El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha anunciado que un primer texto de la "necesaria y esencial" revisión de la Ley del Cine llegará al Consejo de Ministros en la primera quincena del próximo mes de febrero.

"Hay que adaptar la norma actual a la nueva realidad del sector audiovisual, creando un marco normativo moderno y duradero, que abarque la diversidad y riqueza de la creación audiovisual, y no solo cinematográfica", ha explicado Iceta durante su comparecencia a petición propia en el Senado.

El ministro ha repasado frente a los senadores algunos de los retos legislativos que Cultura deberá afrontar en los próximos meses, además de avanzar otras gestiones como la de que España será país invitado en la Feria del Libro de Guadalajara (México) en el año 2024.

El sector de la cultura está expectante pero también se muestran favorables, según nos trasladan, a la dinámica de trabajo creada y comprometido con el trabajo que se está realizando. Pero desde luego esperan resultados concretos y no solo reuniones", ha avanzado Iceta.

En el caso del sector audiovisual, se ha referido también a la trasposición de la directiva europea para la ley General de Comunicación Audiovisual que incluye "como principal novedad" la obligación de financiación de obra europea " a lo que comúnmente se llama plataformas.

"El objetivo es que haya las mismas reglas y obligaciones para todos los que operan en el país, aunque estén ubicados fuera del territorio", ha remarcado el ministro, quien también ha vuelto a marcar el calendario para la puesta en marcha del bono cultural joven de 400 euros.

"No hemos inventado nada nuevo, en países de nuestro entorno como Francia e Italia, así como en algunas ciudades de nuestro país, existen ya experiencias para facilitar el acceso a la cultura a través de bonos", ha resaltado. Así, ha reiterado que no estará "completamente operativo hasta aproximadamente mayo-junio" y que llegará al Consejo de Ministros antes de finales del mes de febrero.

En cuanto a los museos, ha defendido los préstamos y depósitos temporales "siempre que se dan las condiciones adecuadas" para facilitar el acceso a estas obras en toda España. En cualquier caso, ha señalado que el Ministerio no tiene un plan establecido relativo a la salida de piezas de museos estatales.

La política cultural del Ministerio de Cultura y Deporte está basada siempre en criterios técnicos, por lo que podemos asegurar que no hay decisión, ni intención, ni partida presupuestaria, ni plan de futuro que disminuya el papel de los museos o archivos estatales ni afecte a la integridad de sus colecciones", ha añadido.

Por último, ha aludido al Estatuto del Artista, apuntando que el Real Decreto de 1985 que regula la relación laboral de los artistas "se ha quedado obsoleto y exige modificaciones normativas". "Esperamos contar a finales de este mes o al inicio del mes de febrero con una propuesta concreta al respecto", ha concluido.

El expresidente valenciano Francisco Camps ha solicitado a la Audiencia Nacional que eleve ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hasta ocho cuestiones prejudiciales relativas a su imputación en Gürtel ya que alega que se le juzgará sin pruebas y, por lo tanto, se vulnera su derecho a la presunción de inocencia. Pide que sean tramitadas por el procedimiento de urgencia y que se acuerde la suspensión del procedimiento para él mientras se resuelve.

Ya en noviembre anunció que recurriría ante el TJUE su "persecución judicial" en los últimos 12 años, tras el archivo de la novena causa de las diez abiertas contra él. Entonces, afirmó que sigue a disposición del PP "para desarrollar todo su potencial".

Ahora, en el escrito presentado en diciembre ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, adelantado por Vozpopuli, se refiere a la directiva europea 2016/343 por la que se refuerza en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. Y recuerda que no hay trasposición de la misma a España pese a que debía haberse hecho antes de 2018.

A juicio de la defensa esto afecta a su patrocinado puesto que se le ha privado del principio de presunción de inocencia, del principio de 'in dubio pro reo' --esto es, si hay dudas siempre se resuelve a favor de reo--, se le ha tratado como culpable siendo sospechoso y no se han buscado tanto pruebas inculpatorias como exculpatorias en su caso.

"En aras a evitar la arbitrariedad, con la consiguiente afectación grave en los derechos fundamentales en este caso de Don Francisco Camps, se plantea la interpretación de determinados aspectos de la Directiva 343/2016 que deben guiar la resolución de cuestiones cuyo ajuste normativo ha suscitado dudas, y, que, por ser estrictamente procesales o bien pertenecer al elenco de cuestiones previas a la celebración del juicio, impetran desde ya su esclarecimiento y posterior adaptación al criterio que determine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", indica.

La defensa en el escrito pone en antecedentes al TJUE, y recuerda que fue incorporado como investigado a la pieza 5 de Gürtel cuando ya estaba en fase de celebración del juicio oral. En ella se investiga un contrato menor con la mercantil Orange Market para el Stand de Fitur de 2009. También señala que los hechos que provocaron que la Fiscalía incorporara como imputado a Camps en la causa de los contratos con la Gürtel fueron repentinos y fruto de una conformidad de otros acusados (Ricardo Costa, Rafael Correa y Álvaro Pérez --el Bigotes--).

"¿Qué dijeron estas personas? Que Don Francisco Camps había dado su aprobación tanto a la decisión de asignar la campaña electoral del Partido Popular a Orange Market como al sistema de pagos a la misma", indica, para luego añadir que ni los declarantes sostuvieron esto en grado de convicción ni son personas "creíbles".

Afea que "la Fiscalía, y por ende el juzgado instructor, admitió y dio por probado un hecho declarado en un procedimiento sin haberse sometido esa cuestión a contradicción". Y añade que ante la ausencia de pruebas incluso en el auto de transformación a procedimiento abreviado de fecha 3 de junio de 2019 el instructor "se basa en una mera conjetura" ya que sostiene que la adjudicación a Orange Market del stand Fitur 2009 "sólo pudo deberse a las instrucciones impartidas desde la Consellería, a cuyo titular Camps Ortiz dio las oportunas indicaciones".

"SESGO POLÍTICO"

Recuerda además que esta cuestión ya había sido juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el procedimiento 2/2012 relativo a la contratación pública adjudicada por la Generalitat Valenciana con la mercantil Orange Market respecto de los expedientes de contratación y obras menores de FITUR de los años 2005 a 2009 (Sentencia 2/2017 de 8 de febrero de 2017). Y añade que en esta causa Camps "ni siquiera fue llamado como testigo a declarar; causa cuya resolución en nada le afectó negativamente y, a mayor abundamiento, se absolvió a la consellera (del año 2009) Angelica Such".

