El Parlamento de Cantabria ha iniciado este lunes su sesión plenaria con un minuto de silencio en señal de "respueto y duelo" por Nancy Paola Reyes, la joven guatemalteca asesinada, presuntamente, a manos de su pareja, y cuyos restos fueron hallados en Santander el pasado jueves, desmembrados y en avanzado estado de descomposición en bolsas de basura.

El presidente del Parlamento, el socialista Joaquín Gómez, ha considerado a Nancy Paola Reyes "víctima de la más atroz represión de la violencia de género", una mujer que --ha dicho-- llegó de Ciudad Real "soñando con un futuro en Santander" que le fue "salvajemente arrebatado". La pareja de la joven fue detenida como presunto autor de un delito de homicidio.

Además, Gómez ha destacado que este asesinato coincide en el tiempo con el esclarecimiento "de otro asesinato machista", el de Manuela Chavero, desaparecida en Monasterio (Badajoz) hace cuatro años.

El presidente de la Cámara ha subrayado que este año ascienden ya a 35 las víctimas mortales de violencia de género, una "funesta" estadística contra la que el Parlamento, con ese minuto de silencio, expresa un "grito de repulsa y condena".

"También es un alegato contra la indiferencia e, incluso, contra el negacionismo que pueda existir, alrededor de la violencia de género, posiciones que no contribuyen a combatirla", ha dicho Gómez.

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha comenzado este lunes un cribado de Covid-19, mediante la técnica Elisa, al profesorado vulnerable de los centros escolares del Área de Salud de Pamplona. Las pruebas se realizarán a un total de 744 profesores (617 de la red pública y 127 de la red concertada), en el recinto de Refena.

A principios de septiembre se realizaron las pruebas serológicas a profesorado vulnerable de las áreas de Salud de Tudela y de Estella-Lizarra. En concreto, se realizaron a 209 docentes del Área de Tudela (173 de la red pública y 36 de la concertada), y 93 del Área de Salud de Estella-Lizarra (74 de la pública y 19 de la concertada).

Por otra parte, a partir del martes, el equipo de rastreadores de Navarra se verá reforzado de manera temporal con miembros de las Unidades de Vigilancia Epidemiológica (UVE) del Ministerio de Defensa. Cabe recordar, asimismo, que las instalaciones de Refena han incrementado desde este lunes su capacidad de toma de muestras al ser sustituidos los carriles de coches por carriles a pie.

En la actualidad, el equipo de rastreo de Navarra está integrado por 84 profesionales a tiempo completo, 110 enfermeras de Atención Primaria y de Urgencias, formadas en rastreo, que se incorporan al equipo según las necesidades, y 30 rastreadores del Ministerio de Defensa.

RADAR COVID, DISPONIBLE TAMBIÉN EN EUSKERA

Por otro lado, ya está disponible la aplicación Radar COVID en euskera. El Gobierno de Navarra recuerda que la app es gratuita y garantiza en todo momento el anonimato y la privacidad, pues la persona que sea diagnosticada con un resultado de PCR positivo lo registrará de forma voluntaria y anónima con un código numérico que se le traslade mediante SMS.

Disponible para Android y para iOS, no solicita ninguna identificación personal: para poder funcionar requiere que la persona usuaria tenga activado el sistema bluetooth en su teléfono. Aunque la versión actual de Android también pide activar la localización, la app no hace uso de la misma y esta particularidad se verá resuelta en siguientes actualizaciones. Además, se ha creado en Twitter la cuenta @AppRadarCovid con el fin de resolver dudas de la ciudadanía.

El licenciado en Física por la Universitat de València, profesor de física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Premio Wolf 2020 en Física, Pablo Jarillo-Herrero, ha recibido la Medalla de la RSEF por el descubrimiento de la superconductividad en capas de grafeno, uno de los hitos más importantes de la física de materiales en los últimos años, que podría abrir la puerta a la producción de energía eléctrica mucho "más eficiente y barata".

Además, el premio a la Divulgación ha recaído sobre un artículo de investigadores del Observatori Astronòmic de la Universitat, según han informado este lunes fuentes de esta institución académica en un comunicado.

Licenciado en Física por la Universitat de València, con estudios de posgrado en la Universidad de California (EEUU) y un doctorado en la Universidad de Delft (Holanda), Pablo Jarillo-Herrero (Mislata-Valencia, 1976) mantuvo estrecha relación con el Instituto de Física Corpuscular (UV-CSIC) y con el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la institución académica.

En la actualidad, es profesor de física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Su trabajo se centra en la física experimental de la materia condensada, particularmente en el transporte electrónico cuántico y la optoelectrónica en materiales bidimensionales como el grafeno.

La Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA acaban de otorgarle, en su edición de 2020, el más destacado galardón entre los premios que ambas instituciones conceden anualmente -la Medalla de la RSEF-, por la relevancia e impacto de sus trabajos seminales en la física de los materiales bidimensionales con propiedades electrónicas y magnéticas de interés, según el jurado de los Premios. "El descubrimiento de la superconductividad en bicapas de grafeno rotadas ha sido uno de los hitos más importantes de la física de la materia condensada en los últimos años.

Sus contribuciones pioneras han posibilitado la comprensión de las propiedades topológicas, magnéticas y superconductoras de los materiales bidimensionales y el desarrollo de dispositivos electrónicos", dice la resolución.

Jarillo cuenta con premios como el Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers, otorgado por el presidente de los Estados Unidos de América; el ONR Young Investigator Award, que concede la Universidad de Hardvard; el Oliver E. Buckley, otorgado por la Sociedad Americana de Física y el Premio Wolf en Física, considerado la antesala del Premio Nobel en dicha materia.

Jarillo-Herrero ya recibió en 2006 el Premio a Investigadores Noveles de la RSEF, entidad que ahora le distingue con su Medalla en reconocimiento a una carrera científica brillante que tiene como hito haber demostrado que el grafeno -material prodigioso destinado a revolucionar a la industria, formado por una capa de átomos de carbono- puede hacerse superconductor cuando dos capas de este material se encuentran giradas en un cierto ángulo mágico. Dicha observación abre la puerta a revolucionar la transmisión de energía y el campo de la física de la materia condensada.

Se trata del segundo año consecutivo en que la Medalla de la RSEF se destina a investigadores en el campo de los materiales bidimensionales. En la pasada edición 2019, el reconocimiento recayó sobre el científico de la Universitat de València Eugenio Coronado, catedrático de Química Inorgánica y director del ICMol, que desarrolla la mayor parte de su labor investigadora en la frontera entre la física, la química y la ciencia de los materiales.

Pablo Jarillo mantiene en la actualidad una estrecha colaboración con este instituto de investigación que centra una de sus líneas estratégicas en los materiales bidimensionales y que, en la actualidad, cuenta con tres científicos financiados por el ERC para la investigación en dicho campo.

La RSEF y la FBBVA reconocen con estos premios la creatividad, el esfuerzo y el logro en el campo de la física a los profesionales que desarrollan su labor tanto en la investigación como en los ámbitos de la enseñanza media y la universitaria, la innovación, la tecnología y la divulgación.

MEJOR ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN

Por otra parte, el Premio al Mejor Artículo de Divulgación de esta misma convocatoria ha recaído sobre la publicación de los investigadores del Observatori Astronòmic de la Universitat de València Iván Martí-Vidal y Eduardo Ros. "Event Horizon Telescope: fotografiando las fronteras del Universo", como se titula el artículo, fue publicado en la Revista Española de Física, Vol. 33, nº. 3, julio-septiembre 2019.

El Jurado ha resaltado "la claridad y el entusiasmo en la exposición de un tema complejo, pero de gran actualidad: la obtención de la primera imagen de la sombra de un agujero negro. Este fascinante resultado se presenta con amenidad, pero sin descuidar el rigor científico, cubriendo los aspectos históricos, tecnológicos y científicos, y resaltando las contribuciones españolas a su logro".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que se deje "el activismo" y ha asegurado que con las restricciones de movilidad que se han impuesto en 37 zonas de la región no se busca "estigmatizar".

En la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Real Casa de Correos, la dirigente ha hecho un llamamiento a "la solidaridad de marzo" donde todos los políticos, sindicatos y sociedad civil iban "en la misma dirección".

"Ahora estamos en la reivindicación por la reivindicación constante y no siempre esto ayuda", ha declarado. Para Ayuso, si no se va en una misma dirección "va a ser imposible" salir de la situación que genera el coronavirus.

La presidenta de la Comunidad ha pedido "paciencia, colaboración y confianza" a todos los vecinos que pueden verse afectados por las restricciones y ha trasladado que ella solo quiere que las cosas "vayan mejor, que se salven vidas, que desaparezca el virus cuanto antes" así como que la Administración regional sea "apreciada por los vecinos" de estas zonas.

Para Ayuso, son tiempos de "unidad" así como de "dejar el activismo de lado" y ha censurado que solo en Madrid se ponga en marcha una comisión de residencias cuando ha sido "un problema en toda España" así como que tuviese que cargar con una huelga educativa en agosto, cuando no había presentado aún el plan, y tenga movilizaciones sanitarias cuando existe "un problema compartido.

"Hace falta que el activismo de esa manera pare un tiempo, dé un poco de respiro, por que entonces no vamos si no a bloquearlo todo", ha apuntado. Ayuso ha defendido que con las restricciones de movilidad que se han establecido en 37 zonas de la autonomía no se busca "estigmatizar" al sur porque también se están llevando a cabo en lugares como San Sebastián de los Reyes y se impondrán donde sea necesario.

En este punto, ha subrayado que nadie está tratando diferente a estas zonas "por su singularidad" sino por una "cuestión de epidemia, de vidas, de salud". "El activismo constante sobre Madrid es excepcional y a nadie se le escapa", ha sentenciado.

Y es que sindicatos, partidos de izquierda y asociaciones vecinales se manifestarán el domingo, 27 de septiembre, en Madrid contra las medidas "inútiles y con claro tinte segregador" de la presidenta de la Comunidad, y con el objetivo de exigir que se adopten otras como poner en marcha un comité científico que pilote las decisiones sanitarias o el refuerzo de personal sanitario.

