El Tribunal de Cuentas ha comunicado al Congreso y al Senado que deben abrir el proceso de renovación de sus consejeros, ya que fueron elegidos en julio de 2012 y quedan poco meses para que concluya su mandato.

La institución fiscalizadora se suma así a la lista de órganos que las Cortes Generales tienen pendiente de renovación y que, dadas las mayorías exigidas, requieren un entendimiento entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición.

El PSOE y Unidas Podemos ya cerraron un acuerdo con el PP y con el PNV para la renovación del Consejo de RTVE e incluso hubo negociaciones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también hay otras instituciones cuyo mandato ha caducado, como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.

El escrito del Tribunal de Cuentas, remitido tanto al Congreso como al Senado, cumple con la legislación, que determina que, cuatro antes de que expire el plazo de los nombramientos de los consejeros, la presidencia del tribunal debe avisar a las Cortes para iniciar el procedimiento de renovación.

EL MANDATO ACABA EN JULIO

La legislación establece que los 12 consejeros que conforman el tribunal deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.

La presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato de 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución y ahora el puesto lo ocupa María José de la Fuente y de la Calle.

La institución que lleva más tiempo pendiente de renovación el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO, LA RENOVACIÓN MÁS ATRASADA

La tradición es que el titular sea una persona de consenso y que el primer partido de la oposición proponga al primer adjunto. De hecho, Marugán fue propuesto por el PSOE como adjunto de Soledad Becerril, la defensora que promovió el PP cuando gobernaba.

Para este puesto han sonado los nombres de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que ahora está enfrascado en las elecciones autonómicas.

Pero donde han encalado las negociaciones es al renovar al CGPJ, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados). El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, el PP y el PSOE llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del 'popular' Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".

El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces surgidos de un proceso de selección en la carrera judicial donde los precandidatos deben recabar avales de sus compañeros o de las asociaciones judiciales, aunque al final la última palabra la tienen los partidos. Los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria promovidos por los grupos parlamentarios.

EL CGPJ, PENDIENTE DE 2018 Y EL TC DESDE 2019

La mitad de los 20 vocales se vota en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara. Y después esos consejeros eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo y que habitualmente ha sido pactado por los grandes partidos.

También está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. El presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento, que también exige un acuerdo amplio puesto que se necesita un apoyo de 210 diputados.

La Constitución establece que de los doce miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.

Además, desde julio de 2019 está pendiente de renovar también la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración. La actual directora es Mar España Martí, elegida en tiempos del Gobierno Rajoy.

Las llegadas en patera de migrantes a España alcanzaron en 2020 las 40.106, más de la mitad de ellas (23.023) a Canarias, lo que supone la segunda mayor cifra contabilizada en los últimos veinte años, según los datos registrados por el Ministerio del Interior.

Por el contrario, las 1.755 entradas al país de forma irregular registradas en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, sitúan a 2020 entre los cinco años con menor número de llegadas por esta vía.

La pandemia ha marcado las cifras del año pasado en todas las estadísticas, incluidas las que recogen las cifras de inmigración irregular en el país. De hecho, los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020 han registrado un aumento considerable en este registro, llegándose a hablar de una crisis similar a la de 2006, conocida como la 'crisis de los cayucos'.

MÁS QUE DURANTE LA 'CRISIS DE LOS CAYUCOS'

Entonces, se contabilizaron 39.180 llegas a España por vía marítima, 926 menos que los contabilizados en 2020. La cifra recogida el año pasado, los sitúa como el segundo en el ranking de años con más entradas por esta vía, sólo por detrás de 2018, cuando se contabilizaron 57.498 y, por delante del ya mencionado 2006.

Estos tres años se sitúan a mucha diferencia de los siguientes que, por cifra, continúan con este ranking de los últimos veinte años, y que son: 2019 (26.168), 2017 (21.971), 2003 (19.176) y 2001 (18.571). Las cifras más bajas de esta serie se contabilizaron en 2013 (3.237), 2010 (3.632) y 2012 (3.804).

BAJAN LAS ENTRADAS TERRESTRES

Y, mientras las llegadas por mar sitúan a 2020 en los más alto de la clasificación, la entrada de inmigrantes de forma ilegal a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, colocan a 2020 entre los años en los que menos llegadas se han contabilizado por esta vía.

En total, el año pasado llegaron a España a través de las vallas de las dos ciudades autónomas 1.755 migrantes, frente a los más de 6.000 que se habían contabilizado un año antes.

En este caso, las cifras más altas se registraron en los años 2015 y 2014, cuando se registraron 11.624 y 7.485 personas, respectivamente. Le siguen 2018 (6.800) y 2019 (6.345). En este caso, los años en los que menos entradas terrestres se contabilizaron fueron 2009 (1.108), 2016 (1.109), 2007 (1.553), 2010 (1.567) y 2020 (1.755).

La Comunidad de Madrid aplicará restricciones de entrada y salida, salvo en los casos justificados, en 17 zonas básicas de salud (ZBS) y cinco localidades desde este lunes, extendiendo a siete zonas básicas de salud y una localidad las medidas especiales por alta incidencia y levantándolas en una zona básica y seis localidades.

Estas demarcaciones suman una población de 427.809 ciudadanos, el 6,48% del total de la región, y concentran el 9,18% de los casos de los últimos 14 días.

A partir de las 00.00 horas del lunes 12 de abril y hasta las 00.00 horas del lunes 26 de abril quedarán restringidas las zonas básicas de salud de Villanueva del Pardillo; las zonas de La Princesa y Barcelona, en Móstoles; en Madrid capital las de Villa de Vallecas (distrito de Puente de Vallecas), Quinta de los Molinos (distrito de San Blas-Canillejas), Barajas (distrito de Barajas) y Silvano (en el distrito de Hortaleza); así como en el municipio de Manzanares El Real.

Además, se mantienen las restricciones de movilidad una semana más, es decir hasta las 00.00 horas del lunes 19 de abril, las zonas básicas de salud de Las Margaritas, en Getafe; San Fernando, en San Fernando de Henares; en Madrid capital las de Alameda de Osuna (distrito de Barajas), Rejas (San BlasCanillejas), Chopera (Arganzuela); Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo); Vicálvaro-Artilleros y Valdebernardo (Vicálvaro); Valle de la Oliva (Majadahonda) y la zona básica de Villaviciosa de Odón.

También quedarán limitadas durante una semana más las entradas y salidas, salvo por causas justificadas, en las localidades de La Cabrera, Moralzarzal, Colmenarejo y Paracuellos de Jarama.

Por otro lado, se levantan las limitaciones de entrada y salida en la zona básica de Núñez Morgado (distrito de Chamartín), en Madrid capital, y en las localidades de Chapinería, Torrejón de Velasco, Villanueva de la Cañada, Navacerrada, Navas del Rey y Santos de la Humosa.

EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA

La Dirección General de Salud Pública establece, según la evolución epidemiológica de la región, los criterios para las limitaciones en estos núcleos de población en un umbral superior a 400 casos por 100.000 habitantes a 14 días, tendencia creciente y transmisión comunitaria.

Asimismo, la Comunidad de Madrid prorrogará durante 14 días más el toque de queda desde las 23.00 horas hasta las 06.00 horas y la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas (mayores, dependientes, menores de edad o personas vulnerables). En este sentido, la Consejería de Sanidad recuerda que el 80% de los contagios de Covid-19 se produce en el ámbito familiar y domiciliario.

También se mantiene la hora de cierre máxima para bares y restaurantes a las 23.00 horas, quedando prohibida la entrada de nuevos comensales después de las 22.00 horas.

Igualmente, sigue siendo obligatorio asegurar la ventilación adecuada y permanente de los establecimientos; separación entre los grupos de mesas; que el número de comensales en las terrazas sea de un máximo de seis personas por mesa, y de cuatro en el interior de los establecimientos, y continúa prohibido el consumo en barra.

Se mantiene además la obligación del uso de mascarilla de forma continuada, tanto en el interior como en terrazas, excepto en el momento concreto de la ingesta de bebida o comida.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remitido el Anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) a los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional y de las secciones de apelación penal de los tribunales superiores de justicia, para que puedan analizarlo y realizar observaciones al texto a lo largo de este mes de abril.

Así lo han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que actúa de forma similar a como lo hizo el pasado mes de febrero la fiscal general del Estado, Dolroes Delgado, al remitir una carta a todos los fiscales que integran la Carrera para proponer "el análisis conjunto" del nuevo texto.

Ambos movimientos son anteriores a los informes preceptivos, aunque no vinculantes, que tanto el Consejo Fiscal como el CGPJ deben realizar al texto de la Ley, que supone darle una vuelta completa al proceso penal en España para acercarlo al que realizan casi todos los países de nuestro entorno.

La gran novedad que plantea el borrador de la LeCrim es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor. Los fiscales serán ahora quienes dirijan la investigación con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.

Las asociaciones de jueces y fiscales no consideran problemático el cambio de modelo, ya que la instrucción fiscal está extendida en los países democráticos, pero creen que debe llevar aparejada una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar de mayor autonomía a los nuevos instructores y reclaman más recursos materiales y humanos para abordar una transformación de tal envergadura.

PUNTOS POLÉMICOS

Cuestión más controvertida es que la nueva LeCrim, tal y como está planteada en estos momentos, otorga también al Ministerio Público el control de la información que trasciende sobre los procesos penales en fase de instrucción, para limitarla a "lo esencial desde el punto de vista del interés informativo" y evitar así un "grave atentado" a la presunción de inocencia.

Otro punto polémico es la nueva configuración de la acusación popular, que ya no podrán ejercerla las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos. Respecto a los dos últimos, se pretende evitar una instrumentalización del proceso penal, un riesgo que se deriva de su intervención activa en el debate político.

Además, la nueva LeCrim establecerá un elenco de delitos que resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal, como puede ser el caso de las infracciones que protegen intereses difusos o de los delitos de corrupción política.