Tras esto, insiste en que "la afirmación de autoría no puede hacerse depender de un pálpito; de una convicción marcadamente subjetiva, ajena al contenido de lo que se presenta como prueba". Y dice que el cuestionamiento de la imparcialidad del instructor que le imputó en esa pieza 5, José de la Mata, ya ha sido planteada en el procedimiento. Recuerda al hilo que De la Mata es ex alto cargo del PSOE, "partido que ostenta la acusación popular de la presente causa" que se dirige contra "un ex alto cargo político del Partido Popular". "Estamos ante un claro juicio de sesgo político", añade.

"El objeto de la investigación suplementaria era determinar si Dora Ivars recibió indicaciones o no, y de facto, desde el inicio, se convirtió en una investigación contra Don Francisco Camps", lamenta para luego decir que la causa es prospectiva y "ad personam".

LAS OCHO PREJUDICIALES

Tras esta exposición, la defensa enumera las ocho cuestiones prejudiciales, la primera de las cuales se refiere al principio de presunción de inocencia en su dimensión extraprocesal, juicio paralelos. "¿Es conforme a tales disposiciones --europeas-- extraer de unas declaraciones prestadas en un juicio y no sometidas a contradicción, una hipótesis acusatoria en otro procedimiento?", pregunta.

También pregunta al TJUE si es respetuoso con el principio de presunción de inocencia "tomar declaración a una persona en calidad de testigo siendo que ya es sospechoso" y si esa declaración habría vulnerado el derecho a la información. "¿Se podría entender que la prueba obtenida como consecuencia de esta práctica no es conforme al derecho de defensa tal y como se recoge en el artículo 10 y Considerando 45 de la Directiva 343/2016, ni tampoco con los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia?", añade.

Como tercera prejucial se pregunta si puede ser considerado como hecho probado algo que no ha sido sometido a contradicción, y como cuarta si cabe la suspensión de un juicio y practica de instrucción suplementaria por la existencia de meras conjeturas y si cabe la reapertura de la instrucción para investigar hechos ya juzgados.

La defensa quiere saber además si de acuerdo con el principio de 'in dubio pro reo' es contrario al mismo la incorporación directa en una causa como investigado de Camps, si se puede desatender en una instrucción la existencia de prueba de descargo directa, y si debe prevalecer esta hipótesis compatible con la inocencia sobre la hipótesis acusatoria. Quiere conocer también si un juez puede transformar la instrucción a procedimiento abreviado "sobre la base de una mera conjetura".

"¿Hay que interpretar el artículo 6.2 en el sentido de que una hipótesis acusatoria basada en una mera suposición no enerva el principio de presunción de inocencia?", concluye.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha enviado una carta al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, donde le pide que ordene retirar los anuncios antiabortistas de marquesinas de la EMT por ser "una manifestación edulcorada de fanatismo".

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) ha colocado el mensaje 'Rezar frente a una clínica abortista está genial' en más de 260 marquesinas de 33 ciudades españolas para oponerse a las penas de cárcel para los grupos provida que acuden a las puertas de las clínicas especializadas en interrupciones de embarazo.

Espinar ha trasladado a Almeida que hay ciudades como Valladolid, Granada, Gijón o Valencia que ya han retirado esta cartelería. "Es una publicidad inoportuna y envenenada y una manifestación edulcorada de fanatismo que nada bueno aporta a nuestra sociedad", ha afirmado la socialista.

"Puedo entender que determinados colectivos ultraconservadores sientan la imperiosa necesidad de rezar ante lo que consideran un pecado horrible, pero que lo hagan en sus casas o en sus templos", ha argumentado Espinar, quien considera "una provocación" elegir las clínicas donde se practican abortos.

Mar Espinar ha remarcado que "interrumpir un embarazo es una experiencia muy dura, ninguna mujer pasa por ella desde la satisfacción o la frivolidad", y ha recordado que "en todos los países desarrollados el aborto es legal".

"El fundamentalismo religioso no sabe contenerse. Lo malo de las verdades absolutas es que sacrifican los matices en el altar del fanatismo. Las cosas, contra viento y marea, han de ser como ellos creen", ha argumentado la edil.

En la carta, Mar Espinar transmite a Almeida que esos carteles publicitarios "no deben tener espacio y difusión en Madrid". "No podemos consentir que nuestra ciudad se convierta en un lugar de señalamiento y de acoso a las mujeres. No podemos tolerar que algunos sectores impongan sus ideas sobre los demás. No podemos permitir que una minoría imponga su visión de la realidad a costa de la libertad de los demás", argumenta.

Se trata de la primera acción de 'Cancelados', una nueva iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas que busca "combatir la corrección política dando voz a las posiciones silenciadas por el pensamiento único", según han explicado en un comunicado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este jueves que las Fuerzas Armadas han vacunado a 140.000 personas --9.000 en Castilla-La Mancha-- en los doce días que llevan colaborando con las comunidades autónomas que lo han solicitado.

Robles ha ofrecido estos datos desde Corral de Calatrava (Ciudad Real), donde ha visitado un equipo móvil de vacunación frente a la COVID desplegado en la provincia de Ciudad Real, junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Robles ha empezado su intervención manifestando "todo su cariño y solidaridad" con los vecinos de Corral y de la comarca que han vivido el COVID y con los que lo están pasando este momento.

"Han sido dos años muy duros, pero ha puesto de relieve que España es un gran país y que cuando nos ponemos por delante un objetivo, sabemos cumplirlo, y sabemos cumplirlo con el esfuerzo y la dedicación de todos", ha afirmado la ministra de Defensa.

Así, ha puesto de relieve "el esfuerzo de todo el personal sanitario", que llevan dos años "dejándose la vida para ayudar a los demás", al tiempo que ha destacado igualmente "el esfuerzo" de las Fuerzas Armadas que durante estos dos años de pandemia "han estado en todas partes" y ahora colaboran "con actuaciones de vacunación".

Dicho esto, ha apuntado que en estos doce días que llevan las Fuerzas Armadas vacunando en toda España se han vacunado 140.000 personas por parte del Ejército, 9.000 en Castilla-La Mancha. Una región donde hay 9 unidades de vacunación del Ejército, ha recordado.

También ha dicho que se muestra "muy orgullosa" de los ciudadanos españoles y de Castilla-La Mancha porque "la vacunación es el mayor ejercicio de solidaridad y generosidad". "Vacunándote no solamente te salvas a ti mismo, salvas a los demás. Haces que podamos vencer al virus", ha incidido la titular de Defensa.

Por eso, ha indicado, es un "orgullo" para ella saber que en España el 91 por ciento de la población se ha vacunado, unos niveles de vacunación que "no existen en otros países" y por eso "el riesgo es mucho mayor", ha advertido.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), se ha declarado este jueves "convencido" de que el presidente, Juanma Moreno (PP-A), no va a convocar elecciones anticipadas en la comunidad autónoma antes de que finalice el primer periodo de sesiones de este año en el Parlamento --que transcurre de febrero a julio--, salvo razones de "extrema urgencia o necesidad", y ha apuntado que sería "una irresponsabilidad" en estos momentos convocar elecciones y "parar" la región cuando la economía andaluza está creciendo "a un ritmo del 5,5% anual".

