La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, asegura que lo que su país está haciendo en el paso fronterizo de Guerguerat es «asegurar el paso» como «país responsable» y acusa al Frente Polisario de «provocaciones» reiteradas. «Nosotros no queremos guerra, pero tampoco hay que provocar», ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

Benyaich concede que es necesario que la ONU nombre un nuevo enviado especial para el Sáhara, pero cree que el problema de fondo son las «provocaciones» del Polisario y pide poner en valor que Marruecos es «un país estable, un país serio, un país comprometido con la paz para evitar crear más tensiones en esa región explosiva».

Preguntada por la posición española sobre el contencioso, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dijo que «la centralidad» para resolver el problema del Sáhara corresponde a la ONU.

Marruecos, eso sí, insiste en que la solución debe ser «justa, pragmática, duradera y en el marco de la soberanía y la integridad territorial marroquí».

Benyaich defiende que han sido los propios enviados especiales de la ONU los que han dicho que no es posible organizar un referéndum porque «la gente se desplaza de un lugar a otro» e insiste en la propuesta marroquí de una «autonomía avanzada en el marco de una regionalización» que ya está en la Constitución marroquí de 2011.

En la misma línea, ha defendido que la autodeterminación no tiene que ser necesariamente independencia, sino que puede traducirse en asociación o integración. «La única solución es una autonomía avanzada en el marco de nuestra integridad territorial», ha recalcado.

La embajadora cree que «la gente no conoce la situación del país» y defiende que, en Guerguerat, Marruecos está garantizando el comercio no solo entre Marruecos sino entre África y Europa. Según ha dicho, el 13 de noviembre la Armada marroquí disolvió «de manera pacífica, haciendo un cordón de seguridad» y «en pleno respeto de la legalidad internacional» la protesta que había comenzado el 21 de octubre.

Benyaich ha acusado al Frente Polisario de utilizar «mujeres y niños como escudos humanos», de quemar los materiales con los que habían acampado y de recurrir a las «fake news» como «tienen costumbre de hacer». «Lo que hicieron fue declarar la guerra a Marruecos y levantar el alto el fuego», afirma.

«EL POLISARIO ESTÁ PERDIENDO APOYOS»

Además, ha asegurado que la intervención marroquí «fue saludada a nivel internacional» mientras que el Polisario «está viendo que está perdiendo apoyos» y que hay 165 países que no le reconocen.

El Polisario, a su juicio, es un movimiento que es «una herencia de la guerra fría», que tiene «secuestrada» a la gente en los campamentos y ahora está debilitado. Así, ha expresado su «condena» por las condiciones en que viven los refugiados en los campamentos de Tinduf, afirmando que «no viven ni con la dignidad de ser refugiados».

Según la embajadora, el Polisario no permite que se cense a la población de Tinduf con vistas a la ayuda humanitaria «porque su número es muy reducido». Asegura que dos tercios de los saharauis viven en Mauritania o en Marruecos –en alusión a la zona del Sáhara Occidental ocupada por Rabat y no reconocida internacionalmente–.

Además, defiende que «no se puede hablar de pueblo saharaui porque el Sáhara va desde el Atlántico hasta el Mar Rojo y ellos no representan a toda esa población» y que cuando se colonizó la región en el siglo XIX no había más Estado que Marruecos «que es Estado desde hace 12 siglos».

La Real Sociedad Canina (RSCE) ha denunciado que la mitad de los perros que se regalan con motivo de las navidades terminan por ser abandonados debido a la falta de concienciación sobre la responsabilidad que comprende tener una mascota en una hogar, ya que se regala como un capricho o impulso más que a un compromiso real.

Por ello, la RSCE ha lanzado la campaña ‘Para toda la vida’ para concienciar sobre el compromiso que supone tener un perro, que necesita cuidados y cariño, y recalca que este animal «no es un regalo de Navidad» sino «para toda la vida».

Los últimos datos de la Fundación Affinity (2019) señalan que España es uno de los países de Europa con mayor número de abandono de perros, una cifra que se eleva hasta 183.000 canes.

«Tener un perro exige un compromiso, no solo afectivo, sino también económico pues de media mantenerlo cuesta unos 1.250 euros al año, entre alimentación, veterinario, peluquería y demás cuidados», señala la organización, que insiste en informarse sobre las características y el carácter del animal porque pueden no ajustarse al estilo de vida del comprador.

En este año marcado por la pandemia, la RSCE considera que habrá una mayor demanda de los perros que en años anteriores, algo que en la pasada cuarentena ya incrementó los números, lo que derivó en un aumento de los abandonos del 25 por ciento al acabar el confinamiento en mayo.

«En esta navidad tan inusual con la que cerramos un año muy complicado para todos, debemos ser conscientes más que nunca de las decisiones que tomamos y si estamos preparados para ellas. Tener un perro no es un juego», ha subrayado el presidente de la RSCE, Julián Hernández, que ha reconocido que, a pesar de que un perro «sea algo costoso», el beneficio que otorga «es incalculable».

El 30% de los 108 presos de ETA que han sido trasladados por el Gobierno de Pedro Sánchez tienen delitos de sangre, por lo que en cárceles lejos del País Vasco continúan aún históricos dirigentes de la banda terrorista como Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, que se encuentra en la cárcel de Huelva; Juan Antonio Olarra Gudiri y Ainhoa Mujika, en Granada; o los autores de algunos de los últimos atentados con víctimas, como el de la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, Igor Portu (en Córdoba) y Martín Sarasola (Jaén), según los datos recopiladas por Europa Press.

Desde el primer Gobierno de Sánchez en junio de 2018 se han autorizado 121 traslados que se corresponden a movimientos de 108 etarras –algunos más de una vez–, de los que 33 tienen delitos de sangre, según los datos recopilados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), muy crítica con estos acercamientos porque en la primera legislatura el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les aseguró que serían puntuales.

