Los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Vox han rechazado en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso una proposición no de Ley de Unidas Podemos que proponía imponer una tasa ambiental al agronegocio y a las grandes explotaciones ganaderas para financiar la protección y recuperación del Mar Menor.

La iniciativa, rechazada por seis votos a favor frente a 19 en contra y a 10 abstenciones, planteaba una batería de medidas para aumentar el nivel de protección de la zona y contribuir a declararlo Parque Regional.

En su defensa, el diputado murciano de Unidas Podemos ha asegurado que la propuesta permitiría dotar a la laguna de la mayor protección. Asimismo, ha criticado al PSOE por alinearse con PP y Vox en esta iniciativa parlamentaria al rechazar la propuesta de convertir el Mar Menor en un Parque Regional.

Este Proposición No de Ley incluía una batería de medidas a corto, medio y largo plazo para recuperar este ecosistema y de haber sido aprobada, "hubiese supuesto dar los primeros pasos para la declaración del Parque Regional".

Para Sánchez Serna "resulta incomprensible que el PSOE vote junto a VOX rechazando la creación de un parque natural en el Mar Menor".

Sin embargo, en su intervención, el diputado popular Juan Luis Pedreño ha advertido de la situación "crítica" del Menor y que no se puede esperar más a que "un Gobierno de España que tiene las competencias y bloquea las actuaciones recogidas en el Plan Vertido Cero para la recuperación del ecosistema".

Pedreño ha reclamado a Unidas Podemos que "exija a su Gobierno que actúen de forma urgente implementado el Plan de Vertido Cero".

En ese sentido, el diputado ha manifestado que, sin embargo, la única intención de Podemos es la de "desviar la atención de los ciudadanos porque se han negado a incluir los 16 puntos incorporados por el PP para actuar de forma urgente en el ecosistema".

Por el contrario, la Comisión ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para pedir al Gobierno que revise y actualice los planes de gestión de riesgo de inundación, con la abstención de PP y Vox, que han señalado que es el Gobierno socialista el que tiene la obligación de aprobar los citados planes de inundación.

Tampoco ha salido adelante una iniciativa de Vox para establecer una mejor retribución de las centrales nucleares ni otra para declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios que sufrieron el incendio forestal que se originó en Sierra Bermeja (Málaga).

Finalmente, se ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para solicitar al Gobierno que apruebe la Estrategia Nacional de Defensa contra Incendios Forestales, que incorpora una enmienda transaccional con el PP.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que comportamientos como el tuit publicado por el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal contra la vicealcaldesa, Begoña Villacís, no tienen cabida en el Pleno para, a renglón seguido, criticar las "lágrimas de cocodrilo de la izquierda".

"Son lágrimas de cocodrilo porque se solidarizan con la vicealcaldesa pero no apoyaron la condena al escrache que sufrió en 2019", ha arremetido contra la izquierda en el Pleno de Cibeles, donde ha calificado de "gallardía" la decisión del concejal de Vox de rectificar y eliminar el tuit.

El edil de Vox en el Ayuntamiento Fernando Martínez Vidal ha eliminado la foto de la vicealcaldesa con su bebé y le ha pedido disculpas en el Pleno.

"Si hay que pedir disculpas, no tengo problema", ha contestado el concejal de Vox, después de afirmar que en la imagen no se veía el rostro de la niña. "¿Se ha ofendido? Le he pedido disculpas y la he retirado. Le pido disculpas en público", ha manifestado en el Pleno de Cibeles.

Villacís ha definido como "lo más bajo" que ha visto la foto con su bebé al salir del hospital cuando dio a luz, tuiteada por el concejal de Vox tras el apoyo de Cs a la moción presentada sobre el aborto.

El Pleno de Cibeles ha aprobado este 28 de septiembre, día por un Aborto Legal y Seguro, aprobar la retirada de subvenciones públicas a entidades que acosen a mujeres en los entornos de las clínicas de interrupción del embarazo (IVE).

La proposición, presentada por Más Madrid, ha sido apoyada por PSOE, Grupo Mixto y Cs, después de que los 'naranja' consiguieran introducir una enmienda a favor de la libertad de conciencia de los médicos. PP y Vox han votado en contra.

Martínez Vidal ha empleado Twitter para atacar a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a la que ha acusado de ser la "asaltacapillas que ha conseguido que el Pleno municipal reconozca 'el derecho de toda mujer a ejercer su derecho al aborto en libertad' gracias al apoyo entusiasta de Begoña Villacís y un Ciudadanos sin norte".

En su turno de palabra, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha pedido la retirada del tuit. La misma posición ha tenido el socialista Ignacio Benito, que ha mostrado su apoyo a Villacís ante ese "tuit repugnante", fruto de "conductas que deberían estar erradicadas de la actividad política". La edil de Más Madrid Esther Gómez ha reprochado la "misoginia de Vox" y ha transmitido la solidaridad del grupo con Villacís. También ha sido condenado por el Grupo Mixto.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este martes su apuesta por una solución dialogada para el "conflicto catalán" y ha pedido al independentismo "aparcar tacticismos políticos y subirse al tren" del diálogo con el Gobierno.

"El tren de la negociación con el Estado está a punto de arrancar de verdad. Hace pocos días que retomamos el proceso y ahora toca profundizar en él. Trabajamos la metodología y ara toca comenzar ya la negociación", ha dicho en su discurso en el Debate de Política General en el Parlament.

Para Aragonès, este "es el momento de aparcar los tacticismos políticos y subir al tren, de acumular fuerzas y de reforzar desde dentro y desde fuera, la mesa de negociación, los posicionamientos de la delegación del Govern, de la delegación de Cataluña".

Ha calificado la mesa de diálogo de oportunidad histórica, ya que para el presidente "solo hay una estrategia ganadora para conseguir (la independencia), que es sentar al Estado español y explorar la vía de la negociación", aunque ha advertido de que paralelamente deben seguir trabajando para ampliar la base social que respalde la independencia de Cataluña.

El presidente considera que la única manera de alcanzar la independencia de Cataluña es el reconocimiento internacional, por lo que ve necesario el diálogo con el Gobierno central, y ha asegurado que no son ingenuos y saben de la dificultad de llegar a un acuerdo satisfactorio con el Ejecutivo, así que ha pedido altura de miras a los dirigentes independentistas que ponen en duda esta estrategia.

NO HAY "SOLUCIONES MÁGICAS"

"Pido levantar la mirada y entender que la situación es compleja, muy compleja, y la estrategia a seguir también. No hay atajos ni soluciones mágicas", ha alertado el presidente dos semanas después de que Junts decidiera designar a miembros externos del Govern para representar a su formación en la mesa de diálogo, lo que provocó que el propio Aragonès les apartara de esta mesa.

Pese a la ausencia de los de Puigdemont en ese espacio, el presidente ha subrayado que "la delegación catalana representada por el Govern en la mesa representa a toda la sociedad y lleva los grandes consensos de país", y ha recordado que el acuerdo con el Gobierno es que el resultado de la negociación sea sometido a referéndum.

PIDE A JUNTS NO "DEBILITAR A CATALUÑA"

El presidente también ha lanzando un mensaje a los que piden renunciar al diálogo cuando los poderes judiciales actúan contra los impulsores del 1-O, ya que cree que el hecho de que el Estado no sea "capaz de controlar a sus aparatos y continúe la persecución contra el movimiento independentista", da más razones al independentismo ante la comunidad internacional tanto en términos judiciales como en reputacionales para el Estado, según su criterio.

Tras reiterar la dificultad que entraña esta negociación, insiste en avisar a sus socios de que todo lo que se haga desde la delegación catalana "debería estar pensado para fortalecer su posición, porque lo contrario es debilitar a Cataluña en una de las situaciones más complejas que tiene que afrontar".

"Nadie debería contribuir a debilitar a Cataluña con sus acciones, consciente o inconscientemente", ha clamado, y ha pedido no menospreciar lo conseguido en un espacio en el que el Gobierno se aviene a abordar el conflicto y reconoce a Cataluña como sujeto político, según él.

Aragonès ha vaticinado que el proceso de negociación recibirá ataques por todos lados para que descarrile, y ha señalado a "la extrema derecha española, al 'deep state' español, a sectores del PSOE y, lamentablemente, a algunos sectores políticos en Cataluña".

En este punto, el presidente ha recuperado una idea que ha repetido durante todo su discurso --que el partido que ahora lleva las riendas del Govern es ERC y no Junts, pero que el objetivo del Ejecutivo catalán sigue siendo la independencia--: "El peso de los partidos ha cambiado, el país ha virado, es cierto, pero el objetivo se mantiene".

Así, ha llamado a recuperar la unidad tanto de partidos como de instituciones y sociedad civil a través del Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación, para el que pide establecer ya sus bases para que pueda comenzar a trabajar.

MESAJE AL GOBIERNO

El presidente también ha tenido unas palabras para quien se sienta al otro lado de la mesa, a los que pide "espíritu constructivo, voluntad de diálogo, escucha y no poner trabas al proceso negociador".

Entre las trabas a las que hacía referencia, Aragonès ha señalado la detención el jueves del expresidente del Govern Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia), las acciones del Tribunal de Cuentas contra los impulsores del 1-O o la investigación de la Fiscalía a la activista independentista Tamara Carrasco, que "no ayudan nada al proceso de resolución del conflicto político entre las partes".

"El primer paso era y es que se acabe la represión", ha zanjado el presidente en su primer discurso de un Debate de Política General en el Parlament desde que fue elegido para dirigir la Generalitat.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proclamado este martes una nueva etapa para Cataluña y ha sostenido que la negociación con el Gobierno es una "oportunidad histórica que hay que aprovechar".

Lo ha dicho en su discurso en el Debate de Política General en el Parlament, al que Aragonès ha llegado acompañado de todos los consellers del Govern y después de haberse reunido junto al vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, con los diputados de ERC y Junts.

"Hoy puedo afirmar que la transformación del país que prometimos en el debate e investidura y en la constitución del nuevo Govern ya está en marcha. El cambio en Cataluña ha comenzado. Hoy estamos ya en una nueva etapa de nuestra historia", ha expresado el presidente.

Según Aragonès, se presentó a la investidura con el compromiso de trabajar para culminar la independencia y para iniciar una nueva etapa de transformación y cambio en Cataluña, y ha defendido que la Generalitat ha empezado a poner las bases para ello.

Así, ha reivindicado haber puesto en marcha un proceso de negociación con el Estado sobre el conflicto catalán, que ve como una "oportunidad histórica que hay que saber aprovechar", y también ha defendido haber puesto las bases para impulsar una salida de la crisis que no deje a nadie atrás y para la transformación del sistema económico.

"Queremos ser la República de bienestar y de progreso de referencia del sur de Europa, y sabemos que dentro del Estado no lo podremos conseguir. Precisamente, por este motivo somos independentistas", ha argumentado Aragonès, tras defender que la independencia es la única manera de construir una Cataluña mejor, más justa, libre y próspera.