Otra de las novedades es la introducción del término "encausada" como denominación genérica de la persona sometida al procedimiento en cualquiera de sus fases, aunque podrá hablarse de investigada cuando sea la sometida a investigación, acusada como aquella frente a la que se ha ejercido la acción penal y finalmente la condenada o penada.

Se crea también un "estatuto de la persona encausada", encabezado con el deber de objetividad que alcanza a todas las autoridades que intervienen en el procedimiento penal, y que recoge los derechos del encausado a conocer los cargos y la acusación, a acceder a las actuaciones --salvo declaración de secreto-- y a participar activamente en el proceso.

El Anteproyecto crea además una segunda forma de detención preventiva "más leve", con una duración máxima de 24 horas frente las 72 actuales, destinada a facilitar las actuaciones procesales que requieran la presencia del arrestado, así como una figura policial encargada de velar por el respeto a los derechos de la persona detenida.

Los miembros del Congreso que publican su agenda institucional en la web de la Cámara no llegan ni al 10% de los 350 que la integran, lo que implica que más del 90% del hemiciclo incumple este punto del Código de Conducta de las Cortes Generales que acaba de cumplir seis meses en vigor.

Además, ni siquiera los diputados que adjuntan su agenda institucional a su ficha parlamentaria dan cuenta en la misma de sus eventuales reuniones con grupos de interés, otro de los preceptos que recoge el citado código aprobado el pasado mes de octubre por las Mesas del Congreso y el Senado.

En concreto, el artículo 6 del código establece que "los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".

El documento especifica qué debe considerarse grupo de interés mientras no se produzca la reforma de los Reglamentos del Congreso y el Senado para regular esta figura.

Así, detalla que han de considerarse como lobbies o lobistas"aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor deintereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas".

SÓLO 34 CUELGAN LA AGENDA

Según los datos recopilados, un total de 34 diputados publican sus agendas institucionales en la web, pero en ella sólo se da cuenta de sus actividades parlamentarias, es decir de las reuniones del Pleno, las comisiones o las ponencias de las que forman parte.

La excepción es la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que también incluye en su agenda institucional las citas que mantiene con representantes de distintos colectivos sociales, embajadores, representantes de otras instituciones, etc.

Por su parte, el diputado socialista Odón Elorza, responsable de Transparencia del PSOE y vocal del Congreso en la Comisión de Transparencia, sí informa en su página web personal de las gestiones que realiza sobre distintos asuntos y de las reuniones o contactos telefónicos que mantiene para ello.

Por partidos, de los 34 que tienen en su ficha virtual un epígrafe con la palabra 'agenda' 13 son del PSOE, seis del PP, otros seis de Vox y dos de Unidas Podemos. También lo hacen cuatro de ERC y dos del PDeCAT --que proporcionalmente son los que tienen un porcentaje de cumplidores más alto--, así como uno de los cinco diputados de Bildu.

APAGÓN EN 13 PARTIDOS

Eso sí, desde esas 'agendas' sólo se puede consultar a qué citas parlamentarias va a acudir la persona en cuestión. Además, en dos casos (un diputado de ERC y una del PP) el enlace ni siquiera lleva a esa información y, además, la que consta no está actualizada.

En Ciudadanos, PNV, Junts, Más País, Unión del Pueblo Navarro o la CUP nadie informa de su agenda en la web institucional y tampoco lo hacen los representantes Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias, el BNG, el Partido Regionalista de Cantabria, o Teruel Existe.

Lo que sí hace la mayoría de partidos políticos es informar diariamente a los medios de comunicación de las actividades de sus diputados tanto dentro como fuera del Congreso, aunque no todos detallan las reuniones que mantienen con colectivos varios, tengan o no cobertura informativa.

ALGO EN LAS WEBS DE LOS PARTIDOS

El PSOE lo hace en su página web, en la que, de hecho, recoge su "apuesta por las agendas públicas". Publican diariamente las agendas de los miembros de la Ejecutiva e informan de que, han iniciado un proceso de "apertura de las agendas individuales" de sus representantes en las instituciones para dar a conocer con qué lobbies y colectivos se reúnen, de manera que "la ciudadanía ejerza un control cívico" de su nuestra gestión.

El PP también da cuenta de las agendas de sus dirigentes en su web, incluidas las reuniones con grupos de interés, pero el apartado 'agenda' de web específica del Grupo Popular en el Congreso no funciona correctamente, ya que ni siquiera se recoge la actividad parlamentaria.

Unidas Podemos informa a la prensa de sus convocatorias, pero no tiene una agenda específica en su web, en la que sí cuelga las intervenciones de sus dirigentes, pero no de los miembros del Grupo Parlamentario.

También da cuenta a la prensa de sus intervenciones en medios y de su agenda parlamentaria el Grupo Parlamentario de Vox, que, sin embargo no anuncia sus convocatorias con anticipación en el apartado específico que tienen sus 52 diputados en la web del partido.

La agenda de los dirigentes de Ciudadanos también están en la web de la formación. Aunque informan de algunas reuniones con colectivos, la mayor parte de los apuntes corresponden a intervenciones ante medios de comunicación y, además, no incluyen las de los miembros del Congreso que no son dirigentes de la formación.

El PP y Vox van a llevar la campaña electoral de Madrid al Pleno del Congreso de esta semana y para ello defenderán sendas iniciativas que buscan censurar al exvicepresidente Pablo Iglesias, ahora candidato de Unidas Podemos a la Asamblea regional. Los 'populares'quieren que se le reprenda por aquellas declaraciones en las que cuestionaba la plena normalidad de la democracia española por el encarcelamiento del rapero conocido como 'Pablo Hasél', y Vox pide su reprobación por "abandonar" a los mayores durante la pandemia.

El primer texto que se debatirá, el martes, será la proposición no de ley del PP sobre los actos violentos que se registraron en las manifestaciones convocadas en distintas ciudades españolas las semanas posteriores a la entrada en prisión de Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, entre otros delitos.

En dichas concentraciones, según relatan, diversos manifestantes lanzaron piedras, botellas y otros objetos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, realizaron barricadas con contenedores y material de obra y pintadas, quemaron contenedores, vehículos y saquearon comercios.

En su texto, el PP condena esta violencia callejera y los discursos de odio sufridos en redes sociales por los portavoces de partidos políticos, representantes de los ciudadanos o ciudadanos anónimos que reprobaron estas protestas violentas o trasladaron su apoyo a los distintos cuerpos policiales.

EXCLUIR A QUIEN NO RECHAZA LA VIOLENCIA CON CONTUNDENCIA

El partido que lidera Pablo Casado sostiene que la incitación a la violencia y los discursos de odio "no tienen cabida" en la legalidad constitucional e internacional, ni en una sociedad respetuosa con los valores democráticos, "por lo que deben quedar fuera de las instituciones, así como quien los alienten y no los rechacen con contundencia".

En consecuencia, el PP insta al Gobierno a condenar de manera "firme y expresa" los mensajes de apoyo a los violentos efectuados por miembros del Gobierno y las declaraciones que "ponen en duda" que España sea una democracia plena.

Y, aunque no cita a nadie en concreto, los 'populares' se refieren al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que entonces era vicepresidente segundo del Ejecutivo y que aseveró que "en España no hay una plena normalidad democrática".

Casi dos meses después, Iglesias ya no forma parte del Gobierno y tampoco es diputado del Congreso, ya que está inmerso en la campaña electoral. Además, ya no hay protestas en las calles de Cataluña por el encarcelamiento de Hasél, sino que los últimos incidentes callejeros se han producido en el barrio madrileño de Vallecas en un mitin de Vox que intentó boicotear un grupo de autodenominados antifascistas.

AHORA ES VALLECAS

Precisamente esta semana la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, denunció los mensajes de ministros de Unidas Podemos contra Vox y en favor de las protestas ciudadanas, como Irene Montero (Igualdad). Alberto Garzón (Consumo) o Ione Belarra (Asuntos Sociales). "¿Puedes estar en el Gobierno de España si no condenas la violencia? Ni un segundo --escribió Gamarra en Twitter--. Sánchez considera que sí. Degradando nuestra democracia".

Además, con su iniciativa, el PP también pretende que el Ejecutivo apoye y defienda la labor que realizan todos los días la Policías y Guardia Civil, así como las policías autonómicas y locales, y que incremente los medios de prevención y lucha contra el pillaje a los comercios, la destrucción del mobiliario urbano y los discursos de odio.

Por último, además de pedirle que convoque de urgencia la Junta de Seguridad de Cataluña, donde se registraron en mayor medida los disturbios y la violencia, el PP también emplaza al Gobierno a defender el honor de las instituciones públicas y los pilares del Estado de Derecho.

A finales del pasado febrero, el PP ya intentó que el Congreso diera lectura a una declaración institucional de condena de los actos violentos registrados en las protestas por 'Pablo Hasél', lo cual requería la unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Sin embargo, Unidas Podemos se opuso alegando que el texto sugerido por los 'populares' iba "contra el Gobierno" y no contra los disturbios, por lo que la iniciativa decayó.

INHIBICIÓN DE SU RESPONSABILIDAD

Por su parte, Vox defenderá una moción que registró a finales de marzo, tras interpelar a Iglesias por su gestión durante la pandemia en el que fue su último Pleno del Congreso. Ahora los de Santiago Abascal van a intentar que se repruebe al líder de Podemos por "su absoluta inhibición en la responsabilidad que tenía a su cargo de las personas mayores" durante su etapa como vicepresidente segundo del Gobierno y que, además, la Cámara condene expresamente el "abandono" en la que, según está formación, dejó a este colectivo.

En su iniciativa, Vox plantea que el Congreso inste al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para evitar que cese la "vulneración" de varios derechos constitucionales de este colectivo. En concreto, demanda que se actúe para garantizar su derecho a la vida, la salud, la no discriminación por razón de edad o su circunstancia vital, así como que puedan acceder a un sistema asistencial adecuado, incluida la atención hospitalaria.

En este contexto, piden un plan integral de prevención y control frente al Covid en residencias y otros servicios asistenciales de carácter asistencial que incluya que se les dote de los kits de diagnóstico necesario, garantías para la seguridad de los trabajadores, la inspección de cada una de las residencias para garantizar que se cumplen las necesarias condiciones de cuidado y atención, y su desinfección en profundidad.