A preguntas de los periodistas, el también coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía se ha pronunciado así en una atención a medios durante su asistencia a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, y después de que el presidente de la Junta advirtiese este miércoles, en ese mismo escenario y ante el propio Marín, que, si a partir del mes de febrero, cuando arranca la actividad parlamentaria con normalidad, se empieza a suceder un "bloqueo sistemático y permanente" a los decretos y proyectos de ley del Gobierno que se debatan por parte de la "pinza política" de PSOE-A y Vox, que tienen una "confluencia de intereses", la legislatura no podría continuar y se tendrían que convocar elecciones autonómicas.

Juan Marín ha respondido que van "a agotar la legislatura", y que lo que el presidente Moreno dijo este miércoles, junto a él, es que "en febrero se inicia el primer ciclo político, porque enero es inhábil" en el Parlamento y que "a partir de ahí" verán la posición de los partidos, especialmente de la pinza que conforman Vox con el PSOE en Andalucía, y, si no fuera posible continuar la legislatura, plantearnos un adelanto electoral".

El vicepresidente ha puesto de relieve que, este miércoles, la Diputación Permanente del Parlamento convalidó dos decretos aprobados por el Gobierno de PP-A y Cs y "se tumbó el Pleno extraordinario pedido" por el PSOE-A que lidera Juan Espadas "para hablar de sanidad".

"PODEMOS AGOTAR LA LEGISLATURA"

Tras aseverar que, en los casi 40 años de historia del Parlamento andaluz, el PSOE-A siempre "había rechazado todas las convocatorias de plenos extraordinarios en enero", y este miércoles, en cambio, lo solicitó porque "el único objetivo que tiene es sencillamente tumbar y derribar al gobierno de PP y Cs en Andalucía" --algo que considera "un terrible error"--, Marín ha defendido que "ayer se demostró que sí podemos agotar la legislatura llegando a acuerdos, hablando, dialogando, como lo hemos hecho hasta ahora", porque el actual es "un gobierno que dialoga, que se sienta, que no se levanta de la mesa hasta que no encuentra soluciones".

"Por tanto, nos ratificamos en lo que hemos venido diciendo tanto Juanma (Moreno) como yo: acabaremos el primer periodo de sesiones, y estaremos pendientes de en qué momento es el más idóneo para convocar elecciones", ha continuado Marín.

Al respecto, el vicepresidente ha advertido de que lo que no van a cometer ni Moreno ni él es "la irresponsabilidad de convocar elecciones para parar Andalucía en un año de crecimiento económico como el que tenemos", y cuando "estamos generando más empleo que ningún territorio de España". "Eso sería una irresponsabilidad, y ni Juanma (Moreno) ni yo vamos a cometer irresponsabilidades después de tres años tan duros como los que han sufrido los andaluces", según ha enfatizado.

A la pregunta de si entonces no contempla un escenario de elecciones "a finales de abril o principios de mayo", Marín ha respondido que "en absoluto", y ha apuntado que lo ha hablado con el presidente. "Le estoy comentando lo que hablamos ayer", ha indicado al respecto.

En esa línea, el vicepresidente ha sostenido que, antes de convocar elecciones, primero habría que celebrar los plenos de febrero en el Parlamento, y entre la disolución de la Cámara y la fecha de los comicios deben transcurrir 54 días, por lo que "nunca iríamos a elecciones en abril", sino que "como mucho nos iríamos a mayo o a junio".

Marín ha insistido en que Juanma Moreno "no va a convocar unas elecciones en un momento en el que estamos desplegando fondos europeos, en el que estamos a la espera de los planes de sostenibilidad turística", en el que "las ayudas al sector agroalimentario, al campo, están llegando".

"¿Ahora vamos a parar Andalucía creciendo a un ritmo del 5,5% anual?, ¿por qué, porque le interesa a Vox, al PSOE, al PP, a Ciudadanos? No, el interés de los andaluces está por encima de las siglas políticas, tanto para mí como para Juanma (Moreno), y no vamos a convocar elecciones salvo que haya una situación ya de extrema urgencia, necesidad, que nos aboque a ello", ha manifestado Marín.

El vicepresidente ha apostillado que, en ese supuesto, "serán Vox y el PSOE quienes tendrán que explicar a los andaluces por qué paran Andalucía y quieren paralizar a los andaluces", y ha concluido declarándose "convencido de que no va a haber elecciones" anticipadas. "Vamos a agotar la legislatura y, cuando acabe el primer periodo de sesiones, a partir de ahí sería ya una cuestión de adelanto técnico" lo que se produjera, "nada más", ha zanjado Marín.

Escaladores de Greenpeace se están descolgando sobre una lona desplegada en los últimos días en la calle de Gran Vía de Madrid que denunciaba el negacionismo de las macrogranjas con el lema 'Las macrogranjas no existen'.

Así, los activistas están "troleando" su propia pancarta para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cierre todas estas instalaciones de ganadería industrial que existen en España.

Los tres escaladores están haciendo un 'grafiti' sobre la lona de Greenpeace colocó el pasado martes para exigir el cierre de las macrogranjas. La ONG lleva años denunciando este modelo de ganadería industrial por su impacto sobre el medio ambiente, la salud humana y el bienestar animal.

La campaña se realiza tras el debate suscitado en las últimas semanas a partir de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico 'The Guardian' en las que valoraba que la carne que exporta España no es de buena calidad.

La lona llevaba el lema "las macrogranjas no existen", una frase que se escuchó en estas semanas de discusión política y este jueves ha completado la frase con "pero cerradlas ya" porque la ONG considera que "no es momento de hacer de la ganadería intensiva un arma electoral" sino de tomar las medidas necesarias para acabar con su devastador impacto.

Greenpeace alerta que "de no hacerse nada", proyectos como la macrogranja proyectada en Noviercas (Soria) con más de 23.000 vacas podría ser una realidad en un futuro próximo.

La ONG califica de "sorprendente" que la clase política "desoiga las evidencias" sobre el daño de la ganadería industrial y "genere un circo mediático" acerca de las macrogranjas que "se están convirtiendo en uno de los principales problemas ambientales" en España.

El responsable de agricultura de Greenpeace España, Luís Ferreirim, exige que la ganadería industrial no se convierta en un "arma electoral arrojadiza" porque en plena emergencia climática "no hay tiempo que perder".

Por ello, pide "a todos los partidos" y en particular a quienes tienen en la actualidad competencias sobre las macrogranjas "responsabilidad" para poner fin a este problema que está provocando el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, "envenenando las aguas del país, maltratando a los animales y agravando la despoblación rural".

