La Asociación nacional de estudiantes Con la Libertad se ha presentado públicamente este viernes 6 de noviembre ante la sede del Ministerio de Educación en Madrid para "suspender" la gestión de la ministra del ramo, Isabel Celaá, y la ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como 'ley Celaá', por "cargarse" la libertad de elección de centro de los padres y por "vender" el castellano "por trece votos" al eliminarla como lengua vehicular.

En declaraciones, el coordinador de la asociación, Pablo Arévalo, ha criticado que la ministra haya aprovechado el confinamiento para tramitar una ley "sin contar con la comunidad educativa". Una ley que, según sus palabras, mata a los centros privados de 0-3 años pero también a los colegios concertados para "generar división en la sociedad".

El coordinador también ha arremetido contra la 'ley Celaá' por la promoción de los estudiantes de primaria, ESO y bachiller que podrán pasar de curso con alguna asignaturas suspendidas. "¿Qué futuro puede tener España si no se educa correctamente a las generaciones futuras?", ha lamentado Arévalo.

Sobre la eliminación del castellano como lengua vehicular, ha asegurado que "esto no se puede permitir" porque ha "vendido una lengua de más de 580.000 millones de hablantes por trece votos de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)". Por ello, ha especificado que se ha puesto en marcha esta asociación, para que los estudiantes sean "el altavoz de estas reivindicaciones".

"Estamos hartos de estar representados por los de siempre. Creemos que es el momento de dar voz al resto de universitarios que tenemos como objetivo la libertad en todas sus vertientes", ha subrayado.

El coordinador también ha señalado que la ley no soluciona la peculiaridad de la Prueba de Acceso a la Universidad, que "continúa siendo diferente según la comunidad autónoma en la que se viva". Asimismo, Arévalo ha responsabilizado a la ministra Celaá de implantar nuevas asignaturas de "carga ideológica" con el objetivo de "cultivar votantes".

CASTELLS, "FALTA DE ASISTENCIA"

Por otra parte, también ha denunciado la gestión del Ministro de Universidades, Manuel Castells, al que también han "suspendido" y "puesto falta de asistencia" porque, a su juicio, tras el confinamiento "ha abandonado a los universitarios" y, según Arévalo, solo se le ha podido ver durante la moción de censura contra el Gobierno.

Antes de abandonar el Ministerio de Educación, Pablo Arévalo y sus compañeros de la asociación han podido charlar con la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, y la portavoz de educación del PP, Sandra Moneo, a las que les han asegurado que han nacido porque la "crispación viene de lejos" y porque van a luchar por "combatir la ley Celaá en primer lugar" y hacer frente a "cualquier ataque que se produzca contra la educación".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la labor que están realizando en la pandemia del Covid-19 y les ha pedido que, al igual que han hecho en la primera ola, colaboren con el Gobierno para volver a doblegar la curva de transmisión del coronavirus.

Sánchez se ha pronunciado así tras visitar, junto al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, el laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear "Manuel Rico" del CSIC, integrado en el consorcio internacional "COVID19-NMR" y formado por laboratorios de Resonancia Magnética Nuclear de 15 países.

Este consorcio se ha enfocado en el estudio de las regiones más dinámicas del coronavirus, una máquina molecular compuesta por 30 proteínas y una cadena de RNA de unos 30.000 nucleótidos. Para entender su funcionamiento es necesario conocer la estructura de estos componentes y para ello, en laboratorios como el que Sánchez ha visitado este viernes se está realizando un esfuerzo investigador a nivel mundial sin precedentes en la historia de la Ciencia.

Sin ustedes esto hubiera sido mucho más difícil", ha asegurado Sánchez a los miembros del CSIC, tras mostrar el agradecimiento del Gobierno a la labor que realizan asegurando que este centro es el "corazón" de la ciencia e investigación en España y, además, uno de los cinco mejores de investigación y de ciencia de Europa.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha destacado algunos de los trabajos realizados por estos investigadores durante la pandemia como, por ejemplo, los estudios sobre el grado de transmisión del coronavirus en las piscinas, los trabajos sobre las aguas residuales o los sistemas de ventilación, o el análisis y creación de nuevos materiales para las mascarillas.

"Son proyectos tan esperanzadores que está liderando el CSIC que al conjunto de la ciudadanía española, y al conjunto de la humanidad, nos tienen con el ánimo mucho más positivo para poder lograr una vacuna que de una vez por todas empiece a dar un horizonte mucho más luminoso respecto a la pandemia", ha recalcado Sánchez.

Finalmente, ha asegurado que una de las "grandes lecciones" que ha dado el Covid-19 a la política es la importancia de invertir en investigación y ciencia, destacando que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se ha reflejado un aumento del 60 por ciento en inversión en ciencia e investigación.

"Es importante que se produzca ese incremento y que la inversión en ciencia perdure y se mantenga, que sea una política de Estado porque si hay alguna lección que nos ha traído la pandemia es que la ciencia e investigación no sólo es una garantía de progreso y bienestar, sino que es importante invertir en ella", ha zanjado Sánchez.

Daniel G.H., el joven gaditano residente en Getafe que permanece desde octubre de 2019 en prisión preventiva tras ser detenido después de presuntamente golpear con una estaca con clavos a un agente tras participar en una concentración en apoyo a los líderes del procés independentista en Madrid, ha negado este viernes su participación en la misma y que golpeara al antidisturbios. "Estaba fumando porros y bebiendo unos litros", ha indicado ante el juez cuando los policías fueron a por ellos, ha recordado.

Si a primera hora diputados de ERC y Junts participaban en una concentración frente a la Audiencia Provincial para mostrar su apoyo al joven, del que decían que estaba preso por solidarizarse con los líderes independentistas condenados por el Supremo, Daniel G.H. a preguntas del fiscal ha negado que participara en ninguna protesta ese 16 de octubre de 2019.

Esto mismo ha sido sostenido otra de persona que fue detenida en esa tarde noche junto a él, Elsa V.E., quien ha explicado que ambos se encontraba en las inmediaciones de la Plaza de la Villa bebiendo cerveza y fumando 'hachis' cuando ocurrieron los hechos que llevaron a su detención.

Y esos hechos, que este viernes han ratificado los policías que intervinieron aquel día, son que tras una concentración en Sol en apoyo de los líderes condenados del procés, un grupo de manifestantes marchó por el centro de la ciudad provocando destrozos, quemando contenedores y lanzando adoquines a los agentes antidisturbios.

Cuando los diferentes grupos policiales lograron dispersar la masa llegó el momento de intentar detenciones en la zona, y una de ellas se llevó a cabo en la Plaza de la Villa, donde se produjo el incidente que acabó con la detención de Daniel G.H. y Elsa V.E.

LA DETENCIÓN DE ELSA Y EL ESTACAZO

Según el relato de los hecho que ha realizado el policía que procedió a la detención de la acusada, logró detenerla a la carrera en unas escaleras cercanas a la Plaza de la Villa. Dado que según él se resistía, la llevó al suelo y cuando trataba de colocarle unos grilletes, de forma repentina recibió un golpe contundente en la cabeza que le hizo tambalearse. Justo cuando se giraba para ver al atacante, recibió un segundo golpe de nuevo en el casco y al instante un agente que llegaba detrás de él logró reducir al atacante, que era Daniel G.H.

"El tipo gritaba que dejáramos a su novia, nos llamó hijos de puta, llegó con una estaca y le golpeó a mi compañero (...), le dio bastante fuerte y, si no llega a ser por el casco, lo mata", ha recordado el agente que ayudó a su compañero cuando era agredido.

Pero la película de los hechos varía desde la óptica de Daniel G.H., ya que ante el juez ha negado no solo que estuviera en la manifestación sino que tampoco golpeó al agente por la espalda con una estaca que habría cogido de restos de palé de una obra cercana y que tenía clavos que sobresalían.

Yo intente meterme por medio para cubrirle a ella --a Elsa V.E.--, no intenté atacar a los agentes, mi reacción fue salir corriendo hacia la detención porque ella gritaba 'socorro' porque le estaban pegando una paliza", ha recordado el acusado, para el que la fiscalía pide seis años por los delitos de atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.

Tras el interrogatorio del fiscal le ha tocado el turno a su defensa, a quien ha declarado que tanto ella como él estaban en la zona bebiendo y fumando ("un par de litros y unos porros") cuando vieron a los policías corriendo hacia ellos, por lo que echaron también a correr para huir, hasta que les alcanzaron.

Su versión ha sido respaldada por la otra acusada, quien ha apuntado que la estaca con clavos no fue usada por Daniel G.H., pero que estaba tirada en el lugar de la detención. Además, ha recordado que echaron a correr "por inercia y por miedo" pero a ella le dio un ataque de ansiedad y en ese momento fue alcanzada por el agente que le dio "con la porra en las piernas" y la arrojó al suelo.

EL MOTORIZADO QUE LES RECONOCIÓ

Con todo, ha apuntado que no vio si Daniel G.H. se abalanzó sobre el policía porque para entonces ella ya "tenía una bota en la cabeza" y no pudo ver nada. "Estábamos en la calle bebiendo y fumando, mal sitio en mal momento", se ha lamentado.

Si bien por la sala han desfilado un gran número de efectivos policiales, los testigos clave han sido el agente que practicó la detención y fue presuntamente agredido, su compañero que logró parar la agresión de Daniel G.H. --se ha mostrado el casco y los clavos de la estaca lograron perforarlo-- y un agente motorizado que ha afirmado sin ningún género de dudas que ambos acusados formaban parte del grupo de manifestantes que tras el fin de la concentración de Sol llevaron a cabo destrozos, lanzaron adoquines a los policías y protagonizaron disturbios.

Por su parte, la defensa de ambos acusados ha presentado dos testigos que presenciaron la detención. Ambas, amigas que participaron en la concentración en solidaridad de los líderes independentistas catalanes, han coincidido en que no vieron a Daniel G.H. golpear al agente con la estaca, y que no coincidieron en la concentración con los detenidos.

LES LANZÓ UN SERVILLETERO

Un tercer acusado, Mariano H., para el que la Fiscalía interesa dos años de cárcel por un delito de atentado contra agente de la autoridad, ha negado también haber participado en la concentración, y ha explicado que huyó de dos hombres que iban con porras extensibles porque no sabía que eran policías de paisano, y que les lanzó un servilletero (con el que no logró darles) a la altura de la calle Barcelona esquina con calle de la Cruz. "Si llego a saber que son policías no se lo lanzo", ha reconocido.

Pero los agentes que procedieron a detenerle han explicado que el hombre tras lanzarles el objeto se "cuadro" con una postura típica de boxeo para pelear con ellos. "Conseguimos reducirle y llevarle al suelo", ha explicado uno de ellos.

Esta primera sesión del juicio oral, que proseguirá con informes periciales el próximo 17 de noviembre, ha concluido tras cuatro horas de declaraciones aproximadamente. Al concluir, Daniel G.H. y Elsa V.E. se han abrazado tras solicitar permiso al policía que custodiaba al preso.