A través de una declaración conjunta, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM), CC.OO., UGT, la Asociación en Defensa de la Sanidad Públicas y PSOE, Más Madrid y Podemos han llamado a la movilización al considerar "restrictivas" así como "plenamente rechazables por inútiles y por su claro tinte segregador" las medidas para frenar la pandemia del Gobierno regional.

Un total de 31.005 alumnos matriculados en Formación Profesional Básica, en Grado Medio y en el primer curso de Grado Superior ha comenzado este lunes el curso, tal y como estaba previsto en el calendario escolar de Castilla y León.

La Consejería de Educación continúa trabajando para garantizar al alumnado de cada etapa formativa una docencia presencial y segura en una situación tan atípica.

Del total de los 31.005 estudiantes que ha comenzado hoy las clases, 22.116 están escolarizados en centros públicos y 8.889 en centros privados. Al desglosar el cómputo total por enseñanzas, 4.385 estudiantes cursan FP Básica, 15.950 Grado Medio y 10.670 están matriculados en el primer curso de Grado Superior.

En lo que se refiere a los 193 centros que imparten estas enseñanzas, la Administración educativa autonómica señala que 130 son públicos y 63 privados.

Las nueve direcciones provinciales de Educación no han comunicado incidencias relevantes en el comienzo de curso. Tan solo se puede reseñar que algunos profesores no se han incorporado a las aulas por renuncias del profesorado interino que había obtenido plaza en los últimos días, como ha sucedido en cursos anteriores.

En todo caso, desde la Consejería de Educación se trabaja por cubrir las plazas ofertadas en los próximos procesos de adjudicación.

La próxima semana, concretamente el lunes 28, empezarán el curso los alumnos matriculados en Bachillerato o FP de Grado Superior y Grado Medio a distancia, así como las enseñanzas impartidas en centros y aulas de Educación de Personas Adultas y la enseñanza Secundaria para personas adultas a distancia impartida en institutos.

Por último, el lunes 5 de octubre iniciará las clases el alumnado de las Enseñanzas Artísticas Superiores y el primer curso de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño; el martes 13 de octubre, empezarán su docencia las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Danza; y finalmente, el 19 de octubre, las Enseñanzas de Idiomas y las Deportivas.

El Gobierno de Estado Unidos ha boicoteado el acuerdo entre el Vaticano y China para definir una hoja de ruta en la cuestión de la designación de obispos, uno de los temas más espinosos que dificultan el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos Estados rotas desde hace casi 70 años, cuando se cumplen dos años de la firma y en vísperas de su renovación.

"Hace dos años la Santa Sede concordaba un acuerdo con el Partido Comunista China con la esperanza de ayudar a los católicos chinos. Pero el abuso del Partido comunista china ha solo empeorado la situación de los fieles. El Vaticano pondría en peligro su autoridad moral si renovase el acuerdo", ha advertido el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en uno de los mensajes que ha publicado en la red social de Twitter.

En otro mensaje, Pompeo ha mencionado a los opositores políticos de Hong Kong Martin Lee y Jilly Lai, de los que ha denunciado que han sido "arrestados y espiados" por Pekín por haber cometido "el 'crimen' de promover la libertad".

Para algunos expertos, las protestas de Hong Kong han influenciado las negociaciones para renovar el acuerdo que ha permitido un primer acercamiento entre ambos países desde que el régimen comunista expulsara al nuncio apostólico en 1949 y China permitiese solo el culto católico por medio de la Asociación Patriótica.

Algunos incluso apuntan a que el hecho de que el Papa no pronunciase el discurso que tenía prevista para el pasado 9 de julio que incluía su preocupación por la situación Hong Kong es clave. Sin embargo, para el padre Sergio Ticozzi, un misionero del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME) que reside en Hong Kong desde hace más de cinco décadas, ver una estrategia deliberada en este gesto no es tan fácil.

¿Por qué el Vaticano permitió que los periodistas acreditados tuvieran acceso al texto bajo embargo?, ¿fue un despiste o un mensaje implícito?", se pregunta en una conversación con Europa Press. Además, señala que en ningún caso el futuro de la isla excolonia británica, bajo control chino desde 1997, haya sido un argumento de fricción argumentativa: "Pekín quiere manejar sin interferencias la situación en Hong Kong".

Ticozzi asegura que el acuerdo --que según confirmó el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, iba a renovarse con el objetivo de normalizar la vida de la Iglesia "tanto como sea posible"-- ha sido poco útil hasta el momento. "Han sido dos años de desilusión para los católicos que están dentro y fuera de China. Había muchas expectativas, pero al final los resultados han sido bien pocos", denuncia el experto.

Además señala que el hecho de que el acuerdo sea secreto y no hayan trascendido los detalles ha fomentado que haya sido instrumentalizado por las autoridades chinas que han "obligado al clero clandestino a someterse al control de la Asociación Patriótica (AP) bajo la justificación de que es lo que quiere el Santo Padre".

Los obispos legítimos que permanecen fieles al Papa viven en China una situación cercana a la clandestinidad, permanentemente asediados por las autoridades comunistas. Antes del acuerdo, para que un obispo fuera reconocido por el gobierno chino debía ser miembro de la asociación patriótica, y muchos obispos nombrados por el Vaticano que no son reconocidos o aprobados por el gobierno chino habían sido perseguidos.

A su juicio, para que la renovación del acuerdo sea efectiva deben abordarse numerosos temas antes. "En primer lugar ver si China otorga de verdad al Santo Padre la última autoridad para nombrar a los obispos. Luego están los obispos clandestinos, a quienes se les insta a unirse a la Autoridad Patriótica. Hay ambién un problema que resolver en cuanto a la formación de la Conferencia Episcopal y especificar en su caso el papel de la Autoridad Patriótica. También está el gran problema de las fronteras de las diócesis ya que las autoridades chinas con las recientes subdivisiones administrativas han perturbado enormemente la geografía eclesiástica. Y por último está el problema de las propiedades eclesiásticas ... ",dice Ticozzi.

"Han silenciado al Vaticano ante la política de la 'chinalización' de la religión", añade, y señala que en estos dos años no se han eliminado las prácticas de destrucción de cruces y de iglesias, ni tampoco detenciones arbitrarias de obispos y sacerdotes clandestinos. "No suelen dejarlos encerrados mucho tiempo, pero son acciones disuasorias para evitar grandes celebraciones y obligar al clero a inscribirse a la Asociación Patriótica", lamenta el misionero.

El acuerdo firmado en Pekín en septiembre de 2018 y aplicado en octubre entre el subsecretario para las Relaciones de la Santa Sede con los Estados, Monseñor Antoine Camilleri, y el viceministro de asuntos exteriores de la República Popular China, Wang Chao, tiene una vigencia de dos años.

La XXV edición de la Muestra de Cine dirigido por mujeres 'Zinemakumeak Gara!' tendrá lugar entre los días 5 y el 14 de octubre en tres espacios de Bilbao. Con motivo de su 25 aniversario la programación servirá de "marco de reflexión sobre la trayectoria en las trincheras de la cultura y el feminismo dentro de una coyuntura atravesada por los efectos de la pandemia y las interrogantes que plantea el futuro".

La cita ha sido presentada este lunes en la sala BBK de la capital vizcaína en un encuentro en el que han participado la directora de 'Zinemakumeak Gara!', Ana Gutiérrez; la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso; y la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Patricia Campelo.

Las proyecciones de esta XXV edición se desarrollarán en la sala Bilborock, la Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos y en el auditorio de Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao.

Durante la rueda de prensa, sus organizadoras han explicado que, con motivo de este 25 aniversario, "'Zinemakumeak Gara!' se ha propuesto que la programación sirva como marco de reflexión en torno a su larga trayectoria en las trincheras de la cultura y el feminismo en una coyuntura atravesada por los efectos de la pandemia y las interrogantes que plantea el futuro.

Desde la organización han agradecido la colaboración de las instituciones y otras entidades que toman parte como patrocinadores, desde "el apoyo" del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia, y sin olvidar la invaluable aportación de la BBK, "la entidad colaboradora más fiel a la Muestra desde su origen", al Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi. Entre todos, "han hecho posible una amplia selección de cortometrajes, largometrajes, conferencias y mesas redondas que vuelven a poner el foco en el fomento del conocimiento y la difusión del cine realizado por mujeres", han señalado.

La sesión inaugural tendrá lugar el lunes 5 de octubre, en las instalaciones de Bilborock, e incluye la proyección del primer trabajo que se exhibió en la primera edición de 'Zinemakumeak Gara!' (1996). Se trata de "Los Goikoetxea", de Beatriz de la Vega, una crónica "involuntaria del período creativo más importante en la historia del cine vasco".

En sus créditos pueden leerse los nombres de unos entonces jóvenes Nati Ortíz de Zárate, Arri, Biaffra, Amaia Díez, Juanma Pagazaurtundua, Álex de la Iglesia, Santiago Segura y Gorka Rotaetxe y el pase servirá como prólogo a una selección de "Cortos en femenino" y a una mesa redonda en la que Norma Vila (directora), Amara Mosteiro (ECCBI) y Esther Cabero (Kimuak) charlarán sobre el presente de las mujeres en el mundo del cortometraje.

El martes 6 de octubre, también en la sala Bilborock, se proyectarán "River of Grass", de Kelly Reichardt; y "Arima", de Jaione Camborda, en un programa doble que contará con la presencia de la directora vasca.

El miércoles 7 de octubre, de nuevo en Bilborock, debuta en la capital vizcaína "una de las películas estrella" de la programación: "Wanda", de Barbara Loden, título "clave" en la historia del cine independiente americano, y obra de referencia para figuras como Isabelle Huppert, los hermanos Dardenne o John Waters.

El lunes 12 de octubre, en la sala Bilborock, se retoman las actividades con la proyección de "Daughters of the Dust", de Julie Dash, "una película fetiche que en los últimos años ha sido la protagonista de una oleada reivindicativa" a la que se han sumado personalidades como Beyoncé. Tras el pase, Marcelle Mardon y miembros del colectivo Azalak Elkartea (Asociación de familias con afrodescendientes en lucha contra el racismo) participarán en un coloquio que girará en torno al triple eje que forman "Cultura, identidad e inmigración".

