La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado en un auto las medidas acordadas en la Resolución de 20 de septiembre de 2020, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se adoptan medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención de la pandemia Covid-19 en Badajoz.

El auto, además, señala que la Junta de Extremadura deberá comunicar a la Sala Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura cualquier hecho o incidencia que afecte sustancialmente a la ejecución de las medidas ratificadas o que determinen, en su caso, la procedencia de alzarlas.

Según se señala en el auto, las medidas sanitarias solicitadas por la Junta de Extremadura cumplen con una serie de parámetros, entre los que cita la "existencia de un riesgo inminente y extraordinario" que justifica su adoptación, ante el "incremento excepcional" del número de casos de Covid-19.

Añade también que las medidas "se consideran urgentes y necesarias para la salud pública" atendiendo a las circunstancias concurrentes, todas ellas "relacionadas con la situación de emergencia producida por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2", y señala que son además "proporcionadas atendiendo al espacio territorial al que afectan, a las personas a las que se aplica y a la duración temporal de esa aplicación", recoge el auto.

El texto recoge además que las medidas adoptadas por la Junta de Extremadura "no suponen una limitación absoluta de los derechos fundamentales consagrados en el capítulo II del Título I de la Constitución", sino una "restricción o limitación de la libertad de circulación y reunión de las personas", así como "medidas de contención en el ámbito de establecimientos o locales comerciales, actividades de hostelería y restauración y demás espacios públicos, pero sin supresión de la referida actividad, con una limitación temporal de 14 días", concluye.

Indra, U-tad y Fundación Universia, que cuenta con el apoyo de Banco Santander para el desarrollo de sus actividades, han presentado 'CicerOn: VR speech coach', una aplicación que, a través de técnicas inmersivas de realidad virtual, permite a las personas con síndrome de Asperger entrenar su interacción con otras personas y la exposición oral en público.

Este trabajo, según han informado los impulsores de esta iniciativa, es el resultado de la 'Cátedra de Investigación en Tecnologías Accesibles' suscrita entre dichas entidades en el año 2016.

La aplicación es un 'serious game' (entrenamiento a modo de videojuego) con el cual, haciendo uso de la realidad virtual, las personas con síndrome de Asperger, trastorno neurológico del espectro autista, entrenan la superación de su fobia a hablar en público. Al tratarse de una experiencia inmersiva en forma de juego, permite potenciar la motivación del usuario para seguir avanzando a pesar de las dificultades que enfrentarse a la fobia pueden suponerle y, por tanto, seguir con el tratamiento.

En 'CicerOn', el usuario debe resolver un enigma a través de la resolución de acertijos y la búsqueda de pistas en distintos escenarios de juego. Cada fase está diseñada con un nivel de exposición al estímulo fóbico, incrementando su intensidad a medida que avanza a través del juego.

Los acertijos deben ser leídos en alto de forma constante, habituando al jugador a la oratoria. Al final de cada uno de los seis niveles del juego, el paciente debe leer la pista final en un estrado.

Adicionalmente, 'CicerOn' cuenta con una sala de relajación donde el usuario puede ir siempre que sienta que su cuadro de ansiedad empeora debido a la exposición a la fobia. Los diferentes niveles con los que cuenta CicerOn han sido diseñados con psicólogos expertos en Asperger y personas con este síndrome.

ENTRENAR LA ORATORIA EN DIFERENTES ESCENARIOS

Según se avanza en el uso de la aplicación, el usuario debe superar la oratoria en escenarios vacíos, con gente distraída, con asistentes atentos al discurso, etc., logrando de este modo que el usuario reduzca poco a poco su fobia en el mundo virtual y mejore sus exposiciones y la comunicación con su audiencia.

Después de cada nivel la progresión de la oratoria, un reconocedor de voz indica de forma automática. Cada avance significa que el usuario va superando las dificultades presentadas en el mundo virtual y, por lo tanto, está más cerca de enfrentarse a ellas en el mundo real.

"La capacidad de presencia que otorga la Realidad Virtual la hace única como herramienta para la superación de fobias, ya que la respuesta psicológica dada por el paciente es la misma que en la vida real, a pesar de ser consciente de que está dentro de unas gafas de Realidad Virtual", ha afirmado la directora de 'CicerOn: VR speech coach', Laura Raya.

Aunque la aplicación puede funcionar de forma autónoma, debido a la naturaleza de la misma, la experiencia en Realidad Virtual debe estar controlada por especialistas que sean los que evalúen la idoneidad de su uso en cada persona en función de su situación personal.

Ciudadanos defenderá este martes en el Pleno del Congreso su proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que pretende reforzar la independencia judicial cambiando el sistema de elección de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta debate llegará al Palacio de la Carrera de San Jerónimo en medio del cruce de reproches que se vienen realizando desde hace días el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, por la negativa del segundo a renovar el órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde hace casi dos años.

Este lunes, la portavoz nacional de Ciudadanos, Melissa Rodríguez, ha defendido que la solución a esta situación pasa por que tanto el PSOE como el PP apoyen este martes la toma en consideración de su proposición de ley si de verdad quieren situarse "en pos de la transparencia y del lado de la independencia de los poderes" y dejar atrás sus "mercadeos" y "las malas mañas del pasado".

NI DEDAZOS NI BLOQUEOS

"Pedimos a PSOE y PP que estén a la altura y apoyen esta medida de regeneración democrática tan necesaria. Ni dedazos ni bloqueos en el Poder Judicial: que los jueces elijan a los jueces", ha escrito en este sentido la líder del partido, Inés Arrimadas, a través de su cuenta personal de Twitter.

La vigente LOPJ establece que ocho de los veinte vocales que conforman el CGPJ deben ser propuestos por el Congreso (cuatro) y el Senado (otros cuatro) y elegidos entre juristas de reconocida competencia, mientras que los otros doce son escogidos también por las Cámaras legislativas (seis cada una) entre jueces y magistrados en activo.

Un sistema éste que, a juicio de Cs, menoscaba la garantía de independencia de los miembros de la Carrera. De ahí que pretenda cambiar el régimen de elección de los vocales del CGPJ estableciendo criterios objetivos de evaluación para su nombramiento para garantizar que el proceso de selección no genere dudas en cuanto a su independencia, imparcialidad y transparencia.

Así lo establece el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa en las recomendaciones que viene realizando a España sin que, según denuncian los de Inés Arrimadas, se haya hecho nada al respecto.

CLAVES DE LA REFORMA 'NARANJA'

En concreto, los 'naranjas' plantean que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, y que se refuerce la objetivación de los criterios de mérito y capacidad en la elección de otros ocho vocales del CGPJ.

"A tal efecto, se garantiza que todos aquellos nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos se cubran conforme a una baremación lo más objetivada posible, adoptándose las cautelas necesarias para preservar la imparcialidad en dichas designaciones", señalan en su texto.