UCIS EN CUALQUIER PUNTO DE ESPAÑA

Exigen, asimismo, que se establezca un protocolo para actuar ante posibles rebrotes, que incluya el traslado a centros hospitalarios y su acceso a UCIS en cualquier punto del territorio nacional, y que se fije un sistema de información y comunicación recíproca entre la administración sanitaria del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

Más, allá de lo relativo a la residencias, Vox plantea que se avance hacia un servicio de atención primaria "de calidad y seguro" con protocolos 'libres de Covid' que impliquen circuitos limpios y específicos para que las personas mayores, vulnerables o con discapacidad cuenten con todas las garantías de una atención sanitaria, universal y personalizada, con seguridad y eficiencia.

Vox también solicita, en el último punto de su moción, que se lleve a cabo una "inmediata y eficaz ejecución del proceso de vacunación, siempre con carácter voluntario".

Al menos tres comunidades autónomas --Murcia, Andalucía y Madrid-- podrían acabar implantando el 'pin parental' a instancias de Vox, aunque la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ya ha avanzado en el caso de una de ellas --Murcia--, que recurrirá de nuevo la medida si llega a aplicarse.

El 'pin parental' ha regresado a la actualidad nacional tras el nombramiento de la nueva consejera de Educación y Cultura en la Región de Murcia, Mabel Campuzano, de Vox. Campuzano anunció hace unos días que trabajará para imponer dicha medida el próximo curso.

Se trata de uno de los puntos más significativos del programa electoral de Vox en 2019 y una medida exigida reiteradamente para apoyar gobiernos del PP: "Consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales" de sus hijos en los centros educativos.

La formación que lidera Santiago Abascal defiende que el veto de los padres se aplica para "defender" a los menores del "adoctrinamiento" en una determinada ideología, ya que las actividades para las que se pide el consentimiento de los progenitores pueden versar sobre feminismo, sexualidad o LGTBI, temas que rechaza este partido.

Tras las elecciones en la Región de Murcia, en mayo de 2019, Vox condicionó su apoyo al gobierno a la implantación de varias medidas, entre las que se encontraba el 'pin parental'. Se puso en marcha en esta comunidad en el curso escolar 2019-2020, tras el envío de dos Instrucciones en agosto por parte de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura a los centros de enseñanza.

En esas instrucciones se planteaba que "aquellas (actividades) que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo se dará conocimiento a las familias (...) al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades". En resumen, los padres, madres o tutores legales pueden mostrar su rechazo a que el menor realice una actividad complementaria, pero también plantea que si no entregan en el centro educativo el documento con el permiso explícito, "se entenderá que muestran disconformidad con la participación del menor en tales actividades".

En febrero de 2019, el Ministerio de Educación y FP interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) contra la medida. A mediados de marzo, el TSJMU acordó suspender, de manera cautelar y mientras durara la tramitación del recurso, la ejecución de las dos instrucciones. Y en julio, el Tribunal archivó el recurso por "pérdida sobrevenida de objeto", al haber concluido el curso académico.

El 'pin parental' ha vuelto a ser de actualidad hace unas semanas, cuando el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, necesitó los votos favorables de tres diputados autonómicos expulsados de Vox para tumbar la moción de censura presentada por PSOE y Cs. La nueva consejera de Educación, Mabel Campuzano, ya ha anunciado que trabajará para imponer la medida el próximo curso. Isabel Celaá, la ministra de Educación y FP, ya ha salido al paso para anunciar que recurrirán de nuevo la medida si se impone.

En situación similar se encuentra Andalucía, donde el 'pin parental' también fue una de las exigencias de Vox para dar su apoyo al PP, pero nunca se llegó a implantar. En febrero de este año, la Junta y Vox acordaron impulsar "un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española".

Sin embargo, los de Abascal no quedaron contentos con este compromiso y poco después amenazaron con dejar de dar su apoyo a la Junta hasta que no se implante el 'pin parental'. Esta petición ha dado lugar a la celebración en marzo y abril de reuniones para abordar el asunto, por lo que en esta comunidad, el 'pin parental' está actualmente en negociación.

'HÍBRIDOS' DEL 'PIN PARENTAL: EL CASO DE MADRID

En el caso de Madrid, el PP siempre ha rechazado el 'pin parental' que imponía Vox. El debate sobre esta medida ya fue planteada al inicio de la legislatura en la Comunidad, pero finalmente Vox desistió de exigirlo para el acuerdo.

A pesar de ello, la Consejería de Educación mandó unas instrucciones a los centros para que, antes del proceso de admisión, se difunda en la web de éstos el proyecto educativo del centro, el reglamento interno y las normas de convivencia y los programas educativos, "incluyendo las actividades complementarias y extraescolares".

Sin embargo, no es la medida exigida por Vox, que de nuevo insistió en la implantación del 'pin parental' en la negociación para apoyar los últimos presupuestos de la región. Aunque Ayuso lo descartó en un primer momento, posteriormente coincidió con los de Abascal en que las familias tengan más información. Poco después, el pasado 10 de marzo, la presidenta convocó elecciones y la actual presidenta no ha descartado formar un gobierno con Vox, una posibilidad en la que es probable que se vuelva a plantear la implantación del 'pin parental'.

OTRAS CCAA DEL PP, PERO SIN 'PIN': GALICIA Y CYL

En Galicia, Vox recuperó el 'pin parental' en las elecciones gallegas del verano de 2020 como exigencia para apoyar un posible gobierno del PP en caso de ser clave. Sin embargo, Alberto Núñez Feijoó ganó holgadamente las elecciones, consiguiendo mayoría absoluta.

En Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, descartó el 'pin parental' en enero de 2020 y al mes siguiente las Cortes también lo rechazaron con la única oposición de Vox. Tampoco es decisivo el apoyo de Vox ahora que una procuradora de Cs abandonará el partido tras la fallida moción de censura por lo que, de momento, el debate no está sobre la mesa.

QUÉ OPINA EL GOBIERNO

Desde el Gobierno, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha reiterado en varias ocasiones que los hijos "no son mercancías" ni "propiedad de nadie", subrayando que "los padres son custodios pero no propietarios". De hecho, llegó a afirmar que se trataba de una "objeción de conciencia encubierta" y tildó la iniciativa de "censura".

El Ministerio entiende que el 'pin parental' "vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado", pero también la competencia que tienen atribuida los centros para tomar decisiones curriculares.

Además, desde el Gobierno defienden que esta medida con la que suele estar a favor la derecha, vulnera tratados internacionales suscritos por España como es el caso de la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.

El tema ha suscitado tanto interés que hasta UNICEF se ha pronunciado, recordando que "las actividades complementarias tienen por objeto enriquecer el currículo, como mecanismo con el que cuentan los centros educativos dentro de su competencia" y que "son obligatorias y evaluables", ya que se celebran en horario escolar y con el profesorado presente.

UNICEF recuerda también que, según la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), "cualquier controversia entre derechos" (por ejemplo, el derecho a la educación y de libertad de enseñanza frente al derecho de libertad de las familias para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones) deberá, por tanto, "ser dirimida siguiendo el principio del interés superior del niño". Y, en este sentido, advierte de que los niños, según la CDN, son considerados "sujetos de derecho" y no "meros objetos de protección".

El juez que investiga los presuntos trabajos ilícitos del comisario José Manuel Villarejo para el BBVA tomará declaración este miércoles 14 de abril en calidad de testigos a los empresarios Luis del Rivero (exCEO de Sacyr) y a los que fueran directivos de la entidad José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito Francés. Los tres testificarán en calidad de perjudicados por el espionaje.

Ese mismo día prestará declaración como investigado Constancio Riaño, quien fuera jefe de la Sección Operativa en la Comisaría General de Información (CGI), al que el juez imputa un presunto delito de revelación de secretos en el marco de esta pieza separada número 9 de 'Tándem'. La declaración de este inspector se ha pospuesto hasta dos veces, la última porque coincidía con un acto de conciliación entre Villarejo y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato previsto para el 13 de abril.

En la providencia con fecha de 29 de marzo, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 Joaquín Gadea indica que con esta citación se responde a la petición de declarar de los tres perjudicados de manera voluntaria.

Riaño ya confirmó en 2019 en la Audiencia Nacional que proporcionaba datos privados de terceros al 'clan' del comisario Villarejo por orden del entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el también investigado en la causa Enrique García Castaño. En concreto declaró por esas búsquedas en bases policiales al margen del cauce oficial y para el encargo del bufete de abogados Herrero y Asociados --pieza número 2 de la macrocausa denominada 'Iron'--.

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción solicita para este ex inspector de Policía Nacional 50 años de prisión por su implicación en 'Iron'. Así, será juzgado junto a Villarejo y otros encausados a partir del 13 de octubre en la vista oral que acumula tres piezas separadas (Iron, Land y Pintor).

LOS POLICÍAS NO SABÍAN QUE TRABAJABAN PARA VILLAREJO

Cabe recordar que el pasado 11 de marzo declararon hasta cuatro mandos policiales ya, investigados también por su supuesta participación en hechos constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y delitos de cohecho. Todos coincidieron en afirmar que no sabían que la información que extraían de programas policiales iba destinada al comisario Villarejo.

Según fuentes jurídicas presentes en su declaración, sostuvieron que ellos sólo extraían información que les demandaban sus superiores por escrito, y que esas órdenes no eran verbales. Apuntaron que pensaban que se trataba de asuntos normales de la Policía.

En un auto con fecha de 22 de febrero el magistrado que investiga los contratos del BBVA con el comisario jubilado imputaba a estos policías, un inspector jefe, un subinspector y dos oficiales. A la par, ordenaba a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que aportara la identificación de la persona que desde una concreta dirección IP ubicada en la Comisaría General de Información (CGI) en marzo de 2015 realizó una consulta sobre personas de interés policial con el dato 'Smolnikov' en los ficheros y aplicaciones Argos, Atlas Sidenpol y Objetos.