La ONG afirma que desde los años 80 la producción de carne ha crecido casi un 1.000 por cien en España, frente al 150 por ciento de media en la UE o en otros países como Alemanía, Dinamarca o Francia.

Ferreirim, expone que la "inmensa" mayoría de alimentos de origen animal en España proceden de la ganadería industrial y asegura que sus consecuencias ya están a la vista.

CONTAMINACIÓN POR NITRATOS

En ese contexto, la ONG recuerda que la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la contaminación del agua por nitratos que incluso ha dejado a muchos pueblos sin agua potable.

Para la Comisión Europea, España tiene "un problema sistemático" y añade que el 81 por ciento de las aportaciones de nutrientes a los sistemas acuáticos en Europa están provocados por la ganadería.

Precisamente el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el Real Decreto para reducir la contaminación de nitratos que para Greenpeace es "un paso" pero que va a seguir siendo "insuficiente si no se va a la raíz del problema", que considera que está, precisamente en la agricultura y la ganadería industrial.

"Se puede y debe hacer mucho más y, por supuesto, la organización espera que se aplique y cumpla esta nueva legislación" considera Greenpeace que exige además que se elimine o modifique la redacción del primer real decreto de ordenación bovina en lo que respecta a la disposición transitoria primera que asegura que, en la práctica, permitiría la puesta en marcha de los proyectos ya en trámite, como el de Noviercas (Soria), donde se pretende explotar hasta 23.520 vacas, más de 20 veces la capacidad máxima establecida en el borrador de este Real Decreto".

"Después del debate actual, sería indignante que esta macrogranja se hiciera realidad, así como otras que están sobre la mesa", advierte.

La petición de Greenpeace por el fin de las macrogranjas ha recogido casi 350.000 firmas aunque la ONG aspira a llegar a 500.000 rúbricas para exigir acciones a los dirigentes políticos.

La Región de Murcia ha registrado 5.569 nuevos casos positivos por Covid-19 en las últimas 24 horas, en una jornada con seis fallecidos por esta causa. Se trata de 5 mujeres y un varón de 71, 82, 86, 87, 89 y 91 años; tres del área de salud II (Cartagena), dos del área de salud III (Lorca) y uno del área de salud I (Murcia Oeste), informaron fuentes de la Consejería de Salud en un comunicado.

De los 5.569 nuevos casos, 1.742 corresponden al municipio de Murcia, 766 a Cartagena, 405 a Lorca, 303 a Molina de Segura, 178 a Alcantarilla, 165 a Totana, 163 a Torre Pacheco, 130 a Yecla, 104 a Jumilla, 103 a Cieza, 101 a Águilas, 99 a Mazarrón, 94 a San Pedro del Pinatar, 89 a Alhama de Murcia y 80 a San Javier. El resto están repartidos por los demás municipios.

En estos momentos, 613 personas se encuentran hospitalizadas por Covid-19 en la Región de Murcia, --tres menos que el día anterior--, 537 en planta y 76 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), siete menos, el 78% de ellas no vacunadas.

Desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 281.194 contagiados por coronavirus, y el número de personas curadas asciende a 236.644. Los fallecidos, por su parte, se elevan a 1.916, mientras que la cifra de personas en aislamiento domiciliario se sitúa en 42.022.

Por su parte, el número de pruebas de detección realizadas es de 2.268.365 PCR/antígeno y 122.919 de anticuerpos.

Una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 eleva los niveles de anticuerpos que neutralizan la variante ómicron, según los resultados de laboratorio del Instituto Francis Crick y el Centro de Investigación Biomédica UCLH del Instituto Nacional de Investigación Sanitaria de Estados Unidos, publicados este miércoles en la revista científica 'The Lancet'.

Los investigadores descubrieron que los anticuerpos generados en personas que habían recibido sólo dos dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca o de la vacuna Pfizer/BioNTech eran menos capaces de neutralizar la variante ómicron en comparación con las variantes Alfa y Delta.

También descubrieron que los niveles de anticuerpos disminuían en los tres primeros meses después de la segunda dosis, pero que una tercera dosis aumentaba los niveles de anticuerpos que neutralizaban eficazmente la variante ómicron.

En las personas que habían recibido las tres dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, los niveles de anticuerpos contra ómicron después de una tercera dosis eran similares a los alcanzados anteriormente contra Delta después de sólo dos dosis. En general, los niveles de anticuerpos eran casi 2,5 veces más altos contra ómicron después de tres dosis en comparación con después de dos.

También se encontraron niveles más altos de anticuerpos contra la variante ómicron en las personas que recibieron dos dosis de cualquiera de las dos vacunas y que también declararon haber tenido previamente síntomas de COVID-19, en comparación con las que no habían tenido previamente síntomas de COVID-19.

Aunque los niveles de anticuerpos por sí solos no predicen la eficacia de la vacuna, son un muy buen indicador de la protección contra la COVID-19 grave. Este estudio confirma que tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 son esenciales para aumentar los anticuerpos hasta niveles cuantificables y maximizar la cantidad de protección contra la enfermedad grave y la hospitalización.

Efectivos del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Berto', han detenido a cinco personas, integrantes de un grupo criminal dedicado a la distribución de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción facultativa, para animales productores de alimentos, al margen de cualquier criterio clínico, de sanidad animal y sin responder a un uso racional de este tipo de medicamentos.

Además, han resultado investigadas otras 19 personas, cuya actuación habría facilitado la comisión de los hechos investigados, como presuntos autores de delitos contra la salud pública, falsedad documental e intrusismo, ha informado en nota de prensa la Guardia Civil.

DETENIDOS E INVESTIGADOS

Los detenidos, con edades comprendidas entre los 36 y 64 años de edad y vecinos de Albacete, actuaban desde esta capital y contaban con la colaboración del resto de personas investigadas, profesionales que trabajaban en varias localidades de la provincia albaceteña, así como en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia y Alicante.

Las investigaciones comenzaron cuando el Seprona tuvo conocimiento, a través del Servicio de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Delegación Provincial de Sanidad en Albacete, de que se había detectado un importante número de prescripciones sospechosas, de un mismo veterinario, relacionado con una empresa dedicada a la venta de productos veterinarios.

Las sospechas estaban fundamentadas en el elevado número de recetas firmadas por este veterinario, así como la coincidencia en las fechas de prescripción y el volumen de sus destinatarios, ya que figuraban más de 400 de distintas provincias.

Durante la investigación se detectó que la empresa investigada, además de las instalaciones donde tenía ubicada su sede social, utilizaba una nave industrial que no estaba controlada por ninguna de las administraciones competentes en la materia (ganadería y sanidad), donde realizaban el almacenamiento de los productos que posteriormente distribuían.