Los últimos seis etarras fueron trasladados el pasado viernes, entre ellos Jon Igor Solana Matarrán, integrante del ‘comando Andalucía’ que asesinó en el año 2000 al concejal José Martín Carpena en Málaga, al fiscal Luis Portero en Granada y al médico Antonio Muñoz Cariñanos en Sevilla. En torno al 60% de los algo menos de 200 presos de ETA han sido ya movidos de prisión.

Al País Vasco o Navarra se han aprobado 23 traslados, de los que 10 son por progresión al tercer grado y dos por enfermedad; siete han quedado en libertad por cumplimiento de condena. Además, 17 presos de ETA han obtenido el tercer grado, de los que cinco tenían delitos de sangre y seis han alcanzado la libertad condicional.

Uno de los últimos cuyo trasladado ha sido aprobado llevarlo hasta la cárcel de Logroño es José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’. El jefe de los comandos de ETA en los años 90 está condenado por ordenar los asesinatos de Fernando Múgica Herzog o el matrimonio formado por concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García, entre otros.

Poco antes fue también autorizado el movimiento desde la cárcel de Valencia a la de Zaragoza de otros dos terroristas condenados por este último atentado en Sevilla, Mikel Azurmendi Peñagaricano y Maite Pedrosa Barrenechea.

En octubre fue el turno de Andoni Otegi Eraso, uno de los terroristas condenados por el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola, en el que murió una niña. Fue enviado a Logroño desde Almería. La cárcel riojana es una de las que concentra más traslados aprobados por Interior. Fue la elegida en octubre también para Mikel Xabier Ayensa Laborda, condenado en 2003 a 30 años de prisión como responsable del atentado que le costó la vida al político de UPN Tomás Caballero Pastor.

LOS QUE SIGUEN LEJOS DEL PAÍS VASCO

Desde la AVT temen que los acercamientos prosigan –«no los quieren cerca, los quieren libres», avisa de forma recurrente– y que incluya a terroristas con un perfil especialmente sanguinario que actualmente continúan en las cárceles de Andalucía o Murcia, las más alejadas al País Vasco.

Destaca entre ellos ‘Txapote’, que hace semanas abandonó el módulo de aislamiento en Huelva –donde se encuentra también su compañera de comando Irantzu Gallastegi Sodupe–, aunque sigue clasificado en primer grado, el régimen más duro. Participó en gran parte de las atrocidades del comando Donosti como el asesinato del dirigente socialista vasco Fernando Múgica y los ediles del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.

Tras su detención en 2001, tomaron el relevo del aparato militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y su pareja Ainhoa Mujika, ingresados ambos en la actualidad en la cárcel de Granada. En Sevilla II está Gurutz Agirresarobe Pagola, condenado por ser el autor material del asesinato del jefe de la Policía Municipal de Andoain (Guipúzcoa), Joseba Pagazaurtundua, cometido en febrero de 2003.

En Jaén se encuentra Beinat Aginagalde Ugartemendia, condenado por los asesinatos del concejal Isaías Carrasco y del empresario Ignacio Uría, en 2008, en la etapa final del terrorismo etarra. Fue compañero de comando de Joanes Larretxea Mendiola –condenado por el segundo de los atentados–, para quien Interior ha aprobado también su traslado desde Herrera de la Mancha (Ciudad Real) a la cárcel de Asturias.

Igor Portu y Martín Sarasola se encuentran en las prisiones de Córdoba y Jaén, respectivamente, cumpliendo condena por ser los autores del atentado de la T-4 en Madrid de dos años antes, en 2006, matando a dos ciudadanos ecuatorianos.

Entre los históricos exdirigentes de ETA que se encuentran cumpliendo condena en Andalucía están Iñaki Arakama Mendia o José María Dorronsoro, este último en Puerto III, la misma prisión donde cumple condena Iñaki Bilbao Goikoetxea, ‘Txikito’, que hace poco protagonizó una huelga de hambre apoyada por el minoritario grupo de disidentes con la línea oficial agrupados entorno al Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión (ATA).

Desvinculado de cualquier colectivo de presos, en Zuera sigue cumpliendo años de su condena Francisco Mujika Garmendia, ‘Pakito’, integrante del colectivo Artapalo y jefe de ETA en la etapa más mortífera de la banda terrorista, hasta que fue desarticulado en Bidart en 1992, cayendo José Luis Álvarez Santacristina, ‘Txelis’ –en libertad desde hace años– y José María Arregui Erostarbe, ‘Fiti’.

ACERCAMIENTO DE ‘FITI’ HACE UN AÑO, PRIMERAS CRÍTICAS

Hace ahora un año, fue precisamente con el traslado de ‘Fiti’ cuando por primera vez la AVT mostró abiertamente su discrepancia con los acercamientos autorizados desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior en junio de 2018. El etarra de más edad (74 años) fue trasladado de Alicante a la cárcel de Asturias, y en octubre de aquí a la de San Sebastián.

Entendían desde la asociación que Grande-Marlaska había roto su promesa de llevar a cabo acercamientos puntuales de presos sin delitos de sangre y que no tuvieran largas condenas aún por cumplir. El traslado de ‘Fiti’ en diciembre de 2019 lo vincularon a la negociación para la investidura de Pedro Sánchez.

Desde Interior alegan que se limitan a cumplir con la legislación penitenciaria tras la derrota y posterior disolución de ETA, lo que hace prescindible la dispersión de etarras que fue clave en la lucha antiterrorista. Además, sostienen que son las juntas de tratamiento las que promueven estas decisiones, que hasta ahora no han sido en ningún caso revocadas por los tribunales.

