El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que los jeltzales no tienen intención de entrar en polémicas sobre los tributos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque en Euskadi están "satisfechos" con su sistema fiscal y, aunque los vascos "pagan más impuestos", redundan en "unos servicios públicos de calidad". "Allá quien, por favorecer a una parte pequeña de la sociedad, pone en riesgo recaudar más impuestos que deberían dedicarse a mejorar un poquito la Sanidad", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Antena3, Ortuzar se ha referido, de esta manera, a las quejas de Ayuso que calificó de "tremendamente injusto" que se acuse de 'dumping fiscal' a la comunidad madrileña por parte de los nacionalistas, "empezando por aquellos que en el País Vasco y en Navarra tienen un sistema fiscal muy distinto, con muchos más privilegios".

"He oído hablar a la presidenta de Madrid mucho de las clases medias y las clases populares. El Impuesto de Patrimonio no lo pagamos ni las clases medias ni las clases populares. Lo pagan los que tienen patrimonio", ha apuntado.

Tras asegurar que su partido no tiene "ninguna intención ni ninguna necesidad de entrar en polémicas", ha rehusado la invitación de Ayuso a que las demás comunidades autónomas adopten las mismas medidas fiscales."Nosotros estamos satisfechos con nuestro sistema fiscal. Es verdad que pagamos más impuestos, pero eso redunda en que tenemos unos servicios públicos de calidad, una buena sanidad, una buena educación, una buena protección social, y nosotros vamos a seguir así", ha aseverado.

En este sentido, ha dicho que "allá quien, por favorecer a una parte pequeña de la sociedad, pone en riesgo recaudar más impuestos que deberían dedicarse a mejorar un poquito la Sanidad". "Porque creo que en Madrid hay bastante polémica sobre los servicios públicos. Con un poquito más de recaudación, seguro que se podrían mejorar los servicios públicos", ha destacado.

EMPRESAS QUE SE QUEDEN

El líder del PNV ha señalado que es "indudable" la capacidad de atracción que tiene Madrid para las empresas, pero ha precisado a Euskadi, que es industrial, le gustan las empresas que vayan y se queden. "Ese tipo de gente, que va y viene, como las golondrinas, nunca hace nido. Y si hace un nido, es coyuntural", ha añadido.

Ante ello, ha explicado que en la Comunidad Autónoma Vasca tratan de que "el ecosistema que haya, también el fiscal, sea bueno para la industria, para la empresa, para los puestos de trabajo, no para los directivos que cobran unos sueldos muy importantes, y que en unos sitios se les cobra un impuesto y en otros menos impuestos".

Los científicos que siguen la evolución del volcán de La Palma han detectado el avance de una nueva colada entre las montañas de La Laguna y Todoque, donde se está concentrando el mayor aporte de lava procedente del centro de emisión, si bien la superficie afectada apenas ha aumentado en 2,84 hectáreas, hasta alcanzar un total de 1.037,17.

La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, indicó en rueda de prensa que los vídeos obtenidos en un dron con cámara térmica indican "claramente" que el aporte principal se está produciendo en la zona central, entre dichas montañas, y en menor medida en los deltas lávicos.

No obstante, María José Blanco advirtió que se desconoce si llegará o no al mar, pues las coladas "avanzan y cambian su curso día a día, dependiendo del aporte que tengan desde el centro de emisión".

El director técnico del Pevolca, Rubén Fernández, añadió que en las últimas horas ha habido un aporte de lava "muy pequeño", lo que ha hecho que la superficie afectada apenas haya aumentado. En este sentido, reiteró que el aporte principal, con cierta movilidad, se ha producido en la colada 5 y la anchura máxima entre coladas se mantiene en 3.200 metros.

Por otro lado, Rubén Fernández destacó que la mejora de la calidad del aire durante el día de ayer ha permitido retomar la actividad lectiva presencial. En función de su evolución, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anunciará a lo largo del día si esta presencialidad se mantiene o no en el día de mañana.

Asimismo, el director técnico informó que durante la noche, en torno a las 04.00 horas, se han detectado altos niveles de gases tóxicos tanto en Las Manchas como en Puerto Naos, por lo que se evacuó al personal que estaba trabajando en la zona, vinculado sobre todo a las desaladoras, y no está permitido el acceso.

En lo que se refiere al número de albergados, 484 personas permanecen en centros hoteleros, cuatro más que ayer. Del total, 417 se hospedan en el hotel de Fuencaliente y 67 en Los Llanos de Aridane. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.

Los últimos datos del Catastro indican que hay 1.467 infraestructuras dañadas, de las cuales 1.184 son de uso residencial, 154 agrícola, 67 industrial, 34 ocio y hostería, 13 uso público y 15 otros usos. En cuanto a los datos de Copernicus, hay un total de 2.734 edificaciones/construcciones afectadas, de las cuales 2.623 están destruidas y 111 en riesgo.

CAMBIO APRECIABLE.

En cuanto a la evolución del volcán, los científicos han observado en el día de hoy un cambio apreciable en la erupción en curso. Así, en relación a los parámetros observables, María José Blanco señaló que, aunque menor, continúa una alta tasa de emisión de ceniza y por las condiciones meteorológicas se dirige hoy principalmente hacia el sur y suroeste. Además, hoy no se ha formado columna eruptiva y la altura de la nube de dispersión era de unos 1.500-1.700 metros en dirección oeste-suroeste.

El viento sopla hoy de componente norte de 0 a 3.000 metros y hasta 5.000 de componente oeste. Se prevé que el viento role a componente oeste en niveles bajos a partir del final de la mañana de mañana; por lo tanto, la nube de cenizas y dióxido de azufre (SO2) se dispondrá desde ese momento en dirección este, afectando a la operatividad de aeronáutica del Aeropuerto de La Palma, principalmente. Habrá probabilidad de precipitaciones débiles, afectando a la vertientes norte y este. La próxima semana, la aproximación de una borrasca atlántica al Archipiélago provocará una inestabilidad atmosférica en el área del centro eruptivo.

La sismicidad a profundidades intermedias se ha incrementado notablemente desde las cinco horas de ayer y continúa localizándose en las mismas zonas. Se sigue manteniendo la sismicidad a profundidades superiores a 20 km. La magnitud máxima alcanzada en las últimas 24 horas fue de 4.7 mbLg, de un evento que se produjo hoy a las 07.17 horas, a una profundidad de 35 km y sentido con intensidad III-IV (EMS). El tremor en las últimas 24 horas ha incrementado su amplitud, alcanzando un nivel medio. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiéndose alcanzar intensidades V-VI y originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente.

La deformación no registra cambios y desde comienzos de noviembre se observa una notable disminución de la deflación regional.

Sobre la emisión de SO2 asociado al penacho volcánico, en el día de ayer se registraron unos valores que aunque fueron menores que en los dos días previos, continúan siendo altos. En concreto, se registraron unos valores entre 2.000 y 3.000 toneladas diarias mediante el uso de sensores ópticos remotos tipo miniDOAS en posición móvil marítima. Por otro lado, el análisis de imágenes satelitales refleja una tendencia descendente desde el pasado 23 de septiembre cuando se registraron máximos superiores a las 50.000 toneladas diarias.

En el caso de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2), asociada a los 220 km2 de la dorsal volcánica de Cumbre Vieja (emanaciones no visibles de gases volcánicos) continúa registrando valores por encima de los niveles de fondo (entre 200 y 1300 toneladas diarias) y durante el día de ayer reflejaron un rango de valores entre los 2.200 y 2500 toneladas diarias. Estas emanaciones difusas no representan un peligro para las personas.

En el día de ayer la calidad del aire debida al dióxido de azufre (SO2) se situó en niveles 'muy desfavorables' en las estaciones de Los Llanos y Puntagorda, con superaciones del valor límite horario. En el resto de estaciones de la isla los valores se mantuvieron entre 'buenos' y 'razonablemente buenos'. Además, se registraron valores muy altos en el equipo de medida ubicado en el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos.

Durante la mañana de hoy se está registrando un aumento en los valores registrados en Los Llanos, Tazacorte y Puntagorda, llegando a niveles 'desfavorables' en Puntagorda y Los Llanos, y 'regulares' en Tazacorte. En el resto de las estaciones se mantienen en niveles 'buenos'.

Con respecto a las partículas menores de 10 micras (PM10), ayer se produjo un aumento de las concentraciones registradas en Los Llanos a primeras horas de la mañana, que es un patrón que se viene repitiendo en jornadas anteriores, y que fueron reduciéndose a lo largo del mediodía y la tarde a niveles bajos. Hoy se mantienen en nivel 'desfavorable'. En el resto de estaciones los niveles de calidad por partículas PM10 son 'buenos' o 'razonablemente buenos'.

Los sindicatos han remitido sendos escritos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reclamar que se dé cumplimiento a la subida salarial pactada con el Ministerio de Justicia que se ha visto frustrada ante el "bloqueo" de Hacienda.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han firmado los textos después de que tuviera lugar la concentración del lunes, celebrada a las puertas de Justicia entre gritos de "dimisión" para la ministra Pilar Llop.

"Los cuatro sindicatos firmantes solicitan de usted que intervenga en este conflicto y ordene restituir el contenido del acuerdo alcanzado en la mesa de negociación el pasado 14 de septiembre en la Administración de Justicia", consta al cierre de la misiva, dirigida a Sánchez.

Asimismo, han reclamado el apoyo de Díaz "como máxima representante de una de las fuerzas políticas que integran el Gobierno de coaliación y teniendo en cuenta la importancia que ha demostrado conceder a la negociación colectiva".

"Solicitamos su intervención, llamando al resto de miembros del gabinete del que forma parte y a su Presidente a que prevalezca la sensatez en este desafortunado y grave incidente, y se repongan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras afectadas dándose estricto cumplimiento al acuerdo alcanzado en la mesa de negociación legalmente competente", han señalado.

ACUERDO FRUSTRADO

Los sindicatos han recordado que fueron convocados el 13 de mayo por el Ministerio de Justicia para iniciar la negociación del acuerdo salarial. Tras meses de reuniones, el 14 de septiembre, el departamento dirigido por Llop y las organizaciones sindicales más representativas del sector alcanzaron "un buen acuerdo que ha sido considerado como muy satisfactorio por la práctica totalidad del colectivo afectado".

Un mes y medio después de cerrar este acuerdo, Justicia convocó a los sindicatos para comunicarles que el Ministerio de Hacienda había desautorizado el contenido del pacto. Los firmantes han insistido en que el departamento de María Jesús Montero "era perfectamente conocedor de la existencia de la negociación, su evolución tras cada reunión y del contenido final del acuerdo firmado".

