El vicesecretario general de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, ha afirmado que "la situación del Gobierno se ha convertido en insoportable" y ha añadido que Pedro Sánchez "tiene que echar del Gobierno a Podemos". "Y para eso el PP tiene que ser responsable y poner a disposición de España y los españoles sus escaños, como hacemos la gente de Cs, que siempre pensamos primero en España", ha dicho.

"No podemos mantener en el Gobierno de España, en la toma de decisiones de 47 millones de españoles, a alguien que sigue pidiendo la rendición del pueblo ucraniano frente al tirano Putin, frente a una invasión que rompe las reglas más fundamentales del derecho internacional", ha afirmado Bal en declaraciones a los periodistas realizadas antes de un encuentro con militantes en Jerez de la Frontera (Cádiz).

A su juicio, "no se puede tolerar que estén diciendo que los ucranianos tienen derecho a defenderse pero sin armas, con besos, con abrazos". "De qué estamos hablando frente a una invasión cruel que está masacrando al pueblo ucraniano", se ha preguntado.

Bal ha mostrado su "reconocimiento a ese pueblo heroico que está luchando por su casa, por su patria, por su familia, pero por los valores de todos, por nuestros valores, por los valores europeos de la libertad y la democracia, esos valores que son fundacionales de la UE, en los que Cs cree".

Además, ha criticado que "el Gobierno ha ido a trancas y barrancas adoptando las decisiones que nosotros hemos ido proponiéndole desde el jueves de la invasión". "Hemos sido los que hemos generados las proposiciones no de Ley donde le íbamos pidiendo al Gobierno las medidas que al final ha ido adoptando pero después de que las adoptara Alemania, la UE, etcétera. Siempre arrastrando los pies con tal de no molestar a su socio de Gobierno", ha dicho.

El informe redactado por la misión europea sobre los crímenes de ETA sin resolver se presentará en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo este próximo lunes 14 de marzo y recoge propuestas como que los posibles beneficios penitenciarios para presos de la banda terrorista sean supeditados a la colaboración con la Justicia o que los delitos no puedan prescribir al ser considerados de lesa humanidad.

Este informe, que desde el lunes contará con un plazo de enmiendas hasta el 24 de marzo, será posteriormente sometido a votación para su aprobación el 20 de abril.

El texto, incluye las propuestas de la delegación de eurodiputados que visitó España durante varios días el pasado mes de noviembre. Ya entonces explicaron que su compromiso era publicar un informe que atendiera a las demandas de colectivos de víctimas que se quejaban de los beneficios sin colaboración previa con la Justicia, los homenajes públicos conocidos como 'ongi etorri' o la negativa de algunos países a extraditar etarras huidos.

La misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo viajó a España por petición de la asociación Dignidad y Justicia, y durante su estancia en España se reunieron con colectivos de víctimas y miembros de la judicatura y fuerzas de seguridad. Entre los españoles estaban Dolors Montserrat (PP), Maite Pagazaurtundua (Cs), Jorge Buxadé (Vox) o Cristina Maestre (PSOE).

IMPRESCRIPTIBLES O NO AMNISTIABLES

Entre las conclusiones destaca que se consideren los crímenes de ETA "imprescriptibles o no amnistiables", que se inste a las instituciones competentes a que los privilegios penitenciarios que puedan concederse a los condenados por terrorismo estén vinculados a su cooperación en la resolución judicial de los crímenes de ETA sin condena, entendiendo que lo anterior sería la demostración de un "verdadero arrepentimiento".

Se aboga por que todas las instituciones competentes eviten la exaltación pública de los terroristas condenados a su salida de prisión, los conocidos como 'ongi etorri', así como prevenir la humillación de las víctimas de ETA dentro de futuras reformas legislativas.

Entienden que se deben establecer mecanismos legales para criminalizar el enaltecimiento de un acto terrorista concreto, ya que humilla a las víctimas y provoca una victimización secundaria dañando la dignidad y la recuperación de las víctimas.

Al hilo, proponen establecer garantías efectivas para evitar cualquier victimización derivada de la humillación y los ataques a la imagen de las víctimas, y reforzar los instrumentos jurídicos, para que sean eficaces y evitar la impunidad y la revictimización.

AUNQUE ESTÉ PRESCRITO

Sobre los crímenes de ETA sin condena judicial instan a propiciar una investigación con datos actualizados haciendo partícipe de ello al Ministerio Público y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más allá de si se trata de delitos prescritos. El objetivo sería que las todas las víctimas sean informados del resultado de tales investigaciones, aunque no desembocaran en reproche penal.

En este sentido, incluyen cambios en el Código Penal que refuerce las posibilidad de condenar a los dirigentes de ETA por ser instigadores de los atentados terroristas.

Proponen los miembros en el informe que se cree una "comisión de juristas" que realice un listado actualizado con los nombres de todas las víctimas asesinadas por ETA que no han recibido justicia, y que la Audiencia Nacional comunique "la situación procesal" a todas las víctimas.

Ven necesario "garantizar que todas y cada una de las familias de los casi cuatrocientos asesinatos impunes de ETA sean notificados personalmente y a la mayor brevedad posible de cualquier cambio en el estado de su causa judicial y de la situación personal y penitenciaria de los autores".

INFORMANTES ANÓNIMOS

También proponen que se haga un llamamiento desde las instituciones a quien tenga información, para que la facilite a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de forma "confidencial, protegida y anónima" sobre casos sin resolver, y entienden que Europol y el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo se deben implicar en esa resolución.

Por otro lado, en el contexto de las directivas europeas, el informe insta a revisar la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo, y a que en el marco de la Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025), se garantice que "todas las víctimas de todos los delitos, sin importar en qué lugar de la UE o en qué circunstancias se haya producido el delito, puedan hacer valer plenamente sus derechos".

Piden además que se trasponga en todos los países la directiva 2017/541 el fin de mejorar eficazmente la asistencia y la protección proporcionadas a las víctimas del terrorismo y evitar una mayor victimización derivada de la humillación de la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el autor del atentado.

ACCIONES INTERNACIONALES

Por otro lado, indican que a nivel internacional se recomienda promover y reforzar la cooperación de la Unión Europea con terceros países en la lucha contra el terrorismo para evitar que estos crímenes queden impunes. Y reiteran que es necesario un plan de acción a nivel internacional para combatir el terrorismo y de continuar reforzando los recursos humanos y materiales dedicados a la resolución de crímenes no resueltos.

Apuntan que es necesario asimismo garantizar que ninguna víctima del terrorismo que no haya recibido justicia pueda ser olvidada o rechazada. "La verdad, el recuerdo y la paz deben acompañar a la justicia para proteger la dignidad de las víctimas", añaden.

El consejero de Sanidad de Cantabria, el socialista Miguel Rodríguez, ha dimitido este viernes por razones "personales" de su cargo, que ocupa desde el inicio de esta legislatura, según han confirmado fuentes del Ejecutivo.

Las mismas fuentes han indicado que Rodríguez tomó la decisión de dimitir "hace tiempo", después de dos años al frente de la gestión de la pandemia del coronavirus.

Su dimisión se produce un día después de conocerse la renuncia de la hasta ahora gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez, y de que todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad pidieran en un escrito al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y al vicepresidente, Pablo Zuloaga, que intervinieran ante la "debacle" de la sanidad de Cantabria por la "mala gestión" de los máximos responsables de la misma.

Y es que Rodríguez ha sido blanco de duras críticas por parte de la oposición por su gestión de la pandemia, de los sindicatos y de algunos sectores, como el de la hostelería, por las restricciones adoptadas.

Nacido en Reinosa el 6 de diciembre de 1964 y médico de profesión, Rodríguez llegó al cargo de consejero procedente de Asturias, donde dirigía el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón.

Aunque en esta legislatura ya ha habido algunos cambios de consejeros -- Javier López Marcano sustituyó a Francisco Martín como consejero de Industria cuando éste fue nombrado presidente del Puerto de Santander-- se trata de la primera dimisión como tal de un cargo de este rango en esta legislatura dentro del Ejecutivo PRC-PSOE.

La Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud han sufrido en esta legislatura una cascada de dimisiones y cambios, al que ahora se suma el adiós de Miguel Rodríguez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido este viernes al acto de conmemoración por el día europeo de las víctimas del terrorismo que se celebra cada 11 de marzo en recuerdo de los atentado de año 2004 en Madrid.

Sánchez ha participado en este homenaje, celebrado en Versalles (Francia) junto a un grupo de líderes europeos, tras el Consejo Europeo informal que se ha realizado en la localidad cercana a París.

El presidente ha destacado que en este día recordamos a quienes sufrieron "barbarie terrorista", en un mensaje en Twitter.

"Les rendimos homenaje convencidos de que el diálogo y la paz son el mejor camino", ha añadido en el mismo texto, en el que también ha apuntado que "la memoria es siempre necesaria".

Este miércoles Sánchez rindió homenaje por adelantado a las víctimas del terrorismo en un acto en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, dado que este viernes debía asistir al Consejo Europeo en Francia.

En esa ceremonia entregó la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a los familiares de cinco españoles fallecidos en atentados terroristas en el extranjero: David Beriain, Roberto Fraile, Antonio César Fernández, Alberto Chaves y Juan Alberto González.