El martes 13 de octubre la programación se traslada a la Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos, donde se celebrará una mesa redonda en la que participarán la filósofa Ana Carrasco Conde, la escritora Edurne Portela y la periodista y poetisa Laura Casielles que debatirán bajo el título "¿Se pueden construir otros futuros desde la cultura?".

A continuación tendrá lugar el estreno de "La isla de las mentiras", de Paula Cons, que estará presente en la sala para participar en un coloquio.

El miércoles 14 de octubre, y ya en el auditorio de Azkuna Zentroa, se pondrá el broche de lujo a esta edición con el pase de un pequeño documental sobre los 25 años de historia de la Muestra que servirá como prólogo introductorio a una charla-encuentro en la que participarán las cofundadoras de Zinemakumeak gara! Carmen Urruela, María Luz Isasi, y su directora, Ana Gutiérrez, moderadas por la guionista Ana Hormaetxea.

Como remate, se ofrecerá el estreno de "My Mexican Bretzel", una de las películas "más sorprendentes" de la temporada y, en torno a la cual, tendrá lugar un coloquio con la participación de su directora, Nuria Giménez Lorang.

En paralelo, 'Zinemakumeak Gara!' acercará parte de su programación a Basauri, Portugalete y Zalla como parte de una iniciativa que planea extenderse a nuevos localidades de Bizkaia a lo largo del año 2021, y que volverá a ofertar un Taller audiovisual (sobre vídeo experimental y apropiacionismo fílmico), impartido por la artista y performer Beatriz Sánchez en las aulas de la Escuela de Creación Cinematográfica de Bilbao (ECCBI) el sábado 10 de octubre.

El Pleno del Congreso celebra este martes el debate de admisión a trámite de la proposición de ley de Junts per Catalunya para poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad, con sanciones de hasta un millón de euros para las infracciones más graves.

La proposición de ley contempla la creación de un Observatorio de la morosidad y sanciones de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y de hasta un millón de euros para las más graves.

Asimismo, también incluye la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente, y modifica la regulación del IVA, para modificar la base imponible de las facturas no cobradas y reducir el plazo para considerar una factura incobrable.

PROPUESTA INCLUIDA COMO POLÍTICA DE RECONSTRUCCIÓN

La iniciativa, esgrime Junts, parte de los consensos alcanzados con los grupos hace dos legislaturas, cuando el Congreso y el Senado tramitaron sendas proposiciones de ley de Ciudadanos y del PDeCAT, predecesor de Junts.

Precisamente, hace apenas dos meses el PSOE y Junts pactaron la puesta en marcha de un régimen sancionador contra la morosidad como parte de las políticas de reconstrucción económica frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, incluyendo esta recomendación en el dictamen elaborado por el Congreso.

UN 70% DE EMPRESAS TENDRÁ PROBLEMAS DE LIQUIDEZ

Según el presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, la iniciativa tiene garantizado superar este primer trámite parlamentario, según los compromisos que le han venido dando durante estos días la práctica totalidad del arco parlamentario.

Un paso necesario para tratar de evitar que la situación de crisis rompa la cadena de pagos, pues desde su plataforma estiman que el 70% de las empresas, grandes y pequeñas, tendrá problemas de liquidez que encarará con el retraso de sus pagos.

"Romper la cadena de pago puede ser una catástrofe sin precedentes, necesitamos obligatoriamente actuar en los estados corrientes de las empresas", ha asegurado Cañete, que anticipa que, en el peor escenario económico proyectado por el Banco de España, con una caída de hasta el 15% del PIB, el conjunto de empresas requerirá de 238.000 millones de euros.

SEGUNDO INTENTO, TRAS EL VETO DEL GOBIERNO

Junts registró esta proposición de ley el pasado mes de mayo, tras el veto del Gobierno a una propuesta anterior, por suponer una pérdida de 9.639 millones de euros en los ingresos previstos por la recaudación de IVA en 2020.

Y es que la ley habilita a las empresas reducir de su base imponible el IVA anticipado por facturas que finalmente resulten total o parcialmente incobrables, y permite reducir el plazo actual de seis meses que ha de transcurrir para que una factura no abonada en fecha adquiera esa condición de incobrable.

Ante este veto, Junts decidió presentar de nuevo la misma iniciativa, pero retrasando la entrada en vigor de las modificaciones del IVA al 1 de enero del año siguiente al de su aprobación, y así sortear la prohibición de afectar los ingresos previstos para este ejercicio.

Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar el debate de iniciativas legislativas si considera que supone una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos, y lo habitual es que la Mesa del Congreso lo asuma.

RECHAZO DEL GOBIERNO A MODIFICAR LAS BASES IMPONIBLES

En su veto, el Ejecutivo también rechazaba eliminar el plazo de tres meses para modificar la base imponible y exigir la comunicación a la Agencia Tributaria, lo que provocaría, esgrime Hacienda, un "descontrol" de estas reducciones, imposibilitaría las comprobaciones y causaría "indefensión" en la AEAT, por no saber a quién reclamar el impago de cuotas.

"La eliminación de esta obligación, insistimos, supone un riesgo inasumible para la Hacienda Pública, ya que sería imposible controlar que las minoraciones en la base imponible tienen su correspondiente regularización en la contraparte", argumenta el Gobierno, que considera "bastante probable" que aumenten estas reducciones, lo que "puede provocar una imposibilidad práctica de control" sobre estas autoliquidaciones.

La Plataforma 'Cega, el río que nos une' ha denunciado que el pasado viernes, 18 de septiembre, se detectó un episodio de contaminación de las aguas, que procedía del río Pirón, uno de sus afluentes por vertidos de aguas residuales desde el colector de la EDAR de Íscar (Valladolid) y desde un segundo colector, ubicado a 100 metros de la depuradora.

Según un comunicado de la plataforma, recogido por Europa Press, el pasado viernes se comprobó que las aguas del Cega bajaban "turbias, con un fuente hedor y con presencia de sólidos en suspensión similares a los presentes en aguas fecales".

Por ello, se dio aviso a la CHD y al Seprona de la Guardia Civil mientras que miembros de la Plataforma examinaron el río Cega y comprobaron que la contaminación procedía del río Pirón, afluente del Cega, al que se une unos pocos kilómetros aguas arriba de Cogeces de Íscar.

Remontando el curso del Pirón, los miembros de la plantaforma alcanzaron la EDAR de Íscar, donde constataron como el colectorvierte al río pero también advirtieron que la carga contaminante continuaba aguas arriba y descubrieron la existencia de un segundo colector de aguas residuales, situado a escasos cien metros de la depuradora, que también había vertido directamente al río.

Según la plataforma, esto ha provocado que parte de las aguas residuales de Íscar hayan llegado "sin depurar" al río Pirón y consecuentemente al Cega, "generando una elevada turbidez, acompañada de un fuerte olor a lodos, con presencia de sólidos y materia orgánica en suspensión", lo que afecta "negativamente" a la vida acuática y ribereña de este ecosistema fluvial perteneciente a la Red Natura 2000.

Por ello, desde la Plataforma se pide a la CHD, Junta y Ayuntamiento de Íscar que las aguas residuales pasen por su correspondiente tratamiento antes de verter al río.

La Plataforma de Organizaciones por la Abolición de la Prostitución de Burgos ha exigido este lunes al Gobierno central la penalización de toda forma de proxenetismo, a través de un comunicado.

El planteamiento legislativo pasa por garantizar a las mujeres en situación de prostitución que se las reconozca como víctimas de la violencia de género, el desmantelamiento de la industria de explotación sexual y la penalización de la demanda de prostitución.

El colectivo, que ha aprovechado la próxima celebración del Día internacional contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niños este miércoles, 23 de septiembre, ha destacado la necesidad de recuperar tipos penales que penalicen toda forma de proxenetismo, que permitan y favorezcan el desmantelamiento de la industria de explotación sexual.

También ha abogado por otro tipo de medidas que modulen la legislación, como la modificación de aquellas normas permisivas con la explotación sexual, como puede ser la Ley General de Publicidad, la incorporación de la pornografía como una forma de violencia machista o las diversas formas de acreditación de las situaciones prostitución.

La plataforma ha aprovechado la ocasión para defender, asimismo, su "firme convicción" de que el Ejecutivo central "no mire para otro lado, se lave las manos, ni sea tibio con la prostitución, pues hacerlo le convierte en cómplice de la explotación sexual de miles de mujeres y menores en España".

El colectivo burgalés ha señalado que esta reclamación se produce en un momento en el que en las calles, burdeles, pubs, clubes, hoteles, carreteras, casas, pisos y polígonos son forzadas a la prostitución "cientos de miles" de mujeres y menores.

Por todo ello, insiste en que la propuesta legislativa no debe ser solo un planteamiento, sino "una necesidad urgente para poder poner punto final a esta forma de violencia extrema contra las mujeres que sucede cada día".

Un negocio, añaden desde la plataforma, muy lucrativo para mafias y proxeneta pero que destruye la dignidad, la salud física y mental de las víctimas.

Los centros educativos valencianos no tienen suficientes espacios para afrontar la enseñanza en tiempo de pandemia, según las conclusiones obtenidas por CCOO PV a raíz de un cuestionario enviado a los colegios desde la óptica del profesorado, del personal de limpieza y del personal de comedor. En total, tres de cada cuatro centros han tenido que habilitar espacios para adaptar las ratios.

El sindicato ha enviado un cuestionario a los centros educativos con preguntas relacionadas con el inicio del curso, para abordar las dificultades y necesidades detectadas por los propios centros en cuanto a la tarea educativa, su organización y servicios de comedor y limpieza.

Para la habilitación de espacios, los centros han utilizado gimnasios, bibliotecas, aulas de música, de inglés y multiusos, pero también patios, laboratorios y, en algún caso, pasillos. Asimismo, el estudio de CCOO PV refleja que el 94,2% de los centros han visto aumentadas las acciones de limpieza y el 88% comunican que se ajustan a lo marcado a los planes de contingencia; el 55% consideran que la dotación de EPI para el personal del centro ha sido suficiente frente al 45% que cree que no y echa en falta mascarillas y, en menor medida, batas, geles hidroalcohólicos y equipos de protección. Finalmente, el 65% ven insuficiente la información sobre la Covid-19.