Asimismo, la reforma de Ciudadanos mantiene la autonomía presupuestaria del órgano de gobierno de los jueces pero asegurando la dedicación exclusiva de sus miembros, pero asegurando la dedicación exclusiva de sus miembros.

Sobre el presidente del CGPJ, que lo es a su vez del Tribunal Supremo, el partido naranja propone asegurar la experiencia y reconocido prestigio de la persona elegida para el cargo, que deberá proceder del propio Supremo y con al menos al menos cinco años de antigüedad en este órgano.

En cuanto al nuevo sistema de elección, Cs plantea que el juez que lo desee pueda presentarse para ser vocal si dispone de 25 avales o del aval de una asociación profesional. Después, cada juez podrá votar a un máximo de seis candidatos en una única circunscripción nacional mediante listas abiertas y voto personal, libre, igual, directo y secreto.

LIMITACIÓN DE MANDATOS

También limita a dos los mandatos que pueden permanecer en su cargo el presidente y los vocales del CGPJ, el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de los tribunales superiores de justicia y los de las audiencias provinciales.

Además, propone una carrera judicial "basada en el mérito y la capacidad" en la que los criterios para ascender estén objetivados y sean iguales para todos, y que los presidentes de Sección y de Sala, así como los magistrados del Supremo, sean elegidos en un concurso de méritos público y transparente por antigüedad, especialización y evaluación continua.

Asimismo, la proposición de ley suprime el nombramiento de magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades por parte de los Parlamentos autonómicos, para evitar que los políticos nombren a aquellos magistrados que tendrán que juzgarles si son investigados y procesados por algún delito.

Por otro lado, la iniciativa regula las "puertas giratorias" entre la política y el Poder Judicial, de manera que los jueces procedentes de la política no podrán regresar a la magistratura hasta pasados dos años y no podrán incorporarse a juzgados y tribunales donde se instruyan o conozcan causas judiciales en las que sean partes investigadas o enjuiciadas miembros de partidos políticos con los que estuvieran o hubieran estado vinculados.

El Pleno del Congreso debate este martes una proposición no de ley promovida por el movimiento '#RegularizaciónYa', que defenderá Esquerra Republicana (ERC) en el Parlamento, y que insta al Gobierno a regularizar, en formato 'exprés', la situación de aquellos migrantes relacionados con el ámbito sanitarios, de los cuidados y agrario, una decisión que, según apuntan, "beneficiaría a todo el mundo".

El texto que debatirá la Cámara baja, reclama el reconocimiento provisional, mediante una declaración de responsabilidad, los títulos de aquellas personas con residencia en el España y con independencia del país en el que se hayan obtenido, de grado en Medicina, Farmacia y Odontología, grado en Enfermería y Fisioterapia; ciclos formativos de Grado Superior en el ámbito sanitario y de asistencia social; y los ciclos formativos de Grado Medio en el ámbito sanitario y de asistencia social.

Además, pide que se facilite el proceso de autorización de residencia y trabajo, mediante una acción proactiva en el país de origen, de profesionales de la medicina y enfermería, con experiencia en cuidados intensivos, procedentes de países que hayan superado la crisis del Covid19.

En este sentido, también quiere que se supriman, durante 6 meses, el requisito de 3 años de estancia en el procedimiento de arraigo social para todas aquellas personas que presenten una oferta de trabajo de 3 meses o más para ejercer en el ámbito de los cuidados a las personas mayores, social y sanitario, además del agrícola.

TRABAJOS SON DERECHOS LABORALES

Para poder poner en marcha estas medidas, el texto de ERC propone habilitar los medios administrativos en los ministerios afectados y, muy especialmente, en las subdelegaciones provinciales del Gobierno para una rápida implementación de los apartados anteriores y suscribir acuerdos de delegación de la gestión de las competencias ejecutivas en el ámbito de los procesos de arraigo social y laboral con las comunidades autónomas con competencias en el otorgamiento de la primera autorización de trabajo.

Tal y como explica la formación independentista, las personas inmigrantes han ido ocupando en nuestra sociedad determinados sectores profesionales que no están siendo cubiertos por personas autóctonas, y lo están haciendo de manera regular o, cuando no pueden acceder a esta regularización, de manera administrativa irregular.

Esta situación, apunta, está comportando en muchos casos "una vulneración de los derechos laborales y sociales de estas personas, más allá del perjuicio económico que, intencionadamente o no, están generando sus empleadores a las arcas públicas y, en particular, a la Seguridad Social".

Uno de esos trabajos que, en la actualidad, están realizando más personas migrantes, especialmente mujeres, son los relacionados con los cuidados, explica ERC, para indicar que este es un sector que acoge a muchas personas en situación administrativa irregular, que trabajan "sin ningún tipo de contrato" y, por lo tanto, "sin derechos laborales ni sociales".

APOYO DE UNIDAS PODEMOS, BILDU, CUP Y EL GRUPO PLURAL

Otro de los sectores afectados por esta situación es el agrario. Según ERC, se estima que, sólo en Cataluña, se requerirían 38.000 personas para la próxima campaña y, desde asociaciones se reclama a las administraciones una "búsqueda de alternativas" para poder "garantizar la actividad" en el campo. De hecho, apunta, es una solicitud que ya se reclamaba hace una década, "cuando los agricultores no encontraban mano de obra entre los parados que dejó la crisis de la construcción".

Pero además, el partido de Gabriel Rufián ve necesaria esta regularización para "dar solución" a otras realidad que vive el país, como es "la llegada masiva de menores no acompañados del 2018", que en la actualidad son mayores y no disponen de un permiso de residencia y trabajo.

Además, "ante la grave crisis en que nos encontramos, ha aflorado la urgente necesidad de personal sanitario y para la atención en las residencias de personas mayores", indica ERC, que la regularización de estas personas conllevaría "un beneficio para todo el mundo".

A través de un comunicado,#RegularizaciónYa explica que, además de ERC, la iniciativa está apoyada por Unidas Podemos, Eh Bildu, Candidatura de Unidad Popular (CUP) y el Grupo Parlamentario Plural (Más País Equo, Compromís, Junts Per Catalunya y BNG).

"Necesitamos que la regularización sea permanente para evitar más vulnerabilidad económica y exclusión social. Sin este reconocimiento fundamental, no hay igualdad de trato posible. La sociedad, además, se va a beneficiar en su conjunto", ha explicado Seydou Diop, jornalero de Huelva, de la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad.

La comunidad autónoma de Extremadura ha contabilizado en la última jornada cuatro personas fallecidas con coronavirus, así como 176 casos de Covid-19 confirmados a través de PCR.

Además, se ha declarado un nuevo brote en la localidad pacense de Puebla de Alcocer, con 9 positivos de Covid-19 y 21 contactos, mientras que se ha cerrado el brote 92 de Badajoz.

La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura ha detectado 266 casos sospechosos y se han descartado 162, mientras que en la actualidad hay 170 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 20 de ellas en UCI.