DETENCIÓN DE PUIGDEMONT

Por ello, considera que los catalanes no tienen futuro ni libertad dentro del Estado, y que ello se constata "cada día, también la semana pasada, con la detención del presidente Carles Puigdemont".

Pese a ser consciente de las limitaciones administrativas y financieros de Cataluña, ha asegurado que el independentismo es un revulsivo que deben aprovechar, porque "el Estado es un freno pero no puede ser una excusa".

"NO HAY LAS CARAS DE SIEMPRE"

Aragonès ha insistido en que su Govern representa una nueva generación y destaca que "por primera vez en muchos años no hay las caras de siempre al frente de la Generalitat", por lo que cree que esto se notará y que se llevarán a cabo cambios profundos.

En ese sentido, ha apelado a cambiar las que, a su juicio, han sido viejas inercias: "Tenemos que hacerlo diferente. He pedido a mi Govern y a mi equipo más cercano que borren eso de 'siempre se ha hecho así' y que borren el 'no' como respuesta por defecto. Que borren las excusas y se focalicen esfuerzos en las oportunidades".

Asimismo, ha exigido a los grupos parlamentarios abandonar "los gestos estériles, la crispación, la polémica interesada, el tacticismo y el conservadurismo escondido tras el 'pasar página", y ha urgido a trabajar conjuntamente desde los consensos.

ACCIÓN DE GOVERN

De entre las medidas llevadas a cabo por el Govern en estos primeros 100 días, ha destacado el desarrollo del Plan de choque de políticas activas de ocupación con más de 900 millones de euros, así como el incremento del presupuesto destinado a la Renta Garantizada de Ciudadanía con un total de 430 millones, 140 más que en el año anterior.

También ha puesto en valor la creación de la Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal; el plan para feminizar el cuerpo de Mossos d'Esquadra y Bombers dela Generalitat; el programa 'Reallotgem' para parar desahucios inminentes, y las líneas de ayudas a empresarios y autónomos durante los cierres por la pandemia y los ERTEs.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este martes que el referèndum de autodeterminación es "absolutamente inevitable" y que hará todo lo posible para conseguir que se celebre.

"Soy y seré el presidente de todos y todas las catalanas. Y por eso lo haré todo para que el pueblo catalán pueda decidir libremente su futuro en las urnas. La democracia, el referéndum, es la propuesta más inclusiva que hay, porque permite a todas las opciones expresar su voz y tener la oportunidad de ganar", ha asegurado al finalizar su discurso en el Debate de Política General en el Parlament, que ha durado casi dos horas.

Aragonès ha insistido en que, para él, el referéndum es la mejor herramienta para solucionar el conflicto catalán porque interpela a toda la población: "Todas las opciones tenemos que poder ganar y todas tenemos que aceptar el resultado. Esto es lo que haremos posible".

"Y cuando llegue este momento, que llegará porque es absolutamente inevitable, cuando podamos decidir el futuro del país en las urnas, pondré todas mis fuerzas a trabajar para que gane el 'sí', para que gane la opción de la independencia", ha zanjado.

"LO DARÁ TODO" POR LA INDEPENDENCIA

También ha defendido que quiere ser el presidente de todos los catalanes y que lo "dará todo para hacer posible la culminación de la independencia de Cataluña", ha asegurado para finalizar su intervención.

Tras reiterar que el referéndum es la propuesta más inclusiva porque incluye tanto a los catalanes independentistas como a los que no lo son, el presidente catalán ha reiterado que deberá ser "avalado por la comunidad internacional", como ha hecho y cree que volverá a hacer Escocia.

Considera que el referéndum es la mejor solución y la que no obliga a nadie a renunciar a sus ideales: "Una propuesta que permite salir reforzados como sociedad. La democracia une, la democracia fortalece las sociedades, la democracia es el instrumento más legítimo que podemos utilizar para resolver los conflictos políticos".

Ha subrayado que Cataluña es una sociedad profundamente democrática y que, "tanto si se quiere como si no, la solución deberá acabar siendo en las urnas".

Así, Aragonès ha contrapuesto el referéndum con que, a su juicio, el Gobierno no ha planteado cuál es su propuesta para solucionar el conflicto: "¿Qué propuesta tiene el Estado para los catalanes y las catalanas? Hasta hoy no hemos oído ninguna. Pero forzaremos al Estado a moverse, a mojarse".

La céntrica plaza de Pedro Zerolo, en Chueca (Madrid), albergará de forma permanente la bandera arcoíris, símbolo de las personas LGTBI, así como también un monumento a las personas de este colectivo que "han sido perseguidas" a lo largo del tiempo.

Así lo ha aprobado este martes el Pleno de Cibeles, a iniciativa de Ciudadanos, con el 'sí' de todos los grupos a excepción de Vox, que se ha abstenido. La moción de los 'naranjas' incluía tres apartados, reclamar a estados miembros de la Unión Europea reconocer a parejas LGTBI, condenar la marcha neonazi de Chueca del pasado 18 de septiembre y colocar una bandera arcoíris en Pedro Zerolo.

Ha sido el PSOE quien ha añadido, a través de una enmienda, que además de la bandera se coloque un monumento. Al votar la enmienda, a la que PP ha dado el 'sí', se han producido unos momentos de confusión, ya que la bancada 'popular' creía que después debería votarse el punto enmendado, pero el secretario del Pleno ha dictaminado que aprobar la enmienda conllevaba aprobar tal extremo.

Así, Más Madrid, PSOE, Cs y Grupo Mixto han votado a favor de todos los puntos. Vox se ha abstenido en la bandera y ha negado el reconocimiento a parejas y matrimonios LGTBI en la Unión Europea, punto en el que PP se ha abstenido.

La concejala Sonia Cea (PP) ha explicado que los 'populares' tanto en Bruselas como en este Pleno se abstienen en este reconocimiento a matrimonios igualitarios en toda Europa "por la honestidad política de no votar lo que es imposible". "Hemos dejado bastante claro dónde estamos. La pregunta es dónde está la izquierda cuando se persigue a personas LGTBI en Venezuela. La pregunta no es dónde está el PP, sino dónde están ustedes, y con quién están", ha lanzado a la izquierda.

Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, proponente de la iniciativa, ha abogado por que "todos los ciudadanos puedan vivir de la misma manera en cualquier país de Europa" y que "sus hijos sean reconocidos".

Sobre Madrid ha señalado que "es una de las ciudades donde más se reconocen y donde más se viven" los derechos LGTBI. "Tengo muchos amigos que salieron de sus pueblos para salir del armario. Esto tiene que promover que saquemos estos debates y que saquemos lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando en Polonia, en Hungría?", ha requerido a continuación.

En este punto ha pedido a la Corporación ponerse del lado "de la Unión Europea, de esas parejas... que se respete el derecho de la familia sea la familia que sea".

La concejala Aránzazu Cabello ha insistido en que Vox quiere "que se aplique el artículo 14 de la Constitución, donde no se puede insultar a nadie", puesto que "hay que respetar a las personas por lo que son". "No estamos de acuerdo con la ideología de género, porque sabemos que se produce una discriminación a otros por dar una discriminación positiva", ha añadido.

También ha cargado contra "los lobbies que ejercen de grupos de presión y se hacen representantes por una ideología que no comparten todos los LGTBI". Además, ha negado, tras hablar con compañeros de su partido en la Unión Europea, que en Polonia se estén estableciendo "zonas libres de LGTB".

ALEGATO "CON SABOR AMARGO"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Espinar, ha reprochado a la vicealcaldesa que su "sentido alegato a favor del colectivo LGTBI tiene el sabor amargo de quien quiere mandar y no le dejan".

Le ha recomendado que "si se quiere diferenciar de PP y Vox en este sentido, lo tiene fácil", y es pedir a PP y Vox que "se sumen a la lucha". "Exíjalo... de eso se trata... de jugárselo por lo que usted cree. Bienvenida a esta lucha, pero póngase a la cola y no mantenga un gobierno que se sostiene con una formación hostil", ha lanzado.

Jurdan Martitegi, considerado como uno de jefes militares de la organización terrorista ETA, se enfrenta desde este miércoles en la Audiencia Nacional a una petición de 10 años de cárcel por un delito de terrorismo tras calcinar un concesionario de vehículos Citroen en enero del año 2000.

En el escrito de acusación, la Fiscalía solicita además que Martitegi abone una indemnización de 415.489,75 euros en concepto de responsabilidad civil por el incendio que provocó daños en nueve vehículos y en la estructura del local en el que se alojaban. Está previsto que el juicio arranque a las 10.00 horas.

Según relata el Ministerio Fiscal, Martitegi se habría dirigido la noche del 27 de enero del año 2000 al concesionario Tabira Automoción --ubicado en un polígono industrial de Iurreta-- acompañado de otras personas que no fueron identificadas. Así, y tras romper la puerta de entrada con una maza, derramaron líquido inflamable por los vehículos para después prenderle fuego.

La Fiscalía enmarca esta acción en la campaña que la banda terrorista realizaba contra los intereses de las empresas francesas en España. Todo ello, por la colaboración y ayuda que Francia prestaba en la lucha antiterrorista.

CONDENADO A 139 AÑOS POR UN ATENTADO CON COCHE BOMBA

Así, el fiscal propone imponer a Martitegi 10 años de prisión, y la inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años así como el abono de costas por un delito de terrorismo.

Previamente, el considerado como jefe militar de ETA fue arrestado en abril de 2009 en Perpiñán, y condenado, en 2013, a 16 años de cárcel por la Justicia francesa. Posteriormente, la Audiencia Nacional le condenó, en 2014, a 139 años de prisión por el atentado con coche bomba contra el cuartel de Calahorra (La Rioja) el 21 de marzo de 2008, que causó ocho heridos, dos de ellos guardias civiles.

El pasado mes de marzo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior autorizó su traslado de Soto del Real, en Madrid, a la prisión de Martutene, en San Sebastián.

La Comunitat Valenciana ha notificado dos fallecidos por coronavirus registrados en los últimos siete días y 185 nuevos contagios, mientras que los hospitales valencianos tienen una persona menos ingresada en planta y se mantienen en 54 las camas UCI ocupadas, según la actualización de la Conselleria de Sanidad.

Además, un total de 4.049.211 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana y ya cuentan con la pauta completa de inmunización 3.949.631 personas.

De este modo, la cifra total de positivos se sitúa en 509.609 personas. Los nuevos casos por provincias son 24 en Castellón (52.947 en total); 109 en Alicante (186.899 en total) y 52 en Valencia (269.761 en total) y sigue habiendo dos casos no asignados.

Por su parte, el total de decesos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 7.784: 843 en la provincia de Castellón, 2.987 en la de Alicante y 3.954 en la de Valencia.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 184 personas ingresadas, 54 de ellas en la UCI: 25 en la provincia de Castellón, 7 en UCI; 72 en la provincia de Alicante, 22 de ellas en la UCI; y 87 en la provincia de Valencia, 25 de ellas en UCI.