El PP vasco ha destacado el "varapalo" del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlamento vasco por vulnerar este órgano el derecho de participación política de Vox, por lo que ha destacado que la Mesa queda "absolutamente en entredicho" y ha reclamado la sustitución de sus miembros.

En declaraciones, el parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio se ha referido así a la sentencia del TC que considera que las decisiones de la Mesa de la Cámara vasca del de 13 de agosto y de 8 de septiembre de 2020, relativos a la denominación del Grupo Mixto y a los órdenes del día e intervenciones parlamentarias de este grupo, "han vulnerado el derecho de participación política" de Vox.

Según ha recordado Barrio, en su día su grupo PP+CS ya denunció el "atropello" que suponía limitar los derechos de la función parlamentaria de Vox, lo que no tenía "ningún reflejo en el reglamento". "Se adoptó esa decisión sin ningún fundamento jurídico ni reglamentario; ningún informe de legalidad en aquel momento que avalara la decisión", ha criticado.

Además, ha destacado que los miembros de la Mesa adoptaron una decisión "política, no jurídica, de restricción de derechos". "En ese momento, la mayoría parlamentaria de PNV y PSE, hicieron ese pacto, con el apoyo de Podemos, para blanquear a Bildu", ha aseverado.

"El Constitucional le ha dado un revolcón jurídico sin precedentes a la Mesa del Parlamento Vasco y, si hacen un análisis de sus responsabilidades políticas los miembros de la Mesa de una sentencia de estas características, la Mesa debería ser sustituida por otra. Se ha visto que esta Mesa es sectaria, que no funciona en claves reglamentarias, parlamentarias, jurídicas, ni democráticas", ha manifestado.

Barrio ha recordado que la propia información jurídica que PP+Cs aportó a la Junta de Portavoces del Parlamento ya señalaba que "esto no tenía fundamento parlamentario, ni jurídico, y que iba contra los derechos parlamentarios, iba a chocar con el Constitucional de una manera clara". "Tomaron una decisión a sabiendas de que era política, eso tiene una definición", ha insistido, para concluir que se debe ejecutar la sentencia y reponer al grupo parlamentario en sus derechos limitados por las decisiones "injustamente tomadas".

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Pontevedra han detenido a una vecina de la ciudad, de 67 años de edad, como presunta autora de un delito contra la salud pública por vender cocaína al 'menudeo'.

Según han informado fuentes policiales, las pesquisas se iniciaron cuando otros agentes del 091 informaron de un posible punto negro de venta de drogas en el entorno de las calles Virgen del Camino y Eduardo Pondal, con un constate trasiego de compradores de sustancias estupefacientes.

El grupo de Prevención de la Delincuencia puso en marcha un operataivo y se incautó de diversas partidas de cocaína a consumidores. Así, observaron cómo una mujer, a bordo de un coche, suministraba la droga a varios jóvenes.

La Policía interceptó el coche e identificó a la mujer. Al registrar el vehículo, los agentes localizaron en un habitáculo 34 envoltorios con cocaína; además, la mujer llevaba en la cazadora 175 euros en billetes fraccionados y otras tres dosis de droga en su bolso.

Una vez detenida y trasladada a dependencias policiales, en un cacheo más exhaustivo, se encontraron más monedas y billetes, y otros 17 envoltorios de cocaína.

El alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, considera que "no hay un choque de civilizaciones en la guerra de Ucrania" y que "Europa y Occidente deben evitar caer en la tentación de querer imponer la denominada 'civilización occidental' al resto del mundo".

El diplomático, en sendos artículos publicados en ‘The Guardian’ y ‘El Confidencial’, considera que “nadie podía imaginarse un deterioro tan rápido y tan grave como el que acabamos de vivir con la invasión rusa a Ucrania y el peligro de una desestabilización internacional generalizada”. Muestra su condena “absoluta” a la violación de los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas por parte de la Federación Rusa, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones, máximo órgano responsable del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y la plena solidaridad con el gobierno y el pueblo de Ucrania. “Ello lleva a ofrecer todo nuestro apoyo a los ucranianos que se defienden con valentía y a todos aquellos que escapan de las atrocidades de la guerra”, concluye.

El diplomático reclama movilizar todos los esfuerzos para lograr de manera inmediata un alto al fuego y evitar más pérdidas de vidas humanas y poner punto final a la destrucción de infraestructuras y al sufrimiento del pueblo ucraniano.

El alto representante destaca el fracaso absoluto de la diplomacia. Y se pregunta “¿cómo es posible que el sistema de prevención, mediación y negociación diplomática no haya sido capaz de detener el ataque e invasión de Ucrania? Todo ello nos debería llevar a revisar la eficacia y credibilidad de las instituciones y organizaciones internacionales, y en particular el organismo máximo en materia de garantizar la paz y la seguridad: el Consejo de Seguridad y el derecho a veto”.

El exministro español resalta “el colapso de un concepto tan revolucionario como necesario: “el sistema de seguridad colectiva”. Este sistema se había logrado introducir en el concierto de naciones después de muchos siglos de guerras y derramamiento de sangre, y para contrarrestar los resultados nefastos del denominado “equilibrio de poderes”. “Nadie puede sentirse seguro si el otro se siente inseguro. Este pacto implícito es el que se ha roto con la invasión a Ucrania”, explica.

Moratinos reclama “no caer en la tentación de retornar a un mundo obsoleto de bloques y zonas de influencia que parecía ya olvidado y de priorizar un enfoque exclusivamente militar centrado en el rearme. El dato positivo ha sido la unidad del mundo occidental, ya sea dentro de la OTAN, la relación transatlántica, y el resurgir de una Unión Europea que despierta de su largo letargo económico-social, y se presenta finalmente como un actor relevante en la escena internacional”.

El alto comisionado considera que en la guerra de Ucrania “no hay choque de civilizaciones entre Occidente y Rusia. Rusia ha sido, ha vivido y es un Estado en donde la cultura, la religión y la lengua forman parte de una civilización común con Occidente y Europa. Con rasgos específicos pertenecientes a esa “alma rusa”, pero no debemos dejarnos llevar por viejos impulsos de confrontación este-oeste. Hay que poner freno a una “rusofobia”, hoy en día sin límites. Europa y Occidente deben evitar caer en la tentación de querer imponer la denominada “civilización occidental” al resto del mundo”, concluye.

Finalmente, alerta sobre "crecientes ciberataques en ámbitos claves del funcionamiento de nuestras sociedades con implicaciones muy peligrosas y destructivas. La tarea prioritaria en estos momentos es parar la guerra. La diplomacia debe recuperarse y utilizarse de inmediato".

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana relativa de vivienda, indica que la competencia estatal "supone un límite absoluto que ha de ser respetado en el ejercicio de cualesquiera competencias autonómicas en relación con el derecho civil propio".

La resolución resuelve a favor, y por unanimidad, el recurso interpuesto por el PP contra varios artículos de la ley catalana que regulaba precios del alquiler de vivienda en zonas tensionadas. Los 'populares' entendían que invadía competencias estatales.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Ramón Sáez, declara inconstitucionales y nulos únicamente los artículos 1, 6 a 13, 15 y 16.2; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la disposición transitoria primera y la disposición final cuarta, letra b); la disposición adicional cuarta y la disposición final tercera.

El fallo explica que esos preceptos suponen una invasión de la comunidad autónoma en las competencias del Estado que reconoce el artículo 149.1.8 de la Constitución y referido a la competencia en materia civil para regular las bases contractuales.

El mismo artículo, al reservar al Estado la fijación de las bases de las obligaciones contractuales, le atribuye la competencia para establecer los criterios de ordenación general del sector de la contratación privada en aquellos territorios autonómicos que cuenten con legislación propia.

Señala que el Código civil, "entendido como ordenamiento estatal regulador de las relaciones contractuales entre privados, contempla como regla básica la autonomía de la voluntad y la libertad de pactos (art. 1255 del Código civil), en garantía de la libertad individual (art. 10.1 CE) y de empresa (art. 38 CE) en las que la institución del contrato encuentra su fundamento, pues, salvo excepciones justificadas, se está en presencia de un sistema jurídico eminentemente dispositivo".

UN LÍMITE DESDE LA CONSTITUCIÓN

La finalidad de la reserva estatal en materia de derecho de contratos estriba en la necesidad de garantizar un común denominador en los principios que deben regir las obligaciones contractuales, lo que se logra cuando las categorías generales son las mismas en todo el territorio nacional.

En este sentido, siguiendo la jurisprudencia constitucional, la competencia estatal de las "bases de las obligaciones contractuales" del citado artículo debe ser entendida como una garantía estructural del mercado único y supone un límite en sí --un límite directo desde la Constitución-- a la diversidad regulatoria que pueden introducir los legisladores autonómicos.

El principio de libre estipulación de la renta en los arrendamientos urbanos, dice, "ha de considerarse una base de las obligaciones contractuales, inferida de la legislación actualmente vigente, en cuanto define uno de los elementos estructurales de este tipo de contrato, el cual, salvo algunos aspectos determinados imperativamente por el legislador (ámbito de aplicación del contrato, fianza y formalización) se rige por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes".

Y añade que esto es así, pero no solamente por ser una plasmación o concreción de la regla general de primacía de la autonomía de la voluntad, "sino además porque la regulación de la renta y de los criterios para su determinación tiene también una incidencia relevante en la actividad económica por cuanto afecta al sector inmobiliario y al alquiler de viviendas, lo que justifica su regulación estatal en garantía del principio de unidad de mercado".