La crítica de la AVT, muy molesta con las posiciones sobre EH Bildu del vicepresidente Pablo Iglesias, se ha mantenido durante todo el 2020, acusando al Ejecutivo de incrementar el ritmo de traslados a cárceles más próximas al País Vasco para aprobar unos Presupuestos «manchados de sangre», algo que esta semana ha negado en el Senado una vez más Grande-Marlaska, al decir que no hay ningún «canje».

Instituciones Penitenciarias asegura cuando comunica los traslados que los presos, en su mayoría, aceptan la legalidad penitenciaria e incluso han remitido escritos en los que renuncian a la violencia o lamentan el daño causado. La AVT cuestiona este arrepentimiento y pide que lo demuestren colaborando con los más de 300 asesinatos sin resolver.

También protestaron por las decisiones de las autoridades galas de agrupar a muchos de los últimos jefes de ETA en la cárcel de Lannemezan, a unos 300 kilómetros de la frontera con el País Vasco. Allí están Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, y sus sucesivos relevos: Mikel Carrera Sarobe y Aitzol Iriondo.

Pendiente de su posible, en el país galo también aguarda José Antonio Urruticoetxea, ‘Josu Ternera’, el último de los históricos dirigentes detenido por la Guardia Civil tras 17 años prófugo.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado que la Constitución española «no se va a tocar» porque para abrir ese proceso de reforma «se necesita al PP», que se va a dedicar a «protegerla» como «partido garante de las instituciones». Además, ha recalcado que «el problema de España no es la Carta Magna» sino que «el problema de España se llama Pedro Sánchez» y sus socios, que buscan «destruir» la nación.

En una entrevista concedida a Europa Press, Montesinos ha asegurado que en el 42 aniversario de la Constitución los españoles han podido comprobar dos cosas: «un Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias apoyado en aquellos que quieren destruir España» y «caracterizado por la radicalidad y la mentira». Y luego «la fórmula» de Pablo Casado con gobiernos autonómicos del PP, ha proseguido, que «son leales a la Constitución, a las instituciones y que defienden el interés general».

«Y un día después de celebrar este aniversario de la Carta Magna nosotros decimos sí a ese texto de 1978 y también sí al Estado de las Autonomías», ha proclamado, para añadir que el PP a través de sus comunidades va a ejercer de «dique de contención» al Gobierno «radical y mentiroso» de Pedro Sánchez, «que se apoya en aquellos que quieren destruir España».

En este sentido, ha subrayado que el PP ofrece a los españoles a través de sus gobiernos autonómicos «otra forma de hacer las cosas», defendiendo bajadas fiscales y libertad educativa frente a la llamada ‘Ley Celaá’. «La fórmula Casado es la fórmula Moreno, es la fórmula Ayuso, es la fórmula de más libertad y de bajada de impuestos», ha insistido.

Ante las concentraciones convocadas por Vox este domingo para defender el orden constitucional, Montesinos ha manifestado que no van a entrar en las «estrategias de otras formaciones políticas» y que el PP se va a dedicar a «reivindicar» la Carta Magna porque ha dado «libertad y democracia» y en ella caben «absolutamente todos».

«EL PROBLEMA DE ESPAÑA SE LLAMA PEDRO SÁNCHEZ»

Al ser preguntado si el PP estaría dispuesto a sentarse a reformar algunos preceptos de la Carta Magna dada la multitud de voces que ven necesario actualizar aspectos de la Ley Fundamental, ha recalcado que «el problema de España no es la Constitución española» sino que «el problema de España se llama pedro Sánchez» y los «socios en los que se apoya el Gobierno».

«Hoy tenemos un Gobierno que se apoya en aquellos que tienen como único objetivo acabar con la Constitución y con la igualdad de los españoles. Hoy Pedro Sánchez ha hecho añicos su hemeroteca y su palabra. La palabra del presidente Sánchez, y esto es muy duro decirlo pero es la verdad, no vale absolutamente nada», ha enfatizado, tras recordar que prometió públicamente que «jamás» pactaría con los independentistas y Bildu como al final ha sucedido en los Presupuestos.

En este punto, ha destacado que el PP considera que la Ley Fundamental tiene «plena vigencia» y ha apelado a los barones territoriales del PSOE a que «reaccionen» ante un presidente del Gobierno que «ha buscado como socios y aliados a aquellos que quieren acabar con esa Constitución de 1978» y «acabar con la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles».

EL PSOE CONSTITUCIONALISTA «HA DESAPARECIDO»

«El problema es el que Partido Socialista constitucionalista, el Partido Socialista de siempre ha desaparecido. De ese PSOE ya no queda prácticamente nada, salvo algunas voces que se escuchan pero que no se materializan en nada», ha afirmado, para recalcar que ese PSOE ha sido «abrasado por el partido sanchista» y «hoy no hay PSOE, hay un partido sanchista».

Después de que Bildu se haya mostrado partidario de abordar el estatus de Navarra y defienda que sea una república vasca confederal, Montesinos ha señalado que lo primero que hay que preguntarse es «qué va a hacer Pedro Sánchez» porque no se ha pronunciado al respecto.

«Un socio del Gobierno de España está diciendo que quiere anexionar Navarra a otra CCAA, al País Vasco. ¿Qué opinión tiene Pedro Sánchez al respecto? Voy a ir todavía un paso más lejos. ¿Qué opinión tiene la presidenta de Navarra, que es del Partido Socialista y que está ahí gracias a Bildu?», se ha preguntado.

En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP ha insistido en que la presidenta de Navarra y los socialistas navarros deberían aclarar si van a «romper los acuerdos con Bildu ante este objetivo» de la formación abertzale, que «todavía no ha condenado el terrorismo.