Además, se han registrado 273 altas a pacientes con coronavirus.De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 510.754 personas.

Por provincias, las altas se distribuyen así: 53.316 en Castellón, 186.527 en Alicante y 270.854 en Valencia, mientras que el total de altas no asignadas se mantiene en 57.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 2.523 casos activos, lo que supone un 0,48% del total de positivos y desde la última actualización, se ha registrado un brote con 10 o más casos asociados en la localidad de Cheste, de ámbito educativo.

El desarrollo de la Medicina de Precisión (MP) está suponiendo una verdadera "revolución" en la práctica clínica habitual, en general, y en particular en el caso del abordaje de los pacientes con cáncer, algo en lo que han coincidido los expertos que han debatido en Córdoba en el 'Encuentro Informativo iMPulsa, hacia la Medicina de Precisión Oncológica', organizado por Astrazeneca, en el que estos especialistas han demandado también un único "plan nacional" de biomarcadores, porque trabajando juntos "casi se puede mover el mundo".

Así lo ha señalado, en el marco de dicho foro, el director del Plan Andaluz de Oncología y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, David Vicente Baz; la coordinadora autonómica de los Laboratorios Clínicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y directora gerente del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, María Jesús Pareja; la especialista en Oncología Médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, María Jesús Rubio, y la representante de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y Ginecológico (Asaco), Asunción Ríos.

Estos expertos han debatido sobre éste y otros asuntos relacionados con la Medicina de Precisión y la Oncología. Con la intervención previa en la inauguración de la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno, y del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien ha resaltado que la Estrategia del Cáncer en Andalucía ya es una realidad.

En este sentido, Aguirre ha defendido la necesidad de dicho plan, pues "estamos ante una patología muy prevalente", que está ligada "al 25 por ciento de los fallecimientos y que en las próximas décadas aumentará al 60 por ciento", de ahí que, además de apostar por la prevención y un diagnóstico precoz, "una vez desarrollado el cáncer, lo que necesitamos es el mejor tratamiento, y con ello hablamos de la Medicina de Precisión, de la medicina personalizada", en la que ya trabaja el SAS, "en cómo implementar los nuevos tratamientos en beneficio del paciente, y en esa senda estamos, de la mano de AstraZeneca".

"Esperemos que podamos implementarlos --ha añadido--, teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema y los costes que tienen también los nuevos medicamentos", aunque también hay que tener presente que el uso de los nuevos fármacos inciden positivamente sobre la expectativa y la calidad de vida de los pacientes oncológicos, razón por la que "es nuestra obligación, como gestores del sistema sanitario, el ponerlos a disposición de todos los oncólogos, en beneficio de nuestros pacientes".

Por su parte, la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno, ha defendido que "hablar de Medicina de Precisión es hablar de eficiencia, entendida como el balance entre la inversión que supone a cualquier sistema de salud la financiación de un nuevo medicamento, y los resultados obtenidos con ese tratamiento, y es ahí donde tenemos que hacer más hincapié, en medir los resultados".

Por eso en AstraZeneca defienden "el pagar por aquellos medicamentos que funcionen, y que se puedan medir sus resultados", para que "justifiquemos, tanto a los políticos que tienen que tienen que tomar decisiones, como a la sociedad, que tiene que pagar impuestos, el que merece la pena invertir en estos fármacos", pues "debemos tener como objetivo común la generación de excelencia en la asistencia sanitaria, porque es lo más importante para los pacientes", dejando claro Marta Moreno que en AstraZeneca apuestan "por los resultados en salud y la corresponsabilidad con el Sistema Nacional de Salud, así como con los diferentes sistemas de salud autonómicos".

BIOMARCADORES

Tras estas intervenciones se ha desarrollado el debate entre los mencionados expertos, que han coincidido en la necesidad de "centralizar" y de "ser muy ágiles a la hora de incorporar las innovaciones a nuestra cartera de servicios incorporando los biomarcadores", algo sobre lo que "podemos mirar al futuro con optimismo" porque, según ha opinado el director del Plan Andaluz de Oncología, David Vicente, "tenemos una red muy importante y centros muy potentes, que son capaces de hacerlo".

Sobre esta misma cuestión, la oncóloga del Hospital Reina Sofía de Córdoba María Jesús Rubio ha señalado que, precisamente, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) está "intentando, junto con el Ministerio (de Sanidad), crear un plan nacional de biomarcadores", que es clave, porque así "tendremos la oportunidad de disponer de todos los datos clínicos a nivel nacional, tanto de la medicina pública, como privada", y con ello "casi se puede mover el mundo" en la lucha contra el cáncer, razón por la que "hay que intentar que cada vez estén más armonizados el Estado y las comunidades autónomas".

La coordinadora autonómica de los Laboratorios Clínicos del SAS, María Jesús Pareja, por su lado, ha indicado que, "en la actualidad, los laboratorios de Anatomía Patológica están, por decirlo amablemente, cortos de estructura, de equipamiento y de plantilla", y hay que "hacer ver esa necesidad", en el marco de una máxima marcada por tres palabras: "internalización, centralización y digitalización".

A este respecto y en nombre de los pacientes oncológicos y en concreto de Asaco, Asunción Ríos ha hecho un llamamiento para "ir todos juntos: médicos, pacientes y Administración" para lograr el objetivo de que "esta enfermedad sea crónica", lo cual sería "un avance espectacular", y por eso hay que seguir "avanzando en investigación", y ello implica "más dinero".

COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

En este sentido y por su lado, el doctor David Vicente ha asegurado que "la Medicina de Precisión es una realidad", pero "sin diagnóstico de precisión no puede haber un tratamiento de precisión", y para conseguir ambas cuestiones se necesitan "recursos", sobre todo si se tiene en cuenta que "en España gastamos en investigación del cáncer unos 30 kilómetros de AVE, más o menos, y lo que hay que hacerle ver a quienes tienen que tomar las decisiones es que es mucho mejor investigar en cáncer que hacer kilómetros de AVE".

Por su parte, la doctora María Jesús Pareja ha afirmado que "la única forma de avanzar" en este campo es una "apuesta clara y decidida por la I+D+i", tanto en el ámbito público, como con "modelos de colaboración público-privada, con la industria farmacéutica y con los laboratorios" y hacerlo "sin dudas y sin complejo alguno, porque es otra forma de avanzar y no tenemos más remedio" que aplicarla, cuando además "es un modelo que ya se ha demostrado que funciona".

La oncóloga María Jesús Rubio, por su lado y a modo de conclusión, ha defendido también la necesidad de inversión en la Medicina de Precisión, alegando que "la Medicina de Precisión y la medicina del siglo XXI deberían de ser sinónimos", pues "no se entendería en Oncología otro tipo de medicina".

Por último Asunción Ríos ha pedido que "los científicos no se cansen de seguir estudiando e investigando, y que la Administración esté ahí, para respaldar a los investigadores" y que éstos "tengan recursos suficientes", de forma que "el día de mañana el cáncer sea una enfermedad crónica o que, incluso, tenga cura".

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 42 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas y dos fallecimientos. No obstante, actualmente la región tiene el menor número de ingresados en UCI por COVID desde el mes de agosto.

Por provincias, Toledo ha registrado 19 casos, Albacete 11, Cuenca 6, Ciudad Real 5 y Guadalajara 1, según ha informado la Junta en un comunicado.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 237.133. Por provincias, Toledo registra 89.333 casos, Ciudad Real 55.517, Albacete 37.142, Guadalajara 31.836 y Cuenca 23.305.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 88. Por provincias, Toledo tiene 26 de estos pacientes (20 en el Hospital de Toledo y 6 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 23 (10 en el Hospital de Tomelloso, 6 en el Hospital Mancha Centro, 4 en el Hospital de Ciudad Real, 2 en el Hospital de Valdepeñas y 1 en el Hospital de Puertollano), Albacete 22 (17 en el Hospital de Albacete, 2 en el Hospital de Villarrobledo, 2 en el Hospital de Almansa y 1 en el Hospital de Hellín), Cuenca 10 (todos ellos en el Hospital de Cuenca) y Guadalajara 7 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 26. Por provincias, Toledo tiene 9 de estos pacientes, Ciudad Real 9, Albacete 7 y Guadalajara 1.

En las últimas 24 horas se han registrado 2 fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Toledo. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.312.

Por provincias, Toledo registra 2.395 fallecidos, Ciudad Real 1.777, Albacete 913, Guadalajara 658 y Cuenca 569.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de ocho centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los ocho centros, 3 están en la provincia de Toledo, 3 en la provincia de Ciudad Real y 2 en la de Cuenca.

Los residentes con caso confirmado son 41. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.119.

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios han reprochado a Vox en el Pleno del Congreso de los Diputados su proposición de ley para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con la intención de que se permita a la Policía desalojar a 'okupas' sin orden judicial. PP, Ciudadanos y Foro Asturias han anunciado que votarán a favor de la iniciativa.

Se trata de una propuesta que el partido liderado por Santiago Abascal viene defendiendo desde hace tiempo. Su propio líder llegó a decir, ya en 2019, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían poder echar a okupas "con una patada en el culo", esto es, "inmediatamente", con el fin de garantizar la propiedad privada.

En la proposición de ley, la formación argumenta que es "razonable" que, al igual que establece la LECrim para delitos flagrantes, los agentes policiales puedan actuar "de propia autoridad" en los delitos de usurpación de bienes inmuebles, desalojando a sus ocupantes e incluso deteniéndoles de manera cautelar cuando aprecien indicios de ilicitud en su conducta. La actuación podría ser objeto después de control judicial.

Vox ha insistido en que con esta reforma legislativa se dotaría al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de "mejores medios legales" para así "aumentar la protección legal de los legítimos titulares de derechos inmobiliarios, víctimas de estas conductas antijurídicas".

La diputada Cristina Esteban ha estado a cargo de defender la proposición y ha reiterado la importancia de proteger el derecho a la propiedad privadas y ha puesto de ejemplo la legislación de otros países europeos para hacer frente a la okupación.

La formación, sin embargo, no ha conseguido convencer a la mayoría del Pleno. El PSOE, Unidas Podemos, la CUP, EH Bildu, Compromís, PNV, Más País, Junts y ERC se han mostrado abiertamente en contra de la propuesta en el marco del debate. El PP, Ciudadanos y Foro Asturias han anunciado que sí votarán a favor.

"GENERAR ALARMA SOCIAL"

El diputado socialista Vicent Sarrià ha recriminado a Vox que presente una iniciativa "fundamentada en una supuesta falta de instrumentos jurídicos" con la intención de "generar inquietud" y "alarma social".