"El Estado resulta así ser el competente para fijar legalmente el principio de libertad de pactos en el establecimiento de la renta del contrato de alquiler de vivienda, así como para, en su caso, determinar sus eventuales modificaciones o modulaciones en atención al designio del legislador estatal respecto a la necesidad de ajustar o no el funcionamiento del mercado inmobiliario en atención a lo dispuesto en el art. 47 CE o en otros preceptos constitucionales", asevera el ponente.

"MODULACIONES CON FINALIDAD TUITIVA"

Y matiza que no obstante, la paridad contractual entre arrendadores y arrendatarios "puede ser sometida a modulaciones fundadas en una finalidad tuitiva de intereses que se consideren necesitados de una especial protección -concretamente, los de los arrendatarios ante la situación del mercado inmobiliario-, como muestra la historia de la regulación de los arrendamientos urbanos en nuestro país".

Destaca asimismo que "la reserva al legislador estatal de la competencia para la regulación tanto de la regla general como de sus posibles excepciones o modulaciones excluye, por tanto, que cualquier legislador autonómico pueda condicionar o limitar la libertad de las partes para determinar la renta inicial del alquiler de viviendas". Y suma que en este caso Cataluña "carece de competencia para incidir sobre las reglas para la determinación de la renta derivadas del contrato de arrendamiento de vivienda".

Dado que Cataluña no puede limitar el precio del alquiler en el artículo 6 de la ley catalana de medidas urgentes, el TC entiende que los artículos de la ley que hablan de posibles sanciones (el 15 y el 16.2) también son nulos. "Los preceptos ahora examinados diseñan un régimen de control y sancionador por el incumplimiento de las reglas de determinación de la renta previstas (...), al carecer el legislador autonómico de competencia material para fijar esas concretas reglas, tampoco la tiene para regular las consecuencias de su infracción, de suerte que dicho régimen sancionador incurre en la misma vulneración competencial", subraya.

Entiende el Alto Tribunal que esta vulneración no es solamente predicable de los artículos mencionados sino también "de todas aquellas previsiones de la Ley 11/2020 que se refieren a tales limitaciones a las rentas de los contratos". Por conexión o consecuencia "debe extenderse la declaración de inconstitucionalidad y nulidad".

SITUACIONES CONSOLIDADAS

Por otra parte, la sentencia limita los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. De este modo, no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas, en base al principio de seguridad jurídica y al legítimo fin de procurar la estabilidad en las relaciones contractuales preexistentes.

Los efectos por tanto serán pro futuro por lo que los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad al momento de la presente resolución se mantienen en sus términos.

ERC celebrará este fin de semana una Conferencia Nacional en la que aprobará su nueva ponencia política, que actualiza la estrategia de los republicanos reforzando la vía negociada con el Gobierno para solucionar el "conflicto catalán", aunque plantea el "desbordamiento democrático" y la desobediencia si falla la mesa de diálogo con el Ejecutivo central.

La Conferencia se hará en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el mismo escenario en el que en julio de 2018 ERC hizo su última Conferencia de este tipo que sirvió para consagrar su giro estratégico hacia el diálogo y su hoja de ruta dirigida a ampliar la base del independentismo.

El sábado contará con la intervención del presidente de la Generalitat y coordinador nacional del partido, Pere Aragonès, que inicialmente debía pronunciar su discurso el domingo pero finalmente ese día acudirá a la Conferencia de Presidentes en La Palma, y de la secretaria general, Marta Rovira, desde Ginebra (Suiza).

También habrá dos mesas redondas a puerta cerrada, una sobre resolución de conflictos con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el presidente del Sinn Féin, Declan Kearney, y otra sobre "transformaciones republicanas". El domingo se votará la ponencia política después de que la exponga la secretaria general adjunta y portavoz del partido, Marta Vilalta, y el líder republicano, Oriol Junqueras, dará el discurso de clausura.

NO CONCRETA LAS ALTERNATIVAS

La ponencia, que ha coordinado el exconseller y actual vicesecretario general de prospectiva y Agenda 2030 de ERC, Raül Romeva, y que lleva por título 'Escrivim el futur republicà (Escribimos el futuro republicano), fija la estrategia de los republicanos afianzando la apuesta por la mesa de diálogo sin ningún cambio sustancial en la dirección que han seguido los últimos años.

Además de llamar a la movilización de la ciudadanía para contribuir a presionar al Gobierno en la resolución del conflicto, el documento argumenta la necesidad de "mantener el trabajo constante para construir alternativas democráticas para afrontar el embate democrático", siguiendo la línea que abrió Aragonès en su discurso de Navidad, en el que avisó de que se debían comenzar a preparar otras vías si la negociación fracasa.

Así, ERC plantea la desobediencia política y social y las "acciones de desbordamiento democrático" como posibles alternativas para lograr un referéndum, aunque no concreta cómo se deben llevar a cabo ni en qué deben consistir, al igual que tampoco detalla en qué momento ERC dará por fracasada la mesa de diálogo.

"No renunciamos ni renunciaremos a ningún instrumento democrático que nos permita decidir nuestro futuro colectivo para llegar a la república catalana, desde acciones de desobediencia política y social hasta a acciones de desbordamiento democrático para hacer posible el derecho a la autodeterminación", afirma la ponencia, que rechaza poner fechas fijas y hojas de ruta inamovibles.

EXHIBICIÓN DE FORTALEZA

Con esta Conferencia, los republicanos buscan hacer una demostración de fortaleza del partido en un momento en el que poseen la Presidencia de la Generalitat, son determinantes en el Congreso y son uno de los principales partidos a nivel municipal, por lo que quieren visibilizar que han ganado poder y peso político desde su última Conferencia de 2018.

Fuentes republicanas han defendido que se quiere mostrar la "seguridad" de la formación en su estrategia, ante las críticas constantes de Junts y la CUP a la mesa de diálogo y los obstáculos que creen que pone el PSOE a la negociación, y también en su voluntad de gobernar en el día a día.

También será el primer gran acto con la militancia tras la pandemia del coronavirus y tras la salida de Junqueras de la cárcel con el indulto, de manera que se mostrará la 'bicefalia' entre el presidente de ERC --Junqueras-- y el presidente de la Generalitat -Aragonès--, además de que quieren reivindicar que su secretaria general --Marta Rovira-- sigue en el "exilio".

COHESIÓN INTERNA

Con esta Conferencia, ERC quiere exhibir la cohesión interna del partido, ya que previsiblemente la ponencia se aprobará con una amplia mayoría y, de hecho, llega sin ninguna enmienda parcial viva.

Tras el debate del documento entre la militancia y los órganos territoriales, se presentaron 512 enmiendas, de las cuales 61 se aceptaron literalmente, 380 se transaccionaron, 11 decayeron por cuestiones de forma y 59 fueron retiradas, de manera que se han incorporado más de 400 enmiendas al texto definitivo.

El sector crítico de ERC denominado Col·lectiu Primer d'Octubre presentó una enmienda a la totalidad a la estrategia del partido pero se rechazó de manera amplia en todos los congresos territoriales, pero en la Conferencia se votará una que se presentó en la federación de la 'Cataluña nord' porque en este territorio se están reestructurando los órganos del partido y no se ha podido debatir, así que se votará directamente en el plenario.

Una de las enmiendas que se han incorporado al documento defiende la necesidad de trabajar en la construcción de "espacios de soberanía" en paralelo al proceso de negociación con el Gobierno, pero fuentes del partido han asegurado que las enmiendas no han tenido una afectación relevante a la estrategia independentista y la apuesta por el diálogo, sino que la mayoría son sobre cuestiones sectoriales.

Y es que la ponencia también plantea la necesidad de que haya un "buen gobierno" desde la Generalitat para impulsar las mejores políticas para la ciudadanía, sitúa los objetivos estratégicos que quieren alcanzar antes de 2030, en cuestiones como el refuerzo del estado del bienestar y la lucha contra el cambio climático, y también fija el horizonte para la década de 2040.

De esta manera, los ámbitos de medio ambiente y energía son los que han tenido un mayor número de enmiendas, por lo que el partido cree que el posicionamiento ecologista de ERC ha quedado reforzado, mientras que también ha habido muchas sobre la política territorial para reafirmar el concepto de la "Cataluña entera".

El jurado popular considera culpable a un hombre de dejar morir de hiperglucemia a su pareja en Viladecans (Barcelona) en 2019, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un tuit.

Asimismo, han explicado que el jurado ha declarado culpable al hombre por un delito de asesinato con ensañamiento a persona vulnerable, cuatro delitos de malos tratos y otro contra la intimidad.

El juicio empezó el 28 de febrero, con la constitución del jurado popular y la lectura de los escritos de acusación, y el fiscal explicó que el acusado inició una relación sentimental sin convivencia con la víctima en febrero de 2019, y que, "con una frecuencia que iba avanzando según pasaba el tiempo", presuntamente le controlaba lo que hacía, se mostraba celoso y posesivo.

En abril de 2019, el acusado "con la finalidad de afirmar su pretendida superioridad, le agredió en la zona de las costillas", y en varias ocasiones presuntamente la insultó y la agredió.