Cabe recordar que el Ministerio Fiscal interesa para Daniel --que permanece en prisión preventiva desde hace un año-- seis años de prisión por un delito de atentado contra agente de la autoridad en concurso con delito de lesiones leves. Y para la acusada se piden dos años de cárcel por un delito de desórdenes públicos.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este viernes que todos los servicios municipales de la ciudad han funcionado "de manera eficaz y correcta en lo fundamental" durante el temporal de lluvia y viento de las últimas horas a pesar de que la cantidad de agua caída, más de 100 litros por metro cuadrado en poco tiempo, ha sido una "de las más importantes del siglo" en la capital valenciana.

Ribó ha comentado que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las lluvias de este jueves en València, con más de 61 litros por metro cuadrado en una hora, han sido las más intensas desde 2008 y el segundo temporal más fuerte desde 1980, ha informado el consistorio en un comunicado. El primer edil ha destacado que fue necesario cerrar los túneles urbanos por la saturación de las bombas al llenarse "todos los depósitos de tormentas del Ciclo Integral del Agua".

Asimismo, ha apuntado que se cerraron por precaución los jardines y los cementerios. El personal municipal sigue trabajando esta jornada, en la que no se esperan precipitaciones destacadas, para restablecer la normalidad. Joan Ribó, que ha hablado de los efectos del temporal en distintas zonas, ha explicado también que se ha hecho seguimiento del estado y evolución de la Albufera "aunque hasta el momento no ha sido necesario emplear las bombas".

"Desde el primer momento se ha actuado" con el fin de hacer "frente a los problemas y minimizar las afecciones sobre los vecinos de la ciudad", ha apuntado el responsable municipal, que ha pedido a la ciudadanía "precaución ante la posibilidad de que en las horas posteriores al temporal se produzca algún desprendimiento de cornisas".

Ribó ha resaltado, igualmente, las inundaciones registradas en los Poblados Marítimos y ha expuesto que este viernes continúan sin funcionar la escoleta de Pinedo y el centro Luis Santángel de El Saler, cerrados como consecuencia de estos incidentes.

La administración local ha señalado que nada más comenzar el temporal, desde la Central Operativa de Saneamiento --dependiente del Ciclo Integral del Agua y la "infraestructura neurálgica" del sistema de saneamiento de València--, se ordenó "el paso a modo 'lluvia'" de diez compuertas hidráulicas que regulan los caudales de acequias y colectores, mientras se efectuaba un seguimiento permanente de los niveles de agua en las 81 estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales.

El Ciclo Integral del Agua ha detallado que el dispositivo ha incluido "la coordinación de los nueve de equipos de limpieza de imbornales, cinco unidades para atención de instalaciones y equipos electromecánicos, cuatro equipos de camión-cuba impulsor-aspirador, y un equipo de camión de rejas". Ha subrayado que no se ha registrado ninguna avería que haya afectado a las instalaciones electromecánicas.

El depósito de tormentas de Eugenia Viñes almacenó más de 20.000 metros cúbicos de agua de primeras pluviales, bombeados a depuradora, lo que permitió reducir el vertido a las playas de Grau-Cabanyal. El aumento de agua en la Albufera provocó encharcamientos en las pedanías del sur que evacuaron los equipos de mantenimiento de alcantarillado de la contrata de saneamiento. El aumento del nivel del mar ocasionó la entrada de agua en el Azarbe y en el viejo cauce del Turia.

Este viernes, el nivel de la Albufera está a 80 centímetro y desaguando por las golas del Pujol y Perelló, mientras continúan los trabajos para abrir la gola del Perellonet, tapada por arena, ha añadido el Ayuntamiento.

COLEGIOS

Por su lado, la Delegación de Agricultura ha indicado que solo hay daños por inundación en los invernaderos de la zona --sur-- del Perellonet, mientras que en la zona norte no hay incidencias reseñables ni daños en la red de caminos rurales. La Concejalía de Gestión de Recursos ha expuesto que este jueves por la tarde entró "abundante" agua en el sótano del consistorio y en sede de la Junta Municipal de Trànsits, además de inundarse los patios y varias zonas de la planta baja del centro de día La Purísima.

Este departamento ha comentado también que todos los centros escolares de la ciudad han podido abrir con normalidad este viernes --salvo la escoleta de Pinedo y el CEIP Lluís de Santàngel de El Saler-- y ha apuntado que los más afectados han sido: el colegio profesor Ramiro Jover (patio inundado); el CP Malva-rosa (problemas en la instalación eléctrica que lo dejó sin suministro); el CP Tomás de Montañana (agua en los patios interiores), y el CP Lluís de Santàngel (aulario infantil).

A estos se suman el CP 9 d'Octubre (gimnasio), el CP Prácticas (comedor y cocina) y varias zonas del CP Santa Teresa, CP Serrería, CP Miguel Hernández y CP Explorador Andrés. En la escuela infantil Santiago Apóstol se han desembozado los sumideros de las terrazas exteriores y se han revisado filtraciones en el resto del centro.

Por parte del servicio de jardinería se han citado efectos del temporal en los parques de Rafael Cort y Padre Jofre, ya abiertos, y en La Rambleta; mientras que en la zona norte se han caído dos árboles en Viveros y ha habido y afecciones en el jardín de Vicent Candel. La zona ajardinada de la plaza del Cedro ha tenido gran acumulación de agua. El Organismo Autónomo de Parques y Jardines ha destacado la apertura de todos los parques a las 8.30 horas, salvo el de Profesor Llombart, que lo ha hecho más tarde por acumulación de ramas.

Desde Servicios Sociales se habilitó el centro municipal de atención a personas vulnerables ante fenómenos meteorológicos extremos que gestiona Cruz Roja. El miércoles pernoctaron allí 6 personas y el jueves, 12.

PLAYAS

El departamento de Playas ha expuesto los datos de los pluviómetros municipales durante la tarde del miércoles y la jornada de ayer: 240 l/m2 en El Saler; 213 l/m2 en el Perellonet y 165 l/m2 en Cabanyal. En las playas del norte --Malvarrosa y Cabanyal-- los efectos han sido menores que en las playas del sur. En general ha habido mucho movimiento de arena y arrastre de restos de peces pequeños, algas y suciedad, duchas, lavapiés y pasarelas.

Por su lado, Protección Ciudadana ha empleado 392 policías para atender incidencias en vía pública y tres patrullas de protección civil en Pobles del Sud. Los agentes cortaron y desviaron el tráfico en los túneles y lo regularon ante las averías. Los bomberos hicieron 127 actuaciones, la mayoría por saneamiento de edificios (30), achiques y fugas de aguas (29)

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha informado este viernes del fallecimiento de 14 personas y de 574 nuevos casos de COVID-19 confirmados por PCR en las 24 horas de este jueves. Una jornada en la que se produjeron 82 hospitalizaciones de personas con coronavirus en planta y 8 más en UCI.

Actualmente, hay 680 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de COVID-19. Además, otras 111 personas afectadas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El número de altas hospitalarias se situó en 74.

Por otra parte, el jueves se produjeron 14 fallecimientos: dos mujeres de 89 y 90 años, y doce varones de 71, 79, 83, 83, 84, 85, 87, 87, 89, 90, 91 y 92. Dos de estas personas tenían domicilio en un centro residencial de mayores.

La tasa de positividad se sitúa en el 10,16 por ciento, tras haberse realizado a lo largo de la jornada un total de 5.646 pruebas PCR para detectar la enfermedad, según ha avanzado Salud, que aún no ha informado de los últimos datos de hospitalización y fallecimientos.

Las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a guardar un confinamiento domiciliario con el fin de frenar los contagios y reducir los casos graves por la COVID-19.

La Comisión Europea está estudiando el plan del Gobierno de España para combatir las conocidas como 'fake news', publicado ayer en el BOE, tras conocer las críticas de los principales partidos españoles de la oposición.

Un portavoz de la Comisión ha señalado esta mañana en rueda de prensa que el Ejecutivo comunitario está "al tanto" de la medida del Gobierno español y analiza la situación puesto que se ha aprobado en el margen del estado de alarma. "La Comisión está vigilando la aplicación de las medidas de emergencia durante la pandemia", ha indicado.

Fuentes comunitarias han confirmado a Europa Press que Bruselas está "estudiando" la orden que permitirá al Gobierno monitorizar la información para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que busque influir en la sociedad con fines interesados y espurios.

La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" como es el acceso a la información veraz.

CS Y VOX LO LLEVAN A EUROPA

Varios partidos de la oposición en España ya han avisado de que llevarán el asunto ante las instituciones para que "intervengan en defensa del Estado de Derecho".

Para Ciudadanos el plan del Gobierno, bajo el pretexto de perseguir la desinformación, constituye una forma de censura y por tanto "un mazazo a la democracia". En este sentido la eurodiputada Maite Pagazaurtundua ha enviado una carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, para advertirle del trasfondo del asunto y pedirle una reunión.

La eurodiputada naranja avisa que el plan presentado abre una "vía" para "vigilar a periodistas, a medios de comunicación y perseguir lo que considere 'desinformación'", y entiende que cabe la posibilidad de provocar un "abuso y daño de la libertad de opinión".

Igualmente Vox prepara acciones en el Parlamento Europeo y llevará el tema ante la subcomisión de desinformación del Parlamento Europeo, de la que forma parte su eurodiputado Jorge Buxade. En la formación de Santiago Abascal entienden que se trata de un "abuso" y promete acciones en Bruselas.

La Federación de las Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), que representa a 46 sociedades científico-médicas, desaconseja la realización de tests rápidos de COVID-19 en las farmacias y otros establecimientos sanitarios, tal y como ha solicitado la Comunidad de Madrid.

"Si se trata de tests antigénicos rápidos, se requiere la realización previa de un frotis nasofaríngeo con la técnica correcta por parte de personal con la competencia legal para ello y entrenado en la técnica, lo que no incluye a los farmacéuticos. Adicionalmente, aún en caso de entrenamiento previo, los resultados con esta técnica sólo están validados para el diagnóstico de personas sintomáticas en sus primeros 5 días de síntomas", argumentan a través de un comunicado.

Por este motivo, señalan que "estaría claramente desaconsejado" que las personas en esa situación de enfermedad, altamente contagiosas, acudan a las oficinas de farmacia a realizarse este tipo de pruebas, debido "al alto riesgo de contagiar a los usuarios y trabajadores de la oficina".

"La indicación del test en pacientes que tienen síntomas por la infección del SARS-CoV-2 la debe realizar un facultativo en base a criterios clínicos en los que se basará para tomar otras decisiones tales como completar el diagnóstico con PCR, solicitar otras pruebas, instaurar un tratamiento, etc", insisten.

En el caso de los contactos estrechos asintomáticos, la propia Estrategia de la Comunidad de Madrid indica que "en la situación epidemiológica actual, la realización de una prueba diagnóstica de infección aguda a los contactos estrechos se indica en determinados colectivos: convivientes, personas vulnerables, personas que atienden a personas vulnerables, ámbitos sanitarios y socio-sanitario y en situaciones de especial riesgo que establece salud pública.

Además, el documento técnico para Atención Primaria en Madrid se indica taxativamente que "no está indicado realizar pruebas de detección en no convivientes. "Por todo ello, junto con la tasa elevada de falsos negativos, no nos parecería buena idea realizar pruebas en asintomáticos en las oficinas de farmacia", sostiene FACME.