En concreto, los cuatro fallecidos en la última jornada son un varón de 89 años de la residencia El Conquistador de Trujillo, que estaba ingresado desde hace cuatro días en el hospital San Pedro de Alcántara; una mujer de 79 años de Cáceres, que estaba ingresada en el hospital San Pedro de Alcántara desde hace diez días; una mujer de 61 años de Talarrubias, ingresada en el hospital Siberia-Serena desde el 9 de septiembre, y un varón de 84 años de los pisos tutelados de Berlanga, que estaba ingresado en el hospital de Llerena desde el 14 de septiembre.

Con estos cuatro fallecidos, el número total de muertos en Extremadura desde el inicio de la pandemia se sitúa en 554, mientras que en la última jornada se han dado 170 altas, lo que supone un acumulado de 6.398.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

En cuanto a los datos por áreas de Salud, cabe destacar que la de Badajoz ha confirmado este lunes 55 casos positivos de coronavirus, mientras que cuenta con 17 pacientes ingresados, 4 de ellos en UCI.

En este área se han detectado 64 casos sospechosos y se han descartado 46, mientras que acumula 35 fallecidos y se han curado 1.150 pacientes.

El Área de Salud de Cáceres ha declara 15 casos positivos, y cuenta con 59 pacientes ingresados, 5 de ellos en UCI. Este lunes ha notificado 31 casos sospechosos y ha descartado 8, y desde el principio de la pandemia han fallecido 279 personas y se han dado 2.182 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Mérida cuenta con 12 positivos confirmados, y 24 pacientes hospitalizados, 3 de ellos en UCI. Ha notificado 21 casos sospechosos y descartado 28, y en total acumula 33 fallecidos y ha dado 682 altas.

El Área de Salud de Plasencia notifica 4 casos positivos, y tiene 10 pacientes ingresados, 5 de ellos en UCI. Ha detectado 23 casos sospechosos y ha descartado 13, mientras que acumula 79 víctimas mortales, y 717 pacientes curados.

Respecto al Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha confirmado 45 casos positivos, y tiene 36 pacientes hospitalizados, 3 de ellos en UCI. Detecta 79 casos sospechosos y ha descartado 39, y en total ha registrado 34 fallecidos y 719 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado 14 casos positivos, y cuenta con tres pacientes ingresados. Este lunes ha registrado 16 casos sospechosos y descarta 5, mientras que desde el inicio de la pandemia acumula 60 personas fallecidas, y 547 pacientes curados.

El Área de Salud de Coria ha notificado 23 casos positivos, y cuenta con dos pacientes ingresados, mientras que el de Llerena-Zafra ha notificado 8 casos positivos y cuenta con 19 pacientes de Covid-19 hospitalizados.

La Xunta de Galicia publica este lunes la primera convocatoria de los Premios Galicia Acción Voluntaria, que reconocerán el compromiso solidario de personas y organizaciones y que este año se dirigirá, entre otras cuestiones, a iniciativas frente a la covid-19.

En concreto, estos galardones distinguirán tanto al voluntario como a la entidad de acción voluntaria de 2020, así como al mejor proyecto de acción voluntaria de este año, llevado a cabo por una entidad de manera individual o varias de manera conjunta. Cada una de estas tres modalidades está dotada de una cuantía de 4.000 euros.

La puesta en marcha de este certamen se enmarca en el Plan de recuperación social de Galicia y el jurado valorará, entre otras cuestiones, que las iniciativas estén dirigidas a aportar soluciones a lucha contra la covid-19 y as su consecuencias. En este sentido, se tendrán en cuenta proyectos y actividades realizados con colectivos agraviados durante la emergencia sanitaria, acciones de formación y preparación para este tipo de emergencias de personal voluntario o la rápida adopción de protocolos y medidas de protección.

Además, el jurado también tomará en consideración aquellas intervenciones de voluntariado que tengan incidencia en áreas sensibles, como el medio rural o en materia de demografía.

Las entidades y personas voluntarias interesadas en el certamen tienen a partir de este martes un mes de plazo para cursar sus candidaturas. Sólo se permitirá una por cada modalidad y asociación, y deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta.

Las propuestas candidatas tendrán que aportar junto con el impreso de solicitud una memoria del proyecto o trayectoria; documentación oficial acreditativa de los méritos que alega, emitida por organismo público o privado; una relación de las actividades realizadas y cualquier otra documentación que el solicitante considere relevante.

PROGRAMAS SOCIALES

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la orden de ayudas con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinada a impulsar programas de carácter social por un importe de 11,5 millones de euros.

Según ha informado la Xunta, se trata de un adelanto para que las entidades sociales puedan planificar los programas que van a desarrollar. Esta partida se verá incrementada una vez que el Gobierno central dé a conocer la cuantía final que gestionará cada comunidad autónoma.

Así, constituye la parte de los fondos derivado de la casilla social del IRPF que gestiona la Consellería de Política Social y que se añaden a otros 457.000 euros gestionados por la Secretaría Xeral de Igualdade y otros 499.000 euros por la Consellería de Sanidade. En total, se trata de una cantidad conjunta de 12,5 millones de euros.

Los programas que se podrán financiar serán de tres tipos: de lucha contra la violencia de género y fomento de la igualdad; de asistencia a personas mayores, personas con discapacidad, infancia y juventud, así como programas que favorezcan la inclusión social; y de prevención, reducción del daño, atención integral e incorporación social en el ámbito de las personas con trastornos adictivos.

Las ayudas financiarán gastos corrientes de este tipo de programas, aunque en el caso de la orden que gestiona la Consellería de Política Social, la de más cuantía, también está previsto financiar gastos de inversión referidos la obras de equipación, rehabilitación o adquisición de vehículos adaptados. Para facilitar la tarea de estas entidades, se les anticipará el 100% de la ayuda, que tendrán que justificar a posteriori. Las entidades cuentan con el plazo de un mes, contado a partir de este martes, para presentar su solicitud.

La Asociación de Fiscales (AF) ha lamentado este lunes las declaraciones que ha hecho el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, sobre las presiones que supuestamente ha recibido de fiscales "contaminados políticamente" al considerar que están "fuera de lugar".

Así lo ha dicho la presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales, Cristina Dexeus, en declaraciones en las que ha subrayado el "respeto profesional y el trabajo desarrollado" por Navajas a la hora de decidir la posición del Ministerio Público sobre las más de 60 denuncias y querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.

En una entrevista en Onda Cero, Navajas ha afirmado que fiscales "contaminados políticamente" trataron de influir en esta decisión, entre los que ha mencionado a la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y "otro compañero" cuyo nombre no ha dado, aunque fuentes consultadas por Europa Press han indicado que podría tratarse del fiscal Fidel Cadena.

Asimismo, Navajas ha explicado que descartó celebrar una Junta de fiscales de Sala, como solicitó la AF, porque quería evitar "filtraciones" y para no tener que a excluir a dos compañeros por ser "esclavos de su ideología".