Lo conocía porque, en su momento, no vetó la enmienda que supuso la introducción de la Disposición Adicional en el texto de la ley de presupuestos publicada en el BOE a finales del año pasado y porque, según nos han comunicado en repetidas ocasiones los representantes del Ministerio de Justicia, la comunicación entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda ha sido constante", han añadido.

VEN AFECTADA LA CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO

En el marco de la misiva remitida al presidente del Gobierno, los sindicatos han subrayado que el incumplimiento de lo acordado en la mesa de negociación "afecta gravemente a la credibilidad del Ministerio de Justicia" y "ataca a la propia credibilidad de su Gobierno".

"Sin duda esta falta de credibilidad y pérdida de confianza va a afectar a la implantación de los proyectos que su Gobierno pretende poner en marcha en el marco del proyecto Justicia 2030 y a la negociación colectiva en general", han dicho al líder del Ejecutivo.

A su juicio, la actuación del equipo de Llop supone "una ofensa inaceptable a la dignidad de 15.000 empleados públicos de Justicia", que --según han señalado-- tras este acuerdo "veían la posibilidad de avanzar en la homologación de las retribuciones respecto de sus compañeros de los mismos cuerpos nacionales destinados en comunidades autónomas con traspasos de gestión en materia de Justicia".

En este sentido, han explicado que este "profundo malestar" ha desembocado en la concentración del pasado lunes y en la manifestación convocada para el sábado. Y han asegurado que no descartan "una escalada en el conflicto que desemboque en medidas más contundentes".

SUBIDA SALARIAL

Según ha explicado CSIF en comunicados anteriores, el acuerdo alcanzado con Llop contemplaba una subida del complemento específico para el personal dependiente de este Ministerio --servicios centrales, Castilla y León, Castilla La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla-- para homologar sus retribuciones con las del personal dependiente del resto de comunidades autónomas con transferencia.

El sindicado ha precisado que el acuerdo que ha decaído afecta a 15.000 personas y contemplaba una subida de entre 80 y 195 euros. Tras este bloqueo, CSIF da por rotas las negociaciones con Justicia. "No se puede negociar con quien carece de credibilidad al haber incumplido lo acordado en materia de retribuciones", han señalado.

Canarias ha notificado este miércoles 260 nuevos casos de coronavirus, de tal forma que el acumulado asciende a 99.708, mientras que los óbitos se sitúan en 1.027 al no registrarse ningún fallecimiento en las últimas 24 horas, según los datos aportados por la Consejería regional de Sanidad.

Así, del total de casos acumulados, 1.950 están activos, de ellos 24 están ingresados en UCI, 146 permanecen hospitalizados y 1.780 se encuentran en domicilio.

Por su parte, la Incidencia Acumulada a los 7 días se sitúa en el archipiélago en 60,07 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 102,76 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife acumula 47.517 casos al sumar 114 y actualmente tiene 923 casos activos epidemiológicamente; mientras Gran Canaria suma 103 nuevos y acumula 38.008 casos acumulados, de los que 708 están activos.

Lanzarote, por su parte, suma 24 nuevos casos y acumula 7.307, de los que 118 están activos epidemiológicamente; mientras Fuerteventura tiene 4.799 casos acumulados al sumar 17 nuevos, y los activos se sitúan en 162.

Finalmente, La Palma suma un nuevo positivo, de tal forma que el acumulado asciende a 1.168 acumulados, de ellos 17 activos. El Hierro no suma nuevos positivos, por lo que sus acumulados se mantienen en 469, de ellos dos activos, y La Gomera suma un nuevo caso, por lo que tiene 439, de ellos 20 activos.

Hasta hoy se ha realizado un total de 2.325.047 pruebas diagnósticas en las islas, de las que 6.768 se corresponden al día de ayer.

Las enmiendas acordadas por PSOE y Unidas Podemos al proyecto de Ley de Memoria Democrática facultan a utilizar el banco de muestras de ADN de víctimas del franquismo para determinar casos de 'bebés robados'.

Además, contempla el desarrollo de una auditoría con vistas a determinar bienes incautados por el franquismo a personas que sufrieron represión durante el régimen, que además servirá para definir un inventario de bienes y la opción de imponer sanciones económicas por este motivo.

Los dos socios de coalición han pactado una treintena de enmiendas y que, como elemento destacado, contemplan que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gocen del amparo de la normativa de amnistía promulgada en 1997.

También proponen suprimir los títulos nobiliarios concedidos a 33 personalidades del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, de Franco, Mola, Calvo Sotelo, así como marqueses de Queipo de Llano, Arias Navarro, Alboran, Somosierra o Casa Cervera, entre el listado establecido.

Por otro lado, habilita a otorgar la nacionalidad española a los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron en la guerra civil.

No obstante, no se ha introducido ningún punto a la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, momento en el que el Sáhara Occidental dejó de estar bajo soberanía de España, así como a sus descendientes en primer grado de consanguinidad, como planteaba Unidas Podemos.

Fuentes conocedoras de la negociación han explicado que no ha sido posible un acuerdo para introducir este punto vía enmienda y se emplazan a poder abordarlo en alguna modificación del código civil.

BANCO DE ADN

Entre las enmiendas conjuntas a la normativa de ambos grupos se estipula un banco estatal de ADN de víctimas de la guerra civil y la dictadura, que almacenará los perfiles también de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos.

Para ello, la aportación de muestras biológicas será "voluntaria y gratuita", además de poder contar de cara a su funcionamiento con representantes de asociaciones de víctimas. Además, conservará las muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones

En el caso de 'bebés robados' con denuncia admitida por los tribunales, solicitarán la toma de muestras para secuenciar el AND y compararlas con los datos almancenados. Una medida pensada para los progenitores biológicos que buscan a sus hijos y viceversa.

AUDITORÍA DE BIENES INCAUTADOS AL FRANQUISMO

En el capítulo de reparación integral a las víctimas del franquismo, se recoge la obligación del Estado a desarrollar una serie de medidas de restitución, rehabilitación y restablecimiento de derechos, tanto en el plano individual como colectivo.

Posteriormente, se clarifica el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones "políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante" la guerra y la dictadura.

De esta forma, se faculta al Estado a promover la investigación de las incautaciones producidas por estos motivos y a desplegar una "auditoría" de los bienes expoliados, como "obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas", así como la posible imposición de sanciones económicas.

ESTUDIO SOBRE MEDIDAS DE REPARACIÓN ECONÓMICA

En dicha auditoría se incluirá también un inventario de bienes y derechos incautados y se concreta que deberá llevarse a cabo al año de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Una vez concluida, se lanzarán vías de reconocimiento de los afectados.

También plantean una comisión técnica que, pasado un año tras la entrada en vigor de la ley, presentará un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación económica a desplegar para las víctimas del franquismo, con recomendaciones con el grado de cobertura que deben alcanzar.

Por otro lado, el proyecto normativo fija como elementos contrarios a la norma las "edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos" adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación de la sublevación militar o el franquismo, tanto colectiva como a los dirigentes del régimen.

Además, se prohíbe dar visibilidad a retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar. A tal efecto, no podrán mostrarse en "lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público". Para mayor definición, se contempla en las enmiendas la elaboración de un catálogo de estos elementos, con actualizaciones anuales.

EL ESTADO PODRÁ ADQUIRIR DOCUMENTOS DEL RÉGIMEN EN MANOS PRIVADAS

Las modificaciones pactadas por PSOE y Unidas Podemos marcan el despliegue de convenios e instrumentos jurídicos para adquirir documentos del "golpe de Estado, la Guerra o a la represión política" que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros, ya sean originales o copias para su archivo, con vistas a las labores de historiografía. Estos materiales se incorporarán al Archivo General de la Guerra Civil Española del Centro Documental de la Memoria Histórica o a otro centro que se determine de forma motivada.

Además, los dos socios introducen una enmienda de adicción para que los archivos del gobierno del régimen franquista, en particular los referidos a Francisco Franco, en poder de entidades privadas o personas físicas se incorporarán también al Centro Documental de la Memoria Histórica.

La Comunidad de Madrid ha notificado 688 casos nuevos de Covid-19, 577 de ellos de las últimas 24 horas, y seis fallecidos en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este miércoles, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 665 contagios (23 menos), 545 de ellos de las últimas 24 horas, y dos fallecidos (cuatro menos), mientras que el miércoles de la semana precedente se registraron 336 nuevos contagios (352 menos), 284 de las últimas 24 horas, y cinco muertos (uno menos).

Así, el número de hospitalizados se sitúa en 331 (14 más) y 68 en la UCI (los mismos), mientras que 31 pacientes han recibido el alta. El número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 774.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 920.582 positivos, un total de 126.899 casos han requerido hospitalización, 13.475 han precisado UCI y 112.850 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 978.305 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 25.491, de los cuales 5.112 han sido en centros sociosanitarios, 18.919 en hospitales, 1.429 en domicilios y 31 en otros lugares.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación, se han administrado un total de 10.259.497 dosis de las 10.825.829 recibidas, con 4.545.471 segundas dosis registradas y 236.777 vacunas unidosis de Janssen. A estas se suman 348.131 terceras dosis administradas.

De esta manera, el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 78,2%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 89,9%, mientras que el 91,5% cuenta con al menos una dosis.

Aragón, Canarias, Murcia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra son las comunidades autónomas que han anunciado, a fecha de este miércoles, que están estudiando la posibilidad de implantar el pasaporte Covid para acceder a determinados espacios, a la vez que muchas de ellas, además de Andalucía y Castilla y León, han exigido al Gobierno central que tome una decisión a nivel estatal sobre este asunto.

Así, ya son siete las comunidades autónomas que en las últimas horas han adelantado que están sopesando esta posibilidad del pasaporte de vacunación para evitar adoptar otras restricciones que tengan que ver con limitaciones de aforo o de horario ante el incremento de los contagios.

Uno de los últimos en sumarse a este planteamiento ha sido el presidente de Aragón, Javier Lambán, quién ha anunciado que Sanidad está estudiando la posibilidad de implantar el Certificado Covid. Esto se haría, según ha dicho, o bien a través de una solicitud ante la Justicia, que ya lo denegó, o tratar de que esta medida se pueda implementar desde el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, desde el Gobierno de Canarias tampoco descartan volver a solicitar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que se requiera el certificado Covid para interiores, después de que en su momento hicieran esa petición, si bien fue rechazado.

También el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que el pasaporte de vacunación es una "buena herramienta para fomentar la vacunación y minimizar riesgos", un hecho que ha quedado demostrado, ha dicho, en eventos como un macrofestival celebrado en octubre en Murcia, donde 5.000 personas, previa presentación de este documento, participaron, y no se tiene constancia de ningún contagio. "Por lo tanto, creo que funciona y que es una de las vías que hay que implementar", ha argumentado.