"No sería adecuado promover en las oficinas de farmacia los tests serológicos rápidos entre la población, si es que se trata de eso", reivindican. Así, recuerdan que la propia estrategia recoge que "según la evidencia actual, la OMS únicamente recomienda el uso de tests rápidos de anticuerpos para determinadas situaciones y estudios, y con fines de investigación".

Por todos estos motivos, FACME considera que lo importante "no es realizar muchas pruebas cuando no existe indicación, sino utilizar la red de farmacias para las actividades de prevención y promoción de la salud en las que vienen colaborando".

"Desde el punto de vista del diagnóstico, creemos que lo importante es facilitar los recursos necesarios para mejorar las actividades de rastreo y detección de contactos, revisar los criterios de detección en contactos estrechos, y reforzar la atención primaria de salud en sus actividades de atención y diagnóstico rápido con el objetivo de minimizar los contagios y la extensión del virus", concluyen.

El Corte Inglés ha regresado al resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal (entre el 1 de junio y el 31 de agosto), hasta situarse en 64 millones de eurosgracias a la reapertura de tiendas y a la venta 'online', que registró un alza del 124% en este trimestre.

La cifra de negocio consolidada durante este periodo se ha situado en 2.817 millones, con un beneficio bruto de 811 millones de euros, según ha informado este viernes el grupo de distribución.

La compañía ha reconocido que el impacto de la pandemia se ha dejado sentir, especialmente, en las actividades relacionadas con el turismo. De hecho, el área más perjudicada ha sido Viajes El Corte Inglés, que ha visto reducida su cifra de negocio en más del 90%.

Sin contar el efecto del turismo, las ventas en 'retail' han permanecido prácticamente estables durante el trimestre. La cifra de negocio total del 'retail' se ha situado en 2.843 millones, un 12,9% menos que el mismo periodo del año anterior, debido a la menor afluencia de turistas, tanto nacionales como internacionales.

En cuanto al margen sobre ventas, ha aumentado 170 puntos básicos durante el segundo trimestre respecto al primero, al situarse en el 26,7%.

Después de un primer trimestre condicionado por el cierre generalizado de establecimientos (salvo alimentación y servicios básicos), la generación de caja de junio a agosto se situó en 679 millones de euros gracias al aumento de las ventas, al impacto positivo del ahorro de costes y a la gestión de compras, así como a otras medidas y actuaciones complementarias.

MULTIPLICA POR TRES LAS VENTAS 'ONLINE'.

En cuanto al conjunto de los seis primeros meses del año fiscal, las ventas netas del grupo alcanzaron los 4.489 millones de euros, con un beneficio bruto de 1.285 millones. El Ebitda ha sido negativo en 131 millones, tras haber mejorado durante el segundo trimestre del ejercicio.

Respecto a la deuda neta al final del segundo semestre, se sitúa en 3.266 millones de euros, frente a los 3.945 millones que había a finales de mayo.

La compañía ha destacado que mantiene su estrategia de preservar e impulsar su posición de liquidez, con cerca de 2.200 millones de euros a finales de agosto de 2020, lo que asegura su estabilidad financiera.

El grupo, que se encuentra inmerso en acelerar su digitalización, multiplicó por tres sus ventas 'online' en el primer semestre fiscal y ya representan el 15% del total de las ventas 'retail' frente al 7% del año pasado.

En concreto, las ventas 'online' crecieron un 124% en el segundo trimestre tras la reapertura de tiendas, registrando un alza solo en junio del 218%.

En el conjunto del primer semestre fiscal, el mes de abril, coincidiendo con el confinamiento por el estado de alarma, fue el que mayor crecimiento registraron las ventas 'online', al dispararse un 386%.

De hecho, El Corte Inglés ha lanzado una tarifa plana para las compras digitales y una nueva App que fusiona los mundos 'online' y 'offline' de forma complementaria, dando lugar a nuevas sinergias que aprovechan todas las ventajas de cada uno de ellos.

El cliente encuentra más de 300.000 productos disponibles que puede adquirir y recibir en su hogar en dos horas o en la franja horaria de elija; todo ello, en una home personalizada que puede configurar en función de sus gustos y recibir ofertas individualizadas, buscar artículos mediante fotos o a través del escaneo del código de barras, y pagar con la tarjeta de El Corte Inglés.

Desde su lanzamiento a primeros de octubre se han contabilizado casi 300.000 descargas y unas 100.000 personas cuentan ya con tarifa plana para sus compras 'online'.

Asimismo, ha dado nuevos pasos hacia la diversificación del negocio con la creación de Sicor, una nueva empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad, alarmas, limpieza, etc.

AFRONTA CON CONFIANZA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD.

El Corte Inglés afronta la segunda parte del ejercicio con confianza ante la próxima campaña de Navidad, ya que en ella se concentran una gran parte de las ventas del año.

De cara al futuro, mantiene su política de diversificación de negocios, un permanente impulso a la digitalización, y una apuesta decidida por aquellos aspectos relacionados con la responsabilidad social corporativa (residuo cero, eficiencia energética, políticas de igualdad, etc.).

Los seis directivos de las empresas de Tarragona Carburos Metálicos y Messer Ibérica que fueron detenidos el jueves por presunta corrupción han quedado en libertad, cinco de ellos tras pasar este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Los Mossos d'Esquadra han explicado a Europa Press que el mismo jueves quedó en libertad desde la comisaría uno de los detenidos, por lo que todos los arrestados están ya en libertad.

Los cinco detenidos que han pasado a disposición judicial este viernes han comparecido en el Juzgado por videoconferencia desde la comisaría de Mossos en Tarragona, y todos se han acogido a su derecho a no declarar: el juez ha acordado la libertad provisional para los cinco, y deberán presentarse en el Juzgado siempre que el magistrado les requiera.

La causa se mantiene abierta por los presuntos delitos de estafa, falsedad y corrupción en los negocios, por presuntamente suministrar a las plantas industriales en las que trabajaban electricidad a precio más barato.

En concreto, se les acusa de una presunta estafa para alterar el tramo tarifario con Endesa, lo que podría haber provocado a la energética un lucro cesante de entre 30 y 100 millones de euros, según fuentes al tanto de la investigación.

Esta causa es una pieza separada que deriva de una investigación abierta por presuntos delitos urbanísticos, prevaricación y malversación, y la investigación original tiene una veintena de sospechosos.

El jueves, los Mossos detuvieron a seis directivos de estas empresas, entre ellos el también presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Rubén Folgado, y la asociación empresarial explicó en un comunicado que a raíz de los hechos "el Comité Ejecutivo de la AEQT ha asumido provisionalmente y de forma colegiada las funciones de la presidencia" para poder seguir su actividad habitual.

Organizaciones de profesionales de la comunicación han denunciado este viernes que "distintas instituciones y partidos políticos" se están aprovechando de las medidas de seguridad adoptadas por la situación de pandemia para "limitar el acceso" de profesionales "a actos informativos que son de interés para la ciudadanía".

A través de un comunicado, firmado por la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de España, la Federación de Sindicatos de Periodistas y el Foro de Organizaciones de Periodistas, advierten de que "con la excusa de que deben velar por la seguridad, se producen situaciones en las que claramente se impide el acceso de los informadores en asuntos que pueden resultar incómodos para sus protagonistas".

Por el contrario, indican, cuando a esas mismas instituciones, organizaciones o partidos les interesa comunicar algo, "no tienen inconveniente en comparecer y hacer canutazos en los que los profesionales no pueden mantener las medidas de seguridad adecuadas".

Los medios de comunicación en general, y el fotoperiodismo en particular, no son agencias de comunicación a disposición de los interesados sino el medio para que la ciudadanía reciba información veraz y plural sobre asuntos que son de interés general", recuerdan los profesionales en el escrito, recogido por Europa Press.

ACTOS DE AFORO LIMITADO A UN MEDIO

Los profesionales defienden que ellos están respetando las medidas sanitarias acordadas y, por ello, piden a las instituciones y partidos que les convoquen a cubrir actos informativos "con seguridad" en vez de "enviar gratuitamente a los medios de comunicación las fotografías o vídeos".

A su juicio, con esta práctica, facilitan sólo la información "que le interesa a quien la ofrece", lo que "vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz y plural".

También denuncian las fórmulas que limitan el acceso a los actos a un único medio que después lo facilita a los demás. Esta actitud, apuntan las organizaciones, debería ser "algo excepcional" y sólo "cuando haya causas justificadas para adoptar esta medida".

La diputada andaluza y líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, ha celebrado que la Mesa del Parlamento acordara este jueves suspender temporalmente su expulsión y la de otros siete diputados del grupo por transfuguismo, de manera que los readmite como miembros de dicho grupo; de modo que entiende que lo ocurrido "se ha revelado como una enorme chapuza miserable" por el intento de la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, de que "seis diputados expulsen a once de un grupo parlamentario". "Como dice el dicho popular, las mentiras tienen las patas muy cortas", ha apostillado.

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez, en un audio difundido a los medios, en el que se refiere a la decisión de la Mesa de estimar parcialmente la solicitud de reconsideración que presentó junto a los otros siete diputados que fueron expulsados del grupo parlamentario de la confluencia. Ahora, además de dejar en suspenso su expulsión de Adelante, la Cámara requiere a Inmaculada Nieto que en un plazo de dos días naturales "acredite que los ocho diputados afectados han causado baja en el grupo parlamentario como consecuencia de su baja en su formación política", Podemos.

"En la Mesa del Parlamento se han visto las cortas patas de algunas mentiras", ha sostenido Teresa Rodríguez, que ha insistido en que "no era ni razonable ni legal ni legítimo que seis diputados expulsen a once de un grupo parlamentario", así como tampoco que les acusasen de tránsfuguismo "cuando tuvimos un acuerdo claro con nuestra fuerza política de entonces -Podemos- para continuar en nuestro escaños defendiendo también las posiciones del partido morado".

Asimismo, ha considerado que "no es razonable que una portavoz ejerza de portavoz de un grupo sin reunir a ese grupo y sin preguntarle su opinión", de modo que sostiene que Nieto tendrá "serias dificultades para acreditar que el grupo parlamentario ha decidido expulsar a la mayoría de sus miembros". "Y no es tampoco aceptable que algunos compañeros hayamos recibido nuestra expulsión de Podemos un día más tarde de que se nos expulsara del grupo parlamentario en la Mesa", ha recalcado.

"Todo esto se ha revelado como una enorme chapuza miserable que esperamos que acabe, que las cosas se pongan en su justo lugar, que impere la ley y impere la cordura, y podamos recuperar el trabajo que tanta falta le hace ahora mismo a Andalucía, luchar contra la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales", ha agregado Teresa Rodríguez.

Con todo, la política gaditana ha asegurado que nunca quisieron meterse en esta batalla interna, "otros nos han metido porque quizás están contando los miembros que quieren tener en un futuro Consejo de Gobierno con Susana Díaz y porque se niegan rotundamente a que haya una fuerza andaluza con voz propia en Madrid. "Pero seguiremos luchando porque necesitamos esa voz y es el compromiso al que llegamos con nuestros electores", ha zanjado Teresa Rodríguez.