El magistrado recordaba que en los encargos realizados por el comisario se llevaron a cabo injerencias en los derechos fundamentales de determinadas personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos o acceso a cuentas bancarias. Subrayaba que los informes que entregó Villarejo a BBVA incorporaban "una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales".

El juicio por el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja 'b' del partido se retomará este lunes 12 de abril después de que se suspendieran las sesiones previstas para el 6 y el 7 de abril por la vacunación contra la Covid-19 del presidente de la Sala. Así, el calendario fija para ese día las testificales del marido de la exministra María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y del empresario Luis Gálvez, que declararán por videoconferencia.

Quien no acudirá finalmente como testigo será el líder de la Gürtel Francisco Correa dado que las partes han renunciado a su testifical. En la providencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que reordenó nuevamente el calendario de sesiones, planifica para este lunes escuchar a más testigos, después de que pasaran ante el tribunal los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y exministros como Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes o la propia Cospedal.

De esta forma, el lunes 12, además de los ya citados, pasaran por la sede de San Fernando de Henares otras seis personas, entre los que están los periodistas que tuvieron conocimiento de una grabación en la se hablaba del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy como receptor de "complementos salariales": Francisco Mercado, María Luisa Bernal Gallero, Ernesto Ekaizer y Eduardo Inda.

LOS 50.000 DE GÁLVEZ

Ese mismo día, el tribunal ha citado a Santiago Lago Bornstein, administrador único de Creative Team, una de las empresas vinculadas a la Gürtel, y al empresario Luis Gálvez, propietario de la constructora Ploder, quien aparece en los denominados 'papeles de Bárcenas' como donante de 50.000 euros.

El constructor ha estado por un periodo muy breve imputado en el caso 'Púnica', después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas afirmara que entregó 60.000 euros para financiar la campaña electoral de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en 2007.

Ya el martes 13 de abril cita a Adolfo Sánchez García, presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, quien, según ha dicho Bárcenas, donó dinero al partido para que le ayudasen con medidas legales; a Carlos Benedito Bonet, a César Maicas --empleado de PP--, y a los abogados y asesores fiscales Pedro Hammer Martínez-Echevarría, José María García-Ogara, Mercedes Bravo y Javier Oñate.

El 14 de abril será el turno de José Luis Fernández Gudiña, quien fuera el responsable de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía. Y tras él será el momento de escuchar la testifical de hasta 17 policías en varias sesiones que se alargarán hasta el 21 de abril.

Fuentes jurídicas informan de que tanto Gálvez como López Del Hierro, Ekaizer y Adolfo Sánchez García declararán finalmente por videoconferencia, tal y como hicieran otros testigos, como medida para prevenir posibles contagios por Covid-19.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la 'Kitchen' está a la espera de recabar varios informes policiales de análisis de las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo para decidir nuevas citaciones. Fuentes jurídicas, indican que el magistrado sopesa seriamente llamar a declarar en calidad de investigada a la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

No obstante, y dado que el 4 de mayo se celebran las elecciones de la Comunidad de Madrid, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, no quiere interferir en política con sus resoluciones y con toda probabilidad postergará la decisión a después de los comicios aunque llegara a tener decidido imputarla en 'Kitchen'.

En esta pieza separada número 7 de la causa 'Tándem' se investiga el operativo parapolicial orquestado supuestamente desde la cúpula del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al PP que estaba en posesión del que fuera tesorero del partido Luis Bárcenas. El objetivo, presuntamente, era que ese material no llegara a ser judicializado.

EL INFORME DE ANTICORRUPCIÓN DE 2020

La Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2020 ya vinculó en un informe a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, con la 'operación Kitchen' por la "documentación comprometedora" que éste Villarejo tendría sobre ella. En ese escrito de 56 páginas solicitaba la imputación del matrimonio y del exministro Jorge Fernández Díaz por los delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.

Su vinculación al caso deriva, según los fiscales, del interés personal que Cospedal tendría en la operación por dos razones: directa como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma e indirecta como secretaria general del partido.

Su marido, López del Hierro, aparece en la investigación como la persona que pone en contacto a Andrés Gómez Gordo, responsable de la seguridad de su esposa, con Villarejo, para que éste manipule al chófer de Bárcenas. Así se refleja en varias conversaciones que mantuvo Villarejo con su socio Adrián de la Joya y el comisario José Luis Olivera, incorporadas al oficio policial inicial.

Añaden que dentro de estos "encargos puntuales" que le habría realizado el PP a Villarejo estaría, identificado por el propio comisario, la "supuesta destrucción de ordenadores del Partido Popular", en alusión a los dispositivos de Bárcenas dañados que dieron lugar a una causa judicial.

Así, en una conversación con empresarios que grabó el 17 de febrero de 2017, Villarejo recuerda "cuando me encargaron destruir los ordenadores ¡por ejemplo! Que los tengo inmortalizados a todos". "Hablamos de los de... -pregunta el empresario Adrían de la Joya-, a lo que Villarejo responde "Génova, Génova".

LA INTERVENCIÓN DE "COSPEDÍN"

En otra de las conversaciones, de fecha 16 de febrero de 2017, De la Joya espeta a Villarejo: "¿Y eso lo tiene Bárcenas o ya no lo tiene Bárcenas?, a lo que Villarejo responde "se lo quitamos, bueno se lo quitaron".

En dicha conversación, y en relación con la participación del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño --tambíen investigado en la causa--, Villarejo alude a los documentos sustraídos: "pues macho tengo esto de cuando fuimos al agujero del hijo de puta de tal, del Bárcenas", para añadir "sí, en el estudio de pintura, de la señora, en el mueble chungo que había en el doble fondo, a mí me lo dijo el Cocinero".

El citado Cocinero es el nombre con el que se conoce a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, de quien Villarejo se vanagloria de haber captado en esta conversación. "Primero va el gordo a captarlo... oye que tú has sido miliko y no se qué y no se cuántos, todo por la patria y no se qué, y el otro se asusta y se acojona...(...) Yo lo que hago es que digo: A ver este tío dónde está... Este tío ha sido el escolta de Granados, ha sido no se qué ¿A quien conoce? A Cospedín. Y me voy a Cospedín y le digo chiquitín... y cuando estoy hablando con él me dice: pero tú eres Villarejo, digo: no, no, yo soy Anselmo Cifuentes, "no me jodas que mí me ha dicho López del Hierro que eres tal, digo: Será gilipollas López del Hierro", señalan las grabaciones transcritas en el informe.

LA GRABACIÓN A COSPEDAL

Otra vinculación, si bien indirecta, de altos dirigentes del Partido Popular con la gestación de la Operación Kitchen se encontraría reflejada en una grabación del propio Villarejo en julio de 2009 a Cospedal y a su marido en la sede del PP, que tendría por contenido, entre otros, el ofrecimiento del comisario con la aceptación por parte de éste, por entonces funcionario policial, de la ejecución de "encargos puntuales" que serían sufragados por el PP.

Dichos encargos, según Anticorrupción, podrían ya entonces estar relacionados con la investigación policial y judicial de casos de corrupción que afectan a miembros del Partido Popular, entre ellos el denominado 'caso Gürtel'.

Después, en septiembre y octubre de 2009, Villarejo advirtió en sendas comunicaciones telefónicas a Ignacio López del Hierro de la existencia de dos investigaciones penales amparadas por el secreto sumarial: Brugal (en Alicante) y Gürtel. La información se la habría facilitado el entonces Comisario Jefe de la UDEF, José Luis Olivera.

CLIENTE: "LETRADO DIRECTOR"

Otros indicios que abundan en esta línea de investigación se refieren a documentos de la sociedad de Villarejo, Cenyt, que si bien no reflejan una contratación sí constituyen actos previos por parte de un cliente denominado como "letrado director", que actuaría en representación de varios encartados del "sumario G", que según los investigadores sería 'Gürtel'. Este extremo fue corroborado por el propio Villarejo en su declaración judicial del 11 de marzo de 2020, según apunta la Fiscalía.

Entre estos documentos destaca un estudio económico que cifra la "colaboración profesional" de Villarejo por importe de 15 millones de euros con una provisión de fondos de 5 millones, además de unos honorarios por éxito de 8 millones, 10 millones y 12 millones, "si bien no se ha acreditado en las actuaciones que estos honorarios fueran aceptados por el cliente, ni tampoco constan abonos en las cuentas Cenyt analizadas hasta la fecha que puedan ser atribuidos a la ejecución del proyecto.

En otra reunión, celebrada el día 25 de enero de 2017, también se tiene constancia por conversaciones grabadas por Villarejo de su interés en que su amigo Olivera fuera nombrado DAO de la Policía, que quería la vacante por jubilación de su titular, para lo cual contarían con su capacidad de influencia sobre Cospedal. La agenda de Villarejo plasma también estos contactos con Cospedal y López del Hierro, según las anotaciones obrantes en el informe.

El último indicio aportado son las alusiones al conocimiento y participación de Cospedal que se han localizado en los archivos del teléfono móvil del entonces número dos de Interior, Francisco Martínez.

Ciudadanos, con motivo del Día Mundial del Parkinson que se celebra este domingo 11 de abril, ha presentado una proposición no de ley sobre el refuerzo de la detección temprana de la enfermedad para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.

En este contexto, insta a redoblar los esfuerzos realizados en materia de investigación y ciencia sobre los determinantes que hacen a una persona más propensa a sufrir la enfermedad de Parkinson, facilitando así los diagnósticos tempranos y su precisión.

Asimismo, apuesta por facilitar la colaboración con el sector biotecnológico y el farmacéutico para fomentar la innovación en herramientas de análisis de síntomas de la enfermedad de Parkinson que ayuden a los facultativos a emitir diagnósticos tempranos, reduciendo los tiempos de espera actuales.

La formación naranja también destaca la importancia de estrechar la colaboración con las sociedades médicas, científicas y de pacientes para reforzar el proyecto Aula Parkinson de la Federación Española de Parkinson y favorecer la transferencia de conocimientos y buenas prácticas en el diagnóstico y tratamiento de los síntomas de la enfermedad.