MODUS OPERANDI

El registro de la sede social y la nave utilizada por esta empresa permitió el acceso a documentación de cuyo análisis se obtuvieron datos esenciales para establecer el 'modus operandi'.

La empresa investigada habría estado dispensando medicamentos veterinarios, sujetos a prescripción facultativa, para animales productores de alimentos, muchos de ellos antibióticos, al margen de cualquier criterio clínico, de sanidad animal y sin responder a un uso racional de este tipo de medicamentos.

Los propios comerciales de la empresa disponían, entre su documentación de trabajo, de información exacta sobre medicamentos veterinarios y antibióticos, con anotaciones sobre dosificación, principios activos, priorización de tratamiento, tiempos de espera para carne, leche y huevos, datos necesarios para la prescripción veterinaria.

Este 'modus operandi' se completaba con la actuación del veterinario detenido, cuya función era firmar todas las recetas que se le presentaban y que provenían de tratamientos aplicados al margen del conocimiento de los veterinarios responsables de las explotaciones, o bien de tratamientos que se negaban a prescribir algunos veterinarios, cuando se los solicitaban.

Este facultativo recibía una remuneración por estos servicios que procedía del pago por receta realizada y descuentos en la adquisición de productos de la empresa investigada.

Además, se detectó que, en algunas ocasiones a petición de los propietarios de los animales, la empresa obviaba la preceptiva actuación veterinaria, convirtiendo de facto a los trabajadores de esta empresa en los verdaderos prescriptores de los medicamentos, que eran validados posteriormente por los veterinarios encargados de las explotaciones. Por ello, los implicados en estos hechos también han sido investigados en esta operación.

El proceso se completaba con la colaboración de dos de los farmacéuticos garantes de la correcta dispensación de este tipo de medicamentos veterinarios, omitiendo las funciones de control que legalmente tienen asignadas, dificultando con ello de manera evidente la labor inspectora y de control de las diversas administraciones competentes en la materia.

IMPORTANTES BENEFICIOS ECONÓMICOS

El proceso tendría un fin puramente económico, pues no solo se obtendrían los beneficios propios de los márgenes comerciales de las ventas de medicamentos ordinarios, sino que permitirían a esta empresa, cumplir determinados objetivos y rapeles de venta establecidos contractualmente con diversos laboratorios farmacéuticos, y con ello acceder a las bonificaciones pactadas.

RED DE CLIENTES EN 13 PROVINCIAS

El análisis de toda la documentación analizada permitió establecer que la actividad de esta empresa veterinaria se extendía por 13 provincias, llegando incluso a localidades de Barcelona, Badajoz o Navarra, aunque el grueso de la misma se centraba en localidades de esta provincia y de las limítrofes como Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia, Alicante y Valencia.

Entre estos no solo se encontraban explotaciones ganaderas, sino que también había particulares, clínicas veterinarias, farmacias, tiendas de productos zoosanitarios y otras comerciales del sector.

UNIDADES INTERVINIENTES

En las distintas actuaciones de la operación 'Berto', dirigida por efectivos del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Albacete, se ha contado con la colaboración del resto del personal de la Sección del Seprona y del Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia albacetense, además de personal Especialista del Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con sede en Madrid.

Las diligencias instruidas por los hechos delictivos investigados por efectivos de la Benemérita, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Albacete que ha entendido del caso.

CONTROL DE MEDICAMENTOS Y EL USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS

Las consecuencias del uso irresponsable de estos medicamentos han conllevado la aceleración en la aparición de mecanismos de trasferencia entre bacterias, que da lugar a bacterias multirresistentes o superbacterias inmunes a casi todos los fármacos y frente a las que se dispone de pocas alternativas terapéuticas.

La problemática antes expuesta motivó la elaboración de estrategias de lucha contra las resistencia antimicrobianas por parte de Organismos internacionales como la FAO, la OMS y la OIE, además de planes estratégicos de lucha en los que intervienen tanto por la Unión Europea, como por el Gobierno de España y la Comunidades Autónomas, a través de las diversas operaciones, como 'Pangea' o de Planes específicos como el 'Programa de Control de Medicamentos Veterinarios' del que derivaban las primeras actuaciones del Servicio de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria en Albacete, donde ya se incidía de forma clara en que la dispensación irregular de medicamentos veterinarios suponía un grave problema de Salud Pública.

Todos estos organismos e instituciones inciden de forma imperativa en que las cantidades de medicamentos prescritos se deben limitar al mínimo necesario, y deben ser consecuencia de la aplicación de rigurosos protocolos facultativos controlados por veterinarios.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha hecho un llamamiento al Partido Popular que apoye la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para "que la Carta Magna deje de llamar disminuidos a las personas con discapacidad".

"El hecho de que no quieran modificar el artículo 49 de la Constitución no lo entiende nadie, los que menos, las 4 millones de personas con discapacidad y sus familias en España", ha manifestado Bolaños este jueves 20 de enero, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, celebrado en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

Bolaños ha reprochado al PP que "su posición es incomprensible" porque es una reforma que tiene "todo el consenso social, apoyada por las asociaciones representativas y que sigue los estándares de los organismos internacionales" en esta materia.

"Sin embargo, tampoco merece el apoyo del principal partido de la oposición. Quiero pedirles que recapaciten, que se den cuenta de su posición incomprensible y que demos dignidad a las personas con discapacidad", ha zanjado.

Al tratarse de una reforma constitucional, necesita una mayoría reforzada y, en este sentido, Bolaños ha precisado que "no hay cuenta aritmética posible que no pase por un pacto entre el PP y el PSOE, al menos".

Por ello, ha reiterado su invitación al principal partido de la oposición a "sentarse a hablar, buscar una redacción compartida" y acabar así con un "lenguaje hiriente".

Además, preguntado por el papel que da el Gobierno al Tercer Sector de Acción Social, el ministro ha asegurado que "el compromiso" del Gobierno con el Tercer Sector es "indiscutible".

263 MILLONES ENTREGADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PALMA

Por otro lado, sobre los planes de reconstrucción y recuperación de la isla de La Palma, Bolaños ha garantizado la "completa" recuperación de La Palma con 443 millones de los que el Gobierno ya ha entregado un total de 263.

"Es en este momento cuando estamos más cerca de la isla aunque ya no sea la noticia principal de los telediarios, nosotros, el Gobierno de España, vamos a seguir allí hasta que se puedan reconstruir todos los proyectos de vida truncados", ha subrayado.

Preguntado por cuándo se aprobará definitivamente en el Congreso la transposición de la directiva de los derechos de autor que implica la vuelta de Google News a España, el ministro ha puntualizado que "no hay nada parado", la directiva "ya está en vigor" y es "derecho absolutamente aplicable" en España.