LLAMA A LA NEGOCIACIÓN

Igualmente, en una entrevista en Canal Sur Televisión, Teresa Rodríguez ha asegurado que cuando recuperen el grupo "no expulsaremos a los seis diputados que, de los 17 de Adelante, tiene IU". "A diferencia de ellos, creemos que no sobran, que Unidas Podemos no sobra y que nadie es prescindible en esta pelea por la defensa de los servicios públicos y de los derechos de las trabajadoras", ha dicho.

De este modo, ha hecho un llamamiento "a la cordura, a volver a la mesa de negociación y a parar esta escalada irracional de agresiones, tenemos que sentarnos otra vez y volver a pensar en Andalucía y en lo que necesitan los andaluces en unos tiempos tan duros".

Sobre la polémica del reparto de la subvención que recibe el grupo de Adelante del Parlamento entre los socios de la confluencia, Teresa Rodríguez ha animado a quien tenga dudas de cómo se ha gestionado el dinero a que "vaya a los tribunales", toda vez que ha garantizado que IU "ha recibido hasta el último euro que tenía que recibir, y va a tener dificultades para defender ese argumento porque lo va a seguir recibiendo.

A su juicio, IU argumenta ese asunto o la gestión de las redes sociales "para no entrar en el plano político" que es donde está la "raíz" del conflicto entre ambas formaciones: el debate sobre la necesidad de una fuerza política andaluza que tenga voz propia en Madrid y la necesidad de crear una alternativa al PSOE-A y ser barrera de las derechas. "IU no quiere entrar ahí y lo que hacen es la vieja estrategia de desprestigiar a quien abre un debate que es razonable", ha recalcado.

Además, ha negado que se hayan apoderado de las cuentas o las redes porque "son patrimonio financiado por el dinero del grupo y gestionado por el grupo, no por un sector del grupo", más cuando ha incidido en que eran "un grupo unitario sin ningún problema en repartir las iniciativas políticas".

De otro lado, Teresa Rodríguez ha hecho hincapié en que el PSOE-A "tiene especial interés en tener una izquierda sumisa, servil, que le sirva de muleta y evitar que exista una alternativa en la vida política a su gestión de recortes y corrupción". "La actitud del PSOE-A la entiendo perfectamente, les viene muy bien que desaparezcamos del mapa", ha abundado.

"Podemos ser izquierdistas, gente con principios muy persistentes o algunos dirán que de signo radical, pero no somos tránsfugas", ha sentenciado antes de lamentar que IU, para "evitar el debate político", ha recurrido al "desprestigio del contrario, pero nosotros no vamos a caer en eso en ningún caso.

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el sindicato de Enfermería (Satse) ha trasladado al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que autorizar la realización de test rápidos de detección de la Covid-19 en las farmacia, como así ha reclamado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, supondría una "vulneración del actual marco jurídico sanitario", incluyendo hasta doce normas de distinto rango, y que pondría "en grave riesgo" la seguridad y salud de la ciudadanía.

Por ello, y en dos cartas remitidas al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la directora general de la AEMPS, María Jesús Lamas, la Mesa Enfermera ha informado de que en caso de que se permita a las farmacias realizar estas pruebas emprendería "todas las acciones legales oportunas a nivel nacional y europeo".

"Ni por las atribuciones, competencias y formación que tienen los farmacéuticos ni por la propia configuración de las oficinas de farmacia, es posible a día de hoy convertirlas sin más en centros para la realización de pruebas diagnósticas de la Covid-19, y advierte igualmente del riesgo que ello supondría para al conjunto de la ciudadanía al facilitar que estos establecimientos comerciales se conviertan en posibles focos de contagio y transmisión del coronavirus", han dicho desde el colectivo.

Además, han asegurado que están dispuestos a poner en marcha una campaña a favor de la liberalización de las farmacias para equiparar este sector con todos los países del mundo. "En España, las farmacias son prácticamente un monopolio, muchas veces incluso hereditario que pasa de padres a hijos. Para ser dueño de una oficina de farmacia, un establecimiento comercial donde se venden, no solo medicamentos, también multitud de productos sin evidencia científica ninguna como homeopatía, refrescos, adelgazantes o cremas antienvejecimiento, tienes que tener el título de farmacéutico", han dicho.

Y es que, prosiguen, en el resto de los países es indiferente el título universitario del dueño del negocio, basta con que quien esté atendiendo al cliente sea un farmacéutico. "Estas limitaciones no existen ni tan siquiera para ser dueño de un hospital", ha apostillado la Mesa Enfermera.

Además, ha advertido de que entre otras normativas que se "incumplirían" se encuentra la relativa a la prevención de riesgos laborales que establece que para hacer en condiciones de seguridad este tipo de test se necesita contar, por ejemplo, con la delimitación de circuitos seguros de tránsito de personas y con personal cualificado para la realización e interpretación de los mismos, así como realizar una gestión óptima de la eliminación de los residuos generados contaminados y propiciar el registro y traslado de los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en la sanidad pública, entre otras cuestiones.

Del mismo modo, ha comentado que tanto las exigencias que rodean el procedimiento diagnóstico como el cumplimiento de ciertos aspectos colaterales (custodia, manejo o destrucción), que vienen exigidos por la normativa de aplicación, hacen de los establecimientos comerciales de farmacia un lugar "no apto ni idóneo" para la realización de este tipo de pruebas diagnósticas y, "lo que es más grave", sería un "potencial foco de transmisión y contagio de la enfermedad".

Así, ha recordado que la orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, señaló que la realización de las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19 "solamente se pueden llevar a cabo" en los centros, servicios y establecimientos de diagnóstico clínico, "siempre previa prescripción" por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados.

"Entre un establecimiento sanitario destinado fundamentalmente a la conservación y dispensación de medicamentos y un centro o servicio de diagnóstico clínico existe una diferencia sustancial que no se salva con la invocación genérica del carácter sanitario del profesional farmacéutico. Pretender que una oficina de farmacia sea administrativa y funcionalmente un centro de diagnóstico es tan inadecuado como convertir un centro de diagnóstico clínico en una oficina de farmacia", han aseverado desde la Mesa.

"ERROR DE FONDO Y DE GRAN CALADO"

De otro lado, la Mesa Enfermera ha trasladado al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que es un "error de fondo y de gran calado" por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid "confundir a los farmacéuticos", que son profesionales sanitarios no asistenciales, con profesionales sanitarios asistenciales, porque los farmacéuticos no pueden ni deben realizar técnicas al paciente o ciudadano.

En este sentido, la Mesa ha recordado que las pruebas de detección del Covid-19 son pruebas diagnósticas y, como tales, más allá de su mayor o menor simplicidad y fiabilidad, están sujetas a prescripción y criterio o valoración clínica, debiendo ser realizadas y/o supervisadas en su realización por enfermeras y enfermeros.

Tanto la Ley General de Sanidad como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) establecen que las competencias de los farmacéuticos son la custodia, conservación y dispensación de medicamentos, y la Ley de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia no incluye, entre las funciones de las oficinas de farmacia, la realización por parte del farmacéutico de pruebas diagnósticas.

"Realizar, por ello, cualquier función para la que no está habilitado el farmacéutico, conforme a la ley, resultaría un ejercicio profesional ilícito, estando sujeto a responsabilidad administrativa y, en su caso, penal", ha detallado la organización, para argumentar que las farmacias no tienen acceso a las historias clínicas y que, por tanto, no podrían comunicar a las autoridades sanitarias un caso positivo.

"De igual forma, tampoco existe posibilidad alguna de establecer y controlar el seguimiento de dichos pacientes afectados con la atención primaria de salud. Solamente está reservado para los profesionales sanitarios habilitados el acceso a la historia clínica de cada paciente. Por ello, las oficinas privadas de farmacia tampoco cumplirían en este caso el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, al no existir una norma legal que les habilite para acceder a la historia clínica", han zanjado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "disculpas" al sector de la hostelería por su inminente cierre en 60 ayuntamientos gallegos como medida para frenar la segunda ola de la covid-19. "Sabemos que no son los responsables de la propagación del virus", ha indicado.

"Pedimos disculpas a los profesionales de la hostelería. No son los responsables de esta situación, lo somos los clientes que, en momentos de relajación social, podemos transmitir el virus", ha señalado el presidente de la Xunta durante una visita al nuevo centro de salud de Pereiro de Aguiar (Ourense).

Horas antes de la entrada en vigor de las nuevas medidas anunciadas por la Xunta, Núñez Feijóo ha explicado que, aunque en Galicia "todos los sectores continuarán funcionando", no pueden "ofrecer las mismas garantías a la hostelería".

En este sentido, ha agradecido el "el gran esfuerzo" que realizan los hosteleros y ha sostenido que se trata de un sector "castigado injustamente" pero que desde Sanidad "se ha valorado necesario" la adopción de estas medidas.

Al respecto, el presidente autonómico ha afirmado que las limitaciones se realizan con base en criterios sanitarios y que, por el momento, durarán un mes. "A nadie le gusta, pero el Gobierno tiene que gobernar. Desde el 14 de octubre se duplicaron los infectados en Galicia, de los cuales un 0,8% van a UCI y un 5% a planta hospitalaria", ha manifestado para subrayar que "hay una balanza con sanidad y economía que tiene que ser equilibrada" pero que es necesario "actuar por la sanidad.

Por ello, ha señalado que espera que las restricciones que entran en vigor a las 00,00 horas de este sábado permitan reducir la presión hospitalaria para poder relajarlas de cara a la Navidad de forma que "la hostelería pueda abrir en esas fechas en aquellos ayuntamientos en los que ahora se ha cerrado". Además, ha subrayado "las ayudas de entre 2.000 y 7.000 euros" anunciadas por la Xunta suponen "un apoyo".

Feijóo ha comparado las decisiones adoptadas por Galicia con la de otros países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido, de los que ha dicho que "están tomando medidas como cerrar el comercio" y ha asegurado que "funcionan".

Asimismo, se ha vuelto a referir al caso del municipio de Carballiño al asegurar que con el cierre de las "actividades no esenciales" se "disminuyó la incidencia del virus". Por ello, ha agradecido el compromiso de los hosteleros de las comarcas de Ourense, Verín, Valdeorras y Carballiño. "Intentamos que los parámetros mejoren para disminuir las restricciones de los sectores afectados en Navidad", ha insistido.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena a tres años de cárcel impuesta al expresidente de Bankinter Jaime Botín por un delito de contrabando de bienes culturales por querer sacar en barco el cuadro de Pablo Picasso "Cabeza de Mujer joven" con la intención de venderlo en Reino Unido pese a ser una obra "inexportable" por su valor en la historia de la pintura.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que no cabe recurso, los magistrados desestiman el recurso interpuesto por Botín contra la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid que condenó al banquero a tres años de cárcel y a una multa de 91,7 millones de euros.

En el juicio, que se celebró en noviembre de 2019, la Fiscalía solicitó para Botín cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros. La Abogacía pidió además que la goleta en la que fue intervenido el cuadro cuando se encontraba en aguas francesas fuese a parar a manos del Estado.

Pero en la sentencia, la juez descartó ambos extremos, pero consideraba probado que el traslado de la obra de arte, hallada en Córcega, no contaba con el preceptivo permiso de las autoridades españolas y británicas y que por tanto, el hecho era constitutivo de un delito de contrabando de bienes culturales.

En la sentencia, los magistrados ponen el acento en que se trata de una obra de Picasso de "gran interés para la historia de la pintura" y recuerdan que el cuadro ha sido declarado "inexportable" por esta razón.