La propuesta pide fomentar el uso de la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía en todo el territorio nacional para mejorar el conocimiento de la población general sobre la enfermedad de Parkinson, sus síntomas y su evolución, así como sobre recursos a disposición de pacientes, familiares y personas cuidadoras, con el objetivo de desterrar estereotipos y prejuicios sobre la enfermedad en la sociedad española.

Por último, Ciudadanos demanda establecer, en colaboración con las comunidades autónomas, las sociedades médicas y las asociaciones de pacientes, un Plan de Acción para el Abordaje de la Enfermedad de Parkinson y de los Parkinsonismos que contemple actuaciones concretas a todos los niveles para mejorar el diagnóstico temprano de estos trastornos y asegurar la calidad de vida y el bienestar de las personas afectadas, de sus familiares y personas cuidadoras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestará este miércoles en el Pleno del Congreso a preguntas sobre la imagen exterior de España, la fiscalidad que pretende adoptar frente al incremento del gasto publicado por la pandemia, y el paro juvenil en España y singularmente en Asturias.

Será en la primera sesión de control al Ejecutivo tras el receso de la Semana Santa y tendrá lugar justo después de una comparecencia de Sánchez para hablar sobre el plan de vacunación y el estado de alarma derivado del coronavirus, que concluye el próximo 9 de mayo y que, según él mismo avanzó esta semana, no prevé prorrogar.

En concreto, el presidente del PP, Pablo Casado, ha registrado una pregunta genérica para Sánchez, al que pedirá que se pronuncie sobre cuál cree que es actualmente la imagen de España en el exterior. No obstante, es más que probable que el interrogante derive en otro tipo de cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Tras Casado, será el turno del portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, quien pretende que el presidente revele si piensa adoptar alguna medidas fiscal adicional para abordar el mayor gasto público generado por la pandemia.

De su lado, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, pedirá a Sánchez que dé cuenta de las medidas que se plantea el Gobierno para revertir la pésima tendencia del desempleo juvenil en Asturias, que se sitúa en el 39,6%, "la más elevada de toda la UE".

DÍAZ SE ESTRENARÁ COMO VICEPRESIDENTA EN EL CONGRESO

La del miércoles será la primera sesión de control sin Pablo Iglesias en el banco azul del hemiciclo, ya que el líder de Podemos dejó el Gobierno para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo.

Y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras más de un año de 'duelos' parlamentarios con Iglesias, ha decidido debatir con la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, la máxima representante de Unidas Podemos en el Ejecutivo.

Para este primer rifirrafe, García Egea ha elegido una pregunta sobre la evolución del empleo, habida cuenta de que Díaz es titular de esta cartera, además de la Vicepresidencia Tercera. "¿Está satisfecha con los datos del empleo?", reza la pregunta del dirigente 'popular'.

El paro bajó en marzo en 59.149 personas y la cifra total de desempleados se quedó en 3,94 millones de desempleados, mientras que la Seguridad Social sumó 70.790 afiliados de media frente al mes anterior.

TRES PREGUNTAS PARA CALVO

Así las cosas, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, será quien vuelva a preguntar en la sesión de control a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. En concreto, se interesará por la gestión de la pandemia del coronavirus: "¿Considera que el caos que han creado con su modelo de cogobernanza es útil para los españoles?", es la pregunta registrada.

A Calvo dirigen también preguntas tanto Vox como Ciudadanos. Así, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, buscará que la 'número dos' del Gobierno le explique por qué, a su juicio, España ha perdido respaldo en la comunidad internacional, mientras que el portavoz de Cs y candidato de este partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, quiere que le adelante lo que piensa hacer el Gobierno para frenar "la ola de polarización y tensión política.

Siete días después del final de la Semana Santa, la presión hospitalaria que deja la pandemia de la covid-19 en Galicia ha repuntado con cinco pacientes más, hasta el total de 172 personas ingresadas. Esto se produce en la tercera jornada consecutiva en la que han subido, aunque ligeramente, la cifra de casos activos de la enfermedad, que se sitúan en los 2.305.

En cuanto a las hospitalizaciones por coronavirus, según los datos que ofrece este domingo la Consellería de Sanidade, recabados hasta las 18,00 del sábado, han aumentado tanto en planta --147, cinco más-- como en las unidades de cuidados intensivos --27, dos más--.

Si se observa por áreas sanitarias, tan solo dos de un total de siete ven aliviada su presión asistencial. Son la de Ferrol, con cinco personas en planta --una menos que hace un día-- y ninguna en críticos; y Pontevedra-O Salnés, con 17 pacientes en planta --tres menos-- y tres en UCI --uno más--.

Mientras tanto, la cifra de hospitalizados se mantiene en el área de Vigo, con 27 enfermos en unidades convencionales --uno menos-- y seis en cuidados intensivos --uno más--; en la de Santiago-Barbanza, donde se mantienen 19 en planta y cuatro en críticos; y en la de Lugo-A Mariña-Monforte, que sigue con cuatro en planta y tres en la UCI.

Las dos restantes, A Coruña-Cee y Ourense-Verín-O Barco, han registrado un repunte. Los hospitales coruñeses se mantienen como los de mayor presión asistencial, al repuntar a 55 --cinco más-- los enfermos en unidades convencionales, aunque se mantienen en nueve los de cuidados intensivos; mientras que en los ourensanos han aumentado a 18 los pacientes en planta --tres más--, si bien no varían los dos que permanecen en críticos.

VUELVEN A SUBIR LOS CASOS ACTIVOS

En cuanto a los casos activos de covid-19 en Galicia, tras los ascensos de las dos jornadas anteriores, los datos de este domingo han vuelto a reflejar un pequeño incremento hasta el total de 2.305 --19 más--. Esto se debe a que los nuevos diagnósticos han superado a las altas en 24 horas.

Esta tendencia ascendente se mantiene en cuatro de las siete áreas: en A Coruña-Cee, han subido a 616 pacientes covid (+10); en Santiago-Barbanza, a 357 (+8); en Pontevedra-O Salnés, a 315 (+13); y en Ourense-Verín-O Barco, hasta los 176 (+3).

Mientras, ha descendido en las áreas de Vigo, a 614 (-11); Lugo-A Mariña-Monforte, a 158 (-2); y Ferrol, a 69 (-2).

MENOS NUEVOS CASOS DETECTADOS

No obstante, en los datos de este domingo han descendido a 174 los contagios de coronavirus detectados a través de cualquier tipo de prueba --157 confirmados con una PCR-- en el último día, después de que el sábado superasen la barrera de los 200.

De estos nuevos contagios que se suman al cómputo global, el área de Vigo ha vuelto a liderar el ranking con 46 infecciones detectadas; seguida de A Coruña-Cee, con 41.

Tras estas, están la de Santigo-Barbanza, que suma 28 nuevos casos; Pontevedra-O Salnés, con 24; Ourense-Verín-O Barco, con 17; Lugo-A Mariña-Monforte, con 11; y Ferrol, con siete.

Por tanto, los contagiados de este coronavirus desde el inicio de la pandemia han ascendido en la Comunidad a 118.606, de los que 28.770 corresponden al área de A Coruña; 22.623, a la de Vigo; 18.752, a la de Santiago; 14.987, a la de Ourense; 13.018, a la de Pontevedra; 12.160, a la de Lugo; y 8.296, a la de Ferrol.

PCR Y TASA DE POSITIVIDAD

De acuerdo con los datos de Sanidade de este domingo, en la Comunidad gallega se han realizado 1.911.637 PCR en total, lo que supone 6.211 pruebas diagnósticas a lo largo de las últimas 24 horas --casi 900 menos que el día previo--.

En cuanto a la tasa de positividad, se mantiene en torno al 3%, por lo que sigue por debajo del 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija para dar por controlada la pandemia.

VÍCTIMAS Y CURADOS

Desde el inicio de la pandemia han fallecido en Galicia 2.368 personas diagnosticadas de covid-19, después de que en la jornada del sábado la Consellería de Sanidade no notificase ninguna nueva víctima.

Asimismo, hasta el momento se han curado de este coronavirus en Galicia un total de 113.955 pacientes. Esto permite deducir que en las últimas 24 horas han recibido el alta otras 155 personas.

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha denunciado que no tienen conocimiento de que ninguna empresa del país haya adaptado la fabricación de sus mascarillas higiénicas transparentes a los requisitos que exige la normativa del Ministerio de Consumo para su comercialización.

La lucha del colectivo de personas con discapacidad auditiva por conseguir la homologación de las mascarillas transparentes, que permiten la lectura de labios, comenzó después de que el Gobierno decretara el uso obligatorio de estas, en julio de 2020.

Tras la entrega de decenas de miles de firmas en el Congreso y las iniciativas firmadas por varios grupos parlamentarios exigiendo esta homologación, el colectivo celebró que en febrero de 2021 el Boletín General del Estado (BOE) publicara la mormativa por la que se establecen los requisitos de información y comercialización de este producto.

En la norma se establece que estas mascarillas que tengan partes destinadas a permitir la lectura labial y que no facilite el paso del aire inhalado o exhalado, se permitirá que la eficacia de filtración de partículas indicada no se refiera a esas zonas, siempre que se indique en la propia etiqueta.

Además, deben permitir una visión nítida y sin empañamiento de la boca y se debe asegurar que el producto no obstruye la respiración. También, debe indicarse en la etiqueta si hay efecto distorsionador del habla", indica el escrito.

Sin embargo, casi dos meses después, FIAPAS ha reconocido que no tienen conocimiento de que ninguna empresa se haya adaptado a estas medidas y señalan que solo "alguna" de ellas "parece tener algún producto de esta naturaleza ajustado a los términos que marca la nueva norma en fase muy avanzada".

A su juicio, la comercialización de estas mascarillas para las personas con discapacidad auditiva es muy "necesaria". Pero, además, recuerdan que esta iniciativa debe ir acompañada de otras medidas igualmente necesarias.