LEGISLAR AL RESPECTO

En el caso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado al Gobierno central que "ejerza su liderazgo" y adopte una decisión en torno a la aplicación del Pasaporte Covid con el fin de "coordinar" a las autonomías en lo referente a la gestión de la pandemia de Covid-19.

En parecidos términos se han expresado desde la Junta de Andalucía, donde hacen un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que acuerde junto a las comunidades autónomas una estrategia común en torno al uso del pasaporte de vacunación.

ALGUNAS CCAA YA HAN PEDIDO EL AVAL DE LOS TRIBUNALES

Uno de los primeros en plantear esta posibilidad fue el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. De hecho, su Ejecutivo está a la espera de un informe definitivo de la Abogacía para aplicar el pasaporte covid en los espacios "donde sea razonable", que el propio Puig no ha concretado ya que se está "avanzando" en esa "cobertura legal" y, una vez se tenga, se hará público con el sector.

Por su parte, la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha adelantado que en Euskadi se suspenderán aquellas actividades o eventos en los que no se puedan garantizar las medidas de prevención y se solicitará al Tribunal Superior de Justicia autorización para exigir el Certificado Covid-19 en lugares de ocio nocturno o de restauración.

En el caso de Cataluña, la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha asegurado que valorarán ampliar el uso del certificado Covid para evitar nuevos cierres y restricciones si se mantiene el aumento "significativo" de casos que han detectado durante las dos últimas semanas.

Por último, el Gobierno de Navarra también está estudiando la posibilidad de solicitar este pasaporte Covid ante una situación que consideran que "no es favorable".

POSICIÓN DEL GOBIERNO

Sobre estas peticiones se ha pronunciado esta misma mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quién considera que hay un "camino abierto" para que las comunidades lo soliciten porque el Tribunal Supremo (TS), en una resolución judicial, así lo marcó exponiendo que el mismo "estaría justificado" en determinados ámbitos territoriales concretos, en un espacio acotado, atendiendo a la situación epidemiológica.

No obstante, el pasado mes de julio --fecha en la que varias CCAA también lo pidieron--, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, declinó por el momento estudiar una fórmula para que fuera necesario disponer del Certificado Covid-19 para poder acceder a algunos lugares como bares o restaurantes.

En aquel entonces, Rodríguez justificó esta decisión en que eso sería "estigmatizar" a la población joven, que en ese momento era la que aún se encontraba sin vacunar.

La segunda jornada de la huelga indefinida del sector del metal en la provincia de Cádiz se ha saldado nuevamente con altercados de consideración, entre los que se contabiliza la quema de un vehículo en la barricada montada en la puerta de los astilleros de Cádiz y otro, un patrol camuflado de la Policía, en los de San Fernando. Además, un camionero ha sido herido en La Línea de la Concepción.

En Cádiz capital el corte de la carretera por parte de los trabajadores en huelga comenzó sobre las 8,00 horas con barricadas a las que le prendieron fuego. Entre los altercados provocados en ese punto, según fuentes policiales, lanzaron objetos que obstruyeron las vías, paralizándose la entrada y salida de trenes de la estación de Renfe.

Además, prendieron fuego a unas oficinas de una empresa de construcción que se encontraba situada entre el lugar de la movilización y las vías del tren, quedando totalmente destruida por la acción del fuego.

En San Fernando, otro de los puntos calientes de este segunda jornada, los trabajadores celebraron una asamblea a las 8,00 horas que finalizó una hora más tarde. A partir de ahí montaron una barricada en la que se quemaron dos coches, uno de ellos un patrol de la Policía camuflado, que tras ser visto fue volcado entre 12 personas antes de prenderle fuego, según fuentes policiales. Finalmente, sobre las 12,00 horas han ido abandonando el lugar de la protesta en las puertas de astilleros.

Otro de las zonas de incidentes se ha producido en La Línea de la Concepción, donde el corte de una de las carreteras que da acceso a la ciudad ha provocado anomalías en el funcionamiento del Hospital, lo cual ha hecho que la Junta de Andalucía eleve su queja a la Delegación del Gobierno y que los propios sindicatos hayan pedido a los trabajadores que dejen libres las carreteras del Campo de Gibraltar.

Igualmente, en La Línea, un camionero ha sido herido en la cabeza con una tabla de madera lanzada contra él tras bajarse después de recibir lanzamiento de piedras en la cabina del camión que conducía.

Premios Rei Jaume I han considerado que la cumbre del clima de Glasgow, la llamada COP26, ha "desilusionado mucho" no tanto por haberse quedado "corta" en "el qué, sino en el cómo", por no aclarar las actuaciones para frenar "un cambio climático que ya está aquí". Al respecto, señalan que, para hacer frente a este desafío, "no se trata solo de poner más dinero, sino de usarlo con más sesera" por parte de los Gobiernos, y también de que los ciudadanos estén dispuestos a realizar "sacrificios".

Los seis galardonados en la edición de este año han ofrecido este miércoles una rueda de prensa previa a la ceremonia de entrega del próximo viernes, que estará presidida por el Rey Felipe VI. Este año, el Premio Rei Jaume I Investigación Básica 2021 ha sido para Licia Verde; Economía, para Antonio Cabrales; Investigación Médica 2021, que ha recaído en Eduard Batlle; Protección del Medio Ambiente, para Fernando Valladares; Nuevas Tecnologías, que ha ganado Nuria Oliver, y al Emprendedor, a Benito Jiménez.

Al respecto, el premio Protección del Medio Ambiente, Fernando Valladares, ha considerado que la cumbre de Glasgow ha "desilusionado mucho", pero no tanto porque "las ambiciones se hayan quedado cortas", que lo han hecho, sino porque "es más importante el cómo, el tener pájaro en mano" y no se ha aclarado.

Así, se ha referido a que se ha mantenido el objetivo de la cumbre de París de hace seis años de limitar el calentamiento global a 1,5°C, pero requiere marcar cómo conseguirlo. "Al igual que cuando en la Cumbre del G-20 los líderes mundiales se abrazan y dicen que van a reflotar la economía y reducir las emisiones, si no te dicen cómo, es solo un milagro", ha refutado. Lo mismo ocurre, ha apuntado, con los objetivos de detener la reforestación o reducir en 2030 un 30% las emisiones del gas metano cuando hay muchos países que ni saben lo que emiten.

Por ello, exige "medidas concretas" para hacer frente al cambio climático, que "no es una cosa cultural sino que ya está aquí" y ya supone "una sangría" en vidas humanas: medio millón de muertes directas anuales y de forma indirecta decenas de millones, "varias veces las que está causando la pandemia".

Además, ha criticado que se "han dejado demasiadas cosas a los países para que improvisen cuando unos tienen más voluntad que otros" y "de nada sirve que los países se organicen si no hay un consenso, que incluya a los grandes contaminantes, porque la velocidad la marca los países que van más despacio".

Fernando Valladares ha reivindicado "el maridaje perfecto entre ciencia y activismo", la primera para "orientar y marcar objetivos" y la segunda para "empujar" a llevarlos a cabo. Asimismo, pide "valentía" para "abordar las causas últimas" del cambio climático, "el modelo de relación con la naturaleza, que es lo que está en cuestión y de lo que nadie habla".

Además, en el plano nacional, reclama una mayor unidad de acción entre los distintos ministerios: "No se trata de poner más dinero, sino usarlo con más sesara , que es un producto humano en peligro de extinción".

Por su parte, el Premio Jaime I Economía, Antonio Cabrales, cree que "no se puede echar la culpa solo a los políticos si nosotros mismos no estamos dispuestos a sacrificar nada" ya que frenar el cambo climático también depende de las acciones concretas.

Así, apunta a que los españoles estamos muy concienciados en reducir emisiones, pero pocos están dispuestos a pagar un 20% en energía para conseguirlo, como se vio en la revuelta de los chalecos amarillos de Francia que protestaban por una subida de los precios de los carburantes a causa de los impuestos ecológicos.

INVESTIGACIÓN A LARGO PLAZO

Asimismo, los premiados de este año han defendido la necesidad y la utilidad de las investigaciones a largo en plazo, y no solo de la investigación aplicada, porque en muchas ocasiones tienen además consecuencias en otras áreas.

Así, el Premio Rei Jaume I Investigación Básica 2021, Licia Verde, pionera en las técnicas de análisis para extraer información precisa sobre la física que gobierna el Universo, ha defendido que el estudio del cosmos también tiene su aplicación práctica como la translación de la tecnología óptica que se emplea para el estudio de las galaxias a las cámaras de los móviles.

Asimismo, el Premio Investigación Médica 2021, Eduard Batlle, ha apuntado que muchos de los grandes avances en medicina son consecuencia de investigaciones no relacionadas y, en ese sentido, ha apuntado que en la rapidez de las vacunas contra la covid han influido estudios previos de coronavirus en murciélagos y de trabajos sobre moléculas de ARNm.

Por ello, exhorta a los Gobiernos a que no presionen tanto en una investigación aplicada, ya que en momentos de urgencia es necesaria, pero "hay que investigar mucho ya que hay muchas cosas que no entendemos y es difícil predecir el futuro".

Precisamente, la premio Nuevas Tecnologías, Nuria Oliver, ha resaltado que cuando estalló la pandemia sintió "la obligación moral" de poner sus estudios de métodos de Inteligencia Artificial al servicio de la Generalitat para que "los tomadores de decisiones" pudieran actuar "bien informados en la evidencia" y ha resaltado que su equipo se ha sentido "muy respaldado".

De igual modo, el Premio Emprendedor, Benito Jiménez, ha apuntado que una empresa que solo piense a corto plazo "tendrá problemas" a largo plazo y así ha apostado por la I+D+i también en el sector privado, que redunda en beneficio público. Para ello, se requiere incentivos de las administraciones, voluntad de los empresarios y disponibilidad del talento.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que esta vez el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) autorice la posibilidad de exigir en Euskadi el 'pasaporte covid' porque es una medida "razonable".

No obstante, cree que debería haberse establecido en todo el Estado y se ha preguntado de qué sirve pedir en la Comunidad Autónoma Vasca este certificado sanitario si, después, existe movilidad con otras autonomías limítrofes en las que no se solicita.

En una entrevista concedida a Antena3, Ortuzar se ha referido al incremento de contagios por la covid-19 y de la tasa de incidencia acumulada en Euskadi, y ha señalado que los vascos "están mucho en la calle, son mucho de socializar", y tienen "mucho contacto". "Es verdad que, a pesar de que tenemos la tasa más alta de vacunación del Estado, tenemos también en este momento una tasa muy alta de contagiados", ha admitido.