Para la Asociación de Fiscales, "tachar ideológicamente a los compañeros está fuera de lugar", pues recuerda que el Ministerio Público, como institución, prevé mecanismos para valorar la profesionalidad y actuación de los fiscales y que cada fiscal puede hacer uso de ellos para defender sus intereses.

Sobre la oportunidad de la Junta de fiscales de Sala, Dexeus ha explicado que precisamente su asociación solicitó su celebración para "blindar" y dar un "mayor respaldo" al teniente fiscal en un caso "extraordinario" como el que se estaba estudiando. Se trataba de evitar cualquier tipo de sospecha de "identificación" de la Fiscalía con el Gobierno, ha indicado.

Por ello, cree que era necesario que Navajas fuera "asesorado" por la cúpula fiscal, ya que ha actuado en sustitución de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, después de que ésta se abstuviera de participar en dicho asunto por haber formado anteriormente parte del Gobierno y haber hecho campaña electoral con el PSOE.

Dexeus también ha lamentado las alusiones que Navajas ha hecho en la entrevista hacia la AF y ha puntualizado que la Junta de fiscales es un "órgano colegiado formado por los mejores juristas", entre los que se encuentran miembros de distintas asociaciones fiscales.

"LA CRÍTICA ENTRE COMPAÑEROS NO AYUDA"

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también comparte que las afirmaciones de Navajas "no contribuyen, en modo alguno, a transmitir una imagen de unidad de actuación y de absoluta independencia o autonomía de Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones".

"No se puede poner en tela de juicio el buen funcionamiento de la Institución. Todo es mejorable, todos nos podemos equivocar, pero la crítica entre compañeros no ayuda, en modo alguno, a potenciar el ejercicio de nuestras funciones con la debida autonomía e imparcialidad", señala la asociación en un comunicado.

La APIF tampoco entiende por qué Navajas no convocó a la Junta de fiscales de Sala cuando se trata del "órgano especialmente cualificado para que las decisiones más importantes que tenga que tomar el fiscal General del Estado (o, asumiendo sus funciones, el teniente del Supremo) sean las más acertadas".

"No parece razonable que no se haya recabado su opinión eneste asunto tan trascendente, afirma la APIF, que indica que de haber escuchado a la Junta de fiscales, la postura de la Fiscalía sobre las demandas y querellas contra el Gobierno "habría quedado más reforzada".

Por último, la asociación recuerda que ya advirtió que el nombramiento de Delgado pondría a la Fiscalía en una "difícil situación" y que denunció que tanto el cargo de teniente del Tribunal Supremo como el fiscal jefe de la Inspección debía ser renovados ya que sus mandatos ya han concluido.

PERPLEJIDAD EN LA FISCALÍA

La rotundidad de afirmaciones de Navajas tanto sobre los intentos de presión por parte de compañeros como en lo referido a otras Fiscalías, como la de Anticorrupción, han causado cierta sorpresa y perplejidad en la cúpula fiscal, según han señalado fuentes consultadas en este ámbito a Europa Press, si bien tanto Madrigal como el otro fiscal señalado, han mostrado su intención de guardar silencio por el momento.

Destacan que Navajas, designado al frente del Supremo por el que fuera fiscal general Eduardo Torres-Dulce, ha mantenido el puesto con todos los sucesores de éste, hasta concluir su mandato este mismo año.

Otros compañeros no entienden la reacción de Navajas, que consideran algo desmesurada, si bien apuntan que podría responder a las críticas que de forma interna habría causado en cierto sector de la Carrera su informe contrario a la investigación de las querellas presentadas contra el gobierno por la gestión de la pandemia.

Como dichas críticas sí llegaron a evidenciarse en algunos medios de comunicación, otras fuentes consideran que la respuesta de Navajas ha supuesto responder de cara a reproches que este veterano fiscal, que se jubilará el próximo mes de diciembre, había recibido por la espalda.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha unido a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y a UNI Global Union, que han anunciado la puesta en marcha de una iniciativa para empujar a los gobiernos a adoptar paquetes de rescate de emergencia para la industria de la prensa escrita en su conjunto (periodismo, publicación, impresión y distribución).

Esta iniciativa, según ha informado la federación, pide introducir un impuesto sobre los servicios digitales ofrecidos por gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Facebook, que "han acaparado" los ingresos por publicidad de los medios de comunicación.

La FAPE ha lamentado que la crisis de la Covid-19 haya "acelerado la caída" que experimentan desde hace mucho tiempo los ingresos por publicidad de los medios. Precisamente, este año, los ingresos han disminuido un 20 por ciento y las empresas tecnológicas "se han apropiado de una gran parte de este dinero". Por ejemplo, afirma que, en 2018, Google ganó 4.700 millones de dólares estadounidenses a través de la publicación de noticias, beneficios que "no compartió con los periodistas que las produjeron".

En este sentido, el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, ha advertido de que la crisis sanitaria mundial actual "está agravando considerablemente las grandes dificultades a las que se enfrenta el sector de la prensa escrita".

Por ello, ha señalado que los gobiernos "deben reaccionar urgentemente" ya que, en su opinión, el sector "es un bien público y constituye un pilar fundamental de las democracias". "Los gobiernos son conscientes de ello. De hecho, durante la crisis de la COVID han identificado el sector como esencial. Ahora no pueden contemplar impasibles cómo se hunde el barco", ha dicho.

Mientras, la secretaria general de UNI Global Union, Christy Hoffman, ha defendido que la prensa escrita desempeña un papel "muy importante" a la hora de divulgar información y brindar apoyo a los componentes digitales del periodismo.

La FIP y UNI han hecho un llamamiento conjunto dirigido a los gobiernos nacionales titulado 'Paquete de rescate y supervivencia futura para la industria de la prensa escrita'. Los sindicatos que están afiliados a estas federaciones utilizarán los puntos que figuran en el llamamiento para obtener apoyo para los medios.

En este contexto, el jefe de departamento de UNI Gráficos y Embalaje, Nicola Konstantinou, ha señalado que la prensa escrita "es un bien social y su cadena de suministro es larga e incluye a millones de personas, desde periodistas, editores, revisores, impresores, diseñadores y fotógrafos hasta repartidores, empleados de las oficinas de correos y libreros".

"La elusión fiscal injusta y el robo de ingresos por publicidad por parte de las principales empresas tecnológicas deja a estos negocios, y las personas que trabajan para ellos, en una situación de desventaja. Pedimos a los gobiernos que intervengan para garantizar que las personas que producen y distribuyen las noticias de las que dependemos reciban lo que les corresponde", ha concluido Konstantinou.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este lunes desde la localidad conquense de Chillarón que este mismo martes el Consejo de Gobierno abrirá la puerta con su toma en consideración a una Proposición de Ley impulsada por el Grupo Socialista en las Cortes regionales para combatir el problema de la ocupación, una norma en la que según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se plantean penas más duras, una estrategia de lucha contra las mafias y la posibilidad de que los ayuntamientos tengan más legitimidad para actuar.