Desde la óptica docente, los centros han manifestado que la presencialidad ha sido garantizada en todos los niveles de educación primaria, segundo ciclo de Educación Infantil y primer ciclo de ESO, con "algunas dificultades" especialmente relacionadas con la falta de espacios.

En niveles superiores, esta carencia de espacios y, en ocasiones, de personal, también han supuesto casos de excesivas ratios, especialmente en grupos de Bachillerato.

De acuerdo con estos datos, en el 65% de los centros faltaba dos o más personas en el centro al iniciar el curso ya que, a pesar de la "importante" contratación hecha en las adjudicaciones del verano, "las adjudicaciones de inicio de curso no han sido eficientes". En especial, no se han cubierto las incapacidades temporales y las jornadas parciales.

CCOO PV ha recordado en un comunicado que en junio y julio pidieron un refuerzo para estas adjudicaciones y también atrasar el inicio del curso, para dar tiempo a hacer todas las contrataciones necesarias antes del comienzo de las clases. Ahora, con el cuestionario, lamenta que se ha comprobado que su petición era "necesaria y tendría que haber sido atendida".

Asimismo, según CCOO PV, muchos tutores y tutoras que cuentan con la habilitación correspondiente han optado para impartir ellas mismas especialidades y muchos especialistas han tenido que asumir tutorías.

El trabajo realizado por el sindicato señala que el esfuerzo que está haciendo el profesorado es "muy importante" y que los centros echan de menos protocolos específicos para el área de Educación Física, así como para las Enseñanzas Artísticas y Plásticas.

Desde la óptica del servicio de comedor, las contrataciones de monitores para el servicio de comedor se ha producido en la enseñanza pública pero no en los centros privados, mientras que en cuanto al personal de cocina, no ha habido contratación de más trabajadores a pesar de que el servicio sí ha sido ampliado por el desdoblamiento de los turnos y el aumento de carga de limpieza y desinfección.

MÁS JORNADA LABORAL

Por otro lado, el sindicato se ha mostrado preocupado porque no se estén aplicando los registros de jornada en este colectivo, de forma que están haciéndose jornadas superiores a las del convenio. Asimismo, el cuestionario refleja que las empresas de restauración colectiva no han suministrado suficiente material para el servicio de comedor como, por ejemplo, carros térmicos o carretas de transporte. El sindicato espera que en octubre, con la incorporación de más comensales, se refuerzan las plantillas.

Respecto a la limpieza, los datos confirman un aumento generalizado de las acciones de limpieza en todos los centros educativos, con un importante aumento de contrataciones, pero reclama que las trabajadoras de limpieza necesitan protocolos para saber como desarrollar su tarea. La carencia de estos protocolos hace que el personal tenga que dirigirse a las direcciones de los centros.

Los usuarios de residencias de mayores gallegas contagiados por COVID-19 han disminuido este lunes hasta los 225, tras la curación de 22 internos de la Orpea Coruña, de Culleredo.

Con ello, según los datos proporcionados por las consellerías de Sanidade y de Política Social, la cifra de usuarios afectados pasa de los 249 del parte del domingo a 225. Además de retirar del cómputo 22 mayores que ya han dado negativo en las pruebas PCR, en la última jornada se registraron dos fallecimientos vinculados a residencias, un usuario de la DomusVi Lugo, de Outeiro de Rei y otra de la Orpea Coruña.

Por su parte, la última actualización de afectados también resta un positivo entre los trabajadores de residencias de ancianos, el de un empleado de la Orpea Coruña, que pasa a no tener ningún trabajador afectado.

En conjunto, los centros residenciales con más mayores contagiados continúan siendo la DomusVi Lugo, de Outeiro de Rei, con 133, la residencia de O Incio, con 58, y el hogar residencial El Pinar, de Culleredo, con 21, las tres intervenidas por la Xunta de Galicia.

También tienen usuarios contagiados la residencia Ballesol de Oleiros (6), la DomusVi Lalín (2) y las de Las Salinas de Ourense, Castro Ribeiras de Lea y Arteixo, con un usuario afectado cada una. La residencia Orpea A Coruña, que hasta este domingo era la tercera en número de casos en Galicia, mantiene solo dos casos activos entre sus mayores.

TRABAJADORES DE RESIDENCIAS

Con respecto a los trabajadores de los centros geriátricos, bajan hasta los 97 --uno menos-- los casos de coronavirus activos, tras la negativización del único empleado afectado en la residencia Orpea Coruña.

Así, la plantilla con más casos sigue siendo la de O Incio, con 35 trabajadores contagiados; seguida por DomusVi de Outeiro, con 24 casos; y O Pinar de Culleredo, con siete. En DomusVi Lalín hay tres casos; y en Ballesol Oleiros, Volta do Castro, San Simón, Victoria de Teo, Nosa Señora do Socorro de Arnoia, Doral Residencias de Mos, y CRAPD I de Vigo, hay dos casos en cada una.

A ellos se suma un caso en las plantillas de cada uno de estos centros: Residencia de Oleiros, DomusVi Noia, Porta do Camiño, A Milagrosa (Lugo), San Bartolomeu de Xove, La Saleta de Cea, DomusVi Barra de Miño, Residencia Santiago Apóstol de Vilamarín, Fogar Residencial Vilar de Barrio, residencia de Campolongo, CRAPD II de Vigo, Alvi-Beade de Vigo, Nuestra Señora de la Salud de A Peroxa y la residencia Santa Marta de Vigo.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

En cuanto a los centros de discapacidad, se mantienen en 37 los contagios entre sus usuarios: uno en la Residencia de Adultos Pai Menni de Betanzos (A Coruña) y 37 en la residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros (A Coruña).

También hay 15 trabajadores con COVID en diferentes centros, después de sumar el caso del centro de Aspronaga en Oleiros, que ahora contabiliza 11 positivos. A mayores, hay un empleado con coronavirus en el centro Juan Vidán Torres de Santiago, otro en la residencia para personas con daño cerebral de Castro de Rei y otro en el CAPD de Chapela-Redondela.

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella que interpuso el PSOE contra la diputada de Vox Macarena Olona por acusar al Gobierno de haber practicado la eutanasia a los mayores que han muerto en las residencias durante la epidemia de covid-19.

La Sala de lo Penal no aprecia indicios de delito de injurias, calumnias y coacciones graves contra el Gobierno y las Instituciones del Estado, tal y como expone el PSOE en su querella presentada a finales del pasado mes de abril, por relacionar en un programa de televisión el fallecimiento de ancianos durante la pandemia con los proyectos del Ejecutivo sobre la eutanasia.

EN SINTONÍA CON LA FISCALÍA

En un auto, del que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, explica que, al igual que pone de manifiesto el fiscal en su informe --que coincide con el criterio de la Fiscalía en relación a las denuncias y querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus--, es "comprensible la queja de la parte querellante, pero no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos realizado en medio de una entrevista en relación con la gestión de la pandemia".

La Sala añade que "sería deseable que las expresiones y los tonos en el debate público fueran más correctos, pero el exceso (en estos contextos de análisis de un debate relevante de interés general) no es suficiente para cubrir las exigencias del Derecho penal".

El Supremo explica que las declaraciones de la diputada de Vox deben valorarse como una crítica política a una concreta gestión, más que el "dolo de calumniar" que puede suponer el literal de las palabras.

Aún así, la Sala advierte de que "que ello no quiere decir que todo valga en este marco de situaciones por activa y pasiva", pues la condición pública de una persona no supone un "cheque en blanco o una tarjeta abierta para que se puede decir lo que se quiera de los demás, o se esté obligado a recibir todo tipo de manifestaciones o expresiones de terceros" por el hecho de ostentar un cargo público

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad educativa, ha decidido abrir a la totalidad del cuerpo docente la oferta de formación sobre medidas preventivas a seguir en el entorno escolar frente a la COVID, prevista inicialmente en exclusiva para el personal de referencia y coordinación de los centros educativos.

Las enseñanzas destinadas al profesorado responsable COVID se ofrecen desde el pasado 8 de septiembre. Se han matriculado 1.323 docentes de centros educativos comprometidos con esta actividad extraordinaria en los turnos de mañana, tarde y noche. Además, está previsto que se abra una segunda edición para los 1.323 suplentes de cada uno de los turnos.

A continuación y desde el pasado 16 de septiembre, la formación se extendió a la Inspección educativa; y, a día de hoy, están matriculados los 73 inspectores e inspectoras de todas las zonas de Canarias.

A partir de esta semana, la formación se difundirá en abierto, para el acceso de todo el profesorado que lo requiera. La actividad permanecerá a disposición del cuerpo docente para atender la demanda de los profesionales que se incorporen a las aulas en cualquier momento del curso escolar.

La formación COVID se realiza on-line y en el marco de la misma se ofrecen contenidos, recursos y materiales sobre las medidas preventivas y las pautas de gestión de los distintos espacios para reducir el riesgo y reaccionar ante síntomas compatibles con el virus. Además, las personas participantes en esta actividad cuentan con un foro de resolución de dudas atendido por un equipo de Promoción de la Salud, del Servicio Canario de Salud.

El senador del PP David Erguido ha renunciado a su escaño en el Senado tras conocerse que ha sido citado el día 23 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa 'Púnica', según han informado a Europa Press fuentes del partido, que han subrayado que él mismo ha dado el paso de dejar su acta de forma voluntaria.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional que instruye este caso le ha citado en calidad de investigado en el marco de la pieza separada número 7 relativa a contratos de distintos ayuntamientos madrileños con la empresa 'Waiter Music'.

La citación se produce después de que desde el Partido Popular ya se confirmara la pasada semana que David Erguido acudiría voluntariamente a declarar "a pesar de que no estar obligado a hacerlo" por ser aforado ante el Supremo.

"DESEA ACLARARLO TODO" PORQUE NO TIENE "NADA QUE OCULTAR"

Al conocerse esa citación del día 23, fuentes 'populares' ya habían hecho hincapié en que Erguido quería declarar voluntariamente, pese a que estando aforado le asistía la posibilidad de iniciar un procedimiento de suplicatorio ante las Cortes Generales.