Ante las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias apelando al PSOE para avanzar hacia una España plurinacional, Montesinos ha subrayado que, ante esas pretensiones del líder de Podemos, el PP va a reivindicar la Constitución y el Estado de las Autonomías.

«Y con un compromiso muy claro, no se va a tocar la Constitución porque para ello se necesita al PP. Y este es el partido garante de las instituciones, este es el partido que va a reivindicar el Estado de Derecho, este es el partido que va a reivindicar y va a proteger nuestra Carta Magna», ha aseverado. La reforma de la Carta Magna exige dos tercios del Congreso (233 votos), lo que exige el concurso del concurso del PP.

«YA BASTA DE BLANQUEAR A BILDU»

En cuanto a las declaraciones de Pablo Iglesias elogiando el «recorrido ético» de Bildu y controponiéndolo a la «inmoralidad permanente» del PP y Vox, ha señalado que el vicepresidente «debería pedir disculpas a todos los dirigentes del PP y a todos los votantes del PP porque no todo vale». «Y porque ya basta, ya basta de blanquear a una formación política que no ha condenado el terrorismo», ha espetado al secretario general de Podemos.

Además, Montesinos ha dicho que si Iglesias «no se atreve porque está más contento de estar con Bildu que de respetar a una formación como el PP, le podría desautorizar Sánchez». «Que Pedro Sánchez desautorice a Pablo Iglesias porque no todo vale», ha reiterado.

El negociador jefe de la Unión Europea para la relación futura con Reino Unido, Michel Barnier, el alcalde de Londres, Sadiq Kahm, y el presidente del grupo de contacto con ciudades y regiones de Reino Unido del Comité de Regiones, Loïg Chesnais-Girard, mantendrán la primera sesión plenaria telemática del Comité Europeo de las Regiones el próximo 9 de diciembre.

El debate girará en torno a la situación del Brexit justo tres semanas después de que Reino Unido iniciara el periodo de transición para la retirada de la UE sin un acuerdo comercial concreto todavía, según ha informado en un comunicado el Comité Europeo de las Regiones.

Asimismo, durante el encuentro se discutirá sobre el impacto territorial y las futuras relaciones del Brexit entre las regiones de Reino Unido y la UE, así como con las ciudades y las administraciones descentralizadas.

Dos días antes, el 8 de diciembre, el Consejo Europeo se reunirá para debatir un posible nuevo objetivo climático para 2030. Además, el Comité Europeo de las Regiones también dará la bienvenida a la ministra federal alemana de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, Svenja Schulze, en su plenario.

La ministra hará balance de los avances realizados durante la presidencia alemana de la UE en materia de clima y energía, y discutirá las propuestas realizadas por las regiones y ciudades para abordar el cambio climático y garantizar una recuperación europea verde.

El 9 de diciembre, el comisario europeo de Ampliación y Vecindad, Olivér Várhelyi, debatirá sobre las relaciones entre la UE y sus países vecinos, incluidos los posibles miembros de la UE procedentes de los Balcanes.

De su lado, durante el 10 de diciembre se producirán varias reuniones. En primer lugar, el vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, presentará el primer informe de proyecciones centrado en la resiliencia y el programa de trabajo de la Comisión para 2021, incluidos los esfuerzos de la UE para ayudar a la recuperación de la pandemia de Covid-19.

A su vez, la comisaria europea para Asuntos de Interior de la UE, Ylva Johansson, debatirá sobre el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo en el marco del plan de acción para la inclusión y la integración. Sobre la base de la Iniciativa de Integración lanzada en 2019, la Comisión y el Comité Europeos pondrán en marcha una asociación personalizada para ayudar a los entes locales y regionales a implementar políticas de integración de migrantes en sus comunidades.

Por último el comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, discutirá cómo impulsar la recuperación en las zonas rurales de Europa. El debate plenario se centrará en cómo coordinar la Política Agrícola Común (PAC) de la UE, los fondos estructurales y el mecanismo de recuperación y resiliencia para apoyar a los productores locales, impulsar una industria agroalimentaria más ecológica y fortalecer la cohesión y diversificar las oportunidades de crecimiento en las comunidades rurales.

La anunciada reforma del delito sedición por el Gobierno, con el objetivo de armonizar» el Código Penal español con el de otros países europeos, en palabras del propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, podría suponer una rebaja de las penas actuales asimilando ese delito a conductas de resistencia grave castigadas en otros países con no más de cinco años de cárcel.

Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press argumentan que la sedición es un delito que no encuentra fácilmente un equivalente en los ordenamientos europeos, algo que no ocurre con la rebelión, que si bien no se denomina con este término en otros códigos si puede compararse más fácilmente con otras conductas gravemente penadas como «alta traición» en Alemania o delitos contra la República o la integridad del territorio nacional en Francia.

Pese a que se prevé reformar ambos delitos, la atención se centra especialmente en el de sedición porque es por el que fueron condenados por el Tribunal Supremo los líderes independentistas en el juicio por el «procés’ en Cataluña.

Además, si la pena prevista se rebaja la reforma tendrá consecuencias en el cumplimiento de las condenas ya impuestas al exvicepresident Oriol Junqueras y al resto de condenados, al aplicarse la retroactividad de la norma en beneficio del reo.

Por ello cobra especial importancia en este punto el derecho comparado respecto de la sedición, que según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press lleva a valorar las medidas que en otros códigos se imponen respecto a conductas similares como los de resistencia grave, para los que señalan penas de prisión que van desde los 8 años (únicamente en Portugal) hasta condenas que no superan los 5 de cárcel en la mayoría de los Estados, llegando a los 6 meses en sus límites más bajos.

Actualmente, este delito se regula en el artículo 544 del Código Penal, que señala que son reos de sedición los que, «sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

Las penas previstas van desde los 10 a 15 años en el caso de que los cometan autoridades mientras que para el resto, los que hayan «inducido, sostenido dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años.