Así pues, el acusado fue generando un creciente sentimiento de inferioridad en la víctima, que se aisló de su familia y amigos en su domicilio, dejó de ir a trabajar, y "se derrumbó física y psicológicamente".

"Se despreocupó de su propia alimentación, así como del adecuado cuidado de la diabetes tipo 1 que sufría desde hacía tiempo, y consumió cocaína abusivamente", añadió, y manifestó que pidió ayuda al acusado.

El acusado se desplazó hasta su casa y, sabiendo que no estaba bien y que la diabetes que padecía exigía intervención inmediata, no actuó "asumiendo las altas probabilidades que existían de acabar con ella".

"ASISTIÓ IMPASIBLE A UN DETERIORO PROGRESIVO"

Presuntamente, según el relato del fiscal, durante cinco horas no llamó a emergencias y "asistió impasible a un deterioro progresivo y evidente de la víctima" hasta que falleció por un fallo multiorgánico causado por la hiperglucemia.

Así pues, el fiscal pide prisión permanente revisable para el acusado, y el magistrado deberá dictar una sentencia firme.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, se reunió este viernes con las autoridades de La Palma con el objeto de explicar el protocolo a seguir tras la detección de dos larvas de mosquito 'Aedes Aegypti' en la isla.

En la reunión, celebrada de forma telemática, participaron también el director del SCS, Conrado Domínguez, el de Salud Pública, José Juan Alemán, así como el del Área de Salud de Salud de la isla, Kilian Sánchez, además del presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, la directora insular de la Administración General del Estado, Ana María de León y los alcaldes de La Palma, entre otros.

Blas Trujillo explicó que la Dirección General de Salud Pública coordina el Sistema de Vigilancia Entomológico de Canarias, que ha detectado precozmente las larvas del 'Aedes Aegypti' en la isla por lo que se activa el protocolo de actuación hasta detectar la presencia del mosquito invasor si lo hubiere y erradicarlo.

El consejero transmitió tranquilidad porque el sistema de vigilancia ha funcionado y la secuenciación de las larvas revela que no contienen virus transmisibles.

Además, añadió que la ventaja es que ya se cuenta con la experiencia en la detección y erradicación de esta especie, tras el hallazgo que se produjo en 2017 en Fuerteventura.

En la reunión, que contó también con la participación del responsable nacional de Vigilancia Entomológica, Javier Lucientes y del presidente de la Fundación Canaria para el Control de Enfermedades Tropicales, Basilio Valladares, así como el jefe de zona del Puerto de Santa Cruz de la Autoridad Portuaria, Carlos Concepción, y el director de Aena, Mario Otero, se explicó la importancia de extremar la vigilancia a todos los niveles, tanto por parte de los ciudadanos como de todas las administraciones con el objeto de detectar esta especie lo antes posible si se encontrara en el medio.

ELIMINAR EL ESTANCAMIENTO DE LAS AGUAS

En este sentido, se solicitó extremar la limpieza y eliminar los puntos de estancamiento de aguas tanto en las viviendas como en las calles.

Asimismo, se informó de que el protocolo que seguirá el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias, coordinado por la Dirección General de Salud Pública, es detectar precozmente ejemplares adultos, huevos o larvas de mosquitos invasores.

Para ello se han ampliado los puntos de monitorización de mosquitos, además de en el puerto y aeropuerto, que son los sitios habituales, en otros espacios de riesgo como son los invernaderos, cementerios, vertederos de neumáticos o plantas empaquetadoras de plátanos.

Asimismo, se activa el programa de vigilancia de picaduras en todos los centros sanitarios de la isla y en las oficinas de farmacia, mediante la realización de encuestas por los profesionales sanitarios.

Si hubiera notificación de picaduras, los inspectores de Salud Pública analizan cada caso mediante una encuesta, fotografía de la picadura e inspección de la vivienda para la búsqueda e identificación del mosquito, sus larvas o sus huevos si los hubiera.

La Consejería informa también de que la colaboración ciudadana es importante en esta tarea de vigilancia de especies invasoras en Canarias.

Para ello, se puede contactar con la Dirección General de Salud Pública, envíando fotos del mosquito objeto de sospecha al correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org.

ENVIAR FOTOS DE PICADURAS

También se pueden enviar fotos de picaduras que consideren sospechosas por la fuerte reacción inflamatoria acompañada de gran escozor.

Siempre que se envíen fotos de ejemplares o picaduras sospechosas es fundamental indicar claramente el lugar geográfico en que se ha detectado el mosquito o producido la picadura sospechosa.

Los mosquitos 'Aedes' son negros con rayas y más pequeños que los habituales en las islas, aparecen más en ambientes urbanos y se han adaptado a reproducirse en pequeños puntos de agua generados por el hombre.

Suelen picar durante el día y no por la noche y su picadura genera una fuerte reacción inflamatoria que va acompañada de un gran escozor. Además, se mueven cerca del suelo ágilmente y no se escucha ningún zumbido.

Las hembras del mosquito son las que pican, ya que necesitan alimentarse de sangre para reproducirse y también necesitan agua (puntos de cría) para completar su desarrollo.

En el agua depositan sus huevos, de los que emergerán las larvas que luego se transformarán en pupas (ambas acuáticas) y que finalmente se convertirán en mosquitos.

Los mosquitos que pican al ser humano necesitan estar criando muy cerca de éste por eso la medida más efectiva frente a ellos es vigilar o eliminar sus puntos de cría.

Desde el inicio de este programa de vigilancia se ha considerado muy importante la colaboración ciudadana para identificar posibles mosquitos invasores y la eliminación de sus puntos de cría.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos presentados por los grupos del PP y Vox en el Congreso contra la ley valenciana que regula el Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores según acordó en el pleno de este pasado miércoles.

A finales de enero, el Grupo Popular presentó este recurso basándose en que la ley autonómica 5/2021 "obliga a la Diputación de Alicante (PP-Cs)" a participar en el fondo a partes iguales con la Generalitat (PSPV-Compromís-UP) y "atenta contra la autonomía financiera de las diputaciones provinciales".

Este recurso fue registrado a instancias del presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. "La Generalitat no nos ha dejado otro remedio al insistir en la vía de la imposición y vulnerar la autonomía local y provincial. La Diputación tiene su propio fondo, que dobla en cantidad al que propone la Generalitat y además es mucho más beneficiosa para los pequeños municipios, pero desde el Consell han evitado el diálogo y la coordinación imponiendo una ley para que se haga lo que ellos quieren sin consenso", expuso entonces Mazón.

Los diputados 'populares' esgrimieron ante el TC que en ninguna comunidad autónoma se ha "obligado" a las diputaciones a entrar en el Fondo de Cooperación. También advirtieron que la ley autonómica establece un criterio poblacional para el reparto de fondos, con lo que entienden que las ciudades se beneficiarían más que los pueblos, y acusaron a la Generalitat de querer " vaciar" de competencias a las diputaciones.

Por su parte, los 52 diputados de Vox en la Cámara Baja presentaron su recurso en febrero contra una parte del articulado de la ley del Fondo de Cooperación, denunciando que "pone en riesgo el sistema estable de financiación local y la gestión pública de calidad en el ejercicio de las competencias municipales".

La Audiencia Provincial Civil de Madrid ha confirmado una sentencia previa del Juzgado de Primera Instancia número 77 de dicha comunidad, confirmando que Rosario Bermudo, natural de Écija (Sevilla) y actualmente residente en Madrid, es hija del marido de Luisa Isabel Alvárez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia y popularmente conocida como la 'Duquesa Roja', fallecida en marzo de 2008, hace ahora justo 14 años.

En una sentencia emitida el pasado 25 de febrero, la Sección 22 de la Audiencia Provincial Civil de Madrid desestima el recurso de apelación de los restantes hijos del marido de la difunta aristócrata y declara la "confirmación total" de dicha sentencia inicial del citado Juzgado de Primera Instancia de Madrid, que merced a las pruebas genéticas aportadas reconoce a Rosario Bermudo como hija del esposo de la famosa 'Duquesa Roja'.

Según el abogado Fernando Osuna, que representa a la citada mujer de Écija, su cliente nació en 1951 "fruto de las relaciones íntimas extramatrimoniales habidas entre su madre" y el marido de la 'Duquesa Roja' cuando la mujer trabajaba como sirvienta para sus padres en una vivienda de Madrid.

La madre de su patrocinada, "repudiada y abandonada a su suerte", contrajo matrimonio el 8 de diciembre de 1956 con otro hombre, con el que tuvo hasta seis hijos más, añadiendo que este, "movido por el gran amor y respeto que le unía a su esposa", reconoció a la demandante como hija suya, emprendiendo ella luego este litigio judicial. La ganadora del litigio contaría actualmente 72 años de edad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no le ve "demasiado sentido" a que el Gobierno de Sánchez cambie el nombre de la estación de Puerta de Atocha por Atocha-Almudena Grandes, y propone denominar Rita Barberá al aeropuerto de Valencia.

"Creo que renombrar la estación de Atocha no tiene demasiado sentido", ha señalado Martínez-Almeida en el coloquio 'Diálogos en la Universidad', de la Universidad Villanueva. "Más bien parece que cuando el Gobierno se ocupa de estas cuestiones lo hace para ocultar que no se está ocupando de otras en las que debería estar", ha dicho.