"El senador no va a ponerse el escudo del aforamiento. No quiere un escarnio para el partido", habían asegurado este mismo lunes a Europa Press fuentes del partido, que habían añadido que Erguido está "deseando aclararlo todo" ante la Audiencia Nacional cuanto antes porque "no tiene nada que ocultar.

Sin embargo, poco después el PP ha confirmado la renuncia a su escaño en la Cámara Alta. David Erguido Cano, senador por la Comunidad Autónoma de Madrid, por el presente escrito renuncia a su condición de senador con efectos desde el día de la fecha", reza textualmente en el escrito que se ha registrado este lunes.

CASADO Y SU PROMESA DE EJEMPLARIDAD

Aunque los Estatutos del PP no le obligan a dejar en este momento su acta de parlamentario --la regla general es cuando se abre juicio oral--, Erguido ha decidido voluntariamente dar ese paso y renunciar su escaño en el Senado, según las fuentes consultadas.

En las últimas dos semanas, a raíz de otro caso que afecta al PP, la llamada 'operación Kitchen' relativa al presunto espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, Pablo Casado ha recordado sus promesas de "ejemplaridad" y "tolerancia cero" contra la corrupción con las que se presentó hace dos años al Congreso del partido.

"A mi Pedro Sánchez no me va a dar ni una lección de honorabilidad porque tiene a tres ministros de los ERE en su gobierno y yo, sin embargo, no tengo a ni un solo investigado y a ni un solo imputado, no solo en las listas electorales, sino tampoco en el equipo del PP", ha proclamado este mismo lunes en una entrevista en Telecinco.

Erguido no formó parte de las listas electorales sino que fue elegido senador por designación autonómica. Mantiene una buena relación con Pablo Casado desde hace muchos años, dado que ambos coincidieron como diputados autonómicos en Madrid cuando era presidenta regional Esperanza Aguirre.

Asimismo, Erguido ha sido concejal del ayuntamiento madrileño de Algete (2007-2011) y después concejal en el Ayuntamiento de Madrid (2011-2015). Actualmente, en el Senado era portavoz adjunto del Grupo Popular, ocupaba la Vicepresidencia Segunda de la Comisión de Asuntos Exteriores y era vocal en otras tres comisiones en la Cámara Alta.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez debe ya tomar "cartas en el asunto" ante la situación epidemiológica por la que atraviesa Madrid y no avalar las medidas de "segregación", a su juicio, "injustas, absurdas e ineficaces" promovidas por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso". En su opinión, lo que hacen falta ahora son rastreadores y médicos, no fotos ni "humo".

Así lo ha puesto de manifiesto tras la reunión que los presidentes Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han mantenido este lunes ante el avance de la segunda ola del coronavirus en la Comunidad de Madrid.

Un encuentro en el que ambos ejecutivos han acordado un "espacio de colaboración" que se reunirá semanalmente para "coordinar y planificar respuestas contra la pandemia" con el fin de doblegar la curva.

"Tres días para una declaración vacía", ha manifestado Errejón, quien ha criticado en un videocomunicado, que esta cita, prevista desde el pasado viernes, haya servido únicamente para que ambos ejecutivos hayan acordado volver a reunirse.

LOS MADRILEÑOS YA NO TIENEN TIEMPO

Según ha defendido, los madrileños "no tienen tanto tiempo", después de meses de "dejadez", de "malas políticas" y de "inacción" por parte de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo "no necesitan fotos con banderas detrás sino más rastreadores, más médicos, más maestros y mayor frecuencia del transporte público.

Pero ha lamentado que nade de esto se haya escuchado por boca de Sánchez y Ayuso en su rueda de prensa. Y, mientras tanto, ha añadido, en Madrid los barrios y pueblos del sur están sufriendo las medidas "segregadoras" que el Gobierno del PP y Ciudadanos han impuesto a sus vecinos, "a los que no permite ir al parque pero sí a las casas de apuestas y a los que sólo deja salir de su zona para acudir a trabajar".

"La reunión de hoy es poco más que humo. Los madrileños necesitan que el Gobierno tome cartas en el asunto y no avalar las medidas injustas, ineficaces y anticientíficas adoptadas por el Gobierno del PP y Cs en Madrid", ha resumido.

En parecidos términos se ha expresado Errejón en su cuenta personal de Twitter, donde singularmente ha cargado las tintas contra la presidenta madrileña, a la que ha censurado por "perdonar impuestos a los ricos" mientras dice que "no hay dinero para rastreadores y sanitarios, pero después pide a Sánchez al Ejército "para segregar a los barrios del sur".

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de Canarias, a través de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, ha creado dos equipos provinciales especializados en la atención y asesoramiento al alumnado que presenta necesidades educativas especiales por Trastornos Graves de Conducta y con determinadas patologías en el ámbito de la salud mental, escolarizado en centros de titularidad pública del archipiélago.

Cada uno de ellos estará formado por dos profesionales del ámbito de la Orientación educativa y dos profesionales del ámbito de la Integración social, que ofrecerán asesoramiento a la comunidad educativa para favorecer interacciones sociales positivas y conseguir que estos alumnos y alumnas desarrollen habilidades y destrezas que les permitan participar plenamente en las actividades propias del entorno educativo.

"Estos estudiantes constituyen un colectivo especialmente vulnerable dentro del sistema educativo y es preciso ofrecerle respuestas que favorezcan su inclusión", señaló el director del área, Gregorio Cabrera.

Entre las funciones de estos nuevos equipos destaca la de asesorar en alternativas de carácter organizativo y curricular (agrupamientos, metodologías y procedimientos de evaluación), en coordinación con los equipos de orientación de zona y específicos. Además, como parte del diseño del plan de actuación, ofrecerán pautas metodológicas y emocionales que faciliten el manejo de posibles conductas desajustadas, tanto desde un punto de vista preventivo, como del de la intervención del profesorado, dentro y fuera del aula.

Asimismo, se potenciará la red de colaboración entre las distintas instituciones implicadas en la atención a este alumnado y se implementarán programas educativos individualizados, que contarán con la participación y colaboración de los profesionales del centro educativo, la familia y el alumno o la alumna, para facilitar los cambios necesarios en la dinámica relacional de la comunidad educativa.

Paralelamente, estos nuevos equipos de atención y asesoramiento al alumnado con alteraciones emocionales y de conducta recibirán formaciones específicas sobre diferentes modelos de atención y asesoramiento desde un punto de vista inclusivo. Además, la administración educativa facilitará su participación en programas de investigación e innovación.

Los pacientes con COVID-19 hospitalizados en Galicia han aumentado ligeramente hasta los 244, de ellos 32 permanecen ingresados en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que supone tres más que este domingo.

Según los datos actualizados este lunes por las áreas sanitarias de Galicia, en la de A Coruña y Cee hay 63 pacientes con COVID hospitalizados, de ellos 50 en planta y siete en UCI del Chuac; en el Modelo otro en UCI y uno en planta y cuatro en planta en el Hospital de Cee.

A ellos se suman otros 1.086 pacientes en seguimiento en su domicilio y hasta la fecha se han registrado 4.975 altas en esta área sanitaria, que suma otras 1.032 PCR realizadas.

En el Área Sanitaria de Vigo hay 19 pacientes con COVID hospitalizados --dos en Fátima, dos en Povisa y 15 en el Hospital Álvaro Cunqueiro--, de ellos cuatro en UCI --todos en el HAC--, mientras 438 se encuentran en seguimiento domiciliario. Hasta la fecha se han curado 2.678 personas.

Mientras, en el área de Santiago y Barbanza las personas con coronavirus hospitalizadas se sitúan en 30, todos ellos en el Hospital Clínico, de los cuales cuatro se encuentran en Unidad de Críticos. Hasta la fecha se han curado 2.765 personas y se han realizado 66.376 PCR.

En el área de Ourense hay 47 pacientes ingresados --35 en el HUO, 11 en Verín y uno en Valdeorras--, cinco de ellos en UCI --todos en el HUO--, mientras que 495 permanecen en seguimiento en domicilio. Hasta la fecha se han curado 2.395 personas y se han realizado 53.777 PCR.

Por su parte, en el área de Lugo, A Mariña y Monforte cuatro pacientes con COVID permanecen en UCI --todos en el HULA-- y 53 en otras unidades de hospitalización --dos en el Hospital Público da Mariña, dos en el de Monforte, 12 en Polusa y el resto en el HULA--. Otros 632 se encuentran en seguimiento en su domicilio y 2.178 se han curado hasta el momento.

En el área de Pontevedra y O Salnés los pacientes ingresados con COVID en planta ascienden a 16 --de ellos 14 en el CHUP y dos en el Domínguez--, mientras que cinco se encuentran en Unidad de Críticos del Hospital Montecelo. Otros 646 evolucionan en seguimiento en domicilio y se registran 1.179 curados desde el inicio del plan de contingencia de la COVID-19 --19 más que este domingo--.

En las últimas 24 horas se han realizado otras 413 PCR, que se añaden a las 36.178 ya efectuadas desde el inicio de la pandemia en esta área sanitaria pontevedresa.

Y en el área de Ferrol siete pacientes con COVID-19 permanecen hospitalizados --dos de ellos en UCI-- y 170 están en seguimiento en su domicilio. Los casos no activos o curados ascienden a 825.

Artadi rechaza que Torra convoque elecciones antes de su posible inhabilitación aunque ERC insista

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha manifestado este lunes que se abren a pactar un calendario electoral y la estrategia a seguir con el independentismo si el Tribunal Supremo (TS) inhabilita al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

En rueda de prensa telemática, ha precisado que partidos y entidades independentistas han mantenido diversos contactos, y que esta semana se celebrará una reunión con todos los actores, y que la voluntad de JxCat es pactar el recorrido a seguir porque Torra "no se autoinhabilitará".

Con todo, JxCat sigue rechazando que Torra convoque elecciones antes de su eventual inhabilitación porque consideran que, en plena pandemia de coronavirus, no es momento "de estar en campaña" electoral.

Aunque ERC ha insistido este mismo lunes en que Torra debe convocar elecciones antes de su posible inhabilitación, Artadi ha insistido en que sería "irresponsable" celebrar ahora unos comicios.