En todo caso, ha considerado que "lo que intranquiliza o tranquiliza no es tanto la tasa de contagiados", sino los ingresos hospitalarios y, sobre todo, en las UCIs. El líder jeltzale ha destacado que, en cuanto a ingresos en hospitales y en Unidades de Cuidados Intensivos, Euskadi "está por debajo de la media del Estado". A su juicio, esto puede deberse a que en la Comunidad Autónoma Vasca se hacen más pruebas que en otras zonas.

PASAPORTE COVID

En cuanto a la pretensión de implantar el 'pasaporte covid' en Euskadi, ha dicho que espera que en esta ocasión el TSJPV avale esta medida solicitada por el Gobierno Vasco porque es "bastante razonable".

Tras recordar que el tribunal vasco ha rechazado, en otras ocasiones, otras restricciones decretadas por el Ejecutivo, ha dicho que hay "algún juez negacionista" en la Comunidad Autónoma, pero confía en que esta vez la Sala de lo Contencioso-administrativo respalde la exigencia del certificado sanitario porque está en práctica en Galicia con "buenos resultados".

En todo caso, considera que se tendría que haber hecho "un esfuerzo" para establecer esta medida en todos el Estado. "¿De qué sirve que nosotros lo pidamos en Euskadi si, luego, en la comunidad de al lado, donde pueden ir nuestros vecinos, no van a pedirlo?", ha preguntado.

El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha señalado la necesidad de adoptar "estrategias con visión de futuro" y dejar a un lado "los enfoques miopes" por el "imperativo moral y humanitario" que supone la eliminación global de las armas nucleares.

"Es evidente la necesidad de adoptar estrategias con visión de futuro, evitando enfoques miopes y estrechos de miras para abordar los problemas y las cuestiones de desarme", ha señalado el purpurado en un videomensaje que ha sido emitido en las sesiones de debate con el título '¿La conversión nuclear? ¡Vale la pena!', un evento organizado en la ciudad de Asís. La iniciativa ha sido promovida por la organización 'Civilización del Amor', cuyo objetivo es la eliminación efectiva de los arsenales nucleares y su conversión en iniciativas de paz.

Para Parolin, se debería promover en la comunidad internacional la reflexión sobre "una ética multilateral y cooperativa de la paz y la seguridad" que vaya más allá "del miedo y el aislacionismo que impregnan muchos debates actuales". Del mismo modo, ha defendido el "multilateralismo" que tiene como centro el diálogo y la cooperación "responsable, honesta y coherente" entre todos los miembros de la familia de naciones como el único medio de promoción de una cultura de la vida y de la paz.

Parolin ha instado a la comunidad internacional a reconsiderar el "concepto de seguridad" que, según ha señalado, "debe basarse en la justicia, en el desarrollo humano integral, en el respeto a los derechos humanos, en el cuidado de la creación, en la promoción de la educación y la sanidad, en el diálogo y la solidaridad, en definitiva: en el bien común buscado con voluntad sincera y aplicado con determinación".

También ha recordado que en enero se celebrará la 10ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, que ha definido como "un momento crucial para la comunidad internacional". En este sentido, ha invitado a las potencias nucleares a "demostrar claramente su capacidad para comprender los retos actuales, abordarlos y resolverlos".

El secretario de Estado del Vaticano ha reiterado la idea de que los recursos económicos que "se desperdician en armas, especialmente en armas nucleares" podrían destinarse a prioridades más importantes, para garantizar la seguridad de las personas. "Qué decisión tan valiente sería utilizar el dinero que se gasta en armas y otros gastos militares para crear un fondo mundial que elimine el hambre de una vez por todas y contribuya al desarrollo de los países más pobres", ha concluido.

El Pleno del Senado ha aprobado con el voto en contra de Vox y la abstención del PP la reforma legal de varias leyes para dejar de considerar "cosas" a los animales, que a partir de ahora serán atendidos en accidentes y ya no serán considerados como bienes inmuebles de modo que en casos de separación o divorcio el juez tendrá que decidir sobre su custodia.

Así, la Cámara Alta da luz verde al proyecto de ley para modificar el régimen jurídico de los animales en la Ley Hipotecaria, el Código Civil y la Ley de enjuiciamiento civil.

La iniciativa presentada por el Grupo Socialista pasa a considerar "seres sintientes" a los animales, en vez de cosas o bienes como hasta ahora. Esta modificación permitirá situaciones como por ejemplo que en un accidente de tráfico queden desatendidos ya que hasta ahora no hay obligación de cuidarlos.

En concreto, la proposición señala que los animales pasan a ser reconocidos en su "naturaleza de seres vivos dotados de sensibilidad, es decir, de "seres sintientes".

La senadora socialista que ha defendido la propuesta, Elena Diego, ha celebrado que la modificación supone un "cambio necesario y demandado" por la sociedad española. "Los animales no pueden ser considerados como cosas en nuestro ordenamiento jurídico sino como lo que son, seres vivos con sensibilidad", ha explicado la senadora socialista por Salamanca.

Con la nueva norma se responderá a las crecientes situaciones de divorcios y separaciones de parejas, que tras una ruptura desean seguir compartiendo su vida con su mascota. La Ley garantiza la protección del animal, frente al sufrimiento de alejarlo de su hogar y de su vida compartida hasta ese momento.

"El texto recoge cómo se reparten los tiempos y las cargas de las mascotas en las rupturas familiares, ya sean matrimonios o parejas de hecho, y si no se ponen de acuerdo las parejas, lo decidirá el juez", ha subrayado la senadora socialista por La Rioja, Victoria de Pablo.

En torno a 30.000 de las 100.000 parejas que se divorcian al año en España cuentan con una mascota, por lo que De Pablo considera que "urgía definir la relación de los animales con los humanos en el ámbito familiar y especialmente en momentos de ruptura".

Con la ley se evitarán también situaciones como en los accidentes de tráfico, de modo que los animales tenían la misma consideración que una maleta y no exista obligación de atenderlos y no podrán ser embargados.

El PSOE ha manifestado que la norma "responde también a la sensibilidad y el compromiso creciente de la sociedad española, contraria a tratar a los animales de compañía como meras cosas, y, por supuesto, a su maltrato".

TAMBIÉN PAREJAS DE HECHO

La proposición de Ley ha incorporado varias enmiendas al texto que llegó del Congreso de los Diputados. Entre ellas una que además incorpora a las parejas de hecho en el articulado referido a la protección de las mascotas en caso de separación de los convivientes. "Cualquiera que tenga una mascota sabe que no es una cosa", ha agregado la senadora Victoria de Pablo.

Durante el debate parlamentario Vox ha expresado su rechazo al proyecto de ley porque considera que da categoría de derecho a los animales que, sin embargo no tienen deberes y ha afeado al PSOE de defender más los derechos de estos que de las personas. Así, se ha referido al aborto y ha mostrado su oposición frontal a un texto que considera cargado de ideología animalista.

En su intervención posterior, la senadora Diego ha calificado de "despreciable" que el senador de Vox haya comparado los derechos de las mujeres con los de los animales. "El derecho de las mujeres a abortar dentro de la legalidad es algo que ustedes no van a quitarnos", ha apostillado.

Por su parte, el grupo parlamentario popular se ha abstenido por estar de acuerdo en el fondo de la defensa del bienestar animal y como "defensor de la descosificación de los animales", pero se opone a algunas cuestiones técnicas del proyecto.

La española Juana Ruiz, detenida el pasado mes de abril por las autoridades israelíes en Cisjordania, ha sido condenada este miércoles a 13 meses de cárcel y una multa de unos 14.000 euros por un tribunal militar israelí conforme al acuerdo alcanzado la semana pasada entre defensa y acusación.

Así lo ha confirmado su abogado, Avigdor Feldman, quien ha precisado que su cliente "comparecerá en unos días ante una junta de libertad condicional, la cual podría reducir un tercio la condena".

De ser así, ha aclarado, Ruiz "podría salir en libertad en dos semanas" pero de lo contrario su liberación no se produciría previsiblemente hasta marzo de 2022.

Ruiz, de 60 años y que reside desde hace más de 35 en Cisjordania, donde trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC), fue detenida el 13 de abril en su casa en Beit Sahur, cerca de Belén.

Contra la española se presentaron inicialmente cinco cargos, tres en relación con su trabajo en HWC, organización a la que Israel considera ilegal, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones. Finalmente, en virtud del acuerdo con el fiscal, solo se han mantenido dos de ellos, por trabajar para una organización ilegal y por haber introducido dinero con falsas pretensiones.

VINCULACIÓN CON EL FPLP

Las autoridades israelíes vinculan a HWC con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización terrorista, y aseguran que la ONG para la que trabajaba Ruiz desvía fondos para financiar las actividades terroristas de este grupo.

Además, el acuerdo con la acusación sirvió de argumento al Gobierno israelí para reafirmarse en su denuncia de que otras seis ONG ilegalizadas hace unas semanas financian las actividades del FPLF, al que tanto la UE como Estados Unidos considera una organización terrorista.

En este sentido, el abogado de Ruiz había presentado un escrito ante el tribunal para desmentir la "declaración falsa" hecha por los ministros de Defensa, Benny Gantz, y el de Exteriores, Yair Lapid, quienes reivindicaron que con su acuerdo con la fiscalía, la española había confesado financiar al FPLP.

"La admisión de culpabilidad es una prueba más de que una organización terrorista cínica y asesina ha establecido una red de mentiras y fraude que opera bajo la guisa de organizaciones humanitarias para conducir el flujo de fondos terroristas, engañando deliberadamente a las organizaciones y gobiernos donantes", sostuvo Lapid en el comunicado conjunto.

Este miércoles, la juez del caso ha dado la razón a Feldman, ratificando que los hechos de los que se habla en los antecedentes del acta de acusación "no se atribuyen a la propia acusada" que "ni tenía conocimiento ni participó en su ejecución", según ha relatado el abogado.

El acta de acusación enmendada consta de dos partes, una de contexto y otra referida propiamente a la acusada. En la primera se menciona expresamente al FPLP y a que financia sus actividades mediante organizaciones civiles que controla, citándose expresamente a las seis declaradas como ilegales por el Ministerio de Defensa israelí el pasado 22 de octubre.

En la parte relativa a la acusada, no hay ninguna mención a que esta "conociera ninguna actividad del FPLP en Cisjordania", sino que simplemente se la acusa de "transferir dinero a un territorio ocupado y se afirma explícitamente que la acusada no conocía que el dinero transferido era trasladado al FPLP", esgrimió el letrado en su escrito solicitando al tribunal que ratificara este extremo.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado ante la Sala Segunda del órgano judicial un informe por el que solicita la inadmisión de la querella interpuesta por la Asociación Libre de Abogados (ALA) contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de alzamiento de bienes al recibir en 2011 un piso de sus padres en calidad de donación.