"Los que alarman son ustedes, los que generan inquietud con su propagación de bulos son ustedes. Disponemos de amplísimos instrumentos", ha defendido. El dirigente socialista ha acusado a los de Abascal de intentar confundir a la ciudadanía equiparando allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos ha intervenido la diputada Pilar Garrido, quien también ha acusado a Vox de pretender confundir entre okupación y allanamiento "de manera interesada". "Ustedes señores de la ultraderecha, son los únicos que se preocupan por esta cuestión y aparecen como el llanero solitario a salvar al propietario", ha dicho.

En este sentido, ha preguntado a la formación si lo que pretende con su iniciativa es "defender a los fondos buitres", tras insistir en que la okupación afecta a pisos vacíos en manos de fondos de inversión.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha asegurado que la iniciativa de Vox es "desacertada por desproporcionada". "Consideramos que la manera de abordar la okupación no es a través de iniciativas como la que debatimos hoy", ha señalado.

"DOCTRINA RANCIA" Y "MENSAJE XENÓFOBO"

Aunque Legarda ha reconocido que el fenómeno es un "grave problema" para propietarios que ven perturbados sus derechos, ha precisado que esta proposición no es "el mejor abordaje" y ha reprochado a Vox que vincule okupación con migración en lo que ha considerado un "mensaje xenófobo".

Oskar Matute, de Bildu, también se ha mostrado en contra y ha criticado a Vox por presentar una iniciativa de "doctrina rancia" llena de "autoritarismo y burocracia" que, a su juicio, "un chimpacé podría hacer con mayor pulcritud". En este sentido, ha reprochado a los de Abascal por intentar "recuperar" el "clásico" de la patada en la puerta.

La diputada de ERC Pilar Vallugera se ha mostrado en contra de la proposición y ha insistido en que "la política de Vox consiste en insuflar miedo". Ha recriminado al partido que plantee que la solución a la okupación sea habilitar al Estado para que tenga "más posibilidades de entrar en los domicilios y echar puertas a tierras sin orden judicial".

Desde Junts, el diputado Josep Pagès también ha anunciado que no dará su apoyo a la iniciativa. Ha asegurado que la forma de encarar la situación "no es con populismo" ni con "la retórica del miedo" ni con "despropósitos legales". Ha explicado que no considera que la solución esté en modificar la LECrim, sino en modificar la Ley de Enjuciamiento Civil.

Asimismo, han mostrado su negativa el dirigente de Más País Íñigo Errejón y el de Compromís Joan Baldoví. Ambos diputados del Grupo Plural han asegurado que Vox no tiene intención de solucionar el problema de la vivienda y han indicado que lo que pretende la formación de Abascal es "proteger los intereses de los bancos, de los fondos buitres y de las empresas de seguridad". Desde la CUP, la diputada Mireia Vehí ha asegurado que los de Vox son "el partido de los ricos" que defienden "el fantasma de las casas de verano" para "incitar el miedo".

PP: "SE QUEDA CORTA"

La diputada del PP Ana María Zurita ha avisado que votará a favor de la proposición de Vox, pero ha advertido que el texto de los de Abascal "se queda corto". "Consideramos que la propuesta es insuficiente y mejorable", ha dicho para después matizar que "en algo ayuda".

En el marco de su intervención, Zurita ha defendido que los 'populares' proponen que el fenómeno de la okupación se trate de manera "integral" para dar una "respuesta clara y contundente" a través de la modificación de seis leyes y no de una como pretende Vox.

Así, ha aprovechado para reprochar al Ejecutivo su actuación ante las mafias y le ha acusado de "legalizar la okupación".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que votarán a favor de la proposición porque están "preocupados por la okupación". "Ustedes nos copian, pero solo un poco", ha dicho. Así, ha recordado en el Pleno que el año pasado Ciudadanos presentó una iniciativa relativa a la okupación que no salió adelante por la negativa de PSOE, Podemos y sus socios, a quienes ha acusado de ponerse "del lado de los delincuentes".

CS: "SALVAJADA JURÍDICA"

Bal no ha escatimado en reproches a Vox al asegurar que la modificación que plantea de la normativa vigente para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan entrar en un domicilio sin orden judicial es una "salvajada jurídica".

El diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha asegurado que su partido votará a favor porque, según ha dicho, "urge combatir y corregir la preocupante tendencia de okupa" de la que el Gobierno "se desentiende".

El Gobierno está convencido de que podrá aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 en esta primera quincena de octubre para cumplir con su compromiso de que estén en vigor "en tiempo y forma", a pesar de que ni Unidas Podemos ni otros socios parlamentarios como ERC dan por hecho un acuerdo inminente, e insisten en que sigue habiendo "escollos".

Al igual que ya ocurrió el año pasado, se prevé que los socios del Gobierno de coalición apuren hasta el último momento para cerrar un acuerdo, si bien en Moncloa creen que el entendimiento no se demorará más allá de la primera quincena de octubre, y dará tiempo a desarrollar todos los trámites para que el 2022 comience con unas nuevas cuentas, según fuentes gubernamentales.

En este segundo año de legislatura, los principales "escollos" que impiden a Unidas Podemos y al PSOE sellar ya un pacto son, por un lado, la reforma fiscal a la que urgen los 'morados' --en concreto, la subida al 15% del impuesto de sociedades--; y de nuevo la ley de vivienda, con regulación de alquileres incluida, que debería haberse aprobado hace siete meses, tal y como precisamente acordaron los socios en su pacto para los PGE de hace un año.

No obstante, el Gobierno confía plenamente en poder cerrar un acuerdo con sus socios en las dos próximas semanas, para que las cuentas puedan ser aprobadas, si no es en el Consejo de Ministros del 5 de octubre, la siguiente semana. En Moncloa no descartan incluso que se celebre un Consejo extraordinario si es necesario, teniendo en cuenta que el martes de 12 octubre es festivo.

Además, Sánchez tiene una cargada agenda las próximas semanas: el 5 de octubre viaja a Eslovenia para participar en un Consejo Europeo informal; y el viernes 15 de octubre arranca en Valencia el 40º Congreso Federal del PSOE, al que el líder de los socialistas espera llegar ya con los Presupuestos aprobados.

En cuanto a las negociaciones con ERC, el Ejecutivo cree que la detención en Cerdeña del expresidente catalán Carles Puigdemont -ya en libertad-- no va a afectar en nada a estas conversaciones, en primero lugar, porque su apuesta por el diálogo sigue intacta -según defienden--, y en segundo lugar, porque confían en la "autonomía" del partido de Pere Aragonés y Oriol Junqueras, frente a las posibles presiones de Junts.

EL GOBIERNO ESPERA QUE ERC SEA "LO SUFICIENTEMENTE AUTÓNOMO"

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada al respecto. "Consideramos que ERC es suficientemente autónomo como para no depender de las cuestiones que afectan a otros partidos a la hora de decidir su voto", ha asegurado.

En todo caso, Rodríguez ha defendido en su comparecencia que el Ministerio de Hacienda está trabajando en sacar adelante unos Presupuestos que serán, a su juicio, "una herramienta muy poderosa para la transformación de este país", clave para la ejecución de los Fondos de Europeos de recuperación.

"El Gobierno está trabajando para tenerlos en tiempo y forma. Esto es algo muy importante porque viene a dar respuesta a cuestiones fundamentales. No nos podríamos perdonar no ser capaces de ejecutar Fondos Europeos", ha ahondado la portavoz.

No obstante, en esa misma rueda de prensa, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder de Unidas Podemos dentro de la coalición, ha confirmado que todavía no hay acuerdo y ha pedido "tranquilidad y paciencia". Aunque se ha mostrado convencida de que lograrán cerrar un pacto, ha avisado al mismo tiempo de que "los acuerdos se negocian a fuego lento".

El asesor para instituciones penitenciarias del Gobierno Vasco, Jaime Tapia, ha afirmado que los presos de ETA deben cumplir "las penas privadas de libertad, igual que los demás" reclusos. Además, ha destacado que la justicia restaurativa será uno de los pilares del nuevo modelo que se pondrá en marcha en Euskadi con el traspaso de Prisiones a Euskadi el próximo 1 de octubre.

Entrevistado en Radio Vitoria, Tapia ha asegurado que la pretensión del Ejecutivo autonómico es "tratar a los presos de ETA en igualdad ante la ley". "Deben cumplir las penas igual que las demás personas privadas de libertad y máxime cuando ETA ha desaparecido y no hay riesgo de reincidencia delictiva"", ha indicado.

Además, ha anunciado que el año que viene se abordarán una serie de talleres y encuentros de justicia restaurativa "para todas las personas privadas de libertad" y tienen que ir dirigidas "a todos, sin hacer distinciones entre presos de ETA y otros presos".

El asesor para instituciones penitenciarias del Gobierno Vasco considera "imprescindible" hacer pedagogía sobre lo que es la justicia restaurativa, que será uno de "los pilares" del modelo que se pondrá en marcha en Euskadi, cuando la Comunidad Autónoma pase a gestionar los centros penitenciarios el próximo viernes.

SIN SUSTITUIR LA JUSTICIA DE LOS JUECES

"Es un complemento. No sustituye a la justicia de jueces y tribunales con sus penas. Tiene en cuenta una perspectiva que la justicia ordinaria no tiene en cuenta, que es la de las víctimas, pero también con la mirada de las personas que han cometido delitos. El facilitador busca qué quieren la víctima y el victimario", ha subrayado.

Jame Tapia ha insistido en que la meta que se han marcado es que el 40% de las personas reclusas cumplan sus penas en situación de semilibertad. Además, ha defendido "la necesidad de mejorar la situación de las mujeres en los centros penitenciarios, las condiciones de las personas mayores y las personas con enfermedades graves incurables".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha admitido este martes que desde el Govern se han cometido "errores" en la gestión de la pandemia de Covid-19, y que pusieron a disposición de los centros de vacunación más vacunas de las que se han podido administrar, que han caducado, algo que ha asegurado que no volverá a ocurrir.

Lo ha dicho en su intervención para abrir su primer Debate de Política General como presidente, en la que ha admitido que la quinta ola cogió al Govern a "contrapié" porque nada le hacía prever un aumento de contagios al llegar el verano, y ha asegurado que, de haber sabido el poder de contagio de la variante delta, algunas restricciones se deberían haber mantenido.

"Pero lo hemos vuelto a hacer, estamos volviendo a superar esta ola", ha proclamado, y ha recordado que los datos epidemiológicos han permitido reabrir el ocio nocturno en el exterior hasta las 3 de la madrugada, con el horizonte de abrir los espacios interiores con posibilidad de pedir el certificado Covid.

Ha sostenido que la quinta ola se declaró mientras el Govern trabajaba "para recuperar la fuerza de la institución después de muchos meses de interinaje provocado por la represión del Estado", y que esta quinta ola ha sido distinta a las anteriores, con un crecimiento de contagios exponencial que afectó especialmente a los jóvenes.