Por ello, ha explicado que, en las reuniones con ERC y el resto de actores independentistas, están explorando todas las vías y posibilidades que hay ante una eventual inhabilitación de Torra, dejando claro que el Parlament debe situarse en el "centro" de la respuesta.

Sobre si se plantean investir a un candidato alternativo si Torra es inhabilitado, ha admitido que no es la voluntad de JxCat, aunque ha asegurado que están dispuestos a "hablar de todo" con los partidos y las entidades independentistas.

Así, ha insistido en la importancia de pactar un calendario y los mecanismos que debe impulsar el Parlament, presidido por el republicano Roger Torrent, entre otras cuestiones.

Sobre el papel que jugaría el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (ERC), si inhabilitan a Torra, Artadi ha concretado que están debatiendo cómo se coordinaria el Ejecutivo catalán en este escenario, dado que el dirigente republicano se convertiría en presidente en funciones.

MARCA JXCAT

A la espera de que este viernes se celebre la vista por la decisión del PDeCAT de denunciar el registro de la marca, Artadi ha negado que haya "ningún pacto por escrito" sobre el uso del nombre de JxCat.

Aunque no ha querido explicar la argumentación jurídica que expondrán, ha asegurado que tienen la confianza de que "todo se ha hecho bien", por lo que no cree que la denuncia tenga recorrido.

"Es verdad que, una vez llevas una causa a la justicia, con todo lo que tiene que ver con el presidente Carles Puigdemont, puede pasar cualquier cosa", ha advertido Artadi, pese a añadir que no les preocupa lo que pueda pasar.

La dirección del centro de personas mayores con el que cuenta la empresa Vitalia en Mairena del Aljarafe (Sevilla), que afronta un brote de coronavirus Covid-19 que contabiliza 79 casos de contagio divididos entre 13 trabajadores y 66 residentes, seis de estos últimos fallecidos, ha comunicado a las familias de sus residentes que el traslado a estas instalaciones de ancianos infectados de la residencia Vitalia Home de La Rinconada constituye una orden "unilateral" de las autoridades sanitarias.

En un mensaje remitido a las familias de los residentes de este centro que cuenta con 234 plazas, 180 de ellas concertadas con la Administración andaluza para personas en situación de dependencia, la dirección de Vitalia Mairena del Aljarafe da cuenta de que tras ser medicalizado este geriátrico por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), "todos los aspectos de índole sanitaria de los residentes los gestiona el personal sanitario destinado por la Administración", que "asume la comunicación con las familias en lo relacionado a la situación clínica y evolución, caídas, traslados hospitalarios, atención sanitaria o resultados de pruebas diagnósticas".

En paralelo, y en este mensaje recogido por Europa Press, la dirección del centro Vitalia de Mairena del Aljarafe aclara que "la autoridad sanitaria ha ordenado de forma unilateral el traslado de residentes" infectados del geriátrico de la misma empresa ubicado en La Rinconada hasta las instalaciones del primero de los municipios, donde las dos primeras plantas del recinto estarían específicamente habilitadas para los ancianos contagiados.

QUEJAS DE FAMILIARES

Además, la dirección del centro de Vitalia ubicado en Mairena del Aljarafe, que afronta quejas por parte de un grupo de familiares a cuenta de supuestas incidencias en la administración de los medicamentos, las comunicaciones telefónicas o la asistencia directa a los ancianos, esgrime que a lo largo de los últimos días, "se han producido 17 altas hospitalarias y la mayoría de los residentes ingresados por Covid-19 evolucionan favorablemente", con lo que "se esperan nuevas altas en los próximos días". Ello, eso sí, después de contabilizar seis muertes entre los ancianos contagiados.

"El personal de centro se esfuerza a diario para apoyar al personal sanitario designado por la Administración en la consecución del objetivo común, para que los residentes puedan retomar la normalidad en sus unidades de convivencia y con sus planes terapéuticos lo antes posible", sostiene la dirección del centro de Vitalia de Mairena del Aljarafe.

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 18 años y medio de cárcel impuesta a un monitor de un colegio de Palma por delitos de abusos sexuales a tres alumnos, corrupción de menores en grado de tentativa y elaboración de pornografía infantil.

De esta forma, el Supremo rechaza íntegramente el recurso del acusado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Tsjib).

La sentencia confirmada reconoce indemnizaciones por un total de 11.600 euros a los cuatro niños víctimas de los delitos, estableciendo la responsabilidad civil subsidiaria del colegio.

De acuerdo con el dictamen, el acusado abusó sexualmente de tres alumnos, mientras que cometió un delito de corrupción de menores en grado de tentativa sobre una cuarta víctima.

El hombre, que se encuentra en prisión por esta causa desde junio de 2018, recurrió el pasado mes de marzo la sentencia dictada en octubre de 2019 por la Audiencia Provincial de Baleares.

Según la sentencia, el hombre fue contratado en 2014 por un colegio de Palma y aprovechó "su condición de monitor pastoral, la diferencia de edad y la autoridad derivada de la consideración que como profesor le tenían algunos alumnos, para realizar actos de carácter sexual y con ánimo libidinoso sobre algunos menores".

Asimismo, el escrito señala que el acusado estaba en posesión de archivos en diversos formatos de fotografía y vídeo con contenido pedófilo.

De esta forma, el Supremo confirma la sentencia del Tsjib que condena al acusado como autor responsable de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, un delito de elaboración de pornografía infantil, dos delitos de corrupción de menores en grado de tentativa, dos delitos de abusos sexuales a menores de 16 años y un delito de posesión depornografía infantil.

Podemos ha anunciado que apoyará la huelga educativa convocada por CCOO y STERM al "compartir totalmente las razones que la motivan", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha mantenido este lunes un encuentro con representantes de STERM-Intersindical, en el que ha trasladado el apoyo de su formación política a la huelga que los sindicatos de enseñanza han convocado para el próximo 23 de septiembre.

Durante la reunión, Marín ha mostrado su preocupación por la situación que están viviendo los docentes, el alumnado y las familias ante un inicio de curso "caótico", producto de la "actitud soberbia y autoritaria de la consejera de Educación, Esperanza Moreno", quien en su opinión "ha quedado invalidada para liderar los retos que la comunidad educativa tiene por delante en un escenario tan complejo y que requiere del entendimiento de todos los actores implicados".

La portavoz de Podemos ha calificado además como "actitud caciquil" el establecimiento por parte de la responsable de Educación de "unos servicios mínimos para la huelga que llegan a ser casi del 100% en algunos centros".

Además, Marín ha puesto en conocimiento de los representantes de STERM-Intersindical que su Grupo Parlamentario ha registrado esta mañana dos preguntas con las que pretende averiguar "cuántos docentes hay de baja a día de hoy", y de estos, "cuántos han sido sustituidos".

Desde los sindicatos y las asociaciones de docentes señalan que desde la consejería no se estarían cubriendo esas bajas, "lo que contribuye a aumentar aún más las ratios en un momento en el que deberían estar siendo reducidas".

Además, la diputada de Podemos ha apuntado que los 1.500 docentes extra anunciados "a bombo y platillo" por el presidente regional, Fernando López Miras, "no resuelven el problema, ya que no se les ha asignado grupos ni tareas docentes, sino solo funciones de vigilancia y apoyo".

Se trata por tanto de "una medida propagandística" que "no reduce las ratios ni garantiza que se cumpla la distancia de seguridad mínima", lo que ha llevado a la portavoz de Podemos a calificarlo como "un mero lavado de cara".

Marín ha lamentado además lo que considera "un juego de trileros" al que se ha prestado el PSOE de Diego Conesa al "conformarse con este anuncio de la contratación de 1.500 docentes extra", un número que considera "totalmente insuficiente", máxime cuando además "no van destinados a tareas docentes ni a sustituciones".

La portavoz de Podemos ha comparado estas cifras con las aprobadas en la Comunidad Valenciana, en cuyo gobierno también está presente Podemos y donde la Conselleria de Educació "ha aumentado la plantilla de los centros educativos en un 15%", mientras que las 1.500 contrataciones anunciadas en la Región de Murcia "no llegan ni al 8%".

Desde Podemos advierten que la sociedad murciana "no debe conformarse con menos que nuestras comunidades vecinas, cuando ya estamos a la cola en la mayoría de índices educativos".

Además, la portavoz en la Asamblea Regional ha asegurado que Podemos comparte con las organizaciones convocantes "la necesidad de acabar con el absentismo escolar impuesto por la Consejería de Educación", ya que la Región de Murcia "es la única comunidad autónoma que despide alumnos un día a la semana en lugar de contratar los docentes necesarios".

Marín ha exigido la "contratación inmediata de los docentes necesarios para revertir un modelo que atenta contra el derecho a la educación y la conciliación, especialmente en las familias trabajadoras".

Por último, Podemos ha denunciado el "doble rasero" con el que se trata a la educación pública y a la privada-concertada. En concreto, la portavoz ha detallado que los 121 colegios concertados de la Región "recibirán hasta seiscientos docentes de refuerzo, casi seis por centro", mientras que "los seiscientos colegios públicos solo van a contar con novecientos profesores extra, uno y medio por centro".

Marín ha considerado que de esta manera "una vez más, el Gobierno Regional discrimina a las familias y al alumnado, tratando a la comunidad educativa de la pública como murcianos y murcianas de segunda".

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en servicio la aplicación móvil gratuita 'Imbric', que permite reservar y pagar el billete de autobús, el taxi, el de aparcamiento y el de los parquímetros de la zona ORA desde el teléfono móvil, con lo que esta ciudad se convierte en la primera del país en disponer de una herramienta que "integra todos los servicios de movilidad".

La aplicación Imbric, descargable para cualquier dispositivo iOS y Adnroid, ha sido presentada este lunes por el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, César Díaz, en el transcurso de las actividades programadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad que desde el día 16 hasta este martes se celebra en la ciudad.

Ha explicado que Imbric es "la única aplicación que hasta el momento integra en España todos los sistemas de movilidad existentes en la ciudad", a la vez que "da respuesta a las demandas de los usuarios".

Ha remarcado que la nueva aplicación supone un paso más en la apuesta hacia la movilidad sostenible, dado que "permitirá al usuario del vehículo privado descubrir otras maneras más sostenibles y económicas de desplazamiento, a la vez que, gracias al servicio de reserva de aparcamientos, posibilitará reducir entre el 15 al 30 por ciento la concentración de vehículos en la ciudad buscando estacionamiento".