En un escrito de 26 de octubre, el fiscal Javier Zaragoza ha pedido que se acuerde la inadmisión y "el archivo de las actuaciones" ante la "manifiesta ausencia de elementos indiciarios que acrediten que los hechos que se le imputan a la aforada puedan ser constitutivos de delito, declarándose igualmente incompetente para la investigación relativa a los restantes querellados".

La Asociación Libre de Abogados acusa a Díaz Ayuso de presuntamente aceptar la donación efectuada por sus padres de la que era su vivienda familiar para evitar que el inmueble pudiera ser objeto de reclamación por su condición de deudores de la entidad Avalmadrid, empresa pública que había concedido en febrero de 2011 un crédito aval por importe de 400.000 euros de Infortécnica SL, del que eran socios sus papás.

La querella, va dirigida contra nueve personas, entre ellas la presidenta regional, su hermano y su madre por un delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal, un delito que acarrea penas de hasta seis años de prisión y multa de 12 a 24 meses.

ALA sostiene que Díaz Ayuso "actuó de manera activa" para la obtención de información "privilegiada y confidencial" respecto a terceros, adelantándose de esta forma a las transmisiones del resto de socios, que perfeccionan el presunto delito de alzamiento de bienes.

Para el Ministerio Público "resulta obvio" que en el presente caso no concurre indicio fundado alguno que soporte la presunta participación de Díaz Ayuso en el hecho delictivo objeto de la querella.

La Fiscalía ha subrayado que la dirigente "ni tuvo relación o participación alguna en la actividad de la sociedad Infortécnica SL, ni se benefició en modo alguno del crédito-aval concedido por Avalmadrid a esta sociedad, ni puede ser considerada deudora en relación con el impago de ese crédito (lo que excluye la posibilidad de ser considerada autora material del delito".

LO ESTUDIARÍA EL SUPREMO SI LO ENVÍA UN JUEZ ORDINARIO

En este sentido, el fiscal Zaragoza ha explicado que para fijar con carácter indiciario la presunta participación intencional de la ahora presidenta madrileña en el hecho delictivo que se relata --aunque sea a título de cooperadora necesaria-- "sería necesario, en primer término, que por los órganos naturales de la jurisdicción ordinaria se depurara y se investigara la realidad del hecho punible y las responsabilidades de los autores del mismo".

Así, ha señalado que, "únicamente" en el caso de que en el curso de esa previa investigación judicial se aportaran a la causa penal "elementos indiciarios inequívocamente incriminatorios" de la "intervención dolosa e intencional" de Díaz Ayuso en el delito de frustración de la ejecución mencionado, "podría plantearse -vía exposición razonada del juez de instrucción ordinario- la exigencia de responsabilidades ante el órgano judicial competente por razón del aforamiento".

"En síntesis, la querella debe ser rechazada respecto a la Presidenta de la Comunidad de Madrid al no concurrir indicios de que haya participado presuntamente en la comisión de hecho delictivo alguno, careciendo de competencia este tribunal respecto a los restantes querellados", ha señalado el representante de la Fiscalía.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

La presidenta madrileña siempre ha negado que mediara para beneficiar a su entorno. Ya en el pasado, Más Madrid interpuso una denuncia ante las sospechas de irregularidades en la concesión del crédito.

Según la denuncia del partido, el crédito se concedió con una garantía hipotecaria sobre una finca situada en Sotillos de la Adrada (Ávila) y con el aval solidario de los socios de la propia empresa.

En noviembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción acordó el archivo de la denuncia que interpuso Más Madrid. No apreció indicios de delito para investigar las sospechas por un posible alzamiento de bienes, administración desleal o por tráfico de influencias.

El caso sobre las presuntas irregularidades en las operaciones de préstamo realizadas por Avalmadrid llegó también a la Asamblea de Madrid en una comisión de investigación registrada por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. La comisión concluyó que hubo "irregularidades" en el préstamo que la entidad concedió en 2011 a MC Infortécnica.

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que finalmente suprime el margen de 20 kilómetros hora (km/h) adicionales para adelantar en carreteras convencionales como defendía el PSOE, cuya enmienda en este sentido se ha aprobado con 137 votos a favor, 112 en contra y 5 abstenciones.

El conjunto del proyecto de Ley no ha contado con el respaldo de PP, Vox y Ciudadanos, tres formaciones que se han abstenido. El texto será remitido de nuevo al Congreso para que ratifique los cambios introducidos en la Cámara Alta.

El Senado ha dado así el visto bueno a la enmienda socialista que argumenta que "no tiene sentido mantener esta excepción que no existe en ningún país de nuestro entorno" y que su mantenimiento "invita a los adelantamientos por lo que va contra la seguridad vial". "La maniobra de adelantamiento es una de las más peligrosas que debe realizar cualquier conductor, debido a la probabilidad de ocurrencia de colisiones frontales", añade.

Esta medida ha sido una de las más controvertidas durante la tramitación de la reforma en el Congreso. Entonces, el Gobierno propuso la eliminación de ese margen de 20 km/h, pero la Comisión de Interior de la Cámara Baja rechazó dicha propuesta al aprobar una enmienda presentada por el BNG, por un sólo voto de diferencia (19 votos a favor y 18 en contra).

Durante el debate, el senador socialista, Raúl Díaz Marín, ha defendido la supresión de los 20 km/hora para adelantar para reducir el riesgo al mínimo, que es "lo único que persigue". "¿Se fían de FESVIAL o de Forocoches?", ha preguntado a la derecha para asegurar que con esta medida se pretendió en su momento garantizar la fluidez del tráfico.

"¿Se han preguntado cuántas vidas se pueden salvar con esta medida?", ha añadido su compañera de filas Paloma Hernández, para negar que sea una medida con fin.

Sin embargo, Desde el PP, Raúl Díaz Marín, ha criticado ha criticado la supresión de los 20 km/hora para adelantar. "Ha dicho que está avalada por un grupo de expertos, como sean los mismos expertos que asesoraron a Fernando Simón con el covid, la verdad que estamos en buenas manos", ha ironizado. Díaz Marín también ha lamentado que se ha querido tramitar la norma "con demasiada cerelidad" y ha advertido de que la futura norma no contentará a nadie. También

En la misma línea, desde Vox, la senadora Yolanda Melero, cuyo grupo se ha abstenido, ha señalado que muchas de las novedades que introduce la ley pero se ha opuesto a la supresión del límite de 20 kilómetros para adelantar en carreteras secundarias. "Tiene un afán recaudatorio desmesurado y desordenada voluntad de prohibir porque restringe libertad sin mejorar para el interés general. Es el valor superior que damos a la vida humana. No hay conducción segura y eficiente sin velocidad adecuada, el adelantamiento es esencial para que los vehículos circulen a una velocidad adecuada", ha dicho.

Melero también ha criticado la eliminación a la mención de las autoescuelas online que también se ha producido durante el paso del texto por el Senado, pero en un trámite anterior al pleno. De hecho, este miércoles se encontraban en el hemiciclo siguiendo el debate representantes de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que se oponían a que la ley mencionara expresamente la formación online.

También desde Ciudadanos, que se han abstenido en la votación final, Miguel Sánchez López, ha lamentado la supresión de la mención a las autoescuelas online. Por el contrario, Almudena Otaola, de PNV, ha defendido las autoescuelas presenciales porque, a su juicio, una sucursal sin un local físico merma la apuesta por mantener vivos los barrios y ciudades.

Finalmente, Xabier Castellana, por ERC, se ha felicitado de las once enmiendas transaccionales pactadas y considera que el texto permite avanzar en un "tráfico más pacificado, más seguro y más humano, que permitirá que la autonomía municipal haga la sintonía fina".

PRINCIPALES CAMBIOS

El proyecto de ley, que modifica la Ley de Tráfico de 2015, tiene como objetivo el agravamiento de las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción, como el uso del teléfono móvil al volante o el mal uso de los elementos de seguridad y protección del vehículo.

Entre las novedades que incluye esta reforma normativa destacan la penalización con seis puntos del carnet conducir sujetando el móvil con la mano; con cuatro no utilizar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil (sillitas infantiles), casco y otros elementos de protección; así como se establece la obligatoriedad del casco para los usuarios de vehículos de movilidad personal, como los patinetes.

La nueva ley también sustituye la infracción grave consistente en "utilizar" mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de "llevar en el vehículo" esos dispositivos. El nuevo tipo infractor mantiene la pérdida de 3 puntos que se asignaba a la anterior infracción.

El presidente y director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, publica este miércoles 17 de noviembre 'Palabra de director', la primera parte de sus memorias, con el sello de Editorial Planeta. "Es una larga carta de amor al periodismo y ojalá que sirva para contagiar el virus a muchos de los que lo lean", ha afirmado.

En una rueda de prensa celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para presentar el libro, que ya va por su segunda edición, el periodista cree que el periodismo es "un virus que se está contagiando constantemente". "No hay más que mirar a los ojos a las personas más jóvenes que están con nosotros en las redacciones para reconocer esa pasión esa llama que nunca se va a apagar", ha declarado.

Aunque reconoce que el periodismo tiene "problemas como profesión, como modelo de negocio, como sector empresarial", Pedro J. Ramírez defiende que "la demanda de la sociedad del buen periodismo sigue estando ahí". Así, ha declarado que "este libro, de alguna manera, es el preámbulo de cosas que sucedieron después, pero va a ser también el preámbulo del retorno de una nueva edad de oro de los periódicos y el periodismo".

Pedro J. Ramírez expone en este libro de más de 600 páginas la historia de España desde la Transición, abordando sucesos políticos, hablando sobre sus protagonistas, mentiras y verdades destapadas sobre el 23-F, los GAL, las campañas electorales de los gobiernos de González, Aznar y Zapatero, juegos de los partidos, los atentados del 11-M, y conversaciones con dirigentes de ETA, empresarios o políticos.

Preguntado por las razones detrás del título del libro, 'Palabra de director', Pedro J. Ramírez ha contestado que cuando le nombraron director a los 28 años pensó que "iba a ser para un rato" y, en cambio, "más de las dos terceras partes" de su vida adulta "han transcurrido dirigiendo periódicos".

"Refundé uno de ellos, Diario 16, y he fundado los dos siguientes como sistema de autoempleo porque no me hubieran contratado en ningún otro tal y como estaban ya las cosas", ha relatado el periodista, que defiende que "el director tiene que tener palabra", hacia su equipo y hacia la sociedad.