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN TELEFÓNICA

La directora de FIAPAS, Carmen Jáudenes, llama a impulsar el uso de sistemas de inducción magnética o micrófonos en remoto, para facilitar el acceso a la información y a la comunicación del más de un millón de personas con discapacidad auditiva en España.

"Tal como cualquiera de nosotros podemos experimentar, las mascarillas en todo caso minoran la audibilidad de la voz del interlocutor y la inteligibilidad del habla", señala Jáudenes.

Del mismo modo, actúan en ocasiones las mamparas, explica la entidad, que también denuncia la falta de alternativas para el colectivo para la atención telefónica y las consultas médicas no presenciales, así como para la citación e información telefónica en el proceso de vacunación, entre otras.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los 'encargos' presuntamente ilícitos realizados por el BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo ha citado en calidad de testigo el próximo 14 de abril al exministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián. Ese mismo día también interesa la testifical del ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas.

En una providencia del juez Manuel García-Castellón, se especifica que ambos deben declarar preferentemente de forma presencial y que se les cita a las 11.00 y 11.15 horas respectivamente.

Precisamente en el marco de esta pieza separada de 'Tándem', en el que se indaga en esos trabajos del comisario para la entidad, por los que habría abonado 10,2 millones de euros, se conoció a principios del año pasado que en un informe de Villarejo titulado 'Proyecto FG' --iniciales del expresidente del banco Francisco González-- el comisario explicaba que habría contactado con hasta 49 políticos, periodistas y colaboradores con el objetivo de boicotear el intento de Sacyr de entrar en el consejo de administración del BBVA.

A esto sumaba seguimientos de objetivos, pinchazos telefónicos, infiltraciones en servicios de seguridad y hasta incidencia en líneas editoriales de medios de comunicación. Según la sinopsis de ese informe, incluido en el sumario de la Pieza 9 del caso 'Tándem', el objetivo de los trabajos de Villarejo era "boicotear las acciones" previstas contra "K" (el cliente) y provocar el "abandono del acoso" contra el ex presidente del BBVA, así como mejorar su reputación.

CONVERSACIONES DEL EXMINISTRO

El objetivo del departamento jurídico del banco, según este informe de Villarejo, era contactar con accionistas de SV (Sacyr Vallehermoso) para convencerlos de que actuaran a favor de Francisco González. Cabe recordar que en 2004 el banco contrató los servicios del policía para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en su Consejo de Administración.

En uno de los puntos del proyecto que lleva por nombre control de comunicaciones, refleja 16.000 comunicaciones analizadas, de las que 9.700 aproximadamente son de móviles relacionados con el GH (Grupo Hostil). Otros 6.700 serían comunicaciones realizadas desde fijos en oficinas y domicilios privados y hasta 869 conversaciones interceptadas, de las que sólo "un 5% son relevantes". Entre esas conversaciones se especifican algunas del exministro Miguel Sebastián, del empresario Juan Abelló, del entonces presidente de Sacyr Luis del Rivero o del que era presidente del Santander Emilio Botín.

En sus anotaciones, el comisario relata las infiltraciones fallidas en medios de comunicación, y los éxitos a la hora de incidir en la línea editorial de otros. También deja constancia de las "penetraciones" fallidas en el entorno de accionistas de Sacyr, de escoltas y hasta en el departamento de seguridad de la constructora.

Entre las acciones de 'boicot' planificadas por Villarejo para tumbar la iniciativa de la constructora están por ejemplo hasta 87 acciones de desinformación que fueron fallidas, o 14 intentos de interceptar el teléfono móvil del ex ministro Sebastián.

Al respecto de esos intentos fallidos de 'pinchar' al teléfono de Sebastián, Villarejo deja apuntado que se le estropean dos equipos por ese cometido, que el CNI avisó al ministro del ataque y que este fue con el problema al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En las anotaciones también refleja 28 incidentes de comunicación y mensajes enviados a Sebastián y a su entorno personal.

SEBASTIÁN EN LA PIEZA 21

El nombre del exministro --que también fue alto directivo del BBVA-- no es la primera vez que aparecía en esta causa. De hecho, un informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) en el marco de la pieza 21 del caso 'Tándem' reveló que Cenyt --la empresa del comisario José Manuel Villarejo-- vigiló los contactos que mantuvo el que fuera presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero en noviembre de 2011 con el entonces ministro de Industria socialista Miguel Sebastián.

En ese informe de más de 100 páginas, se reflejaban también otros contactos y llamadas telefónicas que mantuvo Del Rivero con exministros populares --Josep Piqué o Francisco Álvarez Cascos--, y personas relevantes como Miguel Blesa --quien fuera presidente de Caja Madrid-- o David Taguas --que fue director de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapataro--.

En esta pieza, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, investiga el proyecto 'Wine', un encargo realizado por Repsol y La Caixa a Villarejo que tenía por objetivo evitar que mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso, se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

La Ertzaintza ha detenido en las últimas horas a cuatro personas acusadas de un delito de desobediencia y atentado por negarse a identificarse o agredir a agentes, mientras estos velaban por el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas para luchar contra la Covid-19. Los arrestos se han producido en los municipios de Bilbao, Barakaldo y Vitoria.

Además, otras 110 personas han sido denunciadas por saltarse las restricciones de movilidad, no portar la mascarilla o no mantener la distancia de seguridad, entre otras infracciones. En total, se han realizado 247 propuestas de sanción.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, a las nueve y media de la noche de este pasado sábado un varón era arrestado en un parque infantil del barrio La Paz de Barakaldo por desobediencia grave, tras negarse a identificarse reiteradamente cuando una patrulla le indicó que se pusiese correctamente su mascarilla.

En Bilbao, recursos de la Ertzaintza procedieron al arresto de otro varón cuando este se negó a identificarse y trató de golpearlos. El incidente se produjo en el Casco Viejo de la capital vizcaína a las once de la noche y el individuo fue detenido por desobediencia y atentado.

Esta madrugada eran detenidos en Vitoria una mujer y un varón en los barrios El Pilar y Coronación, por atentado, después de que trataran de agredir a una patrulla que les iba a denunciar por incumplir el horario establecido para deambular por la vía pública.

MÁS DE UN CENTENAR DE DENUNCIADOS

Otras 110 personas han sido denunciadas por el incumplimiento de las medias sanitarias establecidas para luchar contra la pandemia. En Álava, una decena de personas fueron denunciadas en Moreda de Álava la tarde de este pasado sábado cuando se encontraban agrupadas en dos bares de la localidad, sin respetar las medidas de seguridad.

Otras nueve personas eran denunciadas en Alegría-Dulantzi la pasada noche cuando celebraban una fiesta en una vivienda. En Amurrio, una docena de jóvenes eran denunciados cuando se encontraban reunidos en una lonja y en el jardín de una vivienda, sin mantener la distancia y sin respetar las restricciones sanitarias. Por otra parte, otras diez personas eran propuestas para sanción cuando celebraban una fiesta en un pabellón de Vitoria.

En Bizkaia, patrullas de la Ertzaintza denunciaron a once personas en Arrigorriaga al estar usando un antiguo bar como txoko. Otras seis fueron propuestas para sanción por encontrarse en el interior de un bar fuera de horario y sin portar la correspondiente mascarilla.

Otras once más han sido denunciadas esta madrugada cuando se encontraban en un txoko en Orduña. Se da la circunstancia que en este mismo local se sancionó a otras 25 personas, a las que se propuso para un total de 84 sanciones el pasado mes de enero.

Por lo que respecta al territorio histórico de Guipúzcoa, 19 personas eran denuncias cuando la pasada noche se hallaban reunidas en un local de jóvenes en Irun con la intención de celebrar una fiesta.

Lo mismo ocurría esta madrugada en Pasaia, donde once personas eran denunciadas por estar en un garaje fuera del horario establecido, no portar mascarilla, superar el número de reunión y beber alcohol en la vía pública.

Esta misma circunstancia se daba en Legazpi, donde otras once personas eran propuestas para sanción por saltarse las mismas restricciones sanitarias, mientras se encontraban en otro garaje.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de cocaína en la Costa del Sol. Hay siete personas detenidas y se han intervenido más de dos kilos de cocaína, así como varios vehículos de lujo, embarcaciones, y más de 10.000 euros en efectivo.

El principal investigado, que trabajaba como conserje en un colegio de Marbella, contaba con un patrimonio superior al medio millón de euros, si bien las propiedades figuraban a nombre de diferentes familiares, han informado desde ambos cuerpos de seguridad en un comunicado.

La investigación se inició a mediados del pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización que, presuntamente, realizaba envíos continuos de cocaína --en cantidades cercanas al kilo-- a diferentes puntos de Andalucía, donde posteriormente la vendían en cantidades inferiores.

Las primeras pesquisas permitieron constatar la existencia del entramado, asentado en la Costa del Sol, cuyos supuestos miembros estarían involucrados en la distribución interprovincial de cocaína desde Málaga hasta Almería y Granada.

Gracias a diversas gestiones policiales, los agentes detectaron e identificaron a varios individuos que, presuntamente, se dedicaban a distribuir grandes cantidades de cocaína haciendo uso de vehículos caleteados.

Además, observaron que parte de los detenidos --que ya contaban con antecedentes por tráfico de drogas-- supuestamente realizaban movimientos compatibles con las actividades ilícitas referidas. Esto motivó que la investigación se judicializara en noviembre de 2020.

Con el avance de las pesquisas, los agentes descubrieron la existencia de un reparto de tareas entre los miembros de la organización, así como la infraestructura de la que disponían para llevar a cabo sus fines.

El principal responsable del entramado llamó la atención de los investigadores por su alto nivel de vida; en este sentido, su trabajo como conserje en un colegio público de Marbella contrastaba con la conducción de vehículos de lujo o embarcaciones recreativas, una de ellas tipo yate, que tenía atracadas en el puerto deportivo de la ciudad malagueña.

Durante la investigación, los agentes localizaron al resto de supuestos miembros de la organización, quienes estaban bajo el mando y supervisión del anterior. Identificaron, por un lado, a los conductores de los vehículos durante los traslados de la droga a otros puntos de Andalucía.