Por ello se está planteado comparar la sedición -un término decimonónico que se viene arrastrando desde el Código Penal de 1822- con delitos regulados en otros países para sancionar conductas de alteración de paz pública o uso de intimidación para impedir que una autoridad política o funcionario público cumpla con sus funciones, según fuentes jurídicas y universitarias consultadas.

DELITOS PARECIDOS EN EUROPA

En todos estos casos existe una diferencia fundamental con la regulación española de la sedición, ya que en todos ellos se habla de empleo de violencia o intimidación para lograr la alteración de la citada paz pública y, aún así, las penas previstas son más bajas que en España.

En Italia existen los delitos de resistencia regulados en sus artículos 336 y 337 del Código Penal italiano que castigan con penas de entre 6 meses y cinco años de cárcel, según la gravedad de la conducta; mientras que en Alemania el artículo 113 de su Código pena la resistencia y los desórdenes públicos para los que se usa violencia con 3 años de cárcel o multa. Se trata de las condenas más bajas, sin tener en cuenta ningún agravante.

En este mismo análisis sin agravantes estaría Suiza, donde los delitos contra el Estado o la Constitución son de menos de un año, pero la resistencia grave se pena en el artículo 285 de su Código Penal con 3 años incluso si se producen con alzamiento.

Las penas más elevadas las prevé el Código portugués, con penas de entre 1 y 8 años de cárcel por resistencia en el artículo 333 y de hasta 3 años en el 334 en caso de algarada para perturbar el funcionamiento constitucional.

En Francia, el delito equivalente de resistencia se regula en los artículos 433 al 426 de su código con prisión de 2 años de multa que subiría a 3 años si el delito se comete en grupo; mientras que en Bélgica esta pena es de hasta 5 años en grupo y se rebaja a entre 3 meses y 2 años si no se da esta circunstancia, según al artículo 269 de su ordenamiento penal.

Esta comparativa permite concluir, según las mismas fuentes, que los comportamientos sediciosos en España, pese a no requerir violencia, conllevan penas mucho más altas que en países de nuestro entorno, a lo que se une la «vaporosa» y ambigua redacción del artículo, que ha quedado obsoleta.

La reforma, señalan, debería ir dirigida a mejorar la definición del tipo y adecuar la pena, lo que evitaría además lo que los juristas llaman «efecto desaliento», que se da cuando un precepto define de forma muy deficiente la conducta a castigar y la asocia a la vez a penas elevadas, ya que ello afecta al ejercicio de derechos fundamentales y es propio de países autoritarios.

REBELIÓN

En cuanto a la rebelión, la identificación con las penas para este tipo de conductas contra el orden constitucional en otros países es más sencilla de realizar. El Código Penal francés castiga «el hecho de cometer uno o varios actos de violencia susceptibles de poner en peligro las instituciones de la República o de atentar contra la integridad del territorio nacional» con treinta años de cárcel y una multa de 450.000 euros.

Por su parte, la legislación portuguesa contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión para «aquel que intente separarse de la madre patria», trate de someter a soberanía extranjera el territorio portugués, o ponga en peligro la independencia del país. En el caso de Alemania, un delito de Alta Traición a la Federación con violencia puede llegar a ser castigado «de por vida».

Al igual que ocurre en Canadá para cualquier persona que «utilice la fuerza o la violencia con el propósito. El delito de «rebelión contra la autoridad de los Estados Unidos o sus leyes» está penado con un máximo de diez años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que el máximo castigo para las personas que «conspiren para derrocar al Gobierno de Estados Unidos» no será superior a 20 años de cárcel.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha avisado este lunes de que se podrían volver a cerrar bares y restaurantes en Cataluña si sigue subiendo la rt (por encima de 1) y los ingresos hospitalarios, aunque ha añadido que ahora está subiendo la rt y bajando las hospitalizaciones.

«Eso podría pasar. Estamos analizando la situación», ha alertado al ser preguntado por un posible retroceso de la reapertura, en declaraciones a Ràdio 4 y La 2 recogidas por Europa Press, y ha añadido que se ha visto más interacción social y que ha subido la rt en cuanto han abierto, aunque ha dicho que la mayoría de restauradores están cumpliendo las medidas.

Sàmper ha asegurado que «no ha habido una huída masiva» de personas por el puente de la Purísima y ha apostado por encontrar el equilibrio, porque asegura que la gente tiene mucho desgaste psicológico.

Ha destacado que el plan de Navidad y el de reapertura son independientes, pero ambos dependen de los datos epidemiológicos, y ha pedido «bajar un poco la ilusión navideña», porque estaba previsto llegar al tramo 3 de reapertura en Navidad y ahora puede que se esté en el tramo 2 ó en el 1.

Sàmper ha apuntado que están trabajando a nivel técnico sobre el aforo del Liceu de Barcelona: el sábado se reunieron con el comité ejecutivo del teatro y se están replanteando el límite de 500 personas de aforo: «Entre hoy y las siguientes horas o días puede haber una solución» desde el Procicat.

PLAZA SANT JAUME

Sàmper ha anunciado que los Mossos d’Esquadra llevarán a la Fiscalía las proclamas fascistas al acabar la concentración de Vox de este domingo en la plaza Sant Jaume de Barcelona y ha criticado que el delito de odio está «muy resuelto en Europa, pero no tanto en España», y ha calificado de laxa la persecución de estos delitos por la Fiscalía.

«Cualquier conducta fascista debería ser perseguida», ha afirmado el conseller, que ha dicho que no le gusta que se celebren estas movilizaciones pero están amparadas por el derecho de manifestación y reunión y la libertad de expresión.