En su intervención, Pedro J. Ramírez ha afirmado que "sin idealismo no hay buen periodismo" y que el "peor enemigo" de este es la rutina. "Lo que menos me gusta de un periodista es que se vuelva escéptico, que pierda la ilusión", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que "una y otra vez" hay que volver a ilusionarse y dejarse sorprender por la vida, que es la "materia" del trabajo periodístico. Así ha explicado el sentido de la dedicatoria del libro, dirigida a Cruz Sánchez.

Respecto a sus mayores satisfacciones y decepciones, Pedro J. Ramírez ha indicado que en el libro "se cuentan cosas muy notables" de la historia de España en las que él y los periódicos que dirigía han tenido protagonismo. En este punto, ha destacado que publicó en exclusiva el contenido del sumario del 23-F o la entrevista con Luis Roldán.

En este sentido, Pedro J. Ramírez ha asegurado que en estas cuatro décadas también ha habido "decepciones" y ha apuntado que "la averiguación de gran parte de la verdad que permanece oculta en relación con los atentados del 11-M sigue siendo una asignatura pendiente".

El director de 'El Español', cuyos referentes periodísticos son el exeditor de 'The Washington Post' Ben Bradlee e Indro Montanelli ('Corriere della Sera'), ha confesado que lo ha pasado "muy mal dos veces" en su vida profesional.

Como ha apuntado, la primera de ellas, cuando en 1997 fue "víctima de aquel infame montaje del vídeo". "Lo pasé extraordinariamente mal hasta el día en que descubrimos lo que había ocurrido", ha afirmado Pedro J. Ramírez, quien ha afirmado que fue "una auténtica felicidad descubrir que había sido un grupo de personas muy cercanas a Felipe González y al grupo de personas que montaron los GAL".

El segundo peor momento de su carrera que el periodista ha puesto sobre la mesa es "cuando falló la tecnología un día y otro día en el lanzamiento de 'El Español'". "Prefiero veinte montajes como el del vídeo", ha subrayado.

"Yo soy feliz, por lo menos un rato, todos y cada uno de los días que comparto con mis compañeros la tarea de incorporar, seleccionar y sintetizar las noticias", ha asegurado al ser preguntado sobre si se ha planteado renunciar a la dirección de un medio. Pedro J. Ramírez tampoco ha barajado retirarse del periodismo porque es "una manera de vivir": "Un periodista de verdad no se jubila nunca, jamás".

En el apartado dedicado a los agradecimientos, Pedro J. Ramírez ha destacado a Rafael Borràs, su primer editor en 1977; a sus colegas periodistas, que "han contribuido a modelar la historia de España ejerciendo la función social de control del poder que es propia de la prensa en una sociedad democrática".

Ha mencionado, en concreto, a Julio Fuentes, de cuyo asesinato en Afganistán se cumplen 20 años el viernes; a Julio Anguita Parrado, fallecido tras ser alcanzado por un misil en Bagdad, Irak; y a José Luis López de Lacalle. Junto a ellos, el periodista ha dedicado su último libro a "todos los co-protagonistas", como son Melchor Miralles, Casimiro García-Abadillo, Fernando Múgica, Fernando Lázaro, Alberto Prieto, entre otros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y las cotizaciones sociales, "cuando no son pactadas con agentes sociales", son "especialmente nocivas para los mayores de 50 años, los dueños de pymes y los más vulnerables".

Así lo ha apuntado en la clausura del tercer encuentro anual Generación Savia, organizado por la Fundación Endesa y la Fundación máshumano. En ella, ha advertido sobre la situación económica de España tras el Covid, que tiene "la mayor tasa de paro de toda Europa" y la mayor "destrucción económica" a raíz del virus.

Entiende, además, que no se está "poniendo el acento" en las medidas que podrían "invertir esta tendencia", sino que se están discutiendo "políticamente otras cuestiones".

La dirigente autonómica ha asegurado que en España cada vez más se "ataca la experiencia" y se "desprecia el empleo" por parte de aquellos que "no lo crean" y no se valora a las personas mayores que "quieren que se cuente con ellas y no que se ocupen de ellas".

"IMPUESTOS AL TRABAJO MUY ELEVADOS" QUE EXPULSAN TALENTO SÉNIOR

Cree Ayuso que en España hay unos "impuestos al trabajo muy elevados" que generan grandes trabas a la contratación y ha añadido que los "cierres masivos e indiscriminados, sea cual sea el motivo" son el camino a la "expulsión" del mercado laboral de los que llevan "toda la vida trabajando por sus negocios, el "talento sénior".

"Cerrar un negocio es muy fácil, pero es muy difícil volver a abrirlo", ha continuado la líder regional, quien entiende que desde la política se tiene que tener conciencia del poder que tienen las administraciones y ser respetuosos, porque "el sector público no puede arremeter contra el privado sin pretexto".

Al hilo, ha destacado que en la Comunidad de Madrid hay "casi 1 millón de personas" de más de 50 años que quieren "continuar aportando", pero que el paro en este grupo de edad ha "crecido en toda España", pero ha puntualizado que la tasa de desempleo en la región se sitúa en un 13,3%, "medio punto por debajo de la media de España".

ACOMPAÑAR Y NO TUTELAR

Ayuso considera que hay que animar a emprender y acompañar desde las administraciones en ese camino, pero "no tutelarlos". Al respecto, ha destacado algunos de los aspectos en políticas de empleo que recogen los Presupuestos regionales para 2022, que aún están negociando para su aprobación, como el incentivo a la contratación del "talento sénior altamente cualificado" o las ayudas para el mantenimiento de estos puestos de trabajo.

"Madrid ofrece igualdad de oportunidades y es un gran lugar para el talento sénior. No nos apoyamos en determinadas causas para pedir más presupuesto para políticas que no benefician a nadie o solo a unos pocos", ha concluido la dirigente autonómica.

Los niños, niñas y adolescentes españoles pedirán esta semana ante el Ministerio de Derechos Sociales que se les escuche, que se tenga en cuenta su opinión, más formación a los profesores en prevención contra la violencia hacia la infancia, asegurar el acceso a la electricidad y la calefacción de las familias vulnerables o conexión gratuita a Internet.

Estas son algunas de las conclusiones y propuestas se recogen en el informe 'Nuestra voz, nuestros derechos', que ha presentado este miércoles la Plataforma de Infancia --red que integra a 74 organizaciones de infancia--, con motivo del Día Universal de los Derechos de la Infancia, que se celebra el próximo sábado 20 de noviembre.

El estudio, que recoge las voces de 4.394 niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años de 14 comunidades autónomas, será presentado por una representación de estos menores, el próximo viernes 19 de noviembre, en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

"A la Convención sobre los Derechos del Niño no se le da importancia en los colegios e institutos. Yo pienso que se le debe dar", explica César, de 16 años, uno de los más de 4.000 menores participantes.

"A veces no nos escuchan o no nos creen, lo que provoca desconfianza a la hora de contarlo o denunciar", explican los niños, niñas y adolescentes sobre la violencia ejercida contra la infancia y adolescencia. "Estad atentos si gritamos, si no hablamos, si estamos solos en el recreo, si no vamos al colegio muy a menudo", señalan.

Ante esta violencia proponen, entre otras cosas, hablar con ellos y sobre este tema, escucharles y apoyarles, introducir formación en valores, resolución de conflictos y comunicación no violenta en los centros educativos y en las familias; y dar formación en temas de prevención, detección y protección a policías, educadores y profesores.

Según precisa la Plataforma de Infancia, citando datos del Ministerio del Interior, en 2020, se presentaron 35.778 denuncias que tenían como víctima a una niña, niño o adolescente. De ellas, 5.685 fueron denuncias por delitos contra la libertad sexual, la mayoría contra niñas, que siguen representando el 50% sobre el total; y 5.851 denuncias fueron por violencia en el ámbito familiar, siendo las más afectadas las adolescentes entre 14 y 17 años.

"Estas cifras, son solo una pequeña parte de la realidad, ya que la violencia suele permanecer oculta y se han de superar muchos obstáculos para que llegue a denunciarse", ha señalado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.

NO TODOS TENEMOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES

Además, los chicos y chicas que han participado en el proceso son conscientes de las desigualdades que existen entre ellos. "No todos tenemos las mismas oportunidades socioeconómicas, ya sea por el lugar donde vivimos o el nivel económico de la familia que nos impide tener las necesidades básicas escolares cubiertas", señalan.

Por ello, proponen más becas, préstamo de materiales escolares, acceso a conexión a Internet gratuita para las familias vulnerables y clases más prácticas. "Tendría que haber cosas de más práctica, más experimentación, de más dejar la curiosidad de los niños", señala Daniel, de 17 años.

Según señala la Plataforma de Infancia, los datos sobre la inversión en educación en España "corroboran" la percepción de los chicos y chicas pues España destinó a educación el 4,26% del PIB en 2019, por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea (4,7% del PIB en 2019).

Además, las ONG de infancia precisan que, en España, los costos indirectos de la enseñanza obligatoria, como los libros de texto, el transporte y las comidas escolares, "dificultan el acceso a la educación". En el curso 2029/2020 cada hogar gastó de media 1.177 euros por estudiante. Además, un 82% de las familias señala que ha tenido que aumentar su gasto educativo a causa de la pandemia.

Los menores tienen claro que todos son iguales y tienen derechos, pero son conscientes de que "no todos y todas disfrutan de ellos". "Para el pleno desarrollo de un niño o una niña es indispensable que se cumplan, no se puede permitir que algún niño o niña no pueda disfrutarlos. Son muy importantes para crecer en las mejores condiciones", señalan.

En este sentido, proponen, entre otras medidas, revisar las leyes para asegurar que son igualitarias e integradoras para los colectivos vulnerables, reducir el precio de los bienes de primera necesidad o incluir especialistas sobre discapacidad en los centros educativos.

TENEMOS SOBREPESO Y ESTAMOS MÁS TRISTES

Además, los chicos y chicas aseguran que tienen derecho a una vida saludable aunque reconocen que "es difícil mantener una dieta equilibrada si no hay dinero para comprar". También señalan que la pandemia por la COVID-19 les ha afectado mucho a nivel físico, mental y emocional. "La pandemia ha provocado que tengamos sobrepeso, estamos más tristes, dormimos peor, comemos peor y nos relacionamos peor", afirman.

Frente a esta situación, proponen aumentar las ayudas a las familias más vulnerables, asegurar el acceso a la electricidad, la calefacción, el agua caliente, limitar y regular el acceso de menores de edad a la comida no saludable, y más médicos y psicólogos para niños y niñas.

"Con un 27,4%, España es el tercer país de la Unión Europea con una mayor tasa de pobreza infantil, solamente superada por Rumanía y Bulgaria", ha explicado Ibarra, al tiempo que ha precisado que "en España la pobreza energética alcanza a un 16,7% de los hogares y se eleva por encima de la media en los hogares con hijos".