Para los transportes utilizaban vehículos que figuraban a nombre de terceras personas --los encargados de la logística de la organización--, de tal forma que no pudiera relacionarse a los autores materiales de los transportes con los encargados de realizar otras funciones como, por ejemplo, las contravigilancias.

Por otro lado, también identificaron a los destinatarios de la droga, quienes presuntamente se encargaban de cortar la cocaína para, posteriormente, distribuirla en cantidades inferiores a los consumidores finales.

Una vez identificados todos los miembros de la organización, detectado el modus operandi y localizados los vehículos utilizados, en marzo del presente año los agentes detuvieron a un individuo mientras trasladaba un kilo de cocaína desde la localidad malagueña de Marbella hasta Roquetas de Mar (Almería).

Esto provocó la intensificación de las medidas de seguridad por parte del resto de integrantes de la organización que, sin embargo, no cesaron su actividad. Días después prepararon un nuevo envío que culminó, nuevamente, con la detención de otro de los conductores de la organización y la intervención de más de un kilo de cocaína. La mercancía ilícita viajaba oculta en un compartimento o caleta, especialmente diseñado para evitar la detección de grandes cantidades de droga en un posible control policial.

Finalmente, se llevó a cabo la explotación operativa de la investigación que concluyó con la detención de los principales investigados, el registro de sus domicilios y la intervención de sus bienes, entre los que figuran diversos vehículos de lujo, tres embarcaciones y más de 10.000 euros en efectivo.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que el Ejecutivo no se plantea empezar a comprar vacunas Sputnik V por su cuenta y atenderá "las decisiones que se adopten a nivel estatal y europeo". "No querría imaginarme qué pasaría si cada comunidad autónoma empieza la guerra por su cuenta", añade.

En declaraciones a El Correo, el también consejero de Cultura y Política Lingüística analiza el impacto de la pandemia de la covid-19 y cree que habrá que ver la evolución de los próximos diez días "para saber si las medidas son suficientes o hay que adoptar otras nuevas".

Tras indicar que en las reuniones en las que él tomó parte jamás escuchó a nadie hablar de "salvar la Semana Santa", Zupiria afirma que ninguna medida se ha tomado "con este objetivo", aunque reconoce que entre todas las que se han ido adoptando "se ha producido más de una decisión injusta".

"No creo que hayamos generado confusión por tomar una decisión en un momento y luego cambiarla. En lo que quizá no hemos acertado es en explicar el efecto que buscábamos con cada una de ellas. No se trata simplemente de prohibir que unos amigos se vayan de casa rural, sino de explicar cuál sería el riesgo", añade.

Respecto a las aglomeraciones por la final de la Copa del Rey, argumenta que "no se puede poner a un policía por cada persona que decide ponerse la camiseta y salir a la calle a tomar unos tragos". Además, dice que "no se esperaban los incidentes que hubo a continuación" en la calle Licenciado Poza de Bilbao.

"Se decidió no entrar a Pozas para dispersar a miles de personas porque no se apreció proporcionado ni creo que la Policía pueda hacerlo sin mandato judicial. Esas personas no estaban cometiendo un delito. Estaban incumpliendo una norma administrativa", justifica.

"PÉRDIDA DE RESPETO"

En esta línea, considera "evidente" que se está produciendo una pérdida de respeto a las normas por parte de algunas personas y recuerda que "cada fin de semana la Ertzaintza y las policías locales abren procesos de sanción a quienes deliberadamente las incumplen".

En lo que respecta a la vacunación, Zupiria apuesta por transmitir un mensaje de tranquilidad y afirma que el Gobierno vasco atenderá las decisiones que se adopten a nivel estatal y europeo sobre una posible compra de la vacuna Sputnik V.

"No nos planteamos empezar a comprar vacunas por nuestra cuenta. No querría imaginarme qué pasaría si cada comunidad autónoma empieza la guerra por su cuenta", alerta.

Asimismo, manifiesta que el hecho de que el 70% de los vascos pueda estar inmunizado en agosto dependerá del número de vacunas que lleguen, al no haber "ninguna certeza", por lo que "es muy difícil hacer planificaciones a medio plazo con tan poca información".

En esta línea, asegura que las proyecciones de los técnicos dicen que en los próximos meses, hasta que la vacunación se haya generalizado, se deberá "seguir conviviendo con restricciones que necesitan una base legal, una garantía para su ejecución". Así, dice desconocer los datos que maneja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar el fin del estado de alarma en mayo.

El líder del PP, Pablo Casado, se volcará en la campaña madrileña participando en varios actos centrales con la candidata del partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el mensaje clave de que hay que aglutinar en el PP el voto de centroderecha, según aseguran fuentes 'populares'. Además, utilizará sus mítines para pasar al contraataque al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante lo que califican como una "campaña sucia" por parte de Moncloa.

En 'Génova' aseguran que sus perspectivas electorales ante el 4 de mayo "son buenas" pero piden "no confiarse". La mayoría de las encuestas coinciden en que Ayuso puede llegar a duplicar sus actuales 30 escaños, muy cerca de los 69 escaños que supone la mayoría absoluta.

El PP quiere que los votantes del espectro de centroderecha apuesten por Ayuso. El propio Casado ha reclamado a los electores de Vox que apoyen a la candidata 'popular' para que su partido gobierne "solo" en la Comunidad de Madrid y pueda ejecutar su programa electoral "sin obstáculos", con "manos libres" y sin "palos en las ruedas" de otros partidos.

"Si aglutinamos esfuerzos en torno a una sola sigla, como va a pasar en Madrid, podremos ganar a Sánchez", recalcó esta semana el líder del PP, que cree que la gente "empieza a ver que hay una alternativa" y que "se puede ganar.

MENSAJE TAMBIÉN A LOS SOCIALISTAS "DESCONTENTOS"

Fuentes de la cúpula del PP señalan que en ese objetivo de lograr "una gran mayoría", el partido se va a dirigir también al votante socialista "descontento" con Pedro Sánchez. Para llevar a cabo esa tarea, los 'populares' cuentan con fichajes como el de Toni Cantó, cuyo perfil político puede atraer a esos votantes de centroizquierda, según explican.

En 'Génova' subrayan que hay una "interlocución fluida" y "colaboración total" entre Génova y el PP de Madrid para preparar la campaña, en la que Casado "participará activamente" mediante actos con Ayuso, los candidatos de la lista del partido y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

A la espera de cerrar un calendario definitivo de campaña, que arranca oficialmente a las 00.00 horas del 18 de abril, Casado acompañará a Ayuso en la apertura y cierre de campaña, y coincidirán en mítines centrales, según fuentes de la dirección nacional del partido.

Por lo pronto, este mismo sábado ambos compartieron escenario en el XV Congreso Nacional de Nuevas Generaciones que ha elegido a Beatriz Fanjul como nueva presidenta de la organización juvenil. Se trata de un acto especial para ambos porque sus inicios en política arrancan precisamente en la organización juvenil del PP.

DENUNCIAR LA "CAMPAÑA "SUCIA" DE SÁNCHEZ

Otra de las patas de la campaña del PP se centrará en el contraataque a los mensajes de Moncloa. "Rechazamos la campaña sucia y embarra de Sánchez, pedimos confrontar ideas", aseguran desde la cúpula del partido.

El PP cita como último ejemplo que hace un par de días el presidente del Gobierno cuestionó las cifras de contagios de Covid-19 registradas por el Gobierno de Ayuso durante una conversación informal con los periodistas que cubrían su visita oficial a Angola y Senegal.

Las dudas de Sánchez han sido rechazadas de forma tajante por Ayuso, quien ha exigido al presidente que se disculpe y ha asegurado que no se va a callar ante lo que considera unas "gravísimas acusaciones". "Se cree el ladrón que todos son de su condición", dijo el viernes la presidenta madrileña.

La secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, considera que Sánchez va a seguir usando los "tentáculos políticos y mediáticos" de Moncloa para "perjudicar" al PP en la campaña electoral. "Nos esperamos desde el Gobierno de España cualquier cosa", declaró.

Cataluña ha registrado hasta este domingo 616.262 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --570.628 con una prueba PCR o test de antígenos--, 1.767 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.539, que son 20 más que los registrados el sábado: 13.653 en hospital o centro sociosanitario, 4.557 en residencia, 1.157 en domicilio y 2.172 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.711, que son 82 más que en el último recuento.

Un total de 513 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, 15 más que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube hasta 0,91 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 8,15%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 247,80 por cada 100.000 habitantes.

La tasa del riesgo de rebrote ha subido: el sábado alcanzaba un nivel de 213, y 24 horas después se sitúa en 226.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 33.772 personas que han dado positivo, de las que 8.779 han muerto y 22 se encuentran actualmente ingresadas.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la vacuna contra el coronavirus a un total de 1.306.475 personas desde que empezó la campaña de vacunación --462.249 personas ya han recibido la segunda dosis--: se han administrado 10.200 primeras dosis de vacuna en las últimas 24 horas.

Del total de personas vacunadas con la primera dosis, 961.068 son de la provincia de Barcelona, 122.526 de Girona, 84.969 de Lleida y 134.788 de Tarragona; y 61.008 del total son personas usuarias de residencias catalanas.

En porcentajes, se ha vacunado en primera dosis al 16,8% de la población catalana, de la que un 6,1% ya tiene la pauta completa de vacunación y, por lo tanto, goza de inmunidad frente al virus.

La Reina Letizia presidirá este lunes el homenaje que el Congreso ha organizado a la diputada del Partido Radical Clara Campoamor, el primero de los actos con los que la Cámara celebrará el nonagésimo aniversario de la aprobación del voto femenino en España.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recibirá a Doña Letizia a las once de la mañana en el Patio de Floridablanca junto a la presidenta del Senado, Pilar Llop, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.

El acto, que se celebrará en el Palacio, comenzará en el escritorio Clara Campoamor, donde el director de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso, Mateo Maciá, le mostrará el escritorio de Clara Campoamor, donado por la Fundación Clara Campoamor en el año 2006, y la credencial original de diputada.