RELATO DEL EXBAQUERO

Botín explicó que compró la pintura de 1906 en el año 1977 y la tuvo en su casa de Madrid y en una finca de Ciudad Real. En un momento dado, contactó con la empresa de subastas Christie's para vender el cuadro en una subasta que se celebraría en febrero de 2013 en Londres.

El propio personal de la empresa le hizo saber que dada la antigüedad de la pieza, debía contar con permiso del Ministerio de Cultura para exportarla y Botín les autorizó a tramitar las correspondientes licencias haciendo constar que el cuadro estaba en Madrid y esa sería la aduana de salida.

Sin embargo, en diciembre de 2012, Patrimonio negó la autorización de exportación, "frustrando su propósito de venderla en dicha casa de subastas en Londres" debido a la excepcionalidad del cuadro, pues pertenece al período "Gósol" del artista y no hay obra semejante en territorio español.

Botín fue notificado de la negativa, como también fue advertido después de que el Ministerio de Cultura emitió orden Ministerial declarando la inexportabilidad del cuadro como medida cautelar hasta la pertinente declaración del mismo como Bien de Interés Cultural.

Pero el expresidente de Bankinter ignoró esta orden de Cultura, "pese a ser plenamente consciente" de ella y trasladó el cuadro a su goleta atracada en Valencia "con la finalidad de sacarlo de España, dando instrucciones a su capitán para que lo ocultara a las autoridades". Hizo, en palabras del juez, "caso omiso" a la prohibición.

INTERCEPTADO EN CÓRCEGA

De hecho, dos años y medio después, en junio de 2015, el Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó una inspección del barco y pidió al capitán que hiciera una declaración de los bienes a bordo, pero no incluyó el cuadro, tal y como le había indicado Botín y se da por probado en la sentencia.

Fueron los servicios aduaneros franceses los que, sabiendo que el exbanquero estaba tramitando un permiso de salida de Córcega, donde la goleta estaba atracada, ordenaron una inspección de la misma y localizaron el cuadro embalado en la cabina del comandante.

Cuando se enteraron de que Botín tenía prohibido sacar la pintura de España, procedieron a su incautación, dado que además, el banquero estaba tramitando pasajes de avión para desplazarse con el cuadro hasta Suiza.

"SOBRA DISCUSIÓN: ES PATRIMONIO"

Un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) acordó entonces el aseguramiento del cuadro como medida cautelar y emitió un auto solicitando su traslado a España, lo que tuvo lugar finalmente en agosto de 2015. La pintura de Picasso quedó depositada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a disposición judicial.

La jueza entendió que "siendo que el cuadro es del año 1906, sobra toda discusión en torno a la calificación del bien como de interés cultural o a su catalogación" y la obra en cuestión, "es un claro ejemplo de patrimonio histórico español, ya que es una contribución de los españoles al mundo del arte". Por eso, conviene que concurre un delito de contrabando penado con hasta cinco año de prisión.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha negado este viernes enfado con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, tras encontrarse a última hora con unos Presupuesto de la Generalitat para 2021 diferentes a los acordados, en los que echaba en falta 21 millones de euros para su departamento. Una cantidad que finalmente Soler se ha comprometido a incluir durante el primer trimestre de 2021.

"La diferencia no es división, se expresa, se cierra acuerdo y se sigue caminando conjuntamente. La diferencia es consustancial a las coaliciones. Hay que perder el miedo a debates deliberativos que muestran diferencias porque es ahí donde se construye un proyecto plural, de diferentes miradas, donde todo el mundo cede un parte y todos se ven reflejados", ha reivindicado Oltra.

No obstante, la vicepresidenta del Consell cree se tendrían que "revisar los mecanismos de elaboración del Presupuesto, con la participación de todos los departamentos", un planteamiento que considera que es "un sentimiento compartido".

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, al ser preguntada por la polémica con los 21 millones de euros para su departamento que no aparecían en el documento final de los Presupuestos y que finalmente el conseller Soler se ha comprometido a incluir en el primer trimestre de 2021 ante la "imposibilidad técnica" de consignarlo en la plantilla de presupuestos y "para no retrasar el debate parlamentario".

"PELEARÉ POR CADA CÉNTIMO"

Oltra ha reivindicado que esos 21 millones son "absolutamente imprescindibles" para acometer tres mejoras "fundamentales", en concreto: la mejora de las ratios en los centros de mayores; la equiparación salarial del personal sanitario que trabaja en los Servicios Sociales con la del personal que trabaja en Sanidad Universal; y para las unidades de coordinación sociosanitaria, para garantizar interlocución fluida entre ambos departamentos.

Con este dinero, "se generarán esas plazas que necesitamos como refuerzo". Al igual que en Educación y en Sanidad se ha reforzado el personal, "en las residencias de mayores también se han creado grupos burbuja y para eso también necesitamos refuerzo".

Por ello, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha avisado: "No es que pelee por 21 millones, pelearé por cada céntimo porque es para la gente que más lo necesita y que tiene vidas muy difíciles. "Siempre voy a defender a gente mas vulnerable, es lo que me motiva en política: facilitar la vida a la gente que peor lo pasa", ha remarcado.

La también vicepresidenta del Consell ha explicado que a raíz de estos 21 millones de euros para su departamento que no están en los Presupuestos de la Generalitat para 2021, se ha hecho una corrección de 199 hojas, de toda la sección 16, cuyas cuentas "estaban todas mal" y "no se correspondía ni un número con la propuesta acordada".

Pero se ha dado una "solución política que prevalece sobre cuestiones técnicas" y "seguimos caminando sin enfados". En su opinión, "hay muy poca cultura política en nuestro país de los gobiernos de coalición en general" pero espera que ahora que también el Gobierno de España es de coalición ayude a "entender que en el camino consensuar propuestas hay diferencias pero no son sinónimo de división, son consustanciales a la coalición, si no todos estaríamos en mismo partido", ha comentado

SI CS VOTA SÍ, "MEJOR"

En cuanto a la posibilidad de que el grupo parlamentario de Ciudadanos vote sí a los Presupuestos de la Generalitat para 2021, Mónica Oltra, ha señalado que la aspiración del Consell es que los proyectos de ley que presenta los vote "el mayor número de diputados". "Eso siempre es una alegría", ha asegurado. Y si las cuentas salen adelante con 99 diputados gracias al apoyo de Cs, "mejor", sería para hacer "una fiesta", aunque "ahora no que estamos en pandemia", ha puntualizado.

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un importante miembro de una organización criminal que se dedica a la introducción de ciudadanos extranjeros de manera clandestina en España haciendo uso de embarcaciones tipo patera, informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El detenido ya fue arrestado hace poco más de un año por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras después de que la embarcación que condujo en una travesía naufragase, provocando la muerte de un niño 11 años, por lo que fue expulsado del país por orden la autoridad judicial.

En esta ocasión, el detenido era el conductor y patrón de una patera que fue interceptada y asistida el 29 de octubre con cinco personas a bordo, cuando intentaba acceder al país de manera irregular.

Los investigadores han podido concretar que la organización a la que pertenecía el detenido organizaba viajes clandestinos a los inmigrantes cobrando por ellos una cantidad aproximada de 1.000 euros.

Se trataba de travesías que duraban alrededor de diez horas en una embarcación tipo patera, y que no contaba con ninguna medida de seguridad que permitiera garantizar la integridad física de sus ocupantes.

En este último viaje, tripulantes y detenidos viajaban en una embarcación con 25 bidones de gasolina, de los que hacía uso para repostar la patera incluso con el motor encendido, con el peligro que conllevaba tanto para él como para los tripulantes.

El paterista fue detenido por un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros -favorecimiento a la inmigración irregular- y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, Elías Bendodo, ha sido rotundo al afirmar que, con independencia de las medidas que en la reunión del comité de expertos de este domingo se decidan implantar en Andalucía en relación con la pandemia, los colegios en Andalucía se mantendrán abiertos.

Esta decisión, en palabras del consejero, se argumenta en dos hechos: "los colegios son hoy los sitios más seguros", además de que "son una herramienta fundamental para la conciliación de la vida familiar y laboral".

Así, al ser cuestionado por los periodistas tras la presentación este viernes de los presupuestos regionales para Málaga, Bendodo ha señalado que este domingo se van a valorar las medidas que se han puesto en marcha hace diez días para ver el grado de eficacia y evolución de la pandemia y, según eso, se decidirá si tomar nuevas medidas, pues no se descarta ninguna. "Lo que sí puedo decir es que en cualquier caso los colegios seguirán abiertos en Andalucía", ha sentenciado.

Asimismo, ha valorado la actuación de la Consejería de Educación, pues "la vuelta al cole ha funcionado", indicando que el 95 por ciento de los centros educativos de la comunidad "están libres de COVID". Por tanto, ha incidido en que "deben seguir abiertos con independencia de las medidas que se puedan llegar a tomar este domingo".

En relación con las medidas que puedan llegar a acordarse, el consejero ha recordado que el decreto de estado de alarma actual no recoge el confinamiento domiciliario y que para que pueda llegar a Andalucía primero el Gobierno central debe modificar dicho decreto.

Del mismo modo, ha insistido en que las afirmaciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre que el 70 por ciento de la actividad económica en Andalucía se produce de las 7.00 a las 15.00 horas "no quiere decir que a partir de ahí sea la hora establecida para el cierre de comercios, pero sí que a partir de ese dato tomaremos medidas".

Las cifras en Andalucía, ha detallado Bendodo, arrojan unos números que "nos siguen preocupando", con 3.226 hospitalizaciones, de las que 426 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), es decir, "el mayor dato desde el inicio de la pandemia". Así, ha dicho que, aunque en los tres últimos días la evolución de ingresos ha disminuido, en la jornada de este pasado jueves se registró "el número de fallecidos más alto de la historia".

Ante ello, ha recordado que ya está activo el Plan 4.500 para que Andalucía cuente con camas suficientes por si se alcanza esa cifra de ingresos hospitalarios, así como la activación del Polideportivo de Carranque que se encontraba medicalizado tras la primera ola y a la espera de abrirse en caso necesario.

"La situación es preocupante", ha reconocido Bendodo, indicando que la tendencia del nivel de hospitalizaciones sigue con un incremento progresivo. Por ello, ha incidido en que las medidas que se puedan llegar a tomar este domingo "no son medidas políticas", si no que van a ir en base a criterios técnicos.

El PP, Vox y otros seis partidos del Congreso apuestan por devolver al Gobierno el proyecto de Presupuestos Generales de 2021, pero entre todos sólo suman 151 diputados, por debajo incluso de los 155 votos que tienen el PSOE y Unidas Podemos, que además han logrado ensanchar su bloque de investidura para superar con holgura este primer examen parlamentario de las cuentas.

La votación de esas enmiendas de totalidad está prevista para el próximo jueves, 12 de noviembre, pero el Gobierno no necesita mayorías cualificadas y le basta con sumar votos suficientes para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas, que se votan de una tacada ya que todas persiguen lo mismo: la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno.

En concreto, han presentado enmienda a la totalidad el PP, Vox, Junts, Foro Asturias, la CUP, Coalición Canaria y el BNG, a los que se sumará UPN, que no presentará enmienda propia, pero sí ha avanzado su intención de apoyarla la retirada del proyecto.