"Lo que hay es una tramitación parlamentaria, en este momento estamos en plazo de enmiendas, se presentarán enmiendas o no, porque hasta la fecha no se había presentado ninguna, y cuando se presenten enmiendas habrá una tramitación parlamentaria que llevará los ritmos que los grupos parlamentarios y el Congreso decidan", ha matizado.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reiterado que no habrá apoyo, ni abstención "táctica" a la reforma laboral, ni "un dejar pasar" si el texto que se presenta al trámite parlamentario no recoge la prevalencia del convenio autonómico, una demanda de los jeltzales "sencilla y fácil" de cumplir.

En una entrevista a Radio Euskadi, Ortuzar ha señalado que, para votar a favor de la reforma laboral, el PNV "solo ha puesto una condición, y no es difícil de cumplir porque lo que pedimos que suceda ahora ya estuvo en vigor un tiempo y no se cayó el mundo".

Los jeltzales, ha apuntado, piden que "cuando haya controversia en los convenios de empresa, que siempre hay que tener una referencia a un marco de protección mínimo para los trabajadores, que ese marco de referencia sea el convenio autonómico, en nuestro caso el acuerdo interprofesional vasco que, además, esta firmado con el aval del 100% de los sindicatos y la patronal".

"Lo que pedimos es fácil y sencillo, que la prevalencia sea, en el caso vasco, los acuerdos que nosotros hagamos aquí", ha insistido, para advertir que no valdría con aprobar el texto actual y luego estudiar nuevos proyectos de ley. Ortuzar ha censurado que, en el proceso de negociación de la reforma laboral, en el PNV "nos enteramos de las cosas que nos van a proponer por los medios de comunicación" porque a los jeltzales, según ha asegurado, "nadie nos ha propuesto nada, no nos ha puesto sobre la mesa nadie nada.

Según ha remarcado, la petición del PNV de prevalencia de los convenios autonómicos "tiene que tener rango de ley" y "el mismo o mayor grado de protección jurídica que cualquier otra norma, para que no haya colisión". A su entender, es "una cosa un poco difícil que se apruebe ahora una estipulación que propone que la prevalencia sean los convenios estatales, que siempre va a ser más bajo que el autonómico", y luego, "dentro de un mes, en otra ley digamos otra cosa".

Sobre la "mucha especulación" que hay sobre la posición que adoptará el PNV, Ortuzar ha dicho que "nuestra responsabilidad es para con Euskadi" y ha añadido que esa responsabilidad conlleva que los jeltzales defienden la prevalencia de los convenio autonómicos y, "en este caso el marco vasco de relaciones laborales frente al estatal". "Si esto no se nos garantiza, el voto del PNV va a ser no, y no va a haber ni abstenciones tácticas ni un dejar pasar, va a ser no", ha afirmado.

Ortuzar ha recordado que, antes de firmarse el acuerdo sobre la reforma laboral, él personalmente ha trasladado la postura del PNV a "todos los interlocutores de la mesa, al presidente Sánchez, a la vicepresidenta Díaz, a los dos sindicatos y a la patronal". Por tanto, ha remarcado, "todos saben que el PNV va a decir que no" si no entra la prevalencia de los convenios autonómicos.

Según el dirigente jeltzale, "al Gobierno no le pareció mal, lo entendía, los sindicatos también, e, incluso, CCOO retrasó la firma", y las "reticencias vienen por parte de la patronal". En ese sentido, Ortuzar ha dicho no entender las "reticencias" de la CEOE, en la medida en que "ya tenemos experiencia de que esto estuvo vigente hace un tiempo y no sucedió nada, ni se rompió el mercado laboral, ni se rompió España, simplemente se organizaron las cosas de otra manera".

A su entender, "esto tiene más que ver con un trasfondo político, porque la patronal se ha visto sometida a presiones políticas, y éste es el tema en el que ellos no pueden ceder, más por ese trasfondo político que por la realidad de la relevancia del tema".

Ante la advertencia de la CEOE de que se irá del acuerdo si se negocia con independentistas, Ortuzar ha recordado que la reforma de Rajoy "se hizo vía parlamentaria, no hubo consenso con los sindicatos ni con la patronal" y ha asegurado que él no quiere "ni que se rompa ni que se vaya nadie", pero ha advertido que "lo que no puede pretender nadie" es que el PNV "comulguemos con ruedas de molino y votemos algo en lo que no creemos y va justo en contra de uno de nuestros principios", por lo que "no vamos a transigir".

"Que nadie use la responsabilidad histórica del PNV, porque la responsabilidad histórica es con nosotros", ha advertido, para asegurar que Confebask no les está "presionando", ni tampoco los sindicatos ELA y LAB, cuyas posiciones son "muy respetables, pero no nos influyen", aunque "cuando coincidimos es bueno para el país".

Por otro lado, ante el argumento del Gobierno de Sánchez para instar al apoyo al acuerdo de que la reforma laboral anterior es "peor", Ortuzar ha emplazado al Ejecutivo a hacer "otro decreto, y lo sacamos adelante".

"Cuando uno se mete en un proceso de este tipo tiene que tener la película completa, y si la película termina antes de poner 'the end', la película es una votación en el Congreso de los Diputados y hay que hacer cuentas y uno tiene que garantizarse que él quiere y ha negociado va a tener traslación y aprobación parlamentaria, porque, de lo contrario, ¿qué tenemos que hacer los demás, votar en lo que no creemos?", se ha preguntado.

CONSECUENCIAS

Por otra parte, ha considerado que un voto en contra del PNV a la reforma laboral no tendría consecuencias en su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez y, en ese sentido, ha recordado que en los acuerdos de investidura "no se pormenoriza este asunto" ni ha sido "producto de una negociación en la que ellos se comprometían a dar satisfacción a nuestras posiciones".

"Lo mismo que digo que no va a ser no, si el Gobierno es capaz de sacar esto adelante, nosotros lo criticaremos porque lo que va a salir, aun reconociendo avances y mejoras, tiene un punto débil fortísimo que hace que no nos permita otra votación que sea el no", ha insistido, para añadir que si sale aprobado "que se aplique y punto", aunque el PNV seguirá "peleando" para que haya un marco autónomo de relaciones laborales vasco que "esté protegido" y "en la primera ley que podamos haremos ese intento".

Preguntado si el PNV sigue siendo "socio prioritario" del Ejecutivo Sánchez, el dirigente nacionalista ha dicho que "la clave de todo es el Gobierno con quién quiere terminar la legislatura, cómo quiere hacerlo, si esto de la geometría variable es posible o deseable, y cómo quieren ellos gestionar estos dos años que nos quedan".

