de que Aragonès exigiera que estuviese cuando «no cumple con sus deberes como presidente de la Generalitat» como ir a la Conferencia de Presidentes, a su juicio.

También ha reaccionado a declaraciones de Aragonès en las que vaticinó un referéndum sobre la independencia antes de 2030: «Prefiero no hacer comentarios al respecto, en el sentido siguiente: ya hemos escuchado de todo».

Por último, ha insistido en que Cataluña necesita unos Presupuestos para 2022, que, a su juicio, ya deberían haberse aprobado en 2021 para ayudar a la recuperación económica, y también ha defendido el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que cree que puede hacerse «con pleno respeto al medio ambiente» y a la normativa europea.

El Papa ha revelado que decidió renunciar a vivir en los aposentos papales del Vaticano, como habían hecho sus antecesores hasta que fue elegido en marzo de 2013, para no acabar «en un psiquiátrico».

«¿Usted conoce lo que es aquello? Acabaría yo en un psiquiátrico si me metiera allí», ha asegurado Francisco, que vive en una sencilla habitación de la Residencia de la Casa Santa Marta, un pequeño hotel para cardenales y sacerdotes dentro del Vaticano.

Francisco ha hecho estas declaraciones durante una entrevista con la cadena COPE cuyo contenido íntegro será emitido por completo este miércoles 1 de septiembre y de la que se han dado a conocer algunos fragmentos.

En la entrevista, el Papa también ha asegurado que la Secretaría de Estado del Vaticano está haciendo uso de la diplomacia para que la población de Afganistán no sufra represalias por parte del nuevo gobierno talibán.

«Sí. Estoy seguro de que la Secretaría de Estado lo está haciendo», ha asegurado el pontífice ante la pregunta de si el Vaticano podía utilizar los recursos diplomáticos para frenar cualquier tipo de represión contra la sociedad afgana.

Además, en otro de los fragmentos revelados antes de la emisión, el Papa ha afirmado que en la decisión de retirar las tropas extranjeras de Afganistán, que se ha completado este martes 31 de agosto, «no se tuvieron en cuenta» todas las consecuencias que podrían acarrearse.

«No, el modo cómo se negocia una renuncia, una salida.. Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece –no quiero juzgar–, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades», ha señalado el Papa ante la pregunta de porqué se ha abandonado a su suerte a la población de Afganistán.

El secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, ha asegurado que se requieren medidas valientes para combatir la subida del precio de la luz y ha opinado que el PSOE muestra falta de ambición al respecto. Por tanto, ha animado a la ciudadanía a movilizarse para exigir que el Ejecutivo sea «audaz» y adopte iniciativas frente al oligopolio eléctrico.

También ha subrayado que, ante el «ciclo inflacionario» actual, se dan «todas las condiciones» para poder anunciar en próximas semanas una subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

En declaraciones a RNE, Guijarro ha destacado que la «urgencia» de la situación en lo referente al precio de la luz, que se «agrava», lleva a que el Ejecutivo esté «cada vez más impelido a tomar medidas».

De esta forma, el parlamentario de Unidas Podemos ha dejado claro que el Gobierno de coalición «no es el culpable» de la subida de la electricidad pero «sí es responsable de cambiarla y ofrecer una alternativa».

LA VÍA FISCAL NO ES UNA SOLUCIÓN A LARGO PLAZO

En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo ya ha optado por la vía fiscal, con la reducción del IVA a la energía, y que puede ser una solución a corto plazo, pero no a medio y largo en las que se requieren otras actuaciones, como la creación de una empresa pública de energía o buscar otros modelos del mercado eléctrico.

Precisamente este martes y en redes sociales, el portavoz parlamentario de su grupo, Pablo Echenique, ha vuelto a insistir en que establecer un precio fijo al MWh nuclear y uno máximo al hidroeléctrico es factible, dado que lo primero ya ocurre en Francia.

Sobre la posición de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ayer descartó una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista, Guijarro ha dicho que puede entender que la ministra «ponga sus peros», si bien la obligación de los grupos parlamentarios es poner propuestas encima de la mesa y discutirlas, máxime cuando la situación «complicada» del precio de la luz no se soluciona con un «chasquido de dedos».

LA EMPATÍA SOCIAL DE LAS ELÉCTRICAS NO COTIZA EN BOLSA

Además, ha rebatido que se apele a la responsabilidad social de las compañías energéticas, dado que la subida de la electricidad que se vive actualmente radica precisamente en que esa «empatía» a la que se refirió Ribera en su comparecencia en el Congreso «no cotiza en bolsa».

Cuestionado sobre si ve falta de ambición en el PSOE a la hora de desplegar medidas, Guijarro ha respondido «abiertamente» que sí y que se requiere movilización para presionar al Gobierno para que sea «audaz» y «valiente».

En cuanto a si se deben aplicar iniciativas en función de la renta de los ciudadanos, como extender el bono social eléctrico a otras capas de la población, el diputado de la formación morada cree que ahora mismo no hay que descartar ninguna alternativa ante una factura de la luz «disparada», que además siempre tiene un «sesgo desigual».

Por último, ha destacado que ya no hay razones para negarse a subir el SMI y que se dan todas las condiciones para anunciar ese incremento, con el objetivo de llegar al 60% del salario medio en el país a final de legislatura.