AMPLIA MAYORÍA PARA SEGUIR NEGOCIANDO

Todos juntos suman 151 votos, pero el Gobierno de coalición ha 'engordado' la mayoría que permitió el pasado mes de enero la investidura de Pedro Sánchez y cuenta con 199 votos favorables a continuar con la tramitación de los Presupuestos para negociar su contenido.

Así, al bloque que permitió la investidura de Sánchez por voto a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe) o abstención (Esquerra Republicana y EH-Bildu), el Gobierno ha sumado para la votación de la próxima semana a Ciudadanos, a los cuatro diputados del PDeCAT que se han desmarcado de Junts y al Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que en enero votaron en contra.

Once meses después, el Gobierno sólo ha perdido al BNG, que apoyó la investidura de Sánchez pero que ahora presenta una enmienda de totalidad como "toque de atención". Eso sí, su diputado Néstor Rego se ha mostrado dispuesto a retirarla para alcanzar un acuerdo.

A diferencia de lo ocurrido en enero de 2019, cuando los Presupuestos Generales que el Gobierno del PSOE había pactado con Podemos fueron tumbados por la oposición en la primera votación, provocando la convocatoria de las elecciones del 28 de abril de ese año, ahora los dos socios tienen asegurada una holgada mayoría absoluta para salvar ese trance.

Una vez supere la votación de totalidad de la próxima semana, el proyecto de Presupuestos continuará su tramitación en ponencia y en la comisión para debatir las enmiendas parciales presentadas por los grupos.

A FINALES DE NOVIEMBRE, LA FASE DEFINITIVA

La fase definitiva tendrá lugar en el Pleno del Congreso la semana del 30 de noviembre, donde se votarán las cuentas de cada ministerio. Ahí el Gobierno debe atar todos sus apoyos porque ya no valdrán medias tintas, ya que perder la votación de una sección supondría echar por tierra todo el proyecto.

Y es que la decisión del ERC, Ciudadanos, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Teruel Existe y Nueva Canarias de permitir la próxima semana la tramitación de los Presupuestos no implica que vayan a votar a favor de su aprobación a final de mes. Sólo supone mantener la puerta abierta a la negociación.

El sindicato de enfermería de Madrid Satse ha reunido más de 10.000 escritos de profesionales que se niegan a ser trasladado al Hospital Isabel Zendal, según ha informado este viernes la organización sindical en un comunicado.

Representantes del sindicato han entregado 3.748 nuevos escritos de disconformidad, con los cuales hasta la fecha ya han cumplimentado el escrito elaborado por Satse un total de 10.083 profesionales sanitarios.

"Muchos profesionales consideran que el traslado, que en numerosos casos entendemos que podría ser forzoso, desde otro hospital no es la mejor forma de dotar un nuevo espacio sanitario que necesita, al menos, entre 600 y 700 enfermeras y enfermeros", ha explicado Satse.

La Comunidad de Madrid pretende dotar de personal al nuevo hospital con voluntarios que trabajen en otros hospitales, y en caso de que estos no sean suficientes, con los profesionales contratados con motivo de la crisis sanitaria.

Satse, por su parte, propuso la contratación de una plantilla estable para dicho centro o en el caso de que sean voluntarios, que se cubra su ausencia con el contrato a un nuevo profesional que cubra su vacante.

Por otro lado, el sindicato considera que "no están suficientemente garantizados los derechos laborales ni la seguridad de los que trabajen en el Hospital de Valdebebas".

A este respecto, ha señalado que no han sido informados por parte de la Administración sobre si dispondrá de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio con enfermera/o del Trabajo o si existe un plan de Prevención de Riesgos Laborales.

Tampoco les han comunicado si se ha llevado a cabo la evaluación inicial de Riesgos para la Seguridad y Salud o si ya se ha contemplado informar sobre la Planificación de la Actividad Preventiva, que ha de estar redactada y disponible para los trabajadores que presten servicio en dicho centro.

Igualmente, desconocen hasta la fecha si dispone de un Plan de Autoprotección propio y de un Plan de Emergencias o si los profesionales tienen garantizado su derecho a la representación sindical mediante la creación de Comité de Seguridad y Salud y si existirán delegados de prevención que participen en la política preventiva del centro.

"El desconocimiento de cómo se va a llevar la actividad preventiva en el nuevo centro es absoluto y, sobre todo, preocupante ya que sería muy grave que los profesionales sanitarios carecieran de medidas efectivas de control externo de la seguridad en el trabajo", ha constatado.

El portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid de Murcia, Jaime Pérez, ha advertido que, con la tasa de incidencia que tiene actualmente la Región de Murcia, "una de cada diez personas que vemos puede ser positiva por Covid ahora mismo".

En concreto, la tasa de incidencia media regional alcanza el "nivel preocupante" de 381 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días y 765 casos en los últimos 14 días. "Hay que proteger el sistema sanitario y el económico de la Región; tenemos que ser responsables para que esto no empeore y, para ello, la mejor medida es quedarnos en casa", ha asegurado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Seguimiento, Pérez ha advertido que la situación en la Región de Murcia es "crítica" en lo que respecta a la asistencia sanitaria, ya que el nivel de saturación de las UCI "está en el límite" y ya hay varios hospitales que han tenido que trasladar pacientes a otros centros sanitarios.

Cuando se cumple una semana de la aplicación de la restricción de movilidad regional y del toque de queda, así como de las limitaciones aún más intensas en los municipios en los que la tasa de incidencia era más alta. Asimismo, este sábado da comienzo a nivel regional la suspensión temporal de la actividad en la hostelería, la restauración y de locales de ocio y de apuestas.

Ha recordado que esta es una medida que se ha acordado en varios países del entorno y en varias comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Galicia y el País Vasco, en un intento de "frenar la transmisión del virus donde sabemos que hay un riesgo más altas".

Pérez ha indicado que es un momento en el que "tenemos que salvar vidas entre todos", tras registrarse 16 defunciones el miércoles y 11 el jueves. "Tenemos que blindar el sistema asistencial y no podemos saturar la capacidad de camas y recursos que tenemos", según Pérez, quien ha avanzado que "hay que evaluar los efectos de las medidas antes de platear otras más restrictivas".

No obstante, ha advertido que ninguna de las medidas acordadas surtirá efecto "si no somos responsables", y ha aseverado que "es absolutamente fundamental la responsabilidad individual" y, la mejor forma de colaborar, "es quedarnos en casa". Además, ha apelado a la solidaridad "con los sectores que, con estas medidas, salen más afectados".

Ha lamentado "muy profundamente" esta repercusión de forma "profesional y personal". Sin embargo, ha advertido que "no tiene sentido ninguno sustituir reuniones en bares por reuniones en casa" porque, de ser así, "no conseguiremos el objetivo que pretendemos". Ha instado a salir de casa solo para cuestiones básicas como trabajar, la educación o ir a hacer la compra, pero "relacionándonos lo menos posible con gente que no sea de nuestro entorno de convivientes domiciliarios.

Ha lanzado una advertencia sobre la quedada masiva que se ha constatado con motivo del cierre temporal de la hostelería y la restauración. A este respecto, ha instado a ser conscientes que "esto no es un motivo de celebración, sino de todo lo contrario, y no podemos quedar a despedirnos hasta que vuelva a abrir el sector y podamos volver a celebrar comidas con familiares y amigos", asevera.

"Lo mejor es cortar radicalmente nuestras relaciones sociales porque, si hacemos lo contrario, en el plazo de una semana veremos un aumento de casos en vez de un descenso, que es el objetivo que todos tenemos que tener", ha zanjado. "Tenemos que quedarnos en casa y restringir nuestra vida social, por mucho trabajo que nos cueste, es nuestra máxima prioridad".

EL CRECIMIENTO DE NÚMERO DE CASOS YA ES MENOR

Al ser preguntado por el efecto de las restricciones acordadas hace una semana en la Región, Pérez ha recordado que el periodo de incubación de la enfermedad son 5 días y "lo normal es que se empiecen a notar los efectos en las dos primeras semanas, que son clave, en función siempre de la responsabilidad de la ciudadanía".

"Si lo que hoy hacemos son fiestas de despedida, en una semana veremos un aumento de los casos", ha reprochado Pérez.

En cualquier caso, ha afirmado que ya se nota un "efecto positivo" tras la aplicación de las medidas y el crecimiento del número de casos "ha empezado a ser mucho menor de lo que venía siendo". Así, ha mostrado su esperanza en que esta evolución "se pueda confirmar y tengamos tendencia a la baja en las dos próximas semanas".

En este sentido, Pérez ha considerado que un adelanto del toque de queda "no supondría un cambio sustancial" ni tendría una especial trascendencia, pero ha admitido que será una medida que se valorará en los próximos comités de seguimiento.

En cuanto a la posibilidad de pedir un confinamiento domiciliario al Gobierno central, Pérez ha señalado que "siempre quedan más bazas", pero espera que las medidas acordadas por el momento funcionen. Para ello, ha insistido en que la ciudadanía "tiene un papel fundamental porque, si todos cumplimos, surtirán efecto".

Al ser preguntado por el motivo por el que el Gobierno regional deja en manos de la ciudadanía el autoconfiamiento y no lo solicita al Ministerio de Sanidad, Pérez ha considerado que se trata de una medida que "debe venir respaldada por parte de todo el Gobierno central", tal y como se ha hecho en otros países".

"Los modelos exitosos para tomar medidas de tanto recorte de libertades individuales, siempre se han tomado en otros países por parte del Estado", ha remarcado el portavoz.

Finalmente, ha confirmado que los planes de contingencia contemplan levantar hospitales de campaña en situaciones "más extremas" pero, de momento, cree que "no tenemos que pensar de momento" en este escenario. Ha recordado, en cualquier caso, que la Consejería tiene la posibilidad de incrementar el número de camas en medio millar en solo 24 horas, pero espera no llegar a esa situación.

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Luis Garicano se ha mostrado convencido de que la Unión Europea no permitirá el "atropello" que supone la orden del Gobierno español sobre un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news'.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, durante un acto junto al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, sobre los fondos europeos Next Generation, ha expresado su "preocupación máxima" por esa orden ministerial, apuntando que parece que el Gobierno central "no se ha enterado de que estamos en Europa, que es fundamentalmente una unión de valores y el derecho a la información es un derecho clave".

Ha indicado que no cree que Europa vaya a permitir "estos atropellos, donde una Secretaría de Estado dependiente de Moncloa decide si una cosa se puede o no reproducir", algo que es "inaceptable". Ha señalado que Cs, desde Europa, hará todo lo posible para que se protejan las libertades.

"Lo que no es posible es que, sin control democrático, un Gobierno decida qué se puede comunicar y qué no", según Garicano, quien ha recordado que el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya dijo en alguna ocasión que no cree que deba "haber libertad de información".

Un total de 118 inmigrantes han sido rescatados en la mañana de este viernes a bordo de una patera cuando se encontraban a unas seis millas al sur de Punta de Rasca, en Arona (Tenerife), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los migrantes han sido rescatados por Salvamento Marítimo y Guardia Civil, que los han trasladado al muelle de Los Cristianos, donde han sido atendidos por el personal sanitario y de momento no se han realizado traslados a centros de salud.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que se actuará "con toda la contundencia posible y sin descartar nada" contra movimientos de médicos que manifiesten opiniones negacionistas sobre la pandemia de COVID-19.