Los nuevos contagios de Covid-19 siguen en aumento en Galicia y se sitúan en 77.236, que implican 1.275 más que la jornada anterior, tras registrarse otros 6.638 contagios --19 más--, mientras que los pacientes ingresados por este coronavirus descienden a 588 --que implican 20 menos--. Por su parte, tasa de positividad se incrementa hasta el 21,84 por ciento.

Según los datos actualizados en la mañana de este jueves por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 del miércoles, descienden a 49 las personas ingresadas en UCI por la Covid-19 en Galicia --seis menos-- y a 539 las hospitalizadas en otras unidades --14 menos--, mientras que 76.648 pacientes permanecen en seguimiento en su domicilio. Hace una semana había 74 ingresados menos (514).

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria se alivia en tres de las siete áreas sanitarias: Vigo, Santiago-Barbanza y Ferrol; mientras que aumenta ligeramente en las de A Coruña-Cee, Ourense y Pontevedra-O Salnés, y se mantiene sin cambios en la de Lugo.

Así, en el área de Vigo descienden a siete los pacientes Covid en UCI --tres menos-- y a 81 los ingresados en otras unidades --19 menos--; mientras que en la de Santiago y Barbanza siguen ocho en críticos y caen a 81 los hospitalizados en otras unidades --dos meno--.

En la de Ferrol descienden a tres los críticos --uno menos-- y siguen 34 en otras unidades; y en la de Lugo se mantienen cinco pacientes Covid en UCI y 49 en otras unidades.

Por su lado, en el área de A Coruña y Cee si bien descienden a 12 los críticos --dos menos--, aumentan a 140 los ingresados en otras unidades --cuatro más--, mientras que en la de Ourense siguen siete en UCI, pero suben a 78 los de otras unidades --uno más--.

Y en el área de Pontevedra y O Salnés continúan siete pacientes Covid en UCI, pero aumentan a 76 los hospitalizados en otras unidades por este coronavirus --dos más--.

CASOS EN AUMENTO

Los casos activos siguen en ascenso en el conjunto de Galicia, aunque han descendido ligeramente en dos de las siete áreas sanitarias, al situarse en 77.236, al haber de nuevo más contagios (6.638) que altas (5.361), a lo que se añaden varios fallecimientos. Con respecto a hace una semana, la cifra es relativamente mayor ya que el jueves 13 de enero había 59.451 infecciones al haberse cambiado desde esa jornada el sistema de altas.

Por áreas sanitarias, los casos activos descienden en las de Ourense (-46) y Ferrol (-2), mientras que aumentan en las otras cinco: A Coruña y Cee (+464), Santiago y Barbanza (+390), Pontevedra y O Salnés (+267), Lugo (+143) y Vigo (+59).

De este modo, con más casos activos se mantiene el área sanitaria de Vigo, con 20.407; seguida de la de A Coruña y Cee, con 15.852; Santiago y Barbanza, con 11.755; Pontevedra y O Salnés, con 9.175; Ourense, con 8.183; Lugo, con 7.888; y a la cola continúa la de Ferrol, con 3.976.

Según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Sanidad este pasado miércoles 19 de enero, la incidencia acumulada a 14 días desciende de nuevo en Galicia a 3.355,23 casos por 100.000 habitantes, frente a los 3.286,44 de media en España --que también baja--.

CONTAGIOS CONTENIDOS

Por su parte, los nuevos contagios de Covid-19 se mantienen en los 6.600 al registrarse 6.638, que implican 19 más que los 6.619 de este miércoles, tras los 4.716 del martes y haber comenzado esta semana con 4.916. Con todo, se mantiene por debajo de los 7.875 detectados hace una semana, el jueves 13 de enero.

Por tanto, Galicia suma desde el inicio de esta pandemia 358.495 contagiados por coronavirus, de los que 83.327 corresponden al área de Vigo; 75.718, a la de A Coruña; 54.169, a la de Santiago; 44.358, a la de Ourense; 42.638, a la de Pontevedra; 37.072, a la de Lugo; y 21.213, a la de Ferrol.

En toda Galicia en las últimas 24 horas se han realizado 6.870 PCR --118 más que la jornada anterior--, que eleva a 3.486.009 las realizadas desde el inicio de la pandemia; y 9.428 test de antígenos --unos 400 menos--, que suman 1.324.631. Entre ambos tipos constituyen 16.298, lo que constituye unas 280 pruebas menos hechas que el día pasado.

En cuanto a la tasa de positividad en PCR --número de infecciones detectadas cada 100 test--, aumenta de nuevo hasta el 21,84 por ciento, tras subir al 18,73% el miércoles y haber descendido este martes a un 16,3%, después de comenzar esta semana en un 18,28%. De este modo, sigue por encima del umbral del 5% que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia.

FALLECIDOS Y CURADOS

Por su parte, las personas fallecidas diagnosticadas con Covid-19 desde el inicio de esta pandemia en toda Galicia ascienden a 2.861, al haber notificado la Consellería de Sanidade este miércoles tres nuevas víctimas.

Frente a ello, 278.447 personas diagnosticadas de coronavirus se han curado en la Comunidad gallega desde el comienzo de esta crisis sanitaria, que representan 5.361 más que las contabilizadas hasta el día pasado.

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha considerado este jueves que el fin de la sexta ola de la pandemia del coronavirus no está tan cerca porque aún quedan días de "subidas" en los contagios y ha estimado que el 80 por ciento de la población andaluza podría haberse contagiado con la cepa ómicron a principios de febrero.

Así lo ha manifestado Aguirre, en declaraciones a Canal Sur Radio, donde ha indicado que él no es tan "optimista" como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha considerado que el pico de la sexta ola o ya se ha alcanzado o llegará en pocos días.

Para el consejero, aun no pueden sonar "campanas", porque en estos momentos estamos en una situación de "dientes de sierra" con subidas y bajadas en la incidencia acumulada de la pandemia y ha considerado que el dato diario de contagiados es "poco fiable" porque muchas personas se están haciendo los test en sus casas y si dan positivo, en la mayoría de los casos, no lo comunican a los servicios sanitarios.

Según el consejero, Andalucía registra este jueves 20 de enero un total de 17.548 contagios de coronavirus Covid-19 en 24 horas, 10.032 más que la víspera y 6.371 más que el jueves de la semana pasada, mientras que suma 31 fallecidos, tres más que este miércoles y que hace una semana. Ha señalado que, sin duda, se trata de datos muy "preocupantes".

La incidencia a 14 días rompe la tendencia a la baja de las dos jornadas anteriores y sube este miércoles 42 puntos hasta los 1.407 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aunque son 71 puntos menos hace una semana.

Según el consejero, el dato de incidencia acumulada hay que ponerlo "entre comillas" porque está "distorsionado" con motivo de los autotest que se hacen los ciudadanos.