LLAMAMIENTO A VACUNARSE

Ha defendido que la vacunación ha sido "la gran barrera de defensa" de esta quinta ola, y ha tachado de indispensable incrementar el porcentaje de población vacunada entre 12 y 39 años, porque la batalla contra el coronavirus sólo se ganará si toda la ciudadanía decide vacunarse como un acto de generosidad, según él.

Aragonès ha interpelado directamente a los ciudadanos de entre 12 y 39 años sin vacunar: "Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tu abuela, por tu amigo, tus padres o tus hermanos. Esto no va de salvarte a ti, va de protegernos a todos".

Ha pedido prudencia y ha avisado de que no se descarta una sexta ola: "Trabajaremos para que eso no pase, trabajaremos para la recuperación plena de todos los sectores de actividad económica", y ha expresado su agradecimiento a los profesionales de todo el sistema de salud, así como al ámbito educativo.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un total de 55 casos positivos de Covid-19 confirmados (frente a los 19 de este pasado lunes), así como una persona fallecida.

En concreto, el Área de Salud de Cáceres notifica el fallecimiento de un varón de 66 años de Alía, vacunado. Con esta muerte, el total de víctimas en la región es de 1.934 desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a la incidencia acumulada, sigue bajando a los 14 días (al situarse en 55,35 casos, frente a los 56,85 del lunes), aunque sube ligeramente a los 7 días (al establecerse en 26,04 casos, frente a los 24,63 de la jornada anterior).

Asimismo, en los hospitales extremeños se han producido cuatro ingresos nuevos y se han dado ocho altas hospitalarias, lo que supone un total de 42 personas hospitalizadas (frente a las 46 del lunes), y de las que nueve están en UCI (una menos que la jornada anterior).

Al mismo tiempo, se han dado 398 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 99.018 altas en la comunidad.

Igualmente, no se abren brotes nuevos y se cierran 10, concretamente tres en Plasencia, uno de ellos el del centro sociosanitario; en Valdeobispo; en Pinofranqueado; dos en Valdelacanzada; en Don Benito; en Esparragosa de Lares y en Vegas Altas, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

ÁREAS DE SALUD

En concreto, por áreas de salud en las últimas 24 horas la de Badajoz notifica 20 casos positivos. Tiene 3 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Registra 327 fallecidos y ha dado 26.882 altas.

Asimismo, el Área de Salud de Cáceres notifica siete casos positivos. Tiene 14 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Acumula 531 fallecidos y ha dado 16.483 altas.

Mientras, el Área de Salud de Mérida registra 12 casos positivos. Tiene 11 pacientes hospitalizados por Covid-19, tres de ellos en UCI. Acumula 244 fallecidos y ha dado 17.059 altas.

De su lado, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica cuatro casos positivos. Tiene cuatro pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 263 víctimas mortales y ha dado 13.637 altas.

También, el Área de Salud de Plasencia registra dos casos positivos. Tiene ocho pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha registrado un total de 229 fallecidos y ha dado 9.104 altas.

Además, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata notifica dos casos positivos. No tiene pacientes ingresados por Covid-19 y ha registrado 113 fallecidos. Ha dado 4.747 altas.

De su parte, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra cinco casos positivos. No tiene pacientes ingresados. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 7.969 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria registra tres casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados por Covid-19. Registra un total de 95 personas fallecidas y se han dado 3.137 altas.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha inaugurado este martes en Madrid, el nuevo edificio Sedes Sapientiae, que albergará las tres editoriales de la Conferencia Episcopal Española: la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), EDICE y Libros Litúrgicos, además del servicio de publicaciones de la CEE.

Este nuevo edificio acogerá, asimismo, diferentes actividades que se desarrollen por parte de los organismos de la CEE en el salón de actos San Isidoro, con una capacidad para 200 personas y en otros espacios disponibles. También cuenta con un estudio para grabaciones y retransmisiones del grupo ÁBSIDE y con dos plantas de parking.

El cardenal Omella, en su intervención, ha resaltado que "esta gran obra, donde han participado muchas personas y donde va a trabajar mucha gente, es un ejemplo de sinodalidad, que significa la participación de todos". "Este edificio se construye para evangelizar. Esa es su misión. Esta casa es para evangelizar a nuestro mundo", ha asegurado.

Además, el vicesecretario para asuntos económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, ha felicitado a todos "por el buen trabajo desarrollado, el compromiso manifestado con este proyecto, y la eficacia demostrada tanto en los plazos como en el ajuste de los presupuestos".

Por parte del estudio de arquitectos Rubinos y de la empresa constructora, El Corte Inglés, han tomado la palabra el arquitecto, Alfonso Rubinos, y Alberto Casielles, en representación de la empresa constructora.

Tras sus palabras, el cardenal Omella ha descubierto la placa conmemorativa colocada en la puerta principal del edificio y los obispos presentes han firmado en el libro de visitas del mismo. El acto, que se ha celebrado en el marco de la 257 Comisión Permanente del episcopado español, ha concluido con el rezo del Ángelus.

Según informa la CEE, en su construcción, el edificio ha alcanzado el estándar Passivhaus, una certificación energética voluntaria que asegura, además de confort para los usuarios, una muy buena calidad del aire interior y un consumo energético mínimo.

El edificio ya fue bendecido el pasado mes de julio por el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, tras la eucaristía de fin de curso. Ese día también se reservó el Santísimo Sacramento en el oratorio situado en la planta baja.

La Generalitat ha aprobado en el marco del Procicat la prórroga del grueso de las restricciones por el coronavirus, que incluye una ampliación del aforo en el interior de bares y restaurantes a un máximo de 10 comensales anunciada este mismo martes.

En un comunicado este martes, el Ejecutivo catalán ha concretado que las nuevas medidas entrarán en vigor el jueves y tendrán una vigencia de ocho días.

De esta manera, el Goven flexibiliza las restricciones en el sector de la restauración que hasta ahora tenía el aforo limitado en exteriores a un máximo de 10 personas y un máximo de seis en interiores.

Además, en instalaciones y equipamientos deportivos con capacidad superior a 10.000 personas se amplía el aforo al 60% con grupos sectorizados de un máximo 6.000 personas en espacios abiertos y, en espacios cerrados, al 40% con grupos sectorizados de un máximo 1.750 personas.

Respecto a las instalaciones y equipamientos deportivos en espacios cerrados, el Procicat mantiene el aforo limitado al 70% pero amplía el número máximo de asistentes a 1.750.

Además, en aquellas instalaciones que cumplan las condiciones de ventilación y calidad del aire reforzadas y garanticen las medidas de control de aglomeraciones, se amplía el número máximo de asistentes a 3.500 personas con grupos sectorizados de un máximo de 1.750 y con un aforo del 70%.

Danone tiene como objetivo que más del 90 por ciento de sus productos estén en los próximos meses etiquetados con fecha de consumo preferente para reducir así el desperdicio alimentario, según ha informado la compañía.

Desde que anunciara el pasado mes de mayo este cambio, la compañía lo ha implementado en casi el 60% de sus marcas. Danacol, Actimel, Alpro, Vitalinea, Densia, Danonino y Oikos, ya lo han implementado y, próximamente, lo harán todas las referencias de los yogures Danone.

Coincidiendo con el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la compañía hace balance de la implementación de la fecha de consumo preferente en sus yogures y productos de base vegetal. Una medida con la que Danone quiere contribuir a hacer frente al fenómeno del cambio climático y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

"Somos una empresa B Corp, y esto nos exige ser ambiciosos en la lucha contra las graves consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas al desperdicio alimentario; y a avanzar hacia sistemas productivos totalmente circulares", señala la Public Affairs Director de Danone Iberia, Laia Mas.

La lucha de Danone contra el desperdicio alimentario forma parte de sus compromisos con el medioambiente y tiene una doble razón. Por un lado, millones de personas pasan hambre en el mundo mientras se desechan toneladas de comida. Salvar del desperdicio 1 kilogramo de yogur (8 unidades), supone evitar 1,8 kilogramos de emisión de CO2, según datos de DanPrint, herramienta interna desarrollada por Danone que permite medir las emisiones de CO2 asociada a la actividad de la compañía.

Danone lleva meses trabajando en la implementación del distintivo 'Fechas con sentido: Mira, Huele, Prueba' desarrollado por Too Good To Go. El propósito de la compañía es incorporar este sello en sus yogures y productos de base vegetal, para ayudar al consumidor a comprobar si un alimento conserva sus características organolépticas y de seguridad alimentaria pasada la fecha de consumo preferente a través de los sentidos.

"Los expertos ya señalan que reducir el desperdicio de alimentos es la solución número uno para combatir el cambio climático. Gracias al compromiso y al trabajo de empresas como Danone, no solo reducimos las cifras de desperdicio sino que conjuntamente ayudamos a generar conciencia y fomentar hábitos de consumo más responsables de la comida en la sociedad para así cuidar de nuestro planeta", afirma la country manager de Too Good To Go en España, Madalena Rugeroni.

Danone colabora junto a Too Good To Go en iniciativas para evitar el desperdicio de alimentos, así como campañas y acciones para concienciar y sensibilizar a la sociedad y a sus propios empleados, a través del movimiento Marca Waste Warrior. Se trata de una comunidad de empresas de distintos sectores que utilizan el poder de los negocios para combatir este fenómeno.

La compañía se propone reducir un 50% el desperdicio alimentario generado en las fábricas y centros de producción para 2030, en línea con las metas que establece el ODS 12.3. de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Danone actúa con responsabilidad en el desarrollo de sus operaciones para reducir el impacto del desperdicio alimentario, a través de proyectos como el programa Zero Impact Operations, para disminuir el desperdicio en toda la cadena de valor desde las fábricas hasta el producto final. Además, las plantas de elaboración de yogures Danone en España son zero waste, es decir, que los residuos son revalorizados y pueden reintroducirse como recursos para otros usos.

La Comunidad de Madrid ha notificado 409 casos nuevos de Covid-19, de los que 306 corresponden a las últimas 24 horas, y tres fallecidos en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 72 casos nuevos de Covid-19 (337 menos), de los que 59 correspondían a las últimas 24 horas, y un fallecido (dos menos), mientras que el martes de la semana precedente se contabilizaron 435 casos (26 más), 348 de las últimas 24 horas, y 12 fallecidos (nueve más).

El número de hospitalizados se sitúa en 406 (cuatro menos que el día anterior) y 180 en la UCI (cuatro menos), mientras que 38 pacientes han recibido el alta. Además, el número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 1.301.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 904.788 positivos, un total de 125.482 casos han requerido hospitalización, 13.268 han precisado UCI y 111.348 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 963.735 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 25.304, de los cuales 5.102 han sido en centros sociosanitarios, 18.749 en hospitales, 1.422 en domicilios y 31 en otros lugares.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, se han administrado un total de 9.678.657 dosis de las 10.825.829 recibidas, con 4.389.950 segundas dosis registradas y 234.243 vacunas unidosis de Janssen. A estas se suman 8.258 terceras dosis administradas.