A principios de marzo, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció un plan del Gobierno para aplicar el nombre de mujeres a estaciones de trenes en el país, para así "visibilizar" el compromiso del Ejecutivo con la igualdad.

Ese anuncio incluía modificar en parte el nombre de la estación madrileña de Atocha para que pase a llamarse Almudena Grandes, en reconocimiento a la escritora, fallecida en 2021 a los 61 años.

Un reconocimiento que Martínez-Almeida quiere "que sea para todas", y por ello ha propuesto en el coloquio, realizado este jueves, denominar Rita Barberá al aeropuerto de Manises, en homenaje a la exalcaldesa de Valencia y exsenadora del PP que murió en 2016.

18 AÑOS DEL ATENTADO DEL 11M

En un nuevo aniversario del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 contra la red de Cercanías de Madrid, el primer edil de la capital ha instado a recordar, "todos los años", a las 193 víctimas mortales. "Porque nunca hay que dar por sentados la democracia ni los derechos y libertades que disfrutamos", ha destacado.

"Madrid es la capital de Europa que ha sufrido un mayor número de atentados y víctimas. Ha sido castigada durante muchísimos años por el terrorismo, pero no se rinde nunca", ha apostillado el alcalde.

El Gobierno ha confirmado el aterrizaje del vuelo fletado por el Ministerio de Defensa en el que han viajado desde Ucrania 25 niños enfermos de cáncer y sus familias.

Lo ha hecho a través de la cuenta oficial de La Moncloa en Twitter, en torno a las 17.40 horas de este viernes.

En el mismo mensaje han explicado que estos menores continuarán con sus tratamientos en España, gracias a la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), en cuatro hospitales madrileños que son referentes en oncología infantil.

Del mismo modo, el Gobierno ha informado de que en el mismo vuelo han llegado a España otras 22 personas procedentes de Ucrania que serán acogidas en el país a través del Ministerio de Inclusión.

Tanto el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, han acudido a recibir a estos niños al aeródromo de Torrejón.

Tal y como ya explicó esta semana el Ejecutivo, la llegada de estos no ha sido cubierta por ningún medio de comunicación para preservar la intimidad de los pacientes.

Sectores del PP han expresado su "enfado" e "indignación" contra el todavía líder del partido, Pablo Casado, por presumir ante los socios del Partido Popular Europeo de que en su mandato no se pactó con la extrema derecha, justo el mismo día que Alfonso Fernández Mañueco anunciaba un acuerdo con la formación de Santiago Abascal. Además, le han recordado su propia hemeroteca, citando por ejemplo el hecho de que el último día de campaña de las generales de abril de 2019 deslizara en público la posibilidad de que Vox tuviera ministerios en su Ejecutivo.

En la cumbre del PPE que se celebró este jueves en París, la última para él antes de que Alberto Núñez Feijóo tome el mando del PP, Casado expresó ante sus colegas europeos su rechazo a pactar con la extrema derecha, sin bien no hizo ninguna alusión específica al pacto que el PP y Vox habían anunciado ese mismo día en Castilla y León, según informaron fuentes presentes en esa reunión a puerta cerrada.

Casado esbozó ante los 'populares' europeos una intervención que seguía la misma línea argumental que empleó ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP tras las elecciones de CyL, donde sí citó expresamente a Vox para marcar distancias con los de Abascal. "Nuestros principios son nuestras condiciones. Y no vamos a renunciar a ellos nunca", dijo exactamente el 15 de febrero, dos días después de las elecciones de CyL en presencia de Alfonso Fernández Mañueco y de los 'barones' del PP.

"NO HA COMPRENDIDO SU PAPEL EN ESTE PERIODO DE TRANSICIÓN"

Esas declaraciones han provocado un "profundo malestar", "enfado" e "indignación" en algunos sectores del partido, según han reconocido distintas fuentes, que en algún caso incluso han hablado de "deslealtad". "Me parece de una gravedad intolerable por parte de Casado", ha sintetizado un dirigente 'popular', que cree que esas manifestaciones evidencian que solo busca "salvar su cabeza o su reputación".

En las filas del PP muchos recuerdan los "continuos vaivenes" de Casado con los de Abascal cuando tomó las riendas de la formación en 2018 y, de hecho, destacan que ante las malas perspectivas electorales que tenían en las generales de abril de 2019 llegó a abrir la puerta a que entraran en su Gobierno si ganaba las elecciones. "¡Pero si se mimetizaba con Vox!", exclama una de las personas consultadas.

Según añaden, no fue hasta la moción de censura de Vox que se debatió en octubre cuando fijó una posición más firme contra esa formación al espetar a Abascal: "Hasta aquí hemos llegado". Sin embargo, las mismas fuentes destacan que el mensaje de Casado está fuera de la realidad porque incluso en sus mejores datos demoscópicos, con 120 escaños que le concedían algunas encuestas, iba a necesitar "algún acuerdo con Vox para llegar a Moncloa".

Algunas fuentes le reprochan que haya aprovechado un foro tan importante, donde están los socios europeos del PPE, para desaprobar el acuerdo de Mañueco con Vox. "No ha comprendido su papel en este periodo de transición", ha declarado en privado una parlamentaria. "Casado hace tiempo que nadie entiende las cosas que hace", agrega un presidente regional.

"Debería estar callado en este momento", afirma un veterano dirigente, que recuerda que hasta ahora Alberto Núñez Feijóo y los demás 'barones' han tenido "fair play' al acceder a su petición de mantenerse en la Presidencia del PP hasta el congreso extraordinario del 1 y 2 de abril. "Irse a Europa a criticar el pacto de CyL está fuera de lugar", apostilla otro miembro del partido. "Lo de Casado es política ficción porque se iba a tener que pactar con Vox de alguna manera", zanja un dirigente territorial.

ALGUNOS CARGOS PRÓXIMOS A CASADO DEFIENDEN SU "COHERENCIA"

Sin embargo, no todo el PP critica la actuación de Casado este jueves en París, ya que algunos parlamentarios y dirigente próximos al todavía líder 'popular' defienden su intervención asegurando que se limitó a ser "coherente".

"No se puede hablar de deslealtad", resuelve uno de los consultados. "Es la crónica de una realidad porque hasta ahora el Partido Popular nunca había gobernado con Vox", sentencia un diputado 'popular'.

Además, algunas fuentes consultadas enmarcan las críticas que lanzó a ese pacto de CyL el jefe de los 'populares' europeos, Donald Tusk, en la situación interna que él vive en su propio país y que le llevará a competir en las elecciones polacas con los "amigos" de Vox.

"NOS VAMOS A TENER QUE ACOSTUMBRAR A LA GEOMETRÍA VARIABLE"

Numerosos cargos del PP se han afanado este viernes en minimizar ese pacto con los de Abascal y han señalado que el PP tiene que ser consciente de que necesitarán a ese partido si quieren conservar muchos ayuntamientos y autonomías tras las elecciones de 2023.

Algunas de las fuentes consultadas analizan que han muerto las mayorías absolutas de antes como evidencia la fragmentación parlamentaria que hay actualmente en el Parlamento español, algo que, según argumentan, hace que en ese escenario Vox sea el "socio natural" del PP porque muchos de sus votantes apoyaron en el pasado a José María Aznar o a Mariano Rajoy.

"El pacto del PP y Vox en Castilla y León no nos quita un voto. Nuestra gente lo ve natural", afirma un cargo territorial. "Nos vamos a tener que acostumbrar a esto de la geometría variable", advierte un parlamentario. "El votante del PP no se va a ir porque pactemos con Vox", asegura rotundo uno de los consultados.

"SE HA CEDIDO MUCHO" A VOX EN CYL

Asimismo, los 'populares' censuran las críticas de Pedro Sánchez, PSOE y otros partidos al acuerdo en CyL cuando, según señalan, los socialistas "pactan con la extrema izquierda, Bildu y los independentistas". "El presidente del Gobierno decía que no dormiría tranquilo si pactaba con Pablo Iglesias y lo hizo al día siguiente de las elecciones generales", recuerda un cargo 'popular'.

En este sentido, fuentes del PP aseguran que el PSOE también tuvo su "primera vez" con Unidas Podemos. "Había que desvirgarse una vez, y es la que tiene más impacto. Siempre hay una primera vez", resume un parlamentario.

Sin embargo, algunas de las fuentes consultadas creen que Vox ha realizado una negociación ventajosa en CyL y el PP ha salido perjudicado. "Se ha cedido mucho, se ha cedido todo", se queja un cargo, que expresa además su preocupación por "comprar" el vocabulario de Vox sobre "violencia intrafamiliar".

PREOCUPACIÓN EN CARGOS DEL PP ANDALUZ

Algunos dirigentes andaluces han reconocido que hay preocupación dentro del partido por cómo puede afectar el pacto de Castilla y León a la imagen "centrista y moderada" que proyecta Juanma Moreno.

Según estas fuentes, ese pacto va a ser "explotado" por el PSOE para "movilizar a la izquierda en Andalucía", un hecho que puede perjudicar al PP-A. "El socialista Espadas ya tiene el discurso hecho", asegura un cargo del partido, que advierte además que para el PP supone además una "amenaza" que Macarena Olona sea la candidata de Vox porque su perfil ayuda a alimentar el "discurso del miedo que quiere usar la izquierda".