Además, ha avisado de que el impacto de la Covid-19 en muchos hogares vulnerables "ha producido un mayor deterioro de las condiciones socioeconómicas, lo que aumentará la desigualdad".

Otro tema que les parece importante a los niños y niñas es su derecho a la participación infantil. "No nos sentimos escuchados por las personas adultas ya que no toman en cuenta nuestra opinión, deciden sin consultarnos", protestan. Además, observan que por el hecho de ser menores de 18 años, no se les suele pedir consultar y cuando dan su opinión, no siempre se les toma en serio.

Por ello, proponen mayor difusión e información sobre participación y sobre las organizaciones donde poder participar, asegurando que llega a toda la infancia, incluyendo la más vulnerable.

El Congreso de los Diputados ha pedido este miércoles aumentar el control parlamentario a las exportaciones de material de defensa de la industria española, así como reforzar los mecanismos de vigilancia en los países de destino.

Las exportaciones del materia de defensa y doble uso deben recibir autorización de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU), liderada por la Secretaría de Estado de Comercio, que elabora un informe anual que después presenta ante el Congreso de los Diputados.

Los grupos parlamentarios han aprobado este miércoles en la Comisión de Defensa el dictamen respecto al último informe disponible, el del año 2020, cuando las ventas de armamento sumaron 3.622,4 millones, un 10,4 por ciento menos que en 2019.

Varias de las propuestas aprobadas piden reforzar la relación entre la JIMDDU y el Parlamento mediante reuniones periódicas o mayor detalle sobre los expedientes autorizados y los denegados en los informes anuales.

Además, ponen el foco en el procedimiento de verificación 'ex post' aprobado el pasado año que permite a la JIMDDU controlar el uso de las armas exportadas en los países de destino para asegurar el cumplimiento de la legislación. Los partidos han pedido aumentar la información sobre los casos en los que se aplica este mecanismo de control, así como aquellos en los que no haya sido posible por negativa del país comprador.

La Comisión de Defensa ha rechazado así la petición de Vox que iba en sentido contrario para eliminar este filtro. Su diputado Manuel Maestre ha recordado la delicada situación que atraviesa el tejido industrial español y ha avisado de que este mecanismo puede convertirse en "una traba" para las ventas. "Es necesario un marco fiable y facilitador", ha abogado.

Sin embargo, el diputado del PP Jesús Postigo ha defendido la necesidad de compatibilizar el respeto a los derechos humanos con un fomento y apoyo a la industria de defensa, algo que a su juicio no es incompatible.

También la portavoz del PSOE, Begoña Nasarre, ha sostenido que la industria de defensa es una parte "muy importante" de la economía española y de "una gran sensibilidad política", por lo que requiere de "la máxima transparencia y rigurosidad" en su regulación.

La Comisión ha aprobado también propuestas para retomar la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, pero ha rechazado peticiones de Unidas Podemos y de ERC para hacer públicas las actas de la JIMDDU, así como otras para reforzar los controles de exportación.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha calificado este miércoles de "absoluto escándalo" el uso que desde el Gobierno central quieren hacer del indulto concedido a Juana Rivas.

"Esta señora ha sido condenada por un delito y sigue estando condenada por un delito muy grave que es secuestrar a sus hijos y privarle a su padre de la patria potestad", ha señalado el consejero madrileño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por los periodistas por esta cuestión.

López ha puesto el foco en que lo que se ha hecho es "un perdón parcial" por parte de "un Gobierno muy acostumbrado a no respetar al Poder Judicial, un perdón parcial pero sigue existiendo el delito". "Sigue existiendo el reproche penal de una persona que priva de sus hijos a su padre", ha recalcado.

Para el titular de Justicia, es "absolutamente deleznable" que una ministra del Gobierno de España (Irene Montero) entienda "que esto es la reparación de una situación jurídica injusta". Así, López ha insistido en que "el delito se ha cometido, la pena sigue existiendo" aunque se haya reducido "a la mitad".

Además, ha censurado el "mensaje que se manda a todos aquellos padres o madres" de que se crean que tienen "el derecho de poder privar de la custodia de sus hijos al otro progenitor". "No se puede permitir que desde el Gobierno de España un ministro o una ministra vuelva otra vez a cuestionar al Poder Judicial", ha dicho.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, espera poder contar con el aval del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para poder implantar en Euskadi el 'pasaporte covid' al creer que es una medida "ajustada y proporcionada" para frenar la expansión de la covid-19.

El Gobierno Vasco formalizará a lo largo de este miércoles la petición de autorización al TSJPV para la exigencia del 'certificado sanitario' en determinadas actividades vinculadas al ocio nocturno o la restauración.

Urkullu, en declaraciones a los periodistas tras la inauguración en Bilbao de la escultura 'Almas de hierro-Burdin Arimak', en homenaje de la enfermería de Bizkaia, ha asegurado que tienen la esperanza de contar con la aprobación del TSJPV al denominado 'pasaporte covid', aunque ha precisado que también en otras ocasiones la han tenido, pese a que, finalmente, el tribunal vasco no les ha respaldado.

En este caso, ha señalado que vuelven a recurrir al TSJPV porque consideran que, en la actual situación de pandemia, con un aumento de contagio y de la incidencia, medidas como el 'certificado sanitario' serán "efectivas".

Para poder implantar esta medida, es necesario, según ha apuntado, contar con el aval de la Sala de lo Contencioso-administrativo para que no se reproduzcan situaciones como las vividas en el pasado, cuando se han impugnado medidas decretadas por el Gobierno Vasco y se ha fallado en contra de ellas.

El Lehendakari ha asegurado que las restricciones que se han establecido en cada momento "son ajustadas y proporcionadas". "En este sentido, espero contar con el aval de la Sala de lo Contencioso-administrativo", ha reiterado.

VACUNACIÓN

Preguntado por si comparte con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la opción de obligar a vacunar a toda la población, Iñigo Urkullu ha recordado que en Euskadi más del 90% de la población diana "tiene la pauta completa de vacunación", situación por la que hay que "felicitarse".

Asimismo, ha subrayado que la mayoría del personal sanitario también se ha inoculado el antídoto. Por ello, cree que es "necesario y suficiente" realizar una llamada a la ciudadanía a ser consciente de que no solo debe preservar la salud individual, sino la salud colectiva.

"El gesto de vacunación es beneficioso individualmente para cada uno de nosotros, pero también es un gesto de solidaridad con el resto de la población. Creo que, en este sentido, es una apelación a la responsabilidad suficiente", ha manifestado.

EVENTOS

El Lehendakari señalado, además, que los municipios, con quienes mantienen "un diálogo permanente", son los que tienen que adoptar decisiones sobre los eventos que se realicen en su ámbito territorial.

En este sentido, ha indicado que se ha contado, desde el principio de la pandemia, con el plan Bizi Berri, que establecía la metodología de trabajo y los límites que marcarían las pautas de actuación de las instituciones vascas, y en este momento de "vigilancia sanitaria",

"Afortunadamente, no estamos en situación de emergencia sanitaria, en la que se funcionaba con un Plan de Protección Civil (LABI). Estamos en situación de vigilancia sanitaria y, por tanto, las medidas se comparten con el marco institucional en su arquitectura completa, desde el Gobierno a diputaciones y ayuntamientos, pero cada uno es el responsable de gestionar su ámbito competencial", ha explicado.

"ERRADICACIÓN COMPLETA"

En su discurso durante la inauguración de la escultura dedicada a la enfermería de Bizkaia, Iñigo Urkullu ha destacado que la pandemia de la covid-19 "está siendo un gran reto" que "todavía no ha terminado", y ha apelado a "mantener el compromiso para conseguir su control y erradicación completa".

"Vuestra labor está siendo esencial: atendiendo a las personas, en la red de vigilancia o en el despliegue de la vacunación masiva, con unos resultados excelentes", ha dicho a los representantes de la Enfermería de Bizkaia.

El presidente del Gobierno Vasco ha instado a toda la sociedad a "no bajar la guardia". "No debemos volver atrás. Seguimos en vigilancia sanitaria. Este acto es un buen momento para recordar que la autoprotección sigue siendo necesaria, para recordar que la vacunación es prevención y es solidaridad", ha añadido.

A su juicio, cumplir las normas es la garantía para preservar la salud personal y la salud pública, y "representa un alivio en la carga de trabajo de la atención primaria y los hospitales". "La sociedad os necesita, tal y como os vemos en esta escultura, con 'alma y hierro':voluntad y compromiso de hierro; y el alma que representa la vocación de atender a cada persona con cercanía y humanidad", ha enfatizado.

Urkullu ha asegurado que, "si algo define el trabajo de enfermeros, enfermeras y matronas, es la cercanía a las personas, su capacidad de adaptación y el compromiso con los valores que la sociedad reconoce".

A su juicio, su aportación a la comunidad es "de gran valor", ya que "cuidan, enseñan a cuidarse y a cuidar a otras personas". "En una sociedad cada vez más necesitada de cuidados, con el reto del envejecimiento y el aumento de las enfermedades crónicas, con más personas mayores que viven solas, necesitamos profesionales que respondan con capacidad y cercanía, con conocimiento y humanidad", ha aseverado.

Por ello, ha dicho que la sociedad les necesita, tal como se les ve en la escultura colocada en el parterre del parque de Botica Vieja de Bilbao, con alma y hierro, voluntad y compromiso de hierro".

"EJEMPLO DE SOLIDARIDAD"

También ha intervenido durante el acto el alcalde de Bilbao, que ha recordado que "el cuidado es la esencia de la enfermería", que supone un vocación de servicio a las personas", y ha destacado la labor que ha realizado este colectivo a lo largo de la pandemia del coronavirus. En este sentido, ha destacado que ha sido "ejemplo de solidaridad profesionalizada".

Para Juan Mari Aburto, este reconocimiento a través de la escultura de Jesús Lizaso, "va más allá de de medallas y reconocimientos oficiales" porque "está vinculado al agradecimiento de las instituciones y representantes de la sociedad con el día a día de todos los bilbainos del presente y del futuro que transiten por este rincón de Botica Vieja".

Al acto, que ha tenido como anfitriona a la presidenta del Colegio de Enfermería de Vizcaya, María José García Etxaniz, también han asistido la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, el presidente del Consejo General de Enfermería, el presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, la subdirectora de Enfermería de Osakidetza, varios presidentes de colegios profesionales sanitarios, los gerentes de los hospitales de Vizcaya y diversas personalidades de la sanidad vasca, entre otros.