De esta manera, el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 75,4%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 86,7%, mientras que el 89,7% cuenta con al menos una dosis.

Estados Unidos ha pedido al Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña información para determinar si permite al acceso a mensajes en redes sociales como Instagram o WhatsApp de los detenidos por el crimen de Samuel Luiz.

Así lo han confirmado, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), después de que por parte del juzgado se hiciese un requerimiento a tal efecto, según han explicado.

Desde el TSXG, han señalado que el fiscal de Estados Unidos que tiene que solicitar al juez los datos pedidos por España --en el sistema legal estadounidense es fiscalía quien asume esta función--entendió que no podía "defender el caso" con los que se le mandaron en un primer momento.

"Y pidió que se ampliase la información y que se hiciese la solitud de nuevo de una manera más acorde a las leyes procesales americanas, que son muy diferentes a las españolas", han apuntado desde el TSXG.

Desde el juzgado han estado trabajando en ello en colaboración de la magistrada de apoyo de España en Washington. Aunque inicialmente apuntaron que se estaba a punto de enviar otra comisión rogatoria, adaptándose a los requerimientos de las autoridades americanas, desde el alto tribunal gallego se ha aclarado que solo habrá que proporcionar la información complementaria que piden las autoridades de EEUU para poder ejecutar la que ya se envió.

Puede que finalmente el asunto no prospere, pero los tribunales de allí aún no se han pronunciado", han apuntado en relación a unas actuaciones vinculadas la investigación.

Entre otras cuestiones, la misma se centra en analizar el volcado de datos de los móviles de los seis detenidos: cinco hombres, dos de ellos menores, y una mujer. De ellos, tres están prisión en relación a unos hechos ocurridos en la madrugada del pasado 3 de julio en el paseo marítimo coruñés.

El Consell de l'Audiovisual de Cataluña (CAC) ha cifrado en 9,3 millones los abonados a plataformas 'over the top' (OTT) de pago en Cataluña, 200.000 más que en el cuatrimestre anterior, y ha calificado de "residual" la presencia del catalán en ellas.

Según datos del boletín cuatrimestral BIAC recogidos en un comunicado este martes, el CAC ha detallado que HBO llega al millón de abonados y Disney+ experimenta un crecimiento del 2,1% de suscriptores, siendo la plataforma que más crece respecto a la primera ola del año; el resto de plataformas mayoritarias reducen ligeramente sus abonados.

Las principales son Netflix, con 3.729.000 abonados en Catalunya; Prime Video, con 2.422.200; HBO, con 1.036.200; Disney+ con 917.400; DAZN con 363.000 y Filmin con 171.600 según datos del EGM.

Las plataformas de 'internet protocol television' (IPTV) de pago están encabezadas por Movistar+ con 1.683.000 abonados, seguida de Orange TV con 402.600 y Vodafone con 369.600.

PRESENCIA "RESIDUAL" DEL CATALÁN

El CAC ha calificado de "residual" la presencia del catalán en las grandes plataformas: no llega al 1,5% en Prime Video y no supera el 1% en Netflix, Disney+ y HBO.

No obstante, Filmin (creada en Barcelona) dispone de un 18,9% del catálogo en lengua original catalana y de la interficie FilminCAT, que ofrece obras producidas en Cataluña o disponibles en catalán.

NORMATIVA

El organismo ha destacado que el Gobierno no ha transpuesto --y, por tanto, no ha enviado al Congreso-- la directiva europea que, entre otras cuestiones, regula las cuotas de lengua en las plataformas y las competencias de los organismos reguladores, cuyo plazo para hacerlo finalizaba el 19 de septiembre de 2020.

Ha recogido que en Alemania se ha establecido que las competencias recaigan en los estados (Länder) y en Bélgica se han repartido entre la comunidad francófona y la flamenca.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha reconocido este martes los "principios democráticos" de las Fuerzas Armadas, de las que ha alabado su papel como garantes de la libertad y de la proyección de los valores humanitarios "en un mundo cada vez más turbulento".

Castells ha lanzado este mensaje durante la inauguración, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, del curso académico 2021-2022 del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

En su intervención, el ministro ha asegurado además que su Departamento está "asegurando la articulación y vinculación necesaria entre el CESEDEN y el conjunto de nuestro sistema universitario, blindando todos los acuerdos que en esta institución se están llevando a cabo".

Por su parte, Robles ha ensalzado la labor docente y de investigación del CESEDEN, máxime en un contexto en el que "hay muchas incógnitas geopolíticas y retos", entre los que ha señalado las amenazas híbridas o la inteligencia artificial.

La ministra ha subrayado el "orgullo" de la ciudadanía por las Fuerzas Armadas, capaces además de estar junto a la gente que "lo pasa peor". Y ha destacado su labor actualmente en la isla de La Palma para hacer frente a los efectos del volcán.

Al acto han asistido también la subsecretaria de Defensa, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el jefe de Estado Mayor de la Armada, el secretario general de Política de Defensa, la directora general de la Guardia Civil, el director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, el director del Instituto de Estudios Estratégicos, así como el claustro de profesores del CESEDEN.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera "nulo de pleno derecho" cómo se llevó a cabo el proceso de repatriación de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo porque no cumplió con requisitos básicos como informar a estos niños y adolescentes de sus derechos.

Así lo expone el fiscal Manuel Campoy en un escrito del pasado 17 de septiembre, donde informa a favor de admitir el recurso contencioso-administrativo formulado por la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la orden emitida en agosto por el Ministerio de Interior para deportar a dichos menores.

"Se considera que las actuaciones administrativas de retorno al Reino de Marruecos de menores extranjeros no acompañados, que acudieron masivamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta en los días 17 y 18 de mayo, (...) son nulas de pleno derecho, por cuanto prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", afirma Campoy.

Es más, apunta que se trata de "actuaciones materiales de vía de hecho" porque han obviado el procedimiento establecido, vulnerando con ello las "garantías esenciales" que lo rigen.

NO SE ESCUCHÓ A LOS MENORES

Subraya el fiscal que la forma de actuar de la administración pública en este proceso de repatriación lesionó el derecho fundamental de los menores a la tutela judicial efectiva, recordando en este sentido que la jurisprudencia constitucional exige una "comunicación personal" de los trámites a los afectados.

"Se han omitido los preceptivos actos de comunicación a los menores interesados, información de sus derechos y nombramiento de defensor judicial, en su caso; cercenándoles así la posibilidad de acceso a la tutela judicial y de poder ser revisados judicialmente los actos administrativos concernidos", expone.

Campoy recalca que, en general, "no se han cumplido ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación española", detallando que no consta un trámite de audiencia con presencia de los menores que tuvieran "juicio suficiente" o de sus representantes legales, ni que se les haya informado de sus derechos, dado la posibilidad de formular alegaciones o de nombrar a un defensor judicial.

Tampoco constan, añade, "los informes preceptivos de la representación diplomática de Marruecos sobre las circunstancias familiares de los menores afectados, de los servicios de protección de menores ni del Ministerio Fiscal".

El fiscal también echa en falta una "resolución final de acuerdo con el principio de interés superior del menor, sobre la repatriación a su país de origen o donde se encuentren sus familiares o sobre su permanencia en España, que debe ser notificada al menor, su representante, tutor y al Ministerio Fiscal, poniendo fin a la vía administrativa".

COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE CEUTA

En consecuencia, el Ministerio Público estima que "procede la admisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto", aunque al mismo tiempo indica que "la competencia objetiva y territorial para conocer del mismo corresponde a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ceuta".

Y ello porque el reglamento de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social "atribuye a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno la competencia para la tramitación de los procedimientos sobre repatriación de menores extranjeros no acompañados".

Mientras que los juzgados de lo contencioso-administrativo tienen la competencia objetiva sobre los recursos formulados contra las resoluciones dictadas en materia de extranjería por la administración periférica del Estado, siendo la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que haya emitido el acto impugnado.

LA RED CRITICA QUE LA FISCALÍA NO VALORE EL AUTO DE INTERIOR

Sin embargo, desde la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado han señalado que no comparten la apreciación de Fiscalía sobre la necesidad de acumular este proceso en el juzgado de la ciudad autónoma puesto que, apuntan, no están enjuiciando al Ministerio del Interior "por haber procedido a ejecutar las deportaciones, sino por haber emitido una orden irregular, que prescinde de cualquier procedimiento administrativo".

Así las cosas, la Red no comparte "parcialmente lo contenido en el informe" de Fiscalía que, insisten, "está fuera de plazo". El escrito, lamentan, "no entra a valorar en modo alguno el eje nuclear de esta causa, esto es, que" el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska "dictó un acto administrativo en agosto de 2021 que puso en marcha todo el procedimiento, que no recogía ni cumplía la normativa que le es aplicable".

Un acto, explican, "que ahora se está remediando por la convocatoria de varias comisiones entre Ministerios para desarrollar el Acuerdo entre el Reino de Marruecos y el de España para deportaciones de menores migrantes".

El Tribunal General de la Unión Europea dictaminará este miércoles si los acuerdos pesquero y agrícola entre la UE y Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental son legales o, como defiende el Frente Polisario, deben anularse por ser contrarios al Derecho Internacional al incluir un territorio pendiente de descolonización.

La sentencia, que se conocerá a partir de las 11.00 horas y podrá ser recurrida por cualquiera de las partes en un plazo de dos meses y diez días, amenaza con abrir una nueva fricción entre Bruselas y Rabat si la Justicia europea tumba ambos acuerdos tras superar la crisis surgida en mayo por el paso de miles de migrantes a España en Ceuta.

El tribunal de Luxemburgo declaró en diciembre de 2016 que los acuerdos entre la UE y el Reino de Marruecos no pueden incluir el Sáhara Occidental por tratarse de un territorio no autónomo. Este hecho obligó a ambas partes a renovar sus pactos pesquero y agrícola para que pudiera incluir productos alimentarios y capturas pesqueras procedentes de la antigua colonia española.

El Frente Polisario ha pedido a la Justicia europea la anulación de todos estos acuerdos por estas modificaciones, pero la Comisión Europea y los gobiernos del bloque consideran que son válidos porque la población local ha sido consultada y, a juicio de las instituciones comunitarias, tendrán un impacto positivo sobre la economía.

LOS ARGUMENTOS DE LA UE

La evaluación europea con respecto al impacto del acuerdo agrícola sobre el Sáhara Occidental concluyó que las ventajas arancelarias para productos saharauis supondrán un "fuerte impulso" para el crecimiento económico y el desarrollo social. También que promoverá, según este análisis, unas "condiciones de inversión favorables" y "contribuirá a una expansión rápida y significativa que permitirá el desarrollo del empleo local.

En relación al de pesca, la UE destaca que será "muy beneficioso" para la población afectada por las "positivas repercusiones" desde el punto de vista del empleo y las inversiones, así como sobre el desarrollo del sector pesquero. El bloque también considera que el protocolo "representa la mejor garantía de explotación sostenible de los recursos naturales de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental".