El Congreso está buscando una fórmula para que el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, pueda intervenir por videoconferencia ante los diputados y exponer la situación de su país ante la invasión rusa y de paso recabar el apoyo expreso del Parlamento español.

Zelenski ya intervino el pasado día 8 ante el Parlamento británico con un discurso vibrante en el que hizo suya la mítica frase de Churchill de la Segunda Guerra Mundial: "No nos rendiremos".

La Mesa del Congreso recibió una primera solicitud de Vox y desde este viernes cuenta con un escrito ya firmado por todos los grupos parlamentarios del la Camara.

El portavoz de Vox. Iván Espinosa de los Monteros, pidió al órgano de gobierno de la Cámara que dé a Zelenski la oportunidad de emplear el Congreso como "altavoz" ante el "injustificable" ataque del régimen de Vladimir Putin.

"Ello sería una muestra del compromiso de España, en ejercicio de la posición de relevancia internacional que debe ostentar, con el Gobierno y el pueblo ucranianos", sostiene Espinosa de los Monteros en su texto.

COMO EL PARLAMENTO BRITÁNICO

Y este jueves, tras aprobarse en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso una declaración de apoyo a Ucrania y condenando la invasión, tanto el PP como el PSOE abogaron por cursar una invitación oficial a Zelenski.

Así, la portavoz de Exteriores del PP, Valentina Martínez, expresó su deseo de que el Congreso pudiera tener la oportunidad de escuchar a Zelenski como ha hecho el Parlamento británico. Su colega del PSOE, Sergio Gutiérrez, recogió el guante y animó a todos los grupos a firmar una petición conjunta para invitar al presidente ucraniano "en cualquier formato, formal o informal" para que pudiera dirigirse a las Cortes Generales y al pueblo español "en cuanto pudiera ser posible".

"Esa comparecencia vía telemática se está produciendo en otros parlamentos del mundo y están siendo un claro apoyo a la legalidad internacional y al respeto a los derechos humanos", destacó Gutiérrez, quien cree que sería "muy conveniente" que los grupos parlamentarios lo impulsaran también en España".

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que la pasada semana ya invitó al Pleno al ministro consejero y encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en Madrid, Dmytro Matiuschenko, está ahora estudiando posibles fórmulas alternativas para organizar esa videoconferencia.

QUIEREN QUE SEA EN EL HEMICICLO

El escrito firmado por todos los grupos, encomienda a Batet "los trámites y gestiones necesarias para la organización de un acto parlamentario en el hemiciclo en el que pueda participa mediante videoconferencia el presidente de Ucrania".

Zeleski, como jefe de Estado, Zelenski podría intervenir en una sesión plenaria del Congreso, como se ha hecho en visitas oficiales de Estado. Aunque también podría optarse por un acto institucional sin que tenga carácter de Pleno, como se hace con los homenajes anuales a las víctimas del terrorismo.

En todo caso, organizar la videoconferencia en el Salón de Plenos sería sencillo aprovechando las pantallas gigantes que ya se usan para retransmitir los debates y las votaciones.

Otra opción sería trasladar la sesión a una sala para dirigirse a los miembros de la Comisión de Exteriores o de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la Unión Europea.

Además de iluminar la fachada del Palacio del Congreso con los colores de la bandera de Ucrania, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha mantenido una videoconferencia con su homólogo ucraniano, Ruslan Stefanchuk, para trasladarle la solidaridad de España con su pueblo y darle cuenta de los compromisos adquiridos por España en defensa de la integridad territorial del país.

Podemos se marca como objetivo en su Consejo Ciudadano estatal ensanchar el debate sobre la guerra de Ucrania a los efectos socioeconómicos del conflicto y, de esta forma, no quede limitado a la cuestión del envío de armas.

En esa voluntad, según han explicado fuentes de la formación morada, se enmarca la propuesta de su líder, Ione Belarra, de proponer un nuevo "escudo social y verde" como horizonte del Gobierno de coalición, con vistas a desplegar más actuaciones de protección a la población ante esta crisis.

Al igual que ha señalado Belarra, la postura de la dirección del partido es que es necesario que exista un espacio de referencia que defienda que no se envíen armas a Ucrania y apostar por las vías diplomáticas, siendo conscientes de que es un tema "difícil" en un contexto "complicado, que tensiona el debate que ha abierto en el seno de la sociedad.

Sin embargo, recalcan que hay un sector importante de la ciudadanía que comparte esta postura, pero la intención es superar el marco "estrecho" que supone esta medida y ampliar la mirada a las otras derivadas, como los efectos económicos para el sector económico y las repercusiones del alza de la factura de la luz en la ciudadanía.

Y en este punto es donde reivindican la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo, pues su papel precisamente es ser el actor que impulsa nuevas medidas sociales y poner de relieve que es hora de apoyar a la ciudadanía, como perciben en la intervención de Belarra y las medidas planteadas esta tarde por parte, además, de la titular de Derechos Sociales.

La celebración de este órgano se ha producido tras rebajarse el clima de tensión en el seno de la coalición el lunes pasado, cuando Podemos y PSOE acordaron bajar los ánimos tras las críticas a la decisión del presidente del Gobierno de enviar armamento a Ucrania.

El pasado domingo Belarra generó polémica al reprochar durante un acto sobre feminismos la actitud de los "partidos de la guerra", si bien al día siguiente la coportavoz de Podemos, Isa Serra, aclaró que no era una referencia al PSOE, sino contra el "furor belicista" que detectaba en la derecha.

También se recondujo el lunes la división dentro de Unidas Podemos, dado que la la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el titular de Universidades Joan Subirats, habían apoyado a Sánchez mientras que Belarra y la titular de Igualdad, Irene Montero, dijeron que era un error y que no era eficaz.

BELARRA LLAMA A REPERCUTIR EN LAS ELÉCTRICAS EL COSTE DE LA CRISIS

Además, en Podemos reiteran que el PSOE es consciente de que pueden contar con su apoyo en el seno de la coalición y están a su disposición de cara a ampliar la cobertura de protección a amplias capas sociales.

En su intervención ante el máximo órgano de dirección del partido, convocado precisamente para analizar la guerra de Ucrania, la secretaria general de Podemos ha demandado un plan de emergencia energético que incluya un "duro recorte" a los beneficios caídos del cielo de las compañías eléctricas, junto a una ayuda directa a las familias para pagar la factura de la luz y el gas, mediante un "cheque" de 300 euros en un único pago para 19 millones de familias, muy similar al que ya desarrolla Francia.

Según sus cálculos, esta medida costaría alrededor de 5.700 millones de euros y sería "perfectamente viable" para evitar la pérdida de poder adquisitivo y la reducción del consumo de los hogares.

A su vez, ha reivindicado que esa propuesta de pacto se extienda a los derechos sociales con medidas "valientes", cimentadas en los ingresos generados desde una reforma fiscal "ambiciosa", y que despliegue, por ejemplo, una renta de 100 euros por crianza.

También ha reclamado aplicar ayudas pequeñas a las pequeñas y medianas explotaciones del sector primario para que puedan hacer frente al aumento de costes, en especial a las ganaderas que se ven particularmente afectadas dado que importaban piensos desde Ucrania.

De nuevo, ha planteado acometer un recargo del 10% a las grandes empresas energéticas, sumado a ese recorte de sobrerretribución por la actual deriva del mercado, al entender que los efectos de esta crisis "no pueden recaer sobre las espaldas" de las clases populares.

"Las consecuencias se tienen que pagar con los beneficios de las empresas energéticas, que se han aprovechado, más que nunca de los altísimos precios del gas", ha enfatizado.

La consejera de Presidencia del Gobierno asturiano, Rita Camblor, ha asegurado este viernes que Asturias puede llegar a ofrecer hasta 600 plazas para acoger a refugiados ucranianos, superando la estimación inicial de 549.

Camblor ha visitado el Colegio San José de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, centro que acogerá a varias familias refugiadas procedentes de Ucrania.

En unas declaraciones remitidas a los medios, ha explicado que el Principado trabaja en coordinación con el Gobierno estatal, además de con Cruz Roja y Accem. Camblor ha pedido la colaboración ciudadana para que quienes sepan de refugiados que lleguen y no tengan recursos de vivienda, se pongan en contacto con alguna de estas entidades.

También se ha solicitado un registro para conocer la capacidad real de acogida en cada municipio asturiano.

Cada europeo medio consume una media de 60,6 kilogramos de soja sin saberlo, ya que en torno al 90 por ciento de esa cantidad no figura entre los ingredientes de los alimentos que consume, ya que lo hace a través de los animales para los que este cultivo sirve de pienso, según denuncia WWF en un informe.

El cultivo de soja es uno de los principales causantes de la deforestación y de la destrucción de la naturaleza en América Latina y se utiliza predominantemente para producir piensos en Europa.

El informe 'Mapa de la cadena de suministro de soja europea: soja oculta en productos animales consumidos en la UE27 + Reino Unido' denuncia que el consumo de este alimento en la mayoría de los casos está relacionado con la destrucción de bosques, sabanas y praderas en América del Sur.

Con motivo de la elaboración de una nueva legislación europea dirigida a evitar la deforestación importada en la UE, WWF pide a los gobiernos de toda Europa que aseguren que la cesta de la compra está libre de destrucción de la naturaleza.