También ha dicho que el estado de alarma permite a los cargos institucionales que se desplacen por el territorio, por lo que el líder de Vox, Santiago Abascal, «lo podía hacer» y acudir a la concentración en Barcelona, y ha añadido que la actuación de Mossos buscaba evitar que se encontrasen dos bloques antagónicos, ya que había manifestantes en contra de la convocatoria de Vox.

Sobre desahucios, Sàmper ha asegurado que cada vez hay menos y que ahora habrá una moratoria pactada por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos: «Hay campo de mejora. Estamos trabajando, ahora que tenemos margen fruto de la moratoria, para sustituir con mediación» las intervenciones de Mossos.

Sobre las discrepancias entre ERC y JxCat, el conseller ha destacado que ha pedido perdón por la filtración de un borrador del plan de reapertura, y ha dicho que sabe quién lo filtró, pero se ha negado a decirlo: «Se ha dicho en medios públicos, por gente cualificada en su ámbito».

«Si hubiera hecho estas cosas, no me consideraría capaz de hacer el trabajo de político, que implica un rigor», ha defendido Sàmper, que ha añadido que es decisión de esta persona si debe continuar o dimitir, sin decir nombres.

JOSEP COSTA

Ha asegurado que fue un error del vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, «no mirar quién había en la reunión» con colectivos de ultraderecha, y ha defendido que se incorporó a la reunión después de que empezase y se marchó antes de que finalizase.

«Si una cosa está clara es que es una persona que ha acreditado defender los derechos fundamentales», ha defendido Sàmper, y ha sostenido que a partir de ahora todos deberán tener más cuidado para ver quién hay en las reuniones, y que mantiene su confianza en Costa.

Preguntado sobre un posible pacto tripartido entre ERC, PSC y comuns tras las elecciones catalanas, ha respondido que eso sería «faltar a la verdad» por parte del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que ha dicho varias veces que no lo harán, aunque es una opción, según Sàmper.

Además, ha dicho que no se ha presentado a las primarias de JxCat porque está centrado en la pandemia: «No le diría que no me hubiese hecho ilusión», y ha descartado decir si votó a la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, como cabeza de lista.

El líder del PP, Pablo Casado, y toda la cúpula del partido se implicará de lleno en la campaña electoral de las catalanas en apoyo de su candidato a la Generalitat de Cataluña, Alejandro Fernández, y dos serán los mensajes clave en sus actos electorales: la defensa de la bajada de impuestos y la libertad educativa.

Así lo ha confirmado a Europa Press el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha recordado que Casado lleva cinco semanas consecutivas visitando Cataluña para verse con diferentes sectores y que su intención es ir todas las semanas, incluso dos veces cuando se convoquen los comicios –previstos para el 14 de febrero– y arranque oficialmente la campaña.

El dirigente del PP ha destacado que en Cataluña «solo hay una alternativa al sanchismo y al independentismo y es el PP, un partido pegado a las preocupaciones reales de todos los catalanes». «Por eso el presidente Casado ya se está pateando Cataluña, se está viendo con los distintos colectivos y se está recorriendo toda la comunidad autónoma», ha manifestado.

Montesinos ha desvelado que a los catalanes les van a trasladar dos mensajes «muy claros»: «Si quieren ustedes impuestos bajos, como en Andalucía y como en Madrid, apuesten por el PP. Si quieren ustedes libertad educativa y gobiernos autonómicos que le permitan a usted elegir el centro educativo de sus hijos y el idioma que consideran en sus escuelas, elijan ustedes al PP», ha subrayado.

En este sentido, el responsable de Comunicación del PP ha insistido en que las «banderas» del PP van a ser la bajada de impuestos y la libertad educativa. «Y en ese objetivo va a estar todo el PP con Alejandro Fernández al frente», ha apostillado.

«EL PP ES UN PARTIDO DE PUERTA GRANDE Y TRANSVERSAL»

Después de que esta semana el vicepresidente andaluz y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, abriera la puerta a que Ciudadanos pueda ir en una lista conjunta con el PP en Andalucía, Montesinos ha señalado que él no iba a entrar a «valorar las estrategias» de los naranjas, que son «un partido amigo» y con el que gobiernan en varias autonomías.

Tras poner en valor el funcionamiento de esos gobiernos regionales entre PP y Cs porque «están yendo muy bien las cosas», ha subrayado que el PP «es un partido de puerta grande», «transversal» y «abierto», «en el que caben todos aquellos que quieren una España moderada y centrada en las preocupaciones reales de los españoles».

«Ésta es una apelación, no solo al votante de centro-derecha, que también, sino también al votante socialista descontento», ha señalado el responsable de Comunicación del PP, que ha admitido que su partido espera que aquellos socialdemócratas que discrepan de las políticas de Pedro Sánchez puedan confiar en Pablo Casado.

«EN ESPAÑA HACE FALTA MENOS BRONCA»

En este sentido, ha dicho que está convencido de que «en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Aragón y en Andalucía habrá muchas personas que votaron en las últimas elecciones generales al PSOE y que hoy se llevan las manos a la cabeza y que no entienden por que el Gobierno de España está más preocupado en las cesiones a Bildu y a ERC que en el paro, en los ERTEs o en los autónomos».

Montesinos ha explicado que también se dirigirán a esos socialistas porque el PP es «el partido de las personas» y el que «va a solucionar los problemas». «En España hace falta menos bronca, hace falta menos trincheras, hace falta menos división. En España hace falta más políticos sensatos, moderados y centrados y eso lo representa Pablo Casado y el PP», ha concluido.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes, en relación a la petición de regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos, que «la ley es igual para todos y ha de cumplirse igual, en sentido positivo y negativo».