El líder del PP, Pablo Casado, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han exhibido este miércoles buena sintonía y entendimiento en el encuentro que han celebrado en el Congreso de los Diputados. "La gestión en Castilla y León funciona", ha subrayado el presidente de los 'populares'.

Esta 'foto' de Casado y Mañueco --la reunión se ha celebrado en el despacho del jefe de la oposición en el Congreso-- se produce en medio del pulso interno abierto entre la dirección nacional del PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el control del Partido Popular en Madrid.

"LA GESTIÓN EN CASTILLA Y LEÓN FUNCIONA"

"La gestión en Castilla y León funciona: bajada de impuestos, calidad educativa y refuerzo para la sanidad y dependencia", ha manifestado Casado, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Casado ha dicho que Mañueco y él coinciden en reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez "apoyo para la agricultura y la ganadería, la industria del motor y la digitalización rural para combatir la despoblación".

Antes de esta reunión, el presidente de Castilla y León ha asistido al desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha señalado que los afiliados son los que tienen que decidir quién preside el PP de Madrid. Dicho esto, ha defendido que en cualquier lugar se apueste por la "unidad" y se deje que "los afiliados se expresen con libertad".

Así se ha pronunciado cuando se le ha preguntado si cree que Ayuso debería ser presidenta del PP de Madrid y si comparte la reflexión del "gen caníbal" en el partido al que alude la escritora Carmen Posadas. "Sobre el gen caníbal, no lo he visto y no creo que exista", ha manifestado.

Antes de verse con Casado, Mañueco ha estado acompañado en este desayuno informativo en Madrid por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

CASADO PONE A ITALIA COMO "EJEMPLO A SEGUIR"

La reunión con Mañueco se ha producido en el despacho que Casado tiene en el Congreso porque el jefe de la oposición ha asistido antes a la recepción de las Cortes al presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Casado ha subrayado que la bajada de impuestos y las reformas estructurales pactadas por el primer ministro italiano, Mario Draghi, con la oposición "consiguen que Italia crezca más que España por primera vez en 10 años y tenga la mitad de inflación". "Un ejemplo a seguir", ha manifestado.

Trabajadores forestales han reclamado a las administraciones que establezcan medidas "urgentes" para afrontar la 'sexta generación' de incendios forestales que provocan emergencia ciudadana y social así como para mejorar sus condiciones laborales.

Durante la presentación del informe 'Incendios Forestales de España 2021', el responsable del Sindicato de Bomberos Forestales de UGT, Ángel Rubio, y la secretaria de Local y Autonómica, Joana Mor, han informado que hasta octubre de 2021 el balance es de 7.835 siniestros, de los que 5.227 fueron conatos y 2.608, incendios forestales. En total, la superficie afectada es de 85.959 hectáreas, una cifra bastante más elevada que en 2020.

Los bomberos lamentan que el sistema descentralizado, que deja las competencias de incendios forestales en manos de las comunidades autónomas, hacen que cada una diseñe un plan para su territorio distinto, de modo que hay sistemas públicos, mixtos o totalmente externalizados a empresas privadas.

"Este es uno de los graves problemas que afronta el colectivo: la heterogeneidad", ha afirmado Ángel Rubio, que ve "imprescindible" que el Gobierno establezca herramientas legales que acaben con las diferencias que tienen estos sectores entre los diferentes territorios.

De ese modo, urge a la aprobación de Leyes Básicas de regulación para cada uno de los colectivos, que actualmente se llevan trabajando desde hace más de un lustro.

Por su parte, Mor ha denunciado la desigualdad en los distintos dispositivos de Bomberos Forestales que son "totalmente desiguales" y "abren la brecha en las condiciones laborales, sociales y económicas dependiendo de la comunidad a la que se pertenezca".

A su juicio, en "muchos puntos" hay una falta clara de regulación que abocan a la temporalidad, situando esta cerca del 24 por ciento y muchos territorios que cuentan con más de un 30 por ciento y otros con el 17 por ciento.

"La prevención es la que evita las catástrofes", defiende Mor que recuerda que UGT ha pedido la coordinación de los medios de extinción, una ley básica de agentes forestales que es "un compromiso del Gobierno que no puede esperar".

"El trabajo no puede ser sinónimo de muerte, cada vez son más frecuentes los accidentes por falta de efectivos técnicos, nos resulta intolerable", ha subrayado.

Por otro lado, Rubio ha puesto sobre la mesa la "elevada siniestralidad" que es "otra cuestión de vital importancia" que se resolvería de acuerdo con el sindicato otorgando los coeficientes Reductores y Edad de jubilación anticipada tal como estipula el Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, que el único sindicato que lo tiene reclamado es UGT, y nada menos que desde el año 2014.

A su juicio, ello frenaría "de una vez por todas" tener personal por encima de 60 años en la primera línea de fuego o realizando trabajos preventivos en las "complicadas zonas de trabajo y en las durísimas condiciones climatológicas que se realiza".

El 'expresident' de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea su "persecución judicial" en los últimos 12 años, tras el archivo de la novena causa de las diez abiertas contra él, y ha afirmado que sigue a disposición del partido para desarrollar todo su "potencial".

"Seguiré en el PP hasta que me muera", ha dicho en una rueda de prensa en un hotel de València convocada por el sobreseimiento provisional de las actuaciones por el contrato por el que la Generalitat asumió en julio de 2011 --en sustitución de Bancaja-- la condición de avalista de Valmor, empresa que organizaba la celebración de la Fórmula 1 en la ciudad.

Esta era la última causa que seguía abierta por presuntas irregularidades en torno a la carrera, con lo que le queda una de las seis separadas del caso Gürtel por los contratos menores que la Generalitat adjudicó a Orange Market.

Camps se ha mostrado satisfecho y feliz por el archivo de la F1 y ha asegurado que esta competición en València fue "un éxito rotundo y absoluto", para preguntarse "por qué los gobiernos de izquierda siguen apostando por la Fórmula 1 en Barcelona" y reiterar que el Ayuntamiento de València debe cobrar a los promotores del PAI del Grao por la construcción del circuito.

En la comparecencia, junto a su abogado del despacho donde trabaja, ha avanzado un recurso extraordinario ante el TSJUE para denunciar lo que entiende como una "persecución judicial" desde 2009, un recurso que se centrará en la causa que le queda pendiente de Gürtel.

Camps augura que este proceso pendiente se alargará hasta las elecciones de 2023 y ha subrayado que, desde la conocida como 'causa de los trajes', en la que fue juzgado y le absolvió un jurado popular, la resolución de los casos que le afectan siempre coincide con unos comicios.

ACUSA A PUIG DE PERSEGUIRLE

Durante su intervención de más de hora y media ha hecho un repaso de su periplo judicial desde los trajes, que ha insistido en que pagó, y ha apuntado a Fiscalía Anticorrupción y al jefe del Consell y líder del PSPV, Ximo Puig, como responsables de "una estrategia política de persecución a Francisco Camps".

A Puig le ha acusado de utilizar en la oposición los abogados del grupo socialista y después a la Abogacía de la Generalitat, además de exigirle que pague 800.000 euros por costas judiciales. "No ha pasado nunca en la historia de un presidente de la Generalitat: está obsesionado", ha criticado.

También se ha quejado de los años de "escraches, investigaciones, testimonios y registros policiales" y de los intentos de vincular estas causas con una presunta financiación irregular del PP, así como de los exjueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y José de la Mata. Y ha acusado a Anticorrupción de realizar una instrucción "sumarísima" para intentar mantenerlo como "imputado permanente".

"Se han roto todas las reglas. Llevo 11 años en los juzgados diciendo lo mismo y siempre me han dado la razón", ha recalcado, para asegurar que fueron años "muy duros" y siguen siéndolos y que afronta lo que le queda "con deportividad" porque quiere "pelear hasta el final".

"UNO ES POLÍTICO HASTA QUE SE MUERE"

Al margen de los tribunales, Camps ha hecho hincapié en que "nunca" ha dejado ni dejará la política porque "uno es político desde que nace hasta que se muere" y él no ha "hecho otra cosa" en su vida., Por eso ha prometido que seguirá en el PP hasta que se "muera", ha destacado que en 2022 cumple 40 años en el partido y se ha puesto a su disposición: "Me encantaría tener un cargo donde desarrollar todo el potencial que creo que tengo.

Tras recordar que ganó tres veces por mayoría absoluta, algo que ve difícil ahora por la fragmentación política, ha sostenido que la dirección del PP es consciente de su oferta "general y permanente" y que él se mantiene "sereno y fuerte".

Camps se ha mostrado "encantado" de sus ocho años al frente de la Generalitat, mientras ha criticado que el gobierno actual del Botànic ha aumentado la deuda y "confiscado dos hospitales" por la reversión a gestión pública de los departamentos de La Ribera y Torrevieja.

"PODRÍA HACER UN BUEN PAPEL COMO ALCALDE"

Sobre la Alcaldía de València, ha augurado que en 2023 la ganará el PP, "probablemente con Vox", y ha defendido que "cualquier candidato" tendrá su apoyo, aunque él piensa que puede "hacer un buen papel como candidato y como alcalde". Ha añadido además que la gente le para "constantemente" por la calle y que él "no haría nunca nada en contra del PP".

Sobre trato del PP hacia él, Camps ha afirmado que "siempre" le han tratado bien aunque "ahora el cambio radical es que es público" y por eso decidió asistir a la reciente Convención Nacional en la plaza de toros de València.

La consellera de Salud del Govern balear, Patricia Gómez, cree que las medidas actuales contra el COVID "tendrían que ser suficientes", "si se cumplen", para evitar un aumento de las restricciones en Baleares.

Así se ha expresado Gómez a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, en la que ha vuelto a hacer un llamamiento a los ciudadanos a cumplir con las medidas. Como ejemplo, ha mencionado que hay personas que no llevan correctamente la mascarilla, o que se la quitan nada más entrar a un restaurante aunque no estén consumiendo.

"Las medidas deberían ser suficientes, pero ahora bien, se tienen que cumplir", ha insistido, preguntada por cuestiones como una ampliación de la exigencia del certificado COVID a la restauración o restricciones a los no vacunados como en Austria. Según Gómez, si la población no se relaja con las medidas, no tendría por qué producirse un incremento importante de casos.

Con todo, la consellera ha razonado que el hecho de estar vacunados puede haber dado lugar a "que haya una conciencia de riesgo inferior", pero no obstante ha apuntado que España está "en una situación privilegiada en cuanto a vacunas", y que aunque se registra un aumento de la incidencia "no es comparable a otros países del entorno".

Sobre la propuesta del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para que la vacunación contra el COVID sea obligatoria, Gómez ha considerado que una medida de este tipo contravendría las leyes españolas. En cualquier caso, ha apuntado que es un debate de ámbito más jurídico que sanitario.