El Tribunal Supremo dio por bueno que el censo de votantes en el exterior había crecido en 408.262 personas y suspendió su voto. La Oficina del Censo Electoral ha terminado de revisar los nombres uno a uno: los afectados reales son 113.326.
La diferencia ronda las 300.000 personas. La medida cautelar que el Alto Tribunal decretó el 10 de septiembre sigue en pie, pero el número de votantes suspendidos se queda en menos de un tercio de la cifra que figuraba en el auto.
En el CERA se inscriben los españoles que viven fuera del país y votan desde allí. Es el Censo Electoral de Residentes Ausentes, una lista que luego se traduce en papeletas repartidas por las 52 circunscripciones.
Qué decidió exactamente el Supremo
El auto se apoyaba en la Ley 20/2022, la de Memoria Democrática, la norma que abrió la vía de la nacionalidad a los descendientes del exilio. El tribunal apreció un 'incremento extraordinario' del censo exterior y ordenó prohibir cautelarmente el voto a los nacionalizados con esa ley que no hubieran demostrado documentalmente ser hijos o nietos de exiliados.
Las cifras que sostenían ese 'peligro fundado, real y serio' no salieron de la Administración electoral. Vox, tercer partido en expectativa de voto para el 29N, habló de 375.027 votantes nuevos. Iustitia Europa, una formación extraparlamentaria cuya actividad conocida es pleitear contra el Gobierno, elevó la cuenta hasta 408.262. El Supremo aceptó la más alta.
La cifra que justificó la suspensión del voto exterior se ha reducido a menos de un tercio, pero la cautelar sigue vigente.
Cuánto pesa ese voto en las elecciones del 29N
Los 113.326 electores suspendidos son, según el cálculo de la Oficina del Censo, el 0,2% de los 38,5 millones de personas que forman el censo. Para medir el impacto real hay que proyectar sobre ellos la participación que el CERA tuvo en las generales de 2023: la cuenta baja a menos de 10.000 sufragios, un 0,04% de los 24,6 millones de votos contabilizados entonces.
Repartidos entre todas las candidaturas y todas las circunscripciones, el volumen rondaría los 9.800 sufragios. Ese es el tamaño del 'peligro fundado, real y serio' que el tribunal apreció en su auto.
La cifra que llegó antes que la comprobación
El abogado del Estado advirtió por escrito de que el tribunal había dado por ciertas unas cifras que no cuadraban con los nacionalizados por la ley de nietos. Aportó un certificado de la Dirección General de Asuntos Consulares que situaba a los afectados en 168.896. Escritos posteriores de la Administración y del INE bajaron el número hasta 163.020.
El 28 de octubre, con los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños apercibidos de multas o de un proceso penal, el Gobierno entregó dos listados: 163.355 identidades desde Exteriores y 76.600 desde el Registro Civil Digital. Fuentes del Ejecutivo reconocieron después que ambos documentos incluían duplicados y personas residentes en España.
La Oficina del Censo Electoral, dependiente del INE, avisó de la mala calidad de esos datos: identidades incompletas, repetidas y errores difíciles de resolver. Su informe final deja la cifra en 113.326 tras eliminar a 190 personas que ya estaban inscritas antes de que la ley de memoria entrara en vigor.
Hay un detalle que ayuda a entender a quién se está dejando fuera. Según fuentes del Ejecutivo y diplomáticos implicados en el proceso, la mayoría de esas personas no pidió la nacionalidad para votar, sino como medida de reparación o para tener la posibilidad de instalarse en Europa.
El Supremo dictó la cautelar desoyendo al Ministerio Fiscal y a la Junta Electoral Central, según la información publicada sobre el caso. Ese detalle, unido al baile de cifras, explica por qué una medida provisional se ha convertido en un pulso entre el tribunal, el Gobierno y los partidos que impulsaron la tesis del fraude. La suspensión sigue en pie con una lista muy distinta a la del auto.
El informe definitivo es ahora el documento de referencia para la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Queda por ver si mantiene la suspensión con 113.326 nombres, la ajusta o la levanta antes del 29N.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Oficina del Censo Electoral fija en 113.326 los votantes del exterior afectados por la suspensión cautelar del Supremo, frente a los 408.262 del auto.
- Por qué te importa: La medida condiciona el derecho al voto de españoles en el extranjero en unas generales que se deciden circunscripción a circunscripción.
- A quién afecta: A los nacionalizados con la Ley de Memoria Democrática que no han acreditado ser hijos o nietos de exiliados, y a los partidos que pelean por esos votos.
- Hacia dónde vamos: El Supremo debe pronunciarse sobre el alcance definitivo de la cautelar antes del 29N, con una lista muy inferior a la inicial.