«Más allá de que efectivamente esto afecta a una institución que apreciamos y de máxima importancia para el Estado, la ley es para todos igual. Las consecuencia de cualquier falta nos afecta a todos y debe establecerse el principio de igualdad, con independencia de afinidades políticas», ha explicado el ministro en una entrevista en La 1 recogida por Europa Press.

Ábalos, quien ha reconocido que no tiene constancia de si la petición se ha presentado ya ante la Agencia Tributaria, ha señalado que más allá de ser una buena o mala noticia, «lo mejor es que no hubiera ocurrido en cualquier caso». «Para la opción que ha asumido, la Agencia Tributaria establecerá procedimientos de investigación y determinará lo que tenga que determinar, pero lo importante es que no haya diferencia, se trate de la persona que se trate», ha añadido.

En cualquier caso, no cree que esta noticia sirva para «dar alas» a sectores republicanos, que ha recordado «no son adversarios». «Cada posicionamiento político y de modelo de Estado es absolutamente legítimo. Lo que nos tiene que preocupar es que las instituciones actúen con el decoro debido y que la ciudadanía sienta que el vinculo de representación sea el correcto», ha añadido.

MILITARES RETIRADOS

El ministro también ha hecho alusión al papel del Rey Felipe VI respecto a las cartas de militares retirados dirigidas a su figura. «El Rey sabrá lo que tiene que hacer y a mí no me gusta polemizar con la Corona. El paso que ha dado la ministra de Defensa trasladando el tema a la Fiscalía es porque cree que merece una investigación y es susceptible de reproche jurídico, más allá de que no estén en activo», ha señalado.

Ábalos ha lamentado que en estas misivas «haya toda una serie de claves preconstitucionales», indicando que «lo extraño es que se pueda hoy en día seguir pensando así después de más de 40 años de democracia». «Pero por eso mismo no se puede frivolizar ni entender como una astracanada, esto tiene cierta gravedad porque es fruto del blanqueamiento de la ultraderecha», ha apuntado.

Asimismo, considera que estas cartas son «un síntoma del resultado que pueden tener determinados discursos políticos donde no se establece ningún límite y se abona el frentismo y el prejuicio que determina el odio». «Estas personas no se expresarían así si no encontraran un ambiente de opinión previo y una sensación de impunidad», ha aseverado.

Preguntado sobre el vínculo de estas cartas con Vox, Ábalos ha señalado que «parece muy claro», aludiendo a un saludo del líder de esta formación, Santiago Abascal, en chats o la afirmación de una diputada diciendo que son su «gente. «Vox es una fuerza que tiene como objetivo dividir a la sociedad entre españoles y no es españoles y buenos y malos. Forma parte de su ideario», ha destacado.

Los gobiernos socialistas de la Comunidad Valenciana, Navarra y la Rioja, además del Ejecutivo de Cataluña y el ayuntamiento de Valencia, de Compromís, son de las pocas administraciones de gran tamaño que han anunciado que sí aplicarán una subida salarial a sus altos cargos. Por su parte, el Gobierno central rectificó y decidió finalmente congelar los sueldos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y sus ministros.

Aunque el Ejecutivo central decidió subir un 0,9% el salario de los funcionarios a pesar de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, muchos gobiernos autonómicos, locales e incluso diputados y senadores renunciaron a incrementar ese porcentaje en su salario.

Por el contrario, los gobiernos presididos por María Chivite (Navarra), Concha Andreu (La Rioja) y el consistorio de Valencia (Joan Ribó) sí que se han aplicado esta subida salarial del 0,9% contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Según ha defendido el Gobierno Foral de Navarra, la evolución de las retribuciones de los miembros del Ejecutivo está ligada a la del conjunto de los trabajadores públicos. En esta línea también se ha expresado el Ejecutivo de La Rioja para reivindicar la subida salarial del 0,9%.

El ayuntamiento de Valencia, de Joan Ribó, aplicará la subida del 0,9% del sueldo a «absolutamente todos los trabajadores» del consistorio. Además el primer edil de Compromís cree que no aplicar esta medida es «demagogia», tras la petición de la líder de la oposición.

CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA SE LO SUBEN UN 2%

Por su parte, la Generalitat Valenciana y Cataluña se suben el sueldo un dos por ciento. En el caso del Gobierno de Ximo Puig se aplican este porcentaje que corresponde al incremento del año pasado y que el Ejecutivo aún no se había aplicado. Lo que no se subirá el Consell será el 0,9% proyectado en los PGE.

Eso sí, en Cataluña durante el mes de mayo el por aquel entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya decretó la subida del 2% en los salarios de los altos cargos del gobierno autonómico, además de otras subidas retributivas.

En plena primera ola de la pandemia del coronavirus, el Parlamento catalán avaló el decreto de la Generalitat en el que se incluía esa subida del dos por ciento para los altos cargos y la actualización de las pensiones a expresidentes de la Generalitat.

EL GOBIERNO CENTRAL Y C-LM RECTIFICARON SU SUBIDA INICIAL

En contra, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, decidieron corregir sus cuentas para congelar sus sueldos en 2021 tras prever inicialmente la subida del 0,9% contemplada en los Presupuestos. Ambos gobiernos lo han hecho a través de diferentes enmiendas a las cuentas públicas.

Según la enmienda del Gobierno central registrada en el Congreso, la congelación afecta a los miembros del Consejo de Ministros, pero también al presidente del Consejo de Estado y al presidente del Consejo Económico y Social (CES).

En Castilla-La Mancha, el PSOE ha planteado la congelación del sueldo del Gobierno autonómico y de los 33 diputados autonómicos, además de reducir en un 20% la asignación de los partidos políticos con representación en la Cámara castellanomanchega –PSOE, PP y Cs–.