La nueva aplicación ofrecerá, entre otras funciones, la posibilidad de adquirir "con hasta 40 minutos de antelación" el billete ordinario del autobús urbano, validarlo, "sin necesidad de tener contacto ni con el billete de compra ni con el dinero", a la vez que también "se podrá conocer los tiempos de llegada y reducir el tiempo de espera facilitará el acceso al interior del vehículo".

En relación al servicio del taxi, el concejal ha indicado que el usuario podrá desde el móvil reservar un taxi, tener una estimación del coste de la carrera y pagar el servicio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que la "segunda ola" de COVID-19 que está viviendo España "no es un juego", por lo que ha reclamado a todos los ciudadanos que cumplan con las medidas sanitarias contra el virus para evitar que sigan aumentando los contagios.

"Esto no es un juego. Estamos ante una segunda ola que tiene distintas características a la primera ola, es menos veloz y letal, pero continúa siendo muy peligrosa. Por eso, todos debemos seguir las reglas básicas para ser un vector de contención del virus", ha resaltado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa tras la reunión de este lunes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, ha recordado a los jóvenes su importancia en la lucha contra el COVID-19: "A quienes se sienten seguros por su edad, el virus también puede afectarles. Pueden convertirse en un vector de propagación que afecte a personas queridas que son vulnerables frente al virus".

Sánchez se ha mostrado "convencido" de que España va a conseguir "doblegar esta segunda curva y mantener a raya el virus", tal y como se consiguió en la primera ola. El presidente del Gobierno ha deseado "de corazón" que las medidas puestas en marcha el viernes por el Ejecutivo autonómico, como la restricción de movilidad en hasta 37 zonas, sean "suficientes" para frenar la aceleración de los contagios.

Sobre la necesidad de tomar nuevas medidas, Sánchez ha insistido en que confía en que sean necesarias para doblegar la curva. "Creo que lo que tenemos que hacer es ir evaluando las medidas que vamos tomando, cuál es la incidencia acumulado y el impacto sobre la pandemia y a partir de ahí ir evaluando nuevas medidas. A mí no me queda duda de que vamos a doblegar la curva", ha insistido el presidente, quien ha reiterado que se debe frenar el contagio para que "no llegue a las personas más vulnerables".

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno central ha ofrecido su asistencia a Madrid "para ayudar, no a evaluar", y ha defendido que se intentarán complementar los recursos de la comunidad autónoma desde diferentes niveles.

Así, Sánchez ha ofrecido a Ayuso la colaboración del Gobierno central para aportar "medios de rastreo adicionales, medios de desinfección, medios logísticos, medios sanitarios, refuerzos de la capacidad hospitalaria, apoyo legal, recursos jurídicos, medios policiales también y todo aquello que considere el Gobierno de la Comunidad de Madrid que necesita".

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha añadido que "estos medios del Estado deben ser reforzados con medios civiles y medios municipales para reforzar la Atención Primaria", uno de los niveles asistenciales más afectados por la crecida del COVID-19.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido que la situación de crisis sanitaria de la COVID en Baleares es "diferente" a la de Madrid, donde se han empezado a ver manifestaciones frente a las restricciones impulsadas por la Comunidad, porque "el Govern lleva desde 2015 reforzando la sanidad".

Según ha informado la presidenta Armengol en declaraciones a los medios, "creo que cada comunidad autónoma toma lo que considera son las mejores decisiones para doblegar la curva, pero me permitirán que la situación de Baleares no es la de Madrid porque Baleares lleva cinco años reforzando la sanidad, con más de 2.000 profesionales contratados -900 en la época de la pandemia--, se han contratado rastreadores y se cuenta con la ayuda del ejército para su refuerzo por lo que la estructura sanitaria es diferente".

Otra diferencia apuntada por la presidenta con respecto a Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que Baleares lleva algunas semanas operando "de forma integral" en barrios de Palma, en Sant Antoni de Portmany y en Ibiza, ha sido la toma de decisiones, que ha sido "diferente", al hacerlo "cuando la incidencia acumulada era menor y de forma más rápida".

También, ha señalado "la capacidad de rastreo y de hacer pruebas de diagnóstico en Baleares; la colaboración ofrecida por parte de los ayuntamientos desde el principio, lo cual hay que agradecer, así como de los servicios sociales; el poner hoteles puente a disposición de los ciudadanos que no pueden guardar correctamente en sus domicilios la cuarentena sufragados por el Govern y que Baleares es la única comunidad con un protocolo de acción conjunta con las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado que les permite saber quién es positivo y reforzar así la vigilancia".

En esta línea, la presidenta del Govern ha insistido en que en las Islas "las decisiones de confinamiento se han tomado de acuerdo con criterios sanitarios y en coordinación absoluta con el Estado, a quien he pedido refuerzos de las competencias estatales, eso hay que comprenderlo, pero la competencia sanitaria es de las autonomías y en Baleares esta se ha reforzado desde 2015. Cada uno deberá responder de lo que ha hecho, por tanto, en su comunidad".

INTERVENCIÓN EN LA RESIDENCIA BELL ENTORN DE SÓLLER

Por otro lado, Armengol se ha referido a la intervención el pasado domingo de la residencia Bell Entorn de Sóller, explicando que es en estos centros donde se presta más atención.

Al respecto, ha recordado que desde mediados de la semana pasada un equipo de Salud se desplazó hasta esta residencia privada de gente mayor para ver cómo se estaban llevando a cabo los circuitos y cuál era la situación.

"Al ver este equipo de Salud que la situación no se ha normalizado no ha quedado más remedio que intervenir pues la prioridad del Govern es proteger a las personas, que no se contagien y si lo hacen no sea de forma grave, tratando de evitar así su fallecimiento, ha asegurado Armengol, quien ha concluido que "si es necesario la intervención de una residencia a este Govern no le tiembla el pulso".

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Familias, ha iniciado un estudio de contacto ante el positivo en covid-19 de un trabajador de la residencia Ballesol de Almería, de forma que, a partir de los resultados del rastreo, determinar qué pruebas son necesarias realizar tanto entre el resto de la plantilla como entre residentes.

Así lo han indicado fuentes del Gobierno andaluz tras constatar la existencia de un caso positivo entre los trabajadores de la residencia, que ha sido ya comunicado a los familiares de los usuarios del centro como parte del protocolo ante el coronavirus a lo largo de este pasado fin de semana.

La residencia llegó a estar medicalizada en la fase aguda de la pandemia durante el estado de alarma, en la que se produjeron dos fallecimientos, si bien su situación volvió a estabilizarse a finales de mayo.

Así, el centro ha adaptado su funcionamiento a las nuevas circunstancias, con pruebas PCR para todos los nuevos ingresos, medidas de distanciamiento social para las visitas, comidas individualizadas en habitaciones y otros mecanismos de higiene y protección para mantener la residencia libre de infecciones, entre otras medidas. En este sentido, y tras el aislamiento del trabajador afectado, no se han detectado por el momento nuevos casos.

La Junta de Andalucía mantiene actualmente tres brotes localizados en residencias de Almería: La residencia El Zapillo, con 119 afectados --16 fallecidos-- derivados de 78 positivos en residentes y 41 entre trabajadores; la residencia 'El Manantial' de Terque con 44 afectados --tres fallecidos-- de 34 usuarios y diez trabajadores; y la residencia 'San Antonio' de Vícar, con 19 casos confirmados de 14 residentes, entre ellos un fallecido, y cinco trabajadores.

El Colegio de Abogados de Almería ha demandado un sistema de asistencia letrada a personas migrantes llegados en patera "adecuado" a la situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y que permita "conjugar el derecho de defensa y la salud del colectivo" al que representa.

En un comunicado, ha indicado que han realizado 1.200 intervenciones en julio y agosto y ha advertido de que el servicio puede "verse seriamente tensionado si se repiten los parámetros de 2018, cuando se superaron las 12.000 asistencias".

El órgano colegial ha señalado que se ha detectado "un paulatino incremento" en septiembre de las asistencias prestadas por el turno de oficio de Extranjería a migrantes, y ha remarcado la necesidad de "implantar un sistema adecuado a la situación de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de covid-19".

Tras remarcar que este servicio no se suspendió durante los días de confinamiento y que "continúa estando garantizado" por los abogados adscritos al este turno especializado, han urgido un "sistema de asistencia letrada a los migrantes llegados por vía marítima en el puerto de Almería que conjugue derechos".

Debe conjugar el derecho de defensa y a la información que ampara a todas las personas que tan dramáticamente llegan nuestras costas, con el derecho a la prevención y a la salud del colectivo de abogados que presta este servicio dentro del Turno de Oficio y los funcionarios policiales", han remarcado los abogados almerienses, quienes han aludido "a que interactúan directamente" y a que llegan a realizar "más de un centenar de asistencias diarias.

Tras mantener el decano del colegio, José Luis Aynat, una reunión con el Comisario Provincial, Rafael Madrona, los abogados han trasladado, asimismo, "su plena disposición a facilitar los medios materiales necesarios que cristalicen en un acuerdo de colaboración para poder implantar este sistema".

TRÁMITES "SIN LA AGILIDAD DESEADA" EN EXTRANJERÍA

Desde el Colegio de Abogados de Almería han avisado, asimismo, desde que las citas necesarias para los trámites presenciales que deben realizarse en Extranjería "no se están obteniendo con la fluidez y agilidad deseable".

"Ya sea por el sistema informático diseñado o por la insuficiencia del personal disponible, pese al esfuerzo realizado desde la Comisaria, se está desvelando insuficiente para compensar el tremendo atraso acumulado durante la suspensión de las citas por la emergencia sanitaria y canalizar la enorme demanda de estos trámites", han advertido.

Al hilo de esto, desde el órgano colegial han recordado que estos tramites son "necesarios" para evitar "consecuencias indeseadas a los demandantes habida cuenta que la prórroga concedida se circunscribe territorialmente al estado español y que la propia administración española está procediendo a cursar bajas en INSS y TGSS e incluso a decretar extinción de prestaciones por no contemplar de facto la prórroga automática".

