El Tribunal de Cuentas da el primer paso para investigar el ático de 6,3 millones vinculado a Ayuso. El órgano fiscalizador ve indicios de menoscabo en los fondos públicos de la Comunidad de Madrid y remite el asunto a su Sección de Enjuiciamiento.
La decisión está en un auto de la consejera de Cuentas del órgano fiscalizador conocido este 13 de noviembre. En él se acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga el nombramiento de un delegado instructor que investigue las presuntas irregularidades y determine si pueden derivar en responsabilidad contable.
Los hechos, por partes. La Comunidad de Madrid compró un ático de unos 485 metros por 6,3 millones en la calle General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí. La operación trascendió en julio y la polémica no tardó en estallar.
El auto sostiene que la compra se hizo sin un encargo formal previo ni una memoria justificativa que acreditase la necesidad de adquirir el inmueble. La memoria que después esgrimió la Administración regional está fechada el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de la compraventa.
La segunda pata es el precio. La primera tasación, encargada a Gesvalt el 13 de febrero de 2026, valoró el ático en 6.242.884,19 euros, frente a los 6,3 millones abonados. Las denuncias apuntan a otros costes asociados y cifran el eventual perjuicio en al menos 437.058 euros, cerca del 7% de lo pagado.
El auto incluye un aviso que conviene no saltarse: la decisión 'no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables'. Traducido: abrir la investigación no equivale a una condena. De momento hay indicios que el órgano considera suficientes.
El órgano aprecia indicios de daño a los caudales públicos, pero deja por escrito que aún no ha declarado ninguna irregularidad.
Qué ha decidido exactamente el Tribunal de Cuentas
Aquí no se imponen penas ni se decide si alguien delinquió: se fiscaliza el dinero público. El terreno del Tribunal de Cuentas es la responsabilidad contable, la obligación de responder por un daño económico causado a los caudales públicos. Si la investigación acaba declarando un alcance —el importe exacto del perjuicio—, quien resulte responsable debe reintegrarlo.
En este caso, el auto señala que los denunciantes han aportado elementos indiciarios suficientes para considerar que la adquisición 'pudiera en su caso haber ocasionado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos'. Un lenguaje cuidadoso, típico del órgano, que no da nada por probado.
Por qué te afecta aunque el ático no sea tuyo
Porque el dinero es de todos. Los 6,3 millones salieron del presupuesto de la Comunidad de Madrid, el mismo que paga sanidad, educación o ayudas. La pregunta de fondo es si ese gasto estaba justificado o si se pagó de más por un inmueble en una de las zonas más caras de la capital.
A eso se suma el uso. La oposición subrayó desde el principio que el inmueble tiene uso residencial y no puede emplearse como oficina, el destino que alegaban la presidenta madrileña y su equipo. También se señaló que el ático está cerca de donde vivían Ayuso y su expareja.
Fueron esas dudas las que llevaron el asunto al Tribunal de Cuentas de la mano de Mas Madrid y otros denunciantes. La Comunidad defiende que el inmueble tiene destino institucional y que la memoria posterior acredita esa necesidad. El órgano no ha validado esa explicación: le ha bastado con apreciar indicios.
Un procedimiento lento en el que la clave está en los papeles
El calendario no es rápido. La Sección de Enjuiciamiento debe proponer el nombre del instructor y, desde ahí, se abre una instrucción con declaraciones y documentación de la Comunidad de Madrid. En procedimientos de este tipo, los plazos se cuentan en meses y a veces en años.
Caben tres desenlaces: que no se aprecie daño, que se aprecie y se exija el reintegro, o que el asunto derive hacia otros órganos. El precedente de este tipo de fiscalización apunta al mismo sitio: lo que suele pesar es la documentación previa —el encargo, la memoria, el control del gasto—, más que el relato político posterior.
El siguiente hito verificable es el nombre del instructor. Después llegarán los informes y, con ellos, el pulso político en la Asamblea de Madrid, donde la oposición, que llevó el caso al órgano, reclama explicaciones, y el Ejecutivo autonómico sostiene que la compra respondía a una necesidad institucional.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal de Cuentas aprecia indicios de perjuicio en la compra del ático de 6,3 millones y eleva el caso a la Sección de Enjuiciamiento para nombrar instructor.
- Por qué te importa: Son 6,3 millones de dinero público madrileño; las denuncias cifran el daño en al menos 437.058 euros.
- A quién afecta: A los contribuyentes de la Comunidad de Madrid y a los responsables de la operación, que podrían tener que reintegrar cantidades.
- Hacia dónde vamos: La Sección debe proponer al instructor; después llegará la instrucción, con plazos de meses y sin garantía de sanción.