TODAS LAS CCAA DEL PP SE LO CONGELAN

En este momento, varias Comunidades Autónomas y entidades locales se encuentran en plena redacción de sus presupuestos, lo que impide saber si finalmente aplicarán también la congelación de las retribuciones de los altos cargos de su Gobierno. Además, muchas de las administraciones están a la espera de la aprobación del proyecto de PGE.

Eso sí, todos los gobiernos autonómicos presididos por el Partido Popular han avanzado ya que renuncian a esta subida salarial del 0,9%. También en muchas de las entidades locales en las que gobiernan han anunciado que se congelarán el sueldo, como ha sido en el caso de los ayuntamientos de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, o el de Santander, de Gema Igual.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ultima un nuevo Reglamento según el cual los diplomáticos necesitarán un mínimo de 15 años de carrera para acceder a puestos de embajador, frente a los 20 que exigía la norma aprobada en 2014 y que fue anulada por el Tribunal Supremo por no haber sido objeto de negociación colectiva.

Como novedad, quienes sean elegidos para ese puesto deberán seguir un curso de alta dirección, «de carácter eminentemente práctico»; recibirán al principio de su mandato una «carta de instrucciones» y al término de su misión tendrán que hacer un informe de su gestión, según consta en el borrador, recogido por Europa Press.

El texto está sometido a audiencia pública para recibir aportaciones de quienes tengan «derechos e intereses legítimos» hasta el próximo 17 de diciembre.

Entre, los criterios de selección se incorporan, como novedades, la «hoja de servicios», cuyo formato se desarrollará mediante una circular en un plazo de seis meses; los periodos de trabajo en España y en el extranjero y la «evaluación del desempeño», conforme a un programa de trabajo por objetivos que ya empezó a poner en marcha Exteriores la pasada legislatura.

Igual que el Reglamento anulado, el nuevo prevé que el titular del Ministerio clasifique las Embajadas de España en el extranjero en tres grupos, según la «importancia cuantitativa y cualitativa de las relaciones bilaterales». Para las más importantes (grupo I) será necesario un mínimo de 20 años de carrera y haber sido embajador anteriormente.

Sin embargo, para las del II ese mínimo de experiencia se rebaja a 18 años y no será necesario ser «ministro», la tercera categoría en una escala de cuatro, sino que bastará con tener categoría de «consejero», que es la inmediatamente anterior.

Para las del grupo III bastarán con 15 años de carrera. Eso sí, en ambos casos de eleva a seis años el tiempo de servicio que deben haber pasado en el extranjero.

Además, deberán haber estado dos años (tres, en el caso del grupo III) en un puesto nivel 30 en las Administraciones Públicas, en Organismos vinculados o dependientes o en Consorcios adscritos al Ministerio, en órganos constitucionales, en la Casa del Rey, en la UE o en una Organización Internacional.

Todo ello sin perjuicio de que el nombramiento de embajadores es una competencia discrecional del Consejo de Ministros, que puede nombrar para cualquier jefatura de Misión a la persona que considere más adecuada sin que pertenezca al cuerpo diplomático.

Para los que sí lo son, a la hora de solicitar un puesto de embajador –pueden pedir hasta siete por orden de preferencia– deberán presentar una carta de motivación argumentando su competencia y experiencia.

En su misma introducción, el Reglamento deja claro su su propósito es regular la «evaluación y conciliación» junto al régimen de ingreso, ascensos, provisión de puestos y formación. El nuevo texto refuerza el papel de la Escuela Diplomática en la provisión de cursos pero elimina los que José Manuel García-Margallo había fijado como obligatorios para ascender de categoría en el escalafón de la Carrera.

CAPÍTULO DE CONCILIACIÓN

El Reglamento incluye un capítulo completo sobre conciliación y, además, prevé medidas como que los periodos de excedencias por cuidado de familiares, por violencia de género o por violencia terrorista, computen como servicio activo.

Además, se adelantan los plazos de las convocatorias de puestos en el exterior para dar tiempo a los diplomáticos a organizar sus traslados. La lista de embajadas a concurso no se dará a conocer en octubre, sino el mes de mayo anterior –la toma de posesión será en agosto del año siguiente–. Los puestos de menor categoría se publicarán en octubre y resolverán en diciembre, para que tomen posesión en junio del año siguiente.

También recoge computará como servicio activo el periodo trabajado en Delegaciones de la UE –las ‘embajadas’ del Servicio Europeo de Acción Exterior– y, para los puestos menos atractivos, los ‘C especial’, fija un plazo de permanencia de dos años –el anterior reglamento preveía entre 1 y 2–. Asimismo, establece que el órgano calificador de la oposición deberá tener garantizada la presencia equilibrada de hombres y mujeres.

NEGOCIACIÓN PROLONGADA POR LA INESTABILIDAD POLÍTICA

Tras la anulación del anterior Reglamento de la Carrera en 2017, la elaboración del nuevo ha sido víctima de la inestabilidad política. El actual ya estaba elaborado, en buena parte, por el equipo de Josep Borrell, con Ángeles Moreno Bau como subsecretaria, pero con su sucesora, Celsa Nuño, se han introducido algunos cambios.

Así, el anterior borrador preveía que quienes alcancen la categoría de embajador puedan conservar de forma vitalicia el título y los honores correspondientes, «con la debida diligencia» y sin incurrir «en riesgo de conflicto de intereses». El nuevo texto dice que conservarán el título «con carácter honorífico» y que su «uso indebido podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria de conformidad con el régimen legal aplicable».

El texto también regula el funcionamiento de la Junta de la Carrera, estableciendo que para proponer los candidatos a ocupar puestos tendrá que crear un grupo de trabajo, y señala que en un plazo de seis meses debe regularse la provisión de puestos en los servicios centrales del Ministerio.