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha concluido que España "violó el derecho a la educación inclusiva" de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de la objeción de sus padres.

En su primera decisión sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité ha llegado a la conclusión de que España no evaluó los requerimientos específicos del niño y no adoptó medidas "razonables" que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria.

En consecuencia, precisa que el Estado parte no cumplió con las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El niño, Rubén, estudiaba en una escuela ordinaria de León. Con el apoyo de un asistente de educación especial, mantuvo buenas relaciones con sus compañeros y maestros hasta el año 2009, cuando empezó el cuarto curso a la edad de 10 años.

Según la exposición de los hechos, en ese momento su tutor "no le aceptó por su discapacidad, discriminándole y sometiéndole a situaciones de abandono y maltrato". En quinto curso, su nuevo maestro no consideró necesario asignarle un asistente de educación especial y sólo después de que sus padres se quejaran se le permitió tener uno.

Sin embargo, Rubén comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe escolar se refirió al "comportamiento perturbador", a los "brotes psicóticos" y al "retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down" de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres.

Los padres de Rubén denunciaron los abusos que sufrió ante las autoridades judiciales nacionales, pero no se realizó ninguna investigación efectiva. Sus padres también impugnaron sin éxito la decisión de la autoridad educativa de inscribirlo en un centro de educación especial. Además, las autoridades presentaron una denuncia penal contra los padres por su negativa a enviar a su hijo a una escuela especializada.

Finalmente, Rubén y su padre presentaron su caso ante el Comité en 2017. Tras examinar las alegaciones presentadas por ambas partes, el Comité ha llegado a la conclusión de que España "violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva".

"No parece que las autoridades del Estado parte hayan realizado una evaluación razonable o un estudio profundizado y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén y de los ajustes razonables que hubieran sido necesarios para que hubiera continuado en un centro de educación ordinario", ha manifestado el miembro del Comité Markus Schefer.

El Comité ha solicitado a España que garantice que Rubén, quien actualmente se encuentra en un centro privado de educación especial para estudiantes con necesidades especiales, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo; que se le conceda una indemnización y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abuso.

Entre otras recomendaciones, el Comité también insta a España a que elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias, y a que garantice que no se persiga penalmente a los padres de los estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha aplaudido la colaboración del Gobierno central con el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid para hacer efectivos los confinamientos selectivos que han entrado en vigor este lunes y, en concreto, la creación de un 'Grupo Covid' para el seguimiento de la pandemia y coordinar acciones conjuntas.

Hace dos semanas, CSIF solicitó a la Consejería de Sanidad medidas "drásticas" para frenar los contagios por Covid-19, entre las que propuso confinamientos selectivos. "Desde CSIF hemos venido exigiendo estos últimos meses un plan de contingencia para paliar el crecimiento exponencial de contagios, los ingresos en unidades de críticos y el aumento de los fallecidos", ha dicho la organización.

No obstante, el sindicato ha avisado de que, además de la colaboración con el Ejecutivo central, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y, en concreto, su Consejería de Sanidad, han tenido tiempo "más que suficiente para" contratar rastreadores y personal de refuerzo, tanto para los hospitales del SERMAS como para los centros de salud, para evitar el alto número de contagios que se está registrando en esta segunda oleada de COVID19.

En este sentido, CSIF ha pedido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que "tome cartas en el asunto" respecto a los recursos humanos de los distintos hospitales de la red del SERMAS, ya que "no ofrecen condiciones homogéneas" a sus profesionales en lo relativo al precio al que pagan los doblajes de turno o su compensación con días libres.

"Ahora mismo esa competencia es de la Gerencia de cada hospital y, en virtud de las condiciones que ofrece cada centro, se puede ver reforzado o no el personal para hacer frente a esta segunda ola de Covid, ya que el doblaje de turnos es voluntario y cada profesional valora, según lo que se le ofrece, si hace o no dicho turno extra", ha apostillado CSIF.

Por ello, ha remitido una carta a la Dirección General de Recursos Humanos para que adopte los acuerdos pertinentes para que la compensación por las prolongaciones de jornada sean más atractivas, después de que CSIF haya tenido conocimiento de que algunos hospitales pagan a unos irrisorios 14 euros la hora adicional.

Además, CSIF ha asegurado que es "esencial" que las condiciones que se ofrecen en los nuevos contratos sean lo "suficientemente atractivas" para que los refuerzos opten por Madrid y no por otra comunidad autónoma con mejores condiciones.

"No hay que olvidar que Madrid es una de las autonomías con peores condiciones laborales para sus profesionales de la Sanidad. El origen de la situación actual de Madrid, que lidera el aumento de casos a nivel nacional, está en la falta de rastreadores, como hemos venido denunciando insistentemente en los últimos meses, y en el abandono de la Atención Primaria. En este sentido, denunciamos la falta de planes de contingencia reales en los centros de salud, ya que actualmente se realizan de manera improvisada, atendiendo a la demanda asistencial y a la plantilla de cada centro", ha enfatizado.

Finalmente, el CSIF ha avisado de que sigue habiendo recursos humanos "mermados e insuficientes" ante la campaña de gripe que se adelanta, la atención a los centros escolares con el comienzo del curso, por la actuación de sanitarios como rastreadores y el consiguiente seguimiento de los casos, y por la atención domiciliaria, el refuerzo a las unidades de atención de residencias.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ha firmado los acuerdos con 47 entidades de titularidad privada para la formalización de 2.549 plazas para la atención a personas mayores a través del concierto social en la provincia de Málaga, de las cuales 1.891 son plazas en residencias y 658 en centros de día.

El plazo de ejecución es de 36 meses y el importe máximo total del concierto asciende a 116.069.174,29 euros. El acto de firma de los documentos relativos al concierto social ha estado presidido la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Mercedes García Paine.

García Paine ha declarado que "el concierto social supone la ampliación de la red de recursos de atención y va a posibilitar la incorporación de centros que hasta el momento no disponían de plazas concertadas y, en el caso concreto de la provincia de Málaga, ha permitido incorporar 12 nuevos centros a esta red de recursos, ocho de los cuales son centros de día y cuatro centros de atención residencial".

La red de plazas de la Junta de Andalucía para la atención de personas mayores en situación de dependencia en la provincia de Málaga está formada por un total de 3.851 plazas, entre las que se encuentran las 2.549 plazas contempladas en el concierto social con centros de titularidad privada. El resto, son plazas en centros de titularidad pública y en los centros propios de la Junta.

Para distribuir estas plazas por tipología y provincia se ha tenido en cuenta el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, así como una serie de criterios entre ellos la ratio de cobertura en las distintas áreas del territorio, la disponibilidad actual de recursos y la demanda de personas que requieren atención residencial en cada provincia, priorizando la continuidad asistencial de las personas que venían recibiendo los servicios.

"Esto va a permitir una mayor equidad territorial en la distribución de los recursos asistenciales y permite una mayor proximidad al domicilio de las personas dependientes posibilitando, de esta forma, el mantenimiento de los lazos familiares", han recordado desde la Junta a través de un comunicado.

En el caso de Andalucía, la adjudicación del concierto social permitirá cubrir un total de 19.181 plazas, repartidas en 13.889 plazas del servicio de atención residencial; 5.288 del servicio de centro de día; y 4 del servicio de centro de noche, para atender a personas mayores en situación de dependencia. La inversión superará los 849 millones de euros.

CONCIERTO SOCIAL

El concierto social es una nueva figura administrativa especial, de mayor flexibilidad y garantía de calidad. Se basa en la libre elección de la persona usuaria y garantiza la continuidad asistencial de las personas que estén actualmente ocupando las plazas, manteniendo la vinculación afectiva y terapéutica.

El objetivo es mantener a las personas en su propio entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, con el fin de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día.

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Unidas Podemos que llama al Gobierno a reformar el régimen de infracciones y sanciones de los vehículos con conductor VTC y garantizar que los cuerpos de inspección y de policía local pueden sancionar adecuadamente los incumplimientos de estos servicios.

Unidas Podemos, que comparte Gobierno con el PSOE, recuerda al titular de Transportes, José Luis Ábalos, que, más de un año y medio después de la entrada en vigor del decreto ley que aprobó en 2018, aún no ha llevado a las Cortes una propuesta legislativa para modificar este régimen, cuando la norma le obligaba a hacerlo en un plazo de seis meses.

Esta norma, aprobada por el hoy ministro de Transportes en septiembre de 2018, delegó a las comunidades autónomas la competencia para modificar las condiciones de explotación previstas en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres ante la "competencia desleal" de estos servicios, según critica Unidas Podemos, al sector del taxi.

¿HACEN FALTA SANCIONES MÁS DURAS?

Sin embargo, para Unidas Podemos la ausencia de un régimen sancionador adecuado "ha limitado seriamente las facultades de las administraciones públicas" pues, aseguran, sus cuerpos de inspección "han reiterado en múltiples ocasiones la falta de medios e instrumentos legales para sancionar las malas prácticas y el peligro a la seguridad que suponen las actuaciones de los propietarios de VTC y las plataformas digitales que los auspician".

En este sentido, en el grupo confederal recuerdan que la Audiencia Nacional declaró el pasado mes de enero válida la orden que obliga a llevar a bordo del vehículo VTC su hoja de ruta, habilitando la imposición de sanciones administrativas a aquellos que no dispongan de la misma.

Además, piden analizar las últimas sentencias que derivan de este decreto para elevar la calificación de grave a muy grave de determinadas infracciones y tipificar nuevas ante el incumplimiento de otras condiciones del servicio.

POSIBLE INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO O REVOCAR LA LICENCIA

Asimismo, llama a estudiar la posible inmovilización del vehículo hasta el pago de sanciones muy graves, e incluso revocar la autorización VTC por la comisión de infracciones de naturaleza muy grave en un año.

Por último, Unidas Podemos exige a Transportes garantizar que los cuerpos de inspección y de policía locales de las administraciones competentes "puedan sancionar adecuadamente" posibles incumplimientos de estos vehículos VTC.

Concretamente, citan incumplimientos sobre hoja de ruta, el retorno a la base, la restricción de circulación, su pre-contratación, la captación de clientes, los recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios, y especificaciones técnicas del vehículo.