El 90 por ciento de estos casi 61 kilos por europeo se consumen porque la soja es el principal alimento utilizado para producir carne, huevos, pescado y productos lácteos.

En concreto, en 2020, cada europeo medio consumió 237 huevos, 117 kilogramos de varios productos lácteos, 58 kilogramos de carne de cerdo, aves, ternera y otras carnes, y 2 kilogramos de pescado de piscifactoría.

En algunos casos, como con el pollo y el salmón, la cantidad de pienso animal de soja empleado es casi igual a la del alimento producido.

El estudio señala que se necesitan 95 gramos de soja para producir 100 gramos de salmón de piscifactoría y 96 gramos de soja para 100 gramos de pechuga de pollo.

Para la técnico del programa de alimentos de WWF, Elena Domínguez, es necesario abrir los ojos al impacto que el modelo de consumo de la Unión Europea tiene no solo en los bosques, sino también en los pastos y las sabanas. "No podemos apoyar la destrucción de la naturaleza ni los medios de subsistencia de las personas en terceros países para llenar nuestra cesta de la compra", ha reclamado.

En la actualidad, los Estados miembro de la UE están debatiendo su posición sobre la nueva ley contra la deforestación importada, con una reunión entre los ministros de medio ambiente programada para el 17 de marzo.

WWF recuerda que, a pesar de que la propuesta legislativa presentada por la Comisión Europea el pasado noviembre contiene muchos elementos fuertes, limitaría el alcance de la nueva ley a la protección de los bosques, posponiendo una posible inclusión de otros ecosistemas valiosos, al menos, durante dos años.

Esto significa que se ignoraría la presión existente de la producción agrícola sobre las sabanas y los pastizales, y existe el riesgo de que la nueva expansión de la producción de soja se traslade de los bosques a estos otros ecosistemas.

Domínguez valora que para garantizar una alimentación diaria libre de destrucción de la naturaleza, la ley debe cubrir desde el principio, también otros ecosistemas naturales. "Ahora es crucial que nosotros, como ciudadanos, pidamos a nuestros gobiernos que defiendan la naturaleza y apoyen una ley fuerte y sin lagunas", considera.

Por eso anima a todo el mundo a transmitir un mensaje al Gobierno sobre la importancia de defender una ley ambiciosa a través de la campaña 'No Te Comas El Bosque'.

A nivel mundial la producción de soja se ha duplicado en las últimas dos décadas y se espera que continúe aumentando. La mayoría de la soja utilizada en Europa proviene de América del Sur, que también alberga la Amazonía, el Pantanal y el Cerrado, lo que la convierte en un punto crítico de biodiversidad.

WWF ha identificado 1.600 especies de mamíferos, aves y reptiles solo en el Cerrado. Entre estos se encuentran especies como guacamayos, osos hormigueros, armadillos y jaguares, todos en peligro de extinción.

Tanto WWF como otras 160 ONG ambientales movilizaron a 1,2 millones de personas para exigir una nueva ley de la UE sólida en diciembre de 2020. A continuación, la Comisión propuso un Reglamento para minimizar la deforestación y la degradación forestal impulsadas por la UE.

Sin embargo, las ONG no dan por ganada la batalla porque la propuesta de la Comisión Europea deja desprotegidos ecosistemas importantes como las sabanas, los pastizales y las turberas.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado este viernes elevar "sustancialmente" el gasto militar para hacer frente a la nueva realidad de seguridad que supone la invasión rusa de Ucrania.

En la cumbre informal celebrada en Versalles, Francia, los líderes de los Veintisiete han dejado por escrito su compromiso de "invertir más y mejor en medios de Defensa y tecnología innovadora".

Este acuerdo llega en medio de la guerra en Ucrania, una crisis que pone en jaque el orden de seguridad europeo y ante la cual los Veintisiete reafirman la solidaridad de seguridad, con una mención a la clausula de defensa mutua que recoge el tratado de la UE, a peticion de Suecia y Finlandia, que no son miembros de la OTAN.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha agradecido al término de la cumbre el anuncio de varios de líderes de su voluntad de elevar el gasto en defensa y ha confiado en que "les sigan otros".

La jefa del Ejecutivo comunitario ha avisado de la necesidad de evitar una "fragmentación" en el desarrollo de seguridad y defensa de los Estados miembro y su industria, por lo que también ha celebrado el encargo de los mandatarios europeos para que su Ejecutivo presente "a mediados de mayo" un diagnóstico de "los vacíos en la inversión en defensa" e ideas para cubrir esas lagunas.

A ojos del presidente del Consejo europeo, Charles Michel, la invasión rusa de Ucrania y la reacción de la Unión Europea han "consagrado el nacimiento de la defensa europea", para la que aún es necesario identificar las áreas de acción e inversión para potenciar su desarrollo.

Con ese reto y a la luz de las propuestas encargadas al Ejecutivo comunitario, los líderes prevén encontrarse en una nueva cumbre extraordinaria centrada en defensa y seguridad para la que aún no hay fecha pero de la que Michel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han apuntado que será en mayo, antes de la cumbre de la OTAN de junio prevista en Madrid.

Por su parte, en rueda de prensa tras la reunión informal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la perspectiva de España en materia de gasto militar es alcanzar el 1,24% del PIB para el año 2024, para avanzar de esta forma en los compromisos que exige la OTAN, pero lejos del listón del 2% que pide la organización militar.

Sánchez ha hecho hincapié en que buena parte de ese presupuesto se destine a inversiones en Defensa, algo en lo que España sí cumple. "Es donde los europeos estamos poniendo el énfasis. De lo que hablamos es de acabar con la fragmentación de la base industrial de Defensa", ha dicho, para recalcar que la clave es "gastar mejor" y generar "sinergias" entre Estados miembros.

AUMENTO "SUSTANCIAL" DEL GASTO MILITAR

En concreto, la declaración pactada por los líderes habla de aumentar "sustancialmente" la inversión en Defensa, también de forma colaborativa en la Unión para corregir las "deficiencias estratégicas" a nivel de la UE.

Como telón de fondo están los escasos avances logrados en la cooperación entre Estados miembros en materia de Defensa los últimos años, pese a dotarse del marco de la Cooperación Permanente Estructurada (PESCO). Las compras e inversiones militares conjuntas están a la baja desde 2016 y muy lejos del objetivo de realizar el 35 por ciento de gasto de forma conjunta.

Los jefes de Estado y de Gobierno europeos ponen el foco en estimular el gasto conjunto y realizar compras conjuntas de Defensa, así como invertir más en las misiones militares de la UE, incluido un mayor foco en áreas como la ciberseguridad y la conectividad por satélite.

El Ayuntamiento de València ha atendido ya a 2.000 personas refugiadas de Ucrania, y ha dado alojamiento a 400 de la primera llegada de ciudadanos y ciudadanas ucranianos que huyen de la guerra, según han informado fuentes municipales.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal, CECOPAL, presidido por el alcalde, Joan Ribó, se ha reunido este viernes para establecer las pautas, necesidades y previsiones de los servicios municipales competentes ante las previsibles nuevas llegadas.

Al respecto, la concejala de Cooperación, Maite Ibáñez, y el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, han señalado las acciones realizadas hasta el momento, y han detallado las iniciativas que se plantean.

El alcalde, Joan Ribó, ha instado a todas las concejalías y servicios municipales para que cuantifiquen las necesidades que van a tener en las próximas semanas, de cara a dar una respuesta a las necesidades de asistencia y acogida, y establezcan sus necesidades presupuestarias para ello.

El Ayuntamiento ya ha anunciado que movilizará una partida de un millón de euros para dar respuesta a estas necesidades de la llegada de refugiados, una partida que se habilitará en el menor tiempo posible, en la primera modificación de créditos que se lleve a cabo.

El concejal Aarón Cano ha explicado que la solidaridad de la ciudadanía y entidades a título privado puede vehicularse a través de la Policía Local de València, que recogerá y derivará a los cauces de la Generalitat el envío de material a Ucrania y a las fronteras del país donde se recibe a las personas refugiadas en primera instancia.

Por su parte, Maite Ibáñez ha señalado que el ritmo cambiante del conflicto bélico hace que la llegada de personas sea "irregular" y con "una tipología muy específica", lo que exige que se disponga tanto de espacios de primera atención como de larga estancia, con las consiguientes necesidades de escolarización, sanidad, idioma y seguridad.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Isabel Lozano, ha señalado la importancia de sistematizar la información a la ciudadanía de una manera "clara y definida", y ha expuesto las herramientas municipales de atención social disponibles, desde espacios de acogida hasta prestaciones económicas.

También han intervenido diferentes responsables técnicos de los servicios municipales, quienes han abordado otros aspectos asociados a la llegada de las personas refugiadas a medio plazo, como relación y convivencia, cuarentenas por covid, o atención veterinaria, entre otros.

VALÈNCIA, CIUDAD DE ACOGIDA

Al término de la reunión, el alcalde, Joan Ribó, ha explicado que la situación de la llegada de personas desde Ucrania "es muy cambiante, crecen las necesidades, se multiplican, y además València está en plena celebración de las Fallas". Por eso -ha añadido- hay que trabajar de manera muy coordinada, desde los valores de la solidaridad y la defensa de la paz".

"València es una ciudad de acogida, como está demostrando desde el minuto uno, y nuestra respuesta ha de continuar siendo eficaz, según las necesidades de cada momento".