En ambos casos, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) realizó "amplias consultas" en las que "la mayoría de los actores socioeconómicos y políticos que participaron en ellas se mostró a favor" tanto del acuerdo pesquero como de ampliar las ventajas arancelarias a productos saharauis.

El Frente Polisario y "otras partes", sin embargo, se negaron a participar en ellas porque entiende que los acuerdos implican un reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y sus recursos, algo que niega la UE.

EL POLISARIO PIDE LA ANULACIÓN

Así, el Polisario pidió al TUE que evaluase la legalidad de los acuerdos y ha fundamentado su posición en una decena de motivos, el primero de los cuales señala que la UE y Marruecos carecen de competencias para negociar acuerdos internacionales que sean aplicables al Sáhara Occidental en nombre de la población afectada.

Por otro lado, denuncia que antes de celebrar los acuerdos no se ha evaluado el respeto de los derechos fundamentales y el Derecho internacional humanitario, así como que "niegan la existencia del pueblo saharaui como sujeto de Derecho sustituyéndolo por la expresión 'poblaciones afectadas'".

También argumenta el Polisario que los acuerdos agrícola y pesquero "vulneran el derecho del pueblo saharaui de disponer libremente de sus recursos naturales" y organiza "sin su consentimiento" la exportación de sus productos a la UE y la explotación de sus recursos pesqueros por buques europeos.

IMPACTO ECONÓMICO

Más allá del impacto político, una sentencia que diese la razón al Frente Polisario también tendría consecuencias económicas para ambas partes, especialmente para España, que es el socio comunitario que más se beneficia del acuerdo que permite faenar en aguas del Sáhara a buques comunitarios.

En concreto, un 91% de las capturas recogidas en el pacto pesquero con Marruecos provienen de aguas saharauis. A cambio del acceso a estas aguas, la UE paga a Marruecos una media anual de 52 millones de euros cada uno de los cuatro años de vigencia del acuerdo, de los que 12 millones aproximadamente deben ser abonados por los armadores europeos.

En contrapartida, el país africano permite faenar en sus aguas y en las del Sáhara Occidental a 128 barcos europeos, entre ellos 92 españoles. En particular, 22 cerqueros españoles de pesca artesanal pelágica en el norte, 25 palangreros de fondo también en el norte, diez embarcaciones de pesca artesanal en el sur, doce busques de pesca demersal y 23 cañeros para capturas de atún.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para promover la igualdad de las mujeres en las explotaciones agrarias y concederá ayudas para contribuir al pago de parte de las cuotas de la seguridad social a las mujeres que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida.

En concreto, esta medida tiene por objeto incentivar que las mujeres, que comparten tareas agrícolas en explotaciones familiares, participen también en igualdad de condiciones en los derechos y obligaciones que les corresponden, según el real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida.

Los análisis de la situación de las mujeres en el medio rural y en el sector agroalimentario en España constatan que sigue existiendo una menor representación de las mismas en la actividad agraria y una menor dimensión económica de sus explotaciones, con el consiguiente déficit de renta.

Por ello, la incorporación y permanencia de las mujeres en la actividad agraria y su asentamiento en el medio rural debe entenderse como una prioridad a la hora de diseñar actuaciones desde las administraciones, y en esta línea se inscriben estas ayudas.

Las ayudas, que contarán con un total de un millón de euros para este año, consistirán en la financiación de parte del coste de las cuotas a la seguridad social a las que están obligados los titulares de las explotaciones, siempre que éstas estén inscritas en el registro de titularidad compartida.

Las explotaciones agrarias que resulten beneficiarias de estas ayudas deberán permanecer al menos cinco años inscritas en este registro, y sus titulares tendrán que estar ese mismo tiempo mínimo dados de alta en la seguridad social. Con el establecimiento de esta línea de ayudas se trata de incentivar precisamente que se produzcan más altas en el registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida.

Agricultura ha recordado que en las explotaciones agrícolas y ganaderas de carácter familiar trabajan muchas mujeres que comparten las tareas con los hombres pero que en la mayoría de los casos no figuran como titulares, lo que dificulta que se valore adecuadamente la participación de la mujer y se dimensione el papel que realmente desempeña en el medio rural.

En la actualidad hay 868 explotaciones inscritas en el Registro de Titularidad Compartida. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considera necesario reforzar aún más este apoyo a este tipo de explotaciones familiares, con estas ayudas que complementan las reducciones a las cuotas de la Seguridad Social, ya que en muchos casos, el menor tamaño económico de estas explotaciones dificulta poder asumir mayores gastos para profesionalizar el trabajo de las mujeres.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente dos causas de exclusión para el ingreso en la Policía Nacional recogidas en el Real Decreto de 11 de mayo que aprobó el nuevo cuadro médico de exclusiones. Sobre ambas exclusiones, que se referían a la no admisión de personas con lentes intraoculares fáquicas, presentaron escrito solicitando la suspensión cautelar 34 aspirantes a agente de la Policía.

En un auto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo acepta la petición cautelar por el denominado 'periculum in mora', es decir, la existencia de riesgo de que, en el caso de ser estimado en su día el fondo del recurso, los recurrentes pierdan al menos la oportunidad de participar en una oposición libre para el ingreso en la Policía, ya que el pasado mes de agosto se convocó una oposición con las citadas causas de exclusión.

"Y la pérdida de esta oportunidad comportaría, sin duda, un perjuicio en términos de tiempo, energía e incluso motivación psíquica", señalan los magistrados.

Los recurrentes sostenían que las lentes intraoculares, que se implantan mediante la cirugía de lente fáquica, consituyen un avance en la medicina oftalmológica perfectamente acreditado en el mundo y experimentado ya en más de un millón de pacientes.

Añadían que las lentes consiguen la eliminación del 100 por cien de la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y las cataratas, con una recuperación casi total de la agudeza visual, y que no necesitan ningún tipo de mantenimiento o recambio. Por eso, opinan que la inclusión de este tipo de lente en las causas médicas de exclusión para entrar en la Policía Nacional "carece de justificación racional".

CRITICA A LOS ARGUMENTOS DE ABOGACÍA DEL ESTADO

Por lo que se refiere a la posible perturbación de los intereses generales, esgrimida por el Abogado del Estado, el Supremo dice que no ha especificado qué alteración del buen funcionamiento de la Administración o del correcto desarrollo del proceso selectivo ahora convocado --o de los que puedan convocarse antes de que esta Sala dicte sentencia-- derivaría de la suspensión cautelar de las causas de exclusión relativas a las lentes intraoculares.

"No deja de ser significativo, en este sentido, que el Abogado del Estado no diga nada sobre la novedad de estas causas de exclusión, inexistentes con anterioridad a la aprobación del Real Decreto 326/2021: no aporta ningún argumento sobre cómo habría sufrido el interés general durante todo el tiempo en que los aspirantes a ingresar en la Policía Nacional no se veían imposibilitados de hacerlo por tener lentes intraoculares".

La Sala puntualiza que en este momento no procede hacer ninguna consideración sobre apariencia de buen derecho, ni menos aún ninguna otra sobre la pretensión principal de este recurso contencioso-administrativo.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido dejar claro este martes que el Gobierno sí cree que la comisaría de la Policía Nacional en la Vía Laietana de Barcelona fue "un lugar de represión y tortura", y ha argumentado que lo que quiso hacer el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, al alabar esa comisaría fue "poner en valor" el papel "fundamental" que ejerce el cuerpo de la Policía Nacional.

Así lo ha asegurado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la polémica que han generado las declaraciones del 'número dos' del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y que han llevado a ERC a pedir su dimisión y a Unidas Podemos, que le desautorice, por ensalzar esta comisaría, sin hacer referencia a su pasado durante el franquismo.

Rodríguez se ha negado en primer lugar a interpretar las palabras del secretario de Estado, y a continuación ha querido aclarar que la opinión del Gobierno es que el mencionado lugar fue escenario de "represión y de tortura". A este respecto, ha defendido que el Ejecutivo se puede "sentir orgulloso" de "dignificar la memoria democrática" de España y de "dar respuesta a la memoria de quienes sufrieron la persecución y la dictadura en otros momentos de la historia".

Eso sí, a continuación ha apostillado que, a su juicio, lo que hizo el secretario de Estado de Seguridad cuando habló de esta comisaría "es algo que es compartido por todo el Gobierno", que es "poner en valor el papel de la Policía Nacional en todo el territorio". "En España, y también en Cataluña y en Barcelona", ha zanjado.

"Creo que es también una parte de nuestro Estado muy valorada por la ciudadanía y desde luego ejerce un papel fundamental en lo que al orden público se refiere", ha añadido Rodríguez.

La portavoz no ha aclarado sin embargo si el Gobierno es partidario de convertir esta comisaría en un museo de la memoria histórica que conmemore la lucha antifranquista, como quiere la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y este martes ha vuelto a pedir Unidas Podemos.

El PSOE respaldó en 2019 en el Congreso una proposición no de ley de ERC para trasladar a la Policía Nacional a otra ubicación y convertir esta comisaría en un museo, si bien esta iniciativa, que rechazan de plano los sindicatos policiales nunca se ha hecho realidad.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de 20 años de prisión para un hombre por detención ilegal, agresión sexual y contra la integridad moral por retener en su vivienda contra su voluntad, violar y agredir a una mujer durante dos semanas en Ourense.

Según la sentencia del Supremo, se ratifica el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 20 de abril de 2020 en el que se consideró probado que el acusado, de 40 años, mantenía con anterioridad al mes de enero de 2018 contacto con Whatsapp con la víctima, con la que se citó el 4 de enero de ese año a pernoctar en un hostal en Ourense "las noches del 4 al 5 y del 6 al 7 de enero", donde había alquilado habitaciones la mujer y mantuvieron "relaciones sexuales consentidas".

En la mañana del 7 de enero llegaron ambos a un domicilio en Ourense donde vivían los padres sexagenarios del acusado y tres hermanos de éste, de 33 y 43 años --dos de ellos--. Para el tribunal el acusado "concibió desde el momento" en que la mujer "lo acompañó hasta ese domicilio impedirle marcharse desde su lado, privándola de su capacidad deambulatoria, obligándola mediante una conducta violenta y agresiva, acompañada de continuas intimidaciones, a permanecer en la vivienda".

Además, en el relato de hechos probados trasladado por el TSXG se consideró probado que "desde el 10 de enero de 2018 hasta el 26 de enero de 2018" la mujer permaneció "oculta" en la vivienda de esa familia "sin permitírsele salir de la misma y de sus alrededores". Además, manifestaron "reiteradamente a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se acercaban a la vivienda a preguntar" por la víctima "que ésta no se encontraba viviendo en dicho lugar".