En cuanto a la situación hospitalaria, Aguirre ha expuesto que hoy hay 2.142 ingresados (52 más que ayer) de los que 238 están en UCI, mientras que se han notificado 31 fallecidos. Ha indicado que Andalucía es en estos momentos de las últimas comunidades en ingresos hospitalarios, que, en cualquier caso, van a seguir "subiendo".

El volumen de ingresos en UCI, según el consejero, está siendo más estable y, sin duda, la incidencia hospitalaria de esta ola no está siendo tan grande como la de anteriores.

Jesús Aguirre ha insistido en pedir a la población mucha "prudencia" y ha descartado que se vayan a adoptar otras medidas restrictivas más allá del pasaporte Covid, puesto que esta sexta ola está siendo "diferente" a las anteriores, ya que la mayoría de los contagios están cursado sin sintomatología grave gracias a la vacunación, mientras que la mayoría de las personas que acaban en los hospitales son las no vacunadas.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha asegurado, ante la posibilidad de que se adelante la convocatoria de elecciones a la Junta de Andalucía, que le preocupa "por los andaluces, no por Ciudadanos".

Así se ha pronunciado en una entrevista en Onda Cero, después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, haya avisado de que si a partir del mes de febrero, cuando arranca la actividad parlamentaria con normalidad, hay un "bloqueo sistemático y permanente" por parte de PSOE-A y Vox, que tienen una "confluencia de intereses", la legislatura no podría continuar y se tendrían que convocar elecciones autonómicas.

Bal ha asegurado que en la región andaluza la formación 'naranja' sigue siendo un partido "decisivo para formar Gobierno" y que les interesa ser "un partido decisivo para formar Gobierno sin depender de Vox". "Es decir, haciendo lo que nosotros debemos hacer como liberales que es excluir a los extremismos de las políticas de Gobierno", ha explicado.

Así, ha señalado que lo que le "preocupa" de este posible adelantamiento electoral es que "las cosas que quedan por hacer en el Gobierno de coalición, que son todavía muchas". Ha destacado que han demostrado que Andalucía podría ser una comunidad autónoma "que tirara de la economía de España" porque se han creado "muchos empleos" y se ha reducido el desempleo.

Por ello, ha reiterado que sería bueno para los andaluces que se agote la legislatura y ha pedido que se antepongan "los intereses generales" a los de partido.

Cataluña ha registrado hasta este jueves 1.872.022 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --1.789.402 con una prueba PCR o test de antígenos--, 51.993 más que en el recuento del miércoles, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

En las últimas 24 horas se han registrado 54 muertes y el total de fallecidos es de 25.238: son 16.035 en hospital o centro sanitario, 4.678 en residencia, 1.306 en domicilio y 3.219 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.703, 85 más que en el último recuento.

Un total de 502 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, dos menos que en el último recuento: 343 necesitan ventilación invasiva (intubación), 18 requieren oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), y 141, apoyo sin intubación.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja a 1,21 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 22,63% --sin contabilizar los notificados por las farmacias--, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 5000,91 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 33,74 años.

La tasa de riesgo de rebrote sigue subiendo: el miércoles se situaba en 5.739 y 24 horas después está en 5.935.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 6.429.967 personas desde que empezó la campaña de vacunación, de los que 6.154.511 ya tienen la pauta completa, y hay 2.747.461 inmunizados con tercera dosis.

En porcentajes, el 81,2% de la población catalana está vacunada con al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 77,3% ya tiene la pauta completa de la vacunación.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha negado este jueves que el bono joven de ayuda al alquiler, de 250 euros mensuales, "sea un parche" ante los elevados precios del mercado inmobiliario.

"El bono no es un parche, es una medida seria, rigurosa y se complementa con otras", ha dicho Sánchez en una entrevista en 'Espejo Público'.

La ministra ha recordado que este bono, destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años, se puede complementar con otras ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y con otras medidas que está impulsando el Gobierno para garantizar un parque público de vivienda.

Sánchez también ha pedido a las comunidades autónomas que se sumen a las propuestas articuladas desde el Ejecutivo central y que aporten medidas para ampliar el impacto del bono joven al alquiler y de todos los programas de vivienda.

CONFERENCIA INTERSECTORIAL

El bono joven al alquiler, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, contempla una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para jóvenes entre 18 y 35 años. Para acceder a ese monto, los solicitantes deben contar con un contrato de alquiler y con un contrato de trabajo que no les genere ingresos superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), en 24.318 euros anuales.

Además, el límite de la renta del alquiler será de 600 euros en el caso de los pisos y de 300 euros para las habitaciones. No obstante, la medida contempla la posibilidad de elevar ese tope a 900 euros y 450 euros, respectivamente, en zonas tensionadas.

Sánchez ha matizado este jueves que "el Ministerio está abierto a que, atendiendo a circunstancias particulares, ese límite de la renta se pueda ampliar", ya que se trata de "una cuestión sujeta a análisis y negociación". Por tanto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) no descarta que los máximos superen esos 900 y 450 euros en determinadas zonas, aunque todavía está por definir.

Tras la aprobación del Real Decreto este martes y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles, el Mitma debe convocar ahora a las comunidades y ciudades autónomas a la Conferencia Intersectorial para establecer el reparto de fondos y terminar de consensuar esta medida.

"No imponemos nada, las comunidades autónomas son las competentes en materias de vivienda. También dijimos que a partir de eso toca reunirse con las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales para poder concretar y para que las comunidades autónomas puedan proponer medidas que puedan ampliar el bono y las ayudas que se contemplan específicamente para jóvenes en el Plan Estatal de Vivienda", ha añadido la ministra.

Sánchez estima que este bono llegará a unos 70.000 jóvenes. La ayuda tendrá efecto reatroactivo desde el 1 de enero.

APROBAR LA LEY DE VIVIENDA "CUANTO ANTES"

Sánchez contaba con la intención de llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros el pasado martes. Sin embargo, el rechazo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la propuesta de informe preceptivo al anteproyecto la semana pasada postergó los planes de la ministra.

La titular del Mitma ha señalado en la entrevista de este jueves que el Pleno del CGPJ volverá a reunirse el 27 de enero y confía en que "pueda aprobar definitivamente ese informe". Sánchez ha evitado hacer valoraciones del alcance de ese documento al considerar "precipitado pronunciarse sobre el contenido" de un informe que todavía desconoce.

El Gobierno analizará el texto una vez que lo reciba, aunque la ministra ha insistido en que "es preceptivo" y no vinculante y "deberá limitarse a tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Su intención es llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros "cuanto antes" para "sacar adelante la aprobación de una ley que es histórica". La futura normativa ya cuenta con el rechazo de algunas comunidades autónomas, sobre todo las del Partido Popular. Las autonomías son competentes en materia de vivienda, por eso la ministra les ha instado a sumarse "a las políticas valientes y decididas" del Gobierno.