Según ha precisado García-Page, toca "actuar con más determinación y más precisión" toda vez que en España hay "miles de domicilios ocupados ilegalmente", un delito que además tiene "consecuencias de convivencia social".

Esta legislación que arranca este martes su trámite será trasladada al Estado, toda vez que tocará leyes ya existentes. Se trata de un "trabajo inmenso para combatir con mucha claridad y determinación a las enormes mafias de ocupación ilegal que hay en España".

Además, García-Page ha recordado que con la aprobación de la renta garantizada a nivel estatal ya no hay razón por la que familias en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una vivienda.

El texto ya elaborado tipificará "con más dureza a las mafias que hoy conducen a un callejón sin salida a personas con problemas".

Para ello, ha detallado, pedirá medios específicos en la Fiscalía del Estado, así como modificar la normativa de empadronamientos para que los ayuntamientos puedan defenderse de que los ocupas acaben inscritos legalmente en los municipios.

Se trata de una propuesta "dentro de la lealtad institucional", ha defendido, que pretende "dar mayor rapidez a los trámites judiciales".

También se obligará en esta ley a los grandes propietarios --entidades bancarias-- a "no estar de brazos cruzados" y tener que denunciar en el caso de sufrir ocupación de sus inmuebles.

TOCARÁ VARIAS LEYES

Con esta Proposición de Ley de Medidas Integrales para la Protección del Patrimonio Inmobiliario, la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Vecinal y Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, la intención es impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, así como la protección de la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal.

Según el texto de la proposición, al que ha tenido acceso Europa Press, habrá un endurecimiento de las penas. De este modo, se aumentan las penas privativas de libertad hasta tres años en caso de uso de la violencia o intimidación y multa de hasta doce meses en caso de ocupación pacífica inconsentida.

Se eleva el plazo de prescripción del delito de uno a cinco años para evitar así que el delito se quede sin castigo.

Además, se podrán tramitar causas por juicio rápido, ya que la policía va a poder hacer denuncia al Juzgado con el atestado de la ocupación. En 48 horas los juzgados deberán acordar el desalojo del ocupa.

De esta forma con este proyecto legislativo se fortalecen el catálogo de diligencias y medidas cautelares que permita a los tribunales disponer el desalojo inmediato en tanto en cuanto se continua la investigación judicial para calificar jurídicamente los hechos.

PERSEGUIRÁ EL CRIMEN ORGANIZADO Y PROTEGERÁ A PROPIETARIOS

Otro de los objetivos de este texto legislativo es perseguir el crimen organizado generado en este entorno. La receta será implementar agravantes por este tipo de delitos y sancionar la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos.

En virtud de esta ley, las comunidades de propietarios y los ayuntamientos quedan legitimados para poder denunciar las ocupaciones.

Considera la proposición de ley que las comunidades de propietarios y los vecinos de inmuebles cercanos son, en múltiples ocasiones, los verdaderos sufridores y sujetos pasivos de las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que llevan a cabo los ilegítimos ocupantes del inmueble, o bien, terceros relacionados con aquéllos incluso para la concertación delictiva.

Procede, por tanto, ampliar la legitimación para actuar, sobre todo en aquellos casos en los que, requiriéndose una respuesta rápida ante la ocupación reciente o en ciernes de un inmueble, el propietario se desentienda o ni tan siquiera tenga conocimiento de la ocupación.

Otro mimbre importante es la modificación de las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los ocupas, garantizando en todo momento la protección del menor en prestaciones tan esenciales como la atención sanitaria y educativa.

Canarias ha registrado hasta el momento un total de 12.059 casos acumulados de covid-19, lo que supone 127 más respecto al día de ayer, y también se ha producido un nuevo fallecimiento, por lo que la cifra alcanza ya las 215 muertes.

Con datos cerrados a las 14.00 horas, del total de casos 6.861 continúan activos, de las que 6.590 están recibiendo asistencia en casa, 212 están hospitalizados y 59 están ingresados en UCI.

Por islas, la que más positivos acumulados tiene es Gran Canaria, que cuenta con 6.808 afectados, 50 nuevos y 4.785 casos activos epidemiológicamente, seguido de Tenerife, con 3.453 positivos acumulados, 58 nuevos y 1.576 casos activos.

Lanzarote cuenta con 1.024 positivos acumulados, 8 nuevos y 334 casos activos; Fuerteventura, con 522 positivos acumulados, 10 nuevos y 134 casos activos; La Palma, 174 positivos acumulados, sin sumar nuevos casos y con 12 casos activos; El Hierro, con un acumulado de 46, sin nuevos casos y con 7 activos, y, por último, La Gomera, con 32 positivos acumulados, un nuevo nuevos y 13 casos activos.

Los fallecidos por islas se reparten de la siguiente manera: 123 fallecidos en Tenerife; 76 en Gran Canaria; 8 en Lanzarote, y 6 en La Palma, y 2 en Fuerteventura.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad ha informado que se ha cumplido el récord de realización de pruebas PCR en 72 horas con 14.742 incluyendo aquellas que se están realizando a raíz de los cribados en centros escolares.

Estos datos vienen a confirmar la tendencia a la baja de la ola pandémica con una Incidencia Acumulada los 7 días de 54 positivos por cada 100.000 habitantes cuando el pasado viernes estaba en 67.

BROTE HOSPITALARIO

Con respecto al brote hospitalario del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (Chuimi), la evidencia parece confirmar su estabilización tras los cribados a todo el personal y las medidas establecidas por la dirección-gerencia.

En estos momentos, los pacientes afectados se encuentran estables dentro de la gravedad de las patologías que motivaron el ingreso hospitalario y los trabajadores permanecen asintomáticos, cumpliendo cuarentena en sus domicilios.

En total, den la planta 4 norte 13 pacientes han sido positivo, de los cuales han fallecido cinco debido a sus graves patologías que los llevaron a ingresar en una planta de paliativos. Relacionados con este brote, cuatro familiares de los afectados han dado positivo y se encuentran aislados en sus domicilios. En esta planta también han dado positivo 12 trabajadores.

En la planta octava sur el brote ha afectado a 6 pacientes, uno de ellos fallecido con grave patologías previas y 6 trabajadores que se encuentran en aislamiento domiciliario. Fruto de la labor de cribado en todo el personal sanitario se detectó un brote en el servicio de radiodiagnóstico afectando a un total de 9 sanitarios.

La Dirección del Centro ha puesto en marcha todas las medidas de control necesarias y ha ampliado la recomendación de protección de los protocolos del Ministerio de Sanidad en cuanto al uso de mascarillas y en las áreas de hospitalización se usan FFP2 y pantalla facial.