"Con toda la contundencia posible y sin descartar nada, pone en riesgo vidas", ha respondido Illa en una entrevista en Telemadrid, tras ser preguntado acerca de la plataforma 'Médicos por la Verdad', que difunde bulos sobre las vacunas y cuestiona incluso la utilidad de las mascarillas en el control de la expansión del virus.

"Discutir si fuimos o no a la Luna en un bar quien quiera que lo haga, pero poner en duda que las vacunas han salvado vidas es una irresponsabilidad enorme que no se puede consentir. No hay que tener tonos grises, vamos a actuar con contundencia al respecto", ha esgrimido.

Estas palabras recuerdan a las que pronunció el jueves 29 de octubre en el Pleno del Congreso de los Diputados durante la defensa del nuevo estado de alarma: "Si alguien quiere discutir sobre el terraplanismo y sobre si hemos ido o no a la Luna, esto no mata. Discutir sobre la utilidad de la ciencia en relación a las vacunas mata personas. Ahí hemos de ser implacables desde la ciencia y desde la política".

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) inició el pasado 28 de agosto los trámites de apertura de expediente informativo a 'Médicos por la Verdad' a iniciativa de la Comisión Permanente de la corporación, para que examine "el objeto de dicha organización, lo que representa y sus acciones, por si existe algún comportamiento que vulnere los artículos recogidos en el Código Deontológico".

Esta solicitud está en línea con la de otros colegios de médicos que ya han abierto expedientes a distintos profesionales negacionistas por los mensajes difundidos a la población general en contra de las actuales medidas de prevención y promoción de la salud pública contra el COVID-19, que pueden poner en riesgo la salud de todos los ciudadanos.

Euskadi ha detectado este pasado jueves 1.547 nuevos positivos en coronavirus, lo que supone 86 más que en el día anterior, y un nuevo máximo, aunque baja la tasa de positividad al 9,3%. Además, 74 personas con coronavirus han ingresado en planta y 111 pacientes permanecen en las UCI de los hospitales vascos, los mismos que el día anterior.

Según ha informado el Departamento Vasco de Salud, a lo largo de este pasado jueves se hicieron 16.690 pruebas PCR y de antígenos, por debajo de los 14.668 test diagnósticos realizados el día anterior, de los que 1.547 fueron positivos, frente a los 1.461 de la jornada precedente. De esta forma, la tasa de positividad se ha reducido en siete décimas, del 10% al 9,3%.

Por territorios, Vizcaya ha registrado este pasado jueves el mayor número de positivos, 690 frente a los 621 detectados 24 horas antes. El mayor número de casos se localiza en Bilbao, que suma 168 nuevos positivos en covid (31 menos que ayer) y, según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud indica los municipios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, se mantiene en 'alerta roja' con una tasa de incidencia de 657,78.

En el territorio vizcaíno, Salud también marca en 'rojo' los municipios de Abadiño, Abanto y Zierbena, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Berango, Durango, Erandio, Ermua, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Leioa, Lekeitio, Mungia, Muskiz, Ondarroa, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Trapaga y Zalla, mientras que el semáforo marca en 'naranja', al situarse entre 300 y 499 la tasa de incidencia, los municipios de Bermeo, Derio, Elorrio, Güeñes y Sopela.

Por su parte, Guipúzcoa ha sumado 663 contagios más, por debajo de los 671 del miércoles. San Sebastián acumula 173 nuevos contagios, 14 más que la jornada anterior, y la tasa de incidencia alcanza los 874,75 contagios por 100.000 habitantes.

En el territorio guipuzcoano, además de su capital, 32 municipios más están en 'rojo', al superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (Andoain, Aretxabaleta, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga). Mutriku están en zona 'naranja' y el resto de localidades no sobrepasan los 300 contagios por 100.000 habitantes.

Álava ha detectado 175 casos nuevos, 24 más que el miércoles. Vitoria, que sube de 107 a 138 los nuevos contagios, según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud, se mantiene en 'rojo', con una tasa de incidencia de 545,2. También están en alerta roja Agurain, con dos nuevos positivos y una tasa de incidencia de 679,76, y Llodio, que suma seis positivos en las últimas 24 horas, y presenta una tasa de incidencia de 534,21.

Otros 19 positivos en Covid detectados este pasado jueves corresponden a personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que supone diez más que en la jornada precedente.

AUMENTO DE INCIDENCIA

Con estas cifras, la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en Euskadi en 778,56 con lo que la Comunidad Autónoma Vasca sigue en 'alerta roja' al superar los 500 contagios, y la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es superior a 1, en concreto, 1,24.

Todos los territorios están en 'alerta roja', siendo Guipúzcoa el que mayor tasa de incidencia acumulada presenta, con 1.047,83 positivos por 100.000 habitantes en 14 días, seguido de Vizcaya, con una tasa de 661,24, y Álava, con una tasa de 537,55.

EDADES

Por edades, 576 de los nuevos casos en Euskadi se engloban en el franja entre 40 y 64 años y 406 en la personas de 19 a 39 años. En la población de hasta 18 años se dan 270 casos, en la franja de 65 a 79 años 190 casos y a partir de 80 se han detectado otros 104 positivos.

La mayor tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes corresponde a la población de 19 a 39 años, con una tasa de 902,4, mientras que la menor se da entre la población de 65 a 79 años, con una tasa de 594,1. En concreto, los jóvenes de 17 a 18 años, con 30 nuevos contagios este martes, acumulan la mayor tasa de incidencia, 1.117,6.

El número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, ha subido en las últimas horas hasta situarse para el conjunto de Euskadi en 1,10.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado 74 personas en planta durante la jornada de este pasado jueves, dos menos que el día anterior, y el total de personas que permanecen hospitalizadas en planta asciende a 463, uno más que en la jornada precedente.

En lo que respecta a la situación de las UCI, 111 pacientes con covid permanecen en estas unidades en los centros hospitalarios de Euskadi, los mismos que el miércoles.

El presidente del Partido Popular vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha "humillado" a los profesionales de la hostelería con su anuncio de cierre de los establecimientos y ha instado al jefe del Ejecutivo vasco a ofrecer ayudas, "no migajas" que "hunden más" al sector.

Iturgaiz ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao para valorar lasmedidas anunciadas este jueves por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, para hacer frente al covid-19, entre las que destacan el toque de queda a partir de las 22.00 horas y el cierre de los establecimientos hosteleros.

En este sentido, el también presidente del grupo parlamentario PP+Cs ha denunciado el "enfado, cabreo y rabia" de los profesionales de un sector que, a su juicio, se ha visto "humillado" por las medidas planteadas desde el Gobierno Vasco.

Tras recordar que días atrás el sector planteó al Ejecutivo un plan de rescate de 187 millones de euros, Iturgaiz ha criticado que la respuesta haya sido un aumento en las ayudas de 15 millones, cantidad que ha calificado de "migajas y miserias".

"Se toman medidas que llevan a la ruina del sector al no llevar añadidas un paquete de ayudas que era necesario", ha afirmado, para añadir que tras los meses de marzo y de abril, cuando los hosteleros estuvieron "asfixiados", ahora se encuentran con medidas "insuficientes".

Según ha denunciado, el Lehendakari ha hecho así "oídos sordos" a los planteamientos de la hostelería, que ha respetado las normas a "rajatabla" con inversiones para cumplir la normativa sanitaria impuesta por la pandemia. "Cuando han cumplido con las normas se les cierra a cal y canto y el Gobierno debería haber asumido esos esfuerzos e inversiones", ha defendido.

De este modo, y tras advertir de que el cierre de bares y restaurantes afecta también a transportistas y suministradores, ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo ofrezca ayudas y no "migajas y miserias".

"Entendemos que se tengan que tomar medidas pero no pueden venir de la improvisación... las medidas deberían haber sido consultadas con los profesionales", ha expresado, al tiempo que ha incidido en que muchos se están planteando si van a poder levantar "la persiana" en el futuro.

Asimismo, ha recordado que el pasado martes, en la reunión que mantuvo con el Lehendakari, le ofrecido "un plan de rescate y reactivación" que está "en las antípodas" de lo ofrecido por Urkullu.

MEDIDAS DEL PP

De este modo, entre las medidas que el PP reclama que se apliquen a la hostelería están que los locales hosteleros no paguen impuestos mientras no tengan ingresos, y que se les ayude con el 75% de lo facturado en noviembre del año pasado.

Otras medidas que plantean pasan por ofrecer ayudas para pagar los alquileres e hipotecas en noviembre, y eliminar la burocracia para que las ayudas lleguen "con rapidez". "Que Urkullu reflexione y rectifique. Tiene tiempo, más del que él ha dejado a los hosteleros", ha reclamado.

CRÍTICAS A ABURTO

Por su parte, la presidenta del PP de Vizcaya y portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao, Raquel González, ha criticado que en la presentación del proyecto de Presupuestos de Bilbao, el alcalde, Juan María Aburto, no haya ofrecido este viernes ninguna medida "extra" para el sector hostelero.

"Estaremos muy atentos a los Presupuestos e inversiones que se van a hacer. El alcalde ha anunciado aportaciones a la torre batzoki o torre Vizcaya que es como ellos la llaman. Estaremos muy atentos porque se han consignado ya 26 millones que el PNV ha puesto para el PNV y queremos saber por qué y para qué", ha añadido.

La Consejería de Educación y Cultura va a abonar a los profesionales de las artes escénicas y la música el caché que le corresponde al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes por los espectáculos programados en los distintos municipios dentro de las iniciativas de la Comunidad Autónoma Circuito profesional y el programa 'Noches al raso' del Plan CREA que no se pudieron celebrar ni reprogramar por la pandemia del coronavirus.

Así lo ha trasladado este viernes la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, en la reunión 'online' que mantuvo junto al director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca, con los representantes del sector de las artes escénicas y la música de la Región, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Moreno ha indicado que "hemos propuesto esta medida al sector para paliar las pérdidas sufridas por las actuaciones que no se pudieron celebrar ni reprogramar en los distintos municipios por el coronavirus. Es una acción excepcional a las distintas medidas que hemos puesto en marcha desde el Plan CREA de apoyo a los profesionales de las industrias culturales y creativas para que puedan seguir su actividad, hacer frente a sus gastos y continuar con su actividad".

En concreto, supone una inyección de más de 100.000 euros por la anulación de 31 espectáculos del primer semestre del Circuito profesional de artes escénicas y música y del programa 'Noches al raso' del Plan CREA que fueron suspendidas debido al coronavirus en los distintos municipios de la Región y que no han podido ser reprogramadas ni en el segundo semestre del Circuito profesional ni en la ampliación de 'Noches al raso', la iniciativa que facilitó que volviesen las programaciones culturales en la Región durante el verano.

El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprobaban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del covid-19 del Gobierno de España, establecía indemnizaciones de entre el tres y el seis por ciento por las suspensiones de espectáculos promovidos desde el sector público. Sin embargo, desde el Gobierno regional se ha decidido abonar el 100 por cien de su aportación para los espectáculos programados en escenarios de los municipios dentro del Circuito profesional y 'Noches al raso'.