En la sala estarán también expuestos un examen que realizó la parlamentaria el 7 de marzo de 1918 para acceder al Cuerpo de Taquígrafos de las Cortes y dos libros escritos por la homenajeada: 'El derecho de la mujer' y 'Voto femenino y yo', sobre la situación de la mujer y del sufragio femenino.

En el escritorio que lleva el nombre de Clara Campoamor desde 2018, cuando se colocó el busto de la parlamentaria, obra de Marina Núñez, se realizará una fotografía institucional y, a continuación, la Reina saludará a los invitados, entre ellos miembros de las mesas del Congreso y el Senado, y portavoces parlamentarios de ambas Cámaras.

PLANTE DE LOS INDEPENDENTISTAS

Quienes ya confirman que no estarán en el acto son las fuerzas independentistas. ERC, Junts, Bildu y la CUP adelantaron que no acudirían a la convocatoria en tanto que no suelen acudir a los actos presididos por los Reyes de España. La última vez que 'plantaron' a la Corona fue durante el acto que presidió el Rey Felipe en el Congreso con motivo del cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

En este caso, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado que la Reina Letizia, a la que, ha remarcado, "no vota nadie" y que representa a una institución "antifeminista y antidemocrática", vaya a presidir el homenaje a esta sufragista española: "Ella se sentiría casi casi humillada", ha dicho.

Tampoco estará presente en la cita de este lunes el portavoz del PNV, Aitor Esteban, aunque en su caso porque tenía ya actos políticos agendados el lunes en el País Vasco, y de Unidas Podemos sólo acudirá su portavoz adjunta en el Congreso, Sofía Castañón y ninguno de los tres miembros de la Mesa, según confirmaron fuentes del grupo confederal.

Tras los saludos de rigor de la Reina a los presentes, el acto continuará en el Salón de Pasos Perdidos, donde tomarán la palabra la vicepresidenta Calvo, así como las presidentas del Senado y del Congreso, que será la encargada de cerrar el acto.

El PP y Vox lanzarán este miércoles en el Pleno del Congreso una nueva ofensiva contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que insistirán en que dimita después de que la Audiencia Nacional anulara la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Y todo apunta a que forzarán una votación una semana después con mociones en las que no se descartan incluir la reprobación del ministro.

Nada más conocerse la decisión de la Audiencia Nacional de restituir a Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, ambos partidos, junto con Ciudadanos, reclamaron enseguida la dimisión de Grande Marlaska, si bien él aseguró que no tenía "ninguna voluntad" de hacerlo.

De su lado, el presidente, Pedro Sánchez, trasladó recientemente "toda su confianza" en el ministro. Tanto es así que el Ejecutivo ya ha confirmado su decisión de recurrir la resolución de la Audiencia Nacional sobre Pérez de los Cobos.

Pero el PP y Vox quieren aprovechar el primer Pleno de control tras el receso de la Semana Santa para reclamar una vez más al titular de Interior que salga del Consejo de Ministros lo antes posible. "No puede estar un día más en el Gobierno", sentenció esta semana el líder del PP, Pablo Casado.

¿POR QUÉ NO HA DIMITIDO AÚN?

Así, tanto la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, como el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro le preguntarán directamente "por qué no ha dimitido aún" tras la citada sentencia, según consta en la relación de preguntas para el control registrada por los grupos.

Pero, además, ambos partidos han presentado sendas mociones sobre esta misma cuestión. Mientras que en Vox quieren que Marlaska le detalle las medidas que va a adoptar "para acabar con la desviación de poder en el Ministerio del Interior", el PP pretende que dé cuenta sobre la asunción de responsabilidades políticas "por la sucesión de escándalos, irregularidades y sentencias condenatorias" que afectan a su departamento.

En su escrito, el PP censura el "desprecio" del ministro hacia el cumplimiento de las funciones constitucionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que evidencia la referida sentencia de la Audiencia Nacional sobre Pérez de los Cobos.

LA CIUDADANÍA HA PERDIDO LA CONFIANZA EN MARLASKA

Pero también las órdenes dictadas desde Interior para "controlar" la crítica al Gobierno en las redes sociales, las "instrucciones confusas" para impulsarlos a la entrada en el domicilio de ciudadanos sin la preceptiva orden judicial o la falta de los medios operativos policiales destinados al control de actos concretos de violencia y odio político en las calles de diversas ciudades españolas.

"El conjunto de decisiones ilegales, explicaciones contradictorias y mentiras reiteradas para ocultar la gravedad de estos hechos revelan una posición insostenible para el ministro del Interior, visto desde los más elementales principios democráticos --señala--. Resulta evidencia que la gran mayoría de ciudadanos ha perdido la confianza en el señor Marlaska".

Tanto una como otra interpelación darán lugar una semana después a la votación de las correspondientes mociones, en las que no se descarta que se pida que el Congreso censure al ministro, en coherencia con lo que ambos partidos vienen exigiendo desde hace días.

EL MINISTRO CON MÁS PETICIONES DE REPROBACIÓN A SUS ESPALDAS

Son diversas las ocasiones en el último año en las que el PP, Vox y Ciudadanos han pedido en el Congreso la reprobación de Marlaska, singularmente a raíz de conocer su decisión de cesar a Pérez de los Cobos, pero más recientemente por los acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco que el Ministerio que dirige ordena semanalmente. De hecho, es el ministro que más peticiones de reprobación acumula.

Sin embargo, en todas las ocasiones el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno, han cosechado los apoyos necesarios para 'salvar' a Marlaska de la censura parlamentaria. El respaldo ha venido singularmente de las fuerzas independentistas catalanas, muy críticas con la actuación de Pérez de los Cobos, que lideró la operación policial en Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El vicepresidente del Consell per la República (CxRep) y eurodiputado de Junts, Toni Comín, ha anunciado que el órgano pondrá en marcha durante este año una "red diplomática" propia formada por cónsules honorarios con el objetivo de internacionalizar el proceso independentista.

"Tenemos que poder disponer de una red del Consell que nos permita hacer este trabajo de internacionalización que todos esperan de nosotros, con razón. La estrategia de internacionalización necesita más instrumentos de los que tenemos hoy", ha afirmado en una entrevista, en la que ha sostenido que esta estructura diplomática será un objetivo prioritario este año.

Comín ha explicado que el modelo de diplomacia que se plantean es la de los cónsules honorarios: "La estructura diplomática de los estados tiene una parte de estructura propia --cónsules y embajadores-- pero también tienen cónsules honorarios, gente que gestiona con sus propios medios una representatividad oficial".

"Esta sería la lógica de la red diplomática que queremos tirar adelante desde el Consell porque es la que nos encaja. Debemos poder legitimar personas concretas para que tengan esta función de representantes oficiales del Consell per la República", pero no ha querido detallar todavía qué perfiles harían esta función.

Sí que ha concretado que un cónsul honorario no solo es un "amigo del país del que es cónsul, sino que tiene una representatividad oficial, por lo que puede actuar y hablar en nombre de este país, pero al mismo tiempo lo hace con sus propios medios", y ha añadido que también se tendrán en cuenta las organizaciones vinculadas al CxRep que tiene actividad internacional, como las asambleas internacionales de la ANC o la red de 'casals' catalanes.

IDENTIDAD DIGITAL

Sobre el carné que ha lanzado el CxRep bajo el nombre de 'Identidad Digital Ciudadana' (ID), Comín ha dicho que, por un lado, es una prueba de pertenencia al órgano y que él interpreta como la voluntad de mantener vivo el voto del 1-O: "Cuando una persona se hace del CxRep es que no renuncia a lo que dijo en la papeleta del 1-O".

Así, ha reivindicado este carné como la versión física del voto del 1-O: "Esta tarjeta física es como si la papeleta que pusimos dentro de la urna muchas personas el 1-O se hubiera transfigurado. Como el papel se degrada muy rápido, es biodegradable y se estropea, la manera de mantener esta papeleta, hasta que lo diga la papeleta sea un hecho, la manera de mantener la papeleta viva es este carné, es la transfiguración de la papeleta en carné".

Además, la intención del Consell es que la ID también sirva como documento de identificación en procesos de participación del órgano y lo ha calificado como "un embrión, una anticipación" de lo que debería ser el DNI de la eventual república catalana.

BALANCE DEL CXREP

Comín ha destacado que están satisfechos del trabajo que ha hecho el CxRep desde su creación y ha recalcado que ha cumplido uno de sus objetivos, que, según él, es plantear una estrategia para lograr la independencia, aunque considera que todavía necesitan fortalecer los instrumentos necesarios "para ganar el pulso con el Estado".

Asimismo, ha dicho que la voluntad del Consell siempre ha sido que sea un órgano transversal de todo el independentismo y que si no lo es más no es por su culpa, sino de los partidos que no han apostado por él --la CUP no forma parte del CxRep y ERC sí que tiene un miembro, pese a que siempre ha recelado del organismo--.

"Si no somos más transversales no es una falta nuestra, es porque algunas organizaciones no han querido estar con todo el derecho del mundo. Lo que no es legítimo es que nos digan que no somos transversales, porque sino lo somos es porque no están", ha razonado.

Un total de seis personas han resultado heridas en el incendio de una casa a última hora de este pasado sábado en la localidad de Pizarra (Málaga), según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.

El fuego se ha declarado en el interior de una vivienda en la que residían un matrimonio mayor en la calle Virgen de las Nieves de la población de Zalea de dicho municipio y ha sido extinguido por los propios vecinos, han señalado desde el 112 en un comunicado.

Los servicios sanitarios de la Junta han tenido que evacuar al hospital Valle del Guadalhorce a una mujer de 75 años al sufrir quemaduras en el siniestro, junto con otros cinco hombres intoxicados por inhalación de humo de 83 años, 21, 28, 38 y 51 años.

El centro coordinador de urgencias y emergencias sanitarias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias envió al lugar al Servicio de Urgencias de Pizarra y al de Cártama.

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) ha procedido a inspeccionar y ventilar la casa afectada por las llamas, junto con efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.