Además, se prohibió la visitas a pacientes hospitalizados y se ha procedido a la limpieza y desinfección del edificio y sus exteriores. Además, se han reforzado las medidas de vigilancia y control del cumplimiento de las medidas en todo el recinto. Recordar que el centro realiza prueba PCR de forma sistemática a todos los pacientes ingresados, incluyendo embarazadas y pacientes pediátricos.

La Mesa del Congreso tiene previsto estudiar este martes el nuevo Código de Conducta de la Cortes Generales que prohibirá a los miembros de ambas Cámaras aceptar regalos que superen los 150 euros y les obligará a comunicar las actividades que hayan desarrollado cinco años de antes de obtener sus actas y que puedan condicionar su actividad política o les hayan proporcionado ingresos económicos.

Así consta en el borrador del nuevo Código de Conducta, al que ha tenido acceso Europa Press, y que tiene aún que ser analizado por los grupos parlamentarios para que planteen las aportaciones que consideren oportunas.

El Congreso ya aprobó su propio Código ético en 2019 siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), pero esta misma institución conminó a las autoridades españolas a extenderlo al Senado, por lo que los servicios jurídicos de las Cortes Generales han redactado un documento con este fin.

Cuando se cierre un texto definitivo el nuevo código deberá ser aprobado en una reunión conjunta de las Mesas de ambas Cámaras. La previsión es que pueda salir adelante antes de que acabe septiembre.

Por lo pronto, el borrador reproduce el grueso del código que se aprobó para el Congreso, que no se ha llegado aplicar, pero los letrados han introducido algunas modificaciones para mejorarlo técnicamente.

REGALOS TAMPOCO PARA FAMILIARES

Uno de los cambios radica en que el nuevo código deja claro que los parlamentarios no podrán aceptar regalos, favores o servicios que les sean ofrecidos por su cargo o pueda entenderse que buscan influir en su labor parlamentaria. Eso ya regía para el Congreso, pero ahora se especifica que tampoco podrá aceptarlos "su entorno familiar".

Asimismo, ahora sí se especifica que no se deben aceptar presentes que superen los 150 euros, al contrario de lo que ocurría en código del Congreso, que no fijaba cantidad alguna.

Otra de las novedades es que se concreta el periodo sobre el que los parlamentarios deben informar de su actividades anteriores. Así, si en el código del Congreso no se ponía tope temporal, ahora se propone que tengan que informar de las actividades que hayan desarrollado durante el lustro anterior a su desembarco en las Cámaras. Si se trata de actividades por cuenta ajena, tendrán que precisar el nombre de sus empleadores y el sector de la actividad.

FUNDACIONES Y ONG

También deberán comunicar las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí, igualmente durante los cinco años anteriores, incluyendo viajes e invitaciones a actividades culturales o deportivas que, por su valor económico o cualquier otra circunstancia puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de intereses.

Además, según el borrador, desde su entrada en vigor se obligará a los parlamentarios a informar también de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades similares a las que contribuyan o haya contribuido ya sea económicamente o altruistamente.

Como ya estaba previsto para el Congreso, las declaraciones de intereses de sus señorías se publicarán en las webs de ambas Cámaras. Si bien el nuevo código común dejará claro que éstas "sólo responderán de la información facilitada por los parlamentarios".

DESAPARECE LA CONFIDENCIALIDAD

Cuando exista un conflicto de intereses, el parlamentario deberá informar antes del inicio del debate del asunto que le afecte y, si duda de que exista o no, podrá dirigirse a la Mesa de la Cámara correspondiente para que resuelva lo que proceda. En el código del Congreso se establecía que este trámite tendría "carácter confidencial", una precisión que ya no aparece en el borrador del nuevo texto.

Además, mientras que la Oficina de Conflictos de Intereses que se tendría que haber creado en el Congreso iba a tener "funciones de comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses", los letrados proponen ahora eliminar esa capacidad. También rebajan la obligatoriedad de crear esa oficina, puesto que ahora sólo se habla de que "se podrá crear".

Otro de los puntos que desaparece en el borrador respecto al texto ya vigente ya para el Congreso es la inclusión entre los principios que deben regir la actuación de los parlamentarios la mención de que han de hacerlo "con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente al Reglamento del Congreso de los Diputados y a las resoluciones que lo desarrollan".

NO USAR EL CARGO PARA ENRIQUECERSE

Según han explicado fuentes parlamentarias, los letrados de las Cortes consideran innecesario reproducir en un Código de Conducta la obligación de acatar y respetar la Constitución, algo que ya se recoge en los Reglamentos de ambas Cámaras, que son normas de rango superior.

Desde el PP ya han adelantado a Europa Press su intención se proponer que esa mención al acatamiento de la Carta Magna se mantenga en el futuro Código de Conducta de las Cortes Generales y recordarán que el texto del Congreso fue aprobado por unanimidad.

Lo que sí plantean incluir como novedad en esos principios es el de "abstenerse de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo" por el ejercicio de su cargo.

Además, el nuevo código deja claro que cuando los parlamentarios viajen atendiendo invitaciones "personales o particulares" o que provengan de entidades privadas y esos desplazamientos no cuentan con autorización de las Cámaras "se abstendrán de hacer uso de su condición para asumir una representación oficial de las Cámaras" y en todo caso cumplirán el código ético.

Los exconsellers de la Generalitat Felip Puig y Ramon Espadaler han testificado este lunes en la Audiencia de Barcelona que ellos mismos compartieron los mensajes de correo electrónico en los que un extrabajador del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) les alertó en 2013 de posibles irregularidades en el centro, y por los que se juzga a los responsables de la agencia de ciberseguridad Carles Flamerich y Xavier Panadero por un presunto delito de revelación de secretos al supuestamente espiar los mails del exempleado.

Durante su declaración como testigo, el entonces conseller de Empresa, Felip Puig, ha explicado que habitualmente reenviaba a su equipo los mails que recibía a su dirección corporativa de la Generalitat, como método para repartir el trabajo, y que también lo hizo en este caso al recibir el mensaje de un exempleado avisando de posibles vulnerabilidades y problemas de seguridad en el propio Cesicat.

Ha contado que tras recibir el mensaje del denunciante, Albert D., le citó para desayunar juntos y tratar el asunto: Le alertó de vulnerabilidades en el Cesicat y mostró su "disconformidad con haber terminado su relación profesional, un cierto resentimiento" por no trabajar más en la agencia de ciberseguridad.

Después del encuentro, Puig avisó al entonces presidente del Cesicat y acusado en este juicio, Carles Flamerich, para que "si había algún problema de seguridad, se dedicaran a ello".

Lo hizo al ver que en los mensajes se adjuntaban "pantallazos de nóminas y datos personales de trabajadores de la Generalitat", a pesar de que, como exempleado, Albert D. no debía tener acceso a esa información, y preocupado por el uso que pudiera darle.