Los profesionales que se benefician de esta acción y que vieron cancelados espectáculos son Doble K Teatro, Ópera 2001, Teatro Los Claveles, Teatro Silfo, Periferia Teatro, Cía. Pupaclown, Teatro de la ciudad, Cía. UpArte, Barcode, Silbato Producciones, Els Joglars, Teatro de la Entrega, Alquibla Teatro, Pentación Espectáculos, Serena Producciones, Txalo Producciones, LagartoLagarto y Zazurca, Nacho Vilar Producciones, Belter Souls, Barisound, Ribalta Producciones, Emilio Arias Durán, Carver Espectáculos y Teatro de la Entrega.

Esta acción se suma a las distintas medidas adoptadas desde el Gobierno regional de apoyo a las industrias culturales y creativas, como las diseñadas en colaboración con los profesionales dentro de las mesas técnicas del Plan CREA, que suponen poner a disposición de los profesionales tres millones de euros adicionales al presupuesto de Cultura para sus acciones de promoción que siguen en marcha.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha admitido este viernes su "preocupación" ante el plan del Gobierno para combatir las 'fake news' y ha afirmado que el Ejecutivo "no es un ejemplo de transparencia".

"La redacción de la orden ministerial que publica el BOE nos plantea muchas dudas y dilemas; vemos que hay muchos ministerios y departamentos y que todos ellos mezclen la lucha contra la desinformación con la libertad de prensa, algo que nos plantea muchas inquietudes, sobre todo, de cuáles van a ser sus límites", ha indicado a Europa Press el presidente de RSF, Alfonso Armada.

La organización de periodistas aprecia "muchas ambigüedades" en la orden, especialmente porque "este Gobierno no es un ejemplo de transparencia" y en este sentido ha recordado que "el portal de transparencia se encuentra prácticamente inoperante, todavía hay dudas gigantes sobre el número de muertos por Covid-19 y la Ley Mordaza sigue vigente". Asimismo, Armada ha aludido a las dificultades que tienen los profesionales que están cubriendo la crisis migratoria en Canarias para realizar su trabajo.

El presidente de RSF ha reconocido, no obstante, las injerencias externas que han sido denunciadas por Gobiernos europeos en procesos electorales con el "fin de desestabilizar las democracias", pero considera que el plan contra las 'fake news' no evidencia el interés del Ejecutivo en defender "el pluralismo informativo".

"El Gobierno lanza globos sonda a ver cómo reacciona la sociedad, pero es muy preocupante, porque no sabemos qué va a hacer y este es un terreno muy ambiguo", ha indicado Armada. Asimismo, ha recordado que España se encuentra en una situación del Estado de Alarma en la que el Gobierno "escapa al control".

"Todo esto nos hace estar en alerta para evitar que el Gobierno abuse de su poder; el periodismo tiene que hacer de contrapoder y esta iniciativa del Consejo de Seguridad Nacional, en la que están el Secretario de Estado de Comunicación, CNI, policía,.. tiene muchos ingredientes y da lugar a muchas interpretaciones", ha concluido el portavoz de RSF.

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha asegurado ahora que habrá sanitarios presentes en los centros escolares cuando los alumnos y profesores se tomen automuestras para hacer pruebas PCR.

En declaraciones a los medios tras una visita al Institut La Garrotxa de Olot (Girona), el conseller Josep Bargalló ha afirmado este viernes que ese personal "vigilará y velará para que la prueba se haga correctamente".

El titular de Educación ha aseverado: "Siempre hemos valorado que tiene que haber personal sanitario" en las tomas de automuestras, ya que serán los encargados de trasladarlas al centro sanitario para su análisis.

Bargalló ha admitido que "quizá hubo precipitación a la hora de explicar" la medida, que ha provocado rechazo de sindicatos de profesores y asociaciones de familias, críticos con la idea de que los docentes tuvieran que asumir responsabilidades sanitarias.

El conseller ha puntualizado que los profesores "no tocarán las pruebas ni participarán físicamente" de las mismas, más allá de tomarse las muestras a sí mismos, como miembros del grupo burbuja.

Bargalló no ha concretado qué perfil concreto, dentro del ámbito sanitario, será el encargado de velar por la correcta realización de la toma de muestras.

El conseller ha insistido en la motivación de la medida, que, según la Conselleria, es la de liberar equipos para que vuelvan al ámbito sanitario: "No saldremos de la pandemia si no garantizamos que los servicios sociales son capaces de responder; debemos ayudarnos los unos a los otros", ha opinado.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes desde Barcelona que el Grupo Popular presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 porque ponen un "palo en la rueda de la recuperación".

Casado, que se ha reunido con la patronal catalana, ha señalado que las cuentas del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos siguen "la misma receta de siempre" y conllevan "desempleo, deuda, déficit y despilfarro", al tiempo que "disparan los impuestos". A su entender, es "justo lo contrario a lo que hay que hacer".

Este viernes a las 14 horas termina el plazo para registrar en el Congreso enmiendas de totalidad contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Eso sí, el Gobierno de coalición ya se ha asegurado una mayoría suficiente para derrotarlas en el Pleno de la próxima semana, primer examen parlamentario a las cuentas.

La votación de esas enmiendas está prevista para el próximo jueves, 12 de noviembre, pero el Gobierno no necesita mayorías cualificadas y le basta con sumar votos suficientes para rechazar los apoyos a las enmiendas a la totalidad que se presenten, que se votan de una tacada ya que todas persiguen lo mismo: la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por un consumidor que se había subrogado en un préstamo concedido para la financiación de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO) ligado al índice IRPH al determinar que no existió abusividad.

Este recurso fue deliberado en el Pleno del Tribunal Supremo el pasado 21 de octubre, pero no formaba parte del grupo de los cuatro recursos cuyo fallo fue adelantado, ya que al versar sobre una vivienda de protección oficial presentaba un perfil diferente.

El prestatario solicitó la nulidad de la cláusula IRPH especificada en la escritura por considerar que no cumplía los parámetros de control de transparencia, una pretensión que fue desestimada en primera y segunda instancia y que ha vuelto a ser desestimada por el Pleno del Tribunal Supremo de forma unánime.

Para justificar la falta de transparencia, el demandante alegó que no fue advertido de la posibilidad de obtener una financiación distinta a la contratada.

El Supremo ha aplicado su propia jurisprudencia y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual la transparencia de las cláusulas que definen el objeto del contrato está vinculada con la información que permite al consumidor prever la carga jurídica y económica del contrato, pero no supone que la entidad bancaria tenga una obligación de asesoramiento sobre las distintas posibilidades de financiación.

En este caso, la escritura de compraventa y subrogación especificaba que el tipo de interés era el resultante de añadir 0,10 puntos al interés establecido en el real decreto 801/2005, de 1 de julio, para los préstamos hipotecarios cuyo objeto fuese financiar viviendas de protección oficial, que se calculaba sobre el índice IRPH-Entidades.

Debido a que la financiación contratada estaba establecida en una norma reglamentaria, cuyo tipo de interés había sido revisado periódicamente desde 2005 por sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros, publicados en el BOE, el Tribunal Supremo ha concluido que el consumidor tenía a su disposición información suficiente sobre los elementos que configuraban la financiación que contrataba.

Además, el Supremo ha apuntado que, en el caso de que la falta de información directa por parte del banco sobre la evolución del índice de referencia en los dos años anteriores pudiera considerarse como determinante de la falta de transparencia de la cláusula, ello no determinaría necesariamente la nulidad de la cláusula, sino que posibilitaría valorar si es abusiva.

Al realizar dicho juicio de abusividad de acuerdo con los parámetros del Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal Supremo ha concluido que el ofrecimiento al consumidor de un préstamo sometido al sistema de financiación previsto para las viviendas de protección oficial en su normativa reguladora no puede considerarse como una actuación del predisponente contraria a las exigencias de la buena fe, por lo que ha desestimado el recurso.

El subsecretario del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio José Hidalgo López, ha pedido este viernes que no se "demonice" a las personas que trabajan como cargos de confianza en Moncloa, entre ellas quienes ejercen labores de asesoría, y ha negado que el Ejecutivo sea "una agencia de colocación" de "amigos" y que el complejo gubernamental esté plagado de "enchufados" y "pelotas".

Así lo ha asegurado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso en respuesta a las críticas vertidas por Vox y el PP al incremento de ciertas partidas presupuestarias de Presidencia del Gobierno.

Hidalgo ha replicado al diputado de Vox José María Sánchez García que no iba a responder a sus "insultos", pero que no es de recibo descalificar al personal eventual de Moncloa tachándoles de "pelotas paniaguados y aprovechados".

ESTO YA NO ES COMO CON SUÁREZ

El subsecretario ha admitido que "no puede negarse que ha habido un incremento" en el personal del área directamente vinculada a Presidencia del Gobierno, pero ha subrayado que "la política ha cambiado mucho" desde los tiempos de Adolfo Suárez y que ahora "no existe el mismo nivel de tecnificación ni de presión mediática ni del Parlamento" que entonces.

"El número de preguntas escritas ha igualado ya el de una legislatura completa", ha comentado Hidalgo para justificar que Presidencia necesita contar con una estructura que permita responder a estas demandas y recordando que el personal de confianza para el asesoramiento político está presente en mayor o menor medida en todas las administraciones.

"De esos enchufados unos 200 son realmente habilidosos porque son siempre los mismos", ha incidido haciendo referencia a personal que, aunque eventual, acumulan muchos años de servicio en Moncloa en labores por ejemplo de informática o comunicación.

Vox también ha criticado que en 2021 suban las partidas para locomoción, sobre todo, ha dicho, teniendo en cuenta que el presupuesto para el Falcon que utiliza Pedro Sánchez se consignan al Presupuesto de Defensa por tratarse de un avión del Ejército del Aire.

Hidalgo ha explicado que los gatos para locomoción y dietas se incrementan por la agenda internacional del jefe del Ejecutivo. "Cada uno es muy libre de establecer sus prioridades y la agenda internacional activa del presidente Sánchez nos beneficia a todos", ha enfatizado, recalcando que hay que abonar la dietas a las personas que le acompañan en sus desplazamientos para ejercer funciones de seguridad o de otro tipo.

LA PROPAGANDA Y LOS 'ALÓ PRESIDENTE'

El PP, Vox y Ciudadanos también han denunciado el incremento de las partidas destinadas la cobertura informativa, la "propaganda" y los "Aló presidente", como han definido las ruedas de prensa que Sánchez ofrece desde Moncloa el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, y la 'popular' Edurne Uriarte.

Hidalgo ha explicado que el presupuesto para el programa de cobertura informativa se ha incrementado como consecuencia de la "irrupción" de la tecnología digital y la "inmediatez con la que hay que responder a las demandas de información de la sociedad.

Sin embargo, ha precisado que buena parte de ese incremento se debe a que hay que abonar una serie de retribuciones a la Agencia EFE para que pueda seguir prestando el servicio público que presta, por ejemplo, manteniendo ciertas corresponsalías aunque no sean rentables.

En cualquier caso, el subsecretario ha hecho hincapié en que el Presupuesto de Presidencia es "contenido" y sus 262 millones de euros sólo supone un 0,24% del total de la cuentas del Estado para el año que viene.