Pintura roja ha sido arrojada contra la casa del patrón del 'Villa de Pitanxo', Juan Padín, que vive en el municipio pontevedrés de Cangas.

Al respecto, las familias de los 21 fallecidos del pesquero han emitido un comunicado en el que condenan estos hechos y se desmarcan de lo sucedido.

"Hemos demostrado durante todo este tiempo un comportamiento ejemplar y alejado de cualquier manifestación violenta. Y así seguiremos haciéndolo confiamos en el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en la justicia", sostienen.

Según explican fuentes de la Guardia Civil, se tiene conocimiento de estos hechos, pero por el momento no se ha presentado denuncia.

El Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional será el encargado de dilucidar --si así lo avala el Ministerio Público-- si existe responsabilidad penal en el naufragio del pesquero con base en el puerto de Marín (Pontevedra), con un tripulación de 24 personas, de la que solo hay tres supervivientes.

Todo esto después de que se detectasen contradicciones entre los testimonios de los supervivientes a la tragedia. Según la información adelantada por 'El Debate', la declaración recabada por el Instituto Armado del tripulante Samuel Kwesi contradice el relato de los otros dos supervivientes, el patrón del pesquero, Juan Padín, y su sobrino Eduardo Rial. Kwesi habría sostenido que los marineros habían pedido al patrón del barco un arriado de cables que podría haber estabilizado el buque y evitar el naufragio.

El juzgado contencioso 4 de Barcelona ha desestimado este viernes una nueva petición de medida cautelarísima solicitada por la asociación animalista Lex Anima, que reclamaba la suspensión del experimento para tratar distintas enfermedades que afectan especialmente al perro Beagle.

En un auto, recogido por Europa Press, han explicado que desestiman la petición "al no apreciar especial urgencia", y ha ordenado la tramitación por la vía cautelar ordinaria, dando diez días al Parc Científic de Barcelona, como parte demandada, para contestar.

"No existe razón que justifique adoptar decisión alguna sin oír a la otra parte", ha manifestado el magistrado.

El Partido Animalista (Pacma) acusó al Parc Científic de Barcelona, dependiente de la Universitat de Barcelona (UB), de "no querer salvar" a los cachorros de perro Beagle que forman parte del estudio de la empresa Vivotecnia.

Explicaron que tras una reunión con la dirección del Parc Científic, "se evidenció la falta de interés por parte de la UB por salvar la vida de estos perros" y no les garantizaron que los seis perros, que no se prevé sacrificar, sean dados en adopción.

"Salimos de la reunión con el Parc Científic de Barcelona muy preocupados y muy indignados. Percibimos que no existe voluntad alguna de paralizar el experimento con los 38 beagles en Vivotecnia y que prima el interés puramente económico", manifestó la vicepresidenta de Pacma, Cristina García.

El partido también lamentó que la jueza haya denegado la suspensión del contrato del experimento que pidieron como medida cautelar la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales (CPDA) del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y la Asociación Lex Ànima.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha fallado por unanimidad a favor del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, después de que la formación solicitara amparo en 2019 contra el acuerdo de la 'Mesa de edad' para el reparto de miembros de la Mesa de la Cámara regional para la XI Legislatura que les dejaba fuera de ese órgano a pesar de que la formación de Íñigo Errejón había sido la cuarta más votada. "Se produjo una clara exclusión de Más Madrid en el reparto de los puestos a cubrir en la Mesa", señala.

Ellos quedaban fuera de ese órgano mientras que otros partidos menos votados, como Vox, sí que entraban. La sentencia, ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer, dictamina que "ha sido vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas" en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representante, restablece al grupo parlamentario en su derecho por lo que declara nulo el acto del presidente de la Mesa de edad de la Asamblea de Madrid en la sesión constitutiva del día 11 de junio de 2019.

Indica que si bien hay casos en que la proporcionalidad es muy difícil de determinar, incluso de discutible aplicabilidad, en el presente supuesto, en el que debían asignarse, además de la Presidencia, seis puestos más de la Mesa, "resulta bastante evidente que ni siquiera se tendió a la proporcionalidad cuando la cuarta formación política en la Asamblea, con una representación total de escaños cercana del 15% de la Cámara, con cuatro puntos porcentuales menos que la tercera formación a la que le correspondieron dos miembros en la Mesa, y con seis puntos porcentuales más que la quinta formación, a la que le correspondió un miembro en la Mesa, quedó excluida".

"LEGISLATURA YA FINALIZADA"

Con todo, Balaguer indica que toda vez que al dictarse la presente sentencia "la adopción del acto parlamentario impugnado tuvo lugar en una legislatura ya finalizada", ahora "no cabe adoptar en el fallo (...) una medida destinada al pleno restablecimiento del derecho vulnerado" por lo que la pretensión de los recurrente "ha de quedar satisfecha mediante la declaración de la lesión de su derecho garantizado".

La decisión del TC reprocha que el órgano rector de la Cámara autonómica no respetara la proporción de los resultados electorales. El grupo de la formación liderada por el diputado Íñigo Errejón presentó ese recurso por vulneración de derechos fundamentales en relación al reparto de representantes de la Mesa de la Asamblea como consecuencia del acuerdo de "las tres derechas", lo tildaba de "acuerdo de la vergüenza", para incluir a Vox en el máximo órgano de representación de la Asamblea de Madrid.

En concreto, se impugnaba el acto del presidente de la Mesa de Edad por el que se proclamó el 11 de junio de 2019 a los miembros de la Mesa de la Asamblea. Entonces fue cuando se aprobó la composición de la Mesa de la Asamblea con Juan Trinidad Martos como su presidente. La vicepresidencia primera la ocupaba Paloma Adrados (PP); el diputado del PSOE Diego Cruz era vicepresidente segundo y el vicepresidente tercero es el parlamentario de Vox José Ignacio Arias Moreno. La diputada del PP María Eugenia Carballedo tenía la Secretaría Primera, la socialista Encarnación Moya la segunda y la diputada 'naranja' Esther Ruiz la tercera. Más Madrid y Unidas Podemos no tuvieron representante.

En el recurso de amparo, se detallaba que se había vulnerado el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española en conexión con el artículo 23.1 sobre el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos por elecciones periódicas por sufragio universal, y en ambos casos puestos en relación al artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

IUS IN OFFICIUM

Balaguer entiende que esa decisión vulnera la obligación de representación proporcional en la formación de la Mesa de la Asamblea, que se deriva del artículo 12.2 c) del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Y apunta que si bien el Reglamento de la Asamblea de Madrid no contiene una norma específica en que se exija la aplicación del principio de proporcionalidad en la composición de la Mesa, es facultad de la Mesa de edad interpretar el procedimiento de designación de conformidad con dicho principio estatutario.

"De conformidad con el sistema de fuentes autonómico, el Estatuto, norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, se erige en la norma superior en la jerarquía normativa del ordenamiento autonómico madrileño, y, por tanto, las normas inferiores, también el Reglamento del Parlamento Autonómico, deberán ser conformes en su redacción e interpretación con aquella", asevera.

De la falta de respeto al mismo se deriva la lesión del derecho de participación política (art. 23.2 CE), en su vertiente del respeto al ius in officium, de los recurrentes en amparo y en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).

LA SENTENCIA 93/1998

De hecho, en los fundamentos jurídicos, Balaguer recuerda que la doctrina del TC sobre el principio de proporcionalidad en relación con la representación política se sintetiza en la sentencia 93/1998, de 4 de mayo (FJ 3), que dice que "la inclusión del pluralismo político como un valor jurídico fundamental y la consagración constitucional de los partidos políticos como expresión de tal pluralismo (...) dotan de relevancia jurídica (y no sólo política) a la adscripción política de los representantes y que, en consecuencia, esa adscripción no puede ser ignorada, ni por las normas infraconstitucionales que regulen la estructura interna del órgano en el que tales representantes se integran, ni por el órgano mismo, en las decisiones que adopte en ejercicio de la facultad de organización que es consecuencia de su autonomía".

Recalca esa sentencia de 1998 que esas decisiones, que son, por definición, decisiones de la mayoría, "no pueden ignorar lo que (...) podemos llamar derechos de las minorías". "Así, pues, como resulta de esta Sentencia, la proporcionalidad en la composición de las Comisiones viene exigida por la propia Constitución", decía esa resolución, para luego matizar que "la proporcionalidad en la representación es difícil de alcanzar totalmente o de forma ideal, siendo mayor la dificultad cuanto menor sea el abanico de posibilidades".

Balaguer apunta que la consecuencia de esta doctrina "es que la adecuada representación proporcional sólo puede ser, por definición, imperfecta y dentro de un margen de discrecionalidad o flexibilidad, siempre y cuando no se altere su esencia". Tras esto, indica que en el caso de Más Madrid "se produjo una clara exclusión" en el reparto de los puestos a cubrir en la Mesa, "que no se puede justificar en los resultados de la votación, obviando el mandato corrector de proporcionalidad que impone el Estatuto de Autonomía".

"El hecho de que el presidente de la sesión constitutiva no tuviera en cuenta en ningún momento el mandato de proporcionalidad previsto (...) privó injustificadamente a la diputada recurrente y a su Grupo parlamentario de su derecho a formar parte de la Mesa del Parlamento de Madrid", concluye.