El exconseller Puig también ha asegurado que años más tarde, en 2019, el denunciante le envió mensajes coaccionándolo con esa información que le había enviado: "Había una insistencia, una obsesión, que me llevó a pensar que podía haber una actitud no suficientemente normal".

PETICIÓN DE 4 AÑOS DE CÁRCEL

Por su parte, el exconseller Ramon Espadaler, que en 2013 dirigía el Departamento de Interior, ha asegurado que él mismo reenvió los mails de Albert D. al secretario general de su Conselleria y explicó el contenido al expresidente del Cesicat, el acusado Carles Flamerich, con quien ha asegurado que comentó esos posibles problemas de seguridad: "Me dijo que lo estaban gestionando y me desentendí. No di más importancia al tema".

En este juicio, la Fiscalía pide una pena de prisión de cuatro años y tres meses para Flamerich y el exresponsable del Cesicat Xavier Panadero, ambos acusados de un presunto delito de revelación de secretos al supuestamente crear un sistema para interceptar todos los mails del denunciante Albert D., para conocer lo que "pudiera comunicar cuestionando su profesionalidad", a raíz de su mensaje a consellers y cargos del Govern sobre irregularidades en la agencia de ciberseguridad.

Por el mensaje de Albert D. con información sobre funcionarios de la Generalitat, el Cesicat abrió un incidente de seguridad, según ha explicado quien fue director general de la fundación Cesicat, Xavier Gatius, que ha también declarado como testigo y ha descrito el mail del denunciante como "un incidente de los más significativos en la administración de la Generalitat".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha acusado al Gobierno regional en Madrid, conformado por PP y Ciudadanos, de "criminalizar a la gente trabajadora y a los migrantes" al solicitar "más presencia policial" para atajar posibles problemas de seguridad generados por la crisis del Covid-19, como la okupación o la delincuencia.

Así lo ha trasladado en un comentario en Twitter tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en el que adjunta unas declaraciones de la dirigente madrileña tras la comparecencia conjunta. El encuentro se ha producido durante el inicio de las restricciones de movilidad que afectan a 850.000 madrileños.

Concretamente, Echenique enlaza un vídeo de la intervención de Ayuso en rueda de prensa en el que alude a que el Covid-19 trae aparejado problemas relativos a la okupación, la delincuencia o los menores extranjeros no acompañados y que se podría abordar, en el espacio de colaboración conjunta entre el Gobierno central y Madrid, el refuerzo la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil a tenor del déficit de 2.500 agentes que estima en la región.

EL DINERO DE RASTREADORES PARA LOS "MILLONARIOS"

Ante estas palabras, Echenique ha recriminado que el Gobierno regional de Ayuso y el vicepresidente regional Ignacio Aguado (Cs) "ha regalado el dinero de los rastreadores y la Atención Primaria a sus amigos millonarios".

"Y ahora pide más policía para criminalizar a la gente trabajadora y a las personas migrantes. PP y Ciudadanos gobiernan gracias a la ultraderecha y eso se nota", ha manifestado aludiendo también a Vox, que apoyó la investidura de Ayuso.

INICIO DE LAS RESTRICCIONES EN MADRID

Las restricciones de movilidad han arrancado este lunes en seis distritos de la capital (Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal) y en otros siete municipios de la región (Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas).

Estas zonas superan los 1.000 contagios por 100.000 habitantes y los controles aleatorios y dinámicos en los perímetros de estos enclaves de la región tendrán carácter informativo para la población durante las primeras 48 horas.

Sánchez y Ayuso han acordado este lunes crear un 'espacio de cooperación' entre el Ejecutivo central y el regional, que se reunirá semanalmente, con el objetivo de "coordinar y planificar respuestas contra la pandemia".

Estará compuesto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, así como por el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Este grupo contará con un portavoz técnico sanitario para atender las demandas informativas de la sociedad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido hoy que se deje "el activismo" y ha asegurado que con las restricciones de movilidad que se han impuesto en 37 zonas de la región no se busca "estigmatizar.

La Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de Andalucía, adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, niega "categóricamente" que el origen del incendio declarado el pasado 27 de agosto en Almonaster la Real (Huelva) esté relacionado con obras de adecuación en la presa Cueva de la Mora. La BIIF analiza los hechos desde el mismo inicio del incendio y sigue trabajando sobre el terreno, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Así, los indicios con los que trabajan los investigadores apuntan a unas causas que "ni temporal ni geográficamente coinciden con supuestos trabajos de mantenimiento en esta instalación".

De este modo, según la Brigada, no ha habido actuaciones relacionadas con el corte de elementos metálicos durante el periodo de alto riesgo de incendio --del 1 de julio al 15 de octubre--. En cualquier caso, el informe recuerda que la normativa prohíbe trabajos forestales durante este periodo, no así los trabajos hidráulicos, que son los que se realizan en Cueva de la Mora.

Además, han indicado que, durante la investigación de campo, gracias a "un exhaustivo trabajo de análisis de todas las evidencias encontradas en el área de inicio", los agentes de la BIIF han podido saber que las obras de restauración y mantenimiento de la presa de Cueva de la Mora "no tienen ninguna relación con el origen y causa del incendio".

En concreto, la inspección técnico ocular realizada en el área de inicio, la cual queda ubicada a 310 metros de la obra, demuestra que esta "no tiene relación alguna con el origen del incendio".

Por su parte, la BIIF, no obstante, sigue trabajando para esclarecer los hechos con todo tipo de detalles y ofrecer las conclusiones finales, que estarán incluidas en el correspondiente Informe Técnico de Investigación de Causas. Por otra parte, se acoge al "sigilo profesional para no ofrecer más información sobre las pesquisas de la investigación".

En este sentido, han lamentado "las especulaciones que se realizan en otros ámbitos públicos y que solo pueden llevar a la confusión y a obstaculizar la labor de los especialistas". Al mismo tiempo, han desmentido "totalmente que esta Brigada haya facilitado datos sobre la causa del incendio a los medios de comunicación".

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes que esta semana continuarán los "contactos técnicos" entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar y la situación posterior al Brexit y ha pedido "discreción" para seguir adelante con las conversaciones.

"Las discusiones que España está teniendo necesitan de la confianza de la discreción, ponemos un énfasis muy grande a la confianza y eso es incompatible con ir explicando los términos de la negociación", ha dicho en rueda telemática con los corresponsales en Bruselas tras una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

La jefa de la diplomacia se ha expresado así después de que el diario 'El País' haya publicado que las negociaciones han encallado porque el Gobierno español quiere que haya agentes españoles en los controles fronterizos que hoy lleva a cabo Gibraltar, cosa que el Gobierno del Peñón lo considera inaceptable y prefiere optar por agentes de Frontex, un cuerpo europeo.

Fuentes conocedoras de la negociación consultadas por Europa Press han explicado que esa presencia de agentes fronterizos afectaría no solo a la Verja sino también al aeropuerto y al puerto de Gibraltar.