El TSXG dictó fallo, que ha sido ratificado ahora por el Supremo, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la víctima y desestimados los de los condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, condenaron al principal encausado por detención ilegal a cinco años de prisión; por delito continuado de agresión sexual en modalidad agravada a 13 años y seis meses de cárcel; por un delito contra la integridad moral a 18 meses de prisión; a lo que se suma por un delito de lesiones la pena de tres meses de cárcel.

Además, se le ha impuesto la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, o cualquier lugar en que se halle e un radio de acción de 500 metros y de comunicarse con ella en cualquier forma durante 7, 13 y tres años, respectivamente por los citados delitos, salvo el de lesiones.

En concepto de responsabilidad civil debe abonar a la perjudicada 8.855,8 euros en concepto de perjuicios personales y secuelas y 12.000 euros por daño moral, mientras al Sergas pagará los gastos sanitarios.

COOPERADORES Y CÓMPLICE

El TSXG condenó a los padres del principal encausado y a dos de sus hermanos a la pena de cinco años de prisión para cada uno de ellos como autores en concepto de cooperación necesaria de un delito de detención ilegal. También tienen prohibido acercarse a la víctima, a su domicilio o cualquier lugar en el que se halle en un radio de acción de 500 metros y de comunicarse con ella en cualquier forma durante cinco años. Asimismo, deben indemnizar conjuntamente a la perjudicada en la cantidad de 3.000 euros por daño moral.

Al tercer hermano lo condena a dos años y seis meses de cárcel como cómplice de un delito de detención ilegal, además de prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio o cualquier lugar en que se halle en un radio de acción de 500 metros y comunicarse con ella en cualquier forma durante cinco años y a que indemnicen conjuntamente con los anteriores en la cantidad de 3.000 euros por daño moral.

El Supremo incide en que el principal encausado ha sido condenado por sendos delitos de agresión sexual continuada, detención ilegal, contra la integridad moral y lesiones; mientras que los demás han sido considerados cooperadores necesarios en un delito de detención ilegal.

TESTIMONIO ÚNICO DE CARGO

En su fallo, de fecha 15 de septiembre de 2021, la Sala de lo Penal del Supremo argumenta en relación al "nervio central" de todos los recursos interpuestos por los condenados contra la sentencia del TSXG, la suficiencia del testimonio único de cargo sostenido en el juicio por la víctima para alegar presunción de inocencia, que "no puede de ningún modo sostenerse, con razón, que la sentencia ahora recurrida resulte vulneraradora del derecho a la presunción de inocencia de ninguno de los condenados".

"Al contrario, las convicciones alcanzadas por la Audiencia Provincial, que hallaron pleno respaldo en la sentencia dictada por el Tribunal Superior, descansan en el resultado y ponderada valoración del testimonio prestado en el juicio, de forma plenamente lícita y regular", esgrime, por la víctima.

"Tampoco pueden progresar las quejas de los recurrentes condenados a título de cooperadores necesarios, por lo que respecta a una pretendida falta de descripción suficiente en el relato de hechos probados de aquellos que en concreto se les atribuyen, calificándolos de genéricos o imprecisos".

Así, se concreta que el principal acusado durante la permanencia de la víctima en el domicilio de la familia procesada "con ánimo de atentarcontra su integridad corporal, la golpeó en diversas ocasiones con palos y barras de hierro, causándole múltiples heridas contusas en pecho derecho, brazo derecho, hombro izquierdo, pómulo izquierdo, glúteo derecho, así como en muslo y pierna izquierda y muslo derecho, que necesitaron para su curación de varias asistencias facultativas con necesidad de tratamiento médico quirúrgico y le produjeron perjuicio personal básico de 110 días y un perjuicio por pérdida de calidad de vida moderada de 10 días, quedándole como secuelas trastorno por estrés postraumático grado moderado y perjuicio estético ligero".

"Como claramente se indica se desliga la acción de lesionar de cualquier otra finalidad como sería la de doblegar su voluntad para conseguir consumar los delitos contra la libertad sexual cometidos o conseguir ese clima intimidatorio que impidiera a (la víctima) salirdel lugar de su encierro", señala. "La acción de lesionar se consuma en si misma al perseguir el autor simplemente atentar contra la integridad corporal, de modo y manera que mal puede entenderse absorbida por otra figura delictiva, cobrando por ello plena autonomía", abunda. "En tal sentido, con plena sujeción a los hechos declarados probados, debemos entender que es criminalmente responsable de un delito de lesiones, previsto en el artículo 147.1 del Código Penal", subraya sobre el principal encausado.

FUNCIONES

El tribunal aclara que "la testigo no pudo asegurar, pues la memoria no le alcanza para ello cuál de los acusados", por encargo del principal condenado, "la vigilaba en cada momento, cuando tenía que salir al baño, cuando se ausentaban de la vivienda y bajo la supervisión de alguno de ellos". "Más sí pudo señalar que a lo largo del periodo durante el cual se halló privada de su libertad deambulatoria, todos ellos participaron indistintamente en esas funciones, acompañándloa, vigilándola para que no pudiera salir de la casa o contactar con terceras personas", destaca.

Para el Supremo "esta participación en los hechos de todos y cada uno de los acusados, aparece corroborada por la testifical de los agentes de policía que con cierta asiduidad acudían a la vivienda de los acusados para interesarse por el posible paradero" de la víctima, "aseverando que todos y cada uno de los ahora recurrentes les negaron, falsamente como después se ha sabido, que estuviera allí o que conocieran su concreto paradero".

Canarias ha registrado 109 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado en el archipiélago se eleva a 94.911, mientras que suma una muerte, en Gran Canaria, y alcanza los 984 óbitos, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Así del total de casos, 1.668 están activos (-172), de los que 39 están ingresados en UCI (-1), 184 permanecen hospitalizados (-8) y 1.445 están en sus domicilios (-163). Además 92.259 personas han superado la enfermedad en lo que va de pandemia en el archipiélago tras recibir el alta hospitalaria 280 personas en las últimas horas.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias se sitúa en 26,75 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en 57,08 casos por 100.000 habitantes. Asimismo se han realizado un total de 2.123.262 pruebas PCR en las islas, de las que 124.602 resultaron positivas, lo que supone el 5,87 por ciento.

Por islas, Tenerife suma 42 positivos, acumulando 45.409 casos, de los que 923 están activos epidemiológicamente (-99), 563 han fallecido y 43.923 han superado la enfermedad; Gran Canaria cuenta con 36.258 acumulados (+33), de los que 456 son activos (-98), 333 han muerto y 35.469 recibieron el alta médica.

Por su parte, Lanzarote suma 13 positivos, con 6.843 acumulados, de los que 100 son activos (+7), mientras ha registrado 50 óbitos y 6.693 superaron la enfermedad; Fuerteventura tiene 4.432 casos acumulados (+12), de los que 165 están activos (+10), 17 fallecieron y 4.250 recibieron el alta médica; y La Palma suma siete casos y acumula 1.106, de los que 17 están activos (+7), 16 han muerto y 1.073 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro suma uno y acumula 459, de los que seis se mantienen activos, cuatro han fallecido y 449 superaron la enfermedad; mientras que La Gomera suma otro caso y acumula 403, de los que uno está activos, uno ha muerto y 401 han recibido el alta médica.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado este martes en el Parlamento de Canarias que su departamento está ultimando los trámites administrativos para disponer ya de un lote cercano a las cien viviendas para ofrecérselas a las personas que fueron desalojadas por los efectos del volcán de La Palma y que no cuentan con alojamiento propio en estos momentos.

"Personal de la Consejería y de la empresa Visocan llevan una semana en La Palma buscando viviendas y ya puedo anunciar que estamos en disposición de entregar las primeras viviendas a estas personas afectadas a principios del próximo mes de octubre", aseguró el consejero Sebastián Franquis en la Cámara regional.

El consejero especificó que los técnicos de Vivienda han localizado ya varias promociones en los municipios de Tazacorte, Fuencaliente y Los Llanos que sumarían algo más de 75 viviendas que se adquirirían de manera casi inmediata por parte de la Comunidad Autónoma para hacer frente a la emergencia habitacional que viven muchas familias de La Palma que se han quedado sin casa por las coladas volcánicas.

A esas casas que se comprarían se sumarían otras que cederá una entidad bancaria y otras que son propiedad del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) hasta sumar el centenar de viviendas que podrían entregarse durante el mes de octubre.

LOTE DE 267 CASAS

El objetivo a medio plazo es comprar unas 150 viviendas más hasta lograr contar con un lote de 267 casas adquiridas por la Comunidad Autónoma y, junto a las cedidas, poder ofrecer cerca de 300 viviendas a los afectados a finales de este mismo año.

"Soy consciente de la necesidad de afrontar la importante emergencia habitacional a la que nos enfrentamos en La Palma, y desde el Gobierno canario, y especialmente yo como titular de esta área, no tiene otra idea en la cabeza que inmediatamente poner a disposición de las familias afectadas una vivienda digna, especialmente de aquellas que no tienen en este momento ningún hogar. Eso es lo que estamos haciendo y estoy convencido que a principios de octubre podemos comenzar a entregar las primeras de esas viviendas", explicó el consejero Franquis.

Así, ha señalado que eso es lo que se ha planificado, primero con la emergencia más inmediata con instalaciones hoteleras y ahora ultimando la compra de vivienda. "Y si hicieran falta más casas tenemos prevista la posibilidad de comprar e instalar viviendas prefabricadas si la demanda de viviendas es mucho mayor", agregó.

La Comunidad Autónoma afrontará la compra de estas viviendas con recursos propios a los que se sumarán los del Gobierno de España que este mismo ha aprobado un Real Decreto por el que se destinan 10,5 millones de euros a Canarias solo para atender la emergencia habitacional que ha provocado el volcán en la comarca oeste de La Palma.

CONVENIO CON EL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES

El consejero regional anunció, además, que su departamento prepara la firma de un convenio con el Colegio de Trabajadores Sociales de Tenerife para destinar en torno a una quincena de estos profesionales a La Palma para que puedan realizar sobre el terreno un diagnóstico de las necesidades reales de la población afectada por la erupción del volcán.

"Creo que estamos en la buena dirección en el sentido de la rapidez con la que estamos actuando todas las administraciones. Y en este sentido quiero expresar la coordinación que mantenemos tanto dentro del propio Gobierno canario en su conjunto, como el que mantenemos con los ayuntamientos y el Cabildo, y con el Gobierno de España", añadió Franquis.

El consejero comentó también que "hay técnicos de la Consejería en la isla de La Palma localizando viviendas y otros estudiando cada una de las carreteras afectadas para planificar el plan de reconstrucción que hay que desarrollar en los próximos meses con soluciones mucho más estructurales".

Por tanto, apuntó, "el Gobierno canario tiene claro cuál debe ser la prioridad política, económica y social en estos momentos que no pasa por otro objetivo que no sea recuperar cuanto antes la normalidad en la isla de La Palma".