"España no tiene por costumbre negociar a través de la prensa. Cuando negocia lo hace con sus socios comerciales o de países terceros. En este caso no va a hacer excepción", ha zanjado González Laya cuando se le ha preguntado si el Gobierno aceptaría que ese control fronterizo lo ejerciese Frontex.

La ministra ha insistido en que España quiere "una solución negociada" para crear "una zona de prosperidad compartida" y que por eso mismo va a "mantener el espíritu de esta negociación".

Así, ha señalado que las conversaciones seguirán, con nuevos contactos técnicos esta semana, a pesar de que "las señales" recibidas "sobre la futura relación entre Reino Unido y la UE son ciertamente no alentadoras", ya que Reino Unido "ha expresado su interés de renunciar a compromisos que ya aceptó en el acuerdo de retirada".

De ese modo, ha afirmado que España quiere "dar una oportunidad a que se negocie este acuerdo entre España y Reino Unido en lo relativo a Gibraltar". "Por España no va a ser", ha asegurado.

La ministra ha transmitido en redes sociales su pésame por el fallecimiento de un diplomático español miembro del equipo negociador, Antonio García Ferrer. "Gran profesional y apreciado compañero", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El Partido Laócrata, una formación minoritaria creada en 2018, ha recurrido ante los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) todas las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla las medidas dictadas por las administraciones autonómicas que imponen el uso de mascarilla para "personas sanas" mayores de 6 años, por considerar que supone un "grave riesgo" para la salud física y psicológica y que son medidas "más invasivas" que las recomendadas por el Gobierno y a nivel internacional.

Los 'laócratas' han solicitado a los TSJ que anulen las resoluciones de las consejerías de Salud que obligan a los mayores de 6 años a llevar mascarilla y, entretanto, que dicten medidas cautelares para "la suspensión y posterior anulación de las órdenes o resoluciones de las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas", así como "cualquier acto o disposición posterior en ejecución de las mismas".

El partido ha esgrimido, en primer lugar, que el uso obligatorio de la mascarilla en personas que no han contraído el coronavirus e independientemente de que puedan guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros "pone en riesgo grave la salud física y psicológica de las mismas".

A modo de prueba, ha aportado dos informes periciales en los que se establece que "el uso frecuente y prolongado de mascarillas dificulta en la persona portadora de las mismas el proceso respiratorio normal", pudiendo llegar a provocar hipoxia (falta de oxígeno) con repercusión pulmonar pero también cerebral y cardiaca.

En dichos informes se concluye además que el uso de la mascarilla tiene "repercusiones a nivel psicológico", especialmente en la infancia, afirmando que puede generar "miedo al fracaso" y "sentimiento de culpa" en los menores y perjudicar sus habilidades sociales.

Asimismo, los informes periciales sostienen que "no existe ninguna evidencia científica de calidad que avale que el uso de mascarillas reduzca el riesgo de contraer enfermedades respiratorias que se transmiten por gotitas respiratorias de diferentes tamaños".

"Por la grave situación de riesgo descritas en las dos periciales anteriores para la salud físico-mental, le corresponde a la Administración demostrar que no ponen en riesgo la salud de las personas ante ello", ha argumentado la formación en un comunicado.

En segundo lugar, los 'laócratas' han argumentado ante los TSJ que las órdenes autonómicas sobre el uso de la mascarilla "imponen medidas más restrictivas, invasivas e ineficaces a la población sana" que las recogidas en las directrices del Real Decreto Ley del 9 de junio, en el Reglamento Internacional Sanitario de 2005 --del que España es parte-- y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el contagio del coronavirus, puesto que se limitan a alentar el uso de la mascarilla.

Por último, ha aducido que se trata de una medida "desproporcionada e injustificada" porque "los datos oficiales a 7 de septiembre en toda España en las Unidades de Cuidados Intensivos por la COVID-19 de los últimos siete días han sido 161". En el caso de la Comunidad Madrid, la denuncia --a la que ha tenido acceso Europa Press-- es del 16 de septiembre.

El Partido Laócrata, que pretende "superar los errores de la democracia y llenarla de contenido", según declara en su web, ya ha presentado querellas contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el caso conocido como 'Delcygate', sobre el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por España pese a que tiene prohibida la entrada a la UE, y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias, por las designaciones en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia.

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional presentada por Podemos por la que ve necesario endurecer el código penal en casos de especial crueldad hacia los animales.

Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E han votado a favor. EH Bildu se ha abstenido en el punto 2 y ha votado a favor del resto.

Así, el Parlamento considera necesario "reformar el Código Penal para el endurecimiento de las penas en casos de especial crueldad hacia los animales, así como reformar el Código Civil, para distinguir a los animales de las cosas en la línea del Tratado de Lisboa".

También apuesta por aprobar una ley marco de Protección Animal aplicable a todo el territorio español que podría recoger el espíritu de la ley foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía.

Asimismo, aboga por incluir y trabajar de forma interdisciplinar la protección animal y la convivencia responsable en todos los elementos comprendidos del currículum escolar obligatorio.

La declaración incide también en la necesidad de formación de empleadas y empleados públicos para la gestión y ejecución de las políticas públicas de protección animal y la aplicación normativa para el desarrollo de la ley foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía.

También propone el texto que las entidades locales de la Comunidad foral aprueben "con el mayor consenso social y político posible" nuevas ordenanzas de protección animal actualizadas a los marcos normativos europeos, nacionales y autonómicos.

La declaración institucional será enviada al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a la Federación Navarra de Municipios y Concejos y a la Dirección General de Bienestar Animal del Gobierno de España.

El Parlamento de Cantabria ha iniciado este lunes su sesión plenaria con un minuto de silencio en señal de "respueto y duelo" por Nancy Paola Reyes, la joven guatemalteca asesinada, presuntamente, a manos de su pareja, y cuyos restos fueron hallados en Santander el pasado jueves, desmembrados y en avanzado estado de descomposición en bolsas de basura.

El presidente del Parlamento, el socialista Joaquín Gómez, ha considerado a Nancy Paola Reyes "víctima de la más atroz represión de la violencia de género", una mujer que --ha dicho-- llegó de Ciudad Real "soñando con un futuro en Santander" que le fue "salvajemente arrebatado". La pareja de la joven fue detenida como presunto autor de un delito de homicidio.

Además, Gómez ha destacado que este asesinato coincide en el tiempo con el esclarecimiento "de otro asesinato machista", el de Manuela Chavero, desaparecida en Monasterio (Badajoz) hace cuatro años.

El presidente de la Cámara ha subrayado que este año ascienden ya a 35 las víctimas mortales de violencia de género, una "funesta" estadística contra la que el Parlamento, con ese minuto de silencio, expresa un "grito de repulsa y condena".

"También es un alegato contra la indiferencia e, incluso, contra el negacionismo que pueda existir, alrededor de la violencia de género, posiciones que no contribuyen a combatirla", ha